09
Dom, May

Guatemala
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Por Oliverio Mejía

 

Introducción.-

Con el inicio de la denominada apertura democrática, pero más aun con la firma de los Acuerdos de Paz y la incorporación de la insurgencia al juego político que inauguró la Constitución Política de 1985, pareciera que el país se encaminaba a establecer un marco democrático para dirimir las disputas políticas, pero dejando de lado o afectando en menor medida, al modelo económico y social.

Esto último fue un lastre que afectó la implementación de los Acuerdos de Paz y todos los lineamientos garantistas de la Constitución, aunque ésta y la misma incorporación de la URNG a la vida civil tuvo una finalidad de carácter contra-insurgente, establecido desde los círculos de poder de Estados Unidos y operativizada por el ejército de Guatemala.

Se fue creando una institucionalidad desde el Estado, para ir implementando lo establecido en los Acuerdos de Paz, con el fin de instaurar un marco más democrático en el régimen político en materia de reconocimiento de derechos sociales y económicos en  la estructura agraria por ejemplo, o la afirmación  de derechos hacia los pueblos indígenas; así como de derechos políticos tanto en lo que se refiere a políticas públicas para sectores vulnerables,  como derechos básicos democráticos para las mayorías.

 Lo que algunos denominaron los “resquicios autoritarios del Estado” no fueron solo resquicios, y las llamadas “cloacas del Estado” no solo fueron cloacas, sino que pulularon en la naturaleza del Estado mismo. Tanto porque el poder de la oligarquía siguió sin ser modificado, como por la aparición de nuevas fracciones, producto de la contrainsurgencia, que se convirtieron en elites cívico-militares que disputaron y compartieron el control del Estado; muchas de ellas amarradas al crimen organizado.

Así, los distintos gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, unos más que otros, y unos aplicando más reformas que otros, mantuvieron esta estructura social del modelo que configura al Estado. Pero paralelamente se fueron creando las instituciones de la paz, para promover políticas públicas inclusivas, pese a la derrota que significó la pérdida de la consulta ciudadana de 1999, con el fin de implementar en materia constitucional las modificaciones de los Acuerdos de Paz y con el blindaje neoliberal de las reformas constitucionales de 1994.

Sin embargo, la crisis económica mundial de 2008, la entronización del modelo social con su vertiente extractiva y maquilera, que refleja nuestro carácter neocolonial, además de las políticas de mantenimiento de una estabilidad macro-económica a cualquier costo, sin generar inversión social acorde a lo estipulado en los mismos Acuerdos de paz, mantienen cada vez más las posibilidades, como en varias partes del mundo, de que la crisis se vuelva un estallido social y más ahora con los efectos de la pandemia del COVID-19, pese a las insuficientes políticas asistenciales aplicadas para paliar esos efectos.

En ese sentido, las mismas elites civiles y de origen militar que han controlado el Estado han emprendido una política para ir cerrando los espacios que se abrieron con los Acuerdos de Paz e ir interviniendo de mejor modo las institucionales de control político como la Corte de Constitucionalidad y las cortes de justicia, aunque en estas nunca perdieron su carácter de clase, a lo sumo asumieron cierta característica mas o menos garantista.

Este hecho nos ayudará a ir analizando los horizontes que se plantea el actual gobierno de Alejandro Giammattei, en cuanto representante de estas fracciones y camarillas conservadoras ostentadoras del poder. Así, a partir de una perspectiva quizás inductiva, la hipótesis es que el ciclo abierto con los Acuerdos de Paz y de la misma apertura democrática, se está cerrando porque a estas elites en el poder y fracciones de la burguesía no les conviene tener muchos canales de participación abierta.

La hipótesis entonces versa en que nos acercamos a un endurecimiento del régimen político y a buscar instancias de ejercicio del poder cada vez más bonapartistas. Para eso se partirá de hechos como el cierre de ciertas instituciones estatales y la criminalización a las luchas sociales. Esto con el fin de visualizar las perspectivas que garanticen los intereses de las clases dominantes, bajo algunos formatos modificados para el ejercicio del poder y del marco que proporciona un régimen más duro.

En ese sentido describiremos dos Acuerdos de Paz, los cuales son claves para entender las modificaciones del régimen político y la fachada democrática que el Estado adquirió, aunque nunca fueron cumplidos a cabalidad. Estos son el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Funciones del Ejército en una Sociedad Democrática.

Se hará referencia al intento de hacer cumplir los compromisos de los Acuerdos de Paz, con la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, y de generar cierta participación social con la creación del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. Y se cerrará el documento con la significación que implica el cierre de diversas instituciones, cuya lógica está en el cumplimiento de los acuerdos, para los espacios democráticos que parcialmente promovió el actual régimen político.

 

1.- Marco de aparecimiento de la institucionalidad de la paz

 

La firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ocurrió en diciembre de 1996, que fue la culminación de un largo proceso de diálogo y negociación entre estos dos actores, reflejando cambios en el contexto político internacional.

La firma de la paz por el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen dio por finalizada una extensa guerra interna que según la historiografía y el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, tendría su origen en el levantamiento militar de 1961, apreciación que puede ser discutida desde distintos ángulos.

La Guerra Interna, denominada oficialmente por los órganos de Naciones Unidas como Conflicto Armado Interno, se enmarcó dentro del contexto de disputa geo-político entre las potencias de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, por muchas razones, las causas internas y aun las externas –a diferencia de las visiones maniqueas propias de esa época- no fueron solo producto del juego de ajedrez entre ambas potencias.

 

1.1 Contexto Político Nacional y Regional

En el plano externo, solo mencionaremos que la URSS, producto de los acuerdos con las naciones imperialistas en el contexto de la finalización de Segunda Guerra Mundial, participó en un reparto de áreas de influencias con el Acuerdo de Yalta; proceso que reflejaba el carácter conservador de la burocracia que dirigió ese Estado tras la muerte de Lenin, interviniendo solo si convenía a sus intereses o si el proceso revolucionario lo ameritaba,  en función de limitar las áreas de influencias de la potencias contrincantes.

En los aspectos internos, cabe señalar que la guerra interna se configura a partir del hecho de que otras formas de enfrenamiento político fueron derrotadas –para los sectores populares- como fueron con las jornadas insurreccionales de marzo y abril de 1962. Otros episodios fueron la movilización revolucionaria protagonizada por trabajadores, estudiantes y pobladores urbanos en la década de los setenta y de las comunidades mayas a inicios de los ochenta. En todos estos momentos, a inicios de los sesenta, finales de los setenta e inicios de los ochenta, la respuesta del Estado fue una represión a escala mayor y la de una parte de la izquierda, fue la guerra de guerrillas.

Decimos una parte de la izquierda, porque otra nunca tomó el derrotero de las armas, como fueron sectores del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) y de la socialdemocracia radicalizada, como fue el Frente Unido de la Revolución, por ejemplo, entre otros.

Pero para mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, esta situación de represión, terrorismo estatal y violencia política, fue aplicada como la cara de una moneda. La otra cara fue la estrategia impulsada por Estados Unidos –sobre todo la administración republicana de Ronald Reagan- de que a la par de impulsar los conflictos de baja intensidad como les denominaban, se impulsara también un proceso al que se denominó de apertura democrática.

Este consistió en desmontar los estados militarizados e iniciar la llamada transición a la democracia, creando todo un marco constitucional de respecto formal orientado a los derechos humanos, una efectiva división de poderes[1] y de realización periódica de elecciones y, en el caso de Latinoamérica, sin desmontar los modelos económicos y sociales neo-coloniales. En Guatemala, El Salvador y Honduras, fueron los militares con mayor o menor margen de autonomía y actores civiles como la Democracia Cristiana –en los primeros dos y los partidos tradicionales Liberal y Nacional en el tercero- quienes ejecutaron estos procesos.

La estrategia mitad militar y mitad política, fue debilitando una guerra de guerrillas que no logró una base social sostenida. Esto pese a que a mediados de la década de los ochenta las organizaciones insurgentes mantenían algunos bolsones, mas no zonas liberadas, y en lo militar habían logrado cierta recomposición de sus fuerzas, con la capacidad de afectar importantemente áreas vitales para los intereses económicos de la oligarquía y del Estado.

Lo cierto es que la estrategia de la Guerra Popular Revolucionaria –adoptada posteriormente al fracaso del foquismo a inicios de la década de los setenta- como la pretendió montar la insurgencia, no logró su cometido, es decir el de movilizar a amplias capas de la población en pos de ese objetivo. Esto no es tema para este ensayo, pero consideramos importante mencionar que tal estrategia política y militar al final se fue desgastando, dejando solo el camino del diálogo y la negociación con el Estado como única salida.

El proyecto bicéfalo (apertura democrática y guerra de baja intensidad) impulsado por el gobierno de Estados Unidos y algunos factores de poder nacionales, como la fracción institucionalista del ejército, junto a la Democracia Cristiana Guatemalteca, quedó plasmado en el informe de la Comisión Kissinger para Centroamérica[2]. Este trazó la ruta a seguir de parte de la administración de Ronald Reagan, logrando consensos en el Partido Republicano que gobernaba en ese momento y algunos acuerdos con la oposición Demócrata.

Este informe plasmaba impulsar una democracia pluralista, exigiendo a la izquierda insurgente que aceptara los nuevos marcos constitucionales en la región. Esto, por lo menos en el gobierno democristiano de Vinicio Cerezo, exigía a la guerrilla que se incorporara a la vida civil deponiendo las armas, sin negociar una serie de compromisos políticos, a lo cual la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, claro está, se negó.

En el plano económico el Informe Kissinger planteó la creación de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), excluyendo a Cuba y Nicaragua, que fue un antecesor del Tratado de Libre Comercio firmado entre esta potencia y los países de Centroamérica y el Caribe. La ICC en su momento fue un programa de apertura comercial de parte de la potencia del norte para productos de estas regiones bajando los aranceles de entrada al mercado estadunidense[3]. El Informe Kissinger además contenía un programa de ayuda económica en materia de cooperación por 24 mil millones de dólares, donados tanto por el gobierno de Estados Unidos, como por instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo[4].

Por ende, una situación revolucionaria que se abre con el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979[5] –aunque a nivel Centroamericano toda la década de los setenta fue un hervidero de movilizaciones revolucionarias- fue cerrándose por las políticas bicéfalas impulsadas por el imperialismo estadounidense en lo que se conoció como reacción democrática.

Pero también por el hecho de que las insurgencias centroamericanas asumieron un carácter nacionalista y no internacionalista. Además, el sandinismo, en cuyo país estaban las retaguardias de las guerrillas guatemaltecas y salvadoreñas, debido al desgaste promovido por el imperialismo estadunidense en la guerra contra la Contra, así como por presiones de Moscú y La Habana, fue adoptando una postura conciliadora con los gobiernos vecinos, en función de mantenerse como un actor de poder,  con rasgos cada vez mas burgueses.

Esto fue lo que denominamos una política de reacción democrática, que consistió en desviar o frenar de parte de las clases dominantes y los grupos de poder, la revolución social, ilusionando a las masas (y sus direcciones) con cambios democráticos más o menos formales[6]. Según Nahuel Moreno en su trabajo Revoluciones del Siglo XX, “se Intenta frenar la revolución a través de maniobras, aprovechando las ilusiones democráticas de las masas, y eventualmente reprimiéndolas, pero siempre dentro de la legalidad democrático burguesa[7]”.

La estrategia bicéfala del imperialismo estadunidense, tuvo su éxito, pues por un lado controló de forma efectiva las capacidades militares de las insurgencias en Guatemala y El Salvador, sobre todo en el primer país; obligó al gobierno sandinista a negociar con la Contra, que por su parte se nutrió de cierta base social campesina e indígena disconforme con las políticas agrarias de ese gobierno; evitó explosiones sociales en Honduras –donde asentó su maquinaria militar sobre todo para apuntalar a la Contra- y Costa Rica; y maniobró de distintas formas con los gobiernos panameños y la comandancia de la Guardia Nacional, para que  mantuvieran una política de apoyo a las negociaciones con las insurgencias, hasta la invasión a este país en 1989 y la destrucción de aquella.

Panamá y Costa Rica, junto a los gobiernos de Colombia, México y Venezuela, ante el temor de que la situación en la conflictiva Centroamérica se contagiara a sus territorios, intervinieron. Así, se reunieron en la isla de Contadora en el Océano Pacifico panameño el 7 de enero de 1983, con el fin de impulsar una salida negociada, y abortar el proceso revolucionario centroamericano.

Esto coincidió con la estrategia bicéfala de la administración Reagan, aunque un temor de los gobiernos y las burguesías de estos países, fue que solamente el Partido Republicano dictara las condiciones de la pacificación en la región. Para eso tuvieron el apoyo en alguna medida del Partido Demócrata, de la socialdemocracia europea, sobre todo de los gobiernos español y francés, del Vaticano, el gobierno soviético y la Organización de las Naciones Unidas. Esta iniciativa contó con el respaldo del gobierno cubano, que consideraba más oportuno para sus intereses la existencia de sistemas políticos liberales y no revolucionarios.

El grupo de Contadora se comprometió entonces a “promover la democratización y terminar los conflictos armados, actuando de acuerdo al Derecho internacional, para revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperación en Centroamérica, y negociar mejores accesos a los mercados internacionales”[8]. A esto se sumaron los países centroamericanos, desde Nicaragua dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Honduras y El Salvador, incondicionales de Washington; como Guatemala con la llamada neutralidad activa[9]. A Contadora se le sumó también el Grupo de Apoyo, conformado Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, además de países como Cuba y Noruega.

Políticas como la de neutralidad activa fueron de la mano de otras como las Tesis de Estabilidad Nacional y el fundamentalismo militar, que como bien explica la antropóloga Jennifer Schirmer, lo cual es importante mencionar a grandes rasgos, concibieron lo que esta antropóloga definió como el proyecto político de los militares.

La primera a partir de entrevistas a Alejandro Gramajo, según este militar consistió en superar la Doctrina de Seguridad Nacional, para asumir el papel del ejército ya no como una institución de ocupación, sino de desarrollo[10] -claro en una visión totalmente capitalista y asistencialista hacia las comunidades rurales mayas consideradas base de la insurgencia- y promover de parte de la institución armada el juego democrático, en tanto defensora de una nueva constitucionalidad en proceso y controlada por el ejercito[11].

Mientras que el fundamentalismo militar relacionado a lo último, se refirió a que el ejército se alejaba del control político formal (el gobierno) y pasaba a ser garante de la institucionalidad pública, sin alejarse del todo de ésta[12]. Lo que realmente significa, es que el poder que garantiza el funcionamiento en última instancia del régimen político, es el ejército, bajo una formalidad democrática, diseñado en estos términos con la Constitución Política de 1985.

1.2 Se acelera la pacificación en la región

Pese a que durante los gobiernos democristianos de Guatemala y El Salvador se iniciaron los diálogos en búsqueda de una salida negociada, a la par las insurgencias ya no le apostaron a derrocar los Estados neo-coloniales, sino a realizar reformas democráticas, en ellos. Durante los gobiernos democristianos, de Cerezo en Guatemala y Napoleón Duarte en El Salvador no se avanzó, pues los ejércitos buscaban una rendición total de las insurgencias, sin negociar ni discutir ninguna temática.

Posterior a 1985, en un marco de mayores libertades, pero bajo la política de reacción democrática y la persecución y control de la inteligencia militar contra los opositores políticos, en los distintos países de la región hay una recomposición de las luchas populares, aunque con mayor dispersión que los años anteriores.

Todo esto llevó a Contadora a buscar una salida negociada, ante cierto temor de un triunfo revolucionario; el imperialismo norteamericano continúo con su política de apoyo a los gobiernos “democráticos”, apuntalando a la vez a los ejércitos y a la Contra nicaragüense. Estos factores fueron prioritarios para realizar la reunión de Esquipulas II en 1987.

Una de las consecuencias visibles del proceso de pacificación y derrota de la revolución centroamericana en el plano diplomático fue que los distintos gobiernos se abstuvieran a apoyar lo que se denominó fuerzas irregulares en otro país de la región. Tal situación estuvo enmarcada desde el Acta de Contadora y que toma fuerza con la Cumbre de Esquipulas II, donde se creó una Comisión Internacional de Apoyo y  Verificación (adscrita a la Organización de Estados Americanos), para hacer cumplir ese compromiso.

Eso tuvo un efecto doble y en última instancia perjudicial para las fuerzas insurgentes. Pues si bien neutralizó, aunque sea formalmente, el apoyo militar y logístico que Estados Unidos le daba a la contra, limitó la solidaridad material y militar entre las fuerzas insurgentes. Sobre todo del gobierno sandinista y el territorio nicaragüense, donde los movimientos guerrilleros realizaron su apertrechamiento logístico, habiendo mas dificultad en ese sentido; al grado que el gobierno nicaragüense se comprometió a no entregar armas a las guerrillas de izquierda[13].

Aunque la insurgencia guatemalteca logró crear corredores para tal fin en territorio mexicano, donde a la vez existía en los estados del sur-oeste de ese país una base social producto del desplazamiento externo provocado por la represión del ejército. Esta podría haberse convertido en un elemento para arreciar la lucha de clases, que como se dijo después de 1985 se venía nuevamente fortaleciendo. Pero la insurgencia guatemalteca fue perdiendo contacto con estos sectores asentados en México. 

Antes de llegar a cierto acuerdo sobre el tema de la suspensión de la entrega de armas, el llamado Bloque de Tegucigalpa (El Salvador y Honduras), también tuvo sus reparos, que por mandato gringo se alimentaba a la Contra. Por otro lado, el gobierno presidido por Daniel Ortega concedió que estos podrían ser solamente “armamento defensivo”, un claro eufemismo; para determinar que era armamento con pocas capacidades defensivas, como con casi nulas posibilidades ofensivas.

Es importante señalar este tema, porque si bien la guerra, sobre todo en Guatemala, llegaba a un callejón sin salida, existía la posibilidad de correlacionar la movilización popular, aunque limitada a demandas sectoriales –a diferencia del período previo que tenía perspectivas revolucionarias- y aunque golpeada por la bota militar represiva, se estaba rearticulando. La insurgencia perdía vasos comunicantes con ésta, adquiriendo entonces cierta autonomía.

En el diseño impulsado por el imperialismo para pacificar la región entonces, se necesitaba construir un marco democrático del cual las antiguas insurgencias tendrían que ser parte, aunque su entrada a este marco debía ser lo más débil posible; algo que fue relativo para El Salvador, convirtiéndose en el pilar del régimen político bipartidista en ese país.

En ese sentido, el movimiento popular también tuvo que rebajar sus horizontes revolucionarios, ya con demandas como dijimos mas sectoriales o gremiales, pese a existir esfuerzos de unidad como fue la Unidad Sindical de Acción Popular (UASP); asumiendo entonces un horizonte más democratista.

Las insurgencias se convirtieron en parte de este marco reaccionario, aunque también es parte de un profundo debate, qué tanto la Guerra Popular Revolucionaria logró concitar la movilización popular y cómo ésta se convirtió en un sacrificio enorme para la clase trabajadora y lo pueblos de la región. Esto último a la vez produjo un retroceso en la conciencia de importantes sectores populares que habían estado a la vanguardia de las luchas revolucionarias, concordando con la política que impulsó el imperialismo, de guerra de baja intensidad y reacción democrática[14].

A partir de la cumbre de Esquipulas II entre los presidentes centroamericanos del momento y como marco el Acta de Contadora, se generan una serie de instancias en los distintos países, denominadas Comisiones de Reconciliación Nacional (CRN), que, según la literatura de la época, solo en Guatemala tuvo una existencia importante. De igual forma, Comisión Internacional de Apoyo y Verificación existió por un periodo de tiempo corto, con el objeto de evitar la confrontación militar entre las naciones de la región, hasta que fue desactivada a principios de la década de los noventa.

La CRN en Guatemala, donde el papel de reconciliador lo jugó un representante de la Conferencia Episcopal de Guatemala, existió por lo menos hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio. Entre 1991 y 1993, fue Monseñor Rodolfo Quezada Turuño, hasta que fue sustituido por mutuo acuerdo de las partes, por un representante de la Naciones Unidas, quien fue Jean Arnault.

Según la investigadora Sussane Jonas, la CRN propició una serie de diálogos a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, entre la insurgencia y sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Pero los empresarios se negaron sentarse a dialogar hasta 1990, mientras que fue el gobierno de Jorge Serrano Elías el que inició un diálogo con miras a negociar el proceso de paz con la URNG[15].

La postura del gobierno anterior, el del democristiano Cerezo, era que primero la insurgencia debería rendirse para negociar un acuerdo de paz, mientras que con Serrano, se aceptó iniciar el diálogo junto a la cúpula del ejército, logrando en 1991 un Acuerdo de entendimiento entre el Estado y la insurgencia para la solución “por medios políticos”.

Sin embargo, el gobierno de Serrano y el alto mando militar siguieron apostándole a debilitar a las organizaciones político-militares de izquierda tanto en el plano militar como en la negociación, la cual, por lo menos en esta última, había adquirido apoyo fuerte de sectores de la sociedad civil europea que presionaba a sus gobiernos, ganando legitimidad. Esta situación de diálogo y negociación se estancó tras el auto golpe de Serrano en 1993 y la posterior destitución de éste y su vicepresidente por la Corte de Constitucionalidad.

La URNG inició una serie de diálogos con sectores de la sociedad civil (empresarial) y del movimiento social, así como partidos políticos, que en muchos aspectos enriquecieron el contenido de los Acuerdos de Paz. Con el movimiento social, en ese momento la UASP se había dividido, acordaron en el poblado de Metepec, Puebla en México, el 25 de octubre de 1990, impulsar: “las bases para una democracia representativa, real, funcional y participativa e iniciar un proceso serio para resolver las causas históricas, políticas, sociales y económicas que dieron origen a la confrontación”[16].

El gobierno de Serrano le dio un impulso a la negociación directa, logrando neutralizar a  sectores al interior del ejército opuestos a tal negociación, pero buscando debilitar a la insurgencia, para que posteriormente a su incorporación no fuera una fuerza política fuerte. Además, se creó la Comisión Nacional de la Paz (COPAZ), dirigida por Manuel Conde Orellana, para impulsar la negociación,  buscando un acercamiento entre las partes, así como se fue esbozando la discusión en torno a la militarización del Estado y la necesidad de su democratización y de la sociedad en su conjunto.

Posteriormente se firmó el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, firmado el 25 de julio de 1991 en Querétaro, México, teniendo como marco tanto Esquipulas II como Contadora. En este, las partes buscaron que la disputa por el poder sería por medios políticos, lo cual significó el compromiso de desmontar la guerra. Abogando por el perfeccionamiento de la democracia participativa, lo cual implicó para la insurgencia aceptar la transición democrática impulsada por las elites políticas y empresariales. Por otro lado, las partes se comprometieron a instar al Congreso de la República, en el Acuerdo del Escorial, España, en 1990, a la realización de reformas constitucionales con la agenda que se discutiera en los acuerdos temáticos, las cuales fueron a consulta popular hasta 1999.

En ese acuerdo se esbozó el objetivo de la desmilitarización de la sociedad y la subordinación del ejército al poder civil, lo cual se ha logrado en el plano estrictamente formal. Además, también la eliminación de los fraudes electorales, los cuales en sus formas mas descaradas fueron suprimidos, habiendo formas mas sofisticadas de burlar la voluntad popular. En general se planteó el respeto a los derechos humanos, el cese a la represión militar, el cumplimiento del Estado de Derecho y darle preeminencia a la sociedad civil en la vida política del país.

Sin embargo, después del conocido Serranazo, este proceso quedó interrumpido y no fue hasta al próximo gobierno, que tuvo carácter provisional, que reinició. Este le dio impulso a las negociaciones de paz hasta 1994 con el gobierno de Ramiro de León Carpio, ex procurador de los derechos humanos, que sustituyó a Serrano tras su destitución, y con Héctor Rosada, quien presidió la Comisión Presidencial por la Paz (COPAZ), en ese gobierno. Las fuentes de esa época mencionaron que retomar las negociaciones fue un proceso complejo, porque de parte del nuevo gobierno y la camarilla militar que lo respaldaba, consideraban que la URNG había logrado cierta preeminencia política y diplomática sobre el gobierno.

Según Rosada, lo que se buscaba era limitar la preeminencia a la insurgencia en el plano de las negociaciones, pero con el fin de que la sociedad civil participara. Entre los acuerdos alcanzados para emprender las negociaciones estuvo la sustitución de la CRN por una mediación dirigida por la ONU[17]. Para tal fin, el gobierno presentó un Plan Nacional de Paz, que buscaba generar una mesa de negociación directa con la insurgencia, sobre temas operativos y otra, con sectores de la sociedad civil para discutir problemáticas de fondo del país, pero con cierta representación de la guerrilla. La comandancia de la URNG, consideró que esto generaba una fragmentación entre los contenidos operativos y sustantivos, en la discusión y quebraría el formato final de negociaciones.

Al ocurrir el auto golpe de Serrano Elías y ante sus pretensiones bonapartistas, los factores tradicionales de poder, como la oligarquía y la mayor parte del alto mando militar, junto a la presión internacional y el imperialismo, cerraron filas en su contra. Una cantidad significativa de organizaciones sociales –para ese momento la insurgencia había perdido vínculos orgánicos con estas- participó en la Instancia Nacional de Consenso (INC), armado creada por el empresariado, donde se sumó el Foro Multisectorial Social conformado por organizaciones de procedencia popular mas la Universidad de San Carlos. Esta situación, desde nuestro punto de vista, hizo que estas organizaciones procedentes de las clases populares perdieran su independencia política.

Una vez normalizada la situación, con la elección de un Congreso provisional, se hizo la convocatoria a una consulta popular para realizar reformas constitucionales aprobadas por ese Congreso, las cuales contaron con una participación bajísima del tan solo el 15.88 % de la población apta para votar, dando su voto por el SI a tales reformas constitucional. Se reiniciaron las negociaciones con la insurgencia; en ese sentido, aprovechando los espacios de diálogo con la sociedad civil en el marco de las negociaciones, se creó la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). Esta última fue un rompimiento de la INC, porque la hegemonía del CACIF no logra cuajar; mas allá de evitar las aventuras golpistas de Serrano, el empresariado no logró  construir un proyecto conjunto con otras iniciativas de la sociedad civil procedentes de las clases populares, porque en temas álgidos como la situación agraria –que de ahí desembocó un Acuerdo de Paz complejo- no cedió.

Las opiniones de varios actores de ese momento, son que las consultas con las organizaciones sociales le dieron un contenido mas integral a los problemas del pais en torno a la desigualdades y el incumplimiento de los derechos humanos, que se reflejaron en los Acuerdos de Paz. Sin embargo, como opinamos, organizaciones de procedencia popular como sindicatos, asociaciones estudiantiles, ligas campesinas, etc., fueron rebajando sus horizontes programáticos a unos que se aceptara el orden neo-colonial, pero exigiendo espacios de participación para la sociedad y con la idea de lograr mayor democratización dentro del capitalismo.

Del seno de la ASC por su parte, se conformó el Frente Democrático Nueva Guatemala, que fue un entramado para que sectores sociales organizados participaran en la contienda electoral de 1995. Algunos mantenían vínculos orgánicos con la URNG, así que ésta como tal, le dio el visto bueno. Esta contienda fue la primera desde 1954 donde realmente las fuerzas progresistas y de izquierda participaban en un evento electoral. Como sabemos, el resultado de su participación fue óptimo, un cuarto lugar en la votación para presidente y vice-presidente, seis diputados y varios consejos municipales, en alianza con Comités Cívicos, sobre todo en el occidente y en municipios de mayoría maya

 2.- Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la Insurgencia y su devenir

En enero de 1994 en la Ciudad de México, se firmó el Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, solicitando la moderación directa de un representante del Secretariado General de Naciones Unidas, que fue el francés Jean Arnault y se oficializó el cronograma de negociaciones, el cual fue el siguiente:

 

  1. Democratización. Derechos Humanos.
  2. Fortalecimiento del poder y función del ejército en una sociedad democrática.
  3. Identidad y derechos de los pueblos indígenas.
  4. Reformas constitucionales y régimen electoral.
  5. Aspectos socio-económicos.
  6. Situación agraria.
  7. Reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
  8. Bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país.
  9. Arreglos para el definitivo cese al fuego.
  10. Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos.
  11. Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, y desmovilización

 

Paralelamente se continuó una mesa de retroalimentación de los contenidos sustantivos con instancias de la sociedad civil, como la ASC, el CACIF, asociaciones gremiales, colegios profesionales, etc., además de partidos políticos.

 

2.1. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

En marzo de 1994 se firmó el Acuerdo Global de Derechos Humanos (AGDH) con el gobierno de Ramiro de León Carpio. Entre otras cuestiones, se estableció la  Misión de Naciones Unidas para Guatemala, cuyo objetivo fue la verificación del cumplimiento de los acuerdos operativos para lograr la pacificación, como la reinserción de la insurgencia, el retorno de los refugiados externos, la desaparición de cuerpos represivos como la Policía de Hacienda y la Policía Militar Ambulante, la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil y los Comisionados Militares; así como la conversión de la Policía Nacional (un cuerpo policial militarizado) en la Policía Nacional Civil (PNC)[18], de primacía civil como su nombre lo indica.

Por otro lado, este acuerdo abogó por el fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), institución que ha jugado de alguna forma el papel de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, pero lo cual muchas veces se queda solo en mediar entre la sociedad civil y el Estado; siendo parte del entramado del diseño constitucional de 1985. Y como es sabido, el actual procurador Jordán Rodas ha sido atacado por sectores conservadores, especialmente algunos partidos políticos, por la postura asumida en torno a la impunidad con que actúan, por la defensa de la ahora desaparecida CICIG; pues estas son camarillas conservadoras que abogan por mantener el status quo. Esto pese al pasado de Rodas, quien en algún momento actuó como abogado defensor de empresas hidroeléctricas en el departamento de San Marcos y fue candidato a alcalde de la ciudad de Quetzaltenango por partidos de derecha, en las elecciones de 1990.

El AGDH abogó por el respecto de la independencia del Poder Judicial y los tribunales de justicia que lo conforman, así como el Ministerio Público, instancia que por las reformas constitucionales de 1994 asume la función de investigación penal de parte del Estado, la cual era realizada por los jueces de instrucción.

A raíz de instalación de la Comisión Internacional para Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006 como un cuerpo adscrito a Naciones Unidas, se fortaleció el papel de investigación penal del Ministerio Publico (MP) sobre graves casos de impunidad, con la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por un lado. Por el otro, fortalecer otras fiscalías, algo que en los hechos fue un proceso lento, así como programas específicos como el de protección de testigos o el análisis de armas de fuego, entre otros. Aunque eso no cambia la naturaleza de clase de estas instituciones, donde en muchos casos se criminaliza a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como el hecho que pese a contar con fiscalías especiales, no se investiga a profundidad la violación a los derechos humanos.

Como sabemos, la CICIG[19], especialmente durante el gobierno de Jimmy Morales, fue entorpecida por las investigaciones en torno a este y su círculo cercano, hasta que su mandato no fue renovado; mientras que la FECI existe, y pese a que en las investigaciones sigue rastreando los hechos de corrupción e impunidad de personajes del mundo de la política y del empresariado tanto tradicional como emergente, esta fiscalía está siendo constantemente debilitada tanto por esos actores externos del MP como por la misma fiscal general actual Consuelo Porras, afín a estos.

En lo que respecta al Organismo Judicial (OJ), el tema de la independencia judicial ha sido recurrente por dos situaciones a saber: uno, el hecho que en las mismas reformas constitucionales de 1994 se estableció la creación de las Comisiones de Postulación, para elegir jueces de las Cortes de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); siendo ese mecanismo –por su representación de índole corporativista- una traba para la independencia judicial. Y segundo, el hecho gira en torno a que el pleno de magistrado(a)s que conforman la CSJ realiza tanto tareas administrativas como judiciales.

En los últimos años se han presentado propuestas de reformas constitucionales, la última en 2016 entre la CICIG y el MP, las cuales buscan tanto separar las funciones de las y los magistrados, como el fortalecimiento de la carrera judicial y con el consiguiente proceso de selección de las cortes, tomando en cuenta la experiencia y las capacidades de los jueces al interior del OJ[20], desmontado las Comisiones de Postulación.

Pero como estas comisiones han sido otra forma de atrincheramiento de los actores y sectores conservadores que se benefician de la impunidad, no se ha logrado su desaparición. Ahora desde la óptica marxista, la independencia judicial es relativa, aun con sistemas de justicia independientes de otros poderes formales y fácticos, porque está relacionado a la naturaleza de clase del Estado; pues en países donde funciona, lo que se tiene son verdaderos partidos judiciales, es decir un poder que representa tal instancia sin intermediarios. Por supuesto que las postuladoras en si, es un mecanismo aun mas regresivo.

En otro orden de cosas, también se planteó que el Estado reconociera su responsabilidad en hechos violatorios de los derechos humanos, como el desaparecimiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento se sigue esperando que se apruebe en el Congreso una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, la cual se encuentra desde 2006 en el Organismo Legislativo. Por otro lado, Guatemala aun no es suscriptora de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, aunque sí, desde 1999, de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

El acuerdo también hizo mención de la desintegración de las Patrullas de Autodefensa Civil armadas por el Estado entre 1982 y 1983 como una forma de movilizar a la población para combatir a la insurgencia y mantener el control social en comunidades que el ejército recuperaba. Después de la firma de la paz, los gobiernos de Alfonso Portillo y de Oscar Berger, beneficiaron con pagos a quienes integraron estos cuerpos paramilitares, el caso de Berger involucrándolos en la reforestación en varias regiones del país. Esta situación es polémica, porque significa pagar a personas que fueron implicadas en violaciones a los derechos humanos, pero también muchos fueron obligados a ser parte de estos cuerpos civiles militarizados.

En la actualidad, personajes claves que fueron parte de estas estructuras, así como Comisionados Militares, siguen ejerciendo poder político en comunidades y sus intereses se vinculan con los de empresas trasnacionales que en muchas de estas comunidades y regiones presionan por apropiarse de los recursos naturales existentes. También mantienen presencia en el sistema de Consejos Desarrollo, que se convierten en estructuras afines a candidatos en el marco de las contiendas electorales de índole caudillista, los cuales terminan negociando cuotas y márgenes de poder local con partidos políticos conservadores.

Otro punto fue sobre la circunscripción del servicio militar, que durante la guerra interna, al ser obligatorio, fue uno de los puntos que mayor violación de los derechos humanos generó; así, tras la firma de la paz, quedo descontinuado. Uno de los preceptos que lo sustituyeron fue un programa de servicio civil con la modalidad de ser tanto cívico como militar, y para eso se emitió una ley en 2003, pero el programa no fue echado andar hasta finales de la primera década del siglo, generando tanto expectativas por la posibilidad de generar empleo para jóvenes, como temor ha ser usado nuevamente para reclutar jóvenes al ejército.

El AGDH consideraba vital la protección para las personas y entidades que trabajan en la protección a los derechos humanos de parte del Estado. En ese sentido, el desmontaje de un Estado Contrainsurgente que consideraba a la población como parte del enemigo interno consistía en velar por que las personas e instituciones, tanto públicas como privadas, que velan por los derechos humanos, tuvieran garantía para su ejercicio.

No es objeto de este ensayo profundizar sobre el tema, el cual lo amerita y existen informes periódicos en ese sentido. Posteriormente fue evolucionando el concepto de quienes protegen los derechos humanos; por ejemplo, la tarea del defensor de defensores de derechos humanos. Para muestra de un botón, según el último informe de la organización Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) [21], que realiza informes periódicos, aquí solo mencionamos el último, la agresión contra los defensores de los derechos humanos ha aumentado.

De hecho, se sigue negociando con el Organismo Ejecutivo la creación de una política de protección a los defensores de los derechos humanos a cargo de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh)[22]; estratégicamente queda la duda para los organismos que velan por el cumplimiento de estos derechos, la viabilidad de lograrla en un Estado que cada vez adquiere mas connotaciones represivas.

Otra situación que pone en evidencia el cumplimento de este acuerdo, es lo relativo al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto fue desconocido en el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina –Guatemala aceptó la jurisdicción de ésta en marzo de 1987- incluso en casos donde el Estado ya había aceptado su responsabilidad, negando la obligatoriedad de los compromisos asumidos, cuestionando la competencia temporal de la Corte e insistiendo en la legalidad de las amnistías decretadas para con crímenes de los derechos humanos durante la guerra interna.

En octubre de 2015, en el periodo de sesiones ordinarias de la CIDH, ésta calificó la decisión del gobierno de Guatemala como “un acto de evidente desacato del Estado respecto de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales en definitiva (…) y exigir a la mayor brevedad, todas las medidas que fueran necesarias para dar pronto cumplimiento a las Sentencias”[23]

Recordemos que en marzo de 2013 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, presidido la jueza Jazmín Barrios, dictó sentencia a José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt, por los delitos de Genocidio y Delitos contra los Deberes de la Humanidad, en contra del Pueblo Maya-Ixil. Esto, como se sabe, generó un reacomodo entre las fuerzas conservadoras, alineando tanto a actores procedentes de la oligarquía y de grupos empresariales emergentes, como provenientes del ejército, el cual ha actuado recuperando y/o fortaleciéndose dentro del Estado, posterior a la movilización de 2015 que generó algún temor en estos de perder mas espacios.

 

2.2 Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

 

Firmado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996, entre la insurgencia y el Estado, con el gobierno de Álvaro Arzú conocido como AFPC. Este acuerdo ampliaba lo ya discutido y acordado en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, centrándose en aspectos relacionados a la reforma y democratización del régimen político, por ende, del papel del ejército. Proceso iniciado con la promulgación de la Constitución Política de 1985 y el establecimiento de un marco democrático; profundizando tales reformas ahora,  con la incorporación de la izquierda insurgente, de la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG).

Eso quedo claro en los considerandos de este acuerdo. Menciona que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, ofrece una oportunidad histórica de superar las  secuelas de un pasado de enfrentamiento armado e ideológico para reformar y cimentar una institucionalidad acorde con las exigencias del desarrollo de la nación y de la reconciliación del pueblo guatemalteco (….) reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, que en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los derechos ciudadanos; y que dentro de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país[24].

En este, al ser parte de los acuerdos sustantivos, se buscaba que el Estado de Guatemala se comprometiera a respetar las disposiciones constitucionales y tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, que la misma Constitución Política, había reconocido. En ese sentido, un punto importante fue la desmilitarización de la sociedad y del Estado, así como la reducción del ejército, de igual forma la disolución del Estado Mayor Presidencial, proceso que avanzó lentamente.

En cuanto a la desmilitarización de la sociedad y del Estado, se ha dado en el plano formal, aunque el ejército en cuanto institución no ejerce el poder político desde mediados de la década de los ochenta, en los últimos años hemos visto cómo camarillas de origen militar se han vuelto preponderantes en la política, formando partidos de orientación conservadora y neoliberal. Como en el caso del Partido Patriota o del Frente de Convergencia Nacional, estos partidos son instrumentos para que estas camarillas desfalquen al Estado y se enriquezcan de tal forma.

Miguel Ángel Reyes menciona que el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, comprometió puntos sobre el Estado y su relación con la sociedad y sus pueblos, de alcance limitado; además, carecía de disposiciones expresas y precisas para evitar la privatización de sus activos y crear el inexistente andamiaje administrativo público, sobre todo en el interior del país. Las reformas al sistema de seguridad y la función de los militares en el mismo quedaron concebidos en una forma de Estado bajo una interpretación neoliberal del principio de subsidiariedad socialcristiano contenido en el artículo 118 de la Constitución, como “árbitro y negociador” sin autoridad propia[25].

Este acuerdo tiene como sello el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los presidentes de Centroamérica en 1995, del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); como parte de la reorientación estratégica en materia de seguridad y defensa, asumidos por los gobiernos centroamericanos, en el marco de la agenda imperialista gringa pos guerra fría.

Los aspectos más cruciales eran: el control de los cuerpos represivos de inteligencia militar, la subordinación del ejército al poder civil, la separación de las tareas de seguridad pública con la defensa, un nuevo paradigma en materia de doctrina de las fuerzas armadas de la región y abstenerse de prestar apoyo militar alguna fuerza irregular en otro Estado vecino; un balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de los países centroamericanos y la seguridad colectiva ante una agresión externa. Además de una concepción de seguridad centrada en el estado de derecho, las formas democráticas, los derechos humanos, el bienestar de las personas humanas, pero en base a una economía de mercado.

Se presumía dentro del AFPC concebir el poder público para el servicio del bien común. Este debe ser ejercido por todas las instituciones que integran el Estado, de modo que impida a cualquier persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, arrogarse su ejercicio[26]. Es decir, dar un enfoque plural al accionar del Estado, sin un sesgo parcializado, a la usanza de los Estados democráticos de los países capitalistas desarrollados, algo que Poulantzas ha denominado Estados Populares de Clase, donde se preservaba el orden capitalista bajo formas democráticas, sin que pesaran los intereses (por lo menos formalmente) de una fracción de la clase capitalista[27].

2.2.1. Reformas relacionadas a los Organismos del Estado

En ese sentido, con respecto al Organismo Legislativo, éste tendría que modernizarse -concepto usado en la jerga del AFPC- reformando su ley de régimen interior, situación que se dio hasta 2016, cuando se prohibió el transfuguismo[28] y se profesionalizó el manejo de las comisiones y de los órganos internos; esto ha impedido una práctica que había sido habitual entre los congresistas y que va relacionada al tipo de partidos existentes en Guatemala, sin ninguna organicidad.

Otro compromiso enmarcado en el AFPC, fue fijar el número de diputados, reforma que se realizó a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, pero que desde nuestro parecer afecta la representatividad de los distritos electorales. Posteriormente a esa reforma se han presentado iniciativas para subdividir los distritos. Otro compromiso fue la reforma al artículo 157 de la Constitución Política, para prohibir la reelección de consecutiva de los congresistas; recordemos que esta fue una de las demandas de la denominada Plaza en 2015 y era parte de las reformas contenidas en la Consulta Popular de 1999.

Se planteó también la readecuación de la Comisión de Derechos Humanos para darle seguimiento a las resoluciones y recomendaciones de los informes producidos por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH)[29]. En la práctica, en los últimos años ha habido un ataque desde esta comisión al ejercicio del procurador, ya que al frente de esta comisión ha habido congresistas de derecha con una visión contra los derechos humanos.

En materia de reformas al Organismo Judicial en función de la llamada independencia judicial, el AFPC propugnaba por modificar la administración de justicia, para lograr que sea más eficaz, se erradique la corrupción y la impunidad en su aplicación, se garantice la independencia judicial y modernice el sistema para garantizar la probidad[30].

Se planteaba aprobar una carrera judicial, creando una ley respectiva, a partir de los siguientes criterios: a) derechos y responsabilidades de los jueces, dignidad de la función y adecuado nivel de remuneraciones; b) sistema de nombramiento y ascenso de jueces con base en concursos públicos, que busquen la excelencia profesional; c) derecho y deber de formación y perfeccionamiento en la función, relacionado, por ejemplo, al régimen disciplinario.

Para eso se requiere una reforma al artículo 209 de la Constitución, la cual, como es conocido se presentó en 2017 de parte de la CICIG con el acompañamiento del MP y de la PDH; los sectores conservadores que manejan cuotas de poder por el modelo de comisiones de postulaciones, junto a las bancadas del estatus quo en el Congreso, aliados de los últimos dos gobiernos, no lo permitieron. Estas reformas ya fueron contempladas en la Consulta Popular de 1999, donde estos mismos actores lograron imponerse con el triunfo del No.

Sin embargo, algunas reformas se lograron con la aprobación en 2016 de la Ley de la Carrera Judicial, que estableció el Consejo de la Carrera Judicial como el órgano rector de las garantías a la independencia judicial, consistentes en la inclusión de expertos en administración pública, recursos humanos y psicología. Conformado por representantes titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, de Primera Instancia y de los jueces de Paz. Se incluyó la garantía de estabilidad para jueces y magistrados de sala[31].

Un compromiso contemplado en el ACDP, fue la creación de un Instituto de la Defensa Penal, aprobado por el decreto 129-97, cuya función la de ser un “organismo administrador del servicio público de defensa penal, para asistir gratuitamente a personas de escasos recursos económicos; teniendo a su cargo las funciones de gestión, administración y control de los abogados en ejercicio profesional privado cuando realicen funciones de defensa pública”[32].

Otra instancia que tiene como origen los Acuerdos de Paz, fue el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) es una institución creada según Acuerdo Gubernativo número 115-2004, publicado el 16 de marzo de 2004, que después fue descontinuada en el gobierno de Otto Pérez Molina. En la conformación del CAS había representación de organismos de la sociedad civil. Entre sus funciones estuvo la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad[33] (CNS) y la promulgación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-08), bajo una visión de anticipación de las amenazas que estaba situada en la lógica del Tratado Marco de Seguridad Democrática dentro del SICA y el manejo formal de respeto a los derechos humanos.

2.2.2.- Seguridad y Defensa

Con la creación del CNS y la asesoría del CAS, se buscaba que el actuar de los cuerpos de seguridad pública y de defensa se diera en base a marcos de un Estado de derecho constitucional y respetuoso de los derechos humanos.  Pero en la medida que el régimen político volvió a retomar prácticas autoritarias, los cuerpos de seguridad fueron asumiendo líneas más represivas; el mejor ejemplo de esto ha sido las distintas figuras contempladas en la Ley de Orden Público, que limitan los derechos y libertades básicas. De hecho, el CNS se ha vuelto cada vez más la cúpula donde se deciden las políticas gubernamentales; por lo menos eso fue evidente en los gobiernos de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales, asumiendo con eso una clara visión más securitista en el actuar de las políticas públicas.

Con respecto a la Ley de Orden Público, se buscó según el ACDP su reforma, que en consonancia con los principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil, los excesos en la aplicación de una nueva ley, las limitaciones al ejercicio de la violencia “legitima” de parte del Estado, que en interés del mantenimiento del orden público la ley establezca, en ningún caso debe permitirse excesos que contravengan la vigencia general de los derechos humanos[34].

No ha habido ninguna reforma a esta ley en el marco planteado en el Acuerdo de Paz en mención, y en los hechos se ha usado para la persecución política de sectores que se han opuesto a políticas, sobre todo en el tema de la defensa de los recursos naturales de las comunidades y Pueblos Indígenas, como lo mencionamos, aplicando estados de prevención, de sitio y otras figuras contempladas en esa ley.

Quizás una de las modificaciones más simbólicas, fue la reestructuración de las fuerzas policíacas existentes en el país.  Con la creación de la Policía Nacional Civil que tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna, a partir de una instancia que no estuviera subordinada al poder militar, como era la antigua Policía Nacional. De igual forma, el desmantelamiento de los antiguos cuerpos militarizados, que ejercían tareas de seguridad pública, como la Policía Militar Ambulante y la Guardia de Hacienda.

Uno de los compromisos fueron el establecimiento de la carrera policial, el disponer que todos los integrantes de la nueva estructura policial deberán recibir formación en la Academia de la Policía, en donde se les proporcionará una alta preparación profesional, una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos y a la democracia, y de obediencia a la ley[35], lo cual implicaba un cambio de doctrina con respecto a una centrada en la idea del enemigo interno, a una respetuosa a estándares de derechos humanos.

Sin embargo, según la especialista en archivos Emi Moran, quien realizó un documentado trabajo sobre la historia de los cuerpos policiales, al tener una responsabilidad en el ordenamiento y puesta al público del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Morán considera que el único cambio profundo de un cuerpo de seguridad pública, fue el desmantelamiento de la policía al servicio del dictador Jorge Ubico, por una respetuosa de los derechos humanos, como fue la existente durante el periodo revolucionario[36].

De hecho, se mantienen prácticas represivas, sobre todo dentro las direcciones vinculadas a la investigación criminal; un contra sentido en los estándares modernos policiales, pero en apariencia, porque cuando lo analizamos desde el carácter de clase del Estado, lo que observamos de estas estructuras que realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y en general, limpieza social, es que solo duermen para cuando se necesitan.

Vemos momentos, por ejemplo, con la Operación Pavo Real durante el gobierno de Oscar Berger, donde el actual presidente Giammatei, al ser en ese momento, director del Sistema General de Presidios, estivo implicado. O el procesamiento y detención de Blanco Lapola, directora de la PNC durante el gobierno de Álvaro Colom, por este tipo de ejecuciones y ni que decir de operaciones similares durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, con elementos de origen militar al frente de las tareas de seguridad pública.

De 2010 al 2018 existió la Comisión Nacional de Reforma Policial, dirigida primeramente por Helen Mack y posteriormente por la recientemente fallecida Adela de Torrebiarte. Su objetivo fue depurar los mandos de elementos vinculados a situaciones de corrupción y de prácticas violatorias a los derechos humanos. Modernizando además elementos de la carrera policial y retomando aspectos con que fue concebida la PNC, producto de los Acuerdos de Paz.

Estas modificaciones fueron de forma, no atacaban estos elementos durmientes, sobre todo en las agencias especiales de investigación criminal. Los últimos sucesos, como las movilizaciones de noviembre e inicios de diciembre, contra el gobierno de Giammatei Falla, muestran cómo nuevamente la PNC asume una visión de considerar a la población como enemigo interno, cuando fueron reprimidas fuertemente las protestas ocasionando mas de cincuenta arrestos y varios heridos. Pero desde la firma de la paz, pese a existir protocolos para limitar la violencia, en los desalojos contra comunidades campesinas en fincas usurpadas por terratenientes o en ocupaciones urbanas en terrenos por vivienda, la PNC ha actuado ferozmente.

El elemento fuerte del AFPC fue la transformación de la misión del ejército en una sociedad democrática como plantean los Acuerdos de Paz. Sin embargo, se esperaba que se realizaran las reformas constitucionales con la Consulta Popular; entre estas estaba lo correspondiente a la misión del ejército, la cual debería haber sido orientada a la defensa de la soberanía del país y su integridad territorial. Pero en los hechos, los mismos elementos de la institucionalidad armada siguen haciendo tareas de seguridad pública y se ha evidenciado una serie de actos violatorios a los derechos básicos contra la población.

Otra era con respecto a la naturaleza de los tribunales militares, obligando a que estos conozcan solamente los delitos y faltas tipificados en el Código militar y en los reglamentos correspondientes. Mientras que los delitos y faltas del orden común cometidos por militares serán conocidos y juzgados por la jurisdicción ordinaria. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares

Pese a no aprobarse estas reformas constitucionales, en 1996, el Congreso aprobó un decreto de reforma al Código Militar que data de 1888, donde se derogaba el fuero militar. En ese momento el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco se opuso alegando una necesaria revisión de parte de la CC; posteriormente en 2003, cuando este partido gobernaba y tenia la mayoría del Congreso, trató de reformar nuevamente el Código Militar, intentando que los juzgados castrenses fueran los únicos capaces de conocer delitos que cometieran miembros de la institución militar[37].

Otro compromiso que quedó pendiente al no ser aprobadas tales reformas constitucionales, fue lo concerniente al mando del presidente de la República en cuanto comandante general del ejército, quien imparte las órdenes por medio del ministro de la defensa nacional, el cual decía pudiera ser civil o militar. Siendo esto último la parte medular que no ha sido modificada, manteniéndose que tal ministro sigue siendo militar desde la firma de la paz[38].

Otro tema importante fue la reducción del ejército, proceso que se concretizó hasta en el gobierno de Oscar Berger. Este gobierno finalizó la reducción que había hasta antes de la firma de la paz en mas de 27 mil efectivos, reduciendo las bases y destacamentos militares, en su mayoría establecidos entre 1982 y 1983 en el marco de las operaciones contra-insurgentes; proceso iniciado tras la firma de la paz en 1996.

Así, durante este gobierno se redujo el ejército de 27 mil a 15 mil efectivos, lo cual alejó a algunos militares como Otto Pérez Molina, quien tenía la aureola de negociador de la paz y de oponerse al serranazo en 1992, de los sectores anti-comunistas y que formaron Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). 

Esta después fue la base de la creación del partido Frente de Convergencia Nacional en 2007, al que en 2009 se le agregó un grupo proveniente del desaparecido Alianza de Desarrollo Nacionalista de la ya mencionada Adela Camacho de Torrebiarte, quien fue candidata por ese partido en 2011, pero que posteriormente apoyó a Jimmy Morales, quien gobernó entre 2016-2020. Ella como dijimos, fue comisionada para la Modernización Policial, pero después rompió con Morales y recientemente fue electa diputada por el partido centro-derechista de CREO, hasta su fallecimiento.

En el gobierno de Berger, Pérez Molina que, con su Partido Patriota, fue parte en un primer momento de la alianza gubernamental denominada Gran Alianza Nacional, fungió como Comisionado de Seguridad, hasta que fue apartado del cargo, supuestamente por su negativa a que se implementara la iniciativa impulsada por Estados Unidos, de crear una Guardia Nacional y hacer desaparecer el ejército. Pero su motivo principal, fue la vinculación de este con el capo del narcotráfico, Joaquín “el Chapo” Guzmán, cabecilla del mexicano, Cartel de Sinaloa.

Otra organización creada en los últimos años por elementos anticomunistas, conformada en 2012, con cuadros formados por la inteligencia militar es la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, hijo del que fuera ministro de defensa en el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt y secuestrado por la insurgencia, en 1982. Esta organización nació para levantar la imagen del ejército, que, en ese momento, quedó evidenciada su participación, gracias al juicio por genocidio, como responsable de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. La FCT aduce que todo es una campaña por un enemigo comunista internacional y gobiernos de países escandinavos que apoyan colectivos de victimas a las violaciones de los derechos humanos. Esta organización, que hoy está cerca del gobierno de Giammatei Falla, se dedica a generar campañas mediáticas al estilo de las operaciones psicológicas de inteligencia, contra figuras y personajes democráticos.

2.2.3 Inteligencia e Información

Otro compromiso dentro del AFPC, fue el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, reemplazado por un organismo civil de seguridad, situación también contemplada en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Así, fue hasta el gobierno de Portillo que se creó la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)[39].

Sin embargo, en los últimos años la SAAS se ha conformado nuevamente como un estado mayor presidencial de hecho y fue mas notorio en el gobierno de Morales, con la denominada juntita, estructura de ex militares de las promociones 103 y 71 de la Escuela Politécnica Nacional; aunque después prescindió de ellos, cuando algunos como Herber Melgar Padilla o Edgar “puñalito” Ovale -involucrado en crímenes de lesa humanidad durante la guerra interna- fueron señalados y vinculados a procesos penales por tales delitos, y asumieron funciones menos visibles[40].

En la actualidad, pese al discurso de campaña de Giammattei de hacer desaparecer la SAAS por aducir que es una institución onerosa, ésta está dirigida por dos ex militares de la promoción 91 de la Escuela Politécnica, Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado y Luis Catarino Estrada Valenzuela, quien ademas es abogado y tiene vínculos con la mencionada mas arriba FCT[41]. La propuesta del presidente además rayaba en mayor militarización, porque quien sustituiría la SAAS sería la Guardia Presidencial, acantonada en la Casa Presidencial; aunque en los hechos ambas actúan coordinadas operativamente.

Un último componente a tomar en consideración dentro de este Acuerdo de Paz, es lo relacionado a información, archivos e inteligencia. Con respecto a los organismos de inteligencia de Estado, el AFPC modificaba la función de estos aparatos. En el caso de la inteligencia militar, quedaba circunscrita a funciones dentro de la institución armada, a  la ya conocida Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional o D2.  

Por otro lado, se creó un Departamento de Inteligencia Civil, dependiente del Ministerio de Gobernación, encargado de recabar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto respeto a los derechos humanos[42].

Esta fue creada hasta 2005 denominada Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) y dentro de sus prerrogativas, al ser una dirección del Ministerio de Gobernación, se encuentra estar por encima de la PNC, por ende, tiene que apoyar sus tareas de investigación criminal. El hecho que esté por encima de la PNC y tenga potestades en materia de análisis de la criminalidad, la vuelve una potencial policía –aunque como plantea el AFPC las tareas de persecución no serán potestad de los organismos de inteligencia- cuyos fines pueden ser desviados para fines políticos.

Por ultimo, el elemento que coronó la reorganización de los aparataos de inteligencia fue la creación de un ente que primero se denomino Secretaria de Análisis Estratégico, que estaría bajo autoridad directa de la Presidencia de la República, con una naturaleza estrictamente civil y con acceso a información a través de fuentes públicas y procedentes del Ministerio de Gobernación y de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Inspirada por el Tratado Marco de Seguridad Democrática del SICA, creada en 1997, sus funciones están concebidos en la organización y manejo de información para anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado democrático y sus habitantes[43].

Tras la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Transitorio y modificando la Ley del Organismo Ejecutivo, la SAE se transformó en Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE). Esta tiene la responsabilidad de producir la inteligencia en los campos estratégicos, respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del Sistema Nacional de Seguridad; su naturaleza se mantiene civil y siempre actuando bajo la responsabilidad directa del presidente de la república.

Este Sistema Nacional de Seguridad (SNS) adscrito al Consejo Nacional de Seguridad, como mencionamos, se ha vuelto el ámbito de control político de las distintas camarillas que han gobernado con los distintos gobiernos, que en su mayoría responden a los mismos intereses conservadores y sostenedores del status quo. De esa forma, la ahora SIE, pese a que su mandato le impide ejercer vigilancia y persecución, existen señalamientos que se ha dedicado a espiar a ciertos personajes y hay suspicacia de que puede asumir tareas de persecución política.

En el mismo acuerdo mencionado se mostraba el temor a evitar esta situación de abuso de poder, propia de los gobiernos pasados de corte militar, así como garantizar el respeto de las libertades y los derechos ciudadanos. En ese sentido, se promulgó una ley que establece modalidades de supervisión de los organismos de inteligencia del Estado por una Comisión específica del Organismo Legislativo. Se creó la Comisión Legislativa Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia, conformada por un integrante de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la República, que debe evaluar no solo a estos organismo de inteligencia, sino a todo el SNS, por medio de informes proporcionados por el CNS, así como una serie de instrumentos en la aplicación de una Política Nacional de Seguridad, una Agenda Estratégica en ese sentido y planes operativos de estas instancias, entre otras cosas.

Lo que se ha vivido es un proceso de re-militarización del Sistema de Seguridad Nacional, situación que inició en el gobierno del Partido Patriota, con la figura del general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, quien presidió en ese momento este organismo. En el gobierno siguiente, sin estar nominalmente en el Consejo Nacional de Seguridad, continuó en las sombras junto a los miembros de la juntita y es mas, sobrevivió a estos y sigue teniendo cierta influencia en el gobierno actual. Por su parte, el nuevo titular de la SIE es Marco Aurelio Pineda Colon un político que procede del Partido de Avanzada Nacional, vinculado a la conocida Oficinita[44], diputado electo por el Partido Patriota en 2011, reelegido en 2015 y convertido en tránsfuga con el FCN-Nación; es decir ha sido parte de los cuerpos clandestinos de seguridad e inteligencia, en todos los gobiernos desde la firma de la paz[45].

Mientras que el segundo al mando de la SIE es otro militar, Héctor Ernesto Orellana García, parte de la promoción 99 de la Escuela Politécnica y ligado al coronel Otto Rene Bernal Ovando, ex candidato presidencial del efímero partido Corazón Nueva Nación en las elecciones de 2015 y partido satélite del candidato por LIDER, Manuel Baldizon.

Situación similar es con la DIGICI. Se nombró al teniente coronel de ingenieros, José Luis Navas Herrera, promoción 117 de 1989 de la Escuela Politécnica. Ademas de ser consultor en temas de seguridad ligado a la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAN), a empresas asentadas en Estados Unidos y de haber sido asesor de seguridad en el Grupo Tigo y Cementos Progreso[46].

3.- Ley Marco de los Acuerdos de Paz, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y su crisis

La aprobación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (LMAP), Decreto Legislativo Número 52-2005, tuvo el fin de darle a los Acuerdos de Paz el compromiso de acuerdos de Estado. Una forma de comprometer a los distintos gobiernos y al Estado mismo, ya que no se logró su incorporación a la Constitución. Junto a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, con respecto al denominado  Bloque Constitucionalidad, lo cual obliga a los distintos ramos de la función pública a la observancia, respeto y garantía de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Los Acuerdos de Paz y el objetivo de democratizar la sociedad, buscaban así no ser bloqueados por fuerzas retardatarias.

La LMAP por su parte dice que rige los procesos de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y al ser compromisos de Estado, requiere de acciones a desarrollar por las instituciones públicas. Reafirma así el compromiso del Estado de ejecutar e impulsar los cambios normativos, institucionales y de políticas públicas implicados en los Acuerdos de Paz, a través de un proceso ordenado e integral, que a la vez promueva la más amplia participación de la sociedad.

De igual forma, redefine la institucionalidad de la paz, con la creación del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP) como una instancia integrada por miembros designados de los tres organismos del Estado, partidos políticos y la sociedad. El CNAP por su parte, tendrá autonomía e independencia funcional para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados, que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esta reorganización de la institucionalidad de la paz en el CNAP, incluye a Secretaría de la Paz[47] (SEPAZ) como la Secretaría Ejecutiva del CNAP.

EL CNAP esta conformado ademas, por un representante de URNG como parte firmante, un miembro de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con voz pero sin voto, un representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, un representante del Ministerio de Finanzas Públicas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) con voz pero sin voto y un representante de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con voz pero sin voto. De igual forma, una representación de los distintos sectores sociales, tales como: Pueblos Indígenas, mujeres, sindicatos de trabajadores, empresarial, organizaciones campesinas, de derechos humanos y de centros de investigación académica.

Se creó otra instancia, la Coordinación de Participación Social y Consulta, con el fin de promover la participación de la sociedad civil y que ésta evalué periódicamente el avance del cumplimento de los Acuerdos de Paz, por medio de acciones concretas. Su conformación se integrará tomando en cuenta la legitimidad sectorial, desde la perspectiva étnica, territorial, temática, gremial, política, cultural y de género.

En los hechos, algunas representaciones dentro del CNAP han personificado a las fuerzas retardatarias –ya sea por obvias razones, como algunos representantes de instancias gubernamentales, del sector empresarial y de los partidos representados en el Congreso- en su mayoría conservadores. Sin embargo, otras fuerzas provenientes de clases populares han tomado más de alguna vez posturas similares a los primeros y otros, como la PDH y el PNUD con voz, pero no voto, muchas veces han tomado una postura esquiva.

El caso de la URNG, al ser firmante de la paz, participa de acuerdo a su programa político reformista y posibilista con que llegó a la negociación con el Estado. Según algunos entrevistados, ha habido representantes de este partido de izquierda con posturas poco coherentes, aunque algunos representantes, como Aura Lili Escobar[48], han tenido un papel activo en la defensa de los Acuerdos de Paz.

Escobar menciona que la realización de la Coordinadora de Participación Social y Consulta, asambleas regionales (cuatro en total en los últimos años) para lograr mayor representación, fue un gran avance para posicionar una agenda progresista.  Sin embargo, aduce que han boicoteado el trabajo de organización de sectores populares en torno al cumplimiento de la agenda de los Acuerdos de Paz[49].

El hecho que SEPAZ asumiera como secretaría ejecutiva del CNAP implicó que este no tuviera autonomía administrativa y financiera. Situación que también se usó como arma para apuntalar contra las posibilidades de organización, por la representación de sectores sociales allí contenidos.

La LMAP creaba cierta prerrogativa dentro del marco constitucional, según el abogado Ramón Cadena[50], para llenar los vacíos legales en relación a la no aprobación de las reformas constitucionales de 1999, ya que se vuelven compromisos de Estado y por ende refleja compromisos ante la comunidad internacional en materia de respeto de los derechos humanos[51]. Otros especialistas consideran que se otorgó demasiado potestad a los partidos políticos, situación que también comparte Escobar, ya que la presencia de estos es una rémora para el avance de la agenda progresista.

Para Cadena la pregunta de fondo es si, ¿son constitucionales los Acuerdos de Paz o no?, es decir ¿son parte de nuestra Constitución o no? Considerando que estos son parte del Bloque de Constitucionalidad, y con esta pugna producto del cierre de varias instituciones relacionadas, se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad varios recursos de inconstitucionalidad. Con estas acciones se quiere mostrar, menciona, que no son simples acuerdos, sino del mismo derecho a la paz y el respeto a los derechos humanos, como un compromiso asumido en el concierto de las naciones[52].

Para Cadena, si los Acuerdos de Paz no se cumplen, el Estado de Guatemala está incumpliendo sus obligaciones internacionales; no es solo que no cumpla una ley o un compromiso interno, asevera, si no que abre la posibilidad de la responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Haciendo referencia que el incumplimiento de éstos implica el incumplimiento de la Convención de Viena, porque esa establece que esta es un compromiso internacional, el cual insta a cumplir de buena fe todo acuerdo internacional, es decir lo se conoce como el principio de Pacta sunt servanda. Así, el desaparecimiento de tales instituciones implica el incumplimiento de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, lo cual a su vez significa que hacen caer al Estado de Guatemala y a sus gobernantes, en irresponsabilidad, por no cumplir los compromisos internacionales[53].

3.1. Implicaciones para el desarrollo de un proyecto popular

Pese a que ningún gobierno ha dado un impulso real a los Acuerdos de Paz, pues prima el programa de carácter neoliberal y anti-popular, en función del modelo económico, algunos identifican que desde el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, inició la desarticulación, a través del uso clientelar de los distintos programas y de estas instituciones. Un mejor ejemplo fue que el PNR, que fue orientado en ese sentido.

Pero fue con el gobierno del Partido Patriota que se fue asentando un nuevo proyecto contra-insurgente. Ahora orientado a la defensa de los pilares extractivistas del modelo de acumulación capitalista, así como al mantenimiento nuevamente clientelar de una base social, que tiene sus orígenes en las Patrullas de Autodefensa Civil de la década de los ochenta del siglo pasado.

En el gobierno de Morales, pese a mantenerse esa tónica, las fuerzas progresistas dentro del CNAP, a partir de esa Coordinadora de Participación Social y Consulta, lograron ciertos espacios, haciendo mas operativo algún proceso de organización. Sin embargo, desde la institucionalidad de SEPAZ, junto a los representantes del empresariado, las agencias gubernamentales y los partidos políticos conservadores a excepción de URNG, lograron socavar ese proceso.

Ahora asistimos al cierre de esta institucionalidad, con la creación de COPADEH, que además incluye a la Secretaría de Asuntos Agrarios, que tuvo entre sus fines desactivar la conflictividad por la tenencia y propiedad de la tierras, junto al Fondo de Tierras que transfiere tierras a grupos campesinos vía compra-venta a grandes propietarios o por vía arrendamiento de estas tierras.

Este modelo tampoco desconcentró la tierra, pero junto a otra instancia creada en el marco de los Acuerdos de Paz, como el Registro de Información Catastral, quien también quedó corto en su mandato. Pero es una amenaza para los finqueros pues esta instancia, deber registrar científicamente los límites y linderos de propiedades, que en su mayoría esta inscrita con excesos no demostrables en el Registro General de la Propiedad, producto también del despojo hacia los pueblos indígenas.

Un caso especial también ha sido la estabilidad laboral de los trabajadores de estas instituciones, que pese a la política anti-sindical de todos estos gobiernos, formaron el Sindicato de Trabajadores de la Paz (SITRAPAZ), que logró en el gobierno de Pérez Molina firmar un pacto colectivo, donde garantiza esta estabilidad. Además del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SITRASAA). Pese a que estos por su tipo de contrato, tienden a no tener los derechos de otras categorías de empleados públicos, con todo eso, ese pacto fue un gran logro.

Sin embargo, este gobierno despidió a la mayoría de empleados, entre ellos el Comité Ejecutivo de SITRAPAZ violando el Código de Trabajo y acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos sindicatos también han actuado en diferentes juzgados para lograr su reinstalación bajo la figura de sustitución patronal. Sin embargo, plantean que la institucionalidad que se formó con los Acuerdos de Paz, debe ser mejorada y no suprimirla o meterla en una sola institución, que no tiene claridad –por los programas de todas las instituciones que se traga- de cómo asumirlo.

Ante esta situación, como menciona el abogado Cadena, se espera que la CC de a favor una serie de recursos de inconstitucionalidad, recientemente fueron aceptados algunos para su estudio. Esto tiene que pasar antes de que se elija una nueva corte, proceso que será en el primer semestre de este año, porque es posible los nuevos magistrados se alineen con las fracciones mas retardatarias de la burguesía y sus representantes políticos.

Las fuerzas democráticas y populares deben sentarse y definir un programa que haga balance real de cuánto las partes de los Acuerdos de Paz coadyuvan para el desarrollo de un movimiento revolucionario de la clase proletaria y los pueblos de este país, y qué elementos no. De igual forma, un balance sobre la efectividad de la institucionalidad de la paz y su engranaje dentro del régimen político de reacción democrática, que necesitó en cierto momento los acuerdos para incorporar a la insurgencia.

Asistimos también al cierre de los espacios que la reacción democrática abrió, tan solo a la par de la pandemia vemos cómo este gobierno ha aplicado una serie de estados de sitio, prevención y otros que coartan las libertades democráticas. En la misma pandemia, con la cuarentena obligatoria y el toque de queda se coartaron las libertades también, mientras que muchos sectores económicos no esenciales continuaron.

Si instancias como CNAP pueden ser una trinchera en el sentido de hacerle frente con lo relacionado a estas instancias, estaría por verse, podría desarrollarse una defensa de los elementos positivos de los Acuerdos de Paz para la lucha revolucionaria. Es importante acompañar la lucha por el re-instalo y la estabilidad laboral de los compañeros trabajadores que son la parte técnica en estas instancias.

Pero es prioritaria la creación de una estrategia que no solo abogue por reformas, sino por demandas transicionales, hacia la conformación de un nuevo Estado transicional anticapitalista. Siendo la organización y el establecimiento de la Asamblea Plurinacional Originaria, con un contenido de clase proletaria y de las distintas capas populares, así como de los Pueblos y sus adscripciones y sentires étnicos-culturales, el medio de articulación hacia un nuevo Estado. Bajo horizontes que a su vez deben ser centroamericanos, e integrando las distintas regiones geográficos-antropológicas de la región en una sola nación.

 

 

[1] Bajo el supuesto de la crear regímenes políticos poliárquicos, sin la concentración de poderes en un actor de peso como el ejército o en un poder del Estado como el Organismo Ejecutivo, aunque en los hechos, sigue siendo un poder determinante y con lo segundo, se fue modificando levemente el presidencialismo excesivo, a uno donde el legislativo tiene más potestades atribuibles.

[2] Informe elaborado por una comisión dirigida por el ex secretario de Estado Henry Kissinger, junto a parlamentarios de ambos partidos del establecimiento estadunidense y varios académicos en 1984.

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_la_Cuenca_del_Caribe

[4] “La 'comisión Kissinger' propone una ayuda de 24.000 millones dólares para Centroamérica”, El País; Madrid, España, 11 de enero de 1984.

[5] “Esquipulas II: Derrota de la Revolución Centroamericana (1979-1992)” en Revista Centroamericana 1857, Numero 13, mayo-agosto de 2012; por Orson Mojica.

[6] https://www.marxists.org/espanol/moreno/rsxx/i-v.htm#_Toc531192035

[7] https://www.marxists.org/espanol/moreno/rsxx/i-v.htm#_Toc531192035

[8] https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Contadora

[9] Esta fue una política impulsada por la camarilla militar que asume el poder con el golpe de marzo de 1982 y que logró desarrollarse con más fuerza durante el gobierno democristiano de Vinicio Cerezo Arévalo, a partir de la importancia que tuvo la presencia de Alejandro Gramajo –ministro de defensa de ese gobierno- y artífice de la camarilla mencionada. Esta política consistió en no involucrarse en la agresión imperialista a Nicaragua, por lo menos públicamente, y tener mayores márgenes de maniobra de parte del ejército,  para combatir a la insurgencia local, sin mucho control estadounidense, aunque no quiere decir que no hubo presencia militar de ese país.

[10] Aquí se denotó un elemento fundamental de este denominado proyecto, que consistió en neutralizar la oposición política aplicando el terrorismo de Estado, a lo que se consideró el enemigo interno y reconstruyendo comunidades rurales después de ser masacradas por el ejército, convirtiéndolas por la fuerza, en base del proyecto contra-insurgente.

[11] Schirmer, Jennifer; “Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala”, por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Guatemala, Centroamérica, 1999.

[12] Ídem

[13] “Esquipulas II: Derrota de la Revolución Centroamericana (1979-1992)” en Revista Centroamericana 1857, Numero 13, mayo-agosto de 2012; por Orson Mojica.

[14] “Esquipulas II: Derrota de la Revolución Centroamericana (1979-1992)” en Revista Centroamericana 1857, Numero 13, mayo-agosto de 2012; por Orson Mojica.

[15] “La Democratización por Medio de la Paz, el Difícil caso de Guatemala” por Susanne Jonas, en Historia Reciente de Guatemala, Tomo IV; por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala octubre de 2013.

[16] “La Esperanza entre Sombras, el Proceso de Solución Política al Conflicto Armado” por Miguel Ángel Reyes Illescas, en “Guatemala, Historia Reciente (1954-1996) Tomo V”, Capitulo XX. Por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Guatemala, octubre de 2013.

[17] Rosada-Granados, Héctor. “El Lado Oculto de las Negociaciones de Paz, Transición de la Guerra a la Paz en Guatemala”, Fundación Friedrich Ebert, primera edición; impreso por Magna Terra Editores. Guatemala, Centroamérica, septiembre de 1998.

[18] Este punto implica una investigación a profundidad, pero lo cierto fue que, pese a suprimir los mandos de origen militar en la fundación de la PNC en 1997 y de modificar la doctrina de su funcionamiento en materia de seguridad pública, ésta no se desembarazó de sus prácticas violatorias a los derechos humanos. Es más en, los últimos años nuevamente adquiere un tamiz represivo, bajo la visión de la existencia de un enemigo interno.

[19] Sobre esta se puede decir que el objeto de su creación fue desmantelar lo que en su momento se denominó cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad o mas conocidos como poderes paralelos procedentes de la contra-insurgencia, que, en el devenir de los años, asumió según CICIG la caractesticas de redes político-empresariales ilegales; es decir sufrieron una metamorfosis, a instancias conformadas para el enriquecimiento a partir del establecimiento de negocios con y desde el Estado.

[20] “El sinuoso y amañado proceso de elección de las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) 2019-2024” por Juan Pablo Muñoz Elías, Enfoque numero 73, año 10; Asociación Civil El Observador. Guatemala, Centroamérica, 10 de agosto de 2020.

[21] Tal instancia, la cual monitorea las agresiones a los defensores de los derechos humanos en general, menciona que entre marzo y abril de 2020, en plena pandemia, se han contabilizado 157 agresiones a defensores. En un informe presentando en abril evidencia cómo desde el año 2000 ha ido en aumento los ataques, siendo el año 2014 el que más reportó, con 820 casos. Para este último periodo, se reportó15 asesinatos, siendo los defensores de Pueblos Indígenas y Defensa del Territorio, los que mas afectaciones tuvieron. Tal organización considera que los asesinatos, la criminalización (lo cual conlleva la difamación, estigmatización y discurso de odio) a lo cual agregaríamos la persecución penal, son la estrategia para perseguir a los defensores en tanto actores que luchan por los derechos humanos (Informe de Situaciones de Personas, Comunidades y Organizaciones Defensoras de DDHH; UDEFEGUA, Guatemala mayo de 2020).

[22] La Copredeh fue formada en el gobierno de Jorge Serrano Elías y tiene a su cargo, por un lado asesorar a la Presidencia en materia de políticas de derechos humanos y por el otro, la representación del Estado de Guatemala en temas de derechos humanos, sobre todo en los litigios y sentencias en que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos señala al Estado de violaciones a los derechos humanos; una función que según algunos expertos consultados para este ensayo le corresponde a la Cancillería. Por su parte, estos también argumentan que el propósito de esta instancia ha sido bloquear la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en materia de procurar y velar por los derechos humanos, aunque otros mencionan que realiza una función específica.

[23] Agenda Política por la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[24] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[25] “La Esperanza entre Sombras, el Proceso de Solución Política al Conflicto Armado” por Miguel Ángel Reyes Illescas, en “Guatemala, Historia Reciente (1954-1996) Tomo V”, Capitulo XX. Por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Guatemala, octubre de 2013.

[26] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[27] Poulantzas, Nicos; “Poder Politico y Clases Sociales en el Estado Capitalista”. Vigésimo primera edición, Editorial Siglo XXI, México 1984.

[28] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[29] Ídem.

[30] Ibídem.

[31] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[32] Ídem.

[33] Conformado por el presidente y vicepresidente de la república y los ministerios de defensa, gobernación, relaciones exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

[34] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[35] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[36] “Cualquier intento de limitar o prohibir el acceso a un archivo histórico público como el AHPN, es ilegitimo”; Entrevista Emy Moran en “Memoria o Desmemoria, la Situación de los Archivos Históricos de la Policía Nacional”; El Observador número 68, año 14. Guatemala, Centroamérica, octubre-noviembre de 2019.

[37] “1996: Congreso Deroga Fuero Militar” en Hemeroteca de Prensa Libre; Guatemala, Centroamérica, 10 de junio de 2018.

[38] Agenda Política de la Paz 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

 

[39] Agenda Política de la Paz, 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[40] “Una lectura política de las características del gobierno de transición y normalización de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación” en “De la vieja política a la vieja política”; Boletín El Observador año 11, números 51 y 52. Guatemala, Centroamérica, marzo-octubre de 2016.

[41] “Gobierno de Giammattei Falla y VAMOS: expresión de las viejas alianzas conservadoras y negocios a ultranza” en “El Gobierno de Giammatei Falla sostenido por la inteligencia militar”; Boletín El Observador, año 15, numero 70. Guatemala, Centroamérica, abril-octubre de 2020.

[42] Agenda Política de la Paz, 2017-2027, Secretaría de la Paz, Guatemala abril de 2016.

[43] Ídem.

[44] Esta fue un aparato de inteligencia para-estatal ligado al fallecido Álvaro Arzú Irigoyen, al prófugo Luis Alberto Mendizábal Barutia conocido como Tío Guicho y al general Marco Tulio Espinoza Contreras, montado desde la Municipalidad de Guatemala, que ha sido el feudo del clan Arzú y su partido el Unionista.

[45] “Gobierno de Giammatei Falla y VAMOS: expresión de las viejas alianzas conservadoras y negocios a ultranza” en “El Gobierno de Giammatei Falla sostenido por la inteligencia militar”; Boletín El Observador, año 15, numero 70. Guatemala, Centroamérica, abril-octubre de 2020.

[46] Ídem.

[47] La SEPAZ fue creada en 1997 durante el gobierno de Arzú para impulsar distintos programas realizados  en base a los compromisos asumidos por el Estado en los Acuerdos de Paz, teniendo a su cargo el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), una instancia con múltiples programas de resarcimiento a las víctimas de la violencia estatal durante la guerra interna y que se fue opacando en su funcionamiento, no cumpliendo con lo esperado. SEPAZ y COPREDEH, son de las instancias cerradas y fusionadas recientemente por este gobierno en la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (COPADEH), mientras que el PNR figura en el clientelar Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de los programas asistencialistas.

[48] Participó como parte de los equipos de asesoría a la Comandancia General de URNG, durante las negociaciones de paz; posteriormente fue representante de este partido ante el CNAP y recientemente ha sido electa por esta agrupación como diputada del Parlamento Centroamericano, pera el periodo 2021-2024.

[49] Entrevista a Aura Lili Escobar.

[50] Ramón Cadena, director del Centro Internacional de Juristas, ex miembro de los equipos de apoyo a la insurgencia en las negociaciones con el Estado y ex candidato de la URNG para la Municipalidad de Guatemala en 2004.

[51]Entrevista a Ramón Cadena.

[52] Ídem.

[53] Entrevista a Ramón Cadena.