(Crítica retrospectiva de una derrota)

 Por Adolfo Gilly

Revista Coyoacán No 3, Abril-Junio de 1978

En memoria de Marco Antonio Yon sosa, Francisco Amado Granados, Augusto Vicente Loarca, David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Iris Yon, Chinto, Paco y todos mis compañeros del MR-13 caldos en combate.

En memoria de Luis A. Turcios Lima y sus compañeros que, por otras vías, buscaban los mismos objetivos que nosotros.

I

El prolongado, lento y accidentado proceso de la ruptura del proletariado y de las masas explotadas de América Latina con la ideología nacional-burguesa, es decir, el proceso de la organización de su conciencia socialista de clase, es una larga tarea en la cual se combinan las · experiencias y enseñanzas que la lucha de clases misma deja en la conciencia obrera con las discusiones teóricas y políticas en el seno de la vanguardia revolucionaria.

Cuando estas discusiones teóricas quedan en los papeles, el tiempo las sedimenta o las olvida y la práctica da finalmente, por otros caminos, su veredicto. Pero cuando ellas se encarnan en las formas prácticas de organización de las luchas, entonces ese veredicto suele ser, a la vez, más confuso y más grandioso, porque en él se mezclan, a la lógica de los argumentos contrapuestos, la intervención violenta del enemigo de clase contra uno y otro sector de los revolucionarios y los errores subjetivos de éstos mismos en la aplicación concreta de sus programas -abstractos, La discusión se hace así inseparable de la lucha de clases, adquiere toda la violencia de ésta y queda marcada por una huella indeleble de sangre, de presos y de muertos. Si, peor aún, se salda con una derrota -pues por cada revolución victoriosa, cuántas hay derrotadas: la revolución es un largo camino sembrado de derrotas, no una taza de té a las cinco de la tarde-, entonces la discusión política suele convertirse en la búsqueda de responsables y culpables, y toda objetividad, condición primera de la verdad, queda perdida.

La lucha guerrillera, no es preciso repetirlo, fue en sus inicios una sublevación contra la ideología y la práctica reformistas de las viejas direcciones socialistas y comunistas de la izquierda tradicional. Pero al realizar una crítica práctica pero no teórica de este reformismo, dejó abiertas las puertas para que él penetrara en sus filas por otras vías.

Todos los caminos del reformismo, aún los más "radicales", llevan a un mismo punto: la equivocación sobre el carácter de clase del Estado; la creencia en la posibilidad de trasformar --de revolucionar, incluso- el Estado de la burguesía convirtiéndolo en un Estado "revolucionario"; la confusión entre Estado y gobierno; Y la idea de que no es imprescindible destrozar ese Estado y fundar otro sobre nuevas bases sociales proletarias, sino que simplemente basta capturar el gobierno y desde allí cambiar el Estado. Pero la equivocación sobre el Estado no es más que la forma de expresar un error más profundo: la incomprensión y la equivocación sobre la clase obrera, tanto en su dimensión teórica como· en su manifestación concreta en la formación· social dada. 

La ideología guerrillera de los años 60 en América Latina fue también víctima de esta doble confusión, que se expresó en sus programas tanto como en sus alianzas. Llegó a ella idealizando su propia experiencia de ruptura práctica con los viejos reformistas, ruptura en la cual el proletariado les parecía no desempeñar ningún papel y, antes bien, fo veían como adormecido y subordinado a aquellas corrientes reformistas, fueran estas socialistas, comunistas, nacionalistas o sindicalistas. Como fuerza activa de la revolución se les aparecía entonces el campesinado, los pobres entre los pobres, aquellos a quienes el capitalismo no podía "corromper". En la idealización del campesinado estaba implícito todo el contenido moral -en el buen sentido de la palabra- de la sublevación guerrillera contra las descomposiciones paralelas del capitalismo y de los diversos reformismos, promotores de las mil y unas "vías pacíficas al socialismo".

Pero la indignación moral, por justificada que ella sea, y la voluntad de militancia y de sacrificio en el combate, no pueden sustituir a la teoría revolucionaria: tienen que basarse en ella. Pues sin ella, no es posible tampoco basarse en la única clase antagónica al capitalismo y a su Estado: el proletariado, por distante que pueda parecer, en un momento dado, el proletariado concreto de un país determinado, de la comprensión concreta de su papel histórico. Sin este fundamento, la lucha revolucionaria se desvía, se estanca o se paraliza y la moral se decepciona o se descompone. Entonces el Estado, organización burguesa de la violencia y de la conciencia para la extracción del producto excedente mucho más vasta, ramificada y sutil que su núcleo central (el aparato represivo), queda nuevamente dueño del terreno y de las cabezas mismas de los revolucionarios.

La desintegración del guerrillerismo, que fue también la dolorosa dispersión de buena parte de la vanguardia más resuelta y entregada de toda una generación de revolucionarios latinoamericanos, jalona duramente la verdad de estas tesis básicas del análisis marxista.

En realidad, uno de los factores que contribuyó en Cuba (y puede repetirse en otros países) a que la lucha guerrillera sacudiera al conjunto del Estado ha sido la tradición de una lucha similar anterior (Martí y Gaiteras) por la independencia nacional junto con una débil e incompleta formación del Estado burgués, (enmienda Platt, Guantánamo, el sargento Batista como jefe del ejército nacional. .. ) y en consecuencia de la burguesía, y un proletariado aguerrido y relativamente fuerte. También en Nicaragua el Estado burgués nacional se formó tardíamente, con la retirada de los marines en 1934, y tomó la forma "anormal" de la llamada "dinastía somocista", y también allí persiste la tradición de la lucha guerrillera de Sandino contra el imperialismo. Pero una diferencia objetiva con Cuba -fuera de las subjetivas, que hacen tanto a les revolucionarios como a la conciencia adquirida por las clases dominantes- reside en la distinta solidez, tradición anterior y nivel de organización conquistados por la clase obrera, notoriamente superiores en Cuba en la época de la revolución castrista.

Allí donde el Estado nacional se constituyó normalmente en el siglo pasado, la lucha guerrillera, incluso en países con grandes masas campesinas, nunca ha podido superar el estadio de focos locales o movimientos regionales para abarcar el ámbito nacional donde se ejerce la soberanía de ese Estado.

Las guerrillas, no obstante, no se han extinguido totalmente, en la medida en que la crisis del capitalismo radicaliza a nuevos sectores de la pequeña burguesía sin que éstos encuentren la presencia política independiente del proletariado en la sociedad. Pero han declinado notablemente, también en la medida en que ese proletariado, particularmente en el último decenio, hace sentir en forma creciente su presencia social y, sin llegar todavía a constituirse en dirección política, ejerce un creciente poder de atracción sobre la radicalización de la pequeña burguesía.

Hace ya quince años, entre 1963 y 1966, todavía en pleno ascenso de la ideología guerrillera, tuvo lugar el primer intento de "ruptura" desde adentro de esa ideología para asumir un programa proletario. Fue en Guatemala. Del seno de un movimiento guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, surgió una ... tendencia que planteaba el papel del proletariado como fuerza dirigente de la revolución, en alianza con la gran masa campesina del país. (Guatemala era y sigue siendo, estadísticamente, el país más agrario de Centroamérica, con apenas un 36% de población urbana, contra un 50.6% de Nicaragua y un 51 % de Panamá, en el otro extremo).

De este planteamiento surgían dos conclusiones. Una, el programa socialista de la revolución, en vez del programa democráticoburgués como límite infranqueable en esta etapa; destrucción, en consecuencia, del Estado burgués y su sustitución por un Estado de los obreros y campesinos fundado sobre sus propios órganos de autogobierno. La otra, la necesidad de un partido obrero, y no solamente de un movimiento guerrillero, que conquistara la dirección del proletariado y las masas con ese programa y organizara la lucha por él a escala nacional.

Este primer intento se saldó, en 1966, con una derrota muy grave. Pese a los años trascurridos nos parece útil, frente al nuevo curso de la revolución en América Latina en el cual crece y crecerá el papel de la clase obrera, hacer un escueto balance de aquella experiencia en términos marxistas, términos que, estamos convencidos, ninguno de los protagonistas estuvimos en aquel entonces en condiciones de utilizar a fondo en la polémica. Esta tuvo, así, una fuerte carga ideológica y pasional que oscureció completamente, entre la polvareda y el estruendo de las diatribas y las acusaciones, los errores reales y los aciertos reales de un episodio de la lucha de clases cargado de enseñanzas y digno de ser analizado y discutido objetivamente. Es este propósito, y no el de reabrir viejas querellas, el que nos lleva ahora a abordar el tema.

II.-

La clase obrera guatemalteca, a diferencia de aquellos años, es hoy notablemente más numerosa, más organizada y con mayor peso en la economía y en la sociedad. Ella avanza a ocupar el primer plano de las luchas sociales. Importantes huelgas de azucareros, mineros y otros sectores industriales y de servicios, así como el desarrollo en número y en actividad de los sindicatos y de fa central sindical, han marcado todo el año 1977, pese a la continuidad de una represión despiadada que, con pequeños altibajos, dura ya veinticuatro años.

En vísperas de las elecciones presidenciales de marzo de 1978 triunfó una huelga de trabajadores del Estado que luego se generalizó a los sectores de ferroviarios, telegrafistas, postales y médicos internos y residentes. Poco antes habían logrado aumentos los obreros panaderos y los trabajadores de la construcción de un importante proyecto hidroeléctrico. Estas movilizaciones se combinan con la agudización de la crisis interburguesa, cuyo testimonio más visible es la disputa en torno al resultado de las elecciones presidenciales.

La raíz de esta crisis, como la de Nicaragua, como la de otros países de Centroamérica, no está tanto en esas movilizaciones de los trabajadores, que atraviesan sólo sus estadios iniciales, como en las trasformaciones sufridas por la estructura económica del país en los últimos diez años. Junto con cierto crecimiento del sector industrial favorecido por el Mercado Común Centroamericano, se ha desarrollado un nuevo sector del capitalismo agrario ligado a la exportación y a las multinacionales. Este sector entra en conflicto con los terratenientes y burgueses beneficiarios de la estructura de propiedad agraria tradicional en Guatemala, basada en una baja inversión de capitales y una elevadísima explotación de la abundante y barata fuerza de trabajo campesina, que han sido el principal sostén local de la dictadura de Peralta Azurdia en 1963-66 y do 1m candidatura en las últimas elecciones.

Esta combinación de factores -crisis interburguesa, peso de los problemas agrarios, experiencias anteriores de las masas, paulatina reorganización y movilizaciones del proletariado en luchas económicas- anuncian la forma específica que toma en Guatemala la transición hacia la nueva fase de la revolución en América Latina.

Las masas no abandonan nunca del todo sus experiencias históricas. A nivel de esas masas, viejos militantes del período de Arbenz (cerrado con el golpe pro imperialista de junio de 1954), oscuros organizadores obreros, campesinos o maestros milagrosamente escapados a las represiones y las masacres de los veinticuatro años siguientes, han sido el eslabón que contribuyó a trasmitir a las nuevas generaciones de organizadores sindicales las enseñanzas y las tradiciones de aquella época.

A nivel de la vanguardia y de la lucha programática por la organización del partido marxista, nos parece útil rescatar en estas páginas algunos puntos fundamentales de la pequeña experiencia del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre y de su proyecto de revolución socialista. De sus aciertos y de sus errores podrá también sacar enseñanzas la nueva vanguardia revolucionaria y obrera que se está formando en este período en Guatemala.^[1]

III.-

El Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), cuyo principal dirigente fue el comandante Marco Antonio Yon Sosa, en sus orígenes fue, como es sabido, un movimiento guerrillero iniciado por oficiales nacionalistas después del fracaso de su insurrección del 13 de noviembre de 1960, que dio nombre al movimiento. Entre sus fundadores se encontraba uno de los lugartenientes de Jacobo Arbenz, el teniente coronel Augusto Vicente Loarca, muerto en combate a mediados de 1965 en las calles de Guatemala.

Bajo la influencia de la revolución cubana y del campesinado de su país, el movimiento fue radicalizándose progresivamente^[2]. En este proceso, el movimiento hizo una infortunada experiencia de alianza con el PGT, en la cual éste trató de convertir a la guerrilla en un instrumento de presión (el "brazo armado") de su política de alianzas con un sector de la burguesía, bajo la perspectiva de la revolución democrático burguesa como objetivo y de la alianza de clases como medio para alcanzarla. Esta subordinación de la guerrilla a los fines del Partido Comunista se aseguraba mediante diversos tipos de presión, desde el control de los contactos internacionales por la dirección urbana (es decir, por el partido), hasta el control y la dosificación de los abastecimientos a los frentes guerrilleros según su docilidad (o no) a los virajes y las necesidades de la dirección del PGT.^[3]

En esa combinación de radicalización y decepción, que provocaba una constante crisis en su dirección y amenazaba extinguirlo, el MR-13 entró en contacto, a través de uno de sus dirigentes, Francisco Amado Granados, con los trotskistas mexicanos, agrupados entonces mayoritariamente en el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), hoy desaparecido, perteneciente a la tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional (llamada posadista).^[4] A partir de 1963, los trotskistas empezaron a ayudar al MR-13 a romper el cerco de abastecimientos y pertrechos militares a que lo tenían sometido sus aliados del PGT. Fueron -preciso es decirlo, y lo dicen incluso sus adversarios- eficaces, responsables y leales en sus compromisos. La guerrilla encontró los medios para recibir armas, municiones y dinero sin pasar por la "red de apoyo" ·controlada por los reformistas.

Pero esa nunca fue ni dijo ser una simple tarea "solidaria". Desde un principio, se entabló también una continua discusión política entre la dirección del MR-13 y los trotskistas. Sería ingenuo atribuir esto, así como la radicalización del MR-13, a "habilidad" de los trotskistas. Afirmarlo así, es empobrecer terriblemente la imagen de un proceso rico y complejo en sus determinaciones.

En realidad, esa radicalización era un curso que tenía hondas raíces objetivas, tanto en la experiencia vivida por los dirigentes del MR-13 como, sobre todo, en la tradición de 1a revolución guatemalteca misma. Durante el período del presidente Jacobo Arbenz, bruscamente cortado por la contrarrevolución de Castillo Armas y Foster Dulles en 1954, Guatemala había hecho la experiencia más completa y amarga de revolución democrático burguesa frustrada por no desarrollarse en revolución socialista y no destruir a la contrarrevolución burguesa, y de reforma agraria incompleta por no movilizar y armar a las masas campesinas para repartir las tierras y defenderlas. El trágico fin de la revolución guatemalteca en 1954, así como marcó a fondo a uno de los revolucionarios que vivieron esos acontecimientos, Ernesto Che Guevara, y lo preparó para contribuir a llevar hasta el fin socialista la revolución cubana, también quedó grabado en la conciencia de muchos obreros, campesinos, incluso militares guatemaltecos cercanos a Arbenz. Ei resultado contrario de la revolución cubana apenas seis o siete años después, que pudo afirmarse porque no se detuvo a mitad de camino en la etapa democrática, sino que continuó en forma ininterrumpida hasta destruir el Estado de la burguesía y culminar en revolución socialista, fue la otra gran enseñanza complementaria para muchos de esos guatemaltecos. No sólo esta última, sino la combinación de estas dos experiencias, la más dura de ellas· vivida en carne propia, fue lo decisivo para la maduración empírica de sus conciencias.

Allí hay que buscar la explicación de su encuentro con el trotskismo. Ninguna cantidad de "habilidad'' de los trotskistas hubiera servido para hacer aceptar a los militares nacionalistas revolucionarios guatemaltecos el programa de la revolución permanente, si esa experiencia empírica no hubiera estado grabada de antemano en sus cabezas. Por eso fue en Guatemala; no en Colombia o en Venezuela, donde primero apareció la revolución socialista en el programa de un movimiento guerrillero. Puede decirse que fueron los guatemaltecos quienes, impulsados por esas determinaciones no totalmente conscientes de sus experiencias anteriores, buscaron a la corriente del comunismo trotskista. La encontraron a través de una de sus tendencias que, con todas sus virtudes y defectos, como veremos más adelante, era entonces mayoritaria en América Latina y venía de una antigua tradición obrera.

De las discusiones entre esos trotskistas y el MR-13 y de la experiencia de colaboración práctica surgió un acuerdo programático. A fines de 1963, el MR-13 lanzó el programa de la revolución socialista para Guatemala. Esto quiere decir que rompió con la concepción reformista de que es inevitable una etapa histórica previa y extensa: de revolución democrático burguesa, diferenciada de la revolución socialista, antes de pasar a ésta, con una separación tajante entre ambas etapas. La concepción democrático burguesa de la revolución implica el mantenimiento de la estructura del Estado burgués y la introducción de reformas sociales por un gobierno progresista, tipo Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile; es decir, implica la concepción reformista del Estado de que hablábamos al comienzo de este artículo.

El MR-13, en cambio, hizo suya la perspectiva de la ligazón ininterrumpida entre la fase democrática y la fase socialista de la revolución, a través de un proceso de revolución permanente en el cual la primera se radicaliza y, bajo la dirección proletaria, se trasforma y culmina en la segunda. El MR-13 incluía así en su programa objetivo las conclusiones de la trasformación subjetiva que había sufrido su propia dirección, pasando del programa nacionalista democrático al programa socialista, bajo la influencia de su propia experiencia, de aquellas discusiones y de la observación empírica del proceso similar de la revolución cubana, entonces fresco y presente en la mente de todos los revolucionarios latinoamericanos.

Como resultado de ese acuerdo sobre el programa, os trotskistas se integraron en el movimiento guerrillero guatemalteco, al mismo tiempo que uno de los principales dirigentes de éste, Francisco Amado, ingresaba en la IV: Internacional (Buró Latinoamericano). No fue aquella una infiltración" clandestina, sino una integración abierta acordada con la dirección del MR-13. Inútil volver a explicar lo que cualquier revolucionario entiende en las condiciones de Guatemala: que ese ingreso no podía ser publicado en los periódicos y debía permanecer reservado a los marcos de la organización

Lo que en cambio fue publicado y propagandizado fue el programa socialista adoptado por el MR-13. Así fue como el movimiento guerrillero guatemalteco fue el primero --después de los trotskistas--- que proclamo clara y abiertamente el carácter socialista de la revolución latinoamericana, haciendo explícito lo que estaba implícito en la experiencia de Cuba, aunque contradecía el dogma democrático heredado de los Partidos Comunistas y sus aliados.^[5]

El paso dado por el MR-13 fue un momento importante de la batalla programática en toda América Latina. Así lo recibieron movimientos y militantes de otros países. Sus ecos se registraron en el curso de 1965, con mayor o menor profundidad, en Venezuela (un sector de las FALN), en Perú (el MIR de Luis de la Puente Uceda), en Uruguay (Raúl Sendic), en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil e incluso en Estados Unidos. Podemos afirmar, sin temor a error, que llegaron hasta el último documento del Che Guevara en 1967, en una frase que luego dio la vuelta al mundo: “O revolución socialista, o caricatura de revolución”. Era la brecha, abierta por el MR-13.

IV.-

Pero el acuerdo programático constituía sólo el paso inicial de una vasta tarea. Para los trotskistas era evidente que no bastaba la aprobación de un programa para romper el cerco político del reformismo. Tenían mucho menos ilusiones que los revolucionarios del MR-13 en las virtudes mágicas de la proclamación de un programa socialista.

Un programa sin un partido que lo lleve a la práctica y cuya organización y educación corresponda precisamente a los fines y a los métodos de ese programa, no es más que una declaración intelectual de buenos deseos. Era necesario avanzar de movimiento guerrillero a partido obrero, y al mismo tiempo mantener la lucha armada. Estos objetivos, también explícitamente discutidos y acordados con la dirección del MR-13, marcaron la etapa subsiguiente.

No se trataba de construir un partido desde cero, a partir de un grupo de propaganda. Se trataba de la autotransformación de un movimiento existente, sobre la base del programa socialista, en medio de una lucha armada sin cuartel contra la dictadura militar de Peralta Azurdia. Esto obligaba a los trotskistas a ayudar al MR-13 con cuadros experimentados y, al mismo tiempo, a ganar la confianza de los dirigentes y militantes del movimiento hacia esos cuadros, que era la vía práctica a través de la cual ellos iban a medir al trotskismo.

Contra lo que afirmaron después algunos periodistas y narradores superficiales, Yon Sosa no era ningún ingenuo bonachón a quien convencían las palabras bonitas. Tenía la astucia y la inteligencia pragmática de los campesinos cuyo dirigente era, medía a los hombres por sus actos y no por sus discursos y los observaba larga y desconfiadamente antes de otorgarles su confianza (a diferencia de Turcios, más joven e impulsivo, menos reflexivo). Con ese criterio, sin decir palabra, iba juzgando a quienes llegaban a la guerrilla. Quien ha escrito lo contrario, no ha hecho más que ofender gratuitamente su memoria.

Así se incorporaron a la guerrilla guatemalteca, entre 1963 y 1965, por lo menos cinco dirigentes del trotskismo mexicano y algunos otros militantes en tareas de apoyo, además de los trotskistas de Guatemala. De tres de ellos —han muerto— conozco los nombres y puedo consignarlos aquí: David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Felipe Galván. El POR de México tuvo que formar, en consecuencia, prácticamente una nueva dirección central de cuadros jóvenes para sustituir a los que había enviado a combatir a Guatemala. Cualesquiera hayan sido sus errores y su desintegración posterior como partido, algo dice de la educación militante de un pequeño movimiento el que haya aceptado semejante sangría en nombre de una tarea internacional.

Pero a esos militantes no les valían sus títulos en México.

Tenían que ganarse su autoridad sobre el terreno, como organizadores y como combatientes (ni más ni menos, para tomar un ejemplo clásico, como se la ganó el Che en las guerrillas de Cuba). Los trotskistas participaron, pues, en el abastecimiento de armas y pertrechos, en las tareas de propaganda, en las acciones armadas y en las más modestas, pero no menos importantes de cortar leña e ir por agua en la montaña o de manejar el mimeógrafo, hacer la comida, o repartir volantes en la ciudad. Así, con la responsabilidad expresa de ser los primeros en la acción y el esfuerzo y los últimos el el reparto de alimentos o de ropa, ganaron la confianza de Yon Sosa y de sus compañeros por la sola vía posible: no la palabra florida, sino la acción práctica y el ejemplo militante, única prueba veraz de la teoría. Ese comportamiento severo y austero, normal en un militante comunista, más todavía en la lucha clandestina cuya tradición se remonta a la III Internacional de los años 20, servía además para educar a un movimiento cuyos hábitos no venían de la clase obrera sino de su origen pequeñoburgués radical.

A la dictadura no la pueden derribar las solas acciones guerrilleras. La puede conmover, descomponer y finalmente tumbar la movilización social de las masas. Al ejército no lo disuelve la guerrilla o la ejecución de uno o diez de sus jefes, a quienes de inmediato. sustituye con otros (cosa que no puede hacer la guerrilla cuando matan a los suyos). Lo puede desintegrar la influencia de las movilizaciones sociales sobre los soldados y suboficiales. Las acciones guerrilleras no pueden reemplazar a esas movilizaciones. Su función es estimularlas o apoyarlas. facilitar las condiciones para que se organicen. Pero, a su vez, esas movilizaciones se disuelven en el aire si no tienen a su frente un partido revolucionario, arraigado en las masas, que las pueda organizar en objetivos políticos contra la dictadura y darles un programa y una perspectiva. Esta serie de verdades elementales de la lucha de clases y de la concepción marxista de la organización, vívidamente ejemplificadas en la experiencia vietnamita, se discutieron en el MR-13 antes que en cualquier movimiento guerrillero latinoamericano de esa etapa. Quedaron incorporadas a sus documentos públicos e internos donde se explica la necesidad de construir el partido.

Había que organizar ese partido en el seno de los trabajadores, partiendo de lo que ya era como organización el propio MR-13. Había que pasar de la concepción casi puramente militarista del pasado a la concepción marxista proletaria de la revolución. Esto significaba comprender la realidad social del país, formular consignas transitorias adecuadas, organizar células obreras y comités campesinos (forzosamente clandestinos en las condiciones terribles de la dictadura), favorecer la discusión política y la formación política de los militantes en torno a sus problemas concretos, educarlos en una severa disciplina militante que abarcara en una sola unidad vida política y vida "privada", editar un periódico central que llevara a la población las ideas, las propuestas, los análisis políticos y las acciones del movimiento guerrillero, formar un equipo de redactores y corresponsales de ese periódico, asegurar su circulación en los lugares de trabajo de la ciudad y en las zonas de influencia campesina del movimiento. Como la experiencia lo mostró todo esto era el paso. más difícil, aquel en que aparecerían a plena luz los errores, los esquematismos, las insuficiencias de tinos y otros, y en particular de los trotskistas. 

Ese paso se inició con una medida concreta: la publicación del periódico "Revolución Socialista" a partir de la mitad de 1964, primero mensual, luego quincenal, del cual alcanzaron a salir veinte números. No era un órgano de difusión de las acciones armadas o de simple denuncia de la dictadura. Esto se hacía sobre todo en volantes. Era un instrumento de formación y discusión, un orientador político, un "organizador colectivo" del partido. Imperfecto, con errores políticos, unos superados progresivamente, otros no, muy bien hecho técnicamente, sus dieciséis pequeñas páginas se centraban en el análisis internacional y nacional y en los problemas de organización del movimiento' obrero y campesino. "Revolución Socialista", mientras apareció, se convirtió en el centro político de los órganos de base en formación -obreros, campesinos, estudiantiles- del MR-13, y en su lazo más amplio con los sectores de la población influidos por fas acciones de la guerrilla.

En aquellos organismos -comités campesinos en las aldeas, patrullas de la guerrilla, células obreras y estudiantiles en la ciudad- "Revolución Socialista" era leído 'y discutido colectivamente, como material de información y de formación y como requisito para que los militantes del movimiento pudieran a su vez discutir su contenido en sus sectores de trabajo e intervenir en la formulación de la política del MR-13. El periódico llego a circular en la ciudad, en sectores de trabajadores electricistas; ferroviarios, telegrafistas; camioneros, de la salud y en el movimiento estudiantil; así como en el trabajo barrial. Posiblemente llegó a otros sectores también, pero no podernos asegurarlo. A fines de 1965 o comienzos de 1966, había penetrado en ingenios azucareros.

Los progresos políticos del movimiento tuvieron una afirmación decisiva en la· Conferencia de la Sierra de las Minas, realizada en el campamento Las Orquídeas, en diciembre de 1964. Allí se aprobó la Declaración de la Sierra de las Minas, que se convirtió en el programa central del MR-13. Regís Debray^[6] y algunos otros han dado versiones fantásticas de tercera mano, de esa reunión. Lo que habrían debido hacer, en cambio, es discutir el contenido y el significado del programa allí aprobado. Ni él ni sus amigos lo han hecho. En esa discusión podría verse que, en medio de muchos límites de esquematismo y falta de profundización de la realidad, ese programa era el único; en ese momento, que aparecía trazando una perspectiva socialista para la revolución guatemalteca y proponiendo las vías, las formas organizativas de masas y las consignas de lucha intermedias para alcanzar aquel objetivo. Su elaboración fue producto de fa discusión y la experiencia del movimiento, incluidas las pocas ideas contenidas en un documento que a esa misma conferencia presentó el Frente Guerrillero Édgar Ibarra, encabezado por Luis A. Turcios Lima. En todo eso radica, aún con todas sus limitaciones, su, valor perdurable en la lucha de clases guatemalteca y en el movimiento guerrillero latinoamericano, así como el eco que tuvo en otros movimientos más allá de las fronteras de Guatemala. Todo el año siguiente fue, para el MR-13, principalmente la implementación de las resoluciones y del programa de esa conferencia.^[7] 

V.-

Esta evolución de un sector importante de la guerrilla guatemalteca —que de un modo u otro influía también a los otros sectores, y en especial a las FAR de Turcios, el cual se había separado del MR-13 en febrero de 1965 pero sin haber roto jamás del todo sus viejos lazos con él— llevaba inevitablemente a un conflicto programático de envergadura y consecuencias que trotskistas y no trotskistas no alcanzaban, posiblemente, a imaginar. Ciertamente no lo imaginábamos nosotros, envueltos en el optimismo acrítico y la exaltación guerrillera.

Esa lucha programática estaba lejos de las formas educadas de los debates académicos. Se desarrollaba bajo la feroz represión de la dictadura y pagaba el precio de la clandestinidad y del atraso político del conjunto del movimiento revolucionario guatemalteco, que agudizaban el sectarismo y el ultimatismo en unos y otros.

Ella se combinó con un viraje acentuado de la situación mundial, que los trotskistas del Buró Latinoamericano fuimos totalmente incapaces de medir y comprender. El golpe de marzo de 1964 en Brasil ya lo anunciaba. El año 1965 fue testigo de una ofensiva del imperialismo norteamericano: los incidentes del golfo de Tonkín y la invasión de Vietnam del Norte a principios de año, la invasión a la República Dominicana, la caída de Nkrumáh en Ghana y —parcialmente distinta-— la de Ben Bella en Argelia, la terrible y profundísima derrota de la revolución en Indonesia a comienzos de octubre, la muerte de Luis de la Puente Uceda y la derrota de las incipientes guerrillas peruanas —cercanas a las posiciones del MR-13— en octubre de 1965. Esta ofensiva iba a culminar en 1967 en la guerra de Israel contra Egipto y, en América Latina, en las masacres mineras en Bolivia que preludiaron el exterminio de la guerrilla del Che.

Ese curso fue después progresivamente quebrado entre la ofensiva del Tet en Vietnam en enero de 1968, las grandes luchas del proletariado europeo a partir del mayo francés de 1968, la victoria definitiva de Vietnam entre 1973 y 1975 y la recesión generalizada de las economías imperialistas entre 1974 y 1976. Pero en 1965 estaba todavía ascendiendo, y se cernía sobre Guatemala anunciando las derrotas que amenazaban a las guerrillas y que se hicieron reales a partir de 1966-67.

En estas condiciones tuvo lugar la lucha entre el programa de la revolución permanente y el programa de la revolución por etapas, lucha que en realidad se dio y se resolvió en los hechos, más que en las palabras y en los documentos.

Ella fue agravada por un acontecimiento interno que, a su modo, era también un reflejo de ese curso de la revolución en el mundo. En octubre de 1965, Fidel Castro anunció la salida del Che de Cuba. Esta salida era, indiscutiblemente, una derrota del ala izquierda de la revolución cubana (sin que significara, por eso, un triunfo de su ala derecha, ya golpeada en la época de Escalante). Significaba que la dirección cubana se alejaría progresivamente de su política de extensión de la revolución en América Latina. Sin duda, no sólo las dificultades de Cuba y la situación internacional tuvieron un papel importante en estas decisiones, sino también, en forma determinante, la presión de la burocracia soviética en pleno auge de su política de "coexistencia pacífica". La Conferencia Tricontinental fue sólo una cobertura "de izquierda," para este viraje, que se haría mucho más evidente para todo el mundo a partir de 1967. Un síntoma inconfundible del significado de esta conferencia fue no sólo el peso del reformismo en sus delegaciones, sino sobre todo el ataque de Fidel Castro al programa de la revolución permanente y a los trotskistas del MR-13 en su discurso de clausura. Lanzado desde esa tribuna. y por el dirigente de la revolución cubana, este ataque tuvo consecuencias terribles para el MR-13.^[8]

El MR-13 se vio atrapado entre dos fuegos. La lucha por el programa se convirtió, bruscamente, en un combate por la supervivencia. El último episodio, tal vez, de aquella lucha fue la toma de posición frente a la candidatura de Mario Méndez Montenegro a la presidencia de Guatemala. El MR-13, fiel a su programa, llamó a boicotear la farsa electoral y a anular el voto con un "13" o con una consigna de apoyo a las guerrillas. Su posición --confirmada con creces por los hechos- era que Méndez Montenegro establecería una dictadura tanto o más feroz que la de Peralta Azurdia y que los revolucionarios no tenían por qué apoyar a un sector, de la burguesía contra el otro ni legitimar esas elecciones fraudulentas. El PGT y las FAR, también siguiendo su concepción de revolución democrático burguesa, llamaron en cambio a votar por Méndez Montenegro para favorecer, supuestamente, un cambio democrático en el Estado. En vísperas de la elección, anunciando los días terribles que vendrían, el ejército apresó, torturó y asesinó a veintiocho dirigentes y militantes del MR-13, el PGT y las FAR, arrojando luego sus cadáveres al mar. En la masacre perecieron Francisco Amado, Eunice Campirán (su compañero David Aguílar había sido asesinado en diciembre· de 1965), Iris Yon y toda la dirección trotskista de la ciudad de Guatemala.

La liquidación física del principal dirigente trotskista guatemalteco, Francisco Amado, precipitó los acontecimientos. En abril la represión se abatió sobre los trotskistas de México y, en pocos meses, toda su dirección fue a la cárcel, donde pasaría varios años. En la primera represión^[9], la policía se apoderó de una cantidad de dinero guatemalteco. No nos interesa ahora entrar en la ola de mentiras y calumnias antítrotskistas, algunas cínicas y otras irresponsables, que este hecho desencadenó. Bástenos registrar que en el proceso campesino realizado con motivo de esas acusaciones en las montañas de Guatemala, en presencia de Yon Sosa, los trotskistas supervivientes en la guerrilla pudieron demostrar sin lugar a equívoco que eran falsas todas las acusaciones de robo de dinero a las guerrillas y que, más bien, ellos habían contribuido, a asegurar más de una vez  que éstas dispusieran de fondos y de medios de lucha. El proceso duró ocho días y los trotskistas fueron declarados inocentes de esos cargos por los campesinos presentes. Se les pidió, no obstante, a los mexicanos que abandonaran la guerrilla y regresaran a su país, para evitar nuevos conflictos con cubanos y soviéticos que, al parecer, exigían la salida de los trotskistas del MR-13; y se les devolvieron sus armas (que les habían quitado al inicio del proceso) . Este solo gesto, devolverles sus armas, debería bastar para ilustrar el resultado de ese proceso a quienes entienden algo de psicología y de principios de las guerrillas. Ultimo gesto, entre curioso y trágico: antes de partir, Yon Sosa les pidió que lo ayudaran a redactar una declaración del MR-13 sobre la situación política post-electoral. Discutieron con él y así lo hicieron entre todos. Nunca después, a nuestro conocimiento, hasta su asesinato en junio de 1970, Marco Antonio Yon Sosa atacó o hizo campaña política contra los trotskistas.^[10]

Nada de esto quita el profundo retroceso político que significó la salida de los trotskistas de la guerrilla guatemalteca, así corno la muerte de sus principales cuadros en la ciudad. El MR-13, aunque declaró que seguiría defendiendo el programa socialista, no se recuperó del golpe, y se fue extinguiendo hasta la muerte de su jefe' cuatro años después.

VI.-

Las derrotas, sin embargo, no pueden explicarse simplemente por la maldad del enemigo o por las disputas y divisiones del movimiento. La unidad por sí sola, sin Una política correcta, no es garantía suficiente del éxito. Contra lo que dice una consigna tan vacía como engañadora, una y otra vez el pueblo unido ha sido vencido a causa de la política desastrosa de sus dirigentes.

Si uña necesidad tenemos en el movimiento revolucionario latinoamericano, es la de hacer la crítica de nuestros errores, como condición previa para criticar los que veamos en los demás. Es un método equivocado el que consiste en decir que mientras los demás no reconozcan los suyos, uno no reconocerá los propios. La autocrítica no es para dar satisfacción al adversario político o para que éste tenga el gusto de decir: “teníamos razón”. En general, los que buscan sólo tener razón en todo momento antes que hacer progresar objetivamente los intereses y el frente de clase del proletariado, no valen gran cosa como organizadores revolucionarios. En cambio, para favorecer ese progreso y para intervenir en él es una contribución indispensable el análisis crítico de los propios errores y; sobre todo, del método que los engendró. Pocas de las muchas autocríticas en circulación alcanzan a cumplir este último requisito.

Seguimos creyendo que el objetivo central planteado por J los trotskistas en Guatemala —programa socialista, partido obrero marxista a partir de la lucha guerrillera en curso y de sus objetivos agrarios y antimperialistas— era esencialmente correcto. Fue la contribución principal del movimiento trotskista en Guatemala a la revolución latinoamericana y al conjunto de los movimientos guerrilleros que en ese momento atravesaban una crisis —que luego demostró ser i fatal— proveniente de la contradicción entre sus métodos radicales de lucha y el contenido democrático-burgués de su programa.

En cambio, la misma magnitud del objetivo agigantó los efectos de los errores políticos de la tendencia trotskista que intentó llevarlo adelante, la del Buró Latinoamericano (po-sadista). Esos errores, cuyos resultados fueron catastróficos, estaban todos ligados a una concepción esencialmente subjetiva de la revolución, separada del análisis de las bases económicas de la sociedad en general y de la formación social dada en particular. Esta concepción terminaba por convertir a la revolución mundial en una entidad mítica, que explicaba todo y resolvía todo, fuente permanente de estímulos y de victorias cualesquiera fueran las situaciones específicas locales. Esta visión se complementaba con la postulación de un proletariado nacional igualmente mítico, que* terminaba por ignorar las determinaciones concretas del proletariado real del país, aunque hiciera ciertos esfuerzos para comprenderlas. No eran los esfuerzos concretos de · 1os militantes trotskistas en la clase obrera de Guatemala, que no faltaron los que fallaban para explicar la realidad, sino la teoría Idealista y subjetiva que estaba debajo de ellos e impedía generalizar correctamente las· comprobaciones de la experiencia empírica.^[11]

A la idealización de la función del campesinado, e incluso de los indígenas, en la revolución, que distinguía a otras tendencias del movimiento revolucionario guatemalteco; o a la idealización de las posibilidades de presión sobre la burguesía, de alianza con la supuesta "burguesía democrática" y de establecimiento de una democracia burguesa en Guatemala, que distinguía a las diversas tendencias del reformismo; el MR-13 y los trotskistas respondían con una idealización del papel concreto e inmediato -no de la función histórica, que es otra cosa- de la clase obrera guatemalteca. La discusión tomaba, entonces, un carácter marcadamente ideológico.

Había una separación insalvable entré la afirmación teórica de la función de la clase obrera en la revolución socialista, que los trotskistas querían llevar inmediatamente y sin mediaciones a la realidad, y el curso real de los acontecimientos en el país y en América Latina, donde algunas de las condiciones que aquéllos daban por realizadas ya entonces sólo comenzarían a presentarse diez años después. Esto no significa que el programa era equivocado o que ninguna lucha por él era posible, sino que era precisa una táctica concreta completamente diferente, infinitamente más apegada a la realidad; para poder llevarlo adelante. Esa separación, como un abismo, se tragó entera en ese lapso de años a la tendencia posadista en toda América Latina.

Dicho subjetivismo político se expresó, fundamentalmente, en los siguientes errores: 1) Falsa apreciación de la situación internacional, que impedía ver la ofensiva imperialista y su próxima proyección sobre Guatemala, y en consecuencia preparar al movimiento para ella. 2) Esquematismo en la comprensión de las fuerzas sociales y de la estructura económica del país, y en consecuencia, falso cálculo de los plazos y de la relación de fuerzas real entre, el movimiento revolucionario y el Estado, entre el campesinado y la represión militar y entre el proletariado, la burguesía y el imperialismo. 3) Como resultado, acentuación del voluntarismo organizativo y subestimación del enemigo (error compartido por todas las tendencias del movimiento guerrillero de entonces). 4) Particularmente a fines de 1965, bajo la presión del propio Posadas, curso más y más sectario emprendido por los trotskistas de Guatemala, buscando acelerar el proceso interior del MR-13 y violentando en la práctica el ritmo y la lógica según los cuales, se desarrollaba la comprensión socialista y marxista de sus dirigentes y cuadros.

En estos errores de cuatro tipos: subjetivos, vanguardistas, sectarios y burocráticos, se mezclaban las inclinaciones provenientes de los trotskistas con las originarias del propio MR-13. No eran tales errores, preciso es recordarlo, un monopolio de esas tendencias. Bajo formas y en combinaciones diferentes, estuvieron presentes en todos los movimientos guerrilleros, incluida la tentativa del Che en Bolivia en 1967. Aparecieron tanto entre quienes sostenían el programa socialista como entre quienes proponían el programa democrático. No eran, pues, un producto del programa: en otra parte hay que buscar su origen.

Creemos que podemos reducirlos a un común denominador: desconocimiento; teórico o práctico, del papel de la clase obrera en la revolución; sustitución, por lo tanto, de la clase real por su imagen mítica o por la acción de las vanguardias; incapacidad, en consecuencia, de organizar. a la clase y a sus luchas a su nivel real y, a partir de allí, elevar éste mediante la experiencia hasta el programa histórico.

Esto es mucho. más fácil de detectar en los movimientos de origen guerrillero: está presente directamente en su concepción militarista de la lucha que subordina el programa a las normas' organizativas, y se expresa en forma nítida en la teoría del “foco”.

Se presenta más mediado, en cambio, en el caso de los trotskistas, porque éstos aparecen defendiendo el programa histórico del proletariado, el programa de la revolución socialista, y la necesidad de partido obrero para llevarlo adelante. Pero entre la teoría y la historia, entre el programa y los niveles reales de conciencia y de organización de la clase que es su portadora en la historia, hay una distancia que es el partido marxista quien debe saber franquear. En el caso concreto de Guatemala, los trotskistas no supieron ni comprendieron cómo organizar esa transición. Y sin embargo, en esta tarea se resume, en definitiva, el arte de la dirección revolucionaria.

En los trotskistas del Buró Latinoamericano, este distanciamiento entre sus proposiciones y la realidad de la clase obrera y el campesinado dados —distanciamiento que, repetimos, no, era sólo monopolio de ellos— tomaba tintes incluso trágicos. Los rasgos que les habían permitido ligarse a los revolucionarios guatemaltecos y les habían ganado su confianza, en los cuales se basaba su autoridad moral indiscutida, eran rasgos propios de una tendencia formada en el seno de la clase obrera latinoamericana, en sus (luchas, sus huelgas, sus sindicatos. La experiencia organizativa que trasmitían, invalorable para el MR-13, tenía el mismo origen. La certidumbre de su programa, confirmada por la experiencia negativa anterior de los guatemaltecos, también. Pero ninguno de esos rasgos empíricos, corno tampoco la afirmación general de un programa correcto, alcanzaba a compensar sus errores teóricos y a traducir, en consecuencia, ese programa en la realidad.

Sin una fundamentación teórica correcta, la relación empírica con la clase obrera, por determinante que ella pueda parecer a quienes la viven, no basta para comprender a la clase real. Y la ausencia de esa comprensión, que se expresa en la política concreta, no puede ser sustituida por declaraciones “proletarias” o por invocaciones a las experiencias pasadas o presentes en el seno de la clase. El desconocimiento de esta verdad elemental del marxismo —y, en general, del conocimiento científico— está en la raíz de ésta y de otras derrotas — y no sólo de las de esta tendencia del trotskismo.

Precisamente por esto, creemos que las enseñanzas que se desprenden de esta derrota en Guatemala trascienden ampliamente los límites de la tendencia que la vivió y pueden ser útiles, si se interpretan correctamente, para el movimiento revolucionario latinoamericano y sus tareas futuras.

La presencia activa de la clase obrera es hoy mucho' más visible y evidente en el conjunto de América Latina, en Centroamérica e incluso en Guatemala. Esa presencia plantea en nuevos términos, pero no los resuelve, los antiguos problemas: programa socialista de la revolución, partido revolucionario de la clase obrera, ruptura de ésta con las ideologías burguesas y con el Estado, alianza obrera y campesina.

Creemos que para responder a ellos, es necesaria la discusión crítica de las experiencias anteriores de la revolución latinoamericana, el balance de fracasos y aciertos sin detenerse en consideraciones de prestigio personal o partidario, y la contribución política de los revolucionarios formados en esas experiencias, una buena parte de los cuales ha pasado, en un momento u otro, por distintas tendencias del movimiento guerrillero latinoamericano.

El partido marxista no puede construirse sin hacer confluir esas experiencias, decantadas críticamente, con las que vienen del movimiento sindical obrero, y también campesino, de estos países. Todas ellas son parte de la larga, dura y difícil acumulación originaria de fuerzas de la revolución latinoamericana. Por eso son imprescindibles para fundamentar su porvenir.

Marzo 1978

^[1] Tanto por método de exposición como por falta de información suficiente para emitir juicios, nos abstenemos en este artículo de analizar la política de las organizaciones obreras y revolucionarias que intervienen actualmente en las luchas políticas guatemaltecas, en particular el Partido Guatemalteco del Trabajo · (PGT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

^[2] En un trabajo de 1965, hemos descrito esta evolución: Adolfo Gilly, El movimiento guerrillero en Guatemala, en "Monthly Review", núm. 22/23, junio de 1965, Buenos Aires, Argentina. Sobre esta evolución del MR-13, ver en dicho folleto las entrevistas a Marco Antonio Sosa y Francisco Amado Granados.

^[3] Una visión reaccionaria de la desmoralización a que pueden llevar a militantes individuales tanto estos métodos como la falta de programa y de política que ellos encubren, la da el libro el cuentos de Marco Antonio Flores Los compañeros, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1976.

^[4] Salvo indicación en contrario, cuando en lo sucesivo nos refiramos al trotskismo o a los trotskistas, damos por entendido que se trata de esta tendencia específica de la IV Internacional, que fue la que participó en el movimiento guerrillero guatemalteco.

^[5] Fue sobre todo esta ruptura programática capital con el reformismo lo que llevó a los editores de "Monthly Review", Leo Huberman y Paul Sweezy, a dar cabida en su revista a las crónicas del movimiento guerrillero guatemalteco…. Así lo manifestaron expresamente en el editorial titulado “Breakthrough in Guatemala” (Brecha abierta en Guatemala, en la edición en castellano) con el cual presentaban dichas crónicas en abril de 1965

^[6] 6 Ver Regis Debray, Las pruebas de fuego, tomó 2, Siglo XXI, México, 1975

^[7] Asistieron a la conferencia como· delegados por el Frente Guerrillero Edgar Ibarra: Turcios, Socorro, Pascual, Efigenio; por el Frente Alejandro de León: Yon, Sosa, Evaristo, Ismael, Tamagaz, Monte y César; por el Frente Urbano: Amado, Loarca; David Aguilar y el autor de este artículo. Socorro fue el guerrillero que murió junto con Yon Sosa, en territorio mexicano en 1970, a manos de una patrulla militar. De los catorce que recordamos y mencionamos, once, al menos, han muerto en combate. La Declaración- de la Sierra de las Minas fue publicada en "Revolución Socialista", número 8, enero 1965, Guatemala, Centroamérica.

^[8] Estamos convencidos de que ese ataque no obedeció a ninguna causa anecdótica particular, sino sobre todo al viraje en la política cubana marcado por la salida del Che. Pero es preciso recordar, por otro lado, que fue precedido por una toma de posición prepotente, atrozmente subjetiva y calumniosa de J. Posadas a fines de 1965, acusando a Fidel Castro de encubrir el supuesto asesinato del Che en Cuba. Esta actitud, a la vez criminal y suicida, de un político cada vez más alejado de la realidad, precipitó todos los peligros que ya se cernían sobre el MR-13 y los trotskistas guatemaltecos. El autor de este articulo tomó en ese entonces, desde Guatemala misma, una posición diferente, dando una explicación política de la renuncia del Che, que en esencia es la que repetimos ahora. Ella fue publicada en "Mondo Nuovo" de Italia y en "Marcha" de Montevideo, y allí está registrada. Sin embargo, por disciplina partidaria mal entendida, no sostuvo después su posición y se sometió a la línea oficial de su tendencia, la de J. Posadas. Comparte, por lo tanto, la plena. responsabilidad por esos desatinos políticos, que indicaban ya la progresiva descomposición política y moral de J. Posadas. Nada de esto alcanzamos a comprender en aquel tiempo.

^[9] En dicha ocasión fue apresado el autor de este artículo. Salió de la cárcel de Lecumberri seis años después, en marzo de 1972.

^[10] Regis Debray, en Las pruebas de fuego, da una versión falsa y, en partes, voluntariamente equívoca, sobre estos acontecimientos. No se atreve ya a sostener abiertamente la versión del “robo de fondos a la guerrilla” por parte de los trotskistas. Pero falsea tanto el desarrollo como el resultado del proceso en la montaña y deja, según su costumbre, planear la duda, la insinuación y la desconfianza. Allá él: no nos interesa polemizar, en estos momentos, con quien pasó de supuesto teórico de la lucha armada a asesor efectivo de Francois Mitterrand. Los libros tienen su destino, y los autores de los libros también.

^[11] Esta concepción llevó a esta tendencia a un creciente aislamiento de la realidad y a responder a los golpes que por ello recibía en todas partes con una exacerbación de sus propios rasgos voluntaristas. La derrota de Guatemala aceleró ese proceso y el cambio de la situación mundial, a partir de 1968-69, para el cual no estaba ni lejanamente preparada, lo completó. Fue cuestión de unos años más el que esta corriente, pese a haber contado con un número notable de cuadros probados, templados y educados en el seno de la clase obrera, entrara en un proceso de disgregación organizativa irreversible. La teoría es implacable con quienes creen que pueden pasar impunemente por encima de ella. En otros documentos, algunos de los militantes provenientes de dicha tendencia hemos hecho el balance autocrítico de ese proceso, que no es el caso retomar aquí: ver, en especial, Balance crítico de la ex-tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional, en "Boletín Marxista", Génova, Italia, número 8, abril 1977.

Por Alejandro del Aguila

La propuesta del Estado Plurinacional impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) contempla la creación de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, para llevar a cabo esta magna tarea de transformación de la realidad social y política de Guatemala. Si bien existe otras propuestas similares como la de Wakíb Quej y la del Consejo de Pueblos de Occidente, en este trabajo nos centramos en la primera organización, porque a nuestro entender, es la que más establece una visión revolucionaria de cambio social.

En este capítulo se enfoca en los elementos epistemológicos y metodológicos, pues en el caso de lo primero se abordará desde el punto de vista de que el objeto de conocimiento parte de la construcción de un sujeto en construcción, el sujeto plurinacional, como ente depositario del proceso revolucionario impulsado por CODECA. En el caso de lo metodológico, se parte de la misma premisa, el objeto a conocer está vinculado a un sujeto en movimiento y a partir de ahí consideramos que una categoría como totalidad concreta pensada por el filósofo marxista checo Karen Kosic, puede ayudar en esta actividad comprensiva ((Kosic, 1969, Pág. 16).

La totalidad concreta ayuda a establecer que se parte de la unidad material de la sociedad, pero que tal unidad no existe per se fuera de la actividad de los sujetos, sino en el movimiento mismo que estos le impregnan. También en el hecho de que debemos sobre pasar los fenómenos visibles, lo que Kosic denominó la seudo concreción, para encontrar las relaciones fundantes de los hechos. Ojo no se pretende con este abordaje procedente del materialismo filosófico dialéctico abarcar la multiplicidad de los objetos y hechos sociales lo cual es imposible, sino los elementos esenciales que generan esa variedad  (Kosic, 1969, Pág 39).

Por ende, considerando que en la propuesta de CODECA en su carácter revolucionaria, cuestiona la esencia misma de la formación económica y social y del modelo de dominación: el Estado liberal oligárquico.  Planteando aunque es un pendiente a desarrollar al sujeto plurinacional popular, el ente que le corresponde  llevar a cabo esta transformación por medio de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. De ahí que las siguientes líneas esbozarán los elementos empíricos constituidos históricamente de ese marco de dominación actual, los fenómenos que arman la totalidad social actual.

Este capítulo se dividirá en cuatro partes a saber:

a) La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (ACPP) y el quiebre con el dualismo colonial que subyace en la en la configuración del Estado capitalista actual.

b) La naturaleza rupturista con la visión lineal positivista y por ende como superación de ese colonialidad dependiente de los centros imperialistas.

c) El modelo contrahegemónico de uno nuevo bloque de clase popular y revolucionario.

d) Y el aparecimiento de nuevo sujeto plurinacional con sus características populares (por ende de clase proletaria) pero a la vez interétnico e intercultural.

A continuación se desarrollará estos cuatros elementos en el presente capítulo,  con el objeto de darle rigurosidad epistémica-metodológica para esta tesis y mostrar como la propuesta de ACPP adquiere una necesidad real para los derroteros de transformación social, con una base científica.

La ACPP y la quiebre con el dualismo colonial

Partimos del punto que el Estado guatemalteco se conformó para garantizar los intereses de una élite que se volvió hegemónica a partir de las reformas liberal de 1871 y que en la historiografía oficial fue considerada como una revolución. Este movimiento fue protagonizado por sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia criolla que en su conversión en burguesía a partir de la explotación cafetalera, realizan  por medio de la confiscación de tierras propiedad del clero católico y de las comunidades indígenas, acelerando la acumulación capitalista y asignándole a Guatemala un lugar en la División Internacional del Trabajo.

Hay que recordar que el régimen político conservador fue continuador del modelo económico colonial,  manteniendo los ejidos comunitarios lo que en la colonial se denominó como Pueblos de Indios. De hecho, el gobierno de Rafael Carrera se caracterizó por un estilo de gobierno caudillista, mediando entre los intereses de la aristócrata de procedencia hacendaria y comercial, campesinos mestizos sobre todo de oriente y los principales indígenas del altiplano.

Así, mucha de estas tierras fueron apropiadas con la venia de los nuevos gobiernos liberales (Manuel García-Granados pero sobre todo Justo Rufino Barrios)  por medio de la violencia aunque amparada en una nueva legislación, lo que en los Pueblos Mayas identificaron con razón como una forma de despojo,  porque la apropiación de tierras  fue acompañado de  la conversión de población campesina y comunitaria,  en trabajo forzado o semiasalariado por medio del peonaje de dueñas, en las fincas de café, producto con que Guatemala se insertó en en el mercado internacional. No todas las tierras fueron totalmente expropiadas, otras las mismas comunidades pudieron comprarla por medio de títulos obtenidos en el período colonial y otras quedaron en manos de las municipalidades ladinas, donde la población campesina tuvo que trabajarla en usufructo  (Cardenal, 2000, Pág. 283).

De esa forma, se fue creando un Estado que bajo la figura de una forma liberal (división de poderes,  marco constitucional de derecho, elecciones limitadas para las asambleas legislativas) en los hechos fue una serie de dictaduras que no finalizaron sino hasta la revolución democrática burguesa de 1944, siendo el Ejército el poder fundamental formado tras 1871, donde descansaron. Este fue fundamental para asegurar el modelo de acumulación centrado en la exportación del café, para garantizar por la fuerza la explotación de la fuerza de trabajo de origen maya, de la boca costa a finales del siglo XIX  y más tarde a inicios del siglo XX en la región de las Verapaces otorgada a propietarios alemanes y en menor medida belgas; a la par que se fueron estableciendo concesiones a empresas estadunidenses para la exportación de banano y con ello apareció un nuevo sujeto, el obrero asalariado  (Cardenal, 2000, Pág. 316).

Es importante denotar otra característica del Estado que por medio de la expropiación a las tierras comunales y de la Iglesia, adquiere una fisonomía oligarca entendido este como el gobierno de los pocos,  pero a la vez asume un carácter ladino. Este ente se volvió depositario de lo que se denominó como identidad nacional esculpida como parte de la ideología dominante; procediendo del mestizaje entre el europeo y el indígena durante la época colonial y en los primeros años de la periodo republicano, que durante la primer época estuvo bloqueado de acceder a tierra  (Martinez Severo, 1982, Pág. 408) ubicándose en las periferias de los Pueblos de Indios, en las afueras de las villas españolas, dedicándose actividades artesanales o también al trabajo asalariado agrícola.

El Estado pos 1871, retoma este ente como el ethos de ser del Estado, a diferencia del indio calificado como un lastre para las nuevas relaciones capitalistas internacionales donde Guatemala se inserta y al ladino como el ente que representa el progreso.  Pero esta operación ideológica encubre una realidad, que fue solo un sector de esta población mestiza, el cual se apropia de tierra y poder en las alcaldías ladinas –con la desaparición de las alcaldías indígenas– el cual ascendiendo socialmente desde pequeño propietario se convierte en gran propietario de tierra, en esa operación algunos indígenas no maceguales adoptan la identidad ladina; pero a la vez el antiguo propietario criollo asumió el discurso del ser ladino, escondiendo su origen aristocrático colonial.

Estas características dan forma a otra condición de este Estado, su carácter racista. Porque desparecer lo indígena y considerarlo fuerza de trabajo despojándolo de su medio de vida, implica  negar su cultura y ladinizarlo, es decir que adopte los valores y los saberes de la cultura occidental; en ese sentido los gobiernos liberales del siglo antepasado intentaron extender la educación bajo formas positivistas y la alfabetización en castellano. Eso fue tan ineficaz porque afectaba los intereses de los grupos dominantes que fue dejado y hasta la fecha los conocimientos mínimos de lectoescritura  de la población en general son tan deficientes y aunque en número de población alfabeta haya aumentado. La enseñanza de los idiomas mayas, xincas y garífunas, solo reconocido y medianamente fomentado con la Academia de Lenguas Mayas en el marco del multiculturalismo neoliberal, la apertura democrática y la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.

Todo esto genera una forma de Estado y los distintos regímenes políticos existentes,  construido bajo una ontología dualista, es decir en contraposición y sobre la sociedad en su conjunto,  aunque ese elemento tampoco es absoluto, pues la estatalidad misma se enraíza en una sociedad civil que como se observa en los hechos de la reforma liberal, el bloque que se afinca en el poder parte de la hegemonía en la sociedad civil en su forma mercantil   (Marx, 1932, Pág. 72) que para el caso de esta formación social, fue  la expropiación y despojo de los mayas y del control ideológico y político de los mestizos, es decir los grandes segmentos de la población donde germinará la clase trabajadora.

Tan solo durante la revolución democrática burguesa entre 1944-1954 se intentó transformar la estructura social y movilizar a los sectores revolucionarios de la sociedad civil para derrocar el poder político de la burguesía agraria,  pero sin confiar totalmente en esa capacidad de los pueblos y de la clase trabajadora de instaurar un nuevo Estado,  pese al quiebre que implicó la reforma agraria de 1952 durante el gobierno Jacobo Arbenz  en la concentración de la tierra y que por ende afectó el poder  de la oligarquía; pero esa desconfianza mencionada vulneró a los gobiernos revolucionarios y sobre todo al tejido social revolucionario que sufrió a la hora de la contrarrevolución y la invasión propiciadas por Estados Unidos en 1954, una fuerte derrota (Tezucún, 2007, Pág. 13). Además dejó pendiente otro factor, pues la ladinización como proyecto cultural se mantuvo, pese al reconocimiento de las tierras comunales indígenas por la reforma agraria, se buscó no resaltar la identidad cultural maya, sino incorporarla a una cultura democrática ladina.  

Las formas de Estado posterior a 1954 adquirió las características de regímenes políticos autoritarios, bajo un discurso anticomunista que fue una reedición del ethos ladino, ahora bajo la perspectiva de destrucción del enemigo interno, es decir de todo opositor al orden instituido. El régimen adquiere una forma claramente militarista a partir de 1963 donde el Ejército se vuelve la institución gobernante, que a partir de 1965 instaura un multipartidismo reaccionario y que asume una visión desarrollista bajo el Mercado Común Centroamericano.  Pero que a finales de los setenta del siglo pasado, en una onda regional la lucha de clases se radicaliza provocando la insurrección popular en Nicaragua y poniendo entre dicho la dominación de clase en toda Centroamérica.

Lo anterior obligó a los factores de poder (oligarquía y bloque burgués, militares y Estados Unidos) a que para derrotar la movilización popular, la cual adquiere vistos insurreccionales y a las insurgencias aplicar la represión política, el genocidio y accionar propiamente militar, a lo que se considera el otro como un enemigo interno a destruir.  A la par de estos factores, la instauración de un régimen democrático formal a partir de 1984 y la Asamblea Constituyente de 1985, se garantiza el poder a las distintas fracciones burguesas y a los nacientes sectores emergentes,  reafirmando la sacrosanta propiedad privada, bajo cierto garantía democrática y de respeto a los derechos humanos exigido por los países desarrollados capitalistas occidentales, la llamada comunidad internacional  y la Organización de las Naciones Unidas junto a la Organización de los Estados Americanos, en el contexto de implosión del socialismo burocratizado de la Unión Soviética y la emergencia de la unipolaridad mundial dominada por Estados Unidos.

Sin embargo, la conformación de tal régimen no es completo, previo reajuste con las reformas constitucionales de 1994 y la celebración de una consulta popular con una participación reducida tras el auto golpe de Jorge Serrano Elías, que bajo un aspecto de formalidad con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y la incorporación de la insurgencia aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un marco democrático al Estado liberal oligárquico (Mojica, 2012, Pág. 16).

Así,  tras el fracaso y parcial derrota la URNG y por ende de la estrategia de Guerra Popular Revolucionaria, terminó de configurarse el actual régimen político. Se estableció así una serie de mecanismos de cumplimiento la agenda de la paz que se pensaba garantía para democratizar la sociedad.  De esa forma para ilustrar el proyecto que se contemplaba,  se estableció el reparto de tierras vía el Fondo de Tierras,  la desmilitarización del Estado y la sociedad y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas bajo una idea de la nación multicultural, multilingüe y multiétnica (Mejía, 2021, párrafo 58).

El intento de democratizar a la sociedad no se pudo materializar por dos aspectos,  primero por la derrota de la Consulta Popular de 1999 que buscaba incorporar aspectos de los Acuerdos de Paz a la Constitución Política y segundo porque las instituciones creadas para materializar los acuerdos perdieron fuerza, por la capacidad de sectores de la derecha reaccionaria para bloquearlas, porque tampoco tocaron los naturaleza reaccionaria de clase del Estado y sobre todo debido a las fuerzas democráticas y de izquierda que no lograron movilizar a la población para ese fin  (Del Águila, 2019, Pág. 29).  

Naturaleza rupturista de la propuesta de ACPP

La tónica de los últimos gobiernos, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei (2012-2024) aunque eso no quiere decir que los gobiernos posteriores a la  firma de los Acuerdos de Paz (Arzú, Portillo y Colom)  hayan refrendado y ejecutado la agenda de la paz, porque sin excepción ha continuado el modelo económico y social  neoliberal extractivista, ya que los núcleos de la oligarquía tradicional se han concentrado en grupos monopólicos y el capital financiero se ha vuelto preponderante,  a lo que se agregan estos ejes de acumulación, la extracción de bienes naturales y de mantenimiento de la exportación agrícola con la incorporación nuevos productos y sectores  (Illescas, 2013, Pág. 5) pero sin generar una verdadero proceso de valor agregado, por ejemplo algún tipo de industrialización agraria.

De tal forma que el proceso de democratización como se esperaba con el cumplimiento de la agenda de la paz, sobre todo en lo que se respecta al acceso de tierras que al orientarlo en clave de compra y venta de propiedades por parte del Estado, solo fue generando un endeudamiento del campesinado al no contar con asesoría técnica, ni formas de pago justas y para finales de la primera década del siglo, el Estado dejó de comprar a particularidades tierra,  dedicándose solamente al programas de arrendamiento. De igual forma quedaron sin aplicar una serie de mecanismos contemplado en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, que buscarían democratizar el acceso a la tierra, tales como: el catastro que iba a identificar los excesos mal habidos de los finqueros inscritos anómalamente en el Registro de la Propiedad, los tribunales y la fiscalía agraria, la política de desarrollo rural que tenía como centro priorizar al campesino, etc.  (Del Águila Mejía, Alejandro, 2020, Pág. 18)

Todas estas medidas nunca tocaron lo fundamental y con el gobierno de Giammattei se han desmontado,  entre ellas la concentración de la tierra y la imposibilidad de generar desarrollo rural, que sí se mantiene la gran propiedad, situación que la propuesta de la ACPP de CODECA es la única que menciona establecer un límite a la concentración de la tierra.

Lo mismo se puede decir con uno de los elementos fundamentes del nuevo pacto social que se buscaba refundar con los Acuerdos de Paz, el cual era garantizar un marco democrático de ejercicio de los derechos civiles y políticos como nunca se ha vivido plenamente en la historia nacional. Aunque la Constitución Política de 1985  garantizaba el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, en la Asamblea Constituyente 1985 no se permitió la participación de la izquierda insurgente, tan solo dos expresiones de la socialdemocracia, el Frente Unido de la Revolución y el Partido Socialista Democrático sin lograr escaños.

Como es sabido los primeros 10 años posteriores a promulgación de la Constitución, el papel del ejército como factor de poder y  la continuación de la política represiva con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de la vida, el de la libertad, la organización, la libre expresión, fue la tónica. Con la firma del Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática,  se buscaba que el Ejército y sobre todo la Inteligencia Militar dejaran de actuar sobre la población civil, que partía de la idea de combatir al enemigo interno,  pero obviamente no se tuvo la fuerza para desmantelar estas instancias,  situación que solo se hubiera permitido con la derrota del Estado.  Por ende se buscó en los Acuerdos de Paz,  que el poder civil constitucional controlara el actuar de los ministerios de Defensa y de Gobernación.  (Mejía, 2021, párrafo 65).

 Posterior a la  firma de la paz,  la represión aunque sí se redujo notablemente, dejo de ser política de Estado; los cuerpos de seguridad en teoría abandonaron la política de aniquilación del enemigo interno. Pero la represión pasó a manos de órganos privados a través de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), de igual forma,  aunque el Ejército dejó de ser el poder real por lo menos de forma visible,  emergieron de su seno,  nuevas élites de poder que han sido parte de los gobiernos en los últimos años y que junto a los ya mencionados CIACS,  han evolucionado a las denominadas Redes Políticos Económicas Ilícitas como las señaladas por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Ponce, 2021, Pág. 340)

Es hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1995 que se permitió por primera vez que las fuerzas provenientes de la izquierda denominada revolucionaria, que hechos utilizaron la lucha armada, tenían un programa político reformista y logran participar bajo la sombrilla del Frente Democrático Nueva Guatemala.

En los años siguientes las fuerzas de izquierda participaron en un primer momento unificado en 1999 como Alianza Nueva Nación, para luego fracturarse. En 2007 se registraron nuevos intentos unitarios con la creación del Movimiento Amplio de Izquierdas; en 2011 con el  Frente Amplio,  y en 2015  con la organización de la Convergencia para la Revolución Democrática.  Un proceso de acumulación política y también de quiebre con otra expresión tal como la URNG, desde el seno de CODECA aparecerá el partido Movimiento  de Liberación de los Pueblos,  que en su primera participación electoral de 2019,  logrará un cuarto lugar para la elección presidencial  (Del Águila, 2019, Pág. 46).

El otro aspecto que marco la agenda de la paz,  fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que implicó una afirmación en el plano formal de los derechos de los Pueblos Indígenas,  complementado con el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas de 1985. Este acuerdo buscaba que a partir de una serie de mecanismos en el Estado y de instancias públicas en materia de derechos asistidos a la población indígena y de reconocimiento de los idiomas,  reafirmar el carácter multicultural de la nación guatemalteca.

El carácter multicultural estaba contemplado en el marco constitucional de 1985 y es más, fue visualizado por el mismo general Efraín Ríos Montt en clave corporativista en su Consejo de Estado, bajo una modalidad contrainsurgente. Así,  con la firma de la paz se buscó darle mayor  contenido real bajo la visión de un Estado liberal avanzado  (Mejía, 2021, párrafo 45).

 Ese andamiaje actuó como ropaje al no lograr incorporar el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas, tras la derrota electoral de las fuerzas progresistas en la Consulta Popular de 1999,  lo cual ha servido para sostener el modelo de acumulación capitalista. Por ejemplo con la lógica privatizadora y desnacionalizadora,  se han aprobado una serie de licencias para la extracción de bienes naturales minerales, hídricos y petroleros.

Esa situación ha generado el rechazo de las comunidades indígenas sobre todo y mestizas también, contra una serie de proyectos de inversión de conglomerados empresariales nacionales y trasnacionales. Las comunidades se han manifestado mediante la realización de consultas de buena fe y consultas municipales, con base en acuerdos de Derechos Humanos Internacionales y del Código Municipal, específicamente por el incumpliendo del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) sobre consulta a los Pueblos Indígenas ante medidas administrativas que afectan su territorio.

 Recientemente, el Estado por mandato de la Corte de Constitucionalidad, con base en el Acuerdo 169 de la OIT, ha realizado en los municipios de El Estor en Izabal y San Rafael en Jalapa, proceso de consultas, los cuales han sido denunciado por estar manipuladas. La alta corte  además ha reconocido en el pasado reciente, que los resultados de las consultas de buena fe y municipales, tienen vinculación jurídica, aunque también en sus resoluciones ha equiparado las actividades de los inversionistas como un derecho a realizar proyectos extractivos.

Esa situación pone en la discusión un aspecto relevante, es decir la defensa del territorio y la idea misma como espacio de autonomía para las comunidades, sin que implique separación del Estado nacional, sí adquiere el reconocimiento pleno de derechos para la población que habita en esos espacios; ello va de la mano de otro de los temas contemplados en el AIDPI que se refiere a la jurisdicción indígena, que se había tratado de materializar con las reformas judiciales que propuso CICIG en 2016,  pero que el sector oligárquico se opuso vehementemente aduciendo una falsa unidad nacional, que provocaría el resquebrajamiento sistema de  impartición de la justicia. Lo que realmente temían era que la justicia ancestral, surgida previa  a la  creación del Estado liberal, de la Republica y de la colonización hispana, se pusieran en entre dicho los privilegios de la burguesía monopólica,  los cuales descansan en la tradicional propiedad terrateniente y en la concentración actual de la tierra.

Otra situación importante contemplada en los Acuerdo de Paz, era el Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales, consustancial a la desmilitarización de la sociedad civil,  la democratización del Estado y el respeto a  diversas expresiones de pensamiento, lo que se denominó una poliarquía, es decir el gobierno ejercido por muchos.

Se buscaba  institucionalizar con ello el sistema de partidos políticos, que paradójicamente en la etapa contrainsurgente ya existía un nivel de institucionalización,  aunque bajo la tutela militar y a la aceptación de la ideología anticomunista. Con la Constitución Política de 1985 esa institucionalización se mantuvo,  pero a partir de la depuración del Congreso en 1994,  tras el autogolpe de Serrano Elías de 1993, se va fragmentando y si bien posterior a 1995 existieron partidos fuertes, fueron absorbidos por prácticas clientelistas  (Sáenz de Tejada, 2015). Luego de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción se evidenció el rechazo a la partidocracia; pero las prácticas del clientelismo junto al caudillismo y la transfuguismo informal, contrariamente ha lo que se buscaba con el Movimiento de la Plaza, se ha consolidado.

El Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales contemplaba una agenda completa de modificaciones en materia electoral,  sin embargo tras la derrota de la Consulta Popular de 1999, esos cambios se fueron aplicando a cuenta gotas. Con las reformas electorales de 2004 y  2005, así como  las mas completas pero aun insuficientes de 2016 –que recogía el rechazo de la  Movilización de la Plaza– en algunos aspectos como era el control de los recursos financieros y la fiscalización a los partidos, cierta democratización por medio de la elección de órganos de dirección por representación de minorías y la disposición  del voto nulo vinculante obligando la repetición del tipo de elección,  sí logra el 50 por ciento más uno.

Atrás quedaron una serie de reformas que los legisladores por conveniencia no aprobaron, como la alteridad de hombres y mujeres en listas trenzadas; la obligatoriedad de candidaturas según las pertenencia étnica, la vinculación del registro de personas con el empadronamiento; la obligatoriedad de que los partido si tengan presencia territorial en los municipios donde buscan competir, y que los órganos de estos no elijan a los candidatos en esos municipios si no existe organización partidaria, entre otras (El Observador, 2016. Pág 18).

Queda pendiente la discusión de si lograr un mayor democratización del sistema político,  aun dentro del régimen político, es viable o no,  lo que implicaría repensarlo en la estrategia de la convocatoria de una Asamblea Plurinacional, es plausible

El modelo contrahegemónico que esboza la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional

En ese sentido,  la categoría de la totalidad concreta como el elemento central del análisis, donde los niveles de la formación social, que constituyen la hegemonía burguesa,  ha construido históricamente el  Estado liberal. La ACPP invoca  una propuesta de carácter contrahegemónica que rompe la colonialidad y la dependencia de los centros imperialistas

La crisis política e institucional por un lado, pero también las políticas económicas emanadas de los gobiernos que empeoran las condiciones de vida de las mayorías pues responden a los ejes de acumulación capitalista, sirve para determinar la dialéctica global de la formación social  (modelo económico y régimen político). Esto a partir  del sentido de que el centro de esta –la formación social– responde al poder político y económico de la gran propiedad monopólica.

De ahí que la contrahegemonía encarna el sujeto político popular plurinacional,  no puede olvidar esa realidad si busca serlo realmente.  De igual forma,  la vía para realizar el Estado Plurinacional como es la Asamblea Constitucional Plurinacional y Popular no puede convocarse desde los marcos de este Estado, sino que debe ser construida a partir de la organización popular de abajo, CODECA  podria ser la instancia catalizadora,  pero no la única.

Ese abajo se refiere a la sociedad oprimida y sin posibilidades de lograr una vida plena o un buen vivir. Ahora ese abajo también no es mecánico, sino que debe partir de los sectores que luchan más directamente contra el poder de la clase capitalista y plasmar esas lucha en consejos populares, que contagie a los de abajo, es decir al proletariado y las capas medias en su conjunto, estos consejos populares serían la base de la ACPP (Albamonte & Maiello, 2017, Pág. 558).  

La convocatoria de una asamblea constituyente parte de su naturaleza originaria, es decir que adquiera una cualidad destituyente, pero a la vez propone constituir un nuevo estado de cosas y ahí se abre el interrogante ya planteado líneas arriba, si es posible hacerlo en los marcos del entramado constitucional, que como se sabe contempla una forma de actualización constitucional por medio de una reforma o una nueva Asamblea Constitucional.

La realización de reformas esta amparada en el articulo 277 constitucional que otorga las vías por medio de quienes tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución: el Poder Ejecutivo, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad,  el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de cinco mil ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos y refrendada por la legislatura siguiente. En el caso de una nueva Constitución, es por medio  de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual debe ser convocada con dos terceras partes de los integrantes de la legislatura vigente en el momento que se convoque.

Los constituyentes de 1985 idearon un mecanismo de reformas funcionalista para evitar un rompimiento del estatus quo,  identificaron que las modificaciones deberían ser desde el ordenamiento jurídico y estatal vigente; de hecho buscaban por encargo de los poderes fácticos (militares y empresarios) que no se saliera de la mano –hay que recordar que existía un contexto de guerra y agudización de la lucha de clases–  al grado de establecer los artículos modificables en el nuevo marco constitucional

Además,  prohibieron tocar cuatro artículos y el inciso de uno de estos. Estos son,  el 140 sobre la forma de Estado;  el artículo 141 referido a la forma representativa del Estado y de la composición de los poderes públicos; las prohibiciones constitucionales para optar a los cargos de presidente y vicepresidente en el articulo 186;  la prohibición de la reelección establecido en el artículo 187;  y el artículo 165 inciso (g) sobre la atribución del Congreso de la República en lo que respecta a la capacidad del Congreso de desconocer al presidente,  si continuara en su cargo al vencer el periodo.

Como se observa hay una combinación de control e institucionalización para cualquier movimiento de reformas o una nueva constitución y un antídoto para mantener la forma representativa del Estado, es decir el actual régimen político. A la par que se santifica el Estado liberal con su división y equilibrio de poderes sobre cualquier otra forma de Estado.

La apuesta política de CODECA  y su brazo político-electoral el Movimiento de Liberación de los Pueblos formado en 2018, pretende  tener mayorías en el Congreso,  aunque por otro lado haga referencia al tema de alegalidad como forma hibrida popular y de abajo, junto con lo institucional/estatal.

Es extremadamente riesgoso centrar su estrategia en la primera vía, porque siempre esta el peligro de que esa institucionalización, similar a como ha ocurrido a otras fuerzas de izquierda,  terminen ahogadas en el fango de la institucionalización burguesa. Peor aun,  que las fuerzas de derecha y los factores tradicionales que se mantienen vivos por los acuerdos con esas  mismas izquierdas,  den golpe de Estado como sucedió en Bolivia,  contra Evo Morales en 2019.

La apuesta sería a la movilización revolucionaria de la población,  no para simplemente presionar a una posible mayoría en el Congreso, sino para que desde ese movimiento social y con el apoyo de los legisladores obtenidos,  pongan sus cúreles  al servicio de una asamblea originaria constituyente,  a partir de los sectores que luchan y  contagien a otros (Maiello, 2022, Pág 129).

La asamblea constituyente debe garantizar su naturaleza originaria, porque a diferencia de la que convoco la carta magna vigente, derivada del control  militar; la popular y plurinacional debe ser totalmente procedente de la voluntad mayoritaria. Pero esa acepción,  no debe ser solo entendida bajo una significancia liberal, de un voto una persona,  lo cual no se niega en una faceta de la escogencia de ese órgano constituyente,  sino para que realmente sea contrahegemónica,  es importante que se estructure desde abajo como ya se dijo,  por medio de órganos de poder popular sobre todo de los sectores que luchan contra bloque de poder burgués (Maiello, 2022, Pág. 155).

Tal propuesta de cambio social revolucionario como se pretende asumir con la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular,  debe partir  del hecho de recomponer un entramado social que le dé sustento y fortaleza político organizativa, en especial desde los sectores que luchan.

El nuevo sujeto popular plurinacional

Esta operación de carácter estratégico implica crear un nuevo sujeto social que se desarrollara en este acápite a saber.   Primero se describirán  las tradiciones de lucha política y social y segundo,  la  composición orgánica de este sujeto en la actualidad.

Sobre lo primero, hay que partir de las tradiciones de lucha de los sectores subalternos, de las denominadas clases populares y del proletariado, entendiéndolo no solamente a partir de las relaciones directas obrero-patronal,  sino en las distintas formas de producción del valor y de la apropiación de la riqueza en su conjunto.

Con la modernización capitalista de la década de los cincuenta del siglo pasado en toda Centroamérica,  nuevos sectores sociales como el obrero industrial, los asalariados profesionales, la pequeña burguesía y el estudiantado fueron adquiriendo grados de  politización; de la mano de un proceso de urbanización incipiente que se fue consolidando con más fuerza a partir de la década de los sesenta, estos sujetos se volvieron relevantes contra el poder oligárquico, demostrado con el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920 y la insurrección cívico militar de 1944.

A  partir de eso,  el sujeto obrero y la izquierda de impronta marxista, junto al campesinado organizado se vuelve relevante en la lucha contra el sistema de dominación capitalista. Con el proceso de urbanización se suman los sectores populares urbanos, protagonizando luchas fundamentales como las jornadas de marzo y abril de 1962, o las serie de movilizaciones y fuertes huelgas de finales de la década de los setentas, que ponen entre dicho la existencia del régimen político militar y el modelo de acumulación capitalista dependiente.

A nivel rural los semiproletarios agrícolas y su corolario en las comunidades indígenas,  mantenidos en una sujeción cuasi feudal desde finales del siglo XIX hasta 1945, habían protagonizado sublevaciones  de índole local,  es con la Declaración de Iximché de 1981 el sujeto indígena adquirió su fisonomía actual, lo cual no quiere decir que estuviera ausente.  Pues es  a partir de la revolución de 1944 con el proceso de reforma agraria y el reconocimiento de las tierras comunales indígenas y luego en la década de los sesenta y setenta con la creación de cooperativas en el marco de la transformación agraria, que adquirieren mayor organización política.

 La imposibilidad de una mutación real en la tenencia de la tierra hizo que el modelo de transformación agraria promovido por los gobiernos militares,  radicalizara las posiciones que exigían una reforma agraria y  que rompiera con la concentración de la propiedad de la tierra de los grandes latifundistas.  Así,  aparecerá  el Comité de Unidad Campesinas en 1978,  CODECA en 1989 y  otras organizaciones tales como el Comité Campesino de Desarrollo Campesino o la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos, que conformaron en la década de los noventas,  la  hoy desparecida Coordinadora Nacional Indígena Campesina.  

Desde la década de los ochentas,  nuevos sujetos se fueron incorporando a las luchas sociales, como el movimiento de derechos humanos al calor de la búsqueda de los detenidos y desaparecidos,  el movimiento de mujeres que nace del seno de comités femeninos en los sindicatos, que retoma aspectos de las distintos enfoques feministas,  ya en los noventa adquiere la fisonomía de organizaciones no gubernamentales.

Se entra  entonces al último punto de este acápite: la formación del sujeto plurinacional.

Se parte que las relaciones de dominación desde el Estado capitalista y del manejo en la sociedad civil de sectores del capital, debe entenderse que esas relaciones son procesuales, es decir no están dadas de una vez,  sino que se recrean bajo la fórmula gramcsiana de consenso y violencia.

Ello  genera otro elemento en el seno de la sociedad civil,  donde los actores no ligados al capital o que no se convierten en una fracción más de la burguesía, asumen la aceptación, el acomodamiento y cooptación, al beneficiarse de tales mecanismos de dominación sobre ellos mismos. A partir de allí se crean marcos comunes de  actuación y que en general impregnan,  el campo de las disputas políticas en toda la sociedad, las cuales solo en crisis revolucionarias se destrozan  (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 216)

La última afirmación también la identificó Trotsky sobre los sindicatos,  pero que se puede aplicar a otras fuerzas sociales populares, que es lo que el marxista ruso denomino la estatización de estos cuerpos sociales y como al igual que Gramsci coincidieron,  en que las direcciones y  burocracias de estos, actúan como policía política a lo interno del campo popular,  para evitar que las demandas no se salgan de ese marco de significación común. (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 232)

Para en el caso de Guatemala, Marco Fonseca menciona que a partir de ciertos hechos políticos en los gobiernos de Portillo y Berger,  se fue generando una sociedad civil buena permisiva que venía del mismo campo popular anteriormente impregnado por tradiciones de lucha revolucionaria.  (Fonseca, 2018, Pág. 68).

Aunque a esa fórmula explicada por Fonseca, con el cierre de espacios materializados de forma más claro en el saliente gobierno de Giammattei, es decir esa permisibilidad para la actuación en un marco de significación común para los grupos subalternos, se limita aun más o se clausura  (Mejia, 2021, parraf 85)

Por tanto,  el sujeto plurinacional y popular que debe encarnar ese procesos de transformación social tiene que quebrar con los marcos establecidos; asumir una línea rebelde, porque la legalidad constitucional es una camisa de fuerza que no permite modificar las estructuras sociales. Sin embargo, a este escenario hay que darle aun un contenido estratégico,  porque queda todavía en el aire si la propuesta de la nueva constitución plurinacional, estaría organizándose por fuera de los marcos impuestos de significancia común del régimen de reacción democrática.

Esto es una designación que el marxista argentino Nahuel Moreno estableció para cambios en los regímenes político, que salían de dictaduras instalando gobiernos de apariencia democrática, pero que esas modificaciones no fueron producto del triunfo de la movilizaciones de las masas, como en Argentina o Portugal, sino de la derrota  como en Perú, España o Brasil; que en el caso de Centroamérica paso por la derrota estratégica,  aunque no total,  del movimiento revolucionario (Moreno, 2001, párrafo 58, capitulo 2)

Se habla de  reacción democrática hasta este momento,  porque está relacionado con esos marcos de actuación mediados por la significación que el sentido común dominante ejerce en  favor  del bloque en el poder. La idea de un sujeto plurinacional y popular como el que esboza la propuesta de CODECA,  implica la transformación de ese marco, de ese andamiaje institucional y constitucional,  de convertirse en un sujeto como ya se dijo, destituyente y constituyente de un nueva institucionalidad revolucionaria y un nuevo sentido común contrahegemónico.

Este sujeto por ende parte de la interculturalidad,  pero entendiendo esta no en clave multicultural, sino reconociendo que existen segmentos de la población con ciertas pertenencias  y auto identificaciones étnicas (maya, xínca, garífuna y mestizo/ladino). Pero sin que esta segmentación sea una forma a priori  y funcional de entender la realidad, porque lo cierto es que la realidad es más compleja.

Por ejemplo, el pueblo maya está compuesta por una diversidad de naciones que a su vez conglomeran una nación,  a la cual se agregan las naciones xíncas y garífuna; la categoría ladino/mestizo es equívoca porque la primera se superpuso sobre la segunda como se mencionó en la primera parte de este trabajo, aunque en la actualidad existan sectores que se puedan autodeterminar así;  el mestizo es el complejo producto de la mezcla racial y étnica y que en términos ideológicos, no debiera adquirir la superioridad racista del ladino.

Por tanto, una parte del sujeto plurinacional nacería de esa interculturalidad construida bajo relaciones de igualdad, desde la discriminación de unos a otros y en contra del racismo estructural de minusvaloración a lo maya, xínca y garífuna.

Sin embargo hay otro factor poco estudiado por la Antropología,  producto de los procesos de urbanización de los últimos años, en los que se encuentra esa variedad poblacional caracterizada por la multiplicidad en las actividades económicas. Nos referimos que existe una diversidad de población que no se encuadra entre esas categorías,  por ejemplo en los centros urbanos, donde  la mayoría son emigrantes de regiones rurales con orígenes indígenas,  pero también mestizos. Entonces es en ese complejo proceso de mestizaje, proletarización y multiplicidad económica,  que puede nacer el sujeto síntesis, hibrido, el caldo de cultivo para una nación plurinacional.

A eso se le agrega otro elemento vital. Este sujeto plurinacional debe partir de su situación de clase, es decir más allá de las particularidades étnicas y de las reivindicaciones como pueblos, las cuales no se soslayan sino se integraran. Partir de la complejidad del proletariado y de los sectores populares,  junto a capas medias asalariadas o en proceso de, que no han sido parte de los procesos de acumulación de riqueza económica y de poder político que han caído en el enriquecimiento fácil o del uso del Estado como forma de enriquecimiento; centrándose este sujeto político, en el obrero manual o intelectual con empleo formal,  en el trabajador independiente y en el pequeño propietario, allí nace la condición más importante del sujeto plurinacional y popular..

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Por César Antonio Estrada Mendizábal

Guatemala, enero de 2023

Según su Ley Orgánica, la Universidad de San Carlos de Guatemala tendrá para su gobierno un Consejo Superior Universitario (CSU), un Cuerpo Electoral Universitario y un Rector, y es el caso de ver que en la actual crisis que tiene postrada a la USAC como consecuencia del evidente fraude electoral en la elección de rector, ha sido precisamente el CSU el instrumento usado para tal fin. Las nefastas consecuencias de este hecho en la carrera de los estudiantes, las diversas actividades universitarias y la moral de esta Institución de Educación Superior son hondas y requerirán tiempo y dedicación para ser superadas.

El Consejo Superior está formado por el rector, que lo preside, y cuatro representantes de cada una de las diez facultades de la universidad que son elegidos por su respectivo sector (su decano y representantes estudiantiles, docentes y del respectivo colegio profesional). El rector es electo en un enredado proceso indirecto exclusivamente por los miembros de las facultades y de sus colegios. Las Escuelas que no son parte de dichas facultades y los Centros universitarios regionales no están representados en dicho órgano, con la consiguiente pérdida de legitimidad de aquel, ni pueden participar en las elecciones de rector.

Pues bien, el CSU, máximo órgano de gobierno de la Universidad, es quien debe rendir cuentas como responsable del fraude y del consiguiente menoscabo de la autonomía universitaria. Esto ha sido evidente por múltiples hechos conocidos públicamente desde el momento en que, tras la captura del entonces rector Murphy Paiz en febrero de 2021 y ante su ausencia definitiva del cargo, transgredió la Ley Orgánica (Artículo 28) al no convocar elecciones de rector en un plazo de treinta días. Luego vino una serie de graves anomalías que incluyen la exclusión de legítimos cuerpos electorales que dio lugar a que sólo 135 del total de 170 electores fueran convocados, y de los cuales solamente a 71 se les permitió votar en la viciada elección de rector en mayo del año pasado que dio pie a la digna resistencia estudiantil que, con el apoyo de profesores y trabajadores, tomó importantes instalaciones de la USAC. Diversos artículos periodísticos dan cuenta de esta trama, tal como el bien informado reportaje “La red que permitió el fraude en la USAC y protegió a Mazariegos” de Paolina Albani, publicado en Prensa Comunitaria^[i] en julio recién pasado. [El CSU sumó otra seria arbitrariedad este viernes 27 de enero al defenestrar a uno de sus propios miembros que hacen oposición: expulsó de la universidad a Camilo García, representante de los estudiantes de la Facultad de Farmacia.]

Entonces, uno puede preguntarse ¿cómo pudo suceder esto en una universidad que se precie de serlo, en nuestra Universidad de San Carlos que, además, debería tener muy presente su función social?, ¿cómo y por qué sus directivos y autoridades pudieron permitirlo y han sido reacios al diálogo con los estudiantes? Después de todo, los miembros del CSU han sido elegidos por profesores y alumnos de las facultades y por los profesionales colegiados para que los representen en dicho órgano que dirige y administra la universidad y, de acuerdo con la Ley Orgánica (Título IV, inciso k), deben velar por la observancia de la Ley y de los Estatutos universitarios. Mi experiencia como profesor y como exmiembro del Consejo Superior Universitario me permite ofrecer algunas observaciones al respecto con el objetivo de que puedan ser de alguna utilidad en las discusiones de posibles cambios sustanciales que podrían generarse a raíz de la presente crisis. Se trata, por supuesto, de una visión panorámica de la problemática cuyos distintos elementos pueden ser ulteriormente considerados con mayor detenimiento.

El Consejo Superior Universitario se ha separado de las bases universitarias:

Desde hace lustros, los miembros del Consejo, en la práctica y en general, dejaron de representar a los estudiantes, profesores y profesionales colegiados. No existe comunicación entre el común de los universitarios y quienes se supone son sus representantes en la dirección de la universidad. Esto se nota desde el momento en que se realizan las elecciones para designar a los que ocuparán estos cargos: los candidatos raras veces surgen del sentir y de las aspiraciones estudiantiles o de los claustros y, todo lo contrario, han sido vistos o seleccionados previamente por las redes políticas y pseudoacadémicas que han detentado el control de la San Carlos para mantener y fortalecer el estado de cosas. Poco puede esperarse, entonces, de su capacidad y de su actuación, especialmente en un medio donde el intercambio de favores y el clientelismo se perciben en el ambiente.

En esta desconexión y desinterés también tiene responsabilidad la población universitaria que, adoptando una actitud indiferente o conformista, no busca comunicarse con los que ha elegido para llevar su voz al Consejo. Sin embargo, la mayor falta claramente recae en los representantes que no cumplen el deber de informar a sus bases, de estar en diálogo continuo con profesores y estudiantes para que sus necesidades académicas y sus planteamientos sean considerados, discutidos y tomados en cuenta en la conducción y en la actividad de su Casa de estudios. El colmo es el secretismo que se practica en el CSU quien se ha negado a que sus sesiones se hagan públicas o sean transmitidas en vivo, e incluso oculta los nombres de quienes apoyan y votan por mociones de cruciales asuntos universitarios. Al contrario de todo esto, la comunicación y la confianza deberían ser cultivadas como condición necesaria para dar lugar a la formación de una sana y pujante comunidad universitaria.

Es de notar, sin embargo, que en la presente crisis ha habido un significativo y meritorio grupo como de diez miembros que dentro del Consejo han argumentado y actuado para tratar de impedir la anómala designación de rector y propiciar el diálogo pero que no han informado a la población universitaria con las suficientes amplitud y difusión cuál es la postura de cada uno de ellos como representante de su respectivo sector ni lo que acontece en las sesiones en que se discuten graves asuntos que conciernen a toda la universidad. Nuevamente, es un caso del aislamiento de los representantes que terminan actuando a título personal en los grupos directivos.

Estas precarias condiciones, la influencia de espurios intereses de grupos de poder ajenos a la universidad y la conocida hostilidad del Estado han servido de caldo de cultivo al germen de la paulatina decadencia cultural, moral y política del órgano superior de gobierno de la Universidad de San Carlos, descomposición que se hizo patente al haber propiciado y permitido el flagrante fraude electoral en las elecciones de rector. Como puede verse por sus acciones, el Consejo Superior Universitario, finalmente, se hizo autosuficiente, se desligó de sus bases y de sus objetivos académicos, y devino en una especie de autarquía que actúa autoritariamente en contra de los fines y de la salud de su propia institución. Así, como es natural, el auténtico espíritu universitario casi desaparece y el camino de la recuperación se hace cuesta arriba aunque todavía quedan rescoldos de conciencia y dignidad.

Algunos pasos a la salida:

“No hay mal que dure cien años ni enfermo que lo aguante”… Finalmente, esta grave crisis de la universidad va a resolverse en un sentido o en otro y, llegado el momento, los universitarios lúcidos y conscientes tendrán que unir pensamiento y fuerzas para intentar cambios fundamentales que apunten a la recuperación de la esencia cultural, científica y popular de la Carolina.

La necesidad de una verdadera Reforma universitaria se hace sentir desde hace muchos años. Sin embargo, para que dicha reforma sea sustancial y eficaz, antes debe darse, como condición sine qua non, la reforma política y organizativa de la universidad que cambie sus órganos de gobierno y les dé una composición apropiada, modificando y adecuando su régimen electoral de modo que responda a la naturaleza universitaria^[ii], y es aquí, precisamente, donde se hace patente que el cambio del Consejo Superior Universitario es urgente e impostergable.

Al tener en la mira estos objetivos, empero, debemos estar conscientes de que las circunstancias históricas del país nos imponen un marco formal que condiciona lo que es posible llevar a cabo. La Universidad de San Carlos de Guatemala es estatal y se rige por su Ley Orgánica (Decreto 325 del Congreso, 28 de enero de 1947), lo que la condiciona a la legalidad del Estado, aunque la Constitución la faculta para darse sus propios reglamentos. Como han señalado otros autores desde los años próximos a la década revolucionaria^[iii] y, recientemente Virgilio Álvarez^[iv], se necesita un nuevo pacto social, acaso una transformación del Estado, para emprender la revolución -que eso es una auténtica reforma- universitaria.

Aun teniendo presente lo anterior, pueden intentarse unos cuantos cambios cuantitativos -quizá algunos cualitativos también- en la estructura del gobierno de la USAC, cambios alcanzables que abran brecha hacia la consecución de otras transformaciones necesarias. Concretamente, el Consejo Superior Universitario debe ser replanteado y debe rehacerse para lo cual un ineludible y primer paso es la renovación, la sustitución de sus miembros actuales. Aunque esta tarea requiere formación, idoneidad, conocimiento de nuestra realidad y el concurso de muchos, podemos lanzar a la palestra algunas ideas considerando que el CSU debe adaptarse a las condiciones y necesidades actuales de la universidad.

• Cambios en las funciones y estructura del Consejo:

En su quehacer y en sus sesiones, el CSU se encarga de una infinidad de temas que, en realidad, no le corresponden como máximo órgano de dirección de una universidad sino a otras dependencias subalternas o a las distintas unidades académicas. Dicho órgano debería ser académico y político -en el sentido sano del término- y encargarse de asuntos de la Filosofía y la Política universitarias y del rumbo general de la Institución de cara a la realidad nacional. A cambio de esto, en las sesiones campean la fuerza de la costumbre, el formalismo y la rigidez legalista y se tratan asuntos tan variopintos y particulares que van desde la lectura y aprobación de las actas, innumerables dictámenes y recursos legales, hasta autorizaciones de cuotas de programas académicos o de subsidios del IGSS solicitados por trabajadores individuales, reclamos de algún estudiante para que le permitan llevar un curso, etcétera.

Por lo anterior, podría considerarse modificar el gobierno de la universidad y establecer un Consejo Superior ágil, desembarazado de asuntos particulares o nimios, idóneo académicamente y representativo de la población universitaria que se encargara de los asuntos verdaderamente importantes, y otro órgano, dependiente del primero, que viera los asuntos de índole administrativa. No obstante, según lo que se dijo anteriormente, la necesidad hacer cambios en Ley Orgánica de la Universidad y en la Constitución de la República, así como la existencia de un Congreso Nacional poco confiable por su composición y su deterioro político son obstáculos formidables para el logro de estos cambios.

• Cambios en la composición del CSU

Independientemente de lo dicho, la composición del Consejo Superior Universitario debe ser cambiada. Lo más evidente es la ausencia o la exclusión de los estudiantes y profesores de los Centros universitarios regionales y de las Escuelas que no son parte de las facultades actuales. Es indispensable incluirlos para que hagan oír su voz y contribuyan con sus anhelos y planteamientos en la conducción y gestión universitarias. Llama la atención, por ejemplo, que centros tan importantes como el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) o escuelas de las indispensables Ciencias Sociales estén ausentes del Consejo. Será cuestión de ver que la cantidad de miembros del Consejo no crezca tanto que se haga inmanejable, o de que simplemente se amplíe y se obtenga más de lo mismo que ya padecemos.

En este sentido, un punto crucial que debe abordarse es el excesivo e innecesario peso que ejercen los colegios de profesionales en el CSU y, en general, en los diversos órganos directivos de la universidad. La Ley Orgánica de la USAC se creó en 1947 cuando recién se salía de la dictadura ubiquista, y las condiciones históricas del momento pudieron justificar el requisito de incluir profesionales colegiados en el Consejo pero actualmente la situación social es completamente distinta.  En realidad, puede decirse que estos colegios de hecho, desde un principio han podido expresar su sentir en la USAC pues los profesores miembros de los diversos órganos directivos son también colegiados, por lo que no necesitan adicionales representantes formales. Mi propuesta es que en el Consejo Superior Universitario no haya, se prescinda de sus miembros designados por los colegios, de tal modo que las vacantes dejadas por ellos sean ocupadas por los Centros Universitarios y las Escuelas, lo cual adquiere más sentido si se observa que, por lo general, aquellos son profesionales ajenos a la vida universitaria con una visión gremial y particularista. Un ejemplo notorio de que esto es factible lo constituye la UNAM en cuyos Consejo Universitario y Junta de Gobierno no hay representantes de los colegios profesionales^[v].

Finalmente, esta aguda crisis es una quizá irrepetible oportunidad para analizar nuestra situación y hacernos cargo de ella, reflexionar, intercambiar ideas, discutirlas y buscar ponernos de acuerdo en la Universidad que necesitamos y queremos. Es cuestión de aprovechar la ocasión y empezar a recorrer el arduo y sinuoso camino que nos conduzca a esa ansiada Casa de Estudios Superiores.

^[i] https://prensacomunitaria.org/2022/07/la-red-que-permitio-el-fraude-en-la-usac-y-protegio-a-mazariegos/

^[ii] Estrada M. César A., Los cambios previos de la Usac necesarios para la reforma universitaria

 Revista de Análisis de la Realidad Nacional, IPNUSAC, Año 6, Edición 123, agosto de 2017, p. 133-142.

^[iii] Balcárcel O., José Luis, En torno a la dialéctica de la universidad (Noviembre de 1961) en Pensamiento universitario Enfoque crítico, Editorial Universitaria, Guatemala, 1977.

^[iv] https://www.gazeta.gt/una-cloaca-llamada-csu/

^[v] https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/organizacion

Por Tomas Andino Mencía

El 29 de agosto fue un día histórico. La Resistencia Popular se reencontró consigo misma en todo su esplendor ahí donde nació, en la calle. Decenas de miles de personas inundaron el centro de Tegucigalpa en una gran manifestación convocada por la presidenta Xiomara Castro, que superó las expectativas de sus organizadores y dejo en shock a sus detractores. Para comprender el impacto que ha tenido y su relación con el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto, es necesario analizar el contexto en el que se han dado los últimos acontecimientos.

LA OFENSIVA CONSPIRATIVA, VIENTO EN POPA

Sin duda, los grupos de poder económico y criminales desplazados del gobierno en las últimas elecciones han venido trabajando sistemáticamente para desacreditar la administración de Xiomara Castro, como parte de una estrategia conspirativa bien orquestada desde antes que asumiera el poder. Han aprovechado la desastrosa situación económica que le dejaron, como también, hay que decirlo, los errores que el gobierno ha cometido.

Confiada en ese trabajo de zapa, hemos visto en los últimos meses una febril actividad abiertamente opositora de los partidos Nacional, Liberal y PSH; y también de un sector muy conservador de la “sociedad civil”, de la empresa privada y de militares retirados, que han pasado de la ofensiva mediática a una ofensiva material con el perverso objetivo de boicotear la actividad gubernamental, generar ingobernabilidad e incluso atentar contra algunos funcionarios.

Esto se ha venido cumpliendo en etapas: la primera ha sido el ablandamiento mediático, a cargo de los principales medios de comunicación, que responsabilizan al gobierno de todo lo malo que ocurre en el país; y ahora, la segunda etapa, que consiste en disputarle la calle a la Resistencia popular y, de parte de aquellos sectores más recalcitrantes, fraguar un nuevo Golpe de Estado.

Tres hechos que muestran el “envalentonamiento” de la burguesía opositora son los siguientes:

El primero fue la “insurrección parlamentaria” iniciada en julio por el Partido Nacional, con la cual lograron semiparalizar las labores del Congreso Nacional, retrasando la aprobación de diversos decretos, como la Ley de Justicia Tributaria; pero con la mira puesta a impedir la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Estado, a fin de que continuaran en esos cargos Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente, títeres del sector más corrupto del anterior gobierno y del narcotráfico.

El segundo hecho fue la denuncia de un Golpe de Estado que se estaría fraguando de parte de un sector de los militares, presuntamente encabezados por varios generales ya retirados. Esta denuncia se suma a un antecedente reciente del atentado magnicida contra el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien, según informo la Policía Nacional, se le intento envenenar; y a acciones de sabotaje físico contra instalaciones de generación hidroeléctrica y educativas.

Y el tercero fue la manifestación que hizo el llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) el pasado 19 de agosto, fruto de la alianza establecida entre el Partido Nacional y un sector del Partido Salvador de Honduras, que logro movilizar, con mucho, a unas 10 mil personas; señal inequívoca de que las fuerzas vinculadas al atraso y la corrupción buscan iniciar un proceso de movilización política en las calles para cosechar el descontento social inducido en importantes sectores de la población, y así darle base social a sus intentos conspirativos.

Esto llevo al gobierno, en un acto defensivo, a organizar una demostración de fuerza para el 29 de agosto, convocando a las bases de LIBRE desde la misma Presidencia de la República, algo que por primera vez se hace en este gobierno, y a amenazar con acciones legales a los pretendidos militares neo-golpistas.

La convocatoria a la movilización, contrario a lo que cabía esperar de un gobierno que ha tenido un rápido desgaste, tuvo una gran acogida pues dio la oportunidad a la base de la Resistencia Popular para canalizar el repudio y dar una muestra de su espíritu de cuerpo, aún a pesar del descontento que buena parte de esta tiene contra la cúpula de su partido por problemas de empleo, la carestía de la vida y su rechazo a algunas prácticas de su liderazgo.

EL PUEBLO EN LA CALLE CAMBIO TEMPORALMENTE LA CORRELACION DE FUERZAS

¿Fue efectiva esa demostración de fuerza? ¿Qué efecto real tuvo? La prensa burguesa la minimiza afirmando que no tuvo ningún impacto y que los manifestantes se fueron “con las manos vacías”. Pero viendo los resultados concretos, puede decirse que tuvo un efecto importante en la correlación de fuerzas, lo que se expresa en aspectos como los siguientes:

El Partido Nacional anuncio, pocos días después de la convocatoria a la manifestación, que suspendería su “insurrección parlamentaria” el día de la elección del Fiscal, y llegado ese día, cuando decenas de miles rodearon el Palacio Legislativo, en efecto lo cumplió por temor a la reacción popular. Eso permitió temporalmente que el juego parlamentario entre las distintas fuerzas políticas se produjera sin la presión de la “insurrección cachureca”. Por otro lado, el musculo demostrado por el pueblo y la oportuna denuncia de la conspiración de los generales, enfrió las pretensiones golpistas que venían manifestándose impunemente en los medios de comunicación; complementado por la contundente expresión del Gral. José Jorge Fortín, Jeje del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que expresó su respaldo al gobierno de Xiomara y rechazó esas pretensiones.

Hoy día ni Nasralla ni el Partido Nacional ni ningún sector de la llamada “sociedad civil” se atreven a convocar a una nueva manifestación opositora, a hacer llamados públicos a un golpe de Estado o a hacer “insurrección parlamentaria” por temor a la reacción de la Resistencia. Hasta la empresa privada ha moderado su lenguaje, abogando por bajar la confrontación.

En el plano legislativo, la manifestación en sí no influyó en cambiar las votaciones, pero dio pie para que la bancada de LIBRE se unificara y se sintiera con la fuerza política necesaria para trancarse en su propuesta de Fiscal General y Fiscal Adjunto, rechazando negociar sus candidatos con las demás bancadas. Asimismo, Luis Redondo se sintió alentado a “amagar” a los diputados y diputadas propietarios que tienen cuentas pendientes con la justicia –en su mayoría diputados cachurecos-- para impedir que voten en la elección del nuevo Fiscal General, aplicando una prohibición que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En cumplimiento de dicha ley, que tanto Naciones Unidas (OACNUDH) y la misma “sociedad civil”, han exigido, el cachurequismo se vería afectado en su votación ¡Vaya cosas de la vida!

Con lo dicho, puede decirse que, al menos temporalmente, la demostración popular del 29 de agosto ha tenido como consecuencia revertir la correlación de fuerzas sociales, y ahora esa correlación está del lado de la Resistencia popular y del partido de gobierno, lo cual debería ser aprovechado por este para tomar la iniciativa de forma adecuada --y cuando digo adecuada es también corregir los errores que está cometiendo-- en todos los campos y no solo en el tema de la elección de la Fiscalía General del Estado, como proponemos más adelante.

Esta es la buena noticia. Sin embargo, estamos obligados a hacer algunas reflexiones, sobre si esta nueva correlación está siendo aprovechada positivamente, o por el contrario está siendo desperdiciada.

CHINCHILLA HUYO Y SIBRIAN TAMBIEN DEBE IRSE

Tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso Nacional, las fuerzas oligárquicas pretendieron en un principio que Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián prolongaran el periodo de su cargo hasta que fuera electo su sustituto, seguramente para asegurarse de que no queden evidencia en pie contra sus protegidos, los corruptos del anterior régimen.

El principal argumento jurídico con el cual se pretende mantenerlos en el cargo es invocar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, según el cual “las autoridades electas por el Congreso Nacional continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean electos por este órgano del Estado”. Esa ley, elaborada en la época de la narcodictadura para prolongar el periodo de estos funcionarios (por cierto, ambos impuestos ilegalmente en esos cargos, como es de dominio público) contradice lo establecido en la Constitución de la República, que define el periodo de duración de su cargo para cinco años, el que finalizó el 31 de agosto recién pasado, sin ninguna mención de que podría prolongarse en casos especiales.

En situaciones de conflicto como esta, la misma Constitución establece el camino a seguir en su artículo 320: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Por tanto, la continuidad de Sibrián no tiene asidero jurídico constitucional y también debe irse. En su lugar, debe quedar el Director de Fiscales, para los casos ordinarios, y el Fiscal Especial de la UFERCO, para los casos de alto impacto, es decir de corrupción de altos funcionarios públicos.

Empero, la huida de Chinchilla a Nicaragua debilita esta estrategia, pues se quedan sin su peón principal, mientras que el ex Fiscal Adjunto, ha quedado hecho un manojo de nervios ante la iniciativa que Redondo presento en el Congreso de integrar una comisión investigadora sobre el desempeño de estos funcionarios. Por tanto, no creo que dure mucho en el cargo. En fin, veremos.

En las últimas horas circula la especie de que Chinchilla salió como resultado de una “negociación” con el gobierno, por la que este se ofreció a colaborar a cambio de protección, sobre lo cual aún no existe evidencia. Pero ciertamente es sospechoso de que este funcionario, que estaba en la mira de todo el país, haya abandonado Honduras así de fácil, sin que se le haya adelantado ningún proceso acusatorio en su contra previendo esa situación y sin que ninguna autoridad lo haya detenido.

Pero ¿y qué hay del proceso de elección del Fiscal General y Adjunto? ¿En qué va a quedar todo eso?

EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO

Todo indica que este malogrado proceso va camino a naufragar y que al parecer puede tener otra salida por fuera del Congreso Nacional, sobre lo cual, en la última parte de este artículo, hago una propuesta. Pero es importante echar una mirada crítica a como ha sido manejado desde la primera etapa a cargo de la Junta Proponente, y después por los partidos políticos en el Congreso Nacional.

En cuanto a la Junta Proponente, esta no garantizó un proceso imparcial y objetivo de las y los precandidatos. Recordemos que la mayoría de la Junta Proponente excluyó del proceso con argumentos muy débiles a dos de los candidatos que, por sus méritos y compromiso social demostrado, hubieran sido una excelente cabeza del Ministerio Publico para luchar contra la corrupción institucionalizada: Luis Javier Santos y Mario Urquía.

Luis Javier Santos fue excluido por una injusta evaluación que hizo la CIDH de su rol en el caso emblemático de Janneth Kawas; un caso que fue revisado por la MACCIH, quienes lo exculparon de responsabilidad, pues fue el único fiscal que actuó de todos los que conocieron del asunto, según reporta el reconocido jurisconsulto Joaquín Mejía. Por su parte, Mario Urquía también fue injustamente excluido, en este caso por haber sido presidente de la anterior Junta Nominadora para nombrar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, sin que esto sea una causal de inhabilitación, ya que el Ministerio Publico es una entidad autónoma que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado.

Ambos profesionales elevaron sendos Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta el día de hoy no han sido resueltos previo a la elección del Fiscal, como debió haber ocurrido. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero lo que es claro es que “los astros” se alinearon a fin de impedir que ocuparan tan alto cargo.

En la lista final quedaron los cinco candidatos oficializados (entre paréntesis, con su nota de promoción): Jenny Gabriela Almendares Flores (95.55%), Mario Alexis Morazán Aguilera (87.98%), Marcio Cabañas Cadillo (84.36%), Johel Antonio Zelaya Álvarez (80.94%) y Pablo Emilio Reyes Theodore (75.26%).

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, en un abuso de sus atribuciones, nombro una comisión multipartidaria para que hiciera su propia evaluación de los candidatos, sin tomar en cuenta lo hecho por la Junta Proponente (nombrada por el mismo Congreso en base a Ley), incluso le asigno nuevas calificaciones. Si bien es cierto, el proceso llevado a cabo por la Junta Proponente no fue del todo satisfactorio, al menos fue transparente; pero este otro, solo las cuatro paredes del Congreso fueron testigos de una “evaluación” hecha a la carrera por los diputados(as) y la cual, por lo visto se hizo para justificar sus propias propuestas.

¿PROPUESTAS PARA UN MEJOR MINISTERIO PUBLICO O PARA "ARREGLARSE" ENTRE CORRUPTOS?

Al hacer sus propuestas, los partidos políticos dejaron fuera a dos de estos cinco candidatos. Uno de los excluidos fue el segundo mejor calificado por la JN, Mario Alexis Morazán Aguilera, miembro de LIBRE, profesional con doctorados, maestrías y amplia experiencia profesional, quien recientemente fue condecorado por la presidenta Xiomara Castro por haber sido uno de los profesionales que defendieron el Estado de Derecho y la democracia en contra del Golpe de estado de 2009; solo tuvo una tacha en el proceso de selección y la desvaneció. Como dato curioso, Mario Morazán quedó fuera porque no fue postulado por su propio partido, LIBRE, ni siquiera como Adjunto.

El otro excluido fue el cachureco Pablo Emilio Reyes Theodore, hombre de confianza de la ex directora de la DEI, Miriam Guzmán, a quien sirvió contra el sindicato de esa institución. De manera similar, este candidato tampoco fue apoyado por su partido, el Partido Nacional.

Al ser excluidos estos dos, quedaron tres que son objeto de consideración en las propuestas de los partidos políticos: Marcio Cabañas Cadillo, Johel Zelaya Álvarez y Jenny Almendares Flores. Los dos primeros liberales y la última sin afiliación declarada.

LIBRE propone en su fórmula a Johel Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas Cadillo (que resultaron mejor evaluados por la comisión nombrada por el Congreso); mientras que el BOC propone a Marcio Cabañas Cadillo y Jenny Almendares Flores. Como se ve ambas formulas tienen en común que proponen a Marcio Cabañas Cadillo, liberal del lado oscuro, por lo que pareciera que la estrategia de LIBRE y del BOC, en esta primera etapa, fue coquetear con el Partido Liberal, llevando a la cabeza de sus respectivas formulas a este profesional para obtener su apoyo en la votación, aunque para ello hayan sacrificado a sus propios compañeros de partido, como ya se explicó.

Pero ¿será que alguna de estas dos fórmulas de postulados reúne condiciones para dirigir el Ministerio Publico? Puede decirse que individualmente algunos de los candidatos reúnen esas condiciones, pero no en las fórmulas propuestas. Veamos.

Marcio Cabañas Cadillo, el candidato en quien todos los partidos coinciden (tuvo la mejor nota en su evaluación “rapidita” de los diputados), no es precisamente una blanca paloma; en 2009 beneficio al dueño de “Pronto”, el empresario Mauricio Gabriel Kattan Salem, en el sonado caso del “Trafico gris”, recomendando al entonces fiscal General cachureco, Leónidas Rosa Bautista, para que cerrara todas las diligencias investigativas del caso; caso que hasta ahora está en la impunidad. Tenerlo en el Ministerio Publico, aun como Fiscal Adjunto, equivale a que los corruptos tengan un pie dentro de esa institución.

Que a Cabañas Cadillo lo recomienden los cachurecos y sus aliados no es extraño, pero la pregunta obligada es: ¿cómo puede LIBRE tener estómago de haber sacrificado a un buen candidato de su partido, como Mario Morazán, y proponer a este otro señor que carga con semejante cuestionamiento? El mismo diputado de LIBRE, Jari Dixon, quien conoce a Cabañas Cadillo desde la época del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, de quien era asistente, repudió esa postulación. Eso significa que, para llegar a componendas con los liberales, LIBRE y los del BOC están dispuesto a llevar de candidato a un personaje co-responsable de la impunidad. Juzguen ustedes.

Como se dijo, las coincidencias entre los partidos terminan con este último personaje, porque las propuestas se dividen respecto a los otros. LIBRE propone a la cabeza de su fórmula a Johel Antonio Zelaya Álvarez y el BOC propone de Fiscal Adjunta a Jenny Gabriela Almendares Flores. ¿Qué méritos y deméritos tienen estos?

Johel Zelaya Álvarez, quien ocupo el 4º lugar de calificaciones en la evaluación de la Junta Nominadora (y el 1er puesto en la “rapidita” de los diputados) tiene como merito que está limpio de antecedentes reñidos con la ética; ni en este proceso ni cuando fue candidato a la Corte Suprema de Justicia tuvo ninguna tacha, según me consta, y es además un reconocido defensor de su etnia lenca en su lucha contra la industria extractiva que afecta sus comunidades, según refiere la organización lenca ONILH.

Sus detractores desde la derecha en los medios de comunicación alegan que ocultó su condición de regidor en la municipalidad de Reitoca, pero en realidad ni lo ocultó en el expediente que entregó a la Junta Proponente ni en su entrevista publica, como lo atestiguan Odir Fernández y Julio Raudales, miembros de la Junta Proponente ; además, ser Regidor no es causal de inhabilitación, según la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 20 numeral 4 (según esa misma ley, si lo es haber sido “directivo activo de un partido político”, algo de lo que nadie lo acusa).

Su lado débil es su nivel académico universitario básico y su poca experiencia; no tiene postgrados, incluso cuando fue candidato a la Corte Suprema no pasó el examen escrito, y no tiene experiencia como fiscal ni conocimientos especializados de derecho penal. De manera que Johel Zelaya, es un buen candidato en términos éticos y de compromiso social entre los cinco finalistas, pero no es el candidato académica ni profesionalmente idóneo para encabezar esa fórmula a un cargo de tan elevada responsabilidad. Esta es la persona que postula LIBRE encabezando su fórmula, además del mencionado Marcio Cabañas Cadillo, como Fiscal Adjunto.

En cuanto a Jenny Almendares, cuya afinidad partidaria es desconocida, fue la mejor calificada por la Junta Proponente con 95.55%, aunque la evaluación “rapidita” de los diputados la rebajo a un 78%. No cuenta con doctorados, pero si con maestrías y especialidades, con sobresaliente experiencia técnica en el Ministerio Publico, donde ejerció por 20 años, y en materia de derechos humanos con organizaciones no gubernamentales. No tiene cuestionamientos éticos de ningún tipo en todo el tiempo que laboro en el Ministerio Publico y se sabe que se ha dedicado profesionalmente a la causa de los derechos de los privados de libertad, actividad a la que también se ha dedicado su padre, el respetado Dr. Juan Almendares Bonilla, por lo que se asume que tiene sensibilidad social.

Sus detractores difunden rumores de que estuvo del lado del Golpe de Estado en 2009, presentando requerimientos ordenados por el Ministerio Publico contra varios funcionarios del gobierno de Zelaya, de lo cual no he tenido a la vista ninguna evidencia, sino solo rumores en las redes sociales. Mientras esas evidencias llegan, la abogada Almendares es una de las mejor posicionadas para ocupar el ansiado cargo.

Por todo lo dicho, una fórmula que contara con la abogada Mario Morazán, Jenny Almendares y Johel Zelaya Alvares de Adjunto, sería aceptable. Pero como vimos, uno quedo excluido y a los otros los hacen acompañar de personajes de dudosa reputación en sus fórmulas.

De lo anterior se deduce que, aun cuando hay buenos profesionales participando, las propuestas presentadas por ambos bandos en el Congreso Nacional fueron organizadas pensando más en llegar a arreglos entre partidos para garantizarse impunidad unos a otros, que en darnos un Ministerio Publico de calidad. Desafortunadamente no hay apertura para reconsiderarlas y eso a lo único que nos lleva es a tener más de lo mismo en esa institución de justicia.

¿JUSTICIA REAL O UN “SOMBRERAZO” PARA UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES?

Así las cosas, temporalmente las negociaciones en el Congreso sobre la elección del Fiscal General se han suspendido, y en el ínterin, el presidente del Congreso Nacional y la presidenta Xiomara anuncian varias medidas que parecieran un giro completo en la estrategia sobre este tema: 1) Se ha anunciado un apoyo total a la UFERCO, incrementando su presupuesto y dándole todo el apoyo que necesite para que lleve a los corruptos a los tribunales, aprovechando que no existe la traba del Decreto 116-2019 para retrasar los procesos; 2) Luis Redondo integro una comisión de diputados(as) para investigar el desempeño de Chinchilla y Sibrián; y, 3) amenaza con aplicar la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo por la cual no podrán votar en la elección del Fiscal General y Adjunto las diputadas y diputados que tienen causas pendientes con el Ministerio Publico. ¿Sera cierta tanta belleza?

Esto que parece ser un buen síntoma de voluntad política contra la corrupción, me lleva a las siguientes reflexiones: La UFERCO en los últimos dos gobiernos ha clamado por apoyo para su trabajo, sin ser escuchada ¿por qué antes no se le dio “todo el apoyo” y ahora sí? ¿Es una real intención de hacer justicia o solo es un recurso táctico para condicionar otra ronda de negociaciones con liberales y cachurecos, para después volver a olvidarse de esta noble fiscalía?

Con todo mi corazón deseo que se haga justicia, pero ese camino no parece algo serio ni sostenible. Todo parece indicar que se trata solo de un improvisado “amago de justicia”, que de repente sacrifique a uno que otro, pero con el fin de ablandar a los lideres y diputados del Partido Nacional y Liberal para someterlos a una nueva ronda de negociaciones sobre la elección del Fiscal General, ya que esta solo puede hacerse con 86 votos. De seguir ese camino, el resultado no tendrá nada que ver con los intereses de la sociedad sino con los intereses de las cupulas del partido o coalición de partidos que logre imponer sus fórmulas de componendas. Por el bien de este país, ojalá me equivoque.

CAMBIAR EL MODELO POLITICO A TRAVES DE UNA CONSTITUYENTE

Como vimos al inicio de este artículo, el Pueblo que vino a Tegucigalpa el pasado 29 de agosto a exigir un nuevo Fiscal, quiere y merece algo de calidad. Pero también merece que el gobierno en sus tres poderes realice cambios estructurales con los cuales no tengamos que estar “apagando incendios”, como ocurre hoy día, sino que den respuesta a los anhelos de vivir en un país con real democracia e inclusión. Si nos vamos a movilizar de nuevo, que sea para un cambio real, trascendente, un cambio de estructuras; no para seguir en más de lo mismo.

¿Y CÓMO HACER ESE CAMBIO DE ESTRUCTURAS?

Cambiar las estructuras significa cambiar la causa del problema, y esta causa es el modelo político que nos rige. Un modelo es una forma sistemática de organizar y hacer las cosas constantemente. El modelo político que está detrás de la decepcionante conducta de los diputados(as) en la elección del Fiscal General y Adjunto, así como en el pasado ocurrió con la elección de la Corte Suprema de Justicia, y mañana ocurrirá con el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras instituciones claves, es un modelo de “democracia representativa” de tipo capitalista, que ya está agotado, caduco y desfasado.

Si realmente este modelo fuera representativo, los diputados y diputadas tendrían que ir a nuestras comunidades a preguntarnos que queremos y seguramente regresarían con decisiones diferentes a las que suelen tomar. Pero nada los obliga a hacerlo. Y no es su culpa porque todos hemos sido educados de que este es el mejor de los sistemas. A tal punto llega la alienación del Pueblo que se ve como lo más normal del mundo que un puñado de 128 diputados y diputadas, bajo el mando de las cupulas de sus partidos, sigan decidiendo por millones de hondureños(as) en todo aquello que afecta sus vidas.

Antes la crisis de este modelo no era evidente porque en el pasado se ajustaba a un bipartidismo que todo lo resolvía con componendas amistosas entre los oligarcas y ricachones; ya que ellos eran los únicos “representados”. Cualquier cambio que ocurriera no ponía en peligro sus intereses materiales más profundos, porque se relacionaban entre iguales. Pero en la actualidad, después del surgimiento de la Resistencia Popular, cualquier proceso de selección en el que estén en juego cuotas de poder, son peleadas a patadas y arañazos por los representantes de la oligarquía conservadora de este país. Este conflicto tiene como escenario el Congreso Nacional, la Corte Suprema, como también las municipalidades, las instituciones descentralizadas, las Juntas nominadoras y proponentes, entre otras instancias. Por lo dicho, este modelo no genera soluciones para nada, sino que solo genera conflictos y crisis políticas que escapan al control del Pueblo.

La primera solución a este problema es abandonar este modelo de “democracia representativa”, pues a los únicos que representa es a los empresarios y burócratas del sistema capitalista; y, en sustitución de este, adoptar un modelo de “Democracia Participativa Directa”, verdaderamente socialista, en el que el protagonista de la toma de decisiones sea el Soberano, es decir, el Pueblo mismo.

Esto significa que en un modelo de Democracia Participativa Directa, el Pueblo seria quien elegiría de manera directa a los magistrados(as) a la Corte Suprema, el Fiscal General y Adjunto, el Tribunal Superior de Cuentas, o a los Secretarios de Estado, de entre aquellos candidatos y candidatas que pasen por el filtro de las Juntas Nominadora o Proponentes, a través de procesos bien diseñados y auditados con participación ciudadana, organizados de manera que la participación ciudadana no dependa de su afiliación a un partido político.

La segunda medida debe ser introducir la figura de la Revocación del Mandato de todo funcionario público o representante electo por voto universal directo y secreto. Eso significa que estos podrán ser destituidos de sus cargos cuando el pueblo lo decida, ya sea porque ya no está conforme con las decisiones que toma o porque considere que hay un mejor representante para ese cargo. Eso impediría la eternización de los funcionarios y que estos se crean intocables ante sus electores.

La tercera medida es que estos funcionarios deben someter sus planes, presupuestos e informes ante asambleas ciudadanas de distritos electorales que los eligen. De esa forma los funcionarios nombrados y electos estarán obligados a hacer lo que la base quiere, estando estos en posibilidad de hacer propuestas, siempre sometidas a la voluntad popular.

La cuarta medida es que su remuneración debe ser decidida por la ciudadanía y no por ellos mismos, con lo cual se evitaran los abusos de auto aumentos exorbitantes que tanto indignan a la ciudadanía.

La quinta medida es que juntas nominadoras integradas por ciudadanos(as) hagan una preselección de candidatos y candidatas, que los investigaran para asegurarse de su idoneidad para los cargos, y de entre los candidatos, el Pueblo elegirá a sus funcionarios(as), con lo cual se evita los nombramientos de incapaces, la corrupción, vínculos con organizaciones criminales, el nepotismo y problemas derivados de una mala selección de los nombrados o electos.

Medidas como estas, propias de una Democracia Participativa Directa evitaría que sea la elite política de los partidos quienes terminen imponiendo a sus peones, sino que los representantes elegidos de esta forma respondan a asambleas ciudadanas y no a los responsables políticos partidarios.

Seguramente el pueblo se equivocará en una u otra ocasión, pero aprenderá a decidir, y es preferible que se equivoque el Pueblo mismo, y no que se equivoquen 128 personajes arrastrando con sus errores a 9 millones de habitantes.

¿CÓMO HACER ESTE CAMBIO?

En el marco del actual orden constitucional, no es posible sustituir el actual modelo político por otro mejor. Si bien la Constitución establece que “La soberanía reside en el Pueblo” (art. 3), lo cual es una bonita declaración, sin embargo, en su texto no da lugar a que el Pueblo decida directamente quienes quieren que sean sus funcionarios. Esa potestad se la reserva el Poder Ejecutivo para ciertos cargos (ministerios, etc.), y el Poder Legislativo para otros, como el caso que nos ocupa.

Las figuras del plebiscito y el referéndum, que deberían ser mantenidas en el nuevo modelo, en el actual no resuelven este problema pues, tal como están diseñadas en la ley respectiva, tampoco escapan a la aprobación del Congreso Nacional, es decir por esa minoría de “representantes”, y, además, tal como están formuladas no pueden aplicarse a la elección de altos cargos del Estado. En un nuevo Modelo de Democracia Participativa Directa, si serian mecanismos efectivos de consulta popular.

Por tanto, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente Originaria e Inclusiva, convocada para reorganizar por completo el Estado hondureño; que establezca mecanismos de participación ciudadana más directos, con rendición de cuentas, transparencia y tolerancia política.

Una Asamblea Constituyente es el organismo democrático supremo de una democracia electoral y no debe temerse referirse a esta. No se trata de una "constituyente" según convenga al gobierno de turno, mucho menos de la oligarquía; sino que convenga al Pueblo de base.

Eso no significa la desaparición de los partidos, sino la subordinación de estos al Poder ciudadano real, eliminando eso sí, las prerrogativas que otorgan poderes desproporcionados a caudillos, comités centrales o liderazgos.

Ahora que el pueblo en las calles ha logrado cambiar la relación de fuerzas a favor de los cambios, y vista la crisis constante que generan los fallidos mecanismos de elección de funcionarios públicos, como ocurre con la elección del Fiscal General y Adjunto ¿no será el momento de abrir el debate sobre la necesidad de hacer cambios de este tipo y del mecanismo Constituyente que aquí se propone?

Bien decía Einstein que no esperemos cambios en nuestra realidad si seguimos haciendo las mismas cosas como siempre. Atreverse a cambiar es la clave del progreso.

Por Josué Joel Sevilla López

Resumen

Este trabajo ubica el fenómeno de los movimientos estudiantiles en la década de 1970, en el nivel de secundaria y la universidad. A finales de la década de 1960, hubo una serie de movilizaciones contra las pretensiones de las Universidades del Estado de Florida, por conducir la educación hondureña. La resistencia contra el Consorcio de Florida culminó con la organización y participación de la izquierda hondureña.

Palabras clave: comunismo, política, exiliados, policía, Honduras

1. Introducción:

Este trabajo aborda como los Partidos Comunistas Hondureños (PC hondureños) se vincularon con el movimiento estudiantil de secundaria y universitario en la década de 1970. El artículo fue construido a partir de los testimonios de algunos protagonistas de la época. En Honduras, el estudio de los movimientos estudiantiles es un pendiente de las ciencias sociales. Actualmente existe un reducido conjunto de trabajos destacados que permiten ubicar desde la generalidad, la historicidad de los movimientos estudiantiles en Honduras.

Las teorías sociológicas surgidas en Europa y EUA en la década de 1960, reconocen a las organizaciones estudiantiles como parte de los nuevos movimientos sociales. Por ende, se presenta la evolución de las teorías dominantes en la academia de los movimientos sociales y la teoría de los movimientos antisistémicos de Immanuel Wallerstein como una postura alternativa de análisis (Wallerstein, 2004). En este sentido, se utiliza el concepto de movimientos antisistémicos para referir al movimiento obrero, movimiento campesino, los Partidos Comunistas Hondureños, y los movimientos estudiantiles hondureños.

La década de 1970 en Honduras, ha sido definida por la historiografía como una etapa marcada por el reformismo militar. El coronel Oswaldo López Arellano (OLA) realizó un viraje al ejecutar en su segundo mandato (1972-1975), una serie de reformas en materia económica y de inversión estatal de relativa trascendencia en el país. Entre los años 1963-71, OLA se hizo del poder político en Honduras en una primera etapa a partir de una alianza con el Partido Nacional de Honduras. Dicho partido fue dirigido por el emblemático Ricardo Zúñiga Agustinos en la década de 1960, quien culminó su carrera política acusado de corrupción. Finalmente describiré la historicidad de los movimientos estudiantiles desde una generalidad y presentaré como se conformaron los diferentes movimientos estudiantiles en la década de 1970, a partir de los testimonios. Los dos Partidos Comunistas que existían en nuestro país, participaron en el proceso de formación de las organizaciones y frentes estudiantiles de la década de 1970.

2. Aproximación a las teorías sobre los movimientos sociales en el siglo XX: teorías predominantes y la teoría de los movimientos antisistémicos

La teoría social empleada para analizar los movimientos sociales ha tenido una evolución en el siglo XX. La protesta social se convirtió en un fenómeno importante y los científicos sociales trataron de explicar las motivaciones que llevaron a las clases subalternas y diferentes actores a luchar

con agendas alternativas, contra los poderes fácticos. Durante el siglo XIX, Marx y Engels fueron pioneros en examinar el impacto del capitalismo en Europa, pero también a la clase obrera. Un análisis clásico lo dejó Federico Engels en “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (Engels, 2019). Carlos Marx, lo hizo en “Los Manuscritos económicos y filosóficos”. Posteriormente, ambos escriben “El Manifiesto comunista”, donde existe un énfasis en la clase obrera (Engels K. M., 2019).

Durante la primera etapa la teoría social puso su atención en el movimiento obrero y el movimiento campesino. El sociólogo Eugenio Sosa (2013) explica que, durante la primera mitad del siglo XX, surgieron las teorías de psicología de masas, el comportamiento colectivo y la sociedad de masas, derivadas de un enfoque psicosocial (pp. 25-29). El estudio de los movimientos sociales prosiguió desarrollándose. En algunos países dichos movimientos fueron considerados como peligrosos según Guido Galafassi (2011), quien comenta al respecto:

En el periodo de entreguerras, la ciencia norteamericana consideraba mayoritariamente a la movilización social como portadora de un comportamiento político no institucionalizado, espontáneo e irracional, por lo cual era potencialmente peligrosa al tener la capacidad de amenazar la estabilidad del modo de vida establecido. (p. 9)

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron en EUA las posturas teóricas de la “elección racional” y la “teoría de movilización de recursos”. La teoría de la elección racional consideró los movimientos sociales como actores racionales que definen sus objetivos empujados por ciertos intereses individuales. Sobre la teoría de la movilización de recursos, el escritor argentino Guido Galafassi (2011) menciona lo siguiente:

En este marco surge la teoría de la “movilización de recursos” (ressource mobilization) que es, por mucho, la que ha cosechado la mayor parte de los adeptos y la que se mantiene vigente hasta la actualidad. La diversidad de matices es muy grande, pero podemos mencionar a modo de ejemplo los siguientes autores más o menos afines a esta línea: McAdam (1982), McCarthy (1977), Tarrow (1997), Tilly (1978, 1990), Craig Jenkins (1994), etc. Aquí, la preocupación ya no gira exclusivamente alrededor del individuo egoísta sino alrededor de la “organización” y de cómo los individuos reunidos en organizaciones sociales gestionan los recursos de que disponen (recursos humanos, de conocimiento, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos. (p. 10)

Aparte de las teorías citadas, Guido Galafassi informa sobre la teoría de los movimientos antisistémicos desarrollada por el destacado sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein. Dicha perspectiva no fue entendida en una primera etapa en los círculos académicos y tuvo que entrar en el debate con otras posturas teóricas que se estaban desarrollando en EUA y Europa. Su apuesta consistió en denominar como movimientos antisistémicos a lo que se conoce como movimientos sociales ¿Cómo define los movimientos antisistémicos Immanuel Wallerstein?

Una forma de expresión que pueda incluir en un solo grupo a aquellos que, histórica y analíticamente, habían sido en realidad dos tipos de movimientos populares diferentes, y en muchos sentidos hasta rivales; es decir, por un lado, aquellos movimientos que se identificaban con el nombre de “sociales” y, por el otro lado, los que se autocalificaban como “nacionales”. Los movimientos sociales fueron concebidos originalmente bajo la forma de partidos socialistas y de sindicatos; y ellos pelearon para fortalecer las luchas de clases dentro de cada Estado, en contra de la burguesía o de los empresarios. Los movimientos nacionales, en cambio, fueron aquellos que lucharon para la creación de un Estado nacional, ya fuese combinando unidades políticas antes separadas que eran consideradas como parte de una nación —como por ejemplo en el caso de Italia- o escindiéndose de ciertos Estados considerados imperiales y opresivos por la nacionalidad en cuestión— como el caso de algunas colonias en Asia y en África, por ejemplo. (Galafassi, 2011, p. 15)

Los movimientos antisistémicos aspiraban a la toma del poder para cambiar el mundo. En un texto recopilatorio de ensayos llamado “Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos”, dicha categoría es empleada por Wallerstein para referirse a los movimientos sociales que surgieron en el siglo XIX y XX:

El siglo XIX vio el nacimiento de dos variedades principales de movimientos antisistémicos: socialistas y nacionalistas. Los primeros insistían en la opresión del proletariado por la burguesía, y los segundos en la opresión de los pueblos (y «minorías») sometidos por etnias dominantes. Ambos tipos de movimientos pretendían conseguir, en un sentido amplio, la «igualdad». De hecho, tanto unos como otros utilizaron las tres consignas del lema revolucionario francés «libertad, igualdad, fraternidad» de forma prácticamente indistinguible. Ambos tipos de movimientos fueron cobrando una forma organizativa concreta en un país tras otro, y al final en casi todos, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. Ambos insistían en la importancia de conquistar el poder estatal como etapa intermedia indispensable en la vía hacia sus objetivos últimos. El movimiento socialista, sin embargo, sufrió una importante escisión mundial a comienzos del siglo XX a propósito de la vía más adecuada para conquistarlo (estrategia parlamentario insurreccional). En 1945 existían tres redes claras y distintas de tales movimientos en la escena mundial: los partidos comunistas de la Tercera Internacional, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional y los distintos movimientos nacionalistas (o de liberación nacional). El periodo 1945-1968 supuso notables logros políticos para esas tres redes de movimientos. (Wallerstein, 2004, p. 348)

La propuesta teórica de los sistemas mundos, y los movimientos antisistémicos fueron diseñados por el autor para analizar procesos sociales de largo plazo y aquellos actores que generaron procesos de resistencias, en una etapa histórica. Las teorías de los nuevos movimientos sociales incluyen a los movimientos estudiantiles, así como los movimientos identitarios y culturales, en su agenda de análisis. En este sentido, este ensayo consideró a las organizaciones estudiantiles como un movimiento antisistémico. Ese será el énfasis que se dará en las líneas que prosiguen. La categoría de movimientos antisistémicos se utilizarán para referirse al movimiento obrero, movimiento campesino, los Partidos Comunistas Hondureños, y los movimientos estudiantiles hondureños.

3. Contexto histórico de Centroamérica y Honduras en la década de 1970

La década de 1970, es descrita en Centroamérica por el sociólogo costarricense Manuel Rojas Bolaños (1994) en la “Historia general de Centroamérica” por distintos escenarios. En Guatemala se estableció un régimen militar fuerte que dominó la política durante casi toda la década. El Salvador, y Nicaragua se conducen hacia los procesos de guerra civil. La mayor parte de organizaciones guerrilleras se fortalecieron en estos países durante la década de 1970. En cambio, Costa Rica agotó la estabilidad política y económica de los procesos de reformas que, desde la década de 1940, se fortalecieron en este país (pp. 116-138). Honduras inició un proceso de apertura democrática al que la historiografía hondureña denominó como reformismo militar (Cid, 1983, pp. 267-299).

Sin embargo, la década de 1960 Honduras transitó por un proceso de represión, y persecución de los movimientos antisistémicos después del golpe de estado de 1963, bajo el pretexto de una supuesta infiltración comunista a lo interno del gobierno de Ramón Villeda Morales (1957-63). Nada más absurdo como justificación de las Fuerzas Armadas debido a que dicho gobernante siempre se identificó como un abierto anticomunista en nuestro país. El primer mandato de OLA, se estableció mediante en una alianza con el Partido Nacional de Honduras.

El movimiento antisistémico hizo varias manifestaciones de resistencia entre movimientos guerrilleros (1965), y el llamamiento de dos huelgas generales inconclusas contra OLA, en 1965 y 1968. La década de 1960, terminó con la guerra entre Honduras y el Salvador en 1969, y una mala experiencia en El Mercado Común Centroamericano. Esto debilitó el poder político de OLA, quien presionado por los movimientos antisistémicos y otros actores tuvo que convocar a elecciones en marzo de 1971, de donde resultó ganador el nacionalista Ramón Ernesto Cruz (Salomon, 1982, p. 51). Ante la pésima administración en que cayó su gobierno, OLA aprovechó esta oportunidad para derrocar a Ramón Cruz, quien esperaba una poderosa manifestación campesina que se dirigía a la capital Tegucigalpa, en diciembre de 1982.

Al posicionarse en un segundo mandato, OLA llevo a cabo un conjunto de reformas en diferentes campos de la economía por medio de una seria de Decretos ejecutivos. La publicación del Decreto 8 en 1973, significó un primer momento del gobierno en la configuración de su programa reformista (Cid, 1983, p. 287). Luego se publicaron los Decretos 9, 10, 12, 14 como parte de la reforma según Leticia Salomón (1982, pp. 75-76). Posteriormente apareció ante la opinión pública en enero de 1974, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la publicación de la segunda LRA en 1975. Acompañado a las reformas, se creó el Proyecto de Capacitación Campesina para la Reforma Agraria (PROCCARA), el cual estuvo coordinado a partir de 1973 por el reconocido teórico Clodomir Santos de Morais (1928-2016), el cual capacitó una gran cantidad de técnicos en torno al proceso de LRA. Gracias al planificador brasileño, en Honduras se fundaron las empresas asociativas y aplicó su teoría de organización en el país. En el contexto del momento histórico que se describe, Santos de Morais publicó su Teoría de la organización “que, en su opinión, permitirían que obreros y campesinos y, en general, los pobres, puedan auto-organizarse para el trabajo colectivo con fines económicos” (Ruiz, 2017).

El Partido Comunista de Honduras (PCH) identificó el proceso de reformas y la década de 1970, como una etapa de “apertura democrática”. La década de 1960 fue para los comunistas de persecuciones, divisiones y reveses con el movimiento antisistémico. No obstante, al tener un acercamiento con OLA y las Fuerzas Armadas crearon una línea que denominaron como “acumulación de fuerzas y democratización de los espacios”. La misma consistió en crecer en cantidad y acaparar los espacios dentro del movimiento popular, a través de cuadros políticos. La segunda mitad de la década de 1970 terminó con un proceso de contrarreforma comandado por el general Juan Alberto Melgar Castro (1975-78).

4. La historicidad de los movimientos estudiantiles entre 1918-69

¿Cómo surgen los movimientos estudiantiles en Honduras durante el siglo XX? Hay dos momentos. Primero, los que surgieron durante la primera mitad del siglo XX a nivel universitario; luego, los que se crearon en la segunda mitad, el cual incluye el nivel de secundaria y universitario. Los antecedentes de los movimientos estudiantiles a nivel universitario tienen como punta de lanza la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), fundada el 25 de julio de 1925 (Joya, 1979, p. 2). La formación de la FEUH, se inspiró en el movimiento de Córdoba en Argentina (1918) y motivó a los estudiantes a luchar por la autonomía universitaria como lo ha dejado evidenciado el historiador Moisés Mayorquín (2017, pp. 152-159).

Refiriéndose a la historia de los movimientos estudiantiles durante el siglo XX, Josué Sevilla alude que:

“En una primera etapa, los movimientos estudiantiles se desenvolvieron bajo el esquema de la ideología liberal, de la cual devinieron como hermandades, con fines de lucro académico, político, o como simple afición de jóvenes intelectuales. Sin embargo, las ideas de izquierda y otras tendencias que se incubaron en la década de 1950 -cuando el comunismo internacional, daba síntomas de superar la sociedad burguesa occidental- incentivaron la organización de movimientos estudiantiles en Honduras, con otros fines de lucha al tradicional” (Sevilla, 2019).

Le FEUH en las primeras décadas del siglo XX según la tesis “Apuntes sobre la historia de la FEUH”, estuvo determinada por las diferencias políticas entre estudiantes ligados al Partido Liberal y el Partido Nacional. Al respecto se sostiene que:

En 1931 estando de presidente de la FEUH, el Br. Ramón Villeda Morales se publica el primer número del Órgano de publicidad de la Federación, "El Universitario”, es aquí donde se vislumbrará más claramente los conflictos entre ambas tendencias políticas, al surgir problemas en la dirección del periódico que estaba compuesta por estudiantes liberales y nacionalistas. “Ambos bandos se acusaron mutuamente de partidarios ciegos, de utilizar las páginas del periódico con el fin de divulgar política sectaria. (Joya, 1979, p. 3)

Por tanto, la primera etapa de los movimientos estudiantiles estuvo determinada por las pugnas entre los estudiantes ligados a los partidos tradicionales. El primer PCH que se mantuvo activo en las décadas de 1920 y 1930, parece que no tuvo influencia durante la primera etapa de los movimientos estudiantiles representados en la FEUH. Aunque la tesis anterior comenta sobre una alianza entre liberales y el Partido Socialista Revolucionario Hondureño (PSRH) en 1932 (Joya, 1979, p. 6), no tuvo nada que ver la izquierda de esos años y el primer PCH. Lo contrario, este partido representó una oposición a los comunistas hondureños como lo señaló Mario Posas (2019) en uno de sus últimos trabajos.

Un artículo del periódico de la FEUH El Universitario dice lo siguiente sobre el PSRH:

Cordial mensaje recibido tal como lo esperábamos, el Comité Central del Partido Revolucionario de Honduras, nos ha declarado enfáticamente estar de acuerdo con la labor de El Universitario y en su cordial mensaje nos expone los puntos de su programa sobre los cuales desearía obtener nuestro parecer para afrontar una lucha común. Las columnas de nuestro semanario no nos permiten hacer una exposición extensa al respecto, pero al condensar nuestro sentimiento y nuestras ideas, podemos decirles a los compañeros obreros, que dentro de nuestra ideología caben ampliamente los puntos señalados de su programa. (Universitario, 1931, p. 1)

El aparecimiento del periódico El Universitario y la Fundación del PSRH ocurrieron en el año de 1931. Por esta razón la FEUH, se pronunció a favor del programa de este partido al que Mario Posas (2017) calificó de representar una tendencia social demócrata (p.218). Cuando Tiburcio Carías Andino ocupó la presidencia de la república en 1933, persiguió a varios miembros de la FEUH y muchos fueron a parar al exilio. Parece ser que la FEUH detuvo su activismo político por algunos años y luego fue ocupada por los nacionalistas como lo evidencia el periódico llamado Vanguardia Universitaria donde se identifican en los artículos del mismo a varios líderes del Partido Nacional (Universitaria, 1948).

La tesis citada nos informa sobre las manifestaciones que acompañó la FEUH, al finalizar la dictadura de Tiburcio Carías en 1949 y retomar su activismo a finales de la década de 1970 (Joya, 1979, pp. 7-12). Durante la segunda mitad del siglo XX, los movimientos estudiantiles se vieron cautivados por los vientos de cambios en los años de posguerra y el inició de la guerra fría a nivel internacional en la década de 1950. La FEUH, tuvo su primera prueba de fuego con la huelga bananera de 1954. El llamado de los obreros por apoyo fue recibido con acciones por parte de los estudiantes. Sobre esto hecho, nos dice la tesis mencionada:

Ante este llamado, la FEUH se pronuncia y se constituyen varios comités para canalizar dicha ayuda. El 7 de mayo se integró el Comité Universitario de Solidaridad con la Huelga, Este promovía la recaudación de fondos, la difusión de los objetivos del movimiento y brigadas a los campos bananeros. (Joya, 1979, p. 14)

En las recolectas para la huelga bananera de 1954 participaron los jóvenes Guatama Fonseca y Jorge Arturo Reina, quienes se convertirían en figuras públicas en años posteriores. Después de este acontecimiento, otro punto de referencia que motivó la organización de los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad fue la Revolución Cubana de 1959, que causó una gran conmoción en la comunidad universitaria. Por esos años ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el distinguido abogado Rodil Rivera Rodil quien facilitó su testimonio para esta investigación. Sobre las expectativas que provocó la Revolución Cubana en el imaginario colectivo de los estudiantes de la UNAH manifestó lo siguiente:

Definitivamente, el acontecimiento histórico de máxima envergadura que aconteció durante mi época de estudiante, lo constituyó la Revolución Cubana, que se produjo en el propio año que ingresé a ella, el cual, al igual que ocurrió en todas las universidades de América Latina y del mundo, la conmocionó hasta sus mismos cimientos. Por ello, no creo equivocarme si sostengo que la historia de la UNAH y del movimiento estudiantil universitario hondureño, al menos de aquellos años, puede escribirse de dos maneras: antes de la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana. En una palabra, el movimiento estudiantil experimentó una profunda transformación y comprendió mejor el rol que debía jugar en el destino de Honduras (Rodil, 2021, p. 2).

Como deja entrever el entrevistado, a finales de la década de 1950, existía una gran motivación dentro del movimiento estudiantil en torno a la experiencia cubana. A finales de la década de 1950, dos temas se pusieron en boga que incentivaron el movimiento estudiantil: la obtención de la autonomía universitaria en 1957 y la organización de los estudiantes en frentes. Una fuente del portal del FRU, nos expone el ambiente que había en el surgimiento de nuevos movimientos estudiantiles dentro de la universidad:

Hasta 1956, no existían en la universidad frentes estudiantiles con carácter permanente, sino agrupaciones que surgían al calor de las elecciones de la FEUH. Por esos años, tres serían los frentes estudiantiles que se disputaban la presidencia de la máxima organización estudiantil: 1. El Movimiento Universitario Vanguardista (MUV), formado por jóvenes estudiantes vinculados al partido liberal y al movimiento reformista (partidarios del Movimiento Reformista de Gálvez y William, desgajado del Partido Nacional). 2. El Frente de Unidad y Renovación Universitaria (FURU), formado por seguidores del Partido Nacional y de Carias Andino, y 3. El Frente de Reforma Universitaria FRU, formado por jóvenes vinculados al partido liberal y elementos democráticos revolucionarios con tendencias marxistas. En noviembre de 1957 se funda el primer frente universitario con carácter permanente y base ideológica avanzada. (Sevilla, 2019)

Posteriormente, surgieron dentro de la UNAH el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD), los cuales en su mayoría eran nacionalistas y cariístas (Joya, 1979, p. 16); La Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), fundada en el año de 1981. El PCH a través de la Juventud Comunista de Honduras (PCH), hizo esfuerzos por establecer círculos de lectura en la UNAH. Sin embargo, dichos círculos de estudio a los que asistió por algún tiempo el abogado Rodil Rivera Rodil tuvieron otra génesis:

Efectivamente, a finales de 1959 o principios de 1960, formé parte de uno esos círculos de estudio, conformado, aparte del coordinador del partido, únicamente por dos compañeros y mi persona, el cual duró menos de un año, y hasta donde recuerdo, su disolución tuvo que ver, de alguna manera, con las diferencias que surgieron en el seno del partido, derivada, entre otras razones, de las divergencias que recién comenzaban entre la Unión Soviética y China. Es correcto, igualmente, que no milité en el partido comunista, y en honor a la verdad, nunca lo solicité ni tampoco me fue propuesto. Y, recuerdo bien que con mis compañeros coincidimos en que nuestra motivación primordial para participar en el círculo de estudios fue la de conocer con alguna profundidad la doctrina marxista. (Rodil, 2021, p. 3)

No se encontraron registros de esfuerzos anteriores realizados por el PCH por influir en la UNAH. En este sentido, los círculos de estudio se diluyeron pronto, aunque generó las discusiones sobre marxismo dentro de algunos jóvenes universitarios. Los movimientos estudiantiles que surgieron en la década de 1950 fueron objeto de persecución en la década de 1960. El punto de inflexión sobrevino con el golpe de estado del 3 de octubre de 1963. El gobierno del militar Oswaldo López Arellano (OLA) fue de hecho, un detractor de las garantías ciudadanas y de los movimientos antisistémicos de esos años. Obreros, comunistas y líderes sociales estuvieron en el ojo del huracán durante la alianza que establecieron los militares y el Partido Nacional en la década de 1960.

Los estudiantes progresistas fueron encarcelados y exiliados por OLA. En la portada del periódico El Cronista del 25 octubre de 1963 aparecen en primera plana las personas que iban al exilio como el Lic. Jorge Arturo Reina, el Br. Rodil Rivera Rodil y el Ing. Filander Díaz Chávez (El Cronista, 1963, p. 1). El abogado Rodil quien fue apresado durante el golpe militar proporcionó datos excepcionales sobre un pequeño grupo de jóvenes que asumieron posiciones de rebeldía. OLA montó cacería a este grupo de jóvenes dado que descubrió que estaban preparando un movimiento insurreccional. Se cita parte del testimonio del abogado Rodil Rivera:

En 1963 cuatro años después de 1959 yo estoy en cuarto año de la carrera de derecho se produce el golpe de estado. Capturan a una gran cantidad de gente muy grande en el estadio. El día que nos capturan con Jorge Arturo Reina que por cierto, veníamos de fundar un movimiento insurreccional el sábado 5 de octubre de 1963. El golpe fue el 3 de octubre y dos días después nos reunimos cerca de la penitenciaría y fundamos un movimiento donde estaba Aníbal Fiallos de San Pedro Sula, pero cuando nosotros vamos saliendo de allí y pasamos frente a la casa presidencial de regreso nos capturan. Allí estuvimos presos en un calabozo en presidencial y después en el estadio con unas 400 personas en total. Luego nos expulsan al exilio a Costa Rica el día 25 de octubre día de mi cumpleaños como miró en el diario que mostró pasando la mitad de este en la cárcel y otra en el expulsado de mi país. En aquellos años las dictaduras eran más duras en cuanto la represión y capturar gente, pero como nosotros éramos personas conocidas del movimiento estudiantil había profesionales; allí por ejemplo estaba el ingeniero Filander Díaz Chávez. Él fue hijo de uno de los hombres más honestos e importantes por su honestidad que había tenido el Partido Liberal Rafael Díaz Chávez. (Rodil, 2021)

En el resto de la entrevista el abogado Rodil comentó que el asignado militar que los condujo al exilio fue Walter López Reyes (Rodil, 2021). Sin duda, el golpe de estado de 1963 fue sangriento y de gran impacto para la sociedad hondureña y necesita de un estudio de casos. La persecución contra el movimiento antisistémico fue una tendencia durante la década de 1960.

5. El consorcio de Florida, la FESE y la organización del movimiento estudiantil a través de los testimonios de algunos protagonistas

Un hecho que movilizó el movimiento estudiantil a finales de la década de 1960 fue el proyecto colonialista en la educación conocido como “El Consorcio de Florida”. Dicho proyecto activó el movimiento estudiantil, los cuales exigieron el retiro del proyecto de asistencia técnica, el cual buscaba afectar todos los niveles de la educación en Honduras. No existe en el país un estudio sistematizado sobre el dilema del Consorcio de Florida. Posiblemente, este fue un proyecto para conducir los métodos de enseñanza-aprendizaje. Lorenzo García, coetáneo de la época se refiere al Consorcio de Florida en los siguientes términos:

En los años 70 cuando un Consorcio de universidades del Estado de La Florida dispuso comprar a Honduras el servicio de la Educación, apropiándose ellos para dirigir, anulando los planes educativos catrachos, los hijos del Padre Trino salieron enérgicos a no permitir ese infame proyecto con el saldo de otro muerto por las fuerzas represivas: Carlos Virgilio Zúniga caía, pagando con su vida el abortar la entrega soberana. (García, 2019)

El catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) matizó este proceso de la siguiente forma:

Entre 1967 y 1971 La República de Honduras firmo un convenio de cooperación con USAID, en el marco de la política exterior norteamericana, Alianza para el Progreso, promulgada desde 1961.

El mencionado convenio de préstamo comprendía la construcción de 20 edificios para colegios de secundaria, una reestructuración del sistema educativo y su respectiva reforma curricular, así como la capacitación de personal del Ministerio de Educación y del profesorado en general, además de reestructuración de la institución encargada de formar los profesores de secundaria y la concesión de becas en E.U.A. para docentes., Todo esto bajo la asesoría de dos firmas consultoras norteamericanas. En lo académico sería el Consorcio de las Universidades de la Florida. La educación nacional vivía una situación de exclusión: el 62% de la población entre 7 y 25 años estaba fuera del sistema educativo; existían 98 colegios, pero de estos solo nueve colegios eran públicos, el resto privados; el 100% de los profesores no estaba formado, ni especializado en el nivel educativo secundario. Será el Estado interventor, el protagonista de transformar esta situación, para lo cual firmo el convenio de préstamo que pretendió al final mejorar en gran manera la cobertura, infraestructura, gratuidad y la calidad. (Hernández, 2019)

El Consorcio de Florida que las universidades estadounidenses quisieron potenciar aparece en la historiografía hondureña como un hecho aislado, al igual que la resistencia que hicieron los estudiantes y otros actores entre 1967-69. Lo que sí fue una realidad es que el proceso de oposición motivo para que en el país los estudiantes ligados al PCH y el Partido Comunista Marxista Leninista de Honduras (PCMLH), iniciaran un proceso de organización de frentes estudiantiles durante la década de 1970. Por ende, este trabajo pretende iniciar un debate para futuras investigaciones.

El proyecto del Consorcio de Florida es secundariamente mencionado en los estudios de Mario Posas y Rafael del Cid (2005) y Edgardo Rodríguez (2005). Como se abordará brevemente, las organizaciones que surgieron en la década de 1970, cuestionaron las condiciones deplorables de la educación semioficial hondureña, el cual fue el nombre que se le dio a la condición semiprivada que predominaba en la Honduras, a finales de la década de 1960.

6. Organización de los frentes estudiantiles en la década de 1970: testimonios de los protagonistas, la FESE, el FES, los CLES, y otros frentes

Por esos años, los comunistas hondureños iniciaron un proceso de organización con los estudiantes de secundaria y en la universidad. El PCH utilizó una agenda unificadora, que cuestionó durante toda la década de 1970 la realidad educativa y el Ministerio de Educación. La animadversión ciudadana contra las pretensiones del Consorcio de Florida favoreció la empatía hacia el movimiento estudiantil. Un documento del PCH, denominado “Trabajo órgano del Comité Central del PCH de 1971”, muestra evidencia de que ya se estaba realizando un trabajo desde 1969. Se cita dicho documento:

El movimiento estudiantil es hasta el momento, nuestro segundo frente de lucha. A partir de 1969 - año de abundantes acontecimientos sociales- los esfuerzos del partido entre los estudiantes se han acrecentado y en 1970 hemos desarrollado la campaña de organización que continuaremos en 1971. Ha sido un trabajo muy intenso que ha demandado la participación constante de las células estudiantiles, de la comisión del comité municipal y la comisión política del comité central. (PCH, 1971, p. 1)

En efecto, después de la protesta social contra el Consorcio de Florida, se inició a principios de la década de 1970 el proceso de organización del movimiento estudiantil dentro de la UNAH. De aquí en adelante se citarán las fuentes testimoniales proporcionadas por algunos protagonistas. A principios de los años de 1970, el Dr. Víctor Ramos ingresó a la UNAH y en la entrevista obtenida manifestó:

En la Universidad comenzamos, los comunistas, militando en el FRU, pero ese frente estaba tomado por los liberales y los maoístas y hubo mucha confrontación Cómo repuesta el Partido formó el Frente Estudiantil Socialista. Sus principales líderes eran Laureano Carbajal, Matías Funes, Héctor Hernández, José María (Chema) Turcios. (Ramos, 2021, p. 3)

Los comunistas al parecer apoyaron el FRU, en las elecciones estudiantiles en Julio de 1971 para mantener la unidad. En el documento citado del PCH se dice lo siguiente:

“Por disciplina los comunistas respaldamos la planilla del FRU aunque no estábamos, ni estamos de acuerdo con su tendencia pequeño burguesa desesperada e inclinada a soluciones revolucionarias. Lo que nos diferencia a los comunistas es que estos sueñan con convertir el FRU y la FEUH, en el partido político que encabezará la lucha armada contra la dictadura criolla, el imperialismo y nosotros luchamos por hacer de esas dos organizaciones tribunas a la vez que sirva para los sectores populares para organizarse en pos de consignas que correspondan a su grado de conciencia política”. (PCH, 1971, p. 4)

La lucha a lo interno del FRU entre liberales, los comunistas del PCH, y la Ultraizquierda motivo la creación de otra organización estudiantil, como lo afirmó Víctor Ramos. ¿Qué organización fue creada por el PCH? El Frente Estudiantil Socialista (FES) fue creado en 1971 y en su ideario manifestó lo siguiente:

El Frente Estudiantil Socialista FES, basa su ideología en los sólidos principios de la teoría del socialismo científico que permite analizar objetivamente los fenómenos sociales y con arreglo a ello, emprender la lucha por su transformación definitiva. El FES, ve en el socialismo la única perspectiva de liberación de nuestro. (FES, 1972, p. 2)

La cita anterior muestra la línea ideológica que asumió esta organización estudiantil dentro de la UNAH. Sobre el crecimiento del FES en la UNAH, el Dr. Víctor Ramos (2021) continúa aportando:

“El partido influyó en el sector estudiantil a través del FES y de la FESE. El FES se creó en el 71. Tuvo muy buena participación estudiantil, a pesar de que pronto lo calificaron de comunista, sin embargo, se trataba de un grupo amplio. La juventud del Partido que estudiaba en la Universidad de unió al FES y los estudiantes de secundaria a la FESE. Eran organizaciones hermanas pues teníamos una sola sede cerca del Colegio Guillén Zelaya”. (p. 4)

En este sentido, el PCH incentivo en la juventud la organización estudiantil como un espacio de lucha de los sectores populares y los movimientos antisistémicos. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la FESE y el FES? Antes del aparecimiento de la FESE y el FES, le precedió una organización embrionaria. Estas aseveraciones fueron proporcionadas por el dirigente sindical Héctor Hernández. Al respecto afirma:

“Estando en la universidad, estaba trabajando en la idea estudiantil siempre con los grupos de participación que le dije. Logramos constituir una organización que no era muy legal pero que existía le llamamos el BEUS que significa Bloque Estudiantil Universitario y de Secundaria. En el BEUS organizamos la Federación De Estudiantes De Segunda Enseñanza (FESE) Carlos Virgilio Zúñiga, y el Frente Estudiantil Socialista (FES), en la UNAH. En ese espacio recuerdo que participó Laureano Carbajal Rivas un abogado, y la compañera Porfiria Isabel Pastora en la universidad. Ella era una estudiante de economía. Ambos fueron dirigentes estudiantiles. Estos nos permitieron a nivel de secundaria organizar los estudiantes de segunda enseñanza y crear la FESE”. (Hernández, 2021, pp. 13-14)

Del testimonio del abogado Héctor Hernández se puede divisar que la organización precursora del FES y la FESE, fue el BEUS y que fue la base de la juventud del PCH estuvo totalmente involucrada en estos esfuerzos organizativos. Las referencias más remotas que se obtuvieron sobre la fundación de las organizaciones citadas provenían del testimonio brindado a Edgardo Rodríguez del líder sindical Luis Morel quien manifestó que:

“Paralelamente a la estructuración de la JC, en el mes de septiembre de 1970 se Organiza La Federación de Estudiantes de Secundaria (FESE) y el Frente Estudiantil Socialista (FES), a nivel universitario. Posteriormente surgirá el Frente de Acción Revolucionaria (FAR); secundaria y el Frente Estudiantil de Acción Revolucionaria (FEAR), en la Escuela Superior. Estás serán las agrupaciones legales del país en el que los jóvenes comunistas desplegarán sus actividades durante años”. (Rodríguez, 2005, p. 56)

¿Cuál es el año de fundación de la FESE? Si se toman como base las evidencias de los testimonios del Dr. Víctor Ramos, el abogado Héctor Hernández y el líder sindical Luis Morel, el año en que se fundó la FESE, parece ser 1970. Los comunistas a pesar de su ilegalidad, se destacaron por crear organizaciones legales para desarrollar su trabajo a través de agendas sociales, que tenían como benefactores los sectores más desposeídos. La mayor parte de las organizaciones creadas por el PCH, no aparecen mencionadas en los textos de historia con algunas excepciones. El FES y la FESE, fueron dos espacios fundamentales en la organización del movimiento estudiantil en la década de 1970. Esta fue una de las mejores etapas del movimiento estudiantil en el siglo XX.

Para conocer sobre las formas en que se estructuró la FESE se recurrió a varios testimonios de personas que estuvieron vinculadas a esté espacio. Edgardo Rodríguez en su trabajo La izquierda hondureña en la década de 1980, menciona los vínculos de la escritora y poeta María Eugenia Ramos con la FESE. La escritora brindó parte de su testimonio en esta organización. Sobre la estructura de la FESE manifestó que “estaban los Consejos Centrales De Estudiantes. Después de esta estructura, estaba el Congreso De Estudiantes. El congreso de estudiantes elegía el Directorio Nacional de la FESE (Ramos, 2020, p. 10)”. Hasta este momento se desconoce si luego de aparecer la FESE el estado influyó para que existiera algún tipo de reglamento que determinará los procesos de representación o en su defecto, fue creado por los estudiantes.

El profesor y poeta Cesar Lazo (2021) proporcionó su valioso testimonio para reconstruir parte de la historia de la FESE. A la lista de espacios de elección dentro de la FESE, él añadió la existencia de los Directorios regionales. Por tanto, más o menos el andamiaje de la FESE fueron: Congresos Estudiantiles, Consejos Centrales de estudiantes, Directorio Regional, y el Directorio Nacional de la FESE. El proceso democrático a lo interno de la FESE pasaba por un proceso de sufragio, en todos los niveles mencionados. Refiriéndose a los procesos eleccionarios de la FESE, la escritora y poeta María Eugenia Ramos compartió su experiencia como estudiante del Instituto Mixto Hibueras de Tegucigalpa:

“Pues así fue como llegué a través del Instituto Hibueras, me fui involucrando. Primero, en el consejo de estudiantes, porque así era como se llegaba al congreso nacional de la FESE. Primero, usted debía de estar en el consejo de estudiantes, de su respectivo centro educativo; después, tenía que llegar al congreso de la FESE, o sea, sólo si su colegio lo elegía como delegado o delegada, para llegar al congreso de estudiantes, que se hacía una vez al año ese congreso de estudiantes”. (Ramos, 2020, p. 5)

La escritora María Eugenia Ramos fue presidenta de la FESE durante la década de 1970. La dinámica democrática dentro de la FESE conllevaba a la elección del presidente (a) ¿Qué personas ocuparon la presidencia de la FESE? El Maestro Cesar Lazo proporcionó los nombres de los presidentes de la FES:

“No recuerdo los años con exactitud, pero sí sé que fue en el siguiente orden. Primero Roger Isaula que se caracterizó por ser un excelente abogado laboralista, el segundo fue el sociólogo Pablo Carías, Tercero Ángel Ortega, cuarto, María Eugenia Ramos, José Espinal Molina (profesor), y Roberto Zelaya”. (Lazo, 2021)

Gracias al Maestro Cesar Lazo, se ha podido ubicar los nombres de los presidentes de la FESE. Al listado se suma la Msc. Divina Alvarenga con quien se ha tenido comunicación. Por la cuestión impuesta por la pandemia del Covid 19 y un acceso limitado en los Archivos no se ha podido ubicar los años en que estuvieron cada uno de los protagonistas mencionados. Se tienen las fechas como presidentes de algunos de ellos: María Eugenia Ramos (75-76) José Espinal Molina de 1976-78, y Roberto Zelaya de 1979-81, pero está sujeto a una revisión más precisa.

La línea política del PCH en esos años dentro de los movimientos antisistémicos fue la idea “acumulación de fuerzas y democratización de todos los espacios”. Un documento del PCH, de la Segunda Conferencia Sindical Nacional (SCSN) de 1977, definió la línea de acumulación de fuerzas como una estrategia que aspiró a colocar los cuadros del PCH en diferentes espacios de masas (PCH, 1977). La década de 1970, fue la etapa en que las organizaciones de izquierda crecieron, sobre todo las del PCH.

Sin embargo, se considera que al abrirse a la ciudadanía estas organizaciones en busca de consensos también promovieron la competencia con otras posturas políticas que no fueran las de la izquierda. En Honduras, durante la segunda mitad del siglo XX hubo dos expresiones comunistas importantes. El PCH y PCMLH. Estos partidos se enfrentaron ideológicamente debido a que el PCH se alineo al comunismo soviético y el PCMLH, con el maoísmo Chino. Dichas contradicciones estuvieron presentes en las organizaciones que manejaron ambas expresiones de izquierda.

El PCMLH de tendencia pro China, creó su propia estructura dentro de secundaria. Agapito Robleda (dirigente histórico del PCMLH) comenta sobre las organizaciones que crearon los pro chinos:

“Ante la efervescencia que se observaba en los estudiantes de secundaria, reclamando derechos que les negaban las autoridades educativas, y el hecho de que la Federación de Estudiantes de Secundaria, FESE, recientemente constituida, por iniciativa de varios sectores, incurrió en actos sectarios y excluyentes, decidimos en la Dirección del Partido constituir los Comités de Lucha de Estudiantes de Secundaria, CLES, en todos los institutos de educación media del país para que tomaran en sus manos las banderas de las reivindicaciones estudiantiles, principalmente el reconocimiento de los Consejos Centrales Estudiantiles como organismos de dirección propios, que los liberara de la sujeción de los mandatos inconsultos de los Directores y del Ministerio de Educación”. (Castro, 2012, pp. 145-146)

Los CLES, también tuvieron su mística de trabajo y presencia dentro de la FESE. Sin embargo, sus propuestas y su contribución se mantienen en silencio debido a que los ex militantes del PCMLH, poco o casi nada han escrito sobre la historia de su organización. Se espera que los ex militantes del PCMLH realicen un trabajo de recuperación con las personas que fueron parte de esta organización y otros espacios. En síntesis, el PCMLH se posicionó en la universidad en el FRU durante varios años.

En secundaria lo hizo a través de las CLES y el Movimiento estudiantil Revolucionario (MER), en la Escuela Superior del Profesorado (ESP), actualmente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). El PCH se posicionó a través del Frente de Acción Revolucionaria (FAR) en secundaria, el FES dentro de la UNAH y el Frente de Estudiantil de Acción Revolucionaria (FEAR), en la ESP. Este es el cuadro de las organizaciones que la izquierda manejó en la década de 1970. Los ultras conservadores y conservadores dentro de la UNAH, se aglutinaron en el FUUD, expresión manejada casi siempre por el Partido Nacional de Honduras.

Durante la década de 1970 ¿Qué incidencias tuvo la FESE en el sector de secundaria? El mayor aporte de la FESE, como movimiento estudiantil fue promover la creación, construcción y oficialización de los colegios públicos. La escritora María Eugenia Ramos participó en un proceso de protestas sociales en Tegucigalpa en 1978:

“La lucha que nos marcó aquel momento y que, puede decir que fue un revés para el movimiento estudiantil. Pero yo creo que de todos reveses se toma lección, fue una huelga que se libró en el instituto técnico Luis Bográn. El instituto técnico Luis Bográn, al igual que la Normal Mixta y El Central, eran como los colegios más grandes, más emblemáticos. El Instituto Técnico Luis Bográn, los estudiantes hicieron una huelga pidiendo la destitución de algunos docentes, pidiendo mejora también a los talleres. Empezamos nosotros a solidarizarnos con la huelga de los compañeros, incluyendo la Normal Mixta. Pero no pudimos, no pudimos sostener la respuesta que tenía la educación en aquel momento, fue sumamente represiva. No lo desaparecían a uno, pero sí tenían sus formas de neutralizar. Pues lo que hicieron fue, expulsar a los cuatro dirigentes del técnico Luis Bográn. A mí me hicieron una expulsión técnica (yo estaba en último año), no me expulsaron abiertamente, sino que me suspendieron la práctica docente. Yo sin la práctica docente, no podía graduarme. Mi papá escribió una carta (lástima que no se me ocurrió traerle ese libro. No sé sí usted lo tiene o lo ha visto: Educación, Democracia y Desarrollo en Honduras). Esa es una compilación de artículos de mi papá, publicados en Diario Tiempo. Yo hice la recopilación y publiqué el libro”. (Ramos, 2020, p. 6)

Los años de 1978-79, fueron de protestas según las evidencias de los testimonios a los que se podido acceder. En el testimonio de la Profesora Maribel de San Pedro Sula se comenta sobre el activismo en esta ciudad. Al respecto:

“En esos años tuvimos un momento de insurrección que comenzó por protestas alrededor del pago de derecho a examen y la expulsión de los compañeros Aníbal Urquía, Suyapa Castro y otros. En esa ocasión se incendiaron los portones del colegio José Trinidad Reyes. Sin embargo, la principal lucha fue la oficialización de los colegios públicos. Por esos años, los colegios eran semi oficiales. Es decir, eran colegios semi privados pues muchos gastos lo cubrían los padres de familia. Nosotros impulsamos en 1978 la propuesta de oficializar varios colegios en San Pedro. Recuerdo que en el centro estaban José Trinidad Reyes, el Colegio de mujeres Minerva, y el Colegio Debe y Haber”. (Maribel, 2020)

Tal como se ha comentado, la educación secundaria durante la década de 1970 y posiblemente durante gran parte del siglo XX, fue semi privada y semi oficial en Honduras. El concepto de semi oficial en 1970 se entendía como aquel tipo de educación donde el estado apenas y contribuía con la educación de nuestros jóvenes. El PCH, a través de sus células estudiantiles impulsó por medio de la FESE, una agenda enfocada en constreñir al estado a reconocer la educación pública como oficial, a nivel. El principal aporte de la FESE durante la década de 1970 consistió en movilizar los movimientos antisistémicos en pro de la oficialización de la educación en Honduras.

Se cito un ejemplo que aparece en el trabajo llamado “Sigamos construyendo patria” del Colectivo Majatique donde el ex sindicalista del STENEE, Gustavo (seudónimo) en su paso por la FESE participó en un proceso de luchas sociales para la construcción del Instituto Jesús Aguilar Paz (IJAP). El objetivo era beneficiar al estudiantado de los barrios pobres de Comayagüela en 1981. Al respecto:

“La lucha por el edificio el IJAP, se inició desde que estaba Fermín Qujada como presidente del consejo central de estudiante en el año de 1975. Ellas y ellos nunca tomaron las decisiones que nosotros y nosotras tomamos como tomarnos las instalaciones del mercado Belén, antes que fuera inaugurado, esa acción las realizamos a las 9: 30 de la noche”. (Majatique, 2020, p. 65)

Los testimonios de las personas que fueron parte de la FESE exponen tomas de colegios, movilizaciones, expulsiones contra estudiantes. Esa fue la forma que empleó el Ministerio de Educación para desmotivar los reclamos de los movimientos estudiantiles en la década de 1970.

¿Qué motivaciones políticas convergieron dentro de la FESE? María Eugenia Ramos comentó que existió un ambiente de libertad e independencia en la toma de decisiones. Las agendas eran construidas por los estudiantes según la escritora María Eugenia Ramos:

“Es que tuvo una influencia (no de uno), sino de varios partidos. Pero lo interesante eran las decisiones y las luchas que encabezaba la FESE, no eran dirigidas por partidos políticos. Eran, de verdad, reivindicaciones sentidas por los estudiantes, y eran planteamientos que no se elaboraban en otro lugar, que no fuera dentro de los propios consejos estudiantiles”. (Ramos, 2020, p. 10)

Durante la década de 1970, según María Ramos (2020), “el movimiento universitario en aquella época, no llegó al nivel de organización y la capacidad de movilización que tenían los movimientos de secundaria. No lo tenían” (p.11). Es decir, que las organizaciones de secundaria tuvieron un potencial tuvieron más peso que en las universidades. Posiblemente esto se debió a que tuvo más impacto en los movimientos antisistémicos, la lucha por la oficialización de la educación pública hondureña en la década de 1970. En secundaría las diferentes corrientes de la izquierda manejaron sus propios periódicos en función de controlar su propia propaganda.

En la universidad el PCH manejo su agenda a través del FES y el PCMLH estuvo vinculado al FRU. Estas organizaciones riñeron por controlar posiciones dentro de la FEUH en la UNAH. Lo mismo pasó en la ESP. Los sectarismos de los comunistas hicieron imposible una lucha unificada. Esto fue aprovechado por la ultraderecha representada en el FUUD y otras expresiones conservadoras. La década de 1980 conllevo al surgimiento de las organizaciones político militares quienes también crearon sus frentes en secundaria y la universidad. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS) tuvo repercusiones en líderes estudiantiles como es el caso de Eduardo Becerra Lanza militante del PCMLH y Roger Gonzáles. Posiblemente los movimientos estudiantiles se debilitaron por la aplicación de la DNS en Honduras y el desmontaje de la izquierda por seguir impulsando este tipo de movimientos antisistémicos.

Conclusiones

Las conclusiones sobre los movimientos estudiantiles en la década de 1970 son las siguientes. Primero, las agendas sociales impulsadas por los frentes estudiantiles de secundaria tuvieron un impacto positivo en la sociedad hondureña, debido a que obligaron al estado hondureño a reconocer la educación pública como oficial. Es decir, a que el estado asumiera su responsabilidad rectora como organizador de la educación en Honduras en la década de 1970. Sin embargo, es necesario apuntar que el estado hondureño asumió el rol de garante de la educación con más éxito, desde la reforma liberal. Lo que debemos de preguntarnos es en qué momento dejó de asumir su rol. Frente este abandonó los movimientos estudiantiles y antisistémicos, cuestionaron dicha posición.

Segundo, es importante señalar que fue en la segunda mitad del siglo XX, que se observa un crecimiento de las organizaciones estudiantiles, en los niveles de secundaria y universitarios. La línea política del PCH, de acumulación de fuerzas les funcionó para crecer. Las agendas sociales de la izquierda, se manejaron en las organizaciones ya citadas. No obstante, la historia del movimiento estudiantil sigue siendo una deuda de las ciencias sociales. Sin embargo, este artículo abre el horizonte para futuros debates. Varias luchas del movimiento estudiantil han sido de beneficio para las generaciones actuales, quienes desconocen sobre el tema.

Tercero, la organización estudiantil, la creación de colegios, la transición de una educación semi oficial a la oficial puede considerarse como un éxito por parte de la FESE, y los frentes estudiantiles que estaban a lo interno de la misma. Esa dialéctica no existe en secundaria en la actualidad y solo resurgieron coyunturalmente, durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018).

Cuarto, se tuvo que recurrir a la recuperación testimonial por medio de la historia oral para abordar el tema de los movimientos estudiantiles, tomando en cuenta que las fuentes documentales están dispersas. La pandemia del Covid 19, imposibilitó una revisión más sucinta del tema en cuestión. Por ello, se considera que a futuro este tema debe de abordarse con más criterio.

Finalmente, no debe de pasar por alto, que el Consorcio de Florida sirvió de acicate para el surgimiento de las organizaciones y frentes estudiantiles en Honduras, a finales de la década de 1960 y durante las décadas de 1970, y 1980. Las mismas tuvieron una fuerte presencia de la izquierda y la ultraderecha, a través del FUUD. Sin embargo, fueron las organizaciones estudiantiles de secundaria las que más impacto tuvieron entre los movimientos antisistémicos y la ciudadanía hondureña. Se espera que este artículo sirva a las generaciones de estudiantes actuales que desconocen las distintas formas de organizaciones que existieron en el siglo XX, y el papel que tuvieron.

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 por Lic. Josué Sevilla

En febrero de 1848, Karl Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista, en las oficinas de la Asociación Educativa de los Trabajadores en Inglaterra sujeta a la Liga de los Comunistas según el historiador marxista Eric Hobsbawm, en su brillante introducción de 1998, del Manifiesto (Hobsbawm, 2010). Fueron los años de juventud de ambos pensadores.

En ese maravilloso panfleto Karl Marx sentenció las siguientes palabras “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en santa cacería contra este fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes (Engels, 2019, pág. 47)”.

En esta ocasión, analizaré la anacrónica campaña mediática que el Partido Nacional y Liberal está utilizando para satanizar a sus adversarios políticos de Libertad y Refundación (LIBRE), a una semana de celebrarse las elecciones en nuestro país. Ambos partidos políticos tienen una larga data como defensores del anticomunismo en Honduras como lo demostraré en este trabajo. Estos puntos de vista provienen de los avances de mi tesis de maestría sobre la historia del comunismo en Honduras.

¿Cuándo apareció el fantasma del comunismo en Honduras? ¿Qué actores promovieron el anticomunismo ideológico y cultural durante el siglo XX? El Fantasma del comunismo en Honduras inició concretamente entre las décadas de 1920 y 1930, cuando a través de los periódicos manejados por los comunistas hondureños –como el Forjador (1927), El Martillo (1928), El Trabajador hondureño (1929-30), y Justicia (1932) –comenzaron a señalar como vende patrias a las élites políticas ligadas al Partido Liberal y Partido Nacional, como Bestia Bananera –boletín de la Federación Sindical Hondureña (FSH) escrito  por Juan Pablo Wainwright– a las transnacionales norteamericanas y representantes del imperialismo a los cónsules de la embajada de EUA (Villars, 2010). Tres actores son identificables hasta este momento: los partidos tradicionales, la embajada de EUA, y las compañías bananeras.  

La revolución bolchevique de 1917 ganó la simpatía de varios hondureños quienes en 1927, fundaron el Partido Socialista Hondureño (PSH) y en 1928, el primer Partido Comunista de Honduras (PCH). La agenda social que presentó el PCH ante la opinión pública hondureña se basó en promover los derechos laborales (exigiendo 8 horas de trabajo), políticas de sanidad (hospitales) y sindicatos dentro de las compañías bananeras. Además presentaron una ley laboral en 1931, a través del FSH, la cual fue desestimada por el Congreso Nacional.

Otros actores que no congeniaron con los comunistas en esos años fueron la Iglesia Católica y el obrerismo artesanal de la Federación Obrera Hondureña (FOH).

Todos estos actores crearon la primera santa alianza (parafraseando a Marx) para luchar contra el Comunismo Internacional y los comunistas hondureños. Sin embargo, la primera generación de comunista se las ingenió para incidir en la población hondureña. El joven Manuel Cálix Herrera (1906-39) fue el principal promotor de la agitación comunista junto a otros brillantes hondureños Como Juan Pablo Wainwright (1893-1932), Maximiliano Ucles, María Luisa Medina, Zoroastro Montes de Oca y de salvadoreños radicados en Honduras como Graciela García (1895-1995) y su hermano Felipe Armando Amaya. (Invitó al lector a leer un artículo publicado en la Revista Cuadernos de Historia de descarga libre sobre el Primer PCH escrito por este servidor).

Los actores detentores del poder hicieron varias acciones para neutralizar el comunismo–el cual ubicó desde un punto de vista arqueológico al enfatizar la génesis de este fenómeno– persiguiéndolos, estigmatizándolos a través de los prejuicios ideológicos y religiosos (en una primera etapa por la Iglesia católica), ilegalizarlos políticamente a través de leyes, y creando métodos de espionaje a nivel estatal, ístmico e internacional.  

Invitó al lector a que analicemos algunos episodios registrados por la historiografía hondureña. En las semanas santas de 1931 y 1932 el Arzobispo de Tegucigalpa  Agustín Hombach publicó unos panfletos anticomunistas, según Graciela García

En el primero (1931), acusó a Graciela García (1895-1995) de promover el comunismo en una escuela nocturna que manejaba la Sociedad Cultura Femenina (Villars, 1991, págs. 62-64). En el segundo panfleto (1932) el arzobispo manifestó que “El monstruo está a las puertas Sí; Monstruo escapado de los antros infernales; no otro cosa es el odioso socialismo (Posas, 2017, pág. 244)”.

La iglesia católica azuzó el oído de sus feligreses  incultos, y humildes para decirles que los comunistas les privarían de sus pertenencias, que les negarían su derecho a rezar, y que les inculcarían el ateísmo como en la actualidad lo está haciendo el Partido Nacional en 2021. El fundamentalismo religioso de la iglesia católica encontró después otras tácticas para lanzar sus dardos anticomunistas.

La Prensa Nacional en la década de 1920, tuvo un intelectual que sentó las bases del anticomunismo durante la primera mitad del siglo XX, llamado Julián López Pineda (1882-1959). Este intelectual luchó desde el periodismo anticomunista en diferentes diarios hondureños como El Sol (de la década de 1920 y 1930), La Época (Periódico oficialista durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino) y El Día (periódico conservador ligado al Partido Nacional).

En el plano político el Partido Liberal y el Partido Nacional, fueron diseñando y aprendiendo como luchar contra los comunistas. La persecución política fue lo más general, pero más esquemáticamente ambos partidos crearon leyes para ilegalizar a los comunistas en diferentes momentos de la historia nacional del siglo XX.

El primer proyecto anticomunista lo presentó el intelectual Rómulo E. Duron (1931) durante la administración del liberal Vicente Mejía Colindres (1929-33), para frenar la primera oleada de revolucionarios hondureños, la cual buscaba “declarar como asociación ilícita a las organizaciones sindicales vinculadas a la CSLA, la IC, y la ISR (Sevilla, 2021, pág. 57).  

La Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), y la Internacional Sindical Roja (ISR) estuvieron vinculadas al activismo de la lII Internacional Comunista (Comintern o IC), que desde la Unión Soviética mantuvo la idea de una revolución a escala mundial, durante la primera mitad del siglo XX. La Comintern envió de manera constante agentes y literatura subversiva a todos los continentes captando seguidores y Honduras no fue la excepción.

Esperó no causar molestia entre mis colegas historiadores que admiran los trabajos históricos que Rómulo E. Duron realizó como intelectual. Sin embargo, él y su hermano Jorge Fidel Duron (Rector de la UNAH) fueron intelectuales conservadores y de la derecha política hondureña, y lo digo en voz alta.

La primera Ley anticomunista fue publicada el 7 de Marzo de 1946, bajo el Decreto 95 (se conoció como Ley Fernanda ya que fue redactada por el diputado nacionalista Fernando Zepeda Duron) al final de la dictadura de Tiburcio Carías.

La segunda Ley anticomunista se publicó el 3 de febrero de 1956 y se llamó Ley de Defensa del Régimen Democrático (Decreto 206), durante el gobierno del Nacionalista Julio Lozano Díaz (1954-56) (Alvarado, 1963, págs. 37-43).

La tercera Ley Anticomunista fue publicada el 26 de julio de 1959, con el nombre de Decreto 183, durante el gobierno del liberal Ramón Villeda Morales (Cid, 1983, pág. 151). Con esta ley se prohibió la novela Destacamento rojo de Ramón Amaya Amador. Villeda Morales fue un profeso anticomunista y lo demostró con este tipo de acciones.

A nivel del istmo, la primera estrategia anticomunista fue propuesta por el ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño Miguel Ángel Araujo en 1935, donde afirmó que tenía “fuentes fidedignas que en Centroamérica está tomando rápido incremento la propaganda anticomunista (Meza, 1980, pág. 56)”.

Esta propuesta se realizó bajo el esquema de un Pacto Anticomunista Centroamericano. Durante la era de los estados dictatoriales Centroamericanos de las décadas de 1930  y 1940 –Maximiliano Martínez (1931-44), Tiburcio Carías (1933-49), Jorge Ubicó (1931-44) y Anastasio Somoza (1937-56) –  cada uno instaló sus aparatos de espionaje.

EUA, contento  se dedicó a estimular las iniciativas de los oligarcas centroamericanos. Esta afirmación personal comparte las novedosas propuestas de un texto reciente llamado La guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica donde a grandes rasgos se evidenció el papel activo de las élites centroamericanas para detener la ideología anticomunista (García, 2017).

La visión clásica del anticomunismo presumió la idea que EUA fue el principal gestor pero las evidencias demuestran lo contrario. En conclusión, la prensa, leyes, estrategias regionales, y el fundamentalismo religioso fueron parte del accionar de los actores ligados al poder durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué paso durante la segunda mitad del siglo XX? Creo que tenemos el mapa general.

Los primeros comunistas fueron sometidos por el régimen de Tiburcio Carías Andino en la década de 1930. Sin embargo, se reagruparon en las décadas de 1940 y 1950, alrededor del Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH), de tendencia social demócrata. El PDRH, fue integrado por jóvenes profesionales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esta juventud cansada del encierro, entierro y destierro de don Tiburcio Carías cuestionó el régimen cachureco a través de un Periódico llamado Vanguardia Revolucionaria.

En esos años, la  juventud del PDRH y los comunistas propusieron una agenda que despertó el interés de la clase obrera de los centros urbanos de la costa norte y Tegucigalpa exigiendo 8 horas laborales, seguridad social, un código de trabajo, vacaciones, y derecho a la sindicalización. Estos actores de oposición al régimen mantuvieron una denuncia continua contra las compañías bananeras y el estado. En Guatemala los trabajadores habían obtenido estos derechos después de la Revolución democrática de 1944-54. Esto despertó una vez más el fervor anticomunista de las élites hondureñas y de la embajada Yankee que entro en una paranoia generalizada. Honduras prestó su territorio durante la administración del nacionalista Juan Manuel Gálvez (1949-54)  para que se organizara el ejército de Castillo Armas para defenestrar el gobierno democrático de Jacobo Árbenz (1951-54) en Guatemala en 1954. Este hecho fue representado por Ramón Amaya Amador en su novela Destacamento rojo (Sevilla, 2021, pág. 59).

La voracidad de los señoritos burócratas de Tegucigalpa  y las compañías bananeras en la costa norte, no le proporcionaron respiró a las clases subalternas hondureñas quienes cargaron en sus espaldas medio siglo de desdén, frustración y explotación en el marco del capitalismo de enclave.

Los comunistas le imprimieron al PDRH, el arte de organizar a las masas y se metieron a crear círculos de estudio y educación popular en los oscuros y tétricos barracones de los campos bananeros en la costa norte.  Ramón Amaya Amador representó esta forma clandestina de organización en Prisión Verde, donde el Profesor Cherara y Máximo Lujan educaban a sus camaradas campeños por las noches (Amador R. A., 1999, págs. 170-172). Estas aseveraciones las tomó de los testimonios que brindó Julio Cesar Rivera (1918-2012) –el profesor rebelde de la ciudad de El Progreso quien comentó como les llevo varios años formar y educar los obreros entre 1946-1954 de forma clandestina– al historiador Marvin Barahona (Barahona, 2004) y al Ingeniero Andrónico Espinal (Oliva, 2013).

Durante la década de 1950, el obrerismo destruido por Tiburcio Carías –la FOH y la FSH– cobró vida gracias al accionar del PDRH, y la disciplina de los comunistas quienes fundaron varias plataformas obreras como el Comité Organizador Obrero (COO), el Comité de Unidad Sindical (CUS), y dos entes que incidieron en la huelga bananera como el Comité de Lucha Obrera (CLO) y el primer Comité Central de Huelga (CCH) en 1954 (Argueta, 2009). Voz Obrera y El Machete también fueron parte de la prensa obrerista de esos años.

Se destacaron en esos años personajes como Dionisio Ramos Bejarano, Ventura Ramos (1908-1992), Julio Cesar Rivera, Rigoberto Padilla Rush (1929-1998), Gabriel David, Juan B. Canales (1924-2009), Cesar Augusto Coto, Ramón Amaya Amador (1916-1966), Sebastián Suazo (1927) y Andrés Pineda.

El resultado del activismo político del PDRH y los comunistas desembocó en la gran Huelga Bananera de 1954, dirigida en una primera etapa por los comunistas (quienes refundaron un segundo PCH en abril de 1954). De los éxitos que obtuvieron los trabajadores después de la Huelga bananera de 1954 varias propuestas habían sido banderas de lucha de los comunistas. Esto fue borrado de la historia política de nuestro país por varios años con un propósito bien premeditado.

Los acontecimientos después de la II guerra mundial (1939-45) nos sitúan en otra etapa de la historia universal del siglo XX. Debemos de tener en cuenta que después de la división de Alemania en dos, el conflicto en Corea (1951-53), inició la Guerra Fría entre EUA y la URSS, la cual culminó a inicios de 1990. Los gobiernos oligarcas de Latinoamérica, Centroamérica y Honduras se comprometieron con el anticomunismo internacional.

Durante la segunda mitad del siglo XX, los actores anticomunistas hondureños asumieron otra cruzada para frenar el auge de los comunistas en el movimiento popular. El primer paso que dieron fue arrebatar el sindicalismo incipiente que se formó después de la huelga bananera de 1954 a los comunistas.

Un fuerte sindicalismo anticomunista fue orientado por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la American Federation of Labor (AFL). La ORIT y la AFL, fueron auspiciados por los partidos tradicionales (Honduras, 2004, págs. 49-50). Oscar Flores (padre del expresidente Carlos Flores), fue evidenciado como un resentido marxista que fomentó la persecución contra los comunistas cuando fungió como director del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Ramón Villeda Morales (Cid, 1983, pág. 183). De alguna manera, la tercera ley anticomunista en Honduras hay que entenderla como una respuesta para contener el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y el poder mediático de la misma. En esos años se puso en marcha La Alianza para el Progreso que implementó EUA en Honduras durante la administración de Ramón Villeda Morales (Funez, 1995, pág. 205).

Analicemos la década de 1960. Durante esta década la persecución contra los comunistas fue fulminante. El 3 de octubre de 1963, las Fuerzas Armadas modernizadas por EUA en la década de 1950 dieron su segundo Golpe de Estado –el primer golpe fue en 1956– arguyendo que el gobierno de Ramón Villeda Morales estaba infiltrado por elementos comunistas. Al mando de las Fuerzas Armadas estuvo Oswaldo López Arellano (OLA), quien utilizó como pretexto este falso argumento para tomar el poder. El PCH, en esos años era un pequeño partido que apenas iniciaba una vida orgánica según constata mi investigación de tesis.

Por otro lado, Ramón Villeda Morales fue un propulsor anticomunista dentro del Partido Liberal. Es decir, los argumentos de OLA, fueron inverosímiles. No obstante, el asalto del poder castrense en 1963 en Honduras coincide con el posicionamiento de gobiernos militares en Latinoamérica y las ambiciones de poder de OLA, quien fue el hombre que manejo el panorama político hasta 1975.

OLA mantuvo una política anticomunista durante la década de 1960 en una etapa que se caracterizó por la intolerancia política a los sectores de oposición. En la década de 1960, él reprimió al movimiento social y varias expresiones guerrilleras que surgieron en Honduras, incluyendo la del PCH, la cual fue aniquilada por las Fuerzas Armadas en abril de 1965, cerca de las montañas de la Ciudad de El Progreso (La Matanza del Jute), en la costa norte hondureña (Ramírez, 1974).

El Partido Nacional hizo cogobierno con OLA en esa década, ayudando a reprimir el movimiento social utilizando la Mancha Brava organizada por este partido y militares (Cid, 1983, pág. 195). Este ha sido un movimiento de choque utilizado por los nacionalistas desde su creación a la actualidad.

Sin embargo, OLA tuvo que cambiar sus posturas radicales después de la guerra honduro- salvadoreña de 1969, donde buscó aliarse con sectores enemigos en una búsqueda desesperada de apoyo frente a los reveses del conflicto armado el cual fue matizado por los comunistas como una guerra intraoligarca (PCH, 1971). Los comunistas hondureños aprovecharon esta coyuntura para oxigenarse. El PCH,  logro posicionarse aportando propuestas en la agenda del gobierno reformista de OLA (1972-75) de contenido popular.

No obstante, esa tregua política y la apertura democrática de OLA desapareció al tomar el poder el militar Juan Alberto Melgar Castro (1975-78), quien a juicio de Mario Berrios diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), con la que se persiguió a los movimientos revolucionarios y los comunistas en la década de 1980 (Berríos, 2005). El PCH, y el Partido Comunista Marxista Leninista Hondureño (PCMLH) en la década de 1970 tuvieron un crecimiento sustantivo y lograron formar una base social con presencia en el sector obrero, campesino, estudiantil y otros. Comparativamente el PCH, logró crecer más que el PCMLH.

Analicemos la década de 1980. Debido al surgimiento de la Teología de la Liberación  y el apoyo de cierto sector de la Iglesia Católica a los movimientos revolucionarios centroamericanos, el cristianismo anticomunista que mantuvo la Iglesia católica durante el siglo XX, dio un viraje, en Honduras.

Aparecen las iglesias evangélicas pentecostales con una agenda diferente de fundamentalismo religioso. Las iglesias pentecostales ya existían en Honduras desde años, pero curiosamente la década de 1980 fue su despegue.

El cura evangelizador de antaño fue sustituido por los pastores protestantes que viajaban por el país en una nueva cruzada evangelista contra los movimientos sociales empleando medios como la radio donde no podían llegar (La Voz Evangélica). Además de esto, sus adeptos también se oponían en su predicas a la idea de una revolución social galopante en Centroamérica. Estos fueron financiados por los Yankees y el sionismo judío en la década de 1980 a juicio de la izquierda.

En el otro extremo, líderes estudiantiles, sindicalistas, comunistas, profesores, obreros y revolucionarios fueron víctimas de la anticomunista DSN. El resultado fue el desaparecimiento de 184 hondureños quienes murieron en nombre del anticomunismo y el fundamentalismo religioso de la década de 1980. El incremento de las condiciones materiales de la izquierda Centroamericana tuvo como respuesta la imposición de la DSN, después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.

La década de 1980 en Honduras, aglutinó varios actores anticomunista: militares, paramilitares (Caso de los Contras nicaragüenses en Honduras), empresarios, líderes de ambas iglesias (Católica y Evangélica) y organizaciones facistoides como la Asociación para el progreso de Honduras (APROH). Para enero de 1983, Roberto Suazo Córdoba (1982-86)  les dio su personaría jurídica (CEDOH, 1984).

El socialismo real de la Unión Soviética se desmorono con la perestroika de Gorbachov en 1991 y sentenció al desaparecimiento el primer estado que vaticinó la construcción del comunismo. Occidente aprovechó la caída de su rival para poner en marcha el fundamentalismo económico conocido como Neoliberalismo y destruir los sistemas de bienestar en la década de 1990.

En la década de 1990, los triunfantes anticomunistas hondureños se unieron a la implantación del neoliberalismo. Este modelo económico, destruyo las conquistas sociales que tanto le costaron al proletariado hondureño en el siglo XX. Privatizaron poco a poco las empresas estatales y sumergieron a Honduras a una etapa de desesperanza económica, y social la cual seguimos padeciendo. Los Partidos tradicionales, militares, los cristianismos fundamentalistas de las iglesias cristianas (evangélicas y católicas), y empresarios vencieron en su modo de pensar el comunismo que tanto los aterró durante gran parte del siglo XX.

No obstante, el triunfo del siglo XX pronto tuvo un estorbo en la primera década del siglo XXI: Manuel Zelaya Rosales. El demonio de izquierda había desaparecido en teoría pero desde Sudamérica el comandante Hugo Chávez (1954-2013) y algunos gobiernos progresistas trajeron al debate público, el comunismo y el socialismo una vez más en Latinoamérica y a nivel internacional.

El polémico gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) puso las alarmas en la embajada de EUA, la burguesía árabe-judía hondureña con sus acercamientos el sector obrero, el Socialismo del siglo XXI y un discurso severo contra el BMI, EUA, y los oligarcas del país.  

Manuel Zelaya se había ganado la simpatía del pueblo con un programa mínimo de reformas basado en recuperar la empresa ENEE (actualmente la EEH), bajos costos del combustible, regulación de la deuda externa con los Organismo de financiamiento Internacional (OFI), y el aumento al salario mínimo. Este último, causo el ataque de la empresa privada hondureña (COHEP) quienes utilizaron sus monopolios de la comunicación como la radio, la TV, y la prensa escrita (El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, y el tiempo), para desacreditar a Manuel Zelaya.

Sin embargo, lo que más molestó a la oligarquía hondureña fue la convocatoria a una consulta popular denominada Cuarta Urna. La misma propuso en forma de pregunta la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para crear otra constitución, en el siguiente gobierno. Los actores militares, políticos, económicos y religiosos sentenciaron el gobierno progresista de Manuel Zelaya (Mel Zelaya como se le llama popularmente en Honduras) defenestrado el 28 de junio del 2009. Se levantó el supuesto de que Mel Zelaya buscaba la reelección. Lo cierto es que, quienes atacaron con saña a Mel Zelaya guardaron hipócritamente silencio cuando JOH violó la constitución para reelegirse en 2017 y ganar mediante un fraude electoral (Sevilla, 2020).

Los oligarcas hondureños utilizando viejas tácticas como el corte de la energía eléctrica, y una campaña de pacifismo en las radios y canales de televisión (como si no hubiera pasaba nada), pensaron que el pueblo hondureño se quedaría encerrados en sus casas como en el pasado.

Lo contrario. El pueblo hondureño se lanzó a una batalla de meses en las calles, aunque sin una dirección inteligente. Jamás olvidaré la manifestación del 5 de julio del 2009 frente al aeropuerto internacional de Toncontin de Tegucigalpa, donde convergió un mar de personas tras años de rabia y frustración de gobiernos neoliberales. En 2009, se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que logró acaparar la dirección de las manifestaciones pero me parece que les quedo corta esa camiseta a muchos pseudo líderes populares y supuestos revolucionarios. La escuela política de las personas en Honduras ha sido la calle, las balas y bombas lacrimógenas.

Mientras se formaba un nuevo movimiento social hondureño los oligarcas desempolvaron sus manuales anticomunistas y echaron andar todo tipo de discursos del pasado, como en la actualidad lo está haciendo el astuto y bizarro Partido Nacional.

En consonancia con el resurgimiento del anticomunismo del siglo XXI, ha llamado mi atención en estos días como el liberal Yani Rosenthal Oliva (ex convicto por narcotráfico), y el Partido Nacional de JOH (líder de cartel de los Hernández), y Nasry Asfura (señalado en los Panamá Papers y quien enfrenta 5 acusaciones por malversación y abuso de autoridad) mantienen el mismo discurso anticomunista en sus anuncios radiales, de TV, y las redes sociales. Antropológicamente el político nacionalista es cínico, descarado, corrupto, elitista, mediocre, astuto y mordaz (igual que el ala conservadora del partido liberal). Son expertos en jugar con la miseria del pobre hondureño.

Son tristes los debates en los que está presente un cachureco dado su pobreza cultural. Beatriz Valle (candidata a diputada de LIBRE) recientemente cuestionó a la diputada Lissi Cano (Programa 30/30) y el presidente de la bancada del Partido Nacional Nelson Márquez (Programa La Entrevista de Canal 11) dejándolos en ridículo por sus inverosímiles argumentos.

Este partido no ha evolucionado políticamente pues están utilizando el fundamentalismo religioso de los hondureños y una campaña sucia contra la oposición política que lidera LIBRE.

¿Quiénes representan generacionalmente al Partido Nacional? Para el caso tenemos una vieja generación de arribistas integrada por  personas como Oswaldo Ramos Soto (el abogado del mal e intelectual orgánico de la derecha), Antonio Rivera Callejas (su abuelo fue presidente del Congreso Nacional durante la dictadura de Tiburcio Carías y su padre durante el gobierno de OLA), Fernando Anduray (Vocero mediático del Partido Nacional) y la nueva generación con personajes que no presentan una evolución política como David Chávez (acusado de actos de corrupción en el INFOP), y Kilber Beltran (un narrador deportivo y tonto útil coaptado por el Partido Nacional).

El señor David Chávez nos ha mostrado el tipo de persona que es en realidad con algunos episodios que circulan en las redes sociales: amenazó al Perro Amarillo (Milton Jiménez) a quien le ofreció sonarles las tapas, y vociferó en un programa de un joven  youtuber diciendo que Marcos Bogran la cago. Que terrible sería para los capitalinos que este tipo –que llegó con Toño Chocoyos repartiendo patadas en el CNE– tomará la alcaldía de Tegucigalpa. Sin duda, es la expresión de la mancha brava que formaron los cachurecos en la década de 1960.  

La campaña de “Votar por Xiomara Castro es permitir el aborto y el comunismo” parece una bofetada a nuestra inteligencia, pero desde la teoría de la desinformación (estrategia posiblemente aconsejada por JJ Rendón asesor del Partido Nacional  en las últimas elecciones) es efectiva  en un pueblo enajenado por el fundamentalismo religioso y sometido a la pobreza cultural. En este momento las iglesias neo pentecostales me parecen más peligrosas que la católica –pienso en el pastor Ebal Díaz, Evelio Reyes, Alberto Solórzano– dado su presencia, en los barrios, aldeas y ciudades de nuestro país. Muchas de estas iglesias son altamente dogmáticas y mantienen un discurso de obediencia desmedida a las autoridades sin cuestionar su accionar. En las últimas elecciones (2013 y 2017) he visto como pastores llamaron a votar por JOH y defender la supuesta democracia hondureña.

El Partido Nacional, y Liberal le ha apostado a manipular a través del fundamentalismo religioso la conciencia del hondureño. Sin embargo, me parece oportuno señalar que también hay sectores de ambas iglesias cristianas con un sentido de crítica al régimen nacionalista. Este pequeño sector esta marginado de las Confraternidad Evangélica y otros espacios.

Desde mi punto de vista, el socialismo es una filosofía que aspiró en el siglo XX, a neutralizar el desigual sistema capitalista que crearon los occidentales europeos y los EUA, en los últimos siglos. La propaganda mediática del modelo eurocéntrico democrático basado en la supuesta libertad económica y política es una farsa.

Los europeos se enorgullecen del modelo democrático. Sin embargo ese modelo que tuvo sus raíces en la sociedad griega fue desigual en sus orígenes. Los únicos que tenían derechos en la democracia griega eran los hombres libres dado los privilegios que proporcionaba ese modo de producción, basado en la esclavitud. Ese modelo le enterró las garras a muchos seres humanos en el pasado, marginándolos a una vida mísera y llena de frustraciones. La clase trabajadora actual somos los esclavos posmodernos de la sociedad burguesa neoliberal.

El socialismo no aspira a la igualdad capitalista sino a la equidad social. En la práctica el sistema democrático eurocéntrico le permite a un sector vivir privilegiadamente en detrimento de las mayorías. Al sector obrero neoliberal, si, ese que vive de vender su fuerza de trabajo como lo dijo Karl Marx, está diseñado para meterle por los ojos las mercancías que producen en masa los capitalistas. El pecado de las filosofías socialistas, comunistas y anarquistas es haber denunciado los desastres sociales y culturales que ha provocado el capitalismo desde su surgimiento hasta la actualidad: pobreza, crisis económicas, guerras mundiales, explotación, imperialismo y una actual pandemia.

Ese es el modelo que defienden los históricos anticomunistas hondureños, quienes han practicado una democracia representativa que margina las mayorías. En 200 años, este modelo no nos ha dado una alternativa de mejora. Nuestras élites le apostaron a la ignorancia cultural y a la enajenación religiosa para anestesiar a las masas y utilizar como válvula de escape esta dicotomía social en momentos que han visto en peligroso el statu quo hondureño.

En la superestructura –concepto marxista que tiene que ver con los aspectos culturales e ideológicos– los oligarcas fomentaron el anticomunismo en el ambiente hondureño a través de la educación, la religión, la ideología, y los medios de comunicación (radio, la TV, y la prensa escrita), durante el siglo XX. A la gente humilde e iletrada se le infundió el temor del peligro que representaba el comunismo. Esto provocó que el anticomunismo en la actualidad sea un patrón cultural en la población hondureña. La implementación en las formas culturales tuvo un efecto en las mentalidades hondureñas.

Desde el Golpe de estado del 2009 a la actualidad, nuestras élites promueven a lo que definiré como el anticomunismo del siglo XXI. Primero, reaccionó el ala oscura del Partido Liberal defenestrando a un correligionario del poder (Mel Zelaya). Como olvidar los anuncios que el facho de Roberto Micheletti Bain –quien asumió como presidente de facto– patrocinó en el canal 8 del estado (Pueden verse algunos de estos anuncios en el documental Quien dijo miedo) para satanizar a Mel Zelaya. No obstante, como olvidar el pueblo en las calles reunidos contiguo a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cada día para manifestarse durante el 2009.

Segundo, los liberales conservadores (Carlos Flores Facusé, Elvin Santos, Micheletti) nos sentenciaron a 12 años de dictadura, entregándole el poder al Partido Nacional con quienes han seguido haciendo sus asquerosos negocios. Los Nacionalistas en cambio se han fortalecido y nos han impuesto una dictadura de partido que el pueblo debe de derrotar (Sevilla, 2020). Pero no como se ha estado haciendo sin organizaciones de base y con líderes populares que también tienen arraigadas prácticas nocivas para el cambio social. En el sector popular también tenemos figuras gastadas (que usted conoce) que deberían de darle paso a la juventud, sin heredarle el sectarismo, y el narcicismo que caracterizó al movimiento popular en el siglo pasado.

Mis reflexiones finales son las siguientes.

Primero, el anticomunismo de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional) es histórico y antropológico (cultural).

Segundo, siempre han utilizado tácticas de manipulación para sembrar el temor al modesto pueblo hondureño utilizando la radio, la prensa escrita y la TV como medios. En la actualidad se suman las redes sociales.

Que instalen rótulos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, diciendo que con Xiomara viene el comunismo no es nada extraño. Que convoquen a manifestaciones contra el aborto y el comunismo no debe de ser una sorpresa para usted pueblo hondureño, pues esto responde al carácter anticomunista de ambos partidos tradicionales. Sin embargo, resulta anacrónico que sigan sosteniendo está campaña cuando la Unión Soviética y el socialismo real ya no existen siendo parte de los restos de la historia política del siglo XX, aunque no la idea de una sociedad más justa.

Tercero, desde el golpe de estado del 2009, se puso en marcha una estrategia anticomunista del siglo XXI. Los nacionalistas le están apostando a manipular a las personas recurriendo a su fe cristiana para levantar una campaña de falsos contra el Partido LIBRE y la alianza política que lideran como en el pasado lo hicieron contra los clandestinos e ilegales Partidos Comunistas Hondureños (pro chino, pro soviético y demás expresiones de izquierda), quienes se dedicaron a luchar por reformas sociales, que en la actualidad goza el pueblo hondureño. Esto no lo dicen los textos de historia escritos por intelectuales conservadores.

Cuarto, es momento que el movimiento popular le apueste a crear verdaderas estructuras de base y le den paso a la juventud para que no se apaguen las banderas de lucha social en Honduras. Ese fue el éxito que tuvieron en el pasado el PCH y el PCMLH.

Quinto, LIBRE debe de evolucionar, y retomar aquella idea que surgió dentro del FNRP en 2009 de organizar  cada pueblo, caserío y ciudad de Honduras con una verdadera formación política.

Sexto, el comunismo como sistema tuvo muchos éxitos en la antigua Unión Soviética (Rusia) durante el siglo XX en el campo de la ciencia, el arte, la cultura, la carrera especial, la industrialización y en el ámbito militar. El sistema de bienestar social de los soviéticos en algún momento fue envidiable. Estos aspectos, los textos de historia poco objetivos tampoco lo van a decir. El Partido Comunista Chino (PCCH), ha sacado millones de personas de la pobreza y en la celebración del centenario del PCCH (junio del 2021) volvieron a demostrarle al mundo los triunfos que tiene esta nación. También reconocemos los errores en ambas tendencias comunistas. Pero en la pobre mente del cachureco hondureño y el bizarro liberal hondureño no existe razón sino un testarudo sesgo ideológico.

Séptimo ¿Cuál es la herencia de 12 años de gobiernos cachurecos? Corrupción, violencia, narcoactividad, las ZEDE, neoliberalismo y pobreza. Tengo la esperanza que a partir de estas realidades la población hondureña decida de manera autónoma e independiente su voto en las elecciones del 28 de noviembre del 2009. Basta ya, del latrocinio e inicuo proceder de las cúpulas del poder en Honduras. No a la continuidad de la Narco dictadura.

Referencias

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Por Hulazko Meza y Freddy Quezada

LOS JÓVENES: PORQUÉ ELLOS Y PORQUÉ A ELLOS   (Sobre su derecho preferente de participación en la solución a la crisis socio política que sacude Nicaragua)

Los jóvenes nicaragüenses - sus luchas y sus banderas

En los últimos meses ha surgido una discusión  -con argumentos y contra argumentos- en torno a la participación de los jóvenes y los campesinos en las distintas agrupaciones que pretenden aglutinar a todos los sectores opositores al régimen ORTEGA-MURILLO de cara a un eventual enfrentamiento electoral con éste. Tanto las opiniones como las distintas agrupaciones, si bien reconocen la beligerancia de ellos, su peso específico en la lucha, su derecho a participar en las instancias de búsqueda de solución a la crisis,  no terminan de materializar en el aspecto político y organizacional ese reconocimiento.

No obstante lo anterior, es solo en torno a los jóvenes y ese derecho preferente que les reconocemos sobre lo que queremos tratar.

Los jóvenes, la juventud, tradicionalmente se piensan como el reservorio fresco de una sociedad. Y su plenitud de despliegue como el punto máximo de tensión de su energía, muchas veces derrochable (y derrochada) en causas y empresas sin garantías.  Sin embargo, ella misma, como los demás actores sociales, tiene una estratificación interna que de arriba hacia abajo va, si lo vemos solo por su escolaridad e ingresos, desde las capas más cultas, universitarias, hasta las más plebeyas, habitantes de barrios y comunidades precarias, pasando por una capa media, letrada pero no alta, de recursos modestos, pero no indigente.

En el caso de Nicaragua, los jóvenes han tenido una influencia determinante en el desarrollo de los hechos más trascendentales de nuestra historia reciente. A diferencia de las juventudes de otras latitudes y/o hemisferios, en Nicaragua ellos si han cambiado el rostro de nuestro país.  Y cuando referimos las luchas con escenarios predominantemente urbanos -no hablando de la juventud universal sino de su fracción más letrada- es la que siempre las ha iniciado y desencadenado; siempre por un derecho conculcado que ellos son los primeros en resentir y en reaccionar por su restablecimiento.

Se puede comprobar que en las luchas modernas en nuestra sociedad, la juventud –y sobre todo la universitaria- ha sido actor de primera fila. Ha tenido la capacidad y la moral de arrastrar a otros jóvenes de menos escolaridad detrás de ella e incluso atreverse a ofrecer nuevos mundos que han terminado por desilusionarla y desilusionar a los que se le han sumado. En la marcha, exitosa o fracasada, se ha combinado con todos los demás sectores plebeyos, jóvenes o no, al grado de volverse indistinguible y solo recordable por el arrojo decidido de sus actos.

Es por esa razón que vimos  a una juventud universitaria fuerte y decidida organizarse y ponerse al frente de la lucha por el derrocamiento de la Dictadura Somocista. Es por eso que también fuimos testigos de cómo los jóvenes campesinos se integraban a la contrarrevolución para protagonizar una SUBLEVACIÓN CAMPESINA que terminó por dar al traste con el modelo que venía implementando el FSLN en el poder y el gobierno. Y fueron los jóvenes los que a partir del 18 de Abril del 2018 desenmascararon al régimen Ortega-Murillo obligándolo, con sus protestas y resistencia, a mostrar su verdadero rostro; produciendo un cambio tan radical en la política y en la forma de hacer política en nuestro país y en la imagen que del gobierno de Daniel Ortega se tenía tanto dentro como fuera del país, que aún no hemos terminado de ver las consecuencias de esa “vuelta de calcetín” que propiciaron nuestros jóvenes.

En todos esos momentos, aunque las banderas visibles que levantaban en sus luchas aparentemente eran diferentes, basta con detenerse un poco en el análisis para percatarse que siempre han sido las mismas banderas de fondo las que han abrazado. Y todas tienen que ver con DERECHOS: Derecho a decidir, derecho a participar, derecho a expresarse libremente, derecho a organizarse como se quiera, derecho a luchar por lo que se quiere y se cree, derecho a ser respetado y tomado en cuenta….. Es decir: DERECHO A SER Y A ESTAR….

Por qué ellos…?  los paradigmas detrás de las banderas

Como en toda lucha y para todo luchador, las banderas y causas por las cuales lucharon esos jóvenes tenían un referente, un universo paradigmático que usaban en alguna medida para definir el qué hacer, el cómo hacerlo, etc.

Así, los jóvenes que vencieron a la dictadura somocista, abrazando paradigmas de base marxista, creyeron en la necesidad de desaparecer las clases sociales, creyeron   en una revolución con una vanguardia de clase obrero-campesina dirigiéndola y creyeron en un partido representando a toda la nación, planificando y organizando ese proceso; creyeron en la construcción de un “hombre nuevo”, de una “sociedad nueva”…… Creyeron en todas las demás ideas que en teoría solamente se podían materializar en una sociedad socialista.

Por su lado, los jóvenes campesinos que se integraron a la contra de entrada no compartían ni mucho menos aceptaban los postulados marxistas sobre la desaparición de clases, clases vanguardias, partido único, etc. Y sus temores ante la imposición que estaban viendo y/o imaginando que estaba haciendo el FSLN en el poder, los llevaron a levantar las armas en contra de ese gobierno. Sus banderas tenían que ver con paradigmas de libertad y, también, de derechos.

Aunque ambas juventudes (ya con cierta separación generacional) terminaron enfrentándose militarmente, ambos grupos tenían el mismo referente paradigmático: EL PARADIGMA DE LA CONTRADICCIÓN.

La esencia de dicho paradigma radica en considerar que siempre existe un “UNO” y siempre existe un “OTRO” enfrentados en la lucha social; que ese UNO considera a ese OTRO como un enemigo al que hay que vencer y, eventualmente, destruir físicamente, pues su sola existencia amenaza y se opone a lo que interesa y conviene al “uno”. Adicionalmente, ese “uno” se considera a sí mismo como el sector más avanzado de la sociedad que está “predestinado históricamente” a triunfar sobre el “otro” y así poder garantizar un mejor futuro para todos en la misma.

Hoy por hoy, fácilmente podemos identificar en el Orteguismo estos postulados del paradigma de la contradicción.

Fueron esas ideas, más fuertes y definidas en los jóvenes más letrados, las que acompañaron su lucha contra la dictadura somocista hasta derrocarla. También fueron las que los pertrecharon y las que llevaron a su enfrentamiento militar a la contrarrevolución en campos y montañas  “en defensa de  la revolución”.

Algo que debemos resaltar es que en este paradigma BASTA CON QUE UNO SOLO DE LOS ACTORES SOCIALES LO TENGA COMO CIERTO para que todas la contradicciones y diferencias que naturalmente existen entre los sectores de una sociedad sean abordadas de manera que, a la postre, resulta perjudicial y destructiva para la misma.  No era necesario, entonces, que los campesinos sublevados conocieran y/o creyeran en esos postulados; bastaba que los jóvenes de la ciudad y sus periferias lo hicieran. El enfrentamiento entre la ciudad y el campo/montaña era entonces inevitable^[1] y los jóvenes serían sus protagonistas.

Adicional a ese paradigma también encontramos otro paradigma que es común tanto a los jóvenes que lucharon contra la dictadura somocista como a los que lucharon contra el gobierno sandinista posteriormente. Tiene que ver con la posibilidad de que un individuo, una organización, un estamento o sector social, REPRESENTE a otros individuos, organizaciones o sectores sociales: EL PARADIGMA REPRESENTACIONAL Y más concretamente, la idea puesta en práctica de LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA.

En la idea y práctica tradicional, conocida y existente de la representación política, el individuo/organización/sector social/etc. representado DELEGA  en un “representante” su capacidad de decidir, de discutir y llegar a acuerdos con otros y comprometerse a cumplirlos, delegando, por ende, la responsabilidad de hacerse cargo de los resultados concretos de sus decisiones. Con esto, el representado termina delegando no solo su derecho de pensar, de crear, sino también su derecho a soñar y su derecho a luchar por construir aquello en lo que sueña; y, con ello, su derecho a equivocarse en la construcción colectiva de ese sueño

Esa representación política devenida en DELEGACIÓN-DESPOJO es la contradicción que resume las luchas sociales entre “los de abajo”, que pugnan por adueñarse, controlar y forjar su propio destino y “los de arriba” que se erigen en los “sabedores únicos” de cuál es ese destino y, por tanto, los únicos que lo pueden garantizar. De ella surgen, como su hijo legítimo, la realización de los pactos y componendas de cúpulas.

Es bien conocida la frase/consigna que caracterizó el gobierno sandinista en los 80´s…. DIRECCIÓN NACIONAL, ORDENE¡¡.  Era la máxima expresión de ese paradigma. Una frase en la que una nación entera –por lo menos es lo que quería el sandinismo gobernante- obedecía ciegamente a una cúpula dirigente que se había arrogado, por efecto de su representatividad, la capacidad de decidir los destinos de todos los sectores de la nación.

También son conocidas y han sido meridianamente estudiadas y documentadas las insatisfacciones y quejas de los desmovilizados de la contra y del ejército después de la firma de la suspensión del enfrentamiento militar. En ambos sectores hay claridad ahora de que los acuerdos firmados y la forma en cómo se materializaron éstos NO CONLLEVARON NINGÚN BENEFICIO para los combatientes de ambos bandos. La representación de los combatientes por sus cúpulas dirigentes les impidió procurarse mejores condiciones posteriores.

A diferencia de esas juventudes, los jóvenes de Abril del 2018 ni creen en promesas ni prometen a nadie nuevos y mejores mundos. No hay en ellos ninguna pose o actitud prometeica. Tampoco creen que haya un sector social que sea el llamado por la historia a dirigir algo. En sus banderas y reivindicaciones subyace un universo paradigmático completamente diferente: EL PARADIGMA DE LA DIFERENCIA.

En este paradigma, lo esencial es que todos los “unos” existentes en la sociedad, reconocen y aceptan la existencia de todos los “otros”. No solamente en términos de aceptación como realidad, sino también en términos de “sujetos sociales reales, con derechos iguales”.  Dicho paradigma no establece la necesidad de que “desaparezca” ningún otro; antes bien, la existencia y posibilidad de reproducción y crecimiento de ese otro es lo que llena de contenido y le otorga validez social al paradigma.  Tampoco necesita el paradigma de la diferencia que ninguno de los sectores de la sociedad sea ni se convierta en “el sector más avanzado” de la misma, ni que recoja o represente en sí los “intereses objetivos” de toda la sociedad para ser válido; su fuerza y validez radica precisamente en el reconocimiento y aceptación de la variopinta conformación social que todo país y sociedad tienen.

A la par de no confiar ni en promesas de maravillosos mundos futuros ni en vanguardias prometeicas dirigiendo la marcha hacia éstos, los jóvenes de Abril tampoco creen en la representación política. En ese sentido, no están dispuestos a delegar en nadie la discusión con nadie en torno a lo que ellos quieren y por lo que luchan; no están dispuestos a permitir que nadie en su nombre tome acuerdos y decida sobre el futuro de la sociedad y mucho menos sobre su futuro.

Es precisamente la negación y el rechazo a la REPRESENTACIÓN POLÍTICA la que, además de desconcertar a los representantes del régimen en la primera negociación, les daba las armas para poder, como lo hicieron a la postre, negar toda viabilidad de una solución negociada al conflicto.

Y si bien es cierto que los sectores sociales que se habían tomado las calles en su protesta anti dictatorial se identificaron con los jóvenes que estaban en dicha negociación, esa identificación era más de cara a que REPRESENTABAN SUS DESEOS Y ASPIRACIONES, que de cara o en el sentido tradicional de la representación política.

Fue una delicia y motivo de aplauso y reconocimiento posterior para todos los nicaragüenses opositores a Ortega el ver a un LESTER ALEMAN decirle al dictador todo lo que esos nicaragüenses pensaban y querían decirle.  En ese acto, un joven expresaba con sus palabras las ideas, esperanzas y voluntad de esos nicaragüenses. Por supuesto, ese hecho no convertía a Lester ni a sus otros acompañantes en los representantes políticos de los luchadores. Y bien que se sintió posteriormente esa no representatividad política.

Como hemos visto, los paradigmas que denotan los jóvenes de Abril del 2018 en sus actitudes y demandas constituyen, en nuestra opinión, un avance significativo en la cultura política de este país y devienen en un nivel que supera la política y la forma de hacer política que nos ha caracterizado.

Lo anterior no es, sin embargo, lo único nuevo que esta generación de jóvenes nos presenta a todos los sectores de la nación nicaragüense. Hay algo más que a simple vista no es posible identificar pero que refuerza aún más esa superación de la cultura política que los jóvenes de Abril están planteándole a la sociedad nicaragüense.

La lucha por la justicia social es una lucha permanente en toda sociedad en la que los más interesados son, precisamente, los sectores que son víctimas de la injusticia social. Y esa es, en gran medida, la que han llevado a cabo todos los luchadores sociales de los últimos dos siglos. Sin embargo, es necesario resaltar que en los últimos tiempos esta lucha ha dejado de ser una por la sola redistribución económica: el norte que le debe al sur, los ricos a los pobres, los empresarios a los trabajadores, etc.; y ha pasado a incorporar un nuevo componente: la lucha por EL RECONOCIMIENTO.

En este nuevo componente de la justicia social se tiene como objetivo un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea el precio a pagar por recibir un respeto igual.

La incorporación del reconocimiento como parte de la justicia social implica también la aceptación de la idea de que ésta excede las cuestiones distributivas y trasciende hasta incorporar las ideas de identidad y derecho a la misma, trasciende la idea del DERECHO A SER IGUALES y llega a la de IGUALES DERECHOS A SER DIFERENTES.

Cuando las organizaciones juveniles surgidas al calor de la lucha contra el régimen Orteguista reclaman su participación en la COALICIÓN NACIONAL y resto de esfuerzos de una  manera distinta a la que las cúpulas de esas organizaciones les están proponiendo, ellos:

• Rechazan en la práctica las implicaciones sociales negativas del paradigma de la contradicción. Con ello debilitan las pretensiones hegemónicas de los grupos de poder que están detrás de algunos esfuerzos y sectores de la lucha anti Orteguista y le salen al paso a las ideas de “el ganador se lleva todo” que pretenden aplicar también algunos sectores que están en la lucha.
• Rechazan la pretensión que en la práctica tienen los grupos económicos y sociales hegemónicos de infiltrar en la lucha y en las organizaciones la idea de la validez de la representatividad política. Con ello los jóvenes disparan al centro de la posibilidad de un nuevo arreglo de cúpulas.
• Incorporan en la lucha por la justicia social en nuestra sociedad la idea de EL RECONOCIMIENTO como un elemento indispensable de la justicia que le confiere a esta un nivel superior y más satisfactorio para la sociedad en su conjunto. En este sentido no solamente elevan la lucha social a un plano superior sino que con ello también invalidan el discurso hegemónico que propone la necesidad de asimilarse y aceptar las normas y la práctica política dominantes para poder ser reconocido y tenido como igual. A partir de ahí, los partidos políticos y demás organizaciones sociales tradicionales y vetustas dejan de tener el derecho exclusivo de participación política y pueden entrar otros actores a la contienda política formal.

Con todo lo anterior, y precisamente por todo lo dicho es que afirmamos:

POR ESO ELLOS… LOS JÓVENES DE ABRIL… TIENEN UN DERECHO PREFERENTE A LA PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER ESFUERZO PARA RESOLVER LA CRISIS SOCIO POLÍTICA QUE ESTREMECE NUESTRA NACIÓN.

Por qué a ellos..?  -  el tiempo y su significado

Mucho se habla en los medios de comunicación social sobre las expectativas que se abren a la sociedad nicaragüense ante la posibilidad de vencer finalmente a la dictadura Orteguista. Políticos y politólogos a título individual, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. se ocupan de describirnos algunas características de la sociedad que necesita nuestra nación y que deberíamos o debemos construir una vez que demos al traste con la dictadura Orteguista.

En ese sentido, hay como cierta tendencia a creer y a actuar como que ese futuro NO DEPENDE DE ESTE PRESENTE y que se puede materializar independientemente de lo que acontezca hoy.  Es decir, el presente es un tiempo inexistente en esos sueños y elucubraciones.  Tan es así que, aparentemente, ningún actor de los tradicionales está pensando EN LA LUCHA QUE ES NECESARIA DAR HOY, para poder llegar a ese futuro que nos pintan. Se están preparando para unas elecciones mañana sin decir cómo revitalizar la lucha de hoy que nos pueda llevar a ese mañana. 

Sin embargo, los jóvenes de Abril siguen insistiendo en los elementos que son permanentes en cualquier lucha hoy y que, por lo tanto, no deben ser dejados de lado. Ellos insisten en la lucha por la justicia y castigo para los responsables de las masacres, la libertad de los reos políticos… ellos insisten en la lucha por restablecer las libertades básicas de manifestación, movilización, expresión, etc. Los jóvenes universitarios inclusive han dado muestras de que la lucha por erradicar la cooptación que la UNEN ejerce sobre el movimiento estudiantil universitario^[2] no puede esperar a mañana.

Adicionalmente a lo anterior tenemos el concepto de tiempo presente y tiempo futuro.

En la temporalidad de vida propia del ser humano aceptamos la idea de que el tiempo es inexorable y no se detiene. También es aceptable la idea de que lo que para un individuo o sector social puede ser un tiempo corto, para otro individuo o sector social en ese mismo momento esa porción de tiempo puede ser demasiado largo.

Lo anterior nos coloca en la pregunta que surge al escuchar las descripciones o propuestas de ese futuro para la sociedad nicaragüense: 

QUIENES SON LOS QUE VAN A VIVIR ESE FUTURO?  En ese sentido, más bien nos podemos preguntar: DEL FUTURO DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO? 

Y la respuesta, aunque a algunos les pueda parecer excluyente y hasta discriminatoria, TIENE QUE SER EN TÉRMINOS ETÁREOS. Es decir, tenemos que responderlas en términos de la edad cronológica que tienen los integrantes de los diferentes sectores sociales en Nicaragua.

En otras palabras, ese futuro…. Es preferentemente el de los jóvenes de hoy o no?  Es para ellos preferentemente o no?.

Porque cinco, diez, quince y hasta veinte años adelante no significan lo mismo para los que hoy están entre los catorce y veinticinco años que para los que son mayores de sesenta; si ponemos como referencia la edad de jubilación en nuestro país y si tomamos también como referencia la esperanza de vida actual en Nicaragua que para las mujeres es de (75.8) años  y para los hombres es de (69.7).

Es decir, el futuro del que estamos hablando en todo momento ES EL FUTURO DE LOS QUE HOY SON PARTE DE LA JUVENTUD NICARAGUENSE…. En ese sentido, ESE FUTURO ES DE LOS JÓVENES… LES PERTENECE.

Es por esa razón que nosotros afirmamos:

POR ESO A ELLOS…. A los jóvenes.  A ellos les pertenece ese futuro que todos queremos desde nuestros propios intereses y motivaciones. A ellos les corresponden CONSTRUIRLO según sus capacidades y aspiraciones. A ellos les tocará equivocarse o acertar.  Es su derecho.

REFLEXIÓN FINAL (Recurso discursivo de  los autores para curarse en salud)

Aunque no ha sido nuestra intención hablar en nombre de y por los jóvenes de Abril ni por la juventud nicaragüense en general, estamos claros de que se nos podría señalar de que si lo hemos pretendido hacer. En ese sentido, estamos claros que al hablar de la representación nosotros también corremos el riesgo de anularnos por autorreferencia.

Sin embargo, asumimos el riesgo como los monjes trapenses que cuando violan sus votos de silencio, tienen que violarlos otra vez al ordenar callar, para restablecerlo.

También queremos resaltar el hecho de que, aun cuando pertenecemos a esa generación de jóvenes que derrotó a la dictadura somocista, creemos que la juventud universitaria en y con sus luchas es, a lo mejor, la contracara decolonial de lo que sucedió en Europa con sus intelectuales rebeldes que desafiaron papados y coronas pero que luego en sus colonias, sus pares, los intelectuales criollos, como demostró Ángel Rama, más bien sirvieron de consejeros, asesores y sirvientes del poder local.

Los estudiantes acaso por eso sustituyeron en rebeldía y desobediencias a los intelectuales europeos. Ojalá y mañana no sustituyan a los criollos en su hipnótica atracción por el poder. Y no terminen, igualmente, de consejeros, asesores y sirvientes de los hegemónicos en nuestro país.

^[1] Con esto no pretendemos negar el papel que el gobierno norteamericano jugó en ese enfrentamiento. Solo resaltamos un hecho que hoy por hoy, incluso hasta miembros de la Dirección Nacional del FSLN de ese momento, han tenido que  reconocer: la incomprensión del mundo campesino, unido a las concepciones marxistas, propiciaron los errores que facilitaron la integración de los jóvenes campesinos a la contrarrevolución.

^[2] Las elecciones estudiantiles del año pasado en la UNIVERSIDAD AGRARIA (UNA) fue el primer escenario de esa lucha