Guatemala
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Por Armando Tezucún

I.

El 14 de enero asumió un nuevo gobierno presidido por el Dr. Alejandro Giammattei, del partido Vamos (Vamos por una Guatemala Mejor). A pesar de que en un inicio intentó diferenciarse de su predecesor, Jimmy Morales, derogando algunas medidas de menor importancia decretadas por éste, pronto se hizo evidente que el nuevo gobierno está representando las mismas fuerzas y grupos de poder que el anterior equipo ejecutivo. En el seno del nuevo conglomerado de diputados que asumió el poder legislativo en enero, la bancada oficialista rápidamente formó un bloque de alianzas con los partidos derecha que respaldaron al gobierno saliente, que llevó a la presidencia del Congreso a Allan Rodríguez, de Vamos.

Giammattei fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno pro oligárquico de Óscar Berger (2005-2008), y fue acusado por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ejecuciones extrajudiciales de reos, guardando prisión por 10 meses, siendo liberado por falta de pruebas.

II.

A partir del tercer año del gobierno de Jimmy Morales se empieza a dar un endurecimiento del régimen político, proceso que se manifestó con la expulsión de la CICIG, los ataques contra el Ministerio Público de Thelma Aldana y contra su persona, y la reiterada desobediencia de los poderes ejecutivo y legislativo a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que dio pie a una crisis de las instituciones del Estado burgués. El control de exmilitares contrainsurgentes en el partido que llevó a Morales a la presidencia y su presencia en órganos del gobierno ya auguraba este giro hacia el autoritarismo.

La nueva administración Giammattei ha continuado el curso autoritario del régimen, reciclando en los cargos de gobierno a figuras provenientes del ejército o que han participado en otros gobiernos, como el del Partido Patriota o el de Óscar Berger. Al igual que otros gobiernos de derecha, los ministerios que manejan los asuntos económicos los dejó en manos de representantes de la oligarquía.

Esta tendencia se manifestó ya en la instalación de Estados de Prevención en los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez; y en el decreto de Estados de Sitio en el departamento de Sololá y más recientemente en Alta Verapaz e Izabal, que al no ser aprobado por el Congreso se convirtió en Estado de Prevención. En todas estas regiones las comunidades campesinas e indígenas por años han luchado contra empresas mineras, extractivistas y de otra índole que afectan sus territorios. La propia personalidad del presidente es la de un individuo intolerante, insolente y despótico, lo que quedó demostrado en el incidente en que irrespetó a un representante indígena, que condujo a que fuera declarado “non grato” por las comunidades indígenas.

III.

Los grupos de intereses económicos que sostienen al gobierno de Giammattei están conformados por el grueso de las familias oligárquicas, cuyos manejos y negocios oscuros fueron puestos al desnudo por las acusaciones de corrupción provenientes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; en alianza con sectores de empresarios emergentes que no tienen reparos en enriquecerse por medio de negocios corruptos con el Estado y el crimen organizado. Apoyando a estos sectores se encuentra una pléyade de políticos y funcionarios enquistados en las instituciones del Estado, dispuestos a cualquier cosa por acumular dinero y poder a costa del erario público. La alianza de los partidos más conservadores en el Congreso de la República, incluyendo al partido de gobierno, defiende a toda costa a funcionarios y políticos acusados de corrupción. Durante el mes de julio se dieron diferencias en el seno de las bancadas de diputados que conforma la alianza oficialista, en torno a la distribución de un paquete de Q 600 millones destinados a obras en municipios del interior, sin que esto signifique necesariamente la disolución del bloque que respalda al gobierno.

IV.

Como en un reprise del gobierno anterior, han resurgido los conflictos entre la Corte de Constitucionalidad (CC) y algunas fiscalías del Ministerio Público (MP), por un lado, y por otro, esta alianza de partidos conservadores en el Congreso y los magistrados del Poder Judicial. El principal motivo ha sido la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que ha sido objeto de denuncias de estar siendo manipulada por grupos de poder corruptos para colocar funcionarios afines; la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP, cuyas investigaciones han sido apoyadas por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, presentó el caso llamado Comisiones Paralelas 2020. Tanto los magistrados del Poder Judicial como los diputados de la alianza oficialista han desobedecido las decisiones de la CC, el máximo tribunal del entramado judicial del país, dando lugar a una nueva crisis institucional en la armazón del Estado burgués.

En el curso de este conflicto inter institucional se han perfilado los grupos sociales cuyos intereses son expresados por la CC y el MP; éstos propugnan por el funcionamiento del Estado de Derecho y la institucionalidad del Estado, con reglas del juego claras, libres de los lastres de la corrupción, que permitirían el desarrollo de los negocios en libre competencia sin ventajas para los allegados a los gobiernos de turno. Estos grupos son sectores de las capas medias urbanas, pequeños y medianos empresarios y algunos grupos oligárquicos democratizantes representados principalmente por Dionisio Gutiérrez, miembro de la poderosa Corporación Multiinversiones, de la familia Gutiérrez-Bosch, cuya marca emblemática a nivel internacional es la cadena Pollo Campero. Al igual que otros grupos familiares de la oligarquía, los Gutiérrez-Bosch no son un grupo homogéneo, hay conflictos a su interior, con algunas alas cercanas a los gobiernos corruptos. Lo mismo sucede con la Corporación Castillo Hermanos, un emporio cuyos negocios iniciaron con la centenaria Cervecería Centroamericana, diversificándose hacia múltiples áreas de la economía. La rama liderada por Ricardo Castillo Sinibaldi parece inclinarse también por una gestión modernizante y no corrupta del Estado burgués.

V.

Por otro lado, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, sorprendió a un gobierno recién instalado y falto de experiencia. El resultado ha sido un manejo deficiente de la crisis, una ejecución extremadamente lenta de los fondos extraordinarios aprobados por el Congreso para enfrentar la emergencia, y el cambio de varios ministros y viceministros, en especial los ministros de salud y trabajo. El colapso total del sistema de salud, incapaz de atender adecuadamente a los contagiados por la pandemia, es resultado de décadas de aplicación de políticas neoliberales y desatención por parte de los sucesivos gobiernos, a las necesidades básicas de la población como salud, educación, vivienda, etc.

El 5 de marzo el gobierno decretó Estado de Calamidad en todo el país por la presencia de la pandemia de Covid-19, que limita parcialmente algunas libertades y derechos básicos como locomoción, asociación, reunión, etc. El Congreso ha renovado la vigencia de esta disposición mes a mes desde entonces.

A partir del 17 de marzo el presidente Giammattei decretó el cierre de la mayoría de actividades económicas, culturales, religiosas y deportivas, acompañadas de toques de queda y cierres totales en algunos días. A partir del 27 de julio, por presión de los empresarios, el gobierno decidió una apertura gradual de las actividades de acuerdo a un sistema de alertas de colores rojo, naranja, amarillo y verde.

La suspensión de actividades económicas ha tenido como consecuencia el cierre de numerosas empresas y la disminución en el nivel de general de ventas; la crisis económica en los países con los que Guatemala tiene relación comercial ha dado como consecuencia la disminución de las exportaciones e importaciones y la caída de los precios de los principales productos de exportación.

Los sectores más afectados son en primer lugar el turismo, con empresas hoteleras y restaurantes; el comercio minorista, las industrias no alimenticias, transporte, almacenamiento y enseñanza.

Las asociaciones de empresarios calculan que las medidas de confinamiento decididas por el gobierno han dejado pérdidas en ventas por US$ 2.1 mil millones, y la pérdida de 103 mil 992 empleos.

Las autoridades en materia económica del país esperan para 2020 una recesión económica de -2.5%, en un rango que puede variar entre -1.5% y -3.5%. Otras entidades estiman un retroceso más grave de la economía; las asociaciones empresariales calculan un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto del 10%, mientras que la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó un -4.1%.

La implementación del sistema de alertas de colores a partir de julio fue interpretada por la población en general como una suspensión de las restricciones, sin importar el color con esté calificado el municipio; las actividades económicas han sido retomadas. Mientras las autoridades de salud esperan un repunte de contagios por la apertura, las autoridades en materia económica estiman una recesión menor de la que se esperaba, sobre todo por que las remesas enviadas por los trabajadores migrantes han empezado a crecer.

VI.

La suspensión de actividades económicas por parte del gobierno ha tenido graves consecuencias entre la clase trabajadora. Una enorme cantidad de empresas han cerrado, dejando sin trabajo a sus empleados. Otras no han cerrado, pero han recortado personal. Muchas optaron por recortar los salarios de sus trabajadores.

Los trabajadores informales, el 70 por ciento de la población económicamente activa, han visto cómo se esfuman sus fuentes de ingreso con la suspensión de actividades económicas; por esta razón han proliferado las personas que se colocan en las calles, semáforos y carreteras portando banderas blancas, pidiendo ayuda porque no tienen para pagar la renta, o para alimentar a sus familias. El índice de pobreza se incrementará dramáticamente, hasta en un 21.4%, según la Cepal.

Las asociaciones de empresarios consideran que este año se podrían perder hasta 1 millón 550 mil empleos en el país. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social declaró que se perdieron unas 107,000 en cinco meses.

El gobierno ha implementado algunos programas de asistencia para aliviar la situación de la población. El más extenso es un apoyo mensual de Q 1 mil durante 3 meses, para el cual se han inscrito ya más de 2 millones y medio de hogares. Hasta el momento ha recibido el primer bono cerca de la mitad de esas familias. El programa ha avanzado lentamente en medio de dificultades técnicas, además de que el monto contemplado es mínimo, considerando las necesidades de la población.

Otro programa que pretende apoyar a las empresas es el de “protección del empleo”, que permite a las empresas suspender contratos a sus trabajadores mediante un trámite electrónico en el Ministerio de Economía. El procedimiento permite a las empresas desentenderse del pago a sus trabajadores durante tres meses, mientras se ausentan del trabajo, sin que se suspenda la relación laboral. Durante esos tres meses el gobierno entrega a los trabajadores suspendidos la cantidad de Q2,250 cada mes. El programa esperaba cubrir a unos 300,000 empleados, pero debido a múltiples dificultades técnicas y de requisitos que debían cumplir las empresas, solo logró cubrir a 179,202 beneficiarios hacia finales de julio. Además, la cantidad a entregar por parte del gobierno es un 25% menor al mayor de los salarios mínimos vigentes, que ya de por sí se queda corto ante el costo de las canastas básicas y ampliadas.

VII. 

En resumen, la crisis económica resultado de la pandemia está provocando efectos desastrosos sobre la clase trabajadora, disminuyendo dramáticamente sus niveles de vida. La debacle de la economía golpea a una clase asalariada que ya de por sí presentaba bajos niveles de organización y lucha, con aparatos sindicales con poca capacidad de maniobra y cada vez más dependientes de la cooperación extranjera para la obtención de recursos, lo que los ha llevado a un proceso de transformación en ogns, síntoma de la apatía de sus afiliados.

El tremendo impacto de la crisis sobre los trabajadores tendrá que conducir a un incremento dramático de las luchas. Pero el ritmo de este ascenso se prevé que será lento. A esto contribuyen las medidas adoptadas por el gobierno que prohíben las aglomeraciones y actividades masivas, el distanciamiento social impuesto y el temor al contagio, y la falta de tradición de lucha, sobre todo entre la clase obrera industrial, agrícola, comercial y de servicios. Las denuncias interpuestas ante el Ministerio de Trabajo por violación a derechos laborales son numerosísimas, pero no se traducen en acciones colectivas.

Como siempre, el ritmo de la movilización y de la conciencia de lucha es desigual y avanza por sectores. Las primeras protestas se han dado entre grupos campesinos, indígenas y populares del interior del país, grupos que podemos calificar de pequeña burguesía empobrecida. Recordemos el primer fin de semana que el gobierno decidió la suspensión total de actividades en todo el país, cuando no se dejó circular el transporte que llevaba productos agrícolas a las ciudades, y en cambio se permitió transitar a los camiones de las grandes empresas de alimentos procesados.  Las organizaciones campesinas e indígenas protestaron, bloquearon carreteras, prohibieron el ingreso de ese transporte a sus comunidades, y obligaron a cerrar a las cadenas de restaurantes propiedad de los grupos oligárquicos. Las comunidades del interior también han salido a protestar contra otras medidas del gobierno, llegando a tomar acciones violentas en algunas localidades. Esto muestra el potencial revolucionario de esta pequeña burguesía pobre, cuyas demandas debemos incluir dentro de un programa democrático-revolucionario.

VIII.

La crisis está empujando a luchar a otro importantísimo sector directamente afectado, el de los trabajadores del sistema de salud. Médicos, enfermeras, empleados de mantenimiento y servicios, todas y todos han estado en primera línea enfrentando la pandemia y sintiendo en carne propia el desastre que ha resultado de la prolongada desatención de la salud pública por parte del Estado. Escasez de medicamentos, insumos y aparatos, impago de salarios, contagio y muertes entre el personal por falta de implementos de protección; las organizaciones de médicos, el personal de los diferentes hospitales y algunos sindicatos del sector han estado denunciando todas estas carencias.

Al igual que otros sectores del sector público, el sector de salud cuenta con una importante tradición de lucha. Aunque es notoria la ausencia en la actual coyuntura, del sindicato de salud liderado por el Frente Nacional de Lucha -el más grande del gremio-, que no ha dado señales de vida, al igual el sindicato magisterial de Joviel Acevedo.

IX.

El sector estudiantil universitario de la estatal Universidad de San Carlos (USAC) se encuentra gravemente disperso y atomizado. La desmovilización del estudiantado sancarlista se hizo ya patente en las elecciones a autoridades de la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- de octubre 2019, en las cuales de alrededor de 140 mil estudiantes solamente emitieron su voto 7,252, un 5.18%. Esta apatía se vio agravada por la crisis sanitaria, cuando los estudiantes se han visto reducidos a recibir sus cursos en línea desde sus casas, ausentándose del campus. Los miembros electos de una AEU falta de representatividad han limitado sus actividades a hacer gestiones legales sobre casos que no tienen que ver con la Usac, junto a ongs, mientras que no hay movimiento estudiantil masivo que se oponga a los manejos de las autoridades universitarias; la excepción son organizaciones pequeñas que representan a la vanguardia estudiantil, que han realizado algunas acciones contra la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para la USAC.

X.

Las principales estructuras sindicales que han estado accionando durante la crisis, al igual organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, una vez más se han puesto a la cola de las instituciones del Estado burgués. En el conflicto interinstitucional e interburgués estas organizaciones se han unido a las ongs para defender a los funcionarios y magistrados que han sido atacados por la derecha, para evitar un “quiebre institucional”, que, según ellos, favorecerá la corrupción y la impunidad. Estos compañeros y compañeras cofunden la necesaria denuncia y lucha contra la corrupción, con la defensa de las instituciones del Estado burgués, que son estructuras opresoras, fomentando entre las masas la grave ilusión de que la democracia burguesa va a solucionar los problemas de los trabajadores y el pueblo.

XI.

Ante la grave crisis económica en curso, los revolucionarios debemos estar preparados para incidir en la oleada de luchas que surgirá a mediano plazo. Nuestra primera tarea es apoyar e insertarnos en los sectores que ya están al frente, en especial los trabajadores y trabajadores del sistema estatal de salud. En el movimiento estudiantil universitario, donde ya hemos estado insertos, debemos forjar una alianza con los grupos existentes para oxigenar desde las bases el movimiento, con un plan de lucha que parta de las necesidades actuales de los estudiantes. Nuestra propaganda hacia el movimiento sindical y popular debe hacer énfasis en la independencia de clase, romper con las instituciones y funcionarios del Estado Burgués que se presentan como anticorrupción y democratizantes; y enfrentar la plaga de las ongs, que representan la agenda de la socialdemocracia y socialcristianismo europeos y de las corrientes del Partido Demócrata de Estados Unidos cuya finalidad es salvar el Estado de Derecho burgués y la institucionalidad burguesa.