Por Sebastián Chavarría Domínguez
El proceso de instauración del régimen bonapartista de Daniel Ortega, y su posterior transformación en una dictadura dinástica, no ocurrió en un solo acto, sino que fue la sucesión y combinación de diversos actos, maniobras, alianzas, rupturas, represión contra los trabajadores y el flujo de petrodólares de la cooperación venezolana.
Para comprender lo que ocurre actualmente en Nicaragua, debemos hacer un rápido recorrido, al menos, de los dos años anteriores al estallido de la insurrección de abril, que abrió una nueva situación política en Nicaragua y Centroamérica
I.- LAS CONSECUENCIAS DE LA TERCERA REELECCION CONTINUA DE DANIEL ORTEGA.
Las elecciones generales de noviembre del 2016 se realizaron bajo una altísima abstención que, según los expertos, abarcaba al 70% del electorado. Daniel Ortega logró su tercera reelección continua, imponiendo al mismo tiempo como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, sentando las bases para una dinastía. Pero la calma en que se realizaron esas elecciones, prácticamente sin opositores, era el presagio de la tormenta revolucionaria que se avecinaba, y que estalló en abril del 2018.
1.- Ortega se reeligió con altísima abstención: se avecina la tempestad
Las elecciones generales del pasado 8 de noviembre del 2016 fueron extremadamente aburridas, no hubo campaña electoral, ni debates sobre programas, ni discusiones, ni mítines, ni marchas, ni nada. Hubo un silencio sepulcral, roto a veces por alguna caminata sandinista, o las caravanas reducidas de algunos de los pequeños partidos de la oposición burguesa, que fueron autorizados a participar en la contienda electoral.
De manera paulatina, desde que retomó el gobierno en el año 2007, el FSLN instauró un régimen bonapartista, cuyo eje de poder es la persona de Daniel Ortega y de manera colateral, su esposa Rosario Murillo. Donde más se manifestó la concentración de poder fue en el control absoluto del sistema electoral y judicial.
Las elecciones municipales del 2008 y 2012, así como las generales del 2011, fueron cuestionadas por los partidos de la oposición burguesa, que alegaron fraude electoral. Las denuncias fueron aumentando en el tiempo. Evidentemente, algo no funcionaba de manera democrática dentro del sistema electoral.
La principal fuerza de derecha, representada en el Partido Liberal Independiente (PLI) que lideraba Eduardo Monteleagre, fue finalmente excluida en el 2016. En los últimos años, el PLI había creado una importante estructura electoral en los territorios, pero mediante una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la representación legal de la casilla electoral fue entregada a la corriente minoritaria disidente de Pedro Reyes. Ese mismo año, el sandinismo destituyo a 28 diputados de la oposición burguesa, incluidos los diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), barriendo de la escena política a la única opción electoral de derecha que podía presentarle alguna pelea en el plano electoral.
Este endurecimiento del régimen bonapartista, resultó incomprensible para muchos. ¿Si tenía tanta popularidad el FSLN, como afirmaban las encuestas, entonces porque excluía a determinadas opciones? En realidad, las cosas no andaban tan bien para el FSLN, después de más de una década de gobierno y cuando el panorama de la economía internacional era sombrío. Aunque la economía había mejorado en términos generales, esto no se tradujo en un bienestar de la población, especialmente de los más pobres. Después de una década de gobierno y de discursos, había crecido el descontento social en Nicaragua, y por ello Daniel Ortega no arriesgó su tercera reelección continua.
Un elemento catalizador de este descontento fue la nominación de Rosario Murillo como candidata a vicepresidente, compañera de fórmula de Daniel Ortega. El temor al nacimiento de una dinastía familiar en el poder, reactivo el subconsciente de muchos nicaragüenses que vivieron bajo al somocismo.
Sin lugar a dudas, el FSLN estaba cerrando los espacios, preparándose para los años duros que inevitablemente vendrían.
1.1- La tímida intervención de la OEA
A pesar que Daniel Ortega había afirmado que no habría observadores electorales, las presiones internacionales y la inminente posibilidad que la Organización de Estados Americanos (OEA) invocara la Carta Democrática, le obligó a dar un giro abrupto, invitando a Luis Almagro, secretario general de la OEA, a visitar Nicaragua durante la campaña electoral del año 2016.
El informe sobre el sistema electoral nicaragüense, preparado por Almagro, no se hizo público antes de las elecciones del 8 de noviembre del 2016, dando un respiro al gobierno sandinista. En una de sus características maniobras políticas, Daniel Ortega acordó un Dialogo con la OEA sobre temas electorales, pero después de la realización de las elecciones del 8 de noviembre.
En teoría, este Dialogo con la OEA no sería más que un preámbulo, una fase preparatoria para el inminente Dialogo Nacional que el general Humberto Ortega aconsejó a su hermano, que convocase después de las elecciones, para dirimir asperezas con la apaleada oposición.
Pero, en el fondo, el Dialogo con la OEA era una maniobra política para disipar la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos, aprobara finalmente el proyecto de Ley NicaAct, que pretende establecer condiciones a los prestamos multilaterales a favor de Nicaragua.
1.2.- Los resultados electorales
Habiendo excluido a su principal adversario de derecha, la Coalición Nacional por la Democracia (CND), cuyos principales partidos eran el PLI y el MRS, el FSLN ganó las elecciones por amplio margen.
Los resultados oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) arrojaron que la fórmula presidencial del FSLN, compuesta por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, obtuvieron un millón 803,944 votos, el 72.5% por ciento de los votos totales, un 10% más que la última votación presidencial realizada en noviembre del 2011. Según el CSE, la participación ciudadana rondó el 68,2% con una abstención del 31,8%, una cifra 10% menor que la abstención registrada en los comicios presidenciales del año 2011 que fue del 42%.
¿Disminuyó realmente la abstención, como afirma el CSE? Es difícil refutar los resultados oficiales, ya que el FSLN controla absolutamente las estructuras electorales, pero muchos observadores nacionales e internacionales coincidieron en que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) estaban realmente vacías, o con escasa asistencia de ciudadanos.
1.3.- Los laberintos del sistema electoral
Para el año 2011 el padrón electoral estaba en 4,3 millones de ciudadanos aptos para votar, pero para el año 2016 el padrón electoral se redujo a 3,8 millones de personas. En vez de crecer el padrón electoral se redujo. ¿Cómo ocurrió esto?
Roberto Rivas, entonces presidente del CSE, explicó que el padrón electoral bruto es de 4 millones 990 mil personas y está conformado por cuatro segmentos: “activos, pasivos, muertos, vivos y ausentes”.
Para obtener el padrón activo se debe restar al padrón bruto de 4 millones 990 mil personas, las personas que no han votado (644,859 personas) que conforman el padrón pasivo, y queda la cantidad de 4 millones 345 mil 161 personas, pero aun así la cifra oficial aportada por el CSE es de 3,8 millones de personas que conforman el padrón activo. Casi un millón de votantes menos, en relación al llamado padrón electoral bruto.
La oposición burguesa, que fue excluida de la contienda electoral, denunció este malabarismo con el padrón electoral, como un acto destinado a encubrir la abstención electoral.
En realidad, la utilización de varios conceptos de padrones electorales le dió una enorme ventaja electoral al FSLN. La utilización de mecanismos descarados de fraude electoral, hubiesen tenido trágicas consecuencias en momentos en que de Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación por “el deterioro de la democracia en Nicaragua”. Por ello, el FSLN se inclinó por promover la abstención masiva de manera que solo votase la clientela electoral o la base electoral tradicional de dicho partido. La Ley Electoral permite la manipulación del padrón electoral.
La Ley Electoral fue reformada por la Ley No 790 en el año 2012, con los votos de la oposición, con el pretexto de lograr la depuración del padrón electoral. La oposición no se dio cuenta de la maniobra. La reforma estableció las nuevas definiciones del padrón electoral: “para garantizar la depuración permanente del Padrón Electoral, este se constituirá por todos los ciudadanos nicaragüenses que han ejercido su derecho al voto al menos una vez en el periodo comprendido entre las dos últimas elecciones generales o cualquiera de los otros procesos electorales que se hayan producido entre ellas”.
De esta manera, quienes se abstuvieron en las elecciones del 2011 y 2012, no estaban registrados en el padrón activo para la votación del 2016. Al disminuir la cantidad de votantes, que por cierto no son votos sandinistas, quienes se abstuvieron de votar en elecciones anteriores por descontento o por cualquier otro motivo, aumenta la presencia del votante sandinista dentro del padrón electoral. Y en las elecciones municipales del 2017, el padrón activo fue aún más reducido. Cualquier ciudadano puede gestionar ante el CSE, pasa del padrón pasivo al activo, pero este trámite engorroso está destinado a promover la deserción del padrón electoral activo.
Por ello debemos tener mucho cuidado al analizar las cifras de la abstención, porque oficialmente bajó hasta el 31,8%, pero en relación al conjunto de la población aumentó considerablemente. En estas circunstancias, la cifra real de abstención superaba fácilmente más del 50%. Además, la población rechazó pasivamente el autoritarismo sandinista de montar un proceso electoral tramposo, en el cual solo podía ganar el FSLN.
De igual manera, la cifra oficial del 72,5% debe relativizarse, porque se trataba de un padrón mucho más reducido. Si revisamos la votación histórica del FSLN, observamos que, de conformidad a las cifras oficiales del CSE, este año 2016 el porcentaje de votos del FSLN en relación a los votos válidos, disminuyó del 58,16% en 2011 al 44.88% en el 2016. Pero si tomamos como parámetro la población en edad de votar, el llamado padrón electoral bruto, entonces esta cantidad disminuye aún más, acercándose al histórico 38% o 40% de votos.
2.- Memorando con la OEA: negociando la reforma del régimen bonapartista
En relación al espinoso tema de la observación electoral, en junio del 2016, durante la realización del Congreso del FSLN, Daniel Ortega pronunció un severo discurso, donde dijo tajantemente: “Aquí no hay observación, ni Unión Europea ni OEA, que se vaya a pronunciar… Ellos saben que en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antimperialista (…) Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países” (La Prensa 04/06/2016)
Y se produjo un periodo de endurecimiento que duró hasta las elecciones de noviembre del 2016, que fueron ganadas por el FSLN, siendo electos Daniel Ortega como Presidente y Rosario Murillo, su esposa, como vicepresidente.
A como estaba contemplado, el día 28 de febrero del 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega, dieron a conocer el resultado de tres meses de negociaciones secretas: el memorando de entendimiento que permitirá a la OEA desplegar una misión de observación electoral en las próximas elecciones municipales de noviembre de 2017.
Días antes de las elecciones, el FSLN realizó un brusco viraje político, echando por la borda el discurso de rechazo a la observación electoral e iniciando un coqueto con la OEA. Estos zigzags del FSLN desnudan una clara tendencia a maniobrar políticamente en aras de mantenerse en el poder a cualquier costo. Así lo hicieron cuando se produjeron las negociaciones con la contra en 1989-1990, aceptando la observación electoral de la OEA. Lo mismo ocurrió con el proceso de desarme de la contra, con la Comisión de Apoyo y Verificación (CIAV), que funcionó entre 1990-1996. Y ahora nuevamente el FSLN en el gobierno, en momentos de apuro, vuelve a recurrir a la OEA, ese ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, como decía el Che Guevara.
Después de un proceso de centralización del poder, que también significó el aplastamiento de la oposición burguesa, en realidad el FSLN no tiene interlocutores válidos con quien negociar a nivel interno. La alianza del FSLN con las cámaras empresariales del COSEP ha dejado huérfana a la oposición burguesa. Por ello, en una maniobra envolvente, Ortega prefirió negociar directamente con la OEA cualquier reforma al régimen político bonapartista instaurado a partir del 2007, al mismo tiempo que pretendió desactivar cualquier medida del gobierno de Estados Unidos en su contra, al menos para el periodo inmediato anterior a la insurrección de abril del 2018.
Pese a las protestas de la maltrecha oposición burguesa, el gobierno de Daniel Ortega hizo algunas concesiones unilaterales: aceptó la misión de acompañamiento (entiéndase observación electoral), la que tuvo acceso a todo el proceso de las elecciones municipales del año 2017, con inmunidades y privilegios para desarrollar su labor, etc.
En la oposición burguesa, hay tres alas o sectores La primer ala es abiertamente colaboracionista con el gobierno, entre estas fuerzas están pequeños partidos satélites que participaron en las elecciones del 2016, incluido el PLC de Arnoldo Alemán.
La segunda ala está conformada por las fuerzas excluidas, siendo la más importante de estas es el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), ligado a Eduardo Montealegre. Kitty Monterrey, dirigente de CXL manifestó su aceptación al Memorando de Entendimiento con la OEA, al declarar “Si hubiera otra alternativa para sacar a Daniel Ortega del poder hoy, yo te apuesto que nosotros Ciudadanos por la Libertad estaríamos en esa opción, pero mientras yo no vea (otra opción), y aquí todos coincidimos en eso, de que a la vía cívica sólo se puede ir a través de un proceso electoral”. (La Prensa, 01/03/2017)
La tercera ala está conformada por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) liderado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y algunos aliados provenientes del liberalismo. Elíseo Núñez Morales, dirigente del FAD, manifestó su rechazo a los acuerdo con la OEA, declarando: “Nosotros creemos que la llave para poder discutir ideas de fondo en el país es el tema electoral, debemos seguir ejerciendo la presión adecuada en los siguientes tres años, que es la única visión optimista de los acuerdos con la OEA, empujar por más reformas de las que se ofrecen hasta ahora que son insuficiente y solo maquillaje”… “Somos los nicaragüenses los que vamos a forzar los cambios y para eso necesitamos tener una organización”, (Informe Pastran 06/03/2017)
La reforma del régimen bonapartista había sido puesta en marcha, pero tenía el alto costo de que garantizaba la sobrevivencia del gobierno sandinista hasta el año 2021, pero la insurrección de abril del 2018 cambió totalmente el panorama político.
3.- La meca de los empresarios
El 15 de marzo del 2017, el presidente Daniel Ortega se reunió en el palacio presidencial, en Managua, con el Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas (FECAICA), la crema y nata de la burguesía industrial de la región.
Atrás habían quedado los años en que las cámaras empresariales de Centroamérica emitían sendos comunicados condenando al sandinismo. Ahora la situación era diferente. Todos los delegados de FECAICA se inclinaron respetuosamente ante Daniel Ortega, e hicieron fila para estrechar su mano y tomarse fotos.
¿Pero qué es lo que había cambiado? Los empresarios siguen siendo los mismos, defendiendo sus mezquinos intereses económicos. Quienes cambiaron fueron Daniel Ortega y los principales dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Después de la derrota de la revolución en 1990, emergió una nueva clase burguesa que se apropió de los cuantiosos bienes estatales que fueron confiscados al somocismo y sus allegados. Esta nueva clase burguesa está conformada en su núcleo central, por la alta oficialidad del Ejercito Nacional (EN) y de la Policía Nacional (PN), que tiene su origen en los comandantes guerrilleros que tomaron el poder el 19 de Julio de 1979.
La burguesía sandinista surgió en medio de la guerra civil, las confiscaciones y todas las penurias materiales que debió soportar el pueblo de Nicaragua, durante la revolución (1979-1990). Después de 1990, en un complejo proceso político, esta burguesía sandinista logró legalizar sus propiedades y negocios, y hasta tuvo la habilidad de dividir a sus enemigos y retornar el gobierno en 2007.
En el proceso de instauración de un régimen bonapartista, Ortega se reconcilió con los empresarios del COSEP, quienes se convirtieron en un aliado vital. A los empresarios nunca les ha interesado la democracia porque en el último siglo siempre han medrado a la sombra del poder. Así lo hicieron durante el régimen somocista, y así lo vuelven a hacer ahora, guardando las diferencias de ambos regímenes.
Aprendiendo las lecciones de la historia, la cúpula sandinista ha copiado del somocismo el esquema de alianzas con los empresarios, que en su momento inauguró el dictador Anastasio Somoza García.
El somocismo incorporó en las Constituciones de la época, la repartición de cuotas de poder con el partido de la oposición, creando un corporativismo político con el Partido Conservador. En la reforma constitucional del 2014 Daniel Ortega elevó a rango constitucional la estrategia de “dialogo permanente y en la búsqueda de consensos” con los empresarios, una estrategia que la dió resultados por algunos años.
El sandinismo ha actuado un poco diferente: a diferencia del somocismo, pero con la misma lógica, no reparte ni comparte el poder, lo mantiene firmemente asido a sus manos, pero ha inaugurado una especie de corporativismo, ya no con los partidos políticos sino directamente con las cámaras empresariales, las que tienen representantes en todos los entes autónomos del Estado. El presidente del COSEP, José Adán Aguerrí, durante una época fue un súper ministro sin cartera, opinando sobre todos los temas y exigiendo siempre soluciones para los empresarios.
Igual que antes, la burguesía nicaragüense no pelea por la democracia, sino que quiere un régimen fuerte con el que pueda negociar. Los partidos de la oposición burguesa se han quedado sin dinero. Los grupos empresariales prefieren donar dinero para las campañas electorales del FSLN, ya no financian a los grupos de oposición.
Estos son los cambios que se han producido y que agradan a los empresarios de FECAICA, quienes arropan al COSEP. Los elogios brotaron a borbollones. Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), aseguró que ven “en Nicaragua, independientemente de cualquier ideología política, el Gobierno tiene una actitud muy proempresarial, para promover las inversiones, para la generación de empleos, para atraer esa generación” (El 19 digital)
Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), declaró que “se ha venido dando una relación muy estrecha, a través de COSEP, y esto ha facilitado que la economía camine. Ahora hay mucho mayor apertura, porque hay mesas sectoriales que se reúnen semanalmente con las diferentes instituciones en las cuales hay mayor incidencia de las cámaras” (El 19 Digital).
Enrique Egglof, presidente de FACAICA, guardó silencio, pero se tomó fotos sonrientes con Daniel Ortega. FECAICA critica al gobierno de Maduro, pero no al de Ortega, al que ve como un ejemplo para la región centroamericana.
Bajo el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua se convirtió en el centro de atracción de las corporaciones transnacionales. La política económica del gobierno sandinista es vulgarmente simple: atraer la inversión extranjera, explotando el ambiente de relativa seguridad (en contraste con el resto de la región), otorgando todo tipo de beneficios fiscales, monetarios y seguridad jurídica a las inversiones.
Así, Nicaragua, de ser la vanguardia de la revolución en los años 80, se convirtió en la retaguardia y en el almacigo del más crudo neoliberalismo. Ahora Nicaragua es el centro de atracción de los capitalistas, que quieren establecer negocios seguros y una rápida tasa de retorno de sus inversiones.
En el segundo semestre del 2017 se realizó otra gran cumbre empresarial, esta vez le correspondió el turno a la reunión anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con sus homólogos, las cámaras americanas de comercio para Latinoamérica y el Caribe. Esta conferencia celebraba el 50 aniversario de esta federación, y fue llamada “Conferencia Business Future of the Americas 2017”
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, leyó un caluroso saludo: “Queremos saludar de manera especial el foro que se realiza en nuestro país denominado el Futuro de los Negocios para las Américas, un foro de gran importancia en el que están participando cámaras de comercio de los Estados Unidos, las cámaras americanas de comercio para Latinoamérica y el Caribe, que celebran 50 años de vida, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham). Este foro está siendo organizado con el respaldo del Gobierno de Nicaragua y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos estado trabajando a través de ProNicaragua en el apoyo a este importante evento en el que participaron a primera hora el General Álvaro Baltodano, el señor Antonio Baltodano, nuestro hermano también José Adán Aguerri exponiendo sobre las inversiones en nuestro país, todas las fortalezas que tiene Nicaragua para las inversiones”.
En la reunión de la “Conferencia Business Future of the Americas 2017” se reprodujo el mismo protocolo utilizado en la reunión de FECAICA. Daniel Ortega pronuncio el discurso final, reivindicando la política de reconciliación nacional, y la nueva estrategia de dialogo y consensos con los empresarios. Todos estaban felices, todos recibieron el apretón de manos del comandante Ortega, todos se tomaron fotos con el.
Si alguien tiene dudas de los intereses que representa la cúpula del FSLN, que relea los discursos publicados en los diarios.
4.- Bonapartismo y acumulación originaria y extraordinaria de capital
La burguesía sandinista emergió de la derrota de la revolución, privatizando de manera rápida y discrecional los bienes confiscados al somocismo, que eran propiedad estatal. Muchos sectores de esta nueva burguesía quebraron en el periodo 1990-2006, otros estaban exhaustos, pero un reducido grupo logró desarrollarse y mezclarse con sectores tradicionales, como el grupo AGRICORP ligado a Bayardo Arce. Dentro de la burguesía sandinista se produjo un proceso de concentración de capital, en manos de altos mandos del EN y la PN.
Por su parte, los sectores tradicionales, confiscados o no, que regresaron o se mantuvieron en Nicaragua, después de la apertura de 1990 se concentraron en desarrollar el capital financiero. Nicaragua es el único país donde, mientras la población se empobrece, surgen nuevos y poderosos grupos financieros como LAFISE, BANPRO y BAC, que tienen ramificaciones regionales. Ahora la oligarquía en Nicaragua no es terrateniente sino financiera. Los grupos financieros nicaragüenses tienen las más altas tasas de ganancias de toda la región centroamericana.
Detrás del endurecimiento del régimen bonapartista de Ortega se oculta el proceso de enriquecimiento de la familia Ortega, y sus allegados (altos mandos del EN y la PN). La concentración del poder es la otra cara del proceso intenso de acumulación y concentración de capitales, cuya base económica es la generación y distribución de energía eléctrica y la comercialización de los hidrocarburos. Esto fue posible por la instauración de un monopolio en materia energética, a partir del control absoluto de la cooperación petrolera venezolana
La privatización parcial del sector energético se produjo en el periodo 1990-2006, dejó un enorme vacío. Actualmente el sector energético es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Nicaragua es el país que vende el combustible más caro y tiene la más alta tarifa de energía en Centroamérica. Las ganancias son fabulosas. DISNORTE y DISSUR fueron comprados por el consorcio español TSK-MELFOSUR, ligado a la nueva burguesía sandinista.
Otra de las características de este proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, es que está basado en el comercio. Este sector de la burguesía sandinista se ha convertido en el gran intermediario de la venta de carne, frijoles, café, etc., explotando con una política de precios a la masa de pequeños y medianos productores agropecuarios, y también se ha convertido en el principal abastecedor de la red de pequeños y medianos comerciantes, formales o informales, lo que se puede lograr precisamente a partir del control absoluto de las instituciones del Estado.
Pero este modelo de acumulación originaria y extraordinaria de capital entró en crisis, con el desplome de la cooperación venezolana. Actualmente Nicaragua compra el petróleo a Estados Unidos y debe pagarlo de manera inmediata, lo que se traduce en una disminución lenta pero paulatina de las divisas. Está pendiente el candente tema de quién pagará la deuda con Venezuela, que es estatal pero que en los hechos ha sido utilizada de manera privada por la familia Ortega-Murillo.
La desaparición de gobiernos populistas de izquierda en Argentina, Brasil y Ecuador, y la aguda crisis económica de Venezuela, constituyen un contexto internacional que incidió directamente en la crisis del régimen bonapartista de Nicaragua.
Este modelo había funcionado, en parte, no solo por los beneficios de la anterior ayuda petrolera venezolana, sino también porque hasta el momento no se han producido roces con los sectores tradicionales de la burguesía, porque hasta el momento la burguesía sandinista ha respetado las fronteras entre los distintos grupos económicos, pero en la medida que la crisis se agudice la crisis económica, como ya está ocurriendo, las tentaciones de fagocitar a los sectores más débiles será una realidad cada vez más cercana, como ocurrió durante la crisis del somocismo.
5.- La política de la administración de Donald Trump en relación a Nicaragua
En el año 2016, casi al terminar el periodo de sesiones del Congreso de los Estados Unidos, los representantes de las bancadas del Partido Demócrata y el Partido Republicano se pusieron de acuerdo en impulsar un proyecto de ley conocido como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT. Al no haber discrepancias entre las bancadas republicana y demócrata, el proyecto fue aprobado automáticamente, sin discusión en la cámara de representantes y del Senado, y solo quedaba pendiente la promulgación por parte del presidente Barack Obama, algo que no ocurrió.
El triunfo electoral de Trump en noviembre del 2016 cambió radicalmente el panorama político a nivel internacional y anunció una redefinición de las relaciones “amistosas” entre el gobierno de Ortega y la nueva administración en Estados Unidos.
Si por la víspera se saca el día, todo indica que la administración Trump mantendrá, igual que en la época de Ronald Reagan (1981-1989), una doble política de presiones y negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos ha reconocido públicamente el empeño y colaboración de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que mantiene una sana política macro económica, que ha logrado crear un ambiente de seguridad, pero eso no es suficiente, ahora comienza a hacer énfasis en dos temas: la lucha contra la corrupción y la vigencia de los derechos humanos.
La congresista cubana-americana, Ileana Ros-Lehtinen, en una extensa entrevista publicada en el diario La Prensa, dio a conocer las verdaderas intenciones de la NICA ACT: “(…) en los Estados Unidos estamos observando de una manera muy dedicada los esfuerzos de países que luchan contra la corrupción. Algunos países lo están haciendo pero en el Gobierno de Nicaragua no vemos ningún movimiento para eliminar la corrupción y de esa manera recuperar la credibilidad. Pero Ortega sigue con su costumbre, ha instaurado una dictadura corrupta, no hace nada para limpiar su gobierno. Así que es un mensaje muy claro a Daniel Ortega y a sus cómplices que Estados Unidos está mirando muy de cerca las acciones que están tomando y lo que queremos es que el pueblo de Nicaragua tenga un gobierno y un país completamente libre donde tengan elecciones limpias, donde no haya corrupción, se respeten los derechos humanos (…) El objetivo de este proyecto no es afectar al pueblo de Nicaragua, queremos reformas en favor de la democracia y los derechos humanos” (La Prensa, 30/07/2017)
En realidad, el objetivo central de la fallida NICA ACT fue presionar para conseguir la reforma del régimen político, no el derrocamiento del gobierno de Ortega. Sin embargo, las presiones en determinado momento pueden provocar crisis y grandes enfrentamientos.
Las presiones del Congreso de Estados Unidos estaban destinadas a obtener más concesiones de parte de Ortega, y acelerar el proceso de reformas políticas a lo interno de Nicaragua. En este contexto, la OEA apareció inicialmente como una mediadora, a diferencia de la agresividad que mantiene contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Este rol varió con el tiempo
Como era de esperarse, los partidos de derecha apoyaron el proyecto de NICA ACT II, y trataron de sacar el mayor provecho posible. El Frente Amplio por la Democracia (FAD), constituido por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y grupos aliados de la sociedad civil, en un comunicado expresó que "Lamentamos que una vez más en nuestra historia, el empeño de grupos políticos aferrados al ejercicio dictatorial y corrupto del poder, en este caso, la Dictadura Ortega Murillo y sus aliados, haya creado las condiciones para que se restrinja la cooperación financiera internacional”. (Terra 06/04/2017)
Kitti Monterrey, presidente del nuevo Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), en una entrevista se pronunció sobre la NICA ACT II: “La “Nica Act” ayuda a presionar a este Gobierno. Y los Estados Unidos están en lo correcto en usarla como un mecanismo de presión”. (La Prensa 12/03/2017)
A partir de la introducción del nuevo proyecto de NICA ACT II aumentaron las peticiones de los partidos de la derecha. En un editorial de La Prensa, se sintetizaron nuevas demandas: “(….) Ortega tiene que modificar el Memorándum de Entendimiento con la OEA e incluir en este un cronograma de reformas constitucionales e institucionales, para permitir que Nicaragua regrese a la senda de la democracia, comenzando por la celebración de elecciones libres, limpias y vigiladas por observadores independientes, nacionales y extranjeros”. (La Prensa, 07/04/2017)
La lucha contra la corrupción se ha vuelto una bandera de lucha por parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo contra los gobiernos que se autodefinen de izquierda. Esto tiene una explicación muy sencilla: los gobiernos que se autodefinen de izquierda, y que tienen posturas “progresistas”, son utilizados por las fuerzas políticas de clase media que ascendieron al poder, para iniciar procesos de acumulación originaria de capital, es decir, estos gobiernos generan una burguesía emergente, que nació tarde cuando el mercado ya está saturado. En la historia estos procesos de acumulación originaria de capital nunca han sido lícitos.
Mientras las transnacionales pelean por expandirse en los mercados, a estos nuevos sectores de la burguesía lo único que les queda es acumular capital desde el poder, es decir, utilizando los recursos del Estado para conquistar un espacio mínimo en el mercado. En esta competencia, las transnacionales denuncian la corrupción, pero solo ven la paja en el ojo ajeno. Lo único que les interesa es sacar de la competencia a los sectores emergentes de la burguesía, por muy débiles que sean.
Detrás de las campañas de la lucha contra la corrupción se esconde esta contradicción entre los sectores emergentes, que solo pueden acumular capital robando a las finanzas del Estado, y los que ya están establecidos, quienes pelean por seguir dominando el mercado.
El consenso bipartidista entre republicanos y demócratas no es solo contra el gobierno de Daniel Ortega. En los últimos años, Estados Unidos se ha dotado de una estrategia para hacer frente al proceso de desintegración de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que pasa por el CARSI, el Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP) y la aprobación, entre otras, de la Consolidated Appropiations Act de diciembre del 2016. Esta ley es la que provee los fondos necesarios para implementar la estrategia de Estados Unidos en relación a Centroamérica.
Ileana Ros-Lehtinen, durante el mes de abril del 2017, justificó explicó en qué consistía el nuevo proyecto NICA ACT: “Debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidenses ya que el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción”.
“Esta versión de la Ley NICA va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente. El momento de actuar es ahora - para el pueblo de Nicaragua y para su futuro democrático - antes de que sea demasiado tarde. La Ley NICA será una herramienta poderosa que puede ayudar a poner un fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertir su trayectoria destructiva actual”.
Por su parte, el representante Sires, justificó el nuevo proyecto de la siguiente manera: “Daniel Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente. Continuaré luchando por el pueblo nicaragüense hasta que sus voces sean escuchadas. Esta importante legislación deja claro que Estados Unidos no está de acuerdo y no dejara a Ortega oprimir a los defensores de los derechos humanos y sofocar la democracia mientras se llenen los bolsillos con dinero a expensas del pueblo nicaragüense”.
La NICA ACT autorizaría al Presidente de Estados Unidos “oponerse a cualquier préstamo en beneficio del Gobierno de Nicaragua, con excepción de dirigirse a necesidades humanas básicas o promover la democracia, a menos que el Secretario de Estado certifique e informe a los comités del Congreso pertinentes que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para: (1) celebrar elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles; (2) promover la democracia, así como un sistema judicial
y consejo electoral independientes; (3) fortalecer el estado de derecho; (4) respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión; (5) combatir la corrupción, incluyendo la investigación y perseguir a los funcionarios gubernamentales que se atribuyen ser corruptos; y (6) proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia”.
Este es el programa de reformas democráticas que Estados Unidos pretende, a través del chantaje económico, que el gobierno de Daniel Ortega inicie un proceso de reformar que suavicen el actual régimen autoritario, bonapartista. A diferencia del resto de países de Centroamérica, donde Estados Unidos presionan para una lucha efectiva contra los carteles del narcotráfico, las pandillas o el crimen organizados, el gobierno de Daniel Ortega aparece como un excelente alumno y firme aliado a favor de la seguridad y el combate al narcotráfico. El programa de reformas es esencialmente político, para cortar las garras al gobierno de Ortega
6.- Más presiones para reformar el sistema electoral
Para las elecciones municipales de noviembre del año 2017, el padrón electoral pasivo es igual o más grande que el padrón activo, producto de los elevados índices de abstención electoral en las últimas dos elecciones.
Por eso fue que, ante la presencia de observadores de la OEA, y ante la inminencia de un masivo rechazo al sistema electoral antidemocrático, Daniel Ortega hecho marcha para atrás, en relación a la reforma del año 2012, enviando con carácter de urgencia una nueva iniciativa de reforma electoral, esta vez en sentido contrario.
La Ley No 958, publicada en La Gaceta No. 168 del 4 de septiembre de 2017, creo el artículo 196 bis, de carácter transitorio: “En las próximas elecciones que se realizarán en el año 2017, se permitirá que cualquier persona que estando en la Lista de ciudadanos cedulados de la Junta Receptora de Votos y que no se encuentre en el Padrón Electoral de esa Junta Receptora de Votos, pueda solicitar en esa Junta Receptora de Votos su inclusión al Padrón Electoral presentando su Cédula de Identidad. La Junta Receptora de Votos lo registrará de inmediato sin más trámite, pudiendo el ciudadano ejercer el derecho a votar”.
Si bien es cierto que esta reforma garantizó el derecho al voto, también creó condiciones para que el voto múltiple. Esta fue la manera como Ortega combatió la abstención electoral.
7.- Altísima abstención en las elecciones municipales del 2017
Después de un periodo de incertidumbre, finalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) envío la esperada delegación de observación de las elecciones municipales en noviembre del 2017, a cargo del cuestionado Wilfredo Penco.
En el año 2017, al calor de la crisis venezolana, se produjeron tensiones y desacuerdos entre el gobierno de Ortega y la OEA, y la misión de observación parecía destinada al fracaso. Se habló de la falta de recursos económicos y hasta de la posibilidad que Estados Unidos financiara la misión de observación, pero ambos aspectos se diluyeron.
En el ínterin, la oposición burguesa se rasgó las vestiduras. Debilitada al extremo, La oposición burguesa, estaba ante el dilema de participar o abstenerse de participar en las elecciones municipales. Se produjeron dos bloques: los que se adaptaron a las condiciones impuestas por Daniel Ortega, y aquellos que libraron una lucha frontal, y cuya consecuencia fue una mayor reducción de los espacios políticos y la casi desaparición.
En el primer bloque estaba el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, que se resiste a morir. El PLC ha hecho todo tipo de maniobra y alianzas con tal de superar el estado de postración en que se encuentra. También estaban los pequeños partidos “zancudos” (ALN, PLI y Partido Conservador) que consideraban que debían aprovechar cualquier espacio político, léase aprovechar los cargos y las prebendas. El debilitamiento de estos partidos también fue parte de un proceso de desencanto y desilusión de las masas con el sistema político.
En el centro, completamente solo, se encontraba el nuevo partido de Eduardo Montealegre, dirigido y administrado por su alter ego, Kitty Monterrey, y que se denomina Ciudadanos por la Libertad (CxL). Este partido obtuvo su personalidad jurídica, y no la arriesgó con una política abstencionista, ya que la Ley Electoral castiga a los partidos que no participan en los procesos electorales.
CxL estaba desgarrado internamente por el dilema de no participar, ante la falta de observación electoral. Las sucesivas denuncias de fraude electoral se convirtieron en un boomerang contra la oposición burguesa, porque hasta sus propias bases se negaban a participar en procesos electorales en los que al final el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el sandinismo, imponía las cuotas de candidatos ganadores a cada partido.
En el extremo de este abanico de fuerzas dispersas se encontra el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una alianza entre el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con los chingastes de las divisiones de todos los partidos. En el FAD hay gente que fue del PLC, que fueron del grupo de Montealegre, y otros organismos de la sociedad civil.
El FAD tuvo una posición tajante: no se puede participar en las elecciones mientras no haya garantías mínimas. Incluso, el FAD criticó la designación de Wilfredo Penco como coordinador de la delegación de observadores de la OEA, debido a que ya había participado en otras delegaciones que avalaron fraudes electorales.
El fenómeno de la abstención en Nicaragua fue aumentando en el tiempo, especialmente a raíz del retorno del FSLN al gobierno, en el año 2007. Este fenómeno reflejaba un rechazo pasivo contra las denuncias de fraudes electorales.
A pesar de la reforma a la Ley Electoral, que a última hora promovía el voto de los ciudadanos que se encontraban en el padrón pasivo, con el solo hecho de presentar su cedula de identidad, la abstención en las elecciones municipales del 2017 se calculó entre un 50 y 70%.
Sobre este punto existieron versiones contradictorias. En las elecciones municipales del 2012, el Consejo Supremo Electoral (CSE) reconoció una abstención del 44%. En el año 2017, el CSE reconoció una participación del 52%, es decir, una abstención del 48%, un 4% más alta que las anteriores cifras oficiales. Indudablemente, las cifras han sido maquilladas, para rondar y equiparar la votación con la abstención. (50 y 50%)
Las cifras oficiales del CSE fueron demoledoras. De un padrón de 4,481,621 ciudadanos aptos para votar, solamente votaron 1,962,326, es decir, no votaron 2,519,295 personas, lo que indica que la abstención fue más alta del 55%.
El FSLN obtuvo 1,335,493 votos (68.06 %), en segundo lugar el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo 321,443 votos (16.38 %), El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) obtuvo 186,595 votos (9.51 %), el Partido Conservador 25,732 votos (1,31%), YATAMA obtuvo 28,976 (1,41%), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvo 23,463 (1.2 %); el partido A.L.N. obtuvo 21,112 votos (1.08%), y el partido APRE A.P.R.E. obtuvo 3,962 votos (0.2 %).
Si el padrón electoral era de 4,481,621 ciudadanos aptos para votar y solamente votaron por el FSLN (aun con las dudas de inflación de votos o múltiples votos a favor del FSLN) tendríamos que solamente un 29,7% de la población se identifica con el partido sandinista, la cifra más baja en toda su historia.
Esta caída abrupta de la cantidad de votos sandinistas nos indica que hay una erosión política muy grande, después de 10 años de continuo gobierno de Daniel Ortega. El problema es que la alta abstencion relativiza y aumenta en apariencias los porcentajes de votos a favor del FSLN.
Los partidos de la maltrecha oposición burguesa que se atrevieron a participar en las elecciones municipales, tuvieron resultados distintos. Si comparamos la enorme cantidad de votos del PLC en el periodo 1997-2007, los 321,443 votos obtenidos es un premio de consolación. Lo mismo le pasó a la corriente de Eduardo Montealegre, ahora organizada en el partido CxL, redujo su votación a 186,595 votos, después de haber quedado en segundo lugar en las elecciones generales del 2012. Sin embargo, lo más significativo es que las dos corrientes del liberalismo, ya no tiene la mayoría de su base social en los centros urbanos, sino en aquellas zonas del campo donde el ejército de la contra tuvo influencia de masas.
En cerca de 15 municipios, los votos de las dos corrientes liberales, que nuevamente fueron por separado, la sumatoria de ambas superaría a la votación del FSLN. En otros 16 municipios la votación estuvo casi empatada, superada por algunos votos por parte del FSLN, a pesar de los reclamos de la oposición. En total, existen 31 municipios de las zonas rurales en donde la mayoría de la población votó en contra del FSLN.
En las elecciones municipales del 2004, el FSLN obtuvo 87 de los 152 municipios en juego en aquel entonces, pero en el año 2008 el FSLN avanzó mucho más obteniendo 109 municipios y la oposición 44 de un total de 153.
En las elecciones municipales del año 2012, el FSLN ganó 134 alcaldías, el Partido Liberal Independiente (PLI), todavía en manos de Montealegre, obtuvo 13 alcaldías; el PLC obtuvo dos alcaldías; el partido regional YATAMA ganó tres alcaldías y ALN, logró solo una alcaldía.
En las elecciones municipales del 2017, el FSLN obtuvo 135 alcaldías (111 alcaldes fueron reelectos y solo 24 fueron nuevos candidatos), el PLC obtuvo once pequeñas alcaldías en zonas rurales, el partido CxL (de Montealegre) obtuvo seis pequeñas alcaldías en zonas alejadas, y ALN obtuvo una alcaldía. El PÑLC y CxL han presentado recursos de impugnación en 11 municipios en las zonas rurales, pero su dirigencia no está llamando a la movilización en defensa del voto, tienen una actitud proclive a realizar negociaciones secretas. La presencia de la OEA, los escasos recursos de impugnación, a pesar de 7 opositores muertos y varios heridos y detenidos, la han dado un baño de legitimidad a las recién finalizadas elecciones municipales.
8.- El esperado informe de la OEA
Con lenguaje diplomático, que ocultaba algunas críticas, la Misión de Observación Electoral de la OEA rindió su informe preliminar, aportando, entre líneas, algunos datos interesantes, como por ejemplo, el hecho que hubo una “mayoritaria presencia de fiscales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, no así de los principales contendores en las mesas observadas. De éstas, solo el 59% de ellas tenía presencia de fiscales del Partido Liberal Independiente (no queda claro es una confusión con CxL) y del Partido Liberal Constitucionalista, contrastando con la casi completa cobertura del partido oficialista. Llama la atención, tomando en cuenta su caudal electoral, la importante presencia en las JRV observadas de los fiscales de la Alianza por la República, que superaban en el total de mesas observadas a los demás partidos, con excepción del FSLN”.
¡Sorpresa! El minoritario APRE que solo obtuvo el 0,2% de los votos, tuvo un numero de fiscales en las JRV, similar al FSLN. Pero el aspecto central del informe de la OEA, son las recomendaciones, las que tienen un solo eje político: presionar para una urgente reforma del sistema electoral.
Veamos lo que dice la OEA en relación a las estructuras electorales: “El mecanismo por el cual las dos primeras mayorías de las elecciones anteriores se reparten el 100% de los presidentes y primeros miembros de Juntas Receptoras de Votos, a razón de 50% para cada uno (similar criterio utilizado en la conformación de los restantes organismos electorales) refleja una realidad política que ya no se encuentra vigente, y que debiera ser atendida”.
Esta crítica a la OEA estaba dirigida contra el corazón de la Ley Electoral del año 2001, que fue negociada entre Alemán y Ortega, y estaba destinada a instaurar un nuevo bipartidismo. Tal vez por eso se refiere a “una realidad política que ya no se encuentra vigente”. Y es que, desde entonces, los partidos del primero y segundo lugar copan las estructuras electorales, machacando a los partidos minoritarios y al principio democrático de la proporcionalidad.
En consecuencia, la OEA demandó una reforma a Ley Electoral, para “reformar el criterio para la composición tanto de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales como de las JRV, procurando que estas instancias estén compuestas por ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que sean seleccionados de forma aleatoria y transparente, sin consideración de su pertenencia partidaria”.(…) Diseñar un marco legal que permita la depuración del padrón electoral de manera permanente y continua (…) Establecer campañas de actualización del Padrón, mediante visitas a los ciudadanos del Padrón Pasivo para verificar su situación real, y fomentando entre la ciudadanía la responsabilidad de verificar su inclusión en el Padrón Activo (…) Reglamentar de manera clara y detallada los procedimientos de forma y fondo que los partidos políticos deben cumplir en el registro de los ingresos de fuentes privadas recibidas. (….) Incluir dentro de la Resolución de Ética Electoral para las futuras elecciones los artículos referentes a la prohibición del uso de bienes del estado, proselitismo en edificios públicos y escolares, para que los actores del proceso puedan hacer uso del Reglamento de quejas, peticiones, reclamos y denuncias del CSE con un respaldo legal”.
En pocas palabras, la OEA exigió una profunda reforma al sistema electoral, para evitar que el control que tiene el FSLN sobre el CSE conduzca a una mayor falta de confianza de la población en la democracia.
Después de publicarse el informe de la OEA, y de derramar unas cuantas lagrimas por las víctimas de la violencia electoral, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró en un comunicado que “Los Estados Unidos se encuentra preocupado por las persistentes deficiencias en el proceso democrático de Nicaragua, como lo demuestran las elecciones municipales del 5 de noviembre. (…) Nos preocupan seriamente los informes fidedignos sobre las irregularidades a lo largo de este proceso electoral. La presencia de una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) brindó la requerida transparencia y Estados Unidos coincide con sus recomendaciones, dirigidas a fortalecer el balance dentro del sistema de partidos políticos, mejorar la selección de los miembros de los consejos electorales a todos los niveles, establecer un adecuado marco legal para la sociedad civil y promover una amplia e inclusiva observación electoral nacional".
El informe crítico de la OEA sobre el sistema electoral nicaragüense provocó una repuesta sobria de Daniel Ortega. En un discurso moderado, Ortega dijo, después de las elecciones municipales, que “En las elecciones regionales tendremos un sistema electoral mejorado, más perfeccionado, más fuerte, más seguro, para el bienestar de todas las familias nicaragüenses (…) el sistema electoral tiene deficiencias, porque no existe democracia perfecta, ni ha existido (…)” (Confidencial, 09/11/2017)
Con ello, Ortega dio a entender que la reforma controlada del sistema electoral se pondría en marcha. Pero el Departamento de Estado no cree en promesas, y en diciembre del 2017, casi en la navidad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), sanciones basadas en la Ley conocida como “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” o “Ley Magnistky”
Era la primera vez que el gobierno de Estados Unidos sancionaba a un alto funcionario del Estado de Nicaragua. La sanción se amparó en un decreto ejecutivo firmado por Donald Trump, basado en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016, con efectos extra territoriales.
Aunque no hubo orden de captura internacional, la sanción consistió en el congelamiento de activos de Roberto Rivas en suelo norteamericano, y en la prohibición a las empresas y bancos norteamericanos a realizar cualquier tipo de transacción bursátil o financiera con los sancionados. Aquí es donde la Ley Magnistky adquiere una naturaleza extraterritorial, debido al hecho que todos los bancos del mundo tienen relaciones comerciales o corresponsalía con los bancos norteamericanos.
Roberto Rivas fue acusado de corrupción: “como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, recibiendo un salario gubernamental de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como "por encima de la ley", y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”. (https://www.state.gov)
La Ley Magnitsky es una formidable arma política contra los gobiernos hostiles a Estados Unidos. En el caso de Roberto Rivas, no se trata del soborno de una transnacional, sino al hecho que, en los últimos 25 años, amparándose en su estrecha relación con el Cardenal Miguel Obando y Bravo, --desde que manejaba la Comisión de Promoción Arquidiocesana (COPROSA) de la Iglesia Católica en Nicaragua hasta la actualidad como presidente del CSE--, ha amasado una inmensa fortuna, que solo puede engordar por evidentes actos de corrupción.
Siendo magistrado del CSE bajo la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), Roberto Rivas, junto al Cardenal Obando, cambiaron de bando, se aliaron a Daniel Ortega y de esta manera dos fabulosos enemigos se transformaron en colosales aliados. Indudablemente, esta conversión tuvo un precio: la inmunidad y la impunidad. Esto es del conocimiento público en Nicaragua.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos oxigenaron a la alicaída oposición burguesa, que se rasgó las vestiduras exigiendo la renuncia de Roberto Rivas.
La repuesta de Daniel Ortega fue cauta. No lo hizo renunciar, y aprobó aceleradamente una reforma a la Ley Electoral para quitarle funciones al presidente del CSE, esperando la renuncia. Ortega no quiso entregar la cabeza de Roberto Rivas, necesita mostrarse como el firme protector de sus aliados, para que no haya desbandada, esperando un momento oportuno para negociar su reposición.
El mensaje de Estados Unidos está claro: presionó por reformas al sistema electoral con el objetivo que Daniel Ortega cumpla los compromisos firmados con la OEA en 2017. Todos los acuerdos con la OEA se vendrían abajo con la insurrección de abril del 2018 que cambio totalmente el panorama político en Nicaragua y Centroamérica.
II.- ACENSO Y CRISIS DEL REGIMEN BONAPARTISTA
1.- Condiciones nacionales que permitieron a Daniel Ortega erigirse como árbitro supremo
Mucho antes del 10 de enero del 2007, fecha en que le fuera impuesta nuevamente la banda presidencial a Daniel Ortega, la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) venía acumulando enormes cuotas de poder, a través del pacto de 1999 con el entonces presidente Arnoldo Alemán, situación que le permitió controlar el 50% de los cargos en los poderes en las principales instituciones del Estado y crear condiciones para recuperar el poder, incluso en detrimento de su aliado: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Este proceso de repartición de las instituciones del Estado no se debió solo a la astucia política de Daniel Ortega y su equipo, sino al hecho fundamental que nuevamente la burguesía nicaragüense se encontraba dividida. Esta grieta le permitió a la burguesía sandinista recuperar los espacios políticos perdidos a raíz de la derrota electoral de 1990.
El PLC de Arnoldo Alemán, denunciado muchas veces por abierta corrupción y enriquecimiento ilícito, dejó de ser el aparato electoral que la burguesía no sandinista utilizaba para evitar el ascenso del sandinismo al gobierno. La última vez que el PLC jugó el rol de aparato electoral antisandinista fue durante las elecciones presidenciales del año 2001, cuando salió electo Enrique Bolaños Gayer como presidente de la república para el periodo 2002-2007
Pero esta alianza PLC-FSLN no produjo un estable régimen bipartidista de alternancia en el poder, a como estaba concebido inicialmente. Las intenciones de Daniel Ortega eran otras, era utilizar a Arnoldo Alemán y al PLC como escalera para ascender al gobierno y desde ahí manejar todos los hilos del poder. Esta alianza PLC-FSLN tuvo periodos de crisis, rupturas y reconciliaciones. En este proceso, el FSLN contribuyó a destruir políticamente a su aliado, el PLC, encarcelando primero y liberando después a su gran rehén: Arnoldo Alemán.
Bajo la presidencia de Bolaños Gayer, ante la división del liberalismo, se produjo un hecho silencioso pero importante: el conjunto de la burguesía, especialmente la oligarquía financiera y los principales grupos económicos, renunciaron a la batalla política por la instauración de instituciones democráticas, y aceptaron, tras largas negociaciones, las propuestas conciliadoras de Daniel Ortega, quien prometió estabilidad macroeconómica y mantener el statu quo con estos. Estas negociaciones se produjeron al final de la administración Bolaños Gayer, en el transcurso de la campaña electoral del año 2006. Contribuyó mucho a esta decisión, una triste realidad: la corriente anti-Alemán de Eduardo Montealegre, a pesar del esfuerzo de crear una nueva alternativa política, no gozaba del suficiente respaldo popular, y más bien provocaba recelos en los otros grupos financieros, especialmente con Pellas y el nuevo grupo emergente de BANPRO. Los otros partidos burgueses, como conservadores y social cristianos, se habían transformado en pigmeos. Ante la decadencia del PLC, lo único que quedaba era el FSLN, que reflejaba los intereses de la alta oficialidad del Ejercito Nacional y la Policía Nacional. Este último aspecto, la relación del FSLN con los militares, incidieron para que los grupos económicos dieran el visto bueno a nuevo pacto con Daniel Ortega.
Al asumir nuevamente el gobierno en 2007, la principal tarea de Daniel Ortega fue sacudir las instituciones del Estado e iniciar un proceso de centralización del poder, copando aquellas instituciones del Estado que todavía no estaban bajo su control, comprando voluntades y reclutando a la mayoría de funcionarios liberales, que siguieron siendo destacados militantes del PLC.
Daniel Ortega había logrado al fin recuperar la silla presidencial, pero no obtuvo la mayoría necesaria de diputados para aprobar las leyes y gobernar tranquilamente. Era una situación contradictoria, que más bien indicaba que el gobierno de Ortega sería muy débil. En las elecciones generales de noviembre del 2006, el FSLN logró obtener solamente 38 diputados, quedando en segundo lugar el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán con 25 diputados. En tercer lugar, quedó la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que encabezaba Eduardo Montealegre con 23 diputados, y en cuarto lugar quedó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con 5 diputados. La cantidad de diputados electos, no pertenecientes al FSLN, eran una mayoría de 53 diputados, por encima de los 38 obtenidos por el FSLN. Todos estos partidos se sintieron tranquilos, porque la bancada del FSLN era minoría.
No obstante, a pesar que no tuvo una mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, Daniel Ortega logró gobernar con cierta tranquilidad en el periodo (2007-2012), apoyándose de manera indistinta en las dos bancadas liberales, tanto del PLC como de ALN. Los liberales fueron incapaces de superar sus diferencias, porque tenían intereses diferentes y hasta bases sociales de apoyo diferentes. En términos generales, el PLC de Arnoldo Alemán en la oposición mantuvo su alianza estratégica con el FSLN, ayudando a consolidar el proceso de centralización del poder. Esta alianza se rompió en raras ocasiones, una de ellas, como veremos más adelante, fue el intento de reformar la Constitución para permitir la reelección de Daniel Ortega. Fue cuando Ortega recurrió a su control absoluto sobre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y esta mediante una sentencia autorizó la reelección presidencial en septiembre del 2010.
Pero la colaboración incondicional del PLC le permitió a Daniel Ortega, gobernar sin oposición en el periodo 2007-2012, sentando las bases para una modificación sustancial en el régimen político, a través de un proceso de centralización absoluta del poder, incluso por encina y por fuera de la Constitución.
En este segundo periodo presidencial de Daniel Ortega (2007-2012), se produjo un profundo cambio en el régimen político, que pasó de ser un semi presidencialismo moderado a transformarse, primero, en un régimen bonapartista, y posteriormente en una dictadura dinástica, donde el eje del poder son la persona de Daniel Ortega y su sombra siempre presente e influyente, su esposa Rosario Murillo. Este cambio en el régimen político no fue producto de reformas constitucionales (como ya mencionamos, el PLC se negó a aprobar la reelección presidencial, mediante una reforma constitucional), sino que fue un extraño fenómeno, esencialmente político, que se produjo con la complicidad u omisiones del PLC.
De manera sistemática, Daniel Ortega reclutó a funcionarios del PLC, quienes pasaron a servir al nuevo amo, que les garantizaba el statu quo, y con ello terminó de controlar absolutamente todas las instituciones del Estado. En estas circunstancias, no fue necesario cambiar la Constitución o las leyes principales, ya que la fidelidad de los altos funcionarios (sandinistas y liberales), garantizaba a Daniel Ortega ejerciera el poder de manera centralizada, sin oposición real. Los bramidos de los diputados opositores de la ALN y el MRS no pasaron a más. No se produjeron cambios constitucionales, no se le atribuyó legalmente mayores poderes al presidente de la Republica, sino que este proceso de acumulación y centralización del poder se produjo en los hechos, de facto.
Este proceso de bonapartización del régimen político no es nuevo en nuestra historia, en el somocismo encontraremos antecedentes importantes. El ascenso del bonapartismo de Daniel Ortega se produjo paralelamente al ocaso de sus principales adversarios políticos (PLC y Eduardo Montealegre) quienes fueron derrotados o terminaron aceptando la hegemonía del FSLN.
De manera increíble, desde el año 2007, Daniel Ortega gobernó con mano de hierro y control absoluto, pero con las mismas facultades legales que estableció la reforma constitucional del año 1995. Las mismas facultades que tuvieron Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.
Fue hasta su tercer periodo presidencial (2012-2017), cuando había impuesto su poder absoluto, apoyándose en una mayoría absoluta de diputados del FSLN que obtuvo en el año 2014, cuando realizó algunos cambios sustanciales a la Constitución: eliminó las dos vueltas electorales y las prohibiciones a la reelección presidencial indefinida, y derogó las prohibiciones a los familiares del presidente para postularse a cargos de elección popular. Aun así, es importante señalar que, con la reforma constitucional del año 2014, no se trasladaron más funciones o facultades al presidente de la república, sino que formalmente la esencia del poder continúa en la Asamblea Nacional, el órgano encargado de nombrar a magistrados y los altos funcionarios de las instituciones del Estado, así como de interpelarlos y hasta destituirlos.
Entonces, se produjo una gran contradicción en el funcionamiento del régimen político: el poder estaba concentrado legalmente en la Asamblea Nacional, pero Daniel Ortega lo acaparó todo y ejerció el poder sin límites, en los hechos, por encima de la propia Asamblea Nacional, por la complacencia de los diputados que renunciaron voluntariamente a ejercer el poder que les otorgaba la Constitucion. Debido a las crecientes facultades de control y supervisión que las diversas reformas constitucionales de 1995, 2001 y 2005 le otorgaron a la Asamblea Nacional, el FSLN siempre mantuvo la estrategia de evitar que otras fuerzas conquistaran la mayoría absoluta de diputados. Bajo los gobiernos de doña Violeta Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007) se conformaron con tener la capacidad de veto para obligarlos a negociar cualquier cambio constitucional, pero a partir del ascenso al poder en el año 2007 la preocupación central fue recuperar la mayoría absoluta de diputados en la Asamblea Nacional, lo que lograron en la legislatura del 2012-2017
Bajo el régimen Bonapartista de Daniel Ortega nada se movía en Nicaragua sino era revisado y aprobado por el matrimonio presidencial Ortega-Murillo. Formalmente se conservaron algunas libertades democráticas, como la libertad de prensa, pero se produjeron enormes restricciones a la libertad de movilización, de reunión y manifestación (contra el movimiento campesino anticanal, y las marchas feministas, por ejemplo), prohibición en los hechos al derecho a huelga de los trabajadores, ataques físicos contra los mítines de la oposición burguesa, y el principal ataque a las libertades democráticas fue el constante irrespeto y burla de la voluntad popular por medio de reiterados fraudes electorales
2.- Factores internacionales que también incidieron
Varios factores internacionales ayudaron a Daniel Ortega a consolidar su régimen bonapartista, sin mayores problemas.
El primer factor fue la crisis global que todavía afecta al imperialismo norteamericano. El ascenso de Barack Obama en 2009, un populista imperialista, reflejó que el gendarme mundial estaba en problemas y a la defensiva, concentrado en resolver sus problemas internos. Hubo ciertas contradicciones entre Ortega y Obama, relacionado a temas sobre libertades democráticas, pero al final Obama adoptó la posición “pragmática” de que Ortega representaba cierta estabilidad y orden dentro de una Nicaragua que venía saliendo del caos revolucionario y de una prolongada guerra civil, y que la contribución del sandinismo a la estabilidad regional era un aspecto prioritario. Ortega, por su parte, demostró ser muy efectivo en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, un tema de mucha importancia para Estados Unidos. De la misma manera que Estados Unidos se hacia el ciego y el sordo con los vejámenes de la dictadura somocista antes de 1979, de la misma forma cerró los ojos ante el surgimiento de un régimen bonapartista en Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega.
El segundo factor fue la existencia del Chavismo, a partir de 1999, como fenómeno nacionalista burgués en América Latina. Hugo Chávez logró crear un frente de países, a punta de generosos convenios petroleros, que cerraron filas con la diplomacia de Caracas. El flujo de dólares desde Venezuela a favor de Ortega, fue determinante en la estabilización del nuevo régimen bonapartista. Para el año 2017, los fondos de la cooperación venezolana sumaban 4.884,3 millones de dólares los cuales fueron administrados al margen de la Ley del Presupuesto General de la Republica. Estos petrodólares son producto de créditos a 25 años de plazo, incluyendo 2 años de gracia, y una tasa de interés del 2% anual. Con este dinero en efectivo, Daniel Ortega tuvo recursos suficientes para repartir migajas en programas sociales que aumentaron su clientela política, comprar el silencio de sus enemigos, mantener contentos a los grupos económicos y financieros, e iniciar un proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital alrededor de su familia.
El tercer factor, cuyos efectos no pueden ser evaluados todavía, fue el ascenso de Donald Trump en el año 2017. El primer muro contra la inmigración rumbo a Estados Unidos, lo construyó Daniel Ortega cuando impidió el paso de cubanos, que estaban en tránsito en Costa Rica. Esta medida fue vista con agrado por el candidato Donald Trump. Después que subió a la presidencia, Trump no hizo ni un solo ataque contra el gobierno de Ortega, como lo ha hecho contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sino hasta el año 2018, producto del levantamiento insurreccional en abril.
3.- El fin de la bonanza económica y el divorcio con los empresarios
Este proceso de centralización del poder ha sido el reflejo, no solo del control social, sino de un fenómeno económico: los recursos provenientes del convenio petrolero con Venezuela ayudaron a reactivar la economía y crear una sensación de mejoría, que impedía el estallido de luchas sociales contra el gobierno. Y cuando estas llegaron a producirse, la represión policial fue la repuesta del gobierno.
El segundo periodo (2007-2012) y tercer periodo presidencial (2012-2017) de Ortega fueron de relativa bonanza y estabilidad financiera, producto de la cooperación venezolana que, aun constituyendo deuda pública del Estado, ha sido utilizada de manera privada por la familia Ortega-Murillo, a través de la empresa ALBANISA.
El periodo 2007-2017 ha sido una enorme fiesta capitalista. Aplicando medidas neoliberales, el gobierno de Daniel Ortega consolidó su régimen bonapartista con la complacencia de los empresarios, especialmente de la oligarquía financiera, al garantizar enormes cuotas de ganancias a todos, especialmente a estos últimos, que controlan las cadenas productivas. Las moderadas tasas de crecimiento del PIB, que se ha manejado un promedio de 4,5% en los últimos años, es un factor económico que ha incidido en la estabilidad política del régimen bonapartista.
Por esta razón, en los últimos 12 años, no habíamos conocido de grandes contradicciones entre las diferentes fracciones de la burguesía, hasta que se produjo la insurrección de abril del 2018. Como había llegado a acuerdos con Daniel Ortega, el conjunto de la burguesía abandonó al opositor Eduardo Montealegre a su propia suerte, quien al final tuvo que abandonar la pelea contra el gobierno, desertar de la actividad política, argumentando problemas de salud. La “alianza y consensos” entre el gobierno de Daniel Ortega y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fueron posibles, porque la cooperación petrolera le daba un colchón financiero al gobierno, en donde todos podían hacer la siesta.
No obstante, las contradicciones entre sectores de la burguesía permanecieron latentes, nunca desaparecieron. Con la privatización ilegal de los fondos de la cooperación venezolana la familia presidencial consolidó su monopolio sobre dos áreas de la economía: el mercado eléctrico y la venta de combustibles e hidrocarburos. Estas áreas estaban anteriormente en manos de grupos extranjeros o nacionales que terminaron siendo desplazados, la ESSO al final tuvo que marcharse del país.
A partir del año 2007, la burguesía sandinista se fortaleció económicamente con los contratos de compras gubernamentales. Los grandes proveedores del Estado son las empresas en manos de sandinistas, quienes ganan la mayoría de las licitaciones, el resto del pastel se reparte en otros grupos previamente seleccionados. Es un secreto a voces que los principales abastecedores de los pequeños y medianos comerciantes del Mercado Oriental, son los hijos de Ortega-Murillo quienes no pagan impuestos. Este voraz proceso de acumulación de capitales no es nuevo, lo conocimos bajo la dictadura somocista, y fue precisamente el factor que desencadenó una revolución de todos los sectores sociales en su contra, y que finalizó en 1979 con el triunfo revolucionario.
Una pequeña muestra de cómo han funcionado los negocios en beneficio de la burguesía sandinista, es la proliferación de nuevas empresas que inician proceso de acumulación capitalista desde el control férreo de las instituciones del Estado. Entre ellas podemos mencionar a la empresa Servicios Médicos Especializados (SERMESA), empresa privada, en manos de la burguesía sandinista, que regula y abastece a las empresas medicas previsionales, compra medicinas y distribuyas las cuotas del mercado, alimentándose del presupuesto del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La principal fuga de las finanzas del INSS, y principal causa del déficit de esa institución, se debe a las ganancias de estas empresas previsionales.
Algo parecido ocurre con la minería, actualmente uno de los principales rubros de exportación. El gobierno creó recientemente la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) lo que preocupó mucho a la cámara minera. La burguesía sandinista utiliza las empresas estatales para engordar sus empresas particulares. Esto es posible porque no existe ninguna fuerza política o institución del Estado que controle el funcionamiento de estas empresas estatales que subcontratan a empresas privadas sandinistas, y de esta manera los recursos del Estado sirven para amamantar los negocios de la burguesía sandinista.
Al no existir control ni supervisión sobre estas empresas estatales, estas terminan siendo descapitalizadas y desmanteladas, y así cumplen la función de servir de base económica de la burguesía sandinista. Pero este modelo de repartición de los negocios entre los grandes grupos parece ha llegado a su fin, en el año 2018. El malestar entre los grupos burgueses desplazados continúa creciendo. Una encuesta de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES) reflejó que los empresarios comienzan a quejarse por los altos niveles de corrupción y la “competencia desleal”, una frase que no escuchábamos desde 1974 cuando el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP), antecesor del actual COSEP, denunció al somocismo por apropiarse de los negocios más importantes. Este creciente descontento de los empresarios se manifestó en las elecciones de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), a finales de enero del 2018, cuando el candidato proclive al gobierno de Daniel Ortega no logró la presidencia. Hubo división entre estos empresarios, unos pedían ser más críticos al gobierno, y otros eran más conciliadores. Al final, ambos sectores quedaron representados en la nueva Junta Directiva de AMCHAM, pero la presidencia quedó en manos de Mary Nelly Rivas, ex ministra de turismo bajo la administración de Enrique Bolaños, y acérrima critica al gobierno, además de ser presidenta de Wallmart en Nicaragua.
Antes de abril del 2018, ya se escuchaban voces de empresarios del COSEP que solicitaban distanciarse del gobierno. Estos sectores temían, con justa razón, que el descredito creciente del gobierno, los arrastrase a ellos también. Existían temas donde ya no había consenso. Uno de ellos fue la reforma tributaria. A inicios del 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido al gobierno de Daniel Ortega crear un colchón tributario de 200 millones de dólares, ante probables turbulencias de la economía mundial. Eso significaba cobrar más impuestos y reducir exoneraciones y exenciones fiscales. Irónicamente, los mayores beneficiarios de las exenciones y exoneraciones fiscales son los grandes grupos económicos y las transnacionales
El tema de la reforma fiscal produjo la primera gran ruptura de la política de alianzas y consensos. El COSEP exigió discutir la reforma fiscal y la crisis financiera del INSS en una misma mesa de negociación. El gobierno se negó a vincular dichos temas, ocasionando que el gobierno intentara aplicar unilateralmente su reforma al sistema de seguridad social, desatando una enorme crisis que provocó un estallido social en abril del 2018.
