Sidebar

  • Inicio
    • Busqueda
  • Presentación
  • Belice
  • Guatemala
  • El Salvador
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Costa Rica
  • Panamá
  • Centroamérica
  • América Latina
  • Mundo
  • Documentos
  • Mujer
  • Libros
  • Teoría e Historia
  • Contacto
  • Archivo
  • El Socialista Centroamericano
  • Revista "1857"
Revista de Centroamérica Revista de Centroamérica
07
Jue, Dic
  • Inicio
    • Busqueda
  • Presentación
  • Belice
  • Guatemala
  • El Salvador
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Costa Rica
  • Panamá
  • Centroamérica
  • América Latina
  • Mundo
  • Documentos
  • Mujer
  • Libros
  • Teoría e Historia
  • Contacto
  • Archivo
  • El Socialista Centroamericano
  • Revista "1857"
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Revista de Centroamérica No 7.-

21-10-2021 Hits:1466

  Necesitamos debatir los cambios que ocurren en Centroamérica La crisis del capitalismo sigue expresándose de manera particular en Centroamérica. Los artificiales Estados nacionales que surgieron de la desmembración de la República...

Leer más

Revista de Centroamérica No 6.-

16-05-2021 Hits:1864

  La lucha contra el bonapartismo y las dictaduras en Centroamérica. La ola de negociaciones que permitió la firma de los Acuerdos de Paz, iniciados con Esquipulas II en 1987, creó condiciones...

Leer más

Revista de Centroamérica No 5.-

01-02-2021 Hits:1655

Centroamérica es el eslabón más débil de la cadena latinoamericana. Las imágenes del asalto al capitolio de Estados Unidos, por parte de una muchedumbre reclutada entre bandas supremacistas blancas y grupos...

Leer más

Revista de Centroamérica No 4.-

20-09-2020 Hits:1875

El bonapartismo de Trump   Estados Unidos emergió al final de la segunda guerra mundial, como la potencia imperialista dominante en el mundo.  La destrucción masiva de las agonizantes fuerzas productivas en...

Leer más

Revista de Centroamérica No 3.-

23-05-2020 Hits:2172

La pandemia y los grandes acontecimientos que se avecinan.-  La pandemia del coronavirus ha provocado un repentino desplome de la actividad económica mundial. La crisis latente, subterránea, del sistema capitalista...

Leer más

Revista de Centroamérica No 2.-

29-01-2020 Hits:2554

Presentación Con algunas semanas de atraso involuntario, ponemos a disposición de nuestros lectores esta segunda edición de la Revista de Centroamérica. En esta ocasión, todos los artículos se refieren a los...

Leer más

Revista de Centroamérica No 1

20-06-2019 Hits:3428

  Comenzamos una nueva epoca de Revista de Centroamérica   Bajo la ofensiva neoliberal que se inició con los Acuerdos de Paz (Nicaragua en 1987-1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996)...

Leer más

Mundo

Mundo

MUNDO.- De la diplomacia del gas a la guerra en la Franja de Gaza

Detalles
Administrator
18 Octubre 2023
Visitas: 1038

Por Tomas Andino Mencía

Tal parece que un factor a tomar en cuenta en el panorama geopolítico que subyace a la actual guerra entre Israel y Palestina es la disputa por las reservas de gas natural, descubiertas a fines de los años 90s, entre los países que cuentan con este preciado recurso en las aguas del Mar Mediterráneo Oriental.  Entre los países afortunados en poseer este recurso encontramos a Turquía, Grecia, Chipre, Egipto, El Líbano, Jordania, Israel, y a una nación que no es reconocida como Estado…. ¡Adivinaron, los palestinos! en particular los palestinos de la Franja de Gaza.

Integración gasífera del oriente próximo

Inicialmente el mercado para la comercialización de este recurso se limitaba al interior de los propios países del llamado Oriente próximo, ya que Europa era abastecida por Rusia a bajo costo. En ese sentido estaban obligados a vender y comprar entre sí, para lo cual los países poseedores necesitaban sostener relaciones normales con los compradores; una “normalización” también necesaria para hacer pasar con seguridad los gasoductos por sus territorios.

Tanto se avanzó en este campo en la última década, que hasta fue creado un espacio de coordinación entre Chipre, Egipto, Grecia, Israel, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina, denominado “EastMed Gas Forum”, una organización regional destinada a coordinar el desarrollo del gas natural, abriendo la puerta a la construcción de una red de intereses comerciales y energéticos comunes. En tal sentido, este factor económico contribuyó a reconfigurar por una década las tradicionales relaciones conflictivas en el Medio Oriente, reorientándose desde entonces hacia la búsqueda de acuerdos para llevar adelante grandes proyectos de infraestructura energética, dominados, como era de esperar, por grandes transnacionales del petróleo.

Este inédito consenso económico era políticamente viable ya que un lustro antes (1993) se habían firmado los Acuerdos de Oslo, en los cuales la OLP e Israel firmaron su mutuo reconocimiento, desencadenando una ola de acercamientos entre Israel y los países árabes de su entorno. Asimismo, en septiembre de 2020, se estableció el “Acuerdo de Abraham” entre Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, posteriormente firmados por Marruecos y Sudan, que abrió las puertas a la llamada “normalización” de relaciones con Israel.

Dicha tendencia cobró más importancia con la guerra ruso-ucraniana. Como es sabido, desde esta nefasta guerra Europa se encuentra sedienta de fuentes de gas natural de bajo costo, tras las sanciones internacionales impuestas a Rusia, su histórico proveedor. En 2022 casi todo el viejo continente entró en una grave crisis energética sin precedentes, de la cual el único beneficiado fue Estados Unidos, que vende su gas licuado a los europeos a un precio 40% más caro que Rusia. Por tal razón, Europa se encuentra urgida de encontrar nuevas fuentes del vital recurso natural, a un menor precio que los proveedores norteamericanos. Y aquí es donde entra la oportunidad para los países con costas en el Mar Mediterráneo oriental.

En ese contexto, los países poseedores de gas del oriente próximo, en especial Egipto e Israel, se frotaron las manos y emprendieron proyectos ambiciosos para aprovechar el nuevo mercado, para lo cual era precondición acelerar su “normalización diplomática” a fin de cooperar en abastecer el mercado europeo.

Como era de esperar, esto también atrajo a las potencias gasíferas, es decir, aquellas que poseen la tecnología y el capital necesarios para su extracción (léase Rusia, Arabia Saudita, transnacionales europeas y norteamericanas), mismas que tratan de influir la aprobación de contratos de exploración y explotación; lo que explica su interés por el acercamiento diplomático entre países con viejas disputas políticas, territoriales y religiosas. No es casual por eso que en 2021 y 2022 encontremos el surrealista panorama de ver a un Vladimir Putin, supuesto adversario de occidente, y al Príncipe saudí, Mohamed bin Salman, corta cabezas de opositores, coqueteando para establecer buenas relaciones con el entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, genocida de los palestinos. El olor a gas atrajo a todas las fieras.

De hecho, potencias como China y Rusia se anotaron sendos goles al lograr que varios de los países árabes ingresaran al BRICS este año; hecho que no le ha caído en gracia a Estados Unidos.

Pero integración bajo dominio israelí

Lo particular de este proceso es que, en la última década, Israel emergió como una potencia cada vez más creciente en materia gasífera, gracias al desarrollo económico, tecnológico y militar que le permite su privilegiada relación con los Estados Unidos, mediante la construcción de varias plataformas, como las de Tamar y Leviatán, convirtiéndose en el más fuerte competidor de la región; seguido en segundo lugar por Egipto. De hecho, se convirtió en el principal exportador de gas a los países vecinos y su agresividad económica era evidente.

Un reportaje de El Confidencial informaba lo siguiente; “En 2022, las compañías energéticas israelíes produjeron 21,29 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas natural, de los cuales 9,21 se exportaron a Egipto y Jordania. La cifra estaba destinada a aumentar, dado que, tan solo dos meses atrás, Israel se comprometió a redoblar la producción de Tamar e incrementar las exportaciones debido a la subida de la demanda en los países árabes y al plan egipcio de vender más GNL a Europa. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu también aprobó un plan para la construcción de un nuevo gasoducto terrestre con El Cairo. Pero no hay mayor ejemplo de las puertas que podía abrir la emergente diplomacia del gas natural israelí que el acuerdo alcanzado el año pasado con el Líbano para delimitar la frontera marítima entre ambos países y, con ello, repartir los derechos de la explotación de yacimientos. Un convenio que no solo puso fin a una disputa territorial que se había extendido durante décadas, sino que fue firmado por dos estados que, técnicamente, continúan en guerra el uno con el otro.”[1]

Dependencia y militarismo como subproducto incomodo

Por supuesto, hay otros países que no simpatizan con esto: por un lado, Qatar, a quienes no conviene la competencia gasífera en el EastMed Gas Forum; y por otro, Irán, que ve que la “diplomacia del gas” está fortaleciendo a su archienemigo israelí, el cual poco a poco se está echando a la bolsa a varios países árabes, los que ahora se muestran dóciles ante Tel Aviv; por ejemplo, callan ante los desmanes recientes del régimen sionista en los territorios ocupados en Palestina.

El recelo de los Ayatolas es ciertamente justificado por dos razones: La primera es que, considerando las entrañables relaciones de Israel con Estados Unidos, es plausible pensar que el auge de Israel al largo plazo beneficiara a la potencia norteamericana a través de múltiples medios de intervención económica, de lo cual Israel sería una especie de “Caballo de Troya”. Y la segunda es que, sobre la base de sus avances en materia energética, y con tantos intereses en juego, Israel proyecta avanzar también en el campo militar hacia la constitución de una especie de “OTAN del Medio Oriente”, una alianza militar con dedicatoria a enfrentar a la nación persa (Irán), que es el siguiente paso después del Acuerdo de Abraham.[2]

Dentro de los países del consenso gasífero también hay inconformidad. La marcada dependencia hacia Israel está volviéndose incomoda a sectores sociales de países como Egipto, Jordania y El Líbano, los cuales no tienen su misma salud económica, favorecido por el privilegiado trato de Estados Unidos. Tal situación también tiene inconformes a los sectores más militantes del islamismo radical, por lo que implica que los países árabes ahora dependan de su tradicional enemigo.

Con los palestinos, lo vuelven a hacer

Poniendo los pies en la tierra, hay también perjudicados ya en esta fiesta. El caso de los palestinos es especial. A principios de siglo se descubrió el yacimiento denominado “Gaza Marine” a 30 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza, plataforma marina que jurídicamente pertenece a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), entidad reconocida por los Acuerdos de Oslo de 1993, un estatus injusto porque geográficamente el campo de gas se encuentra en la plataforma de aguas exclusivas de la Franja de Gaza.

Aunque al principio se le considero un recurso de poca monta, ahora se le valora en mas de 28 mil millones de metros cúbicos. Pero, como era de esperar, durante veintitrés años los palestinos no pudieron explotarlo por la sistemática oposición de Israel. La excusa siempre fue que, aunque Israel reconoce la ANP, la Franja de Gaza es gobernada desde 2006 por Hamas y con estos no quiere tratos.

Un reportaje de un medio judío de la prensa israelí reporta lo siguiente: “La Autoridad Palestina encargó a la empresa de energía British Gas que realizara una exploración de gas en la zona en 1999. Un año después, British Gas encontró el Marina 1 a unos 30 kilómetros mar adentro, y más tarde el Marine 2, más pequeño, pero finalmente se retiró del contrato. El proyecto fue entregado al gigante energético Shell en 2016, solo para que también se retirara dos años después debido a las objeciones israelíes y otras disputas. Desde entonces, los palestinos han estado buscando inversores en el proyecto de 1.100 millones de dólares para extraer los 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Las conversaciones en 2012 finalmente no llegaron a ninguna parte, al igual que las negociaciones del año pasado con el gobierno israelí anterior.”[3]

Sin embargo, en 2023 el nuevo gobierno israelí, sustituto de Netanyahu, aceptó autorizar la explotación del yacimiento de Gaza Marine, siempre y cuando el trato se hiciera con la ANP y con Egipto, lo cual excluía al gobierno de la Franja de Gaza, administrado por Hamas. Eso explica que a la ANP se le haya visto muy dócil en el tema de sus relaciones con Israel.

Los factores subyacentes a la guerra

La Franja de Gaza es la región económicamente más miserable de Oriente medio, y su exclusión coloca a sus habitantes ante la imposibilidad de aprovechar esos recursos para aliviar la extrema miseria en que viven, cuyo territorio esta férreamente bajo control israelí. Esto es una afrenta difícil de tragar para Hamas, que por cierto había disminuido su actividad militar en los últimos años, y un factor que seguramente exacerbó su extremismo y de sus aliados en la última hora.

En mi opinión, este trato desigual con la Franja de Gaza, sumado a los factores como la agudizada opresión israelí de los últimos años impuesta por la coalición ultraderechista de Netanyahu, así como los factores geopolíticos que mencione en mi primer artículo sobre la crisis actual[4], contribuyeron a detonar la guerra actual. Por el inicio de las actividades bélicas, las explotaciones petrolíferas se han detenido o enlentecido; la producción para la exportación puede considerarse por ahora contenida, sino es que fracasada y la región está de nuevo polarizada.

Esto ha hecho volar por los aires la tendencia económica integracionista hegemonizada por Israel, y, como ya dije en dicho artículo, también dinamitó la normalización diplomática que la acompañaba, de la mano del imperio norteamericano; sin hablar de que se esfumo la idea de una OTAN del Medio Oriente. Lo anterior significa que se le viene un duro golpe a la economía de Israel y de los países vecinos, de la que difícilmente se recuperaran en el corto plazo. Solo en la guerra que tiene planeada emprender, el gobierno israelí ha solicitado mas de 100 mil millones de dólares.

Si Netanyahu hace realidad su ofensiva para ocupar totalmente la Franja de Gaza, este proceso estará absolutamente fracasado. De ahí la presión diplomática de las potencias occidentales incluso de Rusia y China para detenerla. En ese sentido, Hamas logró su objetivo, con lo que parece que hay que tomar en serio el adagio popular de que “O todos en la cama o todos en el suelo”.

Llegados a este punto, es extraña la escases de análisis, al menos en español, que se refieran a este punto. Tal vez se deba a que, a muy pocos, salvo a los marxistas, se nos ocurre buscar la causa subyacente de una guerra en un tema tan material como los hidrocarburos. Pero es que, parafraseando a Eduardo Galeano, ninguna guerra tiene la franqueza de decir que mata niños, mujeres embarazadas y ancianos por petróleo o gas, sino que dice que lo hace por una “causa noble”, como la democracia, o, como en este caso, “por Dios” o “por Ala”.

 

[1] Israel estaba usando el gas para seducir a sus vecinos. Ahora, todo puede estallar (elconfidencial.com). https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-10-17/israel-usar-gas-seducir-vecinos-estallar_3755711/

[2] El mito de una emergente ‘OTAN de Oriente Próximo’ | Política Exterior (politicaexterior.com) https://www.politicaexterior.com/el-mito-de-una-emergente-otan-de-oriente-medio/

[3] Israel, Egipto y la AP coordinan un yacimiento de gas en Gaza (israelnoticias.com). https://israelnoticias.com/franja-de-gaza/israel-coordina-con-egipto-y-la-autoridad-palestina-el-desarrollo-de-un-yacimiento-de-gas-en-gaza/

[4] Andino, Tomás. La ofensiva de Hamas en el tablero político del Medio Oriente, Revista de Centroamérica, PSOCA. https://revistadecentroamerica.org/index.php/mundo/132-mundo-la-ofensiva-de-hamas-en-el-tablero-politico-del-medio-oriente

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

Mundo
Detalles
10 Octubre 2023

MUNDO.- La ofensiva de Hamas en el tablero político del Medio Oriente

Mundo
Detalles
05 Junio 2023

MUNDO.- ¿Cuál es el significado de la migración masiva?

Mundo
Detalles
14 Marzo 2023

MUNDO.- Evolución de las Empresas Militares Privadas: desde la guerra de Angola hasta el Grupo Wagner

Mundo
Detalles
27 Febrero 2023

MUNDO.- El mundo a un año de la guerra Rusia – Ucrania (OTAN)

Mundo
Detalles
07 Julio 2022

MUNDO.- El dólar: Sus crisis y su impacto global

Mundo
Detalles
10 Marzo 2022

MUNDO.- ¡Fuera tropas rusas de Ucrania! ¡Fuera la OTAN de Europa! ¡No a la guerra!

América Latina

América Latina

AMÉRICA LATINA.- La industria azucarera: riqueza, pobreza, ecocidio y crisis alimentaria.

Detalles
Administrator
13 Noviembre 2023
Visitas: 341

Por Hugo Cedeño

Dedico el texto a Saintouve Pierre (serrucho). Militante activo de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) de República Dominicana, fallecido en mayo del pasado año sin que el gobierno de Abinader le entregara la pensión solicitada desde 1999. También al heroico pueblo Palestino y a todos aquellos y aquellas que toman las calles contra la agresión sionista apoyada por EEUU.

Un poco de historia.

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. Los egipcios perfeccionaron su procesamiento y la empezaron a refinar. Los españoles la trajeron a América expandiéndola a las zonas cálidas para exportar la producción.

La producción azucarera en algunos de nuestros países, incluyendo República Dominicana, ha generado grandes riquezas a lo largo de su historia para un sector económico súper poderoso.

Hoy en día son muchos empresarios azucareros que anuncian hipócritamente que la crisis mundial produce pérdidas y que sus ganancias disminuyen.

Pero ocultan la elaboración de productos extraídos de la caña de azúcar que tienen mucha demanda y altos precios en el marcado nacional e internacional.

El compañero Jesús, los técnicos y braceros presentes en esta actividad conocen por experiencia y estudios que en la caña de azúcar nada se pierde.

Los empresarios cuentan con recursos financieros y políticos para poner en marcha el plan productivo al respecto.

Veamos algunos de esos productos: etanol, vinaza, vinagre, antisépticos, ácido glicólico, citrato de calcio, ácido cítrico, abono, para la industria textil, cosméticos, exfoliantes, electricidad, industria de bebidas, confiterías, etc.

De manera compañeros y compañeras que por más que lloriquee el patrón, nunca confíe en él, porque tiene a su favor todas las instituciones del estado burgués, la banca nacional e internacional y demás aparatos, para mantener y ampliar sus ganancias.   

Brasil: un ejemplo que demuestra lo afirmado.

De todos los países del continente donde se produce azúcar de caña, Brasil lleva la delantera y es el ejemplo de lo que estaría sucediendo en los demás.

Entre 1985 y 2022 el Brasil incrementó sus actividades agrícolas en un 50 por ciento, sobre todo caña de azúcar y soya. La mayor cantidad se destina a la exportación.

La actividad ocupa 283 mil millones de hectáreas.  Los grandes ingenios son controlados por “barones del azúcar”. De capital nacional, internacional o mixto.

La extensión monopólica de la producción viene desplazando a cientos de miles de productores independientes. También a los que usan trapiches artesanales para el autoconsumo y/o vender el jugo de caña en los mercados.

Eso explica las grandes movilizaciones del campesinado brasileño que junto a los pueblos originarios y defensores de la ecología toman las calles para defenderse de la voracidad del capitalismo.

El actual modelo azucarero se vuelve más industrial e invierte en maquinarias. También compra insumos agrícolas que ofrecen las agro empresas.

Los señores del azúcar gastan miles de millones de reales y dólares en asesoría de compañías especializadas en realizar estudios. Su objetivo es hacer crecer la rentabilidad de la producción para ganar más dinero.

Con la tecnificación productiva llegan los monopolios de maquinarias, productos químicos, como herbicidas, fungicidas, Y por supuesto los bancos internacionales que se asocian a la banca nacional y los políticos corruptos.

Los productores independientes no pueden mecanizar la siembra, corte y transporte de la caña, porque generalmente los prestamos son con intereses sumamente altos. No tienen forma de competir con el gran capital.

Crece la industria azucarera y aparecen los buitres de las transnacionales.

La empresa Monsanto llegó a Brasil para investigar cuáles variedades de caña de azúcar es mejor en la producción etanol porque el mercado de autos en Brasil y el mundo que lo usa como combustible ha crecido. Ya publicitan el Corolla Cross que se mueve con Bio-Etanol.

Monsanto, Conavieira, CanaVialis, Allelyx y otras, se especializan en buscar variedades para empresas brasileñas, como Odebrecht, que tiene plantaciones fuera de Brasil, por ejemplo, en Angola.

Los negocios entre los grandes empresarios no los hace amigos, los capitalistas compiten entre sí y no tienen compasión en sacar a los demás de circulación. Monsanto terminó comprando las demás empresas por 280 millones dólares y se hizo dueña del mercado. Es mucho el dinero que mueve la actividad agrícola en Brasil. Es una guerra entre carroñeros.

A los carroñeros no les importa la suerte de los trabajadores ni la del resto de la población brasileña. Se van adecuando a las necesidades del mercado mundial.

Y la clase trabajadora

En todo ese proceso los capitalistas ven como la productividad y ganancia crecen como verdolagas. Pero los trabajadores y trabajadoras azucareros siguieron recibiendo bajos salarios y sus condiciones laborales empeoraron.

Muchos trabajadores mueren por agotamiento y el trabajo forzoso continúa siendo una práctica normal.

Las condiciones de trabajo son cada vez más horribles y brutales y mientras más poder tienen los empresarios la situación del proletariado empeora.

Hace poco unos 2000 trabajadores azucareros fueron liberados por una organización religiosa al estar en condiciones de trabajo forzadas, muchos de ellos son los llamados “trabajadores golondrina” porque trabajan por temporadas sin que la empresa tenga obligaciones laborales y de seguridad social frente a ellos.

Los gobiernos publicitaron que la expansión de la industria azucarera estaba asociada a un plan masivo de tecnificación productiva.

Según los señores de la mentira, invertir en tecnología, aliviaría la situación de los trabajadores y trabajadoras cañeros y cañeras.

Pero no es así, los resultados son terribles para el proletariado, porque expulsa del mercado de trabajo cientos de miles.

El desempleo favorece al patrón porque cuando tiene mucha presión puede acudir al mercado laboral para seleccionar nuevos trabajadores en condiciones de súper explotación, sin compromisos legales y aplicando “terrorismo empresarial” a los sindicatos independientes.

Tienen control absoluto de los movimientos de los trabajadores y trabajadoras porque estos habitan en comunidades cercanas donde tienen “chupa media” que informan.

Otro elemento es el daño que producen estas grandes empresas al ecosistema, las comunidades agrícolas, los pueblos originarios, la cadena alimenticia y calidad y control sanitario de los productos que consumimos, la salud de los trabajadores y comunidades cercanas a las plantaciones, daños al agua de la superficie y sub suelo, como las lluvias acidas, las inundaciones, etc. 

Por eso, los luchadores y luchadoras hablan de ecocidio por el daño intencional e irreversible que provocan a la naturaleza y ser humano.

En fin, somos los trabajadores, campesinos y los pueblos empobrecidos los que pagamos las ansias de ganancias de los empresarios

Estos señores ni los gobiernos reconocen el aporte de quienes ponemos en marcha el ciclo productivo. Todo lo contrario, nos envían a nuestros hogares como bagazos y muchas veces, ni siquiera una pensión para sobrevivir.

Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, México, Argentina y otras naciones.

Todos son productores de azúcar de caña. En menor o mayor grado. Ningunos de sus empresarios y gobiernos ofrecen alternativas favorables a los trabajadores del azúcar, los pueblos y comunidades afectadas.

Si usted desea, puede ingresar a cualquier página web para leer sobre las caravanas de hombres y mujeres del pueblo que ponen su vida en peligro para llegar a EEUU. También sucede con los dominicanos y haitianos que se lanzan a los mares en frágiles canoas huyendo del desempleo y pobreza.

Y lo que raya en la ridiculez es que nuestro país, de gran exportador de azúcar de caña, ahora importan desde Brasil parte de la que consumimos.

Todo lo que digo está confirmado en los documentos que he leído y que al final de abajo pondré como bibliografía para quien pueda sacar sus conclusiones.

Países imperialistas, monopolios y aparatos financieros.

La pobreza en los países del continente es creciente. Así lo confirma una institución imperialista llamada ONU que no puede ocultar la evidencia.

180 millones de habitantes del continente viven en la pobreza (un tercio de la población). De ellos 71 millones son indigentes. (los datos son 2016)

La desigualdad ha crecido a tal punto que el 20 por ciento de la población más rica tiene ingresos per cápita 20 veces superior al 20 por ciento más pobre.

Los países productores de azúcar de caña, son los que reflejan, con mayor gravedad la situación, según la ONU. Entre estos a Guatemala, Brasil, Honduras. Los que mostraron mayor tasa de pobreza son Uruguay, Argentina y Chile.

Por su lado, la Comisión Económica para América Latina(CEPAL) plantea que de 2016 a 2020 la pobreza creció a 209 millones de pobres. Al mismo tiempo que en estos últimos años con todo y el COVID19, el número en la región aumentó de 61 a 91 entre 2020 y 2923.

De manera que, compañeros y compañeras, que las caravanas de personas que se dirigen a EEUU corriendo todo el peligro que ustedes podrán imaginarse están integradas por ciudadanos y ciudadanas de Centro América el Caribe y algunos de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia.

Los que llegan a Costa Rica desde Nicaragua a Cortar café y caña de azúcar, los que vienen a República Dominicana desde Haití a laborar y se arriesgan a sufrir represión de parte de los gobiernos y aparatos de estado, los dominicanos y haitianos que se lanzan en frágiles canoas al Mar Caribe, aquellos que cruzan la selva del Darien, considerada la más peligrosa del mundo, buscando un sueño, como diría, nuestro Juan Luís Guerra, forman parte de millones de ciudadanos y ciudadanas que perdieron la esperanza de vivir dignamente en sus respectivos países.

América Latina es un continente rico. Solo argentina tiene capacidad de producir alimentos para 600 millones de personas y sin embargo 65 de cada cien niños y niñas padecen hambre.

Entonces, los que andan diciendo que el futuro de los trabajadores y las grandes mayorías depende de los que controlan el poder económico y político en nuestros países y el mundo, están mintiendo.

Y pobre de aquellos y aquellas que confían en estos señores. Porque nunca podrán alcanzar el cielo por asalto y construir su propio reino.

Ustedes tienen en sus manos la forma de cambiar la situación.

Si vencemos los problemas que dificultan “virar la tortilla” podemos triunfar. Es decir, si nos organizamos democráticamente, creando organismos desde abajo y construimos dirigentes que no se atrevan a pactar con la patronal y/o el gobierno. Que sea la base reunida en sus asambleas quien decida.

Cómo podríamos explotar nuestros recursos naturales de manera sustentable, estatizados y controlados por los trabajadores y las comunidades.

Acabar con la banca, pool de siembra, el monopolio de grandes extensiones de tierra, el monocultivo exportador, como el azúcar, que se traduce en dependencia alimentaria e instrumento de las naciones imperialistas para el bloqueo comercial y presiones políticas. En fin, necesitamos recuperar nuestra soberanía e independencia nacionales.

Por último, compañeros y compañeras, sería bueno lograr que de este evento saliera un organismo que discuta un plan de acción y trabajo para fortalecer la lucha que libran los cañeros encabezados por la UTC.

En el plano estratégico, dar la pelea por una Organización Regional Independiente de Trabajadores Azucareros, que fortalezca la pelea por los derechos del sector y la solidaridad con todos los trabajadores en lucha.

Las grandes jornadas de lucha de los braceros como la de Puerto Rico 1932, Tucumán 1923, República Dominicana 1946 y 1964, Colombia 1976, México 2006, Nicaragua 2005, Cuba 1955, Costa Rica 1979, Jamaica 2015, Perú 1955, Ecuador 1977 (la masacre de 26 trabajadores), entre otras, fueron posibles por la férrea unidad de los trabajadores y la solidaridad interna e internacional.

De manera que la organización independiente, nacional e internacional, es el camino a trillar para recoger la experiencia que las luchas dejan.

Muchas gracias a Jesús, los cañeros y cañeras, a quien está leyendo el texto y los que escuchan.

 

Bibliografía consultada.

1- La maquinaria agrícola, cada vez más pesada, está aplastando los suelos fértiles

POR TIM FOLGER. PUBLICADO 22 JUL 2022, 14:27 CES

2-Brasil y los nuevos emporios azucareros. GRAIN | 12 Jul 2009 | Revista Biodiversidad

3-Caña de azúcar un cultivo de importancia para México. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 13 de marzo de 2021 (en México)

4-Guatemala. www.azucar.com.gt los impactos más importantes son:

5-Crisis y deterioro laboral en la agroindustria azucarera de Tucumán durante la segunda mitad del siglo XX’ Ariel Osatinsky

6-Trayectorias y resistencias de los trabajadores del azúcar en el ingenio Ledesma. Lucía Danser

7-Honduras y Nicaragua buscan posicionar su azúcar en la Unión Europea. Clara Villatoro. Corresponsal de Legiscomex.com. Centroamérica

8-Brasil: la superexplotación del trabajo en el siglo XXI. 3 julio, 2018 por Tercer Mundo. Mundo do Trabalho

9- https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220609-brasil-aumento-hambre-pobreza-bolsonaro

10-https://www.zafran.com.ar/azucar/impacto-del-azucar/

11-https://procana.org/site/subproductos-y-derivados-de-la-cana/

12-http://consuelocity.com/m.aspx?id=8654

13-https://www.cea.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia

14-https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532011000100006

15-https://www.fao.org/3/X4988E/x4988e15.htm

16-https://grain.org/es/article/6961-el-negocio-del-hambre-en-america-latina

17-https://ail.ens.org.co/opinion/condiciones-de-trabajo-y-salud-en-el-cultivo-de-cana-de-azucar/

18-https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742010000100006

19-https://ve.usembassy.gov/es/situacion-de-la-produccion-del-azucar-en-venezuela/

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

América Latina
Detalles
17 Septiembre 2023

MÉXICO.- La independencia antiliberal de 1821 en México

América Latina
Detalles
13 Septiembre 2023

CHILE.- Carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales al presidente Salvador Allende

América Latina
Detalles
14 May 2023

CUBA.- Apuntes sobre las causas y condiciones de un posible estallido social

América Latina
Detalles
13 Septiembre 2022

MÉXICO.- Los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala para consumar la Independencia de México.

América Latina
Detalles
23 Junio 2022

AMÉRICA LATINA.- El Congreso Anfictiónico de Panamá: La unidad latinoamericana… ¿Utopía bolivariana o posibilidad real?

América Latina
Detalles
24 Septiembre 2021

MÉXICO.- El Libertador Simón Bolívar en México.

Centroamérica

Centroamérica

CENTROAMÉRICA.- Breve resumen para comprender algunos períodos de nuestra historia

Detalles
Administrator
17 Octubre 2023
Visitas: 153

Por José Rene Tamariz

 

1) Cinco Países, una Nacionalidad.

Desde la época colonial que tarda más de 300 años, la región centroamericana, mejor conocida como Capitanía General de Guatemala (CGG), constituía una unidad económica-política-administrativa que producía mercancías y ganancias para el capitalismo europeo, principalmente España. Desde ese punto de vista, esa Capitanía era capitalista, ya que estaba directamente ligada al comercio mercantilista internacional a través de los colonialistas españoles. Los capitalistas-colonialistas utilizaban relaciones de producción precapitalistas, principalmente esclavista y de servidumbre, en función del desarrollo capitalista europeo.

El análisis realizado por Nahuel Moreno sobre la colonización en América es muy útil para lo que apuntamos en el párrafo precedente. Según Moreno: “La colonización española, portuguesa, inglesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales; organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. No inauguraron un sistema de producción capitalista porque no había en América un ejército de trabajadores libres en el mercado. Es, así como los colonizadores para poder explotar capitalísticamente a América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi-esclavitud de los indígenas. Producción y descubrimientos por objetivos capitalistas; relaciones esclavas o semi-esclavas; formas y terminologías feudales (al igual que el capitalismo mediterráneo) son los tres pilares en que se asentó la colonización de América”. (Moreno, 1988: 5). Como señala muy bien Samir Amin: “El primer momento de ese despliegue devastador del imperialismo se organizó alrededor de la conquista de las Américas, en el marco del sistema mercantilista de la Europa atlántica de la época...”. (Amin, 2003: 97).

Lo anterior se aplica igual para la Capitanía General de Guatemala, ya que desde esta colonia se exportaba a España e internamente entre sus provincias, diversos productos agrícolas y metales, tales como: grana, añil, cacao, maíz, ganado, tabaco, caña de azúcar, palo brasil, plata y oro. Los dos primeros bienes agrícolas se utilizaban como colorantes naturales para la pujante industria textil europea.

Al producirse la independencia de la CGG en el año 1821, sin lucha ni revolución, se realiza una efímera anexión (1822-1823) de ésta a México. En noviembre de 1824, después de estar reunidos un año, los representantes de los cinco países publicaron la Constitución Política de la nueva nación denominada: Estados Federados del Centro de América. Es importante mencionar que esa nueva Constitución tenía muchos aspectos progresivos, como, por ejemplo: la abolición de la esclavitud, la cual se hizo antes que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países de América del Sur, como Brasil; los jueces, eran electos mediante votaciones populares; se adoptó el derecho de asilo para los extranjeros, etc.

La República Federal tuvo su existencia desde 1824 hasta 1842. Sobre la formación de la nueva nación centroamericana existen dos mitos de los historiadores, sociólogos e intelectuales liberales e incluso, de algunos llamados marxistas: el primero es que no existió la nacionalidad centroamericana y segundo que no existió un Estado nacional, sino la suma de diferentes pequeños Estados fragmentados y una situación de anarquía, de la cual no se tiene ninguna caracterización sobre el tipo de sociedad que era.  Existe como un tipo de “limbo” económico y político de la sociedad centroamericana de ese entonces, aunque algunos la caracterizan como feudal.

Nuestra caracterización es que existió y existe una nacionalidad centroamericana que ha sido disgregada y dividida, con tendencias recurrentes, cada cierto período histórico, hacia la unificación. En primer lugar, porque el ala de la burguesía naciente y liberal en Centroamérica fue derrotada en la guerra civil por el ala de los conservadores latifundistas y la iglesia católica. El triunfo reaccionario de los conservadores hace retroceder la nación centroamericana, potenciando su división en cinco naciones. En segundo lugar, tiene sus influencias el imperialismo inglés en la división de Centroamérica. Por otra parte, consideramos que entre la independencia de España y la constitución de la República centroamericana se producía el tránsito de la colonia capitalista a país capitalista semi-colonial.

La relación semicolonial de la nación centroamericana se adquiere con el imperialismo inglés mediante la deuda externa: “La era inglesa en Centroamérica se consolida también por la vía de los grandes empréstitos públicos; la libra esterlina establece el primer vínculo financiero con una economía extranjera. Los empréstitos se realizan a través del Estado...El primero de ellos se firma con la República Federal para intentar la ordenación de la administración...La deuda inglesa pasó a constituirse en adelante en un elemento que facilitó la presión diplomática...”.  (Torres-Rivas, 1989: 18)

Al disolverse la Federación centroamericana, cada país centroamericano comienza sus intentos para lograr su propio desarrollo nacional. Se inicia la consolidación del Estado nacional mediante la inserción de la mayoría de los países, excepto Nicaragua y Honduras, al mercado internacional a través de un nuevo producto de exportación: el café. Cabe destacar que el país que produce y exporta café por primera vez a Inglaterra es Costa Rica, en el año 1845.  Después la producción y exportación de este producto fue complementada con la del banano que se produjo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta actividad económica era controlada, principalmente, por los Estados Unidos. Desde los años 1850 hasta 1950 los principales productos para la exportación en Centroamérica eran el café y el banano. Nicaragua y Honduras se incorporaron tardíamente a la producción y exportación de café, debido a la importancia relativa de sus yacimientos de oro y plata, los cuales eran controlados y explotados por los imperialismos europeos, primero el español y luego por el inglés, las luchas intestinas, la invasión filibustera y la posterior intervención militar yanqui.  El caso de Honduras escapa a todo el resto de Centroamérica, ya que es el único país que quedó anclado al mercado internacional por el monocultivo del banano desde finales del siglo XIX y que, constituyó la principal actividad económica hasta su destrucción por el huracán Mitch, fue controlada, al igual que en los demás países centroamericanos, por las empresas transnacionales yanqui e inglesas.

Las condiciones históricas del desarrollo capitalista en Honduras, mejor expresada, por la denominación de “República bananera”, han determinado la debilidad estructural de su clase burguesa y la relativa fuerza de su proletariado.

Todo lo anteriormente señalado sobre los principales productos de exportación de los países centroamericanos, no excluye, que al lado de ellos se desarrollaran otros cultivos y productos de exportación, por ejemplo, la agroindustria, basada en los ingenios azucareros.

 

2) Periodos o etapas de Centroamérica

A) Dictaduras Militares: años 30 a 48.

  • En el Salvador se instaura la dictadura del general Maximiliano Hernández del año 1931 a 1944. La rebelión campesina del año 1932 es brutalmente reprimida por ese régimen y provoca entre 25 mil o 30 mil muertos. La insurrección, su fracaso y la gran masacre de la dictadura de ese año en El Salvador fue el producto de la política de aventurerismo de la Internacional Comunista stalinista de esa época.
  • En Honduras se instala la dictadura del general Tiburcio Carías del año 1933 a 1948, denominado el cariato, durando 16 años en el poder. En 1932 se realizan protestas sociales en las plantaciones del norte “… En febrero de 193, estalló un movimiento huelguístico de amplia base pero efímero en la Tela Railroad Company como consecuencia del despido de ochocientos trabajadores y una reducción general del salario…”. (Bethell, Leslie: Historia de América Latina. Editorial Crítica. Barcelona 2001. Página 21).
  • En Guatemala se implanta la dictadura del general Jorge Ubico desde el año 1931 al año 1944.
  • En Nicaragua se instaura la dictadura familiar del general Anastasio Somoza que va desde el año 1937 hasta su derrocamiento en el año 1979. Es importante destacar que, previo al inicio de esa etapa, en Nicaragua se habían producido varias ocupaciones militares del imperialismo estadounidense. Primero, desde el año 1912 hasta 1925 y luego en el 1926 hasta 1933. El general Augusto Cesar Sandino luchó, mediante la guerra de guerrilla, contra las tropas marines en esa segunda intervención estadounidense.
  • La excepción fue Costa Rica que mantiene su régimen democrático. En el año 1934 se produce la huelga de trabajadores bananeros en la región de Limón, dando inicio del movimiento sindical independiente.

En Guatemala cae la dictadura por una huelga multiclasista encabezada por profesionales de clases medias y militares jóvenes. Posteriormente, se produce la elección del progresista Juan José Arévalo para el período 1945-1951 que introduce una serie de reformas: introdujo la seguridad social y una ley labora; amplió la educación pública obligatoria y gratuita; fomentó la modernización del país de forma social y cultural; aplicó programas para el fomento y diversificación de la agricultura y creó las condiciones para la organización de diversos grupos de intereses sociales.

En las siguientes elecciones para el período 1951-1957 gana la elección el militar joven y progresista, Jacobo Árbenz, el cual fue derrocado por fuerzas de Estados Unidos en conjunto militares guatemaltecos, encabezados el coronel Castillo Armas, con el apoyo de diversos gobiernos de Centroamérica lanzaron la ofensiva final contra el gobierno de Árbenz. Entre las medidas radicales que realizó Árbenz están las siguientes: nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de origen estadounidense; construcción de la carretera al Atlántico, para romper el monopolio de los ferrocarriles en manos de los Estados Unidos y la reforma agraria a través del decreto 900 que benefició a más de 100 mil campesinos.

En El Salvador se realiza un movimiento encabezado por militares jóvenes, profesionales y empresarios de clase media y “En abril de 1944 una huelga general obligó al general Hernández Martínez de El Salvador a dimitir. La huelga fue un movimiento multiclasista encabezado por profesionales de clase media y militares jóvenes. La campaña no logró convertirse en movimiento nacional ni introducir cambios profundos porque sus líderes fueron descubiertos y fusilados. A consecuencia de ello, la crisis se resolvió de modo interno en las fuerzas armadas; el decrepito dictador fue substituido por el jefe de la policía y más adelante por otro general escogido apresuradamente, Salvador Castañeda Castro (1945-1949)”.  (Bethell, 2001: 23)

En Nicaragua y Honduras, las fuerzas son muy débiles, no logrando derrocar a las dictaduras militares.

B) Desarrollo del período 50-80.

La sociedad y economía de Centroamérica fueron diferentes de la época de posguerra. Entre el año 50 y 80 el PIB regional aumentó de $1.950 millones a $7.520 millones y creció la población de 8 millones a 21 millones. Población urbana pasó del 15% al 45%. Actividad manufacturera se incrementó del 14,6% al 24,1%.

 El proceso de industrialización y de sustituciones de importaciones (ISI) se produce bajo la concepción de la CEPAL, entre el año 1960-1979, mediante el llamado Mercado Común Centroamericano (MCCA). Costa Rica se integra a ese proyecto hasta el año 1963. ¿En que marco se realiza ese proceso, cuáles son sus objetivos y resultados?

El proceso de integración de los años 60 se produce en el marco del ciclo largo de la economía capitalista de posguerra de los años 1940-1970 caracterizado por la expansión y altas tasas de crecimiento, es por ello que tiene un éxito relativo. Según la CEPAL ese proceso de integración tenía como objetivo que las naciones centroamericanas enfrentaran el intercambio desigual entre los países subdesarrollados y los desarrollados, mediante un cierto desarrollo de la industria liviana de los países centroamericanos que conllevara a la sustitución de esas importaciones industriales. Ese proyecto de industrialización tuvo su impacto importante en las sociedades centroamericanas que se manifestó en el desarrollo del sector manufacturero, al grado tal que se produjo un incremento del comercio centroamericano: “Entre 1961 y 1969 el valor del comercio intrarregional se multiplicó por siete...al mismo tiempo, el crecimiento económico global revelaba tasas medias de incremento anual del Producto Interno Bruto próximas al 6 por ciento...La industrias estaban concentradas en los países con mayor densidades de población y donde podían pagarse salarios más bajos, esto es, Guatemala y El Salvador. Nicaragua y Costa Rica, luego de varias amenazas de abandono del Mercomún, lograron un modus vivendi que les permitió continuar con el desarrollo industrial, mientras que Honduras, un país desintegrado y relativamente más atrasado, la situación llevó a una crisis de grandes proporciones”. (Brignoli, 1989:).

Sin embargo, ese mercado común tuvo una primera crisis político-militar con el desarrollo de la guerra salvadoreña-hondureña y entró en una crisis muy profunda en el año 1974, enmarcada en la crisis económica mundial que se desarrollaba entre 1973-1974 y finalmente en una quiebra total con el triunfo de la revolución nicaragüense en julio de 1979 y el desarrollo de una situación revolucionaria a escala de toda América Central: “Después de 1980, Centroamérica enfrentó un contexto externo en deterioro que se caracterizaba por precios del petróleo más altos, altas tasas mundiales de interés real y precios deprimidos de las exportaciones tradicionales de productos básicos, tales como el café y plátanos... la combinación de shocks externos adversos condujo al problema de la deuda externa y a una aguda caída en el producto per cápita”. (Brock, 1989: 315). 

C) Período de 1980-1990: Revolución, Contrarrevolución, Reacción Democrática y Crisis Económica.

En julio del año 1979 triunfa la revolución en Nicaragua. En 1981 fracasa el intento de insurrección en El Salvador. Se produce el proceso de contrarrevolución armada por parte de los Estados Unidos en contra de la revolución nicaragüense que somete a una profunda crisis económica al país, así como a la muerte de miles de nicaragüenses. Es la época de la más grande reacción imperialista en el mundo y, en particular, en Centroamérica. El imperialismo convierte a Costa Rica en una vitrina democrática en contra de la revolución nicaragüense, transforma a Honduras en bunker militar en contra de la revolución y arma hasta los dientes a las dictaduras de El Salvador y Guatemala para combatir a las guerrillas del FMLN y la UNRG.

Al final de todo ese proceso, producto de la presión de la contrarrevolución, se realizan los acuerdos de paz llamado Esquipulas I y II en los años 1986 y 1987 que plantean la democratización, elecciones libres, el fin de las fuerzas irregulares o contras y la entrega de armas. En 1990 se produce la desmovilización de los contras. Todo ese proceso termina con la revolución nicaragüense, mediante las elecciones de 1990, en la cual la alianza de todas las organizaciones de derecha UNO le ganan las elecciones al FSLN.  

En 1992 se firman los acuerdos de Chapultepec, México, entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador en donde se acuerdan la desmovilización de los guerrilleros, su legalización como partido político y otros. En 1996 se producen los acuerdos definitivos entre la guerrilla guatemalteca URNG y el gobierno de Guatemala.

D) Período 1990-20210

Es todo el período de imposición del neoliberalismo que se desmantelan todas las conquistas de la revolución en Nicaragua y el retroceso del movimiento de masas en general, producto de la derrota histórica de la revolución nicaragüense y en Centroamérica en general.

E) Período 2014-2023

Es un período político que se caracteriza porque asumen la presidencia de la República en los países centroamericanos partidos políticos no tradicionales, emergentes, es el caso del PAC en Costa Rica que gobernó por dos periodos consecutivos de 2014 al 2022. Sin embargo, el último gobierno del PAC se caracterizó por aplicar a fondo las políticas neoliberales mediante el combo fiscal, la ley de empleo público y otras medidas draconianas. En El Salvador, en el año 2019, asume la presidencia de la República, Nayib Bukle, con una alta votación y esperanza de las masas de mejorar sus condiciones de vida. Bukele, derrota en las elecciones a los dos partidos que se venían repartiendo el poder, ARENA y el FMLN. Esta última organización exguerrillera que se desmovilizó mediante los acuerdos antes mencionado, ganó dos veces las elecciones y gobernó en dos períodos consecutivos desde el año 2009 hasta el 2019. Con esta organización pasó algo parecido que con el PAC en Costa Rica. Pero, las masas se desencantaron con ellos. En Honduras, en el año 2022 llegó al poder Xiomara Castro del partido LIBRE conformado por gente que provienen del Partido Liberal, pero que es un partido emergente de los tradicionales el Partido Nacional y Partido Liberal.

El caso de Guatemala es excepcional. En este país se producen “… 70 años de gobiernos de derecha conservadora anticomunista y, desde el derrocamiento de (Jacobo) Árbenz y la invasión de Estados Unidos, se fue fraguando un modelo económico, político y social que llevó a una guerra, a un levantamiento armado durante 36 años y luego a un proceso de paz”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).  

La situación de Guatemala es terrible. Tiene más de 4 millones de migrantes. 60% de pobreza y 26% de pobreza extrema. Altos indicadores de hambre. Su tasa de desnutrición es del 47% y se ubica entre las 10 más altas del mundo. Una profunda desigualdad con el índice de Gini que pasó de 0,483 a 0,541 del 2014 al 2019. Guatemala, es uno de los países más desiguales de América Latina. Guatemala, es la economía más grande de Centroamérica por su PIB y población. El PIB es de $86 mil millones y la población es de 17.11 millones de personas. En 2022 creció casi un 4%.

Sin embargo, con el triunfo electoral del Bernardo Arévalo en segunda ronda electoral (20 de agosto 2023) y que asume el poder en enero de 2024, se produce un giro político en Guatemala que, todo parece indicar, es parte del viraje político hacia el “progresismo” de América Latina. Sin embargo, las mafias incrustadas en las instituciones del Estado realizan todo tipo de maniobras para evitar la asunción al poder de Arévalo.  Esas maniobras la ejecutan María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Fredy Orellana, juez. Estos personajes son acusados de impulsar un “golpe de estado” para evitar que asuma el poder Arévalo.

Recientemente se realizaban más de dos semanas de paro, bloqueos de carreteras y manifestaciones demandando la salida de Porras, Curruchiche y otros altos funcionarios. El desenlace de este proceso se encuentra en marcha. Se podría prolongar hasta más de la asunción al poder de Arévalo en enero de 2024.  

3) Situación de El Salvador

Bukele asume el poder en junio de 2019 con el partido Nuevas Ideas. Cuenta con un amplio apoyo popular. En términos de cuatro años ha asumido el control y concentración total de los poderes de la República: poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y Electoral.

Decretó el Estado de Excepción desde el 27 de marzo de 2022, avalado por el poder Judicial y que ha servido para reprimir, no sólo a las pandillas, sino también a dirigentes sindicales y otros luchadores sociales.

Asimismo, en violación abierta a varios artículos de la Constitución Política, se postuló como candidato a la presidencia de la República para un mandato consecutivo 2024-2029. En los hechos se ha constituido en una nueva dictadura en El Salvador.

4) Situación de Honduras

La presidenta de la República es Xiomara Castro para el período 2022-2026 por el partido LIBRE (Libertad y Refundación). Esposa del depuesto, por un golpe militar en 2009, expresidente José Manuel Zelaya.

Los dos gobiernos anteriores fueron de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que gobernó por dos períodos consecutivo, mediante fraude electoral. Actualmente, se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Honduras tiene la tasa más alta de femicidios de América Latina.

Xiomara Castro, no ha cumplido con las promesas de su campaña electoral, tales como: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El aparato sigue intacto, así como la policía militar del orden público (PMOP). Tampoco se ha producido la erradicación de las zonas especiales de desarrollo (ZEDES).

Más bien, Xiomara Castro, ha aplicado medidas represivas parecidas a las de Bukele, tal como la creación del estado de excepción, supuestamente para combatir el flagelo de la extorsión de maras y pandillas. Se implementó, primero, en 161 barrios y colonias del distrito central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos más poblados. Luego, la medida se amplió a 73 municipios.

5) Emigración en Centroamérica

La expulsión de los ciudadanos es muy grande y grave, producto de la pobreza, desigualdad y las pandillas o maras. Según datos de la ONU los migrantes centroamericanos en el extranjero son:

  • 000 hondureños para un 10% de la población.
  • 600.000 salvadoreños para un 25,41% de la población.
  • 368.431 guatemaltecos para un 7,61% de la población, pero otros consideran que son 4 millones para un total de la población del 23,4%.
  • 323.197 nicaragüense para un 19,3% de su población.
  • 241 costarricenses para un 2,9% de su población, la emigración más baja de Centroamérica.

Al final, la migración o expulsión de población centroamericana es de alrededor de unos 8 millones de habitantes.

6) Remesas Familiares en Centroamérica

En el año 2022 la cantidad de remesas recibidas por los países centroamericanos fueron las siguientes:

  • Honduras el 28,8% del PIB
  • El Salvador el 26,7% del PIB
  • Nicaragua el 22,2% del PIB
  • Guatemala el 20% del PIB

Esa gran cantidad son el reflejo de la expulsión de los millones de centroamericanos de sus países de origen. Reflejan la profundidad del problema.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

Sede de la ODECA en San Salvador

Centroamérica
Detalles
01 Julio 2023

CENTROAMÉRICA.- La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Un capítulo en la historia de la integración centroamericana. (1950-1991)

Centroamérica
Detalles
01 Abril 2022

CENTROAMÉRICA.- El paradigma atlántico y constitucional

Centroamérica
Detalles
19 Febrero 2022

CENTROAMÉRICA.- Los problemas de la era de las revoluciones en Centroamérica

Centroamérica
Detalles
30 Septiembre 2020

CENTROAMÉRICA.- La guerra centroamericana contra los filibusteros de William Walker

Guatemala

Adolfo Gilly saluda al Sub Comandante Marcos, jefe de la guerrilla zapatista

Guatemala

GUATEMALA.- Guerrilla, Programa y Partido en Guatemala

Detalles
Administrator
05 Julio 2023
Visitas: 1248

(Crítica retrospectiva de una derrota)

 Por Adolfo Gilly

Revista Coyoacán No 3, Abril-Junio de 1978

En memoria de Marco Antonio Yon sosa, Francisco Amado Granados, Augusto Vicente Loarca, David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Iris Yon, Chinto, Paco y todos mis compañeros del MR-13 caldos en combate.

En memoria de Luis A. Turcios Lima y sus compañeros que, por otras vías, buscaban los mismos objetivos que nosotros.

I

El prolongado, lento y accidentado proceso de la ruptura del proletariado y de las masas explotadas de América Latina con la ideología nacional-burguesa, es decir, el proceso de la organización de su conciencia socialista de clase, es una larga tarea en la cual se combinan las · experiencias y enseñanzas que la lucha de clases misma deja en la conciencia obrera con las discusiones teóricas y políticas en el seno de la vanguardia revolucionaria.

Cuando estas discusiones teóricas quedan en los papeles, el tiempo las sedimenta o las olvida y la práctica da finalmente, por otros caminos, su veredicto. Pero cuando ellas se encarnan en las formas prácticas de organización de las luchas, entonces ese veredicto suele ser, a la vez, más confuso y más grandioso, porque en él se mezclan, a la lógica de los argumentos contrapuestos, la intervención violenta del enemigo de clase contra uno y otro sector de los revolucionarios y los errores subjetivos de éstos mismos en la aplicación concreta de sus programas -abstractos, La discusión se hace así inseparable de la lucha de clases, adquiere toda la violencia de ésta y queda marcada por una huella indeleble de sangre, de presos y de muertos. Si, peor aún, se salda con una derrota -pues por cada revolución victoriosa, cuántas hay derrotadas: la revolución es un largo camino sembrado de derrotas, no una taza de té a las cinco de la tarde-, entonces la discusión política suele convertirse en la búsqueda de responsables y culpables, y toda objetividad, condición primera de la verdad, queda perdida.

La lucha guerrillera, no es preciso repetirlo, fue en sus inicios una sublevación contra la ideología y la práctica reformistas de las viejas direcciones socialistas y comunistas de la izquierda tradicional. Pero al realizar una crítica práctica pero no teórica de este reformismo, dejó abiertas las puertas para que él penetrara en sus filas por otras vías.

Todos los caminos del reformismo, aún los más "radicales", llevan a un mismo punto: la equivocación sobre el carácter de clase del Estado; la creencia en la posibilidad de trasformar --de revolucionar, incluso- el Estado de la burguesía convirtiéndolo en un Estado "revolucionario"; la confusión entre Estado y gobierno; Y la idea de que no es imprescindible destrozar ese Estado y fundar otro sobre nuevas bases sociales proletarias, sino que simplemente basta capturar el gobierno y desde allí cambiar el Estado. Pero la equivocación sobre el Estado no es más que la forma de expresar un error más profundo: la incomprensión y la equivocación sobre la clase obrera, tanto en su dimensión teórica como· en su manifestación concreta en la formación· social dada. 

La ideología guerrillera de los años 60 en América Latina fue también víctima de esta doble confusión, que se expresó en sus programas tanto como en sus alianzas. Llegó a ella idealizando su propia experiencia de ruptura práctica con los viejos reformistas, ruptura en la cual el proletariado les parecía no desempeñar ningún papel y, antes bien, fo veían como adormecido y subordinado a aquellas corrientes reformistas, fueran estas socialistas, comunistas, nacionalistas o sindicalistas. Como fuerza activa de la revolución se les aparecía entonces el campesinado, los pobres entre los pobres, aquellos a quienes el capitalismo no podía "corromper". En la idealización del campesinado estaba implícito todo el contenido moral -en el buen sentido de la palabra- de la sublevación guerrillera contra las descomposiciones paralelas del capitalismo y de los diversos reformismos, promotores de las mil y unas "vías pacíficas al socialismo".

Pero la indignación moral, por justificada que ella sea, y la voluntad de militancia y de sacrificio en el combate, no pueden sustituir a la teoría revolucionaria: tienen que basarse en ella. Pues sin ella, no es posible tampoco basarse en la única clase antagónica al capitalismo y a su Estado: el proletariado, por distante que pueda parecer, en un momento dado, el proletariado concreto de un país determinado, de la comprensión concreta de su papel histórico. Sin este fundamento, la lucha revolucionaria se desvía, se estanca o se paraliza y la moral se decepciona o se descompone. Entonces el Estado, organización burguesa de la violencia y de la conciencia para la extracción del producto excedente mucho más vasta, ramificada y sutil que su núcleo central (el aparato represivo), queda nuevamente dueño del terreno y de las cabezas mismas de los revolucionarios.

La desintegración del guerrillerismo, que fue también la dolorosa dispersión de buena parte de la vanguardia más resuelta y entregada de toda una generación de revolucionarios latinoamericanos, jalona duramente la verdad de estas tesis básicas del análisis marxista.

En realidad, uno de los factores que contribuyó en Cuba (y puede repetirse en otros países) a que la lucha guerrillera sacudiera al conjunto del Estado ha sido la tradición de una lucha similar anterior (Martí y Gaiteras) por la independencia nacional junto con una débil e incompleta formación del Estado burgués, (enmienda Platt, Guantánamo, el sargento Batista como jefe del ejército nacional. .. ) y en consecuencia de la burguesía, y un proletariado aguerrido y relativamente fuerte. También en Nicaragua el Estado burgués nacional se formó tardíamente, con la retirada de los marines en 1934, y tomó la forma "anormal" de la llamada "dinastía somocista", y también allí persiste la tradición de la lucha guerrillera de Sandino contra el imperialismo. Pero una diferencia objetiva con Cuba -fuera de las subjetivas, que hacen tanto a les revolucionarios como a la conciencia adquirida por las clases dominantes- reside en la distinta solidez, tradición anterior y nivel de organización conquistados por la clase obrera, notoriamente superiores en Cuba en la época de la revolución castrista.

Allí donde el Estado nacional se constituyó normalmente en el siglo pasado, la lucha guerrillera, incluso en países con grandes masas campesinas, nunca ha podido superar el estadio de focos locales o movimientos regionales para abarcar el ámbito nacional donde se ejerce la soberanía de ese Estado.

Las guerrillas, no obstante, no se han extinguido totalmente, en la medida en que la crisis del capitalismo radicaliza a nuevos sectores de la pequeña burguesía sin que éstos encuentren la presencia política independiente del proletariado en la sociedad. Pero han declinado notablemente, también en la medida en que ese proletariado, particularmente en el último decenio, hace sentir en forma creciente su presencia social y, sin llegar todavía a constituirse en dirección política, ejerce un creciente poder de atracción sobre la radicalización de la pequeña burguesía.

Hace ya quince años, entre 1963 y 1966, todavía en pleno ascenso de la ideología guerrillera, tuvo lugar el primer intento de "ruptura" desde adentro de esa ideología para asumir un programa proletario. Fue en Guatemala. Del seno de un movimiento guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, surgió una ... tendencia que planteaba el papel del proletariado como fuerza dirigente de la revolución, en alianza con la gran masa campesina del país. (Guatemala era y sigue siendo, estadísticamente, el país más agrario de Centroamérica, con apenas un 36% de población urbana, contra un 50.6% de Nicaragua y un 51 % de Panamá, en el otro extremo).

De este planteamiento surgían dos conclusiones. Una, el programa socialista de la revolución, en vez del programa democráticoburgués como límite infranqueable en esta etapa; destrucción, en consecuencia, del Estado burgués y su sustitución por un Estado de los obreros y campesinos fundado sobre sus propios órganos de autogobierno. La otra, la necesidad de un partido obrero, y no solamente de un movimiento guerrillero, que conquistara la dirección del proletariado y las masas con ese programa y organizara la lucha por él a escala nacional.

Este primer intento se saldó, en 1966, con una derrota muy grave. Pese a los años trascurridos nos parece útil, frente al nuevo curso de la revolución en América Latina en el cual crece y crecerá el papel de la clase obrera, hacer un escueto balance de aquella experiencia en términos marxistas, términos que, estamos convencidos, ninguno de los protagonistas estuvimos en aquel entonces en condiciones de utilizar a fondo en la polémica. Esta tuvo, así, una fuerte carga ideológica y pasional que oscureció completamente, entre la polvareda y el estruendo de las diatribas y las acusaciones, los errores reales y los aciertos reales de un episodio de la lucha de clases cargado de enseñanzas y digno de ser analizado y discutido objetivamente. Es este propósito, y no el de reabrir viejas querellas, el que nos lleva ahora a abordar el tema.

II.-

La clase obrera guatemalteca, a diferencia de aquellos años, es hoy notablemente más numerosa, más organizada y con mayor peso en la economía y en la sociedad. Ella avanza a ocupar el primer plano de las luchas sociales. Importantes huelgas de azucareros, mineros y otros sectores industriales y de servicios, así como el desarrollo en número y en actividad de los sindicatos y de fa central sindical, han marcado todo el año 1977, pese a la continuidad de una represión despiadada que, con pequeños altibajos, dura ya veinticuatro años.

En vísperas de las elecciones presidenciales de marzo de 1978 triunfó una huelga de trabajadores del Estado que luego se generalizó a los sectores de ferroviarios, telegrafistas, postales y médicos internos y residentes. Poco antes habían logrado aumentos los obreros panaderos y los trabajadores de la construcción de un importante proyecto hidroeléctrico. Estas movilizaciones se combinan con la agudización de la crisis interburguesa, cuyo testimonio más visible es la disputa en torno al resultado de las elecciones presidenciales.

La raíz de esta crisis, como la de Nicaragua, como la de otros países de Centroamérica, no está tanto en esas movilizaciones de los trabajadores, que atraviesan sólo sus estadios iniciales, como en las trasformaciones sufridas por la estructura económica del país en los últimos diez años. Junto con cierto crecimiento del sector industrial favorecido por el Mercado Común Centroamericano, se ha desarrollado un nuevo sector del capitalismo agrario ligado a la exportación y a las multinacionales. Este sector entra en conflicto con los terratenientes y burgueses beneficiarios de la estructura de propiedad agraria tradicional en Guatemala, basada en una baja inversión de capitales y una elevadísima explotación de la abundante y barata fuerza de trabajo campesina, que han sido el principal sostén local de la dictadura de Peralta Azurdia en 1963-66 y do 1m candidatura en las últimas elecciones.

Esta combinación de factores -crisis interburguesa, peso de los problemas agrarios, experiencias anteriores de las masas, paulatina reorganización y movilizaciones del proletariado en luchas económicas- anuncian la forma específica que toma en Guatemala la transición hacia la nueva fase de la revolución en América Latina.

Las masas no abandonan nunca del todo sus experiencias históricas. A nivel de esas masas, viejos militantes del período de Arbenz (cerrado con el golpe pro imperialista de junio de 1954), oscuros organizadores obreros, campesinos o maestros milagrosamente escapados a las represiones y las masacres de los veinticuatro años siguientes, han sido el eslabón que contribuyó a trasmitir a las nuevas generaciones de organizadores sindicales las enseñanzas y las tradiciones de aquella época.

A nivel de la vanguardia y de la lucha programática por la organización del partido marxista, nos parece útil rescatar en estas páginas algunos puntos fundamentales de la pequeña experiencia del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre y de su proyecto de revolución socialista. De sus aciertos y de sus errores podrá también sacar enseñanzas la nueva vanguardia revolucionaria y obrera que se está formando en este período en Guatemala.[1]

III.-

El Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), cuyo principal dirigente fue el comandante Marco Antonio Yon Sosa, en sus orígenes fue, como es sabido, un movimiento guerrillero iniciado por oficiales nacionalistas después del fracaso de su insurrección del 13 de noviembre de 1960, que dio nombre al movimiento. Entre sus fundadores se encontraba uno de los lugartenientes de Jacobo Arbenz, el teniente coronel Augusto Vicente Loarca, muerto en combate a mediados de 1965 en las calles de Guatemala.

Bajo la influencia de la revolución cubana y del campesinado de su país, el movimiento fue radicalizándose progresivamente[2]. En este proceso, el movimiento hizo una infortunada experiencia de alianza con el PGT, en la cual éste trató de convertir a la guerrilla en un instrumento de presión (el "brazo armado") de su política de alianzas con un sector de la burguesía, bajo la perspectiva de la revolución democrático burguesa como objetivo y de la alianza de clases como medio para alcanzarla. Esta subordinación de la guerrilla a los fines del Partido Comunista se aseguraba mediante diversos tipos de presión, desde el control de los contactos internacionales por la dirección urbana (es decir, por el partido), hasta el control y la dosificación de los abastecimientos a los frentes guerrilleros según su docilidad (o no) a los virajes y las necesidades de la dirección del PGT.[3]

En esa combinación de radicalización y decepción, que provocaba una constante crisis en su dirección y amenazaba extinguirlo, el MR-13 entró en contacto, a través de uno de sus dirigentes, Francisco Amado Granados, con los trotskistas mexicanos, agrupados entonces mayoritariamente en el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), hoy desaparecido, perteneciente a la tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional (llamada posadista).[4] A partir de 1963, los trotskistas empezaron a ayudar al MR-13 a romper el cerco de abastecimientos y pertrechos militares a que lo tenían sometido sus aliados del PGT. Fueron -preciso es decirlo, y lo dicen incluso sus adversarios- eficaces, responsables y leales en sus compromisos. La guerrilla encontró los medios para recibir armas, municiones y dinero sin pasar por la "red de apoyo" ·controlada por los reformistas.

Pero esa nunca fue ni dijo ser una simple tarea "solidaria". Desde un principio, se entabló también una continua discusión política entre la dirección del MR-13 y los trotskistas. Sería ingenuo atribuir esto, así como la radicalización del MR-13, a "habilidad" de los trotskistas. Afirmarlo así, es empobrecer terriblemente la imagen de un proceso rico y complejo en sus determinaciones.

En realidad, esa radicalización era un curso que tenía hondas raíces objetivas, tanto en la experiencia vivida por los dirigentes del MR-13 como, sobre todo, en la tradición de 1a revolución guatemalteca misma. Durante el período del presidente Jacobo Arbenz, bruscamente cortado por la contrarrevolución de Castillo Armas y Foster Dulles en 1954, Guatemala había hecho la experiencia más completa y amarga de revolución democrático burguesa frustrada por no desarrollarse en revolución socialista y no destruir a la contrarrevolución burguesa, y de reforma agraria incompleta por no movilizar y armar a las masas campesinas para repartir las tierras y defenderlas. El trágico fin de la revolución guatemalteca en 1954, así como marcó a fondo a uno de los revolucionarios que vivieron esos acontecimientos, Ernesto Che Guevara, y lo preparó para contribuir a llevar hasta el fin socialista la revolución cubana, también quedó grabado en la conciencia de muchos obreros, campesinos, incluso militares guatemaltecos cercanos a Arbenz. Ei resultado contrario de la revolución cubana apenas seis o siete años después, que pudo afirmarse porque no se detuvo a mitad de camino en la etapa democrática, sino que continuó en forma ininterrumpida hasta destruir el Estado de la burguesía y culminar en revolución socialista, fue la otra gran enseñanza complementaria para muchos de esos guatemaltecos. No sólo esta última, sino la combinación de estas dos experiencias, la más dura de ellas· vivida en carne propia, fue lo decisivo para la maduración empírica de sus conciencias.

Allí hay que buscar la explicación de su encuentro con el trotskismo. Ninguna cantidad de "habilidad'' de los trotskistas hubiera servido para hacer aceptar a los militares nacionalistas revolucionarios guatemaltecos el programa de la revolución permanente, si esa experiencia empírica no hubiera estado grabada de antemano en sus cabezas. Por eso fue en Guatemala; no en Colombia o en Venezuela, donde primero apareció la revolución socialista en el programa de un movimiento guerrillero. Puede decirse que fueron los guatemaltecos quienes, impulsados por esas determinaciones no totalmente conscientes de sus experiencias anteriores, buscaron a la corriente del comunismo trotskista. La encontraron a través de una de sus tendencias que, con todas sus virtudes y defectos, como veremos más adelante, era entonces mayoritaria en América Latina y venía de una antigua tradición obrera.

De las discusiones entre esos trotskistas y el MR-13 y de la experiencia de colaboración práctica surgió un acuerdo programático. A fines de 1963, el MR-13 lanzó el programa de la revolución socialista para Guatemala. Esto quiere decir que rompió con la concepción reformista de que es inevitable una etapa histórica previa y extensa: de revolución democrático burguesa, diferenciada de la revolución socialista, antes de pasar a ésta, con una separación tajante entre ambas etapas. La concepción democrático burguesa de la revolución implica el mantenimiento de la estructura del Estado burgués y la introducción de reformas sociales por un gobierno progresista, tipo Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile; es decir, implica la concepción reformista del Estado de que hablábamos al comienzo de este artículo.

El MR-13, en cambio, hizo suya la perspectiva de la ligazón ininterrumpida entre la fase democrática y la fase socialista de la revolución, a través de un proceso de revolución permanente en el cual la primera se radicaliza y, bajo la dirección proletaria, se trasforma y culmina en la segunda. El MR-13 incluía así en su programa objetivo las conclusiones de la trasformación subjetiva que había sufrido su propia dirección, pasando del programa nacionalista democrático al programa socialista, bajo la influencia de su propia experiencia, de aquellas discusiones y de la observación empírica del proceso similar de la revolución cubana, entonces fresco y presente en la mente de todos los revolucionarios latinoamericanos.

Como resultado de ese acuerdo sobre el programa, os trotskistas se integraron en el movimiento guerrillero guatemalteco, al mismo tiempo que uno de los principales dirigentes de éste, Francisco Amado, ingresaba en la IV: Internacional (Buró Latinoamericano). No fue aquella una infiltración" clandestina, sino una integración abierta acordada con la dirección del MR-13. Inútil volver a explicar lo que cualquier revolucionario entiende en las condiciones de Guatemala: que ese ingreso no podía ser publicado en los periódicos y debía permanecer reservado a los marcos de la organización

Lo que en cambio fue publicado y propagandizado fue el programa socialista adoptado por el MR-13. Así fue como el movimiento guerrillero guatemalteco fue el primero --después de los trotskistas--- que proclamo clara y abiertamente el carácter socialista de la revolución latinoamericana, haciendo explícito lo que estaba implícito en la experiencia de Cuba, aunque contradecía el dogma democrático heredado de los Partidos Comunistas y sus aliados.[5]

El paso dado por el MR-13 fue un momento importante de la batalla programática en toda América Latina. Así lo recibieron movimientos y militantes de otros países. Sus ecos se registraron en el curso de 1965, con mayor o menor profundidad, en Venezuela (un sector de las FALN), en Perú (el MIR de Luis de la Puente Uceda), en Uruguay (Raúl Sendic), en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil e incluso en Estados Unidos. Podemos afirmar, sin temor a error, que llegaron hasta el último documento del Che Guevara en 1967, en una frase que luego dio la vuelta al mundo: “O revolución socialista, o caricatura de revolución”. Era la brecha, abierta por el MR-13.

IV.-

Pero el acuerdo programático constituía sólo el paso inicial de una vasta tarea. Para los trotskistas era evidente que no bastaba la aprobación de un programa para romper el cerco político del reformismo. Tenían mucho menos ilusiones que los revolucionarios del MR-13 en las virtudes mágicas de la proclamación de un programa socialista.

Un programa sin un partido que lo lleve a la práctica y cuya organización y educación corresponda precisamente a los fines y a los métodos de ese programa, no es más que una declaración intelectual de buenos deseos. Era necesario avanzar de movimiento guerrillero a partido obrero, y al mismo tiempo mantener la lucha armada. Estos objetivos, también explícitamente discutidos y acordados con la dirección del MR-13, marcaron la etapa subsiguiente.

No se trataba de construir un partido desde cero, a partir de un grupo de propaganda. Se trataba de la autotransformación de un movimiento existente, sobre la base del programa socialista, en medio de una lucha armada sin cuartel contra la dictadura militar de Peralta Azurdia. Esto obligaba a los trotskistas a ayudar al MR-13 con cuadros experimentados y, al mismo tiempo, a ganar la confianza de los dirigentes y militantes del movimiento hacia esos cuadros, que era la vía práctica a través de la cual ellos iban a medir al trotskismo.

Contra lo que afirmaron después algunos periodistas y narradores superficiales, Yon Sosa no era ningún ingenuo bonachón a quien convencían las palabras bonitas. Tenía la astucia y la inteligencia pragmática de los campesinos cuyo dirigente era, medía a los hombres por sus actos y no por sus discursos y los observaba larga y desconfiadamente antes de otorgarles su confianza (a diferencia de Turcios, más joven e impulsivo, menos reflexivo). Con ese criterio, sin decir palabra, iba juzgando a quienes llegaban a la guerrilla. Quien ha escrito lo contrario, no ha hecho más que ofender gratuitamente su memoria.

Así se incorporaron a la guerrilla guatemalteca, entre 1963 y 1965, por lo menos cinco dirigentes del trotskismo mexicano y algunos otros militantes en tareas de apoyo, además de los trotskistas de Guatemala. De tres de ellos —han muerto— conozco los nombres y puedo consignarlos aquí: David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Felipe Galván. El POR de México tuvo que formar, en consecuencia, prácticamente una nueva dirección central de cuadros jóvenes para sustituir a los que había enviado a combatir a Guatemala. Cualesquiera hayan sido sus errores y su desintegración posterior como partido, algo dice de la educación militante de un pequeño movimiento el que haya aceptado semejante sangría en nombre de una tarea internacional.

Pero a esos militantes no les valían sus títulos en México.

Tenían que ganarse su autoridad sobre el terreno, como organizadores y como combatientes (ni más ni menos, para tomar un ejemplo clásico, como se la ganó el Che en las guerrillas de Cuba). Los trotskistas participaron, pues, en el abastecimiento de armas y pertrechos, en las tareas de propaganda, en las acciones armadas y en las más modestas, pero no menos importantes de cortar leña e ir por agua en la montaña o de manejar el mimeógrafo, hacer la comida, o repartir volantes en la ciudad. Así, con la responsabilidad expresa de ser los primeros en la acción y el esfuerzo y los últimos el el reparto de alimentos o de ropa, ganaron la confianza de Yon Sosa y de sus compañeros por la sola vía posible: no la palabra florida, sino la acción práctica y el ejemplo militante, única prueba veraz de la teoría. Ese comportamiento severo y austero, normal en un militante comunista, más todavía en la lucha clandestina cuya tradición se remonta a la III Internacional de los años 20, servía además para educar a un movimiento cuyos hábitos no venían de la clase obrera sino de su origen pequeñoburgués radical.

A la dictadura no la pueden derribar las solas acciones guerrilleras. La puede conmover, descomponer y finalmente tumbar la movilización social de las masas. Al ejército no lo disuelve la guerrilla o la ejecución de uno o diez de sus jefes, a quienes de inmediato. sustituye con otros (cosa que no puede hacer la guerrilla cuando matan a los suyos). Lo puede desintegrar la influencia de las movilizaciones sociales sobre los soldados y suboficiales. Las acciones guerrilleras no pueden reemplazar a esas movilizaciones. Su función es estimularlas o apoyarlas. facilitar las condiciones para que se organicen. Pero, a su vez, esas movilizaciones se disuelven en el aire si no tienen a su frente un partido revolucionario, arraigado en las masas, que las pueda organizar en objetivos políticos contra la dictadura y darles un programa y una perspectiva. Esta serie de verdades elementales de la lucha de clases y de la concepción marxista de la organización, vívidamente ejemplificadas en la experiencia vietnamita, se discutieron en el MR-13 antes que en cualquier movimiento guerrillero latinoamericano de esa etapa. Quedaron incorporadas a sus documentos públicos e internos donde se explica la necesidad de construir el partido.

Había que organizar ese partido en el seno de los trabajadores, partiendo de lo que ya era como organización el propio MR-13. Había que pasar de la concepción casi puramente militarista del pasado a la concepción marxista proletaria de la revolución. Esto significaba comprender la realidad social del país, formular consignas transitorias adecuadas, organizar células obreras y comités campesinos (forzosamente clandestinos en las condiciones terribles de la dictadura), favorecer la discusión política y la formación política de los militantes en torno a sus problemas concretos, educarlos en una severa disciplina militante que abarcara en una sola unidad vida política y vida "privada", editar un periódico central que llevara a la población las ideas, las propuestas, los análisis políticos y las acciones del movimiento guerrillero, formar un equipo de redactores y corresponsales de ese periódico, asegurar su circulación en los lugares de trabajo de la ciudad y en las zonas de influencia campesina del movimiento. Como la experiencia lo mostró todo esto era el paso. más difícil, aquel en que aparecerían a plena luz los errores, los esquematismos, las insuficiencias de tinos y otros, y en particular de los trotskistas. 

Ese paso se inició con una medida concreta: la publicación del periódico "Revolución Socialista" a partir de la mitad de 1964, primero mensual, luego quincenal, del cual alcanzaron a salir veinte números. No era un órgano de difusión de las acciones armadas o de simple denuncia de la dictadura. Esto se hacía sobre todo en volantes. Era un instrumento de formación y discusión, un orientador político, un "organizador colectivo" del partido. Imperfecto, con errores políticos, unos superados progresivamente, otros no, muy bien hecho técnicamente, sus dieciséis pequeñas páginas se centraban en el análisis internacional y nacional y en los problemas de organización del movimiento' obrero y campesino. "Revolución Socialista", mientras apareció, se convirtió en el centro político de los órganos de base en formación -obreros, campesinos, estudiantiles- del MR-13, y en su lazo más amplio con los sectores de la población influidos por fas acciones de la guerrilla.

En aquellos organismos -comités campesinos en las aldeas, patrullas de la guerrilla, células obreras y estudiantiles en la ciudad- "Revolución Socialista" era leído 'y discutido colectivamente, como material de información y de formación y como requisito para que los militantes del movimiento pudieran a su vez discutir su contenido en sus sectores de trabajo e intervenir en la formulación de la política del MR-13. El periódico llego a circular en la ciudad, en sectores de trabajadores electricistas; ferroviarios, telegrafistas; camioneros, de la salud y en el movimiento estudiantil; así como en el trabajo barrial. Posiblemente llegó a otros sectores también, pero no podernos asegurarlo. A fines de 1965 o comienzos de 1966, había penetrado en ingenios azucareros.

Los progresos políticos del movimiento tuvieron una afirmación decisiva en la· Conferencia de la Sierra de las Minas, realizada en el campamento Las Orquídeas, en diciembre de 1964. Allí se aprobó la Declaración de la Sierra de las Minas, que se convirtió en el programa central del MR-13. Regís Debray[6] y algunos otros han dado versiones fantásticas de tercera mano, de esa reunión. Lo que habrían debido hacer, en cambio, es discutir el contenido y el significado del programa allí aprobado. Ni él ni sus amigos lo han hecho. En esa discusión podría verse que, en medio de muchos límites de esquematismo y falta de profundización de la realidad, ese programa era el único; en ese momento, que aparecía trazando una perspectiva socialista para la revolución guatemalteca y proponiendo las vías, las formas organizativas de masas y las consignas de lucha intermedias para alcanzar aquel objetivo. Su elaboración fue producto de fa discusión y la experiencia del movimiento, incluidas las pocas ideas contenidas en un documento que a esa misma conferencia presentó el Frente Guerrillero Édgar Ibarra, encabezado por Luis A. Turcios Lima. En todo eso radica, aún con todas sus limitaciones, su, valor perdurable en la lucha de clases guatemalteca y en el movimiento guerrillero latinoamericano, así como el eco que tuvo en otros movimientos más allá de las fronteras de Guatemala. Todo el año siguiente fue, para el MR-13, principalmente la implementación de las resoluciones y del programa de esa conferencia.[7] 

V.-

Esta evolución de un sector importante de la guerrilla guatemalteca —que de un modo u otro influía también a los otros sectores, y en especial a las FAR de Turcios, el cual se había separado del MR-13 en febrero de 1965 pero sin haber roto jamás del todo sus viejos lazos con él— llevaba inevitablemente a un conflicto programático de envergadura y consecuencias que trotskistas y no trotskistas no alcanzaban, posiblemente, a imaginar. Ciertamente no lo imaginábamos nosotros, envueltos en el optimismo acrítico y la exaltación guerrillera.

Esa lucha programática estaba lejos de las formas educadas de los debates académicos. Se desarrollaba bajo la feroz represión de la dictadura y pagaba el precio de la clandestinidad y del atraso político del conjunto del movimiento revolucionario guatemalteco, que agudizaban el sectarismo y el ultimatismo en unos y otros.

Ella se combinó con un viraje acentuado de la situación mundial, que los trotskistas del Buró Latinoamericano fuimos totalmente incapaces de medir y comprender. El golpe de marzo de 1964 en Brasil ya lo anunciaba. El año 1965 fue testigo de una ofensiva del imperialismo norteamericano: los incidentes del golfo de Tonkín y la invasión de Vietnam del Norte a principios de año, la invasión a la República Dominicana, la caída de Nkrumáh en Ghana y —parcialmente distinta-— la de Ben Bella en Argelia, la terrible y profundísima derrota de la revolución en Indonesia a comienzos de octubre, la muerte de Luis de la Puente Uceda y la derrota de las incipientes guerrillas peruanas —cercanas a las posiciones del MR-13— en octubre de 1965. Esta ofensiva iba a culminar en 1967 en la guerra de Israel contra Egipto y, en América Latina, en las masacres mineras en Bolivia que preludiaron el exterminio de la guerrilla del Che.

Ese curso fue después progresivamente quebrado entre la ofensiva del Tet en Vietnam en enero de 1968, las grandes luchas del proletariado europeo a partir del mayo francés de 1968, la victoria definitiva de Vietnam entre 1973 y 1975 y la recesión generalizada de las economías imperialistas entre 1974 y 1976. Pero en 1965 estaba todavía ascendiendo, y se cernía sobre Guatemala anunciando las derrotas que amenazaban a las guerrillas y que se hicieron reales a partir de 1966-67.

En estas condiciones tuvo lugar la lucha entre el programa de la revolución permanente y el programa de la revolución por etapas, lucha que en realidad se dio y se resolvió en los hechos, más que en las palabras y en los documentos.

Ella fue agravada por un acontecimiento interno que, a su modo, era también un reflejo de ese curso de la revolución en el mundo. En octubre de 1965, Fidel Castro anunció la salida del Che de Cuba. Esta salida era, indiscutiblemente, una derrota del ala izquierda de la revolución cubana (sin que significara, por eso, un triunfo de su ala derecha, ya golpeada en la época de Escalante). Significaba que la dirección cubana se alejaría progresivamente de su política de extensión de la revolución en América Latina. Sin duda, no sólo las dificultades de Cuba y la situación internacional tuvieron un papel importante en estas decisiones, sino también, en forma determinante, la presión de la burocracia soviética en pleno auge de su política de "coexistencia pacífica". La Conferencia Tricontinental fue sólo una cobertura "de izquierda," para este viraje, que se haría mucho más evidente para todo el mundo a partir de 1967. Un síntoma inconfundible del significado de esta conferencia fue no sólo el peso del reformismo en sus delegaciones, sino sobre todo el ataque de Fidel Castro al programa de la revolución permanente y a los trotskistas del MR-13 en su discurso de clausura. Lanzado desde esa tribuna. y por el dirigente de la revolución cubana, este ataque tuvo consecuencias terribles para el MR-13.[8]

El MR-13 se vio atrapado entre dos fuegos. La lucha por el programa se convirtió, bruscamente, en un combate por la supervivencia. El último episodio, tal vez, de aquella lucha fue la toma de posición frente a la candidatura de Mario Méndez Montenegro a la presidencia de Guatemala. El MR-13, fiel a su programa, llamó a boicotear la farsa electoral y a anular el voto con un "13" o con una consigna de apoyo a las guerrillas. Su posición --confirmada con creces por los hechos- era que Méndez Montenegro establecería una dictadura tanto o más feroz que la de Peralta Azurdia y que los revolucionarios no tenían por qué apoyar a un sector, de la burguesía contra el otro ni legitimar esas elecciones fraudulentas. El PGT y las FAR, también siguiendo su concepción de revolución democrático burguesa, llamaron en cambio a votar por Méndez Montenegro para favorecer, supuestamente, un cambio democrático en el Estado. En vísperas de la elección, anunciando los días terribles que vendrían, el ejército apresó, torturó y asesinó a veintiocho dirigentes y militantes del MR-13, el PGT y las FAR, arrojando luego sus cadáveres al mar. En la masacre perecieron Francisco Amado, Eunice Campirán (su compañero David Aguílar había sido asesinado en diciembre· de 1965), Iris Yon y toda la dirección trotskista de la ciudad de Guatemala.

La liquidación física del principal dirigente trotskista guatemalteco, Francisco Amado, precipitó los acontecimientos. En abril la represión se abatió sobre los trotskistas de México y, en pocos meses, toda su dirección fue a la cárcel, donde pasaría varios años. En la primera represión[9], la policía se apoderó de una cantidad de dinero guatemalteco. No nos interesa ahora entrar en la ola de mentiras y calumnias antítrotskistas, algunas cínicas y otras irresponsables, que este hecho desencadenó. Bástenos registrar que en el proceso campesino realizado con motivo de esas acusaciones en las montañas de Guatemala, en presencia de Yon Sosa, los trotskistas supervivientes en la guerrilla pudieron demostrar sin lugar a equívoco que eran falsas todas las acusaciones de robo de dinero a las guerrillas y que, más bien, ellos habían contribuido, a asegurar más de una vez  que éstas dispusieran de fondos y de medios de lucha. El proceso duró ocho días y los trotskistas fueron declarados inocentes de esos cargos por los campesinos presentes. Se les pidió, no obstante, a los mexicanos que abandonaran la guerrilla y regresaran a su país, para evitar nuevos conflictos con cubanos y soviéticos que, al parecer, exigían la salida de los trotskistas del MR-13; y se les devolvieron sus armas (que les habían quitado al inicio del proceso) . Este solo gesto, devolverles sus armas, debería bastar para ilustrar el resultado de ese proceso a quienes entienden algo de psicología y de principios de las guerrillas. Ultimo gesto, entre curioso y trágico: antes de partir, Yon Sosa les pidió que lo ayudaran a redactar una declaración del MR-13 sobre la situación política post-electoral. Discutieron con él y así lo hicieron entre todos. Nunca después, a nuestro conocimiento, hasta su asesinato en junio de 1970, Marco Antonio Yon Sosa atacó o hizo campaña política contra los trotskistas.[10]

Nada de esto quita el profundo retroceso político que significó la salida de los trotskistas de la guerrilla guatemalteca, así corno la muerte de sus principales cuadros en la ciudad. El MR-13, aunque declaró que seguiría defendiendo el programa socialista, no se recuperó del golpe, y se fue extinguiendo hasta la muerte de su jefe' cuatro años después.

VI.-

Las derrotas, sin embargo, no pueden explicarse simplemente por la maldad del enemigo o por las disputas y divisiones del movimiento. La unidad por sí sola, sin Una política correcta, no es garantía suficiente del éxito. Contra lo que dice una consigna tan vacía como engañadora, una y otra vez el pueblo unido ha sido vencido a causa de la política desastrosa de sus dirigentes.

Si uña necesidad tenemos en el movimiento revolucionario latinoamericano, es la de hacer la crítica de nuestros errores, como condición previa para criticar los que veamos en los demás. Es un método equivocado el que consiste en decir que mientras los demás no reconozcan los suyos, uno no reconocerá los propios. La autocrítica no es para dar satisfacción al adversario político o para que éste tenga el gusto de decir: “teníamos razón”. En general, los que buscan sólo tener razón en todo momento antes que hacer progresar objetivamente los intereses y el frente de clase del proletariado, no valen gran cosa como organizadores revolucionarios. En cambio, para favorecer ese progreso y para intervenir en él es una contribución indispensable el análisis crítico de los propios errores y; sobre todo, del método que los engendró. Pocas de las muchas autocríticas en circulación alcanzan a cumplir este último requisito.

Seguimos creyendo que el objetivo central planteado por J los trotskistas en Guatemala —programa socialista, partido obrero marxista a partir de la lucha guerrillera en curso y de sus objetivos agrarios y antimperialistas— era esencialmente correcto. Fue la contribución principal del movimiento trotskista en Guatemala a la revolución latinoamericana y al conjunto de los movimientos guerrilleros que en ese momento atravesaban una crisis —que luego demostró ser i fatal— proveniente de la contradicción entre sus métodos radicales de lucha y el contenido democrático-burgués de su programa.

En cambio, la misma magnitud del objetivo agigantó los efectos de los errores políticos de la tendencia trotskista que intentó llevarlo adelante, la del Buró Latinoamericano (po-sadista). Esos errores, cuyos resultados fueron catastróficos, estaban todos ligados a una concepción esencialmente subjetiva de la revolución, separada del análisis de las bases económicas de la sociedad en general y de la formación social dada en particular. Esta concepción terminaba por convertir a la revolución mundial en una entidad mítica, que explicaba todo y resolvía todo, fuente permanente de estímulos y de victorias cualesquiera fueran las situaciones específicas locales. Esta visión se complementaba con la postulación de un proletariado nacional igualmente mítico, que* terminaba por ignorar las determinaciones concretas del proletariado real del país, aunque hiciera ciertos esfuerzos para comprenderlas. No eran los esfuerzos concretos de · 1os militantes trotskistas en la clase obrera de Guatemala, que no faltaron los que fallaban para explicar la realidad, sino la teoría Idealista y subjetiva que estaba debajo de ellos e impedía generalizar correctamente las· comprobaciones de la experiencia empírica.[11]

A la idealización de la función del campesinado, e incluso de los indígenas, en la revolución, que distinguía a otras tendencias del movimiento revolucionario guatemalteco; o a la idealización de las posibilidades de presión sobre la burguesía, de alianza con la supuesta "burguesía democrática" y de establecimiento de una democracia burguesa en Guatemala, que distinguía a las diversas tendencias del reformismo; el MR-13 y los trotskistas respondían con una idealización del papel concreto e inmediato -no de la función histórica, que es otra cosa- de la clase obrera guatemalteca. La discusión tomaba, entonces, un carácter marcadamente ideológico.

Había una separación insalvable entré la afirmación teórica de la función de la clase obrera en la revolución socialista, que los trotskistas querían llevar inmediatamente y sin mediaciones a la realidad, y el curso real de los acontecimientos en el país y en América Latina, donde algunas de las condiciones que aquéllos daban por realizadas ya entonces sólo comenzarían a presentarse diez años después. Esto no significa que el programa era equivocado o que ninguna lucha por él era posible, sino que era precisa una táctica concreta completamente diferente, infinitamente más apegada a la realidad; para poder llevarlo adelante. Esa separación, como un abismo, se tragó entera en ese lapso de años a la tendencia posadista en toda América Latina.

Dicho subjetivismo político se expresó, fundamentalmente, en los siguientes errores: 1) Falsa apreciación de la situación internacional, que impedía ver la ofensiva imperialista y su próxima proyección sobre Guatemala, y en consecuencia preparar al movimiento para ella. 2) Esquematismo en la comprensión de las fuerzas sociales y de la estructura económica del país, y en consecuencia, falso cálculo de los plazos y de la relación de fuerzas real entre, el movimiento revolucionario y el Estado, entre el campesinado y la represión militar y entre el proletariado, la burguesía y el imperialismo. 3) Como resultado, acentuación del voluntarismo organizativo y subestimación del enemigo (error compartido por todas las tendencias del movimiento guerrillero de entonces). 4) Particularmente a fines de 1965, bajo la presión del propio Posadas, curso más y más sectario emprendido por los trotskistas de Guatemala, buscando acelerar el proceso interior del MR-13 y violentando en la práctica el ritmo y la lógica según los cuales, se desarrollaba la comprensión socialista y marxista de sus dirigentes y cuadros.

En estos errores de cuatro tipos: subjetivos, vanguardistas, sectarios y burocráticos, se mezclaban las inclinaciones provenientes de los trotskistas con las originarias del propio MR-13. No eran tales errores, preciso es recordarlo, un monopolio de esas tendencias. Bajo formas y en combinaciones diferentes, estuvieron presentes en todos los movimientos guerrilleros, incluida la tentativa del Che en Bolivia en 1967. Aparecieron tanto entre quienes sostenían el programa socialista como entre quienes proponían el programa democrático. No eran, pues, un producto del programa: en otra parte hay que buscar su origen.

Creemos que podemos reducirlos a un común denominador: desconocimiento; teórico o práctico, del papel de la clase obrera en la revolución; sustitución, por lo tanto, de la clase real por su imagen mítica o por la acción de las vanguardias; incapacidad, en consecuencia, de organizar. a la clase y a sus luchas a su nivel real y, a partir de allí, elevar éste mediante la experiencia hasta el programa histórico.

Esto es mucho. más fácil de detectar en los movimientos de origen guerrillero: está presente directamente en su concepción militarista de la lucha que subordina el programa a las normas' organizativas, y se expresa en forma nítida en la teoría del “foco”.

Se presenta más mediado, en cambio, en el caso de los trotskistas, porque éstos aparecen defendiendo el programa histórico del proletariado, el programa de la revolución socialista, y la necesidad de partido obrero para llevarlo adelante. Pero entre la teoría y la historia, entre el programa y los niveles reales de conciencia y de organización de la clase que es su portadora en la historia, hay una distancia que es el partido marxista quien debe saber franquear. En el caso concreto de Guatemala, los trotskistas no supieron ni comprendieron cómo organizar esa transición. Y sin embargo, en esta tarea se resume, en definitiva, el arte de la dirección revolucionaria.

En los trotskistas del Buró Latinoamericano, este distanciamiento entre sus proposiciones y la realidad de la clase obrera y el campesinado dados —distanciamiento que, repetimos, no, era sólo monopolio de ellos— tomaba tintes incluso trágicos. Los rasgos que les habían permitido ligarse a los revolucionarios guatemaltecos y les habían ganado su confianza, en los cuales se basaba su autoridad moral indiscutida, eran rasgos propios de una tendencia formada en el seno de la clase obrera latinoamericana, en sus (luchas, sus huelgas, sus sindicatos. La experiencia organizativa que trasmitían, invalorable para el MR-13, tenía el mismo origen. La certidumbre de su programa, confirmada por la experiencia negativa anterior de los guatemaltecos, también. Pero ninguno de esos rasgos empíricos, corno tampoco la afirmación general de un programa correcto, alcanzaba a compensar sus errores teóricos y a traducir, en consecuencia, ese programa en la realidad.

Sin una fundamentación teórica correcta, la relación empírica con la clase obrera, por determinante que ella pueda parecer a quienes la viven, no basta para comprender a la clase real. Y la ausencia de esa comprensión, que se expresa en la política concreta, no puede ser sustituida por declaraciones “proletarias” o por invocaciones a las experiencias pasadas o presentes en el seno de la clase. El desconocimiento de esta verdad elemental del marxismo —y, en general, del conocimiento científico— está en la raíz de ésta y de otras derrotas — y no sólo de las de esta tendencia del trotskismo.

Precisamente por esto, creemos que las enseñanzas que se desprenden de esta derrota en Guatemala trascienden ampliamente los límites de la tendencia que la vivió y pueden ser útiles, si se interpretan correctamente, para el movimiento revolucionario latinoamericano y sus tareas futuras.

La presencia activa de la clase obrera es hoy mucho' más visible y evidente en el conjunto de América Latina, en Centroamérica e incluso en Guatemala. Esa presencia plantea en nuevos términos, pero no los resuelve, los antiguos problemas: programa socialista de la revolución, partido revolucionario de la clase obrera, ruptura de ésta con las ideologías burguesas y con el Estado, alianza obrera y campesina.

Creemos que para responder a ellos, es necesaria la discusión crítica de las experiencias anteriores de la revolución latinoamericana, el balance de fracasos y aciertos sin detenerse en consideraciones de prestigio personal o partidario, y la contribución política de los revolucionarios formados en esas experiencias, una buena parte de los cuales ha pasado, en un momento u otro, por distintas tendencias del movimiento guerrillero latinoamericano.

El partido marxista no puede construirse sin hacer confluir esas experiencias, decantadas críticamente, con las que vienen del movimiento sindical obrero, y también campesino, de estos países. Todas ellas son parte de la larga, dura y difícil acumulación originaria de fuerzas de la revolución latinoamericana. Por eso son imprescindibles para fundamentar su porvenir.

Marzo 1978

 

[1] Tanto por método de exposición como por falta de información suficiente para emitir juicios, nos abstenemos en este artículo de analizar la política de las organizaciones obreras y revolucionarias que intervienen actualmente en las luchas políticas guatemaltecas, en particular el Partido Guatemalteco del Trabajo · (PGT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

[2] En un trabajo de 1965, hemos descrito esta evolución: Adolfo Gilly, El movimiento guerrillero en Guatemala, en "Monthly Review", núm. 22/23, junio de 1965, Buenos Aires, Argentina. Sobre esta evolución del MR-13, ver en dicho folleto las entrevistas a Marco Antonio Sosa y Francisco Amado Granados.

[3] Una visión reaccionaria de la desmoralización a que pueden llevar a militantes individuales tanto estos métodos como la falta de programa y de política que ellos encubren, la da el libro el cuentos de Marco Antonio Flores Los compañeros, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1976.

[4] Salvo indicación en contrario, cuando en lo sucesivo nos refiramos al trotskismo o a los trotskistas, damos por entendido que se trata de esta tendencia específica de la IV Internacional, que fue la que participó en el movimiento guerrillero guatemalteco.

[5] Fue sobre todo esta ruptura programática capital con el reformismo lo que llevó a los editores de "Monthly Review", Leo Huberman y Paul Sweezy, a dar cabida en su revista a las crónicas del movimiento guerrillero guatemalteco…. Así lo manifestaron expresamente en el editorial titulado “Breakthrough in Guatemala” (Brecha abierta en Guatemala, en la edición en castellano) con el cual presentaban dichas crónicas en abril de 1965

[6] 6 Ver Regis Debray, Las pruebas de fuego, tomó 2, Siglo XXI, México, 1975

[7] Asistieron a la conferencia como· delegados por el Frente Guerrillero Edgar Ibarra: Turcios, Socorro, Pascual, Efigenio; por el Frente Alejandro de León: Yon, Sosa, Evaristo, Ismael, Tamagaz, Monte y César; por el Frente Urbano: Amado, Loarca; David Aguilar y el autor de este artículo. Socorro fue el guerrillero que murió junto con Yon Sosa, en territorio mexicano en 1970, a manos de una patrulla militar. De los catorce que recordamos y mencionamos, once, al menos, han muerto en combate. La Declaración- de la Sierra de las Minas fue publicada en "Revolución Socialista", número 8, enero 1965, Guatemala, Centroamérica.

[8] Estamos convencidos de que ese ataque no obedeció a ninguna causa anecdótica particular, sino sobre todo al viraje en la política cubana marcado por la salida del Che. Pero es preciso recordar, por otro lado, que fue precedido por una toma de posición prepotente, atrozmente subjetiva y calumniosa de J. Posadas a fines de 1965, acusando a Fidel Castro de encubrir el supuesto asesinato del Che en Cuba. Esta actitud, a la vez criminal y suicida, de un político cada vez más alejado de la realidad, precipitó todos los peligros que ya se cernían sobre el MR-13 y los trotskistas guatemaltecos. El autor de este articulo tomó en ese entonces, desde Guatemala misma, una posición diferente, dando una explicación política de la renuncia del Che, que en esencia es la que repetimos ahora. Ella fue publicada en "Mondo Nuovo" de Italia y en "Marcha" de Montevideo, y allí está registrada. Sin embargo, por disciplina partidaria mal entendida, no sostuvo después su posición y se sometió a la línea oficial de su tendencia, la de J. Posadas. Comparte, por lo tanto, la plena. responsabilidad por esos desatinos políticos, que indicaban ya la progresiva descomposición política y moral de J. Posadas. Nada de esto alcanzamos a comprender en aquel tiempo.

[9] En dicha ocasión fue apresado el autor de este artículo. Salió de la cárcel de Lecumberri seis años después, en marzo de 1972.

[10] Regis Debray, en Las pruebas de fuego, da una versión falsa y, en partes, voluntariamente equívoca, sobre estos acontecimientos. No se atreve ya a sostener abiertamente la versión del “robo de fondos a la guerrilla” por parte de los trotskistas. Pero falsea tanto el desarrollo como el resultado del proceso en la montaña y deja, según su costumbre, planear la duda, la insinuación y la desconfianza. Allá él: no nos interesa polemizar, en estos momentos, con quien pasó de supuesto teórico de la lucha armada a asesor efectivo de Francois Mitterrand. Los libros tienen su destino, y los autores de los libros también.

[11] Esta concepción llevó a esta tendencia a un creciente aislamiento de la realidad y a responder a los golpes que por ello recibía en todas partes con una exacerbación de sus propios rasgos voluntaristas. La derrota de Guatemala aceleró ese proceso y el cambio de la situación mundial, a partir de 1968-69, para el cual no estaba ni lejanamente preparada, lo completó. Fue cuestión de unos años más el que esta corriente, pese a haber contado con un número notable de cuadros probados, templados y educados en el seno de la clase obrera, entrara en un proceso de disgregación organizativa irreversible. La teoría es implacable con quienes creen que pueden pasar impunemente por encima de ella. En otros documentos, algunos de los militantes provenientes de dicha tendencia hemos hecho el balance autocrítico de ese proceso, que no es el caso retomar aquí: ver, en especial, Balance crítico de la ex-tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional, en "Boletín Marxista", Génova, Italia, número 8, abril 1977.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Guatemala

GUATEMALA.- Una revisión critica a la propuesta de CODECA sobre el Estado Plurinacional

Detalles
Administrator
20 Junio 2023
Visitas: 799

Por Alejandro del Aguila

La propuesta del Estado Plurinacional impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) contempla la creación de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, para llevar a cabo esta magna tarea de transformación de la realidad social y política de Guatemala. Si bien existe otras propuestas similares como la de Wakíb Quej y la del Consejo de Pueblos de Occidente, en este trabajo nos centramos en la primera organización, porque a nuestro entender, es la que más establece una visión revolucionaria de cambio social.

En este capítulo se enfoca en los elementos epistemológicos y metodológicos, pues en el caso de lo primero se abordará desde el punto de vista de que el objeto de conocimiento parte de la construcción de un sujeto en construcción, el sujeto plurinacional, como ente depositario del proceso revolucionario impulsado por CODECA. En el caso de lo metodológico, se parte de la misma premisa, el objeto a conocer está vinculado a un sujeto en movimiento y a partir de ahí consideramos que una categoría como totalidad concreta pensada por el filósofo marxista checo Karen Kosic, puede ayudar en esta actividad comprensiva ((Kosic, 1969, Pág. 16).

La totalidad concreta ayuda a establecer que se parte de la unidad material de la sociedad, pero que tal unidad no existe per se fuera de la actividad de los sujetos, sino en el movimiento mismo que estos le impregnan. También en el hecho de que debemos sobre pasar los fenómenos visibles, lo que Kosic denominó la seudo concreción, para encontrar las relaciones fundantes de los hechos. Ojo no se pretende con este abordaje procedente del materialismo filosófico dialéctico abarcar la multiplicidad de los objetos y hechos sociales lo cual es imposible, sino los elementos esenciales que generan esa variedad  (Kosic, 1969, Pág 39).

Por ende, considerando que en la propuesta de CODECA en su carácter revolucionaria, cuestiona la esencia misma de la formación económica y social y del modelo de dominación: el Estado liberal oligárquico.  Planteando aunque es un pendiente a desarrollar al sujeto plurinacional popular, el ente que le corresponde  llevar a cabo esta transformación por medio de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. De ahí que las siguientes líneas esbozarán los elementos empíricos constituidos históricamente de ese marco de dominación actual, los fenómenos que arman la totalidad social actual.

Este capítulo se dividirá en cuatro partes a saber:

a) La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (ACPP) y el quiebre con el dualismo colonial que subyace en la en la configuración del Estado capitalista actual.

b) La naturaleza rupturista con la visión lineal positivista y por ende como superación de ese colonialidad dependiente de los centros imperialistas.

c) El modelo contrahegemónico de uno nuevo bloque de clase popular y revolucionario.

d) Y el aparecimiento de nuevo sujeto plurinacional con sus características populares (por ende de clase proletaria) pero a la vez interétnico e intercultural.

A continuación se desarrollará estos cuatros elementos en el presente capítulo,  con el objeto de darle rigurosidad epistémica-metodológica para esta tesis y mostrar como la propuesta de ACPP adquiere una necesidad real para los derroteros de transformación social, con una base científica.

La ACPP y la quiebre con el dualismo colonial

Partimos del punto que el Estado guatemalteco se conformó para garantizar los intereses de una élite que se volvió hegemónica a partir de las reformas liberal de 1871 y que en la historiografía oficial fue considerada como una revolución. Este movimiento fue protagonizado por sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia criolla que en su conversión en burguesía a partir de la explotación cafetalera, realizan  por medio de la confiscación de tierras propiedad del clero católico y de las comunidades indígenas, acelerando la acumulación capitalista y asignándole a Guatemala un lugar en la División Internacional del Trabajo.

Hay que recordar que el régimen político conservador fue continuador del modelo económico colonial,  manteniendo los ejidos comunitarios lo que en la colonial se denominó como Pueblos de Indios. De hecho, el gobierno de Rafael Carrera se caracterizó por un estilo de gobierno caudillista, mediando entre los intereses de la aristócrata de procedencia hacendaria y comercial, campesinos mestizos sobre todo de oriente y los principales indígenas del altiplano.

Así, mucha de estas tierras fueron apropiadas con la venia de los nuevos gobiernos liberales (Manuel García-Granados pero sobre todo Justo Rufino Barrios)  por medio de la violencia aunque amparada en una nueva legislación, lo que en los Pueblos Mayas identificaron con razón como una forma de despojo,  porque la apropiación de tierras  fue acompañado de  la conversión de población campesina y comunitaria,  en trabajo forzado o semiasalariado por medio del peonaje de dueñas, en las fincas de café, producto con que Guatemala se insertó en en el mercado internacional. No todas las tierras fueron totalmente expropiadas, otras las mismas comunidades pudieron comprarla por medio de títulos obtenidos en el período colonial y otras quedaron en manos de las municipalidades ladinas, donde la población campesina tuvo que trabajarla en usufructo  (Cardenal, 2000, Pág. 283).

De esa forma, se fue creando un Estado que bajo la figura de una forma liberal (división de poderes,  marco constitucional de derecho, elecciones limitadas para las asambleas legislativas) en los hechos fue una serie de dictaduras que no finalizaron sino hasta la revolución democrática burguesa de 1944, siendo el Ejército el poder fundamental formado tras 1871, donde descansaron. Este fue fundamental para asegurar el modelo de acumulación centrado en la exportación del café, para garantizar por la fuerza la explotación de la fuerza de trabajo de origen maya, de la boca costa a finales del siglo XIX  y más tarde a inicios del siglo XX en la región de las Verapaces otorgada a propietarios alemanes y en menor medida belgas; a la par que se fueron estableciendo concesiones a empresas estadunidenses para la exportación de banano y con ello apareció un nuevo sujeto, el obrero asalariado  (Cardenal, 2000, Pág. 316).

Es importante denotar otra característica del Estado que por medio de la expropiación a las tierras comunales y de la Iglesia, adquiere una fisonomía oligarca entendido este como el gobierno de los pocos,  pero a la vez asume un carácter ladino. Este ente se volvió depositario de lo que se denominó como identidad nacional esculpida como parte de la ideología dominante; procediendo del mestizaje entre el europeo y el indígena durante la época colonial y en los primeros años de la periodo republicano, que durante la primer época estuvo bloqueado de acceder a tierra  (Martinez Severo, 1982, Pág. 408) ubicándose en las periferias de los Pueblos de Indios, en las afueras de las villas españolas, dedicándose actividades artesanales o también al trabajo asalariado agrícola.

El Estado pos 1871, retoma este ente como el ethos de ser del Estado, a diferencia del indio calificado como un lastre para las nuevas relaciones capitalistas internacionales donde Guatemala se inserta y al ladino como el ente que representa el progreso.  Pero esta operación ideológica encubre una realidad, que fue solo un sector de esta población mestiza, el cual se apropia de tierra y poder en las alcaldías ladinas –con la desaparición de las alcaldías indígenas– el cual ascendiendo socialmente desde pequeño propietario se convierte en gran propietario de tierra, en esa operación algunos indígenas no maceguales adoptan la identidad ladina; pero a la vez el antiguo propietario criollo asumió el discurso del ser ladino, escondiendo su origen aristocrático colonial.

Estas características dan forma a otra condición de este Estado, su carácter racista. Porque desparecer lo indígena y considerarlo fuerza de trabajo despojándolo de su medio de vida, implica  negar su cultura y ladinizarlo, es decir que adopte los valores y los saberes de la cultura occidental; en ese sentido los gobiernos liberales del siglo antepasado intentaron extender la educación bajo formas positivistas y la alfabetización en castellano. Eso fue tan ineficaz porque afectaba los intereses de los grupos dominantes que fue dejado y hasta la fecha los conocimientos mínimos de lectoescritura  de la población en general son tan deficientes y aunque en número de población alfabeta haya aumentado. La enseñanza de los idiomas mayas, xincas y garífunas, solo reconocido y medianamente fomentado con la Academia de Lenguas Mayas en el marco del multiculturalismo neoliberal, la apertura democrática y la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.

Todo esto genera una forma de Estado y los distintos regímenes políticos existentes,  construido bajo una ontología dualista, es decir en contraposición y sobre la sociedad en su conjunto,  aunque ese elemento tampoco es absoluto, pues la estatalidad misma se enraíza en una sociedad civil que como se observa en los hechos de la reforma liberal, el bloque que se afinca en el poder parte de la hegemonía en la sociedad civil en su forma mercantil   (Marx, 1932, Pág. 72) que para el caso de esta formación social, fue  la expropiación y despojo de los mayas y del control ideológico y político de los mestizos, es decir los grandes segmentos de la población donde germinará la clase trabajadora.

Tan solo durante la revolución democrática burguesa entre 1944-1954 se intentó transformar la estructura social y movilizar a los sectores revolucionarios de la sociedad civil para derrocar el poder político de la burguesía agraria,  pero sin confiar totalmente en esa capacidad de los pueblos y de la clase trabajadora de instaurar un nuevo Estado,  pese al quiebre que implicó la reforma agraria de 1952 durante el gobierno Jacobo Arbenz  en la concentración de la tierra y que por ende afectó el poder  de la oligarquía; pero esa desconfianza mencionada vulneró a los gobiernos revolucionarios y sobre todo al tejido social revolucionario que sufrió a la hora de la contrarrevolución y la invasión propiciadas por Estados Unidos en 1954, una fuerte derrota (Tezucún, 2007, Pág. 13). Además dejó pendiente otro factor, pues la ladinización como proyecto cultural se mantuvo, pese al reconocimiento de las tierras comunales indígenas por la reforma agraria, se buscó no resaltar la identidad cultural maya, sino incorporarla a una cultura democrática ladina.  

Las formas de Estado posterior a 1954 adquirió las características de regímenes políticos autoritarios, bajo un discurso anticomunista que fue una reedición del ethos ladino, ahora bajo la perspectiva de destrucción del enemigo interno, es decir de todo opositor al orden instituido. El régimen adquiere una forma claramente militarista a partir de 1963 donde el Ejército se vuelve la institución gobernante, que a partir de 1965 instaura un multipartidismo reaccionario y que asume una visión desarrollista bajo el Mercado Común Centroamericano.  Pero que a finales de los setenta del siglo pasado, en una onda regional la lucha de clases se radicaliza provocando la insurrección popular en Nicaragua y poniendo entre dicho la dominación de clase en toda Centroamérica.

Lo anterior obligó a los factores de poder (oligarquía y bloque burgués, militares y Estados Unidos) a que para derrotar la movilización popular, la cual adquiere vistos insurreccionales y a las insurgencias aplicar la represión política, el genocidio y accionar propiamente militar, a lo que se considera el otro como un enemigo interno a destruir.  A la par de estos factores, la instauración de un régimen democrático formal a partir de 1984 y la Asamblea Constituyente de 1985, se garantiza el poder a las distintas fracciones burguesas y a los nacientes sectores emergentes,  reafirmando la sacrosanta propiedad privada, bajo cierto garantía democrática y de respeto a los derechos humanos exigido por los países desarrollados capitalistas occidentales, la llamada comunidad internacional  y la Organización de las Naciones Unidas junto a la Organización de los Estados Americanos, en el contexto de implosión del socialismo burocratizado de la Unión Soviética y la emergencia de la unipolaridad mundial dominada por Estados Unidos.

Sin embargo, la conformación de tal régimen no es completo, previo reajuste con las reformas constitucionales de 1994 y la celebración de una consulta popular con una participación reducida tras el auto golpe de Jorge Serrano Elías, que bajo un aspecto de formalidad con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y la incorporación de la insurgencia aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un marco democrático al Estado liberal oligárquico (Mojica, 2012, Pág. 16).

Así,  tras el fracaso y parcial derrota la URNG y por ende de la estrategia de Guerra Popular Revolucionaria, terminó de configurarse el actual régimen político. Se estableció así una serie de mecanismos de cumplimiento la agenda de la paz que se pensaba garantía para democratizar la sociedad.  De esa forma para ilustrar el proyecto que se contemplaba,  se estableció el reparto de tierras vía el Fondo de Tierras,  la desmilitarización del Estado y la sociedad y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas bajo una idea de la nación multicultural, multilingüe y multiétnica (Mejía, 2021, párrafo 58).

El intento de democratizar a la sociedad no se pudo materializar por dos aspectos,  primero por la derrota de la Consulta Popular de 1999 que buscaba incorporar aspectos de los Acuerdos de Paz a la Constitución Política y segundo porque las instituciones creadas para materializar los acuerdos perdieron fuerza, por la capacidad de sectores de la derecha reaccionaria para bloquearlas, porque tampoco tocaron los naturaleza reaccionaria de clase del Estado y sobre todo debido a las fuerzas democráticas y de izquierda que no lograron movilizar a la población para ese fin  (Del Águila, 2019, Pág. 29).  

Naturaleza rupturista de la propuesta de ACPP

La tónica de los últimos gobiernos, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei (2012-2024) aunque eso no quiere decir que los gobiernos posteriores a la  firma de los Acuerdos de Paz (Arzú, Portillo y Colom)  hayan refrendado y ejecutado la agenda de la paz, porque sin excepción ha continuado el modelo económico y social  neoliberal extractivista, ya que los núcleos de la oligarquía tradicional se han concentrado en grupos monopólicos y el capital financiero se ha vuelto preponderante,  a lo que se agregan estos ejes de acumulación, la extracción de bienes naturales y de mantenimiento de la exportación agrícola con la incorporación nuevos productos y sectores  (Illescas, 2013, Pág. 5) pero sin generar una verdadero proceso de valor agregado, por ejemplo algún tipo de industrialización agraria.

De tal forma que el proceso de democratización como se esperaba con el cumplimiento de la agenda de la paz, sobre todo en lo que se respecta al acceso de tierras que al orientarlo en clave de compra y venta de propiedades por parte del Estado, solo fue generando un endeudamiento del campesinado al no contar con asesoría técnica, ni formas de pago justas y para finales de la primera década del siglo, el Estado dejó de comprar a particularidades tierra,  dedicándose solamente al programas de arrendamiento. De igual forma quedaron sin aplicar una serie de mecanismos contemplado en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, que buscarían democratizar el acceso a la tierra, tales como: el catastro que iba a identificar los excesos mal habidos de los finqueros inscritos anómalamente en el Registro de la Propiedad, los tribunales y la fiscalía agraria, la política de desarrollo rural que tenía como centro priorizar al campesino, etc.  (Del Águila Mejía, Alejandro, 2020, Pág. 18)

Todas estas medidas nunca tocaron lo fundamental y con el gobierno de Giammattei se han desmontado,  entre ellas la concentración de la tierra y la imposibilidad de generar desarrollo rural, que sí se mantiene la gran propiedad, situación que la propuesta de la ACPP de CODECA es la única que menciona establecer un límite a la concentración de la tierra.

Lo mismo se puede decir con uno de los elementos fundamentes del nuevo pacto social que se buscaba refundar con los Acuerdos de Paz, el cual era garantizar un marco democrático de ejercicio de los derechos civiles y políticos como nunca se ha vivido plenamente en la historia nacional. Aunque la Constitución Política de 1985  garantizaba el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, en la Asamblea Constituyente 1985 no se permitió la participación de la izquierda insurgente, tan solo dos expresiones de la socialdemocracia, el Frente Unido de la Revolución y el Partido Socialista Democrático sin lograr escaños.

Como es sabido los primeros 10 años posteriores a promulgación de la Constitución, el papel del ejército como factor de poder y  la continuación de la política represiva con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de la vida, el de la libertad, la organización, la libre expresión, fue la tónica. Con la firma del Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática,  se buscaba que el Ejército y sobre todo la Inteligencia Militar dejaran de actuar sobre la población civil, que partía de la idea de combatir al enemigo interno,  pero obviamente no se tuvo la fuerza para desmantelar estas instancias,  situación que solo se hubiera permitido con la derrota del Estado.  Por ende se buscó en los Acuerdos de Paz,  que el poder civil constitucional controlara el actuar de los ministerios de Defensa y de Gobernación.  (Mejía, 2021, párrafo 65).

 Posterior a la  firma de la paz,  la represión aunque sí se redujo notablemente, dejo de ser política de Estado; los cuerpos de seguridad en teoría abandonaron la política de aniquilación del enemigo interno. Pero la represión pasó a manos de órganos privados a través de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), de igual forma,  aunque el Ejército dejó de ser el poder real por lo menos de forma visible,  emergieron de su seno,  nuevas élites de poder que han sido parte de los gobiernos en los últimos años y que junto a los ya mencionados CIACS,  han evolucionado a las denominadas Redes Políticos Económicas Ilícitas como las señaladas por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Ponce, 2021, Pág. 340)

Es hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1995 que se permitió por primera vez que las fuerzas provenientes de la izquierda denominada revolucionaria, que hechos utilizaron la lucha armada, tenían un programa político reformista y logran participar bajo la sombrilla del Frente Democrático Nueva Guatemala.

En los años siguientes las fuerzas de izquierda participaron en un primer momento unificado en 1999 como Alianza Nueva Nación, para luego fracturarse. En 2007 se registraron nuevos intentos unitarios con la creación del Movimiento Amplio de Izquierdas; en 2011 con el  Frente Amplio,  y en 2015  con la organización de la Convergencia para la Revolución Democrática.  Un proceso de acumulación política y también de quiebre con otra expresión tal como la URNG, desde el seno de CODECA aparecerá el partido Movimiento  de Liberación de los Pueblos,  que en su primera participación electoral de 2019,  logrará un cuarto lugar para la elección presidencial  (Del Águila, 2019, Pág. 46).

El otro aspecto que marco la agenda de la paz,  fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que implicó una afirmación en el plano formal de los derechos de los Pueblos Indígenas,  complementado con el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas de 1985. Este acuerdo buscaba que a partir de una serie de mecanismos en el Estado y de instancias públicas en materia de derechos asistidos a la población indígena y de reconocimiento de los idiomas,  reafirmar el carácter multicultural de la nación guatemalteca.

El carácter multicultural estaba contemplado en el marco constitucional de 1985 y es más, fue visualizado por el mismo general Efraín Ríos Montt en clave corporativista en su Consejo de Estado, bajo una modalidad contrainsurgente. Así,  con la firma de la paz se buscó darle mayor  contenido real bajo la visión de un Estado liberal avanzado  (Mejía, 2021, párrafo 45).

 Ese andamiaje actuó como ropaje al no lograr incorporar el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas, tras la derrota electoral de las fuerzas progresistas en la Consulta Popular de 1999,  lo cual ha servido para sostener el modelo de acumulación capitalista. Por ejemplo con la lógica privatizadora y desnacionalizadora,  se han aprobado una serie de licencias para la extracción de bienes naturales minerales, hídricos y petroleros.

Esa situación ha generado el rechazo de las comunidades indígenas sobre todo y mestizas también, contra una serie de proyectos de inversión de conglomerados empresariales nacionales y trasnacionales. Las comunidades se han manifestado mediante la realización de consultas de buena fe y consultas municipales, con base en acuerdos de Derechos Humanos Internacionales y del Código Municipal, específicamente por el incumpliendo del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) sobre consulta a los Pueblos Indígenas ante medidas administrativas que afectan su territorio.

 Recientemente, el Estado por mandato de la Corte de Constitucionalidad, con base en el Acuerdo 169 de la OIT, ha realizado en los municipios de El Estor en Izabal y San Rafael en Jalapa, proceso de consultas, los cuales han sido denunciado por estar manipuladas. La alta corte  además ha reconocido en el pasado reciente, que los resultados de las consultas de buena fe y municipales, tienen vinculación jurídica, aunque también en sus resoluciones ha equiparado las actividades de los inversionistas como un derecho a realizar proyectos extractivos.

Esa situación pone en la discusión un aspecto relevante, es decir la defensa del territorio y la idea misma como espacio de autonomía para las comunidades, sin que implique separación del Estado nacional, sí adquiere el reconocimiento pleno de derechos para la población que habita en esos espacios; ello va de la mano de otro de los temas contemplados en el AIDPI que se refiere a la jurisdicción indígena, que se había tratado de materializar con las reformas judiciales que propuso CICIG en 2016,  pero que el sector oligárquico se opuso vehementemente aduciendo una falsa unidad nacional, que provocaría el resquebrajamiento sistema de  impartición de la justicia. Lo que realmente temían era que la justicia ancestral, surgida previa  a la  creación del Estado liberal, de la Republica y de la colonización hispana, se pusieran en entre dicho los privilegios de la burguesía monopólica,  los cuales descansan en la tradicional propiedad terrateniente y en la concentración actual de la tierra.

Otra situación importante contemplada en los Acuerdo de Paz, era el Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales, consustancial a la desmilitarización de la sociedad civil,  la democratización del Estado y el respeto a  diversas expresiones de pensamiento, lo que se denominó una poliarquía, es decir el gobierno ejercido por muchos.

Se buscaba  institucionalizar con ello el sistema de partidos políticos, que paradójicamente en la etapa contrainsurgente ya existía un nivel de institucionalización,  aunque bajo la tutela militar y a la aceptación de la ideología anticomunista. Con la Constitución Política de 1985 esa institucionalización se mantuvo,  pero a partir de la depuración del Congreso en 1994,  tras el autogolpe de Serrano Elías de 1993, se va fragmentando y si bien posterior a 1995 existieron partidos fuertes, fueron absorbidos por prácticas clientelistas  (Sáenz de Tejada, 2015). Luego de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción se evidenció el rechazo a la partidocracia; pero las prácticas del clientelismo junto al caudillismo y la transfuguismo informal, contrariamente ha lo que se buscaba con el Movimiento de la Plaza, se ha consolidado.

El Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales contemplaba una agenda completa de modificaciones en materia electoral,  sin embargo tras la derrota de la Consulta Popular de 1999, esos cambios se fueron aplicando a cuenta gotas. Con las reformas electorales de 2004 y  2005, así como  las mas completas pero aun insuficientes de 2016 –que recogía el rechazo de la  Movilización de la Plaza– en algunos aspectos como era el control de los recursos financieros y la fiscalización a los partidos, cierta democratización por medio de la elección de órganos de dirección por representación de minorías y la disposición  del voto nulo vinculante obligando la repetición del tipo de elección,  sí logra el 50 por ciento más uno.

Atrás quedaron una serie de reformas que los legisladores por conveniencia no aprobaron, como la alteridad de hombres y mujeres en listas trenzadas; la obligatoriedad de candidaturas según las pertenencia étnica, la vinculación del registro de personas con el empadronamiento; la obligatoriedad de que los partido si tengan presencia territorial en los municipios donde buscan competir, y que los órganos de estos no elijan a los candidatos en esos municipios si no existe organización partidaria, entre otras (El Observador, 2016. Pág 18).

Queda pendiente la discusión de si lograr un mayor democratización del sistema político,  aun dentro del régimen político, es viable o no,  lo que implicaría repensarlo en la estrategia de la convocatoria de una Asamblea Plurinacional, es plausible

El modelo contrahegemónico que esboza la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional

En ese sentido,  la categoría de la totalidad concreta como el elemento central del análisis, donde los niveles de la formación social, que constituyen la hegemonía burguesa,  ha construido históricamente el  Estado liberal. La ACPP invoca  una propuesta de carácter contrahegemónica que rompe la colonialidad y la dependencia de los centros imperialistas

La crisis política e institucional por un lado, pero también las políticas económicas emanadas de los gobiernos que empeoran las condiciones de vida de las mayorías pues responden a los ejes de acumulación capitalista, sirve para determinar la dialéctica global de la formación social  (modelo económico y régimen político). Esto a partir  del sentido de que el centro de esta –la formación social– responde al poder político y económico de la gran propiedad monopólica.

De ahí que la contrahegemonía encarna el sujeto político popular plurinacional,  no puede olvidar esa realidad si busca serlo realmente.  De igual forma,  la vía para realizar el Estado Plurinacional como es la Asamblea Constitucional Plurinacional y Popular no puede convocarse desde los marcos de este Estado, sino que debe ser construida a partir de la organización popular de abajo, CODECA  podria ser la instancia catalizadora,  pero no la única.

Ese abajo se refiere a la sociedad oprimida y sin posibilidades de lograr una vida plena o un buen vivir. Ahora ese abajo también no es mecánico, sino que debe partir de los sectores que luchan más directamente contra el poder de la clase capitalista y plasmar esas lucha en consejos populares, que contagie a los de abajo, es decir al proletariado y las capas medias en su conjunto, estos consejos populares serían la base de la ACPP (Albamonte & Maiello, 2017, Pág. 558).  

La convocatoria de una asamblea constituyente parte de su naturaleza originaria, es decir que adquiera una cualidad destituyente, pero a la vez propone constituir un nuevo estado de cosas y ahí se abre el interrogante ya planteado líneas arriba, si es posible hacerlo en los marcos del entramado constitucional, que como se sabe contempla una forma de actualización constitucional por medio de una reforma o una nueva Asamblea Constitucional.

La realización de reformas esta amparada en el articulo 277 constitucional que otorga las vías por medio de quienes tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución: el Poder Ejecutivo, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad,  el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de cinco mil ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos y refrendada por la legislatura siguiente. En el caso de una nueva Constitución, es por medio  de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual debe ser convocada con dos terceras partes de los integrantes de la legislatura vigente en el momento que se convoque.

Los constituyentes de 1985 idearon un mecanismo de reformas funcionalista para evitar un rompimiento del estatus quo,  identificaron que las modificaciones deberían ser desde el ordenamiento jurídico y estatal vigente; de hecho buscaban por encargo de los poderes fácticos (militares y empresarios) que no se saliera de la mano –hay que recordar que existía un contexto de guerra y agudización de la lucha de clases–  al grado de establecer los artículos modificables en el nuevo marco constitucional

Además,  prohibieron tocar cuatro artículos y el inciso de uno de estos. Estos son,  el 140 sobre la forma de Estado;  el artículo 141 referido a la forma representativa del Estado y de la composición de los poderes públicos; las prohibiciones constitucionales para optar a los cargos de presidente y vicepresidente en el articulo 186;  la prohibición de la reelección establecido en el artículo 187;  y el artículo 165 inciso (g) sobre la atribución del Congreso de la República en lo que respecta a la capacidad del Congreso de desconocer al presidente,  si continuara en su cargo al vencer el periodo.

Como se observa hay una combinación de control e institucionalización para cualquier movimiento de reformas o una nueva constitución y un antídoto para mantener la forma representativa del Estado, es decir el actual régimen político. A la par que se santifica el Estado liberal con su división y equilibrio de poderes sobre cualquier otra forma de Estado.

La apuesta política de CODECA  y su brazo político-electoral el Movimiento de Liberación de los Pueblos formado en 2018, pretende  tener mayorías en el Congreso,  aunque por otro lado haga referencia al tema de alegalidad como forma hibrida popular y de abajo, junto con lo institucional/estatal.

Es extremadamente riesgoso centrar su estrategia en la primera vía, porque siempre esta el peligro de que esa institucionalización, similar a como ha ocurrido a otras fuerzas de izquierda,  terminen ahogadas en el fango de la institucionalización burguesa. Peor aun,  que las fuerzas de derecha y los factores tradicionales que se mantienen vivos por los acuerdos con esas  mismas izquierdas,  den golpe de Estado como sucedió en Bolivia,  contra Evo Morales en 2019.

La apuesta sería a la movilización revolucionaria de la población,  no para simplemente presionar a una posible mayoría en el Congreso, sino para que desde ese movimiento social y con el apoyo de los legisladores obtenidos,  pongan sus cúreles  al servicio de una asamblea originaria constituyente,  a partir de los sectores que luchan y  contagien a otros (Maiello, 2022, Pág 129).

La asamblea constituyente debe garantizar su naturaleza originaria, porque a diferencia de la que convoco la carta magna vigente, derivada del control  militar; la popular y plurinacional debe ser totalmente procedente de la voluntad mayoritaria. Pero esa acepción,  no debe ser solo entendida bajo una significancia liberal, de un voto una persona,  lo cual no se niega en una faceta de la escogencia de ese órgano constituyente,  sino para que realmente sea contrahegemónica,  es importante que se estructure desde abajo como ya se dijo,  por medio de órganos de poder popular sobre todo de los sectores que luchan contra bloque de poder burgués (Maiello, 2022, Pág. 155).

Tal propuesta de cambio social revolucionario como se pretende asumir con la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular,  debe partir  del hecho de recomponer un entramado social que le dé sustento y fortaleza político organizativa, en especial desde los sectores que luchan.

El nuevo sujeto popular plurinacional

Esta operación de carácter estratégico implica crear un nuevo sujeto social que se desarrollara en este acápite a saber.   Primero se describirán  las tradiciones de lucha política y social y segundo,  la  composición orgánica de este sujeto en la actualidad.

Sobre lo primero, hay que partir de las tradiciones de lucha de los sectores subalternos, de las denominadas clases populares y del proletariado, entendiéndolo no solamente a partir de las relaciones directas obrero-patronal,  sino en las distintas formas de producción del valor y de la apropiación de la riqueza en su conjunto.

Con la modernización capitalista de la década de los cincuenta del siglo pasado en toda Centroamérica,  nuevos sectores sociales como el obrero industrial, los asalariados profesionales, la pequeña burguesía y el estudiantado fueron adquiriendo grados de  politización; de la mano de un proceso de urbanización incipiente que se fue consolidando con más fuerza a partir de la década de los sesenta, estos sujetos se volvieron relevantes contra el poder oligárquico, demostrado con el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920 y la insurrección cívico militar de 1944.

A  partir de eso,  el sujeto obrero y la izquierda de impronta marxista, junto al campesinado organizado se vuelve relevante en la lucha contra el sistema de dominación capitalista. Con el proceso de urbanización se suman los sectores populares urbanos, protagonizando luchas fundamentales como las jornadas de marzo y abril de 1962, o las serie de movilizaciones y fuertes huelgas de finales de la década de los setentas, que ponen entre dicho la existencia del régimen político militar y el modelo de acumulación capitalista dependiente.

A nivel rural los semiproletarios agrícolas y su corolario en las comunidades indígenas,  mantenidos en una sujeción cuasi feudal desde finales del siglo XIX hasta 1945, habían protagonizado sublevaciones  de índole local,  es con la Declaración de Iximché de 1981 el sujeto indígena adquirió su fisonomía actual, lo cual no quiere decir que estuviera ausente.  Pues es  a partir de la revolución de 1944 con el proceso de reforma agraria y el reconocimiento de las tierras comunales indígenas y luego en la década de los sesenta y setenta con la creación de cooperativas en el marco de la transformación agraria, que adquirieren mayor organización política.

 La imposibilidad de una mutación real en la tenencia de la tierra hizo que el modelo de transformación agraria promovido por los gobiernos militares,  radicalizara las posiciones que exigían una reforma agraria y  que rompiera con la concentración de la propiedad de la tierra de los grandes latifundistas.  Así,  aparecerá  el Comité de Unidad Campesinas en 1978,  CODECA en 1989 y  otras organizaciones tales como el Comité Campesino de Desarrollo Campesino o la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos, que conformaron en la década de los noventas,  la  hoy desparecida Coordinadora Nacional Indígena Campesina.  

Desde la década de los ochentas,  nuevos sujetos se fueron incorporando a las luchas sociales, como el movimiento de derechos humanos al calor de la búsqueda de los detenidos y desaparecidos,  el movimiento de mujeres que nace del seno de comités femeninos en los sindicatos, que retoma aspectos de las distintos enfoques feministas,  ya en los noventa adquiere la fisonomía de organizaciones no gubernamentales.

Se entra  entonces al último punto de este acápite: la formación del sujeto plurinacional.

Se parte que las relaciones de dominación desde el Estado capitalista y del manejo en la sociedad civil de sectores del capital, debe entenderse que esas relaciones son procesuales, es decir no están dadas de una vez,  sino que se recrean bajo la fórmula gramcsiana de consenso y violencia.

Ello  genera otro elemento en el seno de la sociedad civil,  donde los actores no ligados al capital o que no se convierten en una fracción más de la burguesía, asumen la aceptación, el acomodamiento y cooptación, al beneficiarse de tales mecanismos de dominación sobre ellos mismos. A partir de allí se crean marcos comunes de  actuación y que en general impregnan,  el campo de las disputas políticas en toda la sociedad, las cuales solo en crisis revolucionarias se destrozan  (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 216)

La última afirmación también la identificó Trotsky sobre los sindicatos,  pero que se puede aplicar a otras fuerzas sociales populares, que es lo que el marxista ruso denomino la estatización de estos cuerpos sociales y como al igual que Gramsci coincidieron,  en que las direcciones y  burocracias de estos, actúan como policía política a lo interno del campo popular,  para evitar que las demandas no se salgan de ese marco de significación común. (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 232)

Para en el caso de Guatemala, Marco Fonseca menciona que a partir de ciertos hechos políticos en los gobiernos de Portillo y Berger,  se fue generando una sociedad civil buena permisiva que venía del mismo campo popular anteriormente impregnado por tradiciones de lucha revolucionaria.  (Fonseca, 2018, Pág. 68).

Aunque a esa fórmula explicada por Fonseca, con el cierre de espacios materializados de forma más claro en el saliente gobierno de Giammattei, es decir esa permisibilidad para la actuación en un marco de significación común para los grupos subalternos, se limita aun más o se clausura  (Mejia, 2021, parraf 85)

Por tanto,  el sujeto plurinacional y popular que debe encarnar ese procesos de transformación social tiene que quebrar con los marcos establecidos; asumir una línea rebelde, porque la legalidad constitucional es una camisa de fuerza que no permite modificar las estructuras sociales. Sin embargo, a este escenario hay que darle aun un contenido estratégico,  porque queda todavía en el aire si la propuesta de la nueva constitución plurinacional, estaría organizándose por fuera de los marcos impuestos de significancia común del régimen de reacción democrática.

Esto es una designación que el marxista argentino Nahuel Moreno estableció para cambios en los regímenes político, que salían de dictaduras instalando gobiernos de apariencia democrática, pero que esas modificaciones no fueron producto del triunfo de la movilizaciones de las masas, como en Argentina o Portugal, sino de la derrota  como en Perú, España o Brasil; que en el caso de Centroamérica paso por la derrota estratégica,  aunque no total,  del movimiento revolucionario (Moreno, 2001, párrafo 58, capitulo 2)

Se habla de  reacción democrática hasta este momento,  porque está relacionado con esos marcos de actuación mediados por la significación que el sentido común dominante ejerce en  favor  del bloque en el poder. La idea de un sujeto plurinacional y popular como el que esboza la propuesta de CODECA,  implica la transformación de ese marco, de ese andamiaje institucional y constitucional,  de convertirse en un sujeto como ya se dijo, destituyente y constituyente de un nueva institucionalidad revolucionaria y un nuevo sentido común contrahegemónico.

Este sujeto por ende parte de la interculturalidad,  pero entendiendo esta no en clave multicultural, sino reconociendo que existen segmentos de la población con ciertas pertenencias  y auto identificaciones étnicas (maya, xínca, garífuna y mestizo/ladino). Pero sin que esta segmentación sea una forma a priori  y funcional de entender la realidad, porque lo cierto es que la realidad es más compleja.

Por ejemplo, el pueblo maya está compuesta por una diversidad de naciones que a su vez conglomeran una nación,  a la cual se agregan las naciones xíncas y garífuna; la categoría ladino/mestizo es equívoca porque la primera se superpuso sobre la segunda como se mencionó en la primera parte de este trabajo, aunque en la actualidad existan sectores que se puedan autodeterminar así;  el mestizo es el complejo producto de la mezcla racial y étnica y que en términos ideológicos, no debiera adquirir la superioridad racista del ladino.

Por tanto, una parte del sujeto plurinacional nacería de esa interculturalidad construida bajo relaciones de igualdad, desde la discriminación de unos a otros y en contra del racismo estructural de minusvaloración a lo maya, xínca y garífuna.

Sin embargo hay otro factor poco estudiado por la Antropología,  producto de los procesos de urbanización de los últimos años, en los que se encuentra esa variedad poblacional caracterizada por la multiplicidad en las actividades económicas. Nos referimos que existe una diversidad de población que no se encuadra entre esas categorías,  por ejemplo en los centros urbanos, donde  la mayoría son emigrantes de regiones rurales con orígenes indígenas,  pero también mestizos. Entonces es en ese complejo proceso de mestizaje, proletarización y multiplicidad económica,  que puede nacer el sujeto síntesis, hibrido, el caldo de cultivo para una nación plurinacional.

A eso se le agrega otro elemento vital. Este sujeto plurinacional debe partir de su situación de clase, es decir más allá de las particularidades étnicas y de las reivindicaciones como pueblos, las cuales no se soslayan sino se integraran. Partir de la complejidad del proletariado y de los sectores populares,  junto a capas medias asalariadas o en proceso de, que no han sido parte de los procesos de acumulación de riqueza económica y de poder político que han caído en el enriquecimiento fácil o del uso del Estado como forma de enriquecimiento; centrándose este sujeto político, en el obrero manual o intelectual con empleo formal,  en el trabajador independiente y en el pequeño propietario, allí nace la condición más importante del sujeto plurinacional y popular..

Bibliografía

Albamonte, Emilio; Maiello, Matías “Estrategia Socialista y Arte militar”. Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx; Buenos Aires, Argentina; 2017.

CODECA “Vamos por un Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”. Guatemala, 2016.

Cardenal, Rodolfo “Manual de Historia Centroamericana”. UCA Editores. San Salvador, El Salvador, 2000.

Del Águila Mejía, Alejandro “Hacia el cierre del ciclo abierto con los Acuerdos de Paz, y el endurecimiento del régimen político”, Enfoque Electrónico El Observador. Guatemala mayo de 2022.

Del Águila, Oliverio “Derroteros de la Izquierda Guatemalteca y la Pesada Carga del Reformismo” en Revista de Centroamérica. Diciembre de 2019.

Fonseca, Marcos “Hegemonía, ruptura y refundación, crisis del Estado ampliado”, en Boletín El Observador; Guatemala, 2018.

Illescas, Gustavo “¿Que son los Megaproyectos? Ensayo teórico sobre su carácter e implementación en el modelo de acumulación capitalista en Guatemala” en Boletín El Observador;  Guatemala, 2013.

Josephs, Gilbert M; Nugent, Daniels compiladores “Aspectos cotidianos del Estado”. Editorial Era; México 2013.

Karl Marx “La ideología alemana”; 1937.

Kosic, Karel “Dialéctica de lo Concreto”. Editorial Grijalva; México, 1967.

Maiello, Matías “De la movilización a la revolución, debates sobre la perspectiva socialista en el siglo XXI”. Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx; Buenos Aires, Argentina; 2017.

Peláez, Severo “La patria del criollo”. Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla; Puebla,  México; 1982.

Mejía, Oliverio “Proceso de Deterioro de los Acuerdos de Paz, Desgaste Institucional y Cierre de Espacios Democráticos” en Revista de Centroamérica; Centroamérica 28 de enero de 2021.

Mojica, Orson “Esquipulas II: Derrota de la revolución Centroamericana (1979-1992)” en Revista 1857. Centroamérica, 14 de septiembre de 2012.

Moreno, Nahuel “Revoluciones del Siglo XX”. Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/moreno/rsxx/index.htm

El Observador “Las postergadas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus falencias” en Enfoque Electoral. Guatemala 24 de marzo de 2016.

Matías, Ponce “CICIG: Misión Posible”. Editorial Telaraña Group; Guatemala 2021.

Sáenz de Tejada, Ricardo “Democracia y Elecciones en Guatemala (1984-2011)”. Editorial del INGEP, Universidad Rafael Landívar; Guatemala 2015.

Tezecun, Armando “El Derrocamiento de Arbenz” en Revista 1857. Centroamérica, Septiembre de 2007.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Guatemala

GUATEMALA.- El Consejo Superior Universitario, el desgobierno en la USAC y su impostergable transformación

Detalles
Administrator
01 Febrero 2023
Visitas: 725

Por César Antonio Estrada Mendizábal

Guatemala, enero de 2023

Según su Ley Orgánica, la Universidad de San Carlos de Guatemala tendrá para su gobierno un Consejo Superior Universitario (CSU), un Cuerpo Electoral Universitario y un Rector, y es el caso de ver que en la actual crisis que tiene postrada a la USAC como consecuencia del evidente fraude electoral en la elección de rector, ha sido precisamente el CSU el instrumento usado para tal fin. Las nefastas consecuencias de este hecho en la carrera de los estudiantes, las diversas actividades universitarias y la moral de esta Institución de Educación Superior son hondas y requerirán tiempo y dedicación para ser superadas.

El Consejo Superior está formado por el rector, que lo preside, y cuatro representantes de cada una de las diez facultades de la universidad que son elegidos por su respectivo sector (su decano y representantes estudiantiles, docentes y del respectivo colegio profesional). El rector es electo en un enredado proceso indirecto exclusivamente por los miembros de las facultades y de sus colegios. Las Escuelas que no son parte de dichas facultades y los Centros universitarios regionales no están representados en dicho órgano, con la consiguiente pérdida de legitimidad de aquel, ni pueden participar en las elecciones de rector.

Pues bien, el CSU, máximo órgano de gobierno de la Universidad, es quien debe rendir cuentas como responsable del fraude y del consiguiente menoscabo de la autonomía universitaria. Esto ha sido evidente por múltiples hechos conocidos públicamente desde el momento en que, tras la captura del entonces rector Murphy Paiz en febrero de 2021 y ante su ausencia definitiva del cargo, transgredió la Ley Orgánica (Artículo 28) al no convocar elecciones de rector en un plazo de treinta días. Luego vino una serie de graves anomalías que incluyen la exclusión de legítimos cuerpos electorales que dio lugar a que sólo 135 del total de 170 electores fueran convocados, y de los cuales solamente a 71 se les permitió votar en la viciada elección de rector en mayo del año pasado que dio pie a la digna resistencia estudiantil que, con el apoyo de profesores y trabajadores, tomó importantes instalaciones de la USAC. Diversos artículos periodísticos dan cuenta de esta trama, tal como el bien informado reportaje “La red que permitió el fraude en la USAC y protegió a Mazariegos” de Paolina Albani, publicado en Prensa Comunitaria[i] en julio recién pasado. [El CSU sumó otra seria arbitrariedad este viernes 27 de enero al defenestrar a uno de sus propios miembros que hacen oposición: expulsó de la universidad a Camilo García, representante de los estudiantes de la Facultad de Farmacia.]

Entonces, uno puede preguntarse ¿cómo pudo suceder esto en una universidad que se precie de serlo, en nuestra Universidad de San Carlos que, además, debería tener muy presente su función social?, ¿cómo y por qué sus directivos y autoridades pudieron permitirlo y han sido reacios al diálogo con los estudiantes? Después de todo, los miembros del CSU han sido elegidos por profesores y alumnos de las facultades y por los profesionales colegiados para que los representen en dicho órgano que dirige y administra la universidad y, de acuerdo con la Ley Orgánica (Título IV, inciso k), deben velar por la observancia de la Ley y de los Estatutos universitarios. Mi experiencia como profesor y como exmiembro del Consejo Superior Universitario me permite ofrecer algunas observaciones al respecto con el objetivo de que puedan ser de alguna utilidad en las discusiones de posibles cambios sustanciales que podrían generarse a raíz de la presente crisis. Se trata, por supuesto, de una visión panorámica de la problemática cuyos distintos elementos pueden ser ulteriormente considerados con mayor detenimiento.

El Consejo Superior Universitario se ha separado de las bases universitarias:

Desde hace lustros, los miembros del Consejo, en la práctica y en general, dejaron de representar a los estudiantes, profesores y profesionales colegiados. No existe comunicación entre el común de los universitarios y quienes se supone son sus representantes en la dirección de la universidad. Esto se nota desde el momento en que se realizan las elecciones para designar a los que ocuparán estos cargos: los candidatos raras veces surgen del sentir y de las aspiraciones estudiantiles o de los claustros y, todo lo contrario, han sido vistos o seleccionados previamente por las redes políticas y pseudoacadémicas que han detentado el control de la San Carlos para mantener y fortalecer el estado de cosas. Poco puede esperarse, entonces, de su capacidad y de su actuación, especialmente en un medio donde el intercambio de favores y el clientelismo se perciben en el ambiente.

En esta desconexión y desinterés también tiene responsabilidad la población universitaria que, adoptando una actitud indiferente o conformista, no busca comunicarse con los que ha elegido para llevar su voz al Consejo. Sin embargo, la mayor falta claramente recae en los representantes que no cumplen el deber de informar a sus bases, de estar en diálogo continuo con profesores y estudiantes para que sus necesidades académicas y sus planteamientos sean considerados, discutidos y tomados en cuenta en la conducción y en la actividad de su Casa de estudios. El colmo es el secretismo que se practica en el CSU quien se ha negado a que sus sesiones se hagan públicas o sean transmitidas en vivo, e incluso oculta los nombres de quienes apoyan y votan por mociones de cruciales asuntos universitarios. Al contrario de todo esto, la comunicación y la confianza deberían ser cultivadas como condición necesaria para dar lugar a la formación de una sana y pujante comunidad universitaria.

Es de notar, sin embargo, que en la presente crisis ha habido un significativo y meritorio grupo como de diez miembros que dentro del Consejo han argumentado y actuado para tratar de impedir la anómala designación de rector y propiciar el diálogo pero que no han informado a la población universitaria con las suficientes amplitud y difusión cuál es la postura de cada uno de ellos como representante de su respectivo sector ni lo que acontece en las sesiones en que se discuten graves asuntos que conciernen a toda la universidad. Nuevamente, es un caso del aislamiento de los representantes que terminan actuando a título personal en los grupos directivos.

Estas precarias condiciones, la influencia de espurios intereses de grupos de poder ajenos a la universidad y la conocida hostilidad del Estado han servido de caldo de cultivo al germen de la paulatina decadencia cultural, moral y política del órgano superior de gobierno de la Universidad de San Carlos, descomposición que se hizo patente al haber propiciado y permitido el flagrante fraude electoral en las elecciones de rector. Como puede verse por sus acciones, el Consejo Superior Universitario, finalmente, se hizo autosuficiente, se desligó de sus bases y de sus objetivos académicos, y devino en una especie de autarquía que actúa autoritariamente en contra de los fines y de la salud de su propia institución. Así, como es natural, el auténtico espíritu universitario casi desaparece y el camino de la recuperación se hace cuesta arriba aunque todavía quedan rescoldos de conciencia y dignidad.

Algunos pasos a la salida:

“No hay mal que dure cien años ni enfermo que lo aguante”… Finalmente, esta grave crisis de la universidad va a resolverse en un sentido o en otro y, llegado el momento, los universitarios lúcidos y conscientes tendrán que unir pensamiento y fuerzas para intentar cambios fundamentales que apunten a la recuperación de la esencia cultural, científica y popular de la Carolina.

La necesidad de una verdadera Reforma universitaria se hace sentir desde hace muchos años. Sin embargo, para que dicha reforma sea sustancial y eficaz, antes debe darse, como condición sine qua non, la reforma política y organizativa de la universidad que cambie sus órganos de gobierno y les dé una composición apropiada, modificando y adecuando su régimen electoral de modo que responda a la naturaleza universitaria[ii], y es aquí, precisamente, donde se hace patente que el cambio del Consejo Superior Universitario es urgente e impostergable.

Al tener en la mira estos objetivos, empero, debemos estar conscientes de que las circunstancias históricas del país nos imponen un marco formal que condiciona lo que es posible llevar a cabo. La Universidad de San Carlos de Guatemala es estatal y se rige por su Ley Orgánica (Decreto 325 del Congreso, 28 de enero de 1947), lo que la condiciona a la legalidad del Estado, aunque la Constitución la faculta para darse sus propios reglamentos. Como han señalado otros autores desde los años próximos a la década revolucionaria[iii] y, recientemente Virgilio Álvarez[iv], se necesita un nuevo pacto social, acaso una transformación del Estado, para emprender la revolución -que eso es una auténtica reforma- universitaria.

Aun teniendo presente lo anterior, pueden intentarse unos cuantos cambios cuantitativos -quizá algunos cualitativos también- en la estructura del gobierno de la USAC, cambios alcanzables que abran brecha hacia la consecución de otras transformaciones necesarias. Concretamente, el Consejo Superior Universitario debe ser replanteado y debe rehacerse para lo cual un ineludible y primer paso es la renovación, la sustitución de sus miembros actuales. Aunque esta tarea requiere formación, idoneidad, conocimiento de nuestra realidad y el concurso de muchos, podemos lanzar a la palestra algunas ideas considerando que el CSU debe adaptarse a las condiciones y necesidades actuales de la universidad.

  • Cambios en las funciones y estructura del Consejo:

En su quehacer y en sus sesiones, el CSU se encarga de una infinidad de temas que, en realidad, no le corresponden como máximo órgano de dirección de una universidad sino a otras dependencias subalternas o a las distintas unidades académicas. Dicho órgano debería ser académico y político -en el sentido sano del término- y encargarse de asuntos de la Filosofía y la Política universitarias y del rumbo general de la Institución de cara a la realidad nacional. A cambio de esto, en las sesiones campean la fuerza de la costumbre, el formalismo y la rigidez legalista y se tratan asuntos tan variopintos y particulares que van desde la lectura y aprobación de las actas, innumerables dictámenes y recursos legales, hasta autorizaciones de cuotas de programas académicos o de subsidios del IGSS solicitados por trabajadores individuales, reclamos de algún estudiante para que le permitan llevar un curso, etcétera.

Por lo anterior, podría considerarse modificar el gobierno de la universidad y establecer un Consejo Superior ágil, desembarazado de asuntos particulares o nimios, idóneo académicamente y representativo de la población universitaria que se encargara de los asuntos verdaderamente importantes, y otro órgano, dependiente del primero, que viera los asuntos de índole administrativa. No obstante, según lo que se dijo anteriormente, la necesidad hacer cambios en Ley Orgánica de la Universidad y en la Constitución de la República, así como la existencia de un Congreso Nacional poco confiable por su composición y su deterioro político son obstáculos formidables para el logro de estos cambios.

  • Cambios en la composición del CSU

Independientemente de lo dicho, la composición del Consejo Superior Universitario debe ser cambiada. Lo más evidente es la ausencia o la exclusión de los estudiantes y profesores de los Centros universitarios regionales y de las Escuelas que no son parte de las facultades actuales. Es indispensable incluirlos para que hagan oír su voz y contribuyan con sus anhelos y planteamientos en la conducción y gestión universitarias. Llama la atención, por ejemplo, que centros tan importantes como el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) o escuelas de las indispensables Ciencias Sociales estén ausentes del Consejo. Será cuestión de ver que la cantidad de miembros del Consejo no crezca tanto que se haga inmanejable, o de que simplemente se amplíe y se obtenga más de lo mismo que ya padecemos.

En este sentido, un punto crucial que debe abordarse es el excesivo e innecesario peso que ejercen los colegios de profesionales en el CSU y, en general, en los diversos órganos directivos de la universidad. La Ley Orgánica de la USAC se creó en 1947 cuando recién se salía de la dictadura ubiquista, y las condiciones históricas del momento pudieron justificar el requisito de incluir profesionales colegiados en el Consejo pero actualmente la situación social es completamente distinta.  En realidad, puede decirse que estos colegios de hecho, desde un principio han podido expresar su sentir en la USAC pues los profesores miembros de los diversos órganos directivos son también colegiados, por lo que no necesitan adicionales representantes formales. Mi propuesta es que en el Consejo Superior Universitario no haya, se prescinda de sus miembros designados por los colegios, de tal modo que las vacantes dejadas por ellos sean ocupadas por los Centros Universitarios y las Escuelas, lo cual adquiere más sentido si se observa que, por lo general, aquellos son profesionales ajenos a la vida universitaria con una visión gremial y particularista. Un ejemplo notorio de que esto es factible lo constituye la UNAM en cuyos Consejo Universitario y Junta de Gobierno no hay representantes de los colegios profesionales[v].

Finalmente, esta aguda crisis es una quizá irrepetible oportunidad para analizar nuestra situación y hacernos cargo de ella, reflexionar, intercambiar ideas, discutirlas y buscar ponernos de acuerdo en la Universidad que necesitamos y queremos. Es cuestión de aprovechar la ocasión y empezar a recorrer el arduo y sinuoso camino que nos conduzca a esa ansiada Casa de Estudios Superiores.

 

[i] https://prensacomunitaria.org/2022/07/la-red-que-permitio-el-fraude-en-la-usac-y-protegio-a-mazariegos/

[ii] Estrada M. César A., Los cambios previos de la Usac necesarios para la reforma universitaria

 Revista de Análisis de la Realidad Nacional, IPNUSAC, Año 6, Edición 123, agosto de 2017, p. 133-142.

[iii] Balcárcel O., José Luis, En torno a la dialéctica de la universidad (Noviembre de 1961) en Pensamiento universitario Enfoque crítico, Editorial Universitaria, Guatemala, 1977.

[iv] https://www.gazeta.gt/una-cloaca-llamada-csu/

[v] https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/organizacion

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Guatemala

GUATEMALA.- Los bloqueos a la igualdad: ¿emerge una nueva lógica en el discurso de las manifestaciones?

Detalles
Administrator
24 Septiembre 2021
Visitas: 1594

 

Por Felipe Girón

En las últimas protestas, movilizaciones y paros que hemos asistido a partir del 27J del 2021 y a lo largo de julio de este año en Guatemala, también hemos visto cómo las élites en el poder, civiles y gobernantes principalmente han desplegado su tradicional discurso alegando que las manifestaciones o “bloqueos”; son violatorias de derecho, principalmente civiles y privados. Esta no es una táctica nueva por parte de las élites para deslegitimar las protestas. Lo que es nuevo es que ha emergido una voz tratando de resignificar los “otros” bloqueos. Sí aquellos bloqueos que afectan en mayor grado al “bien común” y a un amplio conjunto de derechos que los “bloqueos” en la vía pública para la manifestación. ¿Es esto una crítica a la ideología dominante y sus dispositivos? ¿Es esto una contra argumentación y una disputa por los significados en el discurso?

En este texto ensayo una reflexión y una crítica en torno a las estructuras de significados y los dispositivos que las clases dominantes emplean para reducir los espacios de interpelación a la autoridad política. Primero haré un marco teórico de interpretación. Luego veremos las referencias discursivas del CACIF para luego ser contrastadas con algunas referencias de las manifestaciones. A partir de ello, se hará una reflexión para proponer puntos semánticos a ser desmontados del andamiaje ideológico que sustenta la dominación.

Parte I. Enfoque teórico

Marco de interpretación y análisis

La tesis de la ideología dominante (Abercrombie, Turner, y Hill 1987; Marx y Engels 1976), ha tenido derivaciones teóricas posteriores. Una de ellas, a criterio de este autor, es la elaborada por Gramsci en torno a la noción del bloque hegemónico. Otra es la desarrollada por Laclau (Laclau y Mouffe 1987) y las teorías del discurso a partir del estructuralismo lingüístico y otros estructuralismos como el social y cultural; y el llamado posestructuralismo, etiqueta poco útil algunas veces. 

Los trabajos de Marx y Engels no abordaron el lenguaje o los signos como tal, pero la perspectiva del materialismo histórico no niega la relevancia de estas dimensiones para comprender las dinámicas provocadas por el capitalismo. El fetichismo de la mercancía y la ideología de la clase dominante fueron uno de estos temas que plantean una dimensión comunicativa, semiótica, ideológica, discursiva y hasta cultural para comprender la dominación de las clases dominantes.

¿Cómo se relaciona la materialidad de las dinámicas del trabajo, producción de plusvalía y acumulación de capital con los lugares de enunciación de la clase dominante, las esferas de la vida cotidiana de los trabajadores y la ley, la justicia y el Estado de Derecho? El punto de relación que se quiere resaltar en este texto es los espacios de enunciación y los lugares o momentos de referencialidad.

Los espacios de enunciación son uno de los espacios vitales[1] donde se constituyen tanto saberes y epistemologías, como dimensiones del ser (ontologías), éticas y del sentir, afectividades. El acto comunicativo a través de lenguaje articulado o no articulado nos constituye y conforma como seres sociales y seres humanos. De tal manera que, los actos de habla son comunicativos, pero para su realización no solo se requiere de una sintaxis y una pragmática, sino también de una semántica; sino también de un andamiaje institucional y de una dimensión social e histórica.

Los lugares y momentos de referencialidad indican no solo objetos concretos, sino que también ideas muy abstractas, o ambas cosas. Para el caso del tipo de análisis del discurso político que se quiere hacer estoy pensando en el conjunto de ideas que la política conlleva como justicia e injusticia, bien y mal (común), Estado, democracia, y cualquier forma de gobierno que podamos plantear en un continuum va entre democracias y autoritarismos. Este continuum surge de la historia, de la experiencia histórica que constituye lo que es Guatemala en particular y Centroamérica en general. Es por esto por lo que, nos interrogamos: ¿a qué noción de justicia se refieren las élites cuando se pronuncian por las movilizaciones y protestas? ¿Será una noción compartida por el pueblo y las élites?

Los actos comunicativos se realizan en contexto en donde operan discursos y dispositivos. Los discursos operan sobre la base de saber y conocimientos compartidos (Foucault 1977). Este conocimiento y saber es adquirido a través de la experiencia, pero también es provisto por las instituciones grandes como el Estado y las instituciones sociales como la familia y el derecho, así como las instituciones políticas como los partidos políticos y el Organismo Judicial. Es un saber que está ahí pero no siempre es aprehendido por los ciudadanos y las personas (los sujetos). En este sentido, es un dispositivo que se hace presente en la realidad cotidiana cuando se ha referencia a él a través de un acto del habla. Está dispuesto a entrar en la carga de significado y sentido si se apela, pero si no se le menciona no acciona, sigue estando dispuesto. Por tanto, el dispositivo no es solo un campo semántico como alguna corriente lingüística lo entendió, es más que eso.

Foucault creo que fue acertado al plantear que los dispositivos son parte del andamiaje de las dinámicas del poder en cuanto a que dominan, vigilan y disciplinan (Foucault 1980; 1995). Pero se quedó corto en darnos una mirada sobre cómo se pueden desmontar esos dispositivos y cambiar los discursos que enmarcan significados y mentalidades, ideologías y saberes. Varios autores han dado algunas propuestas y aquí trato de seguir varias, entre las más destacadas están: análisis crítico del discurso (Wodak y Meyer 2003), la semiótica social (Verón y Lloveras 1996; Zecchetto 2003), los géneros discursivos y el dialogismo (Bakhtin y Bubnova 1982), la antropología y sociología política (Scott 1990; McAdam 1999), los modelos culturales y antropología cognitiva (Holland y Quinn 1989; Romney et al. 1996).

Las bases sociales de la dominación tienen una dimensión que es discursiva, en la que las configuraciones discursivas en torno a la ley, el Estado de Derecho y lo que es justo e injusto, nos constituyen y permiten la puesta en escena de discursos y enunciados por actores y sujetos específicos. Analizar la puesta en escena, performatividad, y comprender los significados y referencias que esos discursos conllevan, nos puede dar pistas sobre las formas en las que la ideología dominante ejerce su dominación. Buena parte de este ejercicio de poder no solo está en disfrazar el poder, sino también en establecer códigos y lógicas de pensamiento a través de un “orden en el discurso” por el cual el poder adquiere su disfraz.

Parte II. El problema

La semántica y pragmática de los bloqueos

“¡Basta Ya de bloqueos! Nuevamente y en absoluta impunidad, los guatemaltecos afrontan las consecuencias de los bloqueos ilegales que desde esta mañana se han ubicado en diferentes puntos del país”. [2]Así reza el encabezado de uno los comunicados emitidos por CACIF el 9 de agosto del 2021 en Twitter. Le sigue el párrafo siguiente:

“Estas acciones atentan, no solo contra los derechos fundamentales, sino también contra el proceso de reactivación económica tan necesario en el marco de la pandemia”.

Podemos decir por la fuente de donde se toman estas líneas, me refieren a un sujeto que enuncia y que se auto identifica como el CACIF, pero, en la palabra 11 del primer fragmento menciona a los “guatemaltecos”, acaso ¿puede el CACIF hablar por todos los guatemaltecos o por una fracción de ellos? ¿Se sienten los guatemaltecos representados en el CACIF? ¿Puede el CACIF hablar por los guatemaltecos?

Seguramente muchos guatemaltecos se sienten representados por el CACIF y el CACIF siente que representa a los “guatemaltecos”. Pero también es cierto que el CACIF no representa ni puede hablar por todos los guatemaltecos. En el enunciado arriba citado el CACIF se siente vulnerado en sus derechos pues sugiere que en “absoluta impunidad” los guatemaltecos afrontan las consecuencias de estos bloqueos. Pero a ver, pensemos las referencias que se hacen en este enunciado y pensemos a través de las preguntas siguientes: ¿el CACIF respeta la ley en todos los momentos de las actividades productivas? ¿Tributa lo que debe de tributar siempre? ¿Gestiona las licencias de sus actividades productivas respetando los derechos de todos los guatemaltecos? ¿participa en política respetando la ley? La riqueza que genera, ¿alcanza para todos los guatemaltecos? 

Como no podemos dar una respuesta contundente a estas preguntas con evidencia que respalde a cada una de las dimensiones por las que se interroga, proponemos una hipótesis para responder estas preguntas. La respuesta hipotética que ensayo en este texto es que el CACIF no piensa en todos los guatemaltecos cuando se pronuncia, por más “buenas” intenciones que tengan, pues se mueve en dos mundos y está atrapado en su propia ideología, heredera del “ethos finquero” (Tischler), esta fundamentada en valores que abogan por un libre mercado al que solo pueden acceder los que tienen privilegios. Hemos visto varias veces, cómo sujetos empresariales que buscan proponer caminos modernizantes y actuar por medio de otro ethos empresarial, son silenciados y disciplinados, como cuando proponen “democratizar la tierra”.[3]

La hegemonía de las élites civiles en Guatemala radica tanto en la posesión de activos económicos que le dan poder político, como su posición en redes globales de la economía mundial. Además, esto les permite incidir en la generación de mecanismos y dispositivos de poder que les da acceso a controlar poder político. Nunca hemos visto en la historia reciente, que los directivos del CACIF hagan una marchar para plantear sus demandas de manera pública. Ellos tienen otros medios para plantear sus demandas, como una llamada por teléfono a un gobernante, un comunicado o financiar campañas de aquellos candidatos que apoyen o no estorben su agenda. Entre las capacidades de poder político que pueden ejercer está la de controlar recursos, de distinto tipo, pero también el pensamiento de los “guatemaltecos” a través de dispositivos que atraviesan las instituciones polìticas, econòmicas y sociales.

La resignificación contrahegemónica del discurso hegemónico

El día antes del 27J circuló por algunos medios sociales el afiche que aparece más abajo. Por su composición, está dirigido al público que se queja e impugna los bloqueos y paros, entre ellos el CACIF. El afiche comienza haciendo una interrogante. “¿Está cansado por el paro nacional? ¿Está llorando por los bloqueos?” No sabemos a cuanta gente hizo reflexionar, pero es muy probable que sí hizo pensar a más de alguno. Luego señala 10 puntos sobre los que se podrían considerar bloqueos que tal vez no tienen orden específico, pero son 10 puntos que no hablan de poner más impuestos, o de reactivar la economía. Son 10 puntos que no deberían de ser extraordinarios porque cuesta que sucedan, sino que deberían de ser normales porque, todo lo contrario, casi nunca suceden. Pero lo normal es a muchos les cuesta acceder a un empleo digno, a educación de calidad y saludo preventiva y curativa en todo momento de la vida. Estos puntos se refieren a temas como el trabajo digno que nos disfrutados por las mayorías, estés o no estés calificado. Procesos largos para ser atendidos en el sistema de salud pública o en el sistema judicial. ¿Se imaginan a alguien del CACIF sin empleo o esperando meses para tener una cita como los pensionados del Estado?

Luego termina el volante diciendo que si no entendemos esta realidad es porque esa persona es la “bloqueada”. No es un mensaje al CACIF, es un mensaje al guatemalteco que no es del CACIF. A ese guatemalteco que cuanto suceden los bloqueos, piensa como si fuera del CACIF. Incluso quizás al final, la persona conceda algo de razón en cuanto a que esos son bloqueos, los referidos en la boleta que se presenta abajo, pero al final terminé desaprobando el bloqueo o el paro. Sea cual sea la conclusión a la que el o la receptora de este mensaje arribe, creo que el artefacto planteó la interrogante: ¿dónde está lo más importante en términos de “bloqueos” para todos las y los guatemaltecos?

Se comienza a disputar los marcos interpretativos y cognitivos que las enunciaciones del CACIF tienen en las audiencias y ciudadanías. Esto es lo interesante, la disputa por los significados de la realidad y las interpretaciones de los hechos y procesos sobre nuestra sociedad. El asunto es mantener la disputa a largo plazo y no solo por momentos de impulso o lucidez.

Volante socializado por distintos medios durante el paro del 27J.

 

 

A manera de conclusión

Los discursos de la ideología dominante son varios, aquí solo hemos tratado de problematizar uno de ellos, el de la justicia en el caso de los “bloqueos”. Si queremos vivir juntos (Touraine 1997) debemos de encontrar horizontes en donde podemos hablar, aunque quizás los subalternos no pueden hablar (Spivak y Morris 2010) pues no comparten horizontes ontológicos con las élites hegemónicas.

Una de las tareas que tenemos es disputar las bases ideológicas de la hegemonía, y parte de ello es a través de desmontar las retóricas y discursos de una manera que podamos quitar el disfraz que utiliza el poder para pasar desapercibido los controles que nos quiere poner.

Referencias

Abercrombie, Nicholas, Bryan S. Turner, y Stephen Hill. 1987. La tesis de la ideología dominante. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12955.

Bakhtin, M. M., y Tatiana Bubnova. 1982. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.

Foucault, Michel. 1977. La arqueologia del saber. 4a ed. México: Siglo XXI.

———. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Editado por Colin Gordon. First American Edition, Stained. Vintage.

———. 1995. Discipline and punish: the birth of the prison. 2nd Vintage Books ed. New York: Vintage Books.

Holland, Dorothy, y Naomi Quinn, eds. 1989. Cultural models in language and thought. Reprint. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press.

Laclau, Ernesto, y Chantal Mouffe. 1987. Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia. Sociología y política. Madrid: Siglo Veintiuno.

Marx, Karl, y Friederich Engels. 1976. Ideología alemana. 6 ed. Biblioteca Marx-Engels 4. México: Ediciones de Cultura Popular.

McAdam, Doug. 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Romney, A. Kimball, John P. Boyd, Carmella C. Moore, William H. Batchelder, y Timothy J. Brazill. 1996. “Culture as Shared Cognitive Representations”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 93 (10): 4699–4705.

Scott, James C. 1990. Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. New Haven, CT: Yale University Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty, y Rosalind C. Morris. 2010. Can the Subaltern Speak?: Reflections on the History of an Idea. New York: Columbia University Press.

Touraine, Alain. 1997. Podremos vivir juntos? iguales y diferentes. Sección de obras de sociología. México: Fondo de Cultura Económica.

Verón, Eliseo, y Emilio Lloveras. 1996. La semiosis social: fragmentos de una teoria de la discursividad. Coleccion el mamifero parlante. Barcelona: Gedisa.

Wodak, Ruth, y Michael Meyer. 2003. Métodos de análisis crítico del discurso. 1a ed. (Serie Cla-de-ma). Barcelona: Gedisa.

Zecchetto, Victorino. 2003. La danza de los signos: nociones de semiotica general. Inclusiones. Categorias. Buenos Aires: La Crujia.

[1] Utilizó la palabra vital en el sentido de vida, donde se expresa la vida.

[2] Obtenido de: https://twitter.com/CACIFGuatemala/status/1424841531001905157/photo/1 consultado el 11 de septiembre 2021.

[3] El Periódico, Guatemala, “Empresarios hablan de democratizar la tierra”, publicado 1/10/2016. https://elperiodico.com.gt/noticias/economia/2016/10/01/empresarios-hablan-de-democratizar-la-tierra/ consultado el 17 de agosto del 2021.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
1  of  4 Previous Next

Más Articulos

Guatemala
Detalles
24 Septiembre 2021

GUATEMALA.- Breve Reseña del Movimiento Estudiantil Universitario 2000 – 2010

Guatemala
Detalles
02 Febrero 2021

GUATEMALA.- Democracia, clases sociales y la política como medio para la libertad e igualdad social: algunas reflexiones para nuevas perspectivas. Parte II

Guatemala
Detalles
28 Enero 2021

GUATEMALA.- Proceso de Deterioro de los Acuerdos de Paz, Desgaste Institucional y Cierre de Espacios Democráticos

Guatemala
Detalles
10 Octubre 2020

GUATEMALA.- Tesis sobre la situación política de Guatemala

Guatemala
Detalles
19 Septiembre 2020

GUATEMALA.- Memoria y Archivos

Guatemala
Detalles
18 Septiembre 2020

GUATEMALA.- Préstamo del BCIE: endeudamiento, corrupción y abandono de centros regionales de la USAC

El Salvador

El Salvador

EL SALVADOR.- Paradigmas la caída de la burocracia y el restablecimiento de la democracia en ATRAMEC

Detalles
Administrator
02 Abril 2023
Visitas: 678


Por Eliecer Hernandez Jaime

INTRODUCCIÓN
Es para mí un inmenso agrado presentar este documento en el cual abordo el proceso de democratización ocurrido en el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), entre los años 2015 a 2021, de modo que se parte del cambio ocurrido en la junta directiva, acto que, como bien iré explicando fue más allá de lo formal; significó el inicio de un verdadero proceso de democratización interna donde se logra deponer a la burocracia sindical que durante más de treinta años estuvo controlando el destino de esta organización. Luego se exponen los desafíos a los que tuvo que enfrentarse la nueva dirección, aquí mucho tuvieron que ver las disputas internas por el control del sindicato, las tendencias políticas amenazando el proceso democrático, los ataques de la patronal y por ultimo incorporo algunas recomendaciones a seguir. Algunos parajes son acaso un repaso de las vivencias ocurridas en este periodo que no pueden dejarse de mencionar pues son legado de lucha y conquistas, sirvan de ejemplo pues, es me paree una lección no solo para la clase trabajadora del MINEDUCYT, sino para toda la clase trabajadora en general.   
Agradezco a la junta directiva del periodo 2020-2021 que me permitió   tener acceso de algunos de sus documentos para la realización de este ensayo.   
I. Breve reseña histórica y el vigente contexto jurídico-social entre ATRAMEC y MINEDUCYT.                     

El Ministerio de Educación de El Salvador, nace en junio de 1940 con la primera Reforma Educativa, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, con lo cual quedaron atrás los métodos de educación: Lancasteriano[1] y Elemental[2] que hasta entonces estaban vigente, el método lancasteriano sigue siendo utilizado se abre paso a , y se abrió paso a la modernización en lo que se refiere a la infraestructura educativa y a la institucionalidad respectiva que da como resultado un sistema educativo[3], acorde las transformaciones institucionales y económicas que emprendía el Estado en aquel entonces, era necesario ajustar el desarrollo económico con el desarrollo cultural, para permitir un óptimo desarrollo de fuerzas productivas, era necesario crear mano de obra calificada para ajustarla al desarrollo de la administración del Estado, la producción agrícola, y la creciente industria. Quiero aclarar que no debemos caer en la rechoncha falacia que a día de hoy se sigue diciendo acerca del desarrollo que logró el dictador Maximiliano Hernández Martínez, progreso y desarrollo son parte de la concepción burguesa que hace ver las estadísticas favorables de la fiscalización estatal y la eficiente productividad capitalistas como sinónimos de bienestar general, cuando nunca es así, en la época de Maximiliano Martínez hubo explotación, hambre, opresión y sangre.

Hasta el momento se han hecho tres reformas educativas, además de 1940 se hizo otra en 1968 y la última en 1995, no obstante, subsisten a día de hoy los niveles de enseñanza creados con el nacimiento de la Universidad de El Salvador, UES: educación primaria, media y superior[4], más la educación parvularia no contemplada formalmente al inicio.

ATRAMEC fue creado en 1979, pero fue hasta noviembre de 2009[5] cuando logra obtener la personalidad jurídica como sindicato de empleados públicos.

Es importante saber que el ATRAMEC, contemporáneo tuvo un cambio sustancial a partir del 2015, con el cambio de Junta Directiva Nacional, después de un periodo de tiempo de más de tres décadas en manos de una burocracia sindical[6]. También es bueno traer a colación que para ese momento el Gobierno, que estaba bajo la administración Cerén-FMLN, con quién en ese mismo año se estableció la negociación de un aumento del 20 % que debía darse de la siguiente manera: 5 % en 2015, 8% en 2016 y finalmente 7% en 2017. Sucede que cuando se obtuvo esté acuerdo, la negociación fue ejecutada por el ex secretario general Carlos Henríquez, seudosindicalista pro partido gobernante, en el año 2016 el Gobierno se echó para atrás y no dio muestras de cumplir lo negociado, el aumento no fue reflejado en el presupuesto de Educación y la mesa negociadora de las autoridades con representantes sindicales se había transformado en una instancia de dilatación, por lo que fue necesario recurrir a la lucha, una semana de cierre en Plan Maestro dio como triunfo un aumento al salario base de $60 dólares, pese a que una semana antes la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó al Gobierno ponerle frenos a los escalafones de Educación y en Salud donde los y las trabajadores no corrieron con la misma suerte.

ATRAMEC junto a las demás organizaciones pertenecientes a la Íntergremial[7] de Educación en el 2016, sufrieron la agresión de un grupo de choque afín al partido gobernante de ese entonces, La intergremial de Educación, entonces compuesta por ATRAMEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales, inició protestas el día lunes 30 de enero a raíz de flagrantes violaciones a la libertad sindical por la entonces directora de la Departamental de Educación en La Paz, culminando el día 4 de febrero con el desalojo violento perpetrado por una turba de activistas del partido gobernante, apoyados por la PNC y PDDHH.

Estos son algunos de los episodios más destacados en este periodo de consolidación del proceso democrático, reforzado por episodios de la lucha y defensa de la principal organización sindical de empleados administrativos de la cartera de Educación.

Con el cambio de administración, se quedaron por costumbre aquellas negociaciones colectivas favorables al sindicato, uno de ellos es los permisos del 60% del tiempo para miembros de Junta Directiva Nacional con el propósito que puedan dedicarlo a actividades sindicales y un 40% para miembros dirigentes seccionales. Este es un derecho consuetudinario conquistado durante la gestión presidencial anterior y como tal ha tenido que negociarse con la administración Bukele-NI-GANA, tanto en Plan Maestro como en todos los departamentos por cada seccional.


Es primordial que se conserve de cara al futuro la tradición de la acción de vigilancia realizada durante estos años, ya que no se deben admitir la reducción de las prestaciones, ni creer en las invocaciones presupuestarias de las autoridades a través de políticas austeras en menoscabo de los empleados públicos de Educación. La Cartera de Educación debe tener un presupuesto de cara al progreso educativo del país, lo cual implica enfoques para el personal, así como en infraestructuras, es necesario oponerse siempre a todas aquellas destinaciones que lleven a engordar la burocracia con sobresueldos y prevendas. Observemos que el presupuesto presentó crecimientos graduales en los años 2018, 2019 y 2020, parte del presupuesto 2021 reflejó las prestaciones salariales conquistadas por el gremio de docentes y sector administrativo, defender dichas conquistas es también defender una función social del Estado[8]. Del presupuesto 2021 se destinaron recursos para cubrir el 100% del escalafón Docente y Administrativo; contratación de 80 docentes de los Centros de Desarrollo Infantil del ISNA; fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia; Programa de Inversión para la reducción de brecha digital en Centros Escolares, que comprende la dotación de computadoras a alumnos de todo el sistema educativo, y mejoramiento de escuelas en todo el territorio nacional, esto no debe apreciarse como una regalía por parte del Ejecutivo, sino como frutos de los arduos trabajos organizativos unitarios llevados a cabo por la Intergremial de Educación en todo este tiempo. Es una tarea sindical el estar año con año vigilante de las propuestas presupuestarias y de participar en su discusión dentro de las esferas públicas.

Presupuestos en los últimos tres años para el MINEDUCYT:

2019 $ 997. 16 millones (3.71 % PIB)

2020 $ 1,039. 74 millones (3.75 % PIB)

2021 $1,320.4 millones (5 % PIB)

II. El cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales en el MINEDUCYT

Para entender cuál debe ser el cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales dentro del MINEDUCYT, debe individualizarse el caso concreto, ya sea cuando se trate de un Empleado que ocupe una plaza administrativa-tecnica, servicios profesionales o docentes. En el primer caso como a todas las plazas sujetas a Ley de Salarios es la Ley del Servicio Civil, la que regula las relaciones laborales, en el caso de los docentes les es aplicable una normativa especial como lo es la Ley de la Carrera Docente, pero además existen otras que en materia laboral pueden ser aplicadas. Siguiendo la jerarquía normativa[9] aplicable de manera genérica, podemos basarnos según el siguiente orden no taxativo.

o        Constitución de la República.

o        Convenios 87, 135, 151.

o        Ley de Servicio Civil.

o        Ley de Salarios.

o        Reglamento del Escalafón.

o        Código de Trabajo (por contrato individual de trabajo).

o        Disposiciones Generales del Presupuesto.

o        Ley General de Educación.      

Como ya se dijo anteriormente, dentro de Educación, es el Escalafón Administrativo, quien desarrolla la carrera administrativa conteniendo además la estructura salarial acorde a los niveles, grados y segmentos; y estructurados según niveles de clasificación.

II.I Caracterización contractual.

A día de hoy la Educación en El Salvador, sigue siendo una cobertura social del Estado, quien para poder llevarlo a cabo, requiere de la contratación de personas naturales a través de la Administración Pública, dando como resultado el florecimiento de relaciones laborales entre el MINEDUCYT y el personal contratado en Educación. Para tales fines se han creado regímenes de contratación previamente determinados por Ley de Salarios y por el Reglamento del Escalafón, este último establece la Carrera Administrativa dentro de la rama de Educación.

Al acaecer los elementos de la relación laboral: subordinación, remuneración y prestación de servicios, surgen derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos: MINEDUCYT y las personas naturales contratadas o vinculadas por diferentes regímenes de contratación que, son de cinco tipos en los cuales valga la redundancia no todos parten de un nombramiento establecido por Ley de Salarios.

Las formas de contratación deben hacerse según lo establece el art.25 del Reglamento de NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), de este modo se contrata a través del Fondo General de la Nación, posteriormente se basará por la nómina de contratos del Sistema de Ley de Salarios y Contratos, administrados por la Dirección encargada de la administración del recurso humano, para el ingreso a la carrera administrativa es obligación que la nómina haya sido presentada después de prueba de idoneidad efectuada por la Comisión de Servicio Civil según lo exige el art. 12 literal d y art. 20 Ley de Servicio Civil. Finalmente deberá convenirse según los regímenes contractuales establecidos de manera específica por el art. 31 del Reglamento del Escalafón. Es preciso advertir que el listado de la remuneración mensual según la categoría salarial debe ser de conocimiento público de conformidad al art. 10 número 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los regímenes contractuales en el MINEDUCYT son los siguientes:

  • Plazas de trabajo establecidas por Ley de Salarios.

Aunque si bien, todos los pertenecientes a estos regímenes forman parte del Escalafón administrativo, solo quienes pertenecen a este gozan de estabilidad laboral para formar parte de la Carrera Administrativa establecida en el art. 219 CN y cuyas relaciones de trabajo las regula por excelencia la Ley de Servicio Civil.

  • Contratos personales permanentes.

Para el caso de los contratos personales, son quienes son contratados mediante un contrato individual de trabajo conforme al art. 2 CT y por ende las relacione laborales deben de regularse conforme a las disposiciones del Código de Trabajo el cual regula las relaciones laborales del sector privado.

  • Servicios profesionales.

De conformidad al art. 83 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el MINEDUCYT está facultado para realizar contratos administrativos por servicios profesionales o técnicos, para determinado proyecto o actividad administrativa o educativa. Siempre y cuando el tipo de función no sea de carácter permanente o que sea similar a una determinada por Ley de Salarios.

  • Planilla de jornal.

Es necesario saber que la doctrina laboral existen principalmente tres tipos de contrato individual de trabajo: indefinido, fijo y obra o labor. Posteriormente vienen los regímenes salariales donde aparecen aquellos por destajo o también llamados jornales, Dicho lo anterior, cuando nos refiramos a Planilla de Jornal debemos deducir que ineludiblemente existe un contrato a plazo de acuerdo al art. 26 CT donde la forma de pago pactadas es según el art. 126 literal e, puesto que existe un proyecto u obra determinada.

  • Contracción por CDE.

Para efectos de contratación, los Consejos Directivos Escolares, deben entenderse como patronato, como tales son definidos en el art. 67 de la Ley General de Educación como un ente colegiado, gestor y administrador de los servicios educativos. Los CDE son integrados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: El director de la escuela (Presidente y representante legal), tres padres de familia (uno es el tesorero), dos maestros (uno es el secretario) y dos alumnos. Los miembros son elegidos, por votación secreta, en asambleas generales de padres de familia, maestros y alumnos respectivamente para un periodo de dos años, excepto el director a quien la Ley de la Carrera Docente le otorga el cargo de presidente y permanece en el mismo mientras dure su encargo. Es necesario saber que la vía de contratación es mediante CDE pero el tipo de contrato es diversificado y con anomalías contractuales. El gremio de trabajadores CDE en 2016 inició la reivindicación para que este sector pase a Ley de Salarios. Muchos afiliados de ATRAMEC están vinculados laboralmente mediante este tipo de contratación.

Habiendo visto los regímenes contractuales antes desarrollados, es importante observar los contratos través de los CDE pues allí se generan anomalías contractuales, al estar fuera de la carrera administrativa el vínculo de relaciones laborales, el contrato individual de trabajo ha de ser regulado por el CT, justo es aquí cuando pueda darse una violación laboral en contra de la persona trabajadora, al haber sido negado al derecho de permanencia en el cargo, aun cuando la naturaleza del trabajo es de carácter permanente no obstante le es impuesto plazo, por si fuera poco se reportan casos donde se desnaturaliza el vínculo laboral mediante un Contrato Civil como Servicios Profesionales, cuando en realidad en dicho contrato tienen que ser aplicables las disposiciones contenidas por el CT y otras leyes de la legislación laboral vigente. Situación que probablemente puede presentarse en otros regímenes contractuales por lo que se recomienda que se organice, proyecte y gestione desde ATRAMEC un Procedimiento de Supervisión de Contratos. Además que, muchas de las disyuntivas colectivas ya mencionadas o por mencionar podrían solucionarse mediante la constitución de un Convenio Colectivo de Trabajo, aunque ahora parezca romántico, la lucha unitaria puede hacerlo posible si se proyecta.

III. - Instrumentos auxiliares del sindicato

El Derecho a la libertad de asociación sindical y profesional, es un derecho colectivo de trabajo que faculta la constitución de organizaciones sindicales, para de empleados públicos en el MINEDUCYT, sean docentes o administrativos gozan de los mismos derechos colectivos.

La negociación colectiva es una de las extensiones del ejercicio de la Libertad Sindical, como tal goza de reconocimiento constitucional (art. 47 CN), además existen convecciones y legislación secundaria que faculta a las organizaciones sindicales a tener autonomía y legitimidad para negociar con la patronal, en todos aquellos asuntos intrínsecos de las relaciones laborales.

ATRAMEC aguerrió y resistió con heroísmo los embates patronalistas y políticas neoliberales de la Gestión Cerén-FMLN, aunque sufrió sin embargo eso le proveyó cuadros gremialistas formados al calor de la acción colectiva del sindicato, pero lastimosamente no tuvieron la habilidad de continuar bajo la misma consonancia organizacional, para el periodo 2020-2021 quedaban solamente dos cuadros sobrevivientes de aquel heroico grupo que derrocó a la burocracia sindical, al respecto existen dos aspectos a considerar, uno favorable y otro adverso, pues mientras que por un lado se refrescó democráticamente la dirección, no obstante se carece de proyección clara que permita la estabilidad de cuadros sindicalistas, perdiendo con ello consistencia en la dinámica de negociación colectiva que es de carácter permanente.    

III.I los medios de comunicación como herramientas de formación.

Los errores del pasado deben ser la oportunidad de sanear debilidades inmediatas para garantizar un mejor futuro, por ello para enrumbar aspectos meramente de estructura organizacional, es necesario establecer procesos formativos de cara a tecnificar tanto al dirigente como al sindicato mismo, para ello asegurar que la Escuela Sindical responda a los fines estrictamente gremialistas, esto no debe verse como virada a la mezquindad y/o aislamiento sectario, sino como parte de las tácticas que amorticen una función primordial como lo es la capacitación y formación de cuadros en aquellos temas de interés general y específico, pues una escuela sindical no debe ir en contrasentido a las necesidades de la organización. La escuela debe circunscribirse como la entidad somática que auxilie a las secretarias de Comunicaciones y; Educación y Cultura, de manera que robustezca las intervenciones necesarias dentro de la coyuntura o situación programática. Las temáticas a tratar deben ser heterogéneas y multidisciplinarias siempre y cuando resulten útiles y pertinentes a los propósitos de la organización sindical y de la cartera de Educación.

También es recomendable dadas las situaciones sanitarias que nos ha dejado la pandemia causada por el COVID-19, que escapa a nuestra voluntad, y aprovechando la factibilidad de medios electrónicos y redes sociales, desde la Escuela sindical debe arrogarse la creación de un Canal en YOUTUBE, FAN PAGE o PODCAST donde se logren publicar pródigamente capsulas, entrevistas, ponencias, etc, de manera que la no presencia física no impida el cuidado de formación y educación del afiliado y dirigente.

Además de la Escuela Sindical, es necesario la creación y ejecución de un proyecto de socorro jurídico, para lo cual el punto de partida puede ser mediante el servicio de Horas Sociales de estudiantes de la Carrea de Ciencias Jurídicas sin importar la universidad de proveniencia, pues debe haber apertura para estudiantes interesados en apoyar y formarse en el campo practico del Derechos Laboral.

IV.- Propuesta de plataforma reivindicativa.

Para efectos de orden a continuación se presenta la diferenciación de aquellas reivindicaciones o defensas gremialistas de aquellas en donde se involucra toda la clase trabajadora salvadoreña, para lo cual se dividirá en Problemáticas generales y Problemáticas Especificas, sobre esto último es de entender que en muchos aspectos puede ser amplio sin embargo limitado al gremio de Educación. Sin lugar a dudas surjan más, pero aquí enumeramos las que son contemporáneamente más prominentes.

IV.I Problemáticas generales.

Para poner el tema económico sobre la mesa es necesario extraer algunos sucesos que anteceden.
Las gestiones del FMLN arrancaron en plena cris capitalista mundial, durante sus diez añosde Gobierno, no pudieron elevar el crecimiento económico significativamente arriba del 2% anual, lo que le fue objeto de críticas de parte de su principal oposición parlamentaria de ese entonces, Bukele al asumir su mandato, además del bajo crecimiento económico y crisis fiscal se encontró con la Pandemia del sarscov-2, en su gestión pese a insistir discursivamente de manera positiva sobre la economía país, lo cierto es que de acuerdo a El Banco Central de Reserva (BCR), confirmó que El Salvador cayó en recesión económica al sufrir una contracción de -10.2 % en el tercer trimestre del 2020 debido a la pandemia del covid-19. El BCR confirmó que El Salvador cayó un -10.2 % en el tercer trimestre por causas del covid-19. Mientras que para 2021 se esperaba que el país tenga un incremento, pasando del -8,9% al 4.50%, según datos proporcionados por el FMI.

Según publicó la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), mdel Ministerio de Economía, la Canasta Básica Alimentaria superó en 2020 el costo más elevado de los últimos 19 años. El estancamiento económico nutre el endeudamiento del Estado por un lado y carga de la crisis sobre la clase trabajadora por otro. El actual Gobierno, pese a haber sostenido un discurso radicalmente volcado contra el FMLN y ARENA, es continuador de los seis Gobiernos neoliberales de la posguerra, pues no pretende incrementar los impuestos a los capitalistas (salvo aquellos que representen su oposición política), sino reducir los beneficios y conquistas sociales que los trabajadores han logrado tras años de lucha. Una de estas conquistas es el Escalafón, que se aplica a los trabajadores públicos, especialmente en salud y educación.

IV.II Otros indicadores.

Desempleo: cada año se necesitan al menos 55,000 puestos de trabajo formal, pero este año se necesita generar 39,000 más, debido a todos los empleos perdidos tras el cierre de más de 3,500 empresas.

“Esto significó que la masa total de salarios de los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se contrajo en $205 millones acumulado a octubre, comparado con el año anterior. En el sector privado se perdieron $305’’, de acuerdo a Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en el informe de coyuntura económica del último trimestre de 2020.

Según dicho informe, la mayor pérdida de empleos fue en “comercio, restaurantes y hoteles” con 16,382 plazas menos, seguido de la industria (-9,964), profesionales y técnicos (-7,095), servicios (-6,367), y construcción (-3,962)

Inversión Extranjera Directa (IED): al tercer trimestre de 2020 fue $232.6 millones, disminuyendo -38.5% comparado con 2019; lo que ubica a El Salvador en el cuarto lugar en Centroamérica, superando únicamente a Nicaragua ($155.9 millones).

IV.III Pensiones.

La lucha por las pensiones es una lucha dirigida contra el empresariado lucrado con la administración de las cotizaciones de trabajadores tanto del sector público como privado, y expuesto a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, la presión hacia los diputados requiere de movilización ineludiblemente. Esta es una reivindicación general que requiere necesariamente coordinación con todas las organizaciones sindicales del país, al respecto es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Primero se debe fijar con claridad qué tipo de reforma necesitamos, al respecto es pertinente saberla recomendación es que debe derogarse el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), pues es un sistema acorde al modelo neoliberal el cual da vida a las aseguradoras de pensiones y que es necesario derogar mediante la vuelta a un clásico sistema de reparto basado en la solidaridad, cualquier reforma que maquilla al SAP es por sí misma un parche al enorme problema. La lucha tiene que girar en torno al fortalecimiento del INPEP, ISSS, y otros institutos previsionales especiales. Pues la previsión y seguridad social es tema de interés general, para eso se tienen que establecer puntos de acuerdos en torno a actividades y pretensiones claras, pues nada debe quedarse dentro de las argollas dirigentes, cualquier propuesta tiene que ser planteada, discutida y aprobada por las partes integrantes de la unidad programática.

IV.IV Empleos y salarios dignos

El 12 de marzo de 2007 una sentencia de la CSJ reconoció al Salario Mínimo como un derecho humano. La clase trabajadora salvadoreña tiene el segundo salario mínimo más bajo de América central, solo superado por Nicaragua, sobre todo muy por debajo de Costa Rica quien tiene el mejor salario mínimo de C.A donde el salario es un poco menos desalmado: US $ 500.

Volviendo a El Salvador el último donde aumento se realizó en 2016 entrando en vigor el 1 de enero de 2017. Desde entonces, el salario mínimo para comercio y servicios es de $300 al mes, $295 para maquila y textil y $249 para el sector agrícola. Las tarifas del salario mínimo son fijadas por el Consejo Nacional del Salario Mínimo y como tal está facultado a evaluar un posible aumento el cual puede ser revisado cada tres años de conformidad a los art. 155 y 159 CT, como vemos, estamos ante el tiempo apropiado para una revisión pero como obstáculo tenemos un ambiente marcado por la pandemia, no obstante previo a la excusas del empresariado no se debe dejar de tomar en cuenta que el incremento actualmente no se apega al costo de vida.

Como ya dijimos la decisión de aumento recae en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien siempre toma en consideración aspectos económicos que correspondan fundamentalmente al interés del Capital. Si bien la canasta alimenticia en El Salvador es la más baja del ITSMO con US$199.73 al mes para una familia de cuatro miembros, sin embargo no debe dejarse de observar que en 2014 era de US$192.58 al mes, evidentemente hay un gradual crecimiento que aunque es moderado no deja de ser cada año un incremento al fin, que ronda los US$7.15.

A la reapertura económica pos cuarentenas en El Salvador le sobrevinieron aspectos negativos para la clase trabajadora, como lo son: suspensiones contractuales, pérdidas de empleos, etc, que vinieron a sofocar aún más las paupérrimas condiciones de empleo que proporciona la empresa privada, quien desde hace un tiempo viene configurando ipso facto modelos nocivos en cuanto a las condiciones contractuales, como lo son la Flexibilidad Laboral y la Tercerización del empleo, las organizaciones sindicales que intervienen en las relaciones donde existe un contrato individual de trabajo tienen una deuda histórica y muchos tareas por cumplir afín de erradicar tales maniobras capitalistas. La mayor dinámica en la economía local no está pujada por los sectores primarios y secundarios sino por el terciario donde según la OIT los Servicios Generales representan el 60% del mercado laboral, este viraje paradigmático dio como consecuencia que las contrataciones de manera consuetuda se efectúen por empresas que contratan por vía OUTSOURSING. Lo cual significa EL detrimento de empleos dignos, carece la estabilidad laboral y priman condiciones de empleos muy malas donde existen posibilidades de sindicalización. A ello es necesario proponer una Ley que regule erradique la tercerización y flexibilidad y regule adecuadamente las subcontrataciones.

IV.V Ley de la función pública o reformas a Ley de servicio civil.

Una medida neoliberal que logró ser detenida de la gestión anterior fue la Ley de la Función Pública, cuyo contenido violentaba amplios derechos laborales, que dejaba en derogación tácita a la Ley de Servicio Civil. Pero el peligro sigue estando latente.

El ultimo anteproyecto de ley inicialmente inquiere el establecimiento de las bases para la carrea administrativa, el inconveniente no es esto, sino en cómo lo pretende hacer, sobresale la exigencia de la calidad del talento humano de quien labore para el Estado, he aquí un punto de controversia y es que la misma exige un nivel de educación técnica y profesional, lo desfavorable es que no se plantea la apertura de mecanismos para los empleados que no lo son se puedan formar, lo cual hace temer que se den despidos por ese motivo.

Aparte de  esto, ajusta la regulación para obligar a que las contrataciones de personal en las instituciones públicas se basen en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente, siguiendo lo que la misma ley expone, y el tamiz para llevarlo a cabo son dos instituciones de Derecho Público: el Tribunal de Servicio Público y las Unidades de Administración del Talento Humano. Al primero le compete ser la autoridad para dirimir conflictos laborales entre otros, y el segundo la contratación y promoción de personal.

En el anteproyecto no aparece nuevamente las garantías que permitan la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables en el Tribunal, y más aun reafirma que los tres poderes del estado nombraran a los integrantes de dicho Tribunal, cuando deberían ser los empleados públicos quienes nombrar y elegir directamente a sus representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes,  no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los  intereses de los trabajadores.

Solo de esta manera se podrá hacer posible la independencia de clase  de los sindicatos respecto a los gobiernos y de las injerencias política partidarias de la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de Ley de la Función Pública no contempla la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran laborando temporalmente. Por el contrario establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral. En su lugar los sindicatos en resistencia a la ley deben continuar oponiéndole la propuesta de una reforma a la Ley del Servicio Civil vigente desde 1960, la cual quedaría en derogación tacita al aprobarse y promulgarse la Ley de Servicio Público.

IV.V.I Características de una reforma neoliberal

Bukele y los seis Gobiernos neoliberales que le anteceden tienen en común el apegarse fielmente a las agendas de remoción del Estado en armonía al modelo Neoliberal. Toda reforma neoliberal tiene la peculiaridad que,  hace primar el predominio de lo privado  sobre lo público, en esta medida hace posible la reducción del aparato  estatal ósea de la administración pública,  así como, el  desarrollo de una política de privatizaciones de la empresa pública, lo que readecua las proyecciones de desarrollo centralizado, direccionándose en la Administración Pública, en sus estructuras, funciones, procesos y recursos, y fijando objetivos de racionalidad, productividad y eficiencia pero a coste del sacrificio de los empleados públicos quienes echan andar toda la actividad del Estado.

Esta propuesta presentada con diferentes nombres conserva en todas sin embargo las características inherentes de toda reforma neoliberal dentro de la administración pública, al inyectar los valores empresariales: competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Para ello se usan programas y acciones parte de un proceso permanente de planificación administrativa, como por ejemplo lo fue el Plan de Desarrollo Económico y Social durante la gestión anterior. Esto lleva a la reducción del aparato estatal bajo el supuesto que se logrará mayor  eficiencia, el Estado vive bajo el influjo político contante de hacer menguar su lado social, sin tocar no obstante el monopolio de la amenaza y violencia, así se impone el mercado donde principian los intereses de clase. La apología del eficientísimo y la introducción en el servicio público de los criterios y prácticas empresariales, personifican las partes integrantes que implican racionalizar al máximo los recursos humanos y económicos del aparato estatal. Por tal razón no puede dejarse de menoscabar que la defensa de derechos y de las instituciones públicas encierra necesariamente el planteamiento de proponer reformas alternas al neoliberalismo.

La Propuesta de ley en mención desde el inicio ha sido vociferada por sus propulsores, mediante la elucidación que los servidores públicos en la actualidad son están contaminados de ineficiencias, son poco profesionales e incapaces, por lo que la  esta reforma envuelve la readecuación de las relaciones laborales en  el ámbito público, obstruyendo la contratación permanente de nuevos servidores públicos bajo  el régimen de la carrera administrativa, debido a que por encima de todo permitirá una reducción gradual del aparato  estatal para reducir gastos, en este caso es importante destacar  que los espacios dejados  por  los trabajadores indebidamente cesados han de alguna manera ser substituidos por otros, aquí es donde preocupa que los nuevos contratados estén fuera de Carrera Administrativa, ya que si para tal fin se crean asocios públicos privados facultados de forma hábil para contratar ello daría como resultado la flexibilización y tercerización de ciertas funciones; permitiendo que sea posible un modelo mixto de contratación.

De esta manera,  se vislumbra en la Clasificación de Servidores Públicos (art.12), el Personal Temporal , con un contrato seis meses y con una sola prorroga más de contrato,  pierde su propia  condición  de trabajador, pues,  esta clasificación hace del contrato temporal algo de naturaleza civil y  no laboral,  por  tanto, no  tiene reconocido un derecho que como trabajadores deben tener como lo es la estabilidad laboral. Los sindicatos opuestos a la reforma han propuesto que en lugar de la aprobación de esta ley, se reforme la Ley del Servicio Civil, sin embargo a dia de hoy no existe una coordinación unificada, donde se discuta ampliamente este tema y tenga una propuesta común hecha por las organizaciones aglutinadas en ella; toda ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores  públicos debe pasar por la aprobación de los mismos, por lo cual el actual  anteproyecto de Ley de Servidores públicos debe ser  sometido a votación de  los trabajadores públicos. Esta propuesta de Ley ha perdido fuerza durante la actual gestión pero no debe dejarse de fiar en este mutismo.

IV.VI Problemáticas específicas.

Los asuntos intrínsecos del sindicato no precisamente significan marchar separadamente de la unidad sindical con la que se esté relacionado y mucho menos con la organizaciones con quienes se tiene vínculos por la intergremial de Educación, aunque existen aspectos específicos no obstante impere es importante contar con las muestras d solidaridad y acompañamiento de organizaciones cercanas.

IV.VII Reforma de estatutos.

Sí revisamos los ESTATUTOS y los retratamos con la realidad, tropezaremos con lo descontextualizadas que están las secretarías, se nos presenta la necesidad de dotarle al sindicato organismos que cumplan los objetivos y fines del mismo.

En esta línea de consideraciones se enlista como primera recomendación incorporar una atribución más para Junta Directiva, la cual consiste en: dar orientación al funcionamiento y contenido de todos los medios de difusión del sindicato, pues no puede operar la Secretaría de Prensa y Propaganda de manera separada de la dirección general, sino más bien debe extender en su campo de acción lo emanado desde la Dirección, a su vez debe elevar toda correspondencia intrínseca y extrínseca y no reservársela ni operar por su propia cuenta.

IV.VIII Reforma educativa

Es necesario enumerar los siguientes puntos en comuna seguir con las demás organizaciones que componen la intergremial de Educación, tomando en cuenta que en algunos casos la participación de ATRAMEC es únicamente de acompañamiento, pero sin dudas amplias reformas tendrán como consecuencias modificaciones a nivel contractual en favor general abarcando también al sector CDE.

La reforma inicia con una reforma a la Ley General de Educación en su art. () y () de la Ley de la Carrera Docente, para la modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en las normativas y estatutos que regulan la revisión del escalafón laboral. Ello arroja cambios impulsados en la estructura salarial del sector, al mismo tiempo que la incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los docentes. Las políticas curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación del desempeño docente, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en tanto redefinen y desconcentran la arena de negociación entre sindicatos, empleados administrativos, docentes y Estado. Los fundamentos curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación educativa, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarles como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar, por tanto es importante apoyar al magisterio nacional en la búsqueda de soluciones a la cultura neoliberal inserta en el sistema educativo, pues un docente enseñando también es un obrero trabajando.

IV.IX Reforma al escalafón

Los actos de corrupción corroen la gestión del gasto social del Presupuesto General de la Nación, situación que empeora cuando se desestima la capacidad de recaudación tributaria a la hora de aprobarlo, pues el déficit fiscal tiene incidencias en él, por lo que la asimetría Presupuesto General más la poca recaudación puede llevar a empeorar la crisis fiscal, pero los trabajadores no son los culpables de esta tales situaciones, la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo quien tiene que plantear políticas públicas de recaudación fiscal que no necesariamente favorezcan al empresariado local quien debe pagar impuestos conforme a sus ganancias, estas circunstancias empeoran cuando por un lado de manera concreta no existen políticas económicas de inversión, y hay poca transparencia en el manejo de fondos públicos que es una constante común del sistema. Por lo que jamás los empleados públicos deben aceptar recortes salariales ni escalafonarios. El actual Gobierno hereda la crisis fiscal dejada por sus antecesores, al afrontarla debemos exigirle que adopte medidas que protejan a los trabajadores públicos del creciente deterioro de los niveles de vida, sin importar el tinte del Gobierno de turno los sindicatos deben continuar luchando por la defensa de su escalafón y no permitir imposiciones inconsultas como lo realizado en la gestión Cerén-FMLN en Salud.

Toda reforma a plantearse debe ir en sentido progresivo, en cuanto al escalafón del MINEDUCYT, el Escalafón a doce años de su promulgación requiere ser revisado afín de modificar aquellos artículos que no concuerdan con la realidad, la primera reforma a plantear es en el art. 1 donde debe incorporarse a los CDE, al formar parte de la Ley de Salarios, también formarán parte automáticamente de la Cerrera Administrativa.

La forma que utiliza el MINEDUCYT para la valoración de los puestos de trabajo es la Valoración por Puntos, un método cuantitativo el cual se basa en características del puesto de trabajo que para estos casos son los factores, y la intensidad de ellos son llamados. Este método es el mejor evaluado por la OIT al considerarlo el mejor apropiado para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Los factores en el Reglamento son los determinados por el art. 13: La responsabilidad; La solución de Problemas, La competencia, el factor que no aparece determinado pero que se encuentra tácito y el cual es base para la determinación de grados es el de Trayectoria. A estos es necesario agregar un factor más como lo es el de PELIGRO, pues la evaluación debe estar acorde a la Seguridad e Higiene en los puestos de trabajo, máximo cuando ya se tiene la experiencia de la pandemia. El sistema de clasificación figura como el proceso de clasificación de puestos que dan pie al establecimiento de la estructura base de la gestión de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y resultados de cada uno de los recursos del MINEDUCYT, aquí es necesario modificar en lo referente a los grados, se deben reformar los art. 28 y 29, pues la estructura tiene que elevarse de grado once al quince y el incremento tiene que ser del 8% cada tres años.

IV.X CDE a Ley de salarios.

Desde que implementaron los Consejos Directivos Escolares y los Consejos Directivos (CDE) y los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE), como forma de contratación le acontecieron mixturas de violaciones a los derechos laborales contra trabajadores contratados por dichos organismos. Con la implementación de dichos organismos so pretexto de la descentralización  o modernización, el ministerio se deslindó  de la obligación de  cumplir con la ley y los derechos establecidos para los trabajadores de ese sector  y  trasladarle a los CDE  la responsabilidad.

A este punto se debe saber que las autoridades del Ministerio de Educación son quienes formulan el presupuesto de esta cartera de Estado y quienes asignan los fondos a las Departamentales y a los Centros Escolares, así también, son ellos  quienes les transfieren lo fondos para el funcionamiento  y el pago de salarios.

Históricamente a este sector de trabajadores han sido los gobiernos anteriores, quienes en concreto les han violentado sus derechos. Los trabajadores desde el 2014 organizadamente vienen  exigiendo el cumplimiento al pago del salario mínimo, prestaciones de ley y la absorción a Ley de salarios.

Para 2021 debido a que la lucha coincidió con la campaña de las elecciones municipales y legislativas, los Diputados aprovecharon para mostrase ante los trabajadores como redentores, emitiendo recomendables para que la Ministro de Educación y Ministro de Hacienda, realicen Reforma a la Ley de Salarios en el Ramo de Educación.

Por su parte las autoridades del MINEDUCYT, a sabiendas de la maniobra  han mostrado estar a favor de dichos recomendables y del proceso de absorción pero amarrado a una mayor asignación presupuestaria.

Los Diputados a pesar de haber sabido que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto, les dijeron a las autoridades que presenten la iniciativa de Reforma a la Ley de Salarios donde se pretende crear las plazas para los trabajadores contratados por medio de los CDE.

No existe discusión respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto educativo que permita el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y donde todas las persona que trabajan en Educación gocen plenamente de los derechos laborales.

La absorción de los trabajadores contratados por los CDE no debe estar amarrado a mayor presupuesto debido a que los salarios de dichos trabajadores  son pagados con fondos que ya están presupuestado y que se asignan a los presupuestos escolares de cada centro, lo cual es contemplado en el Presupuesto General de la Nación.

Las autoridades del Ministerio tramposamente han argumentado no tener datos pretendiendo hacer otro censo por tercera vez a nivel nacional, implica el atraso de al menos 6 meses en elaborarlo, ello dilata la lucha y la incorporación a Ley de Salarios.

A pesar que los fondos fueron asignados en el presupuesto la mayoría de trabajadores contratados por los CDE  no recibieron sus salarios por más de cinco meses durante la pandemia por el COVID-19, debido a que los CDE estaban en acefalia, ya sea porque no habían elegido a sus nuevos representantes o porque había vencido el periodo de los Directores.

Lo anterior solo demuestra la incapacidad o desinterés por parte de los directores departamentales y de otros mandos. Fueron los sindicatos del Ministerio quienes alertaron y denunciaron por la situación por la  que estaban pasando dichos trabajadores. Ni a este ni a los anteriores gobiernos les ha interesado el problema.

A los trabajadores contratados por los CDE se les paga con fondos del presupuesto escolar, desarrollan trabajo de carácter permanente, tienen un jefe, cumplen con un horario diario, sus actividades son de vital importancia para que los centros escolares funciones, no son plazas nuevas, cumplen con las condiciones para ser incorporados a Ley de Salarios y por ende a la; todos los trabajadores de los CDE deben ser trasladados al sistema de ley de salarios.

La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE   establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”.  Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa  la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones".  La anterior fue aprobó el día 15 de octubre 2020 con 66 votos de los 84 Diputados.

La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP)  y el Sindicato de Trabajadores del  Ministerio  de Educación Ciencia y Tecnología  (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de  salarios  que han sufrido los trabajadores contratados por CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales prorrogaron  la validez de las actuaciones de los CDE hasta el 31 de diciembre del 2020.

Dado que la Constitución de la República en el Articulo 133 da la exclusividad de iniciativa de Ley a “… Diputados,  Presidente de la República por medio de sus Ministros,  Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial,…Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales,…”  las organizaciones sindicales, que buscan la aprobación de una Ley o modificaciones de las mismas; necesariamente están obligados a requerir de la ‘’ayuda’’ de los diputados de los diferentes partidos que integran la Asamblea Legislativa, que para el periodo 2021-2023 estará dominada por el oficialismo.

Al respecto los trabajadores de los CDE  deben  estar claros que independientemente de la filiación política que cada uno como ciudadano tiene derecho, la falta de pago de sus salarios les afectaba por igual. Por lo cual es necesario anteponer el interés de la clase trabajadora a los intereses de las cúpulas partidarias.

 V. -Prospectivas de cara a la intervención de conflictos.

Llegado el momento en el que la persona trabajadora ha sido violentada en alguno de sus derechos laborales, seguridad social o aunque no tengan matiz laboral pero se hayan suscitado en el centro de trabajo, la organización sindical debe aplicar un protocolo de atención con el propósito de intervenir con brevedad en la solución del conflicto, para tal fin a continuación se propone una guía de atención según sea el asunto por tratar. Para lo cual se usaran los criterios siguientes:

a) Cuando sean de carácter individual.

b) Cuando sean de carácter colectivo.

c) Acosos.

d) Derechos de seguridad social.

e) Problema entre compañeros de trabajo.

 

 V.I Cuando sean de carácter individual.

Todas las personas contratadas en el MINEDYCYT independientemente del vínculo contractual en que se encuentren, tienen Derechos tales como el salario, asueto, aguinaldo, entre otros y a no recibir discriminación por los representantes de la patronal. Cuando el acceso y disfrute de esos Derechos es objeto de restricción o condición en parte o en todo, estamos en la presencia de un conflicto individual de trabajo que deberá ser atendido por la Secretaría de Actas y Conflictos de ATRAMEC tomando en consideración como punto de partida lo siguiente:

  1. según las personas involucradas

Aquí es donde se debe levantar un acta incorporando los sujetos de la desavenencia, es decir el o las personas afectadas y el jefe o responsable de la unidad, puestos de trabajo, lugar, hora.

Agrupar o separa a todas aquellas involucradas con la misma raíz de conflicto.

  1. Según el agravio causado.

Al calificar el agravio también es necesario evaluar la instancia donde dirigirse en caso no haya posibilidad de solución pacifica de manera extrajudicial. Conviene corroborar el régimen contractual en el que se encuentra la persona trabajadora, para posteriormente determinar conforme a los hechos en concordancia con el equipo técnico en materia jurídica la dimensión del daño.

  1. Plan de intervención.

Se debe proponer a la Junta Directiva una salida dirimida en instancia administrativa o judicial cuando no haya podido ser resuelta por la vía de negociación directa, hecho esto se delegará a responsables a intervenir en representación de la persona empleada.

V.II Cuando se susciten por un conflicto colectivo.

Antes de todo vamos a recalcar que debe evitarse caer en la confusión con los conflictos pluri-individuales que aunque involucren a muchas personas, sin embargo no deja de ser un conflicto de carácter individual pues tiene como raíz un Derecho Subjetivo del contrato individual o del acto de nombramiento, mientras que los conflictos colectivos propiamente dichos los determina la Ley y solo pueden ser según su naturaleza: Jurídicos o de Derecho y; Económicos o de Intereses. Es decir, no se determina un conflicto colectivo por la pluralidad de sujetos involucrados.

Antes de acudir la instancia administrativa, se recomienda que haya una reunión de conciliación con un mediador objetivo, a la reunión se deberá anexar la petición escrita de lo que se quiere. Previamente hubo de haber existido asambleas informativas, boletines, etc. de manera que se hizo del conocimiento tanto a empleados como autoridades del conflicto, así como se giró orientaciones pertinentes a apoyar la causa perseguida.

Si se lograron acuerdos, estos deberán siempre tener la firma de compromisos con los representantes patronales, sino deberá acudirse siguiendo el mismo modo de la delegación de responsables en los conflictos individuales.

V.II Acosos

El acoso en sentido genérico es un comportamiento manifestado a través de acciones, conductas o tratos producidas por un agente externo no deseado que desequilibra el estado emocional y moral en quien lo recibe. Ahora bien, cuando nos referimos al acoso para la materia que nos toca, abordaremos los dos tipos de acoso que más frecuentemente se suscitan en los centros de trabajo; estos son el acoso laboral y el acoso sexual.

ACOSO LABORAL.

Para la OIT el acoso laboral es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados. Lo anterior, significa que las situaciones de acoso laboral se sustentan con las relaciones de poder en el elemento de subordinación, ejerciéndose ya sea en cargos de jefatura, así como rangos laborales similares o inclusive ambos. También se le conoce popularmente con el anglicismo Mobbing el cual hace referencia a acciones y tratos hostiles que le impiden a la persona trabajadora cumplir con la contraprestación de sus servicios de manera normal. Nuestro Código de Trabajo no habla expresamente sobre el acoso laboral, no obstante tácitamente lo aborda por ejemplo en el art. 56 que trata del “despido indirecto o encubierto”, establece que cualquier hecho depresivo o vejatorio para el trabajador-entiéndase todo situación de opresión o maltrato-realizado por el patrono o sus representantes, debidamente probado, podrá estimarse un despido (terminación de contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono), condenando el Juez al patrono a pagar al trabajador una indemnización en la cuantía y forma establecida en la ley.

Algunos casos que pueden considerarse como hechos depresivos o vejatorios que indica el Artículo anterior, son: Cuando el patrono, en el lugar de trabajo, comete en contra del trabajador, actos que lesionen gravamen su dignidad, sentimientos o principios morales; malos tratamientos de obra o de palabra, por parte del patrono o jefe de la empresa o establecimiento en contra del trabajador o en contra de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que el patrono o jefes conocieren el vínculo familiar, entre otros.

Para afrontar casos de acoso laboral, es necesario identificar en primer lugar la acción, conducta o trato desde la jefatura que ha dañado el desempeño normal de las labores de la persona trabajadora, con esto se levanta acta y se propone una salida conciliada o intervención administrativa del MINTRAB, o de ser posible de la judicial. Nunca debe admitirse al acoso como una forma natural de presión del cumplimiento de deberes, todo lo contrario se tiene que luchar por erradicarlo.

ACOSO SEXUAL.

El acoso del tipo sexual es ante todo, una manifestación de violencia de índole sexual que se suscita a través de las relaciones desiguales de poder que envuelve a su vez discriminación de género, siendo más común que la víctima sea una mujer y el agresor el hombre, no obstante puede que en ocasiones sea el hombre la víctima y la persona agresora del sexo opuesto e inclusive puede ocurrir que agresor y agredido sean del mismo sexo.

Para la materia que nos ocupa, abordaremos el acoso sexual que se realiza dentro del ambiente laboral. El patriarcado es un régimen de poder que según lo registrado es el que más ha perdurado en la historia, cuya existencia data de hace más de seis mil años, se volvió capitalista hace trescientos años con las revoluciones burguesas y la caída del sistema medieval, la mujer proletaria en este tiempo ha debido afrontar la lucha contra la opresión y desigualdad de género a su vez contra el capital que explota a la clase trabajadora en su conjunto pero la mujer ha corrido con ciertas desigualdades respecto al hombre tanto en la producción como en la participación política, lo cual se ha ido emparejando conforme a las luchas feministas, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en el 2019, en El Salvador las mujeres representan el 52.9% de la población. La igualdad en todos los campos conlleva inhibita la lucha contra las prácticas agresoras que por antaño se han normalizado, no estamos solo por la igualdad en sí, sino además contra todas las manifestaciones de violencia de género donde el acoso sexual se expresa como parte de las relaciones desiguales de poder en la producción.

Respecto a la regulación del derecho a trabajar en un ambiente libre de esta toda agresión sexual en El Salvador, partiremos según el principio de jerarquía constitucional con el reconocimiento constitucional del art. 2 CN a la libertad como un derecho fundamental de la persona, y en ese sentido, y de conformidad con el Art. 1 de la Constitución-, es obligación del Estado salvadoreño asegurar a todos los habitantes sin distinción alguna el goce de este derecho, posteriormente la misma Constitución da a los tratados y convenios un rango superior, donde tenemos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el Convenio n.º 111 sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación (C-111 OIT) y el Convenio n.º 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores [y las Trabajadoras] (C-155 OIT). En cuanto a la normativa secundaria nos iremos a: la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de El Salvador; la Ley del Servicio Civil y el Código Penal, esta última cobra mucha relevancia ya que el acoso sexual es un delito penal en El Salvador y se castiga con una pena de prisión de 3 a 5 años. La pena de prisión se puede extender de cuatro a ocho años si la víctima es menor de edad, es decir, menor de 15 años. La obligación de observancia del ambiente laboral libre de este tipo de violencia inicia con los empleadores quienes deben aplicar políticas, programas de sensibilización y tomar medidas preventivas en materia de violencia contra la mujer y el acoso sexual, sus representantes son quienes en la práctica ejecutarlas y por último el mismo personal debe allanarse y vigilar ante cualquier abuso.

La Política de Relaciones Laborales del Órgano Ejecutivo, hace referencia a que las instituciones adopten y apliquen políticas de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral, así como a designar un área funcional de las ya existentes dentro de la institución que sea responsable de atender a las víctimas de acoso laboral y sexual, recibir y tramitar las quejas, monitorear constantemente y colaborar, en su caso, en las investigaciones y sanciones.  

Existen determinados mecanismos tanto administrativos como judiciales a dónde acudir cuando se es o se sabe acerca de una víctima de acoso sexual, las instancias a dónde acudir, es necesario tomar en cuenta que en cuanto al área penal solo es la última ratio cuando se sospecha que no existe una instancia más adecuada si se trata de una agresión grave y que solo mediante esta dirección deban atenderse sus formas y efectos.

Vías administrativas:

  • Procuraduría General de la República
  • Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
  • Tribunal de Servicio Civil
  • Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISMEDU).

Vías judiciales:

  • Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
  • Tribunales con competencia penal

El papel de ATRAMEC en este rol de protección al personal del MINEDUCYT ante cualquier manifestación de acoso sexual es el de vigilancia, medio para canalizar las denuncias, acompañamiento y el de brindar asistencia a las víctimas.

V.III Problemas entre compañeros de trabajo

De la misma manera que el compañerismo y la fraternidad generan armonía, luego pueden ocurrir circunstancias ambivalentes que la cercanía la convierta en situaciones de fricción. Los empleados comparten mucho tiempo en el centro de trabajo, en equipo o desarrollando tareas que afectan en cascada al trabajo de sus compañeros, por lo que pueden surgir en el día a día, varias luchas de competencias profesionales o desencuentros por motivos personales y surgir conflictos entre compañeros ellos.

¿Cómo resolver los conflictos entre compañeros de trabajo?

Tanto desde el punto de vista del centro de trabajo como desde del trabajador, resolver un conflicto entre compañeros de trabajo es algo muy delicado que se debe gestionar con sumo cuidado y con gran inteligencia emocional.

Para ello es necesario tomar en consideración lo siguiente:

1.- Según la dimensión del problema                                                        

Para determinar la intervención del sindicato en el problema, primero hay que localizarlo y a continuación, evaluamos la gravedad del conflicto entre empleados y hasta donde ha abarcado, las personas involucradas, sexo, edades.

2.- Una vez detectado, para determinar la gravedad del conflicto, se observa y se clasifica atendiendo a las siguientes características:

  • Conflicto en potencia: los trabajadores implicados son conscientes de que existe un problema entre ellos y es necesario detergerla, uno, o más deberán notificar por escrito sobre la situación a la Secretaría de prensa y propaganda afín que pueda hacer del conocimiento a la Secretaría de Actas y Conflictos, para ponerle fin al problema potencial.
  • Conflicto experimentado: los trabajadores implicados sin llagara grandes dimensiones se han mostrado hostiles entre sí. A diferencia del conflicto en potencia, los empleados no han hecho público su conflicto.
  • Conflicto abiertamente declarado: El entorno sabe del problema entre compañeros, no se ocultan y cada vez más se teme empeore.

    Dependiendo del nivel de gravedad del conflicto, la estrategia y gestión para que sea solventado requerirá la propuesta de acudir al local del sindicato donde se llevarán a cabo las sesiones que sean necesarias afín de limar asperezas o sanear asuntos. En todo lo anterior se utilizarán los formalismos de los conflictos individuales.

VI Anexos.

ORGANIGRAMA MINEDUCYT 2021.

UNIDAD

N° de Empleados

DESPACHO MINISTERIAL

16

VICE DESPACHO DE EDUCACIÓN

5

VICE DESPACHO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

5

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (UCPE)

9

UNIDAD COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCA

6

UNIDAD DE TRANSFORMACION DIGITAL

3

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

78

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

19

DIRECCION DE PLANIFICACION

65

DIRECCION DE COMUNICACIONES

24

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

27

DIRECCION DE CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

37

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

143

OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA

9

TRIBUNAL CALIFICADOR

16

TRIBUNAL DE LA CARRERA DOCENTE

8

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

22

BECAS FANTEL

13

UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL

5

DIRECCION NACIONAL DE GESTION EDUCATIVA

81

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

41

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA

42

DIRECCION NACIONAL DE EDUACION BASICA (I Y II CICLO)

42

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA (III CICLO Y MEDIA)

63

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

40

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y PROGRAMAS SOCIALES

54

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INN

115

DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E

43

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE AHUACHAPAN

102

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA

196

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SONSONATE

146

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

143

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

160

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN SALVADOR

433

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CUSCATLAN

77

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

129

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CABAÑAS

87

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE

113

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE USULUTAN

156

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL

223

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MORAZAN

106

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA UNION

91

 

Referencias bibliográficas    
1. INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CÍVICA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JULIO 2010 A JULIO 2011.         
2. El horizonte intelectual de la reforma educativa salvadoreña de 1940: pedagogía activa y ciencias HUMANAS. - Carlos Rodríguez Rivas CENICSH.    
3. Guie 4 sobre Derechos y deberes Laborales de las y los Servidores Públicos.             


Referencias periodísticas
Periódicos nacionales:  
El Diario de Hoy               
La Prensa gráfica             
Diario el Mundo              


Referencias electrónicas        
Portal de Transparencia - El Salvador   
El Socialista Centroamericano - Inicio (elsoca.org)           

 

[1]             Predominó hasta iniciado el siglo XX.           

[2]             Se origina a finales del siglo IXX y a inicios del XX.

[3]             El Sistema Educativo como tal nace con la Constitución de la República de 1832, bajo el Primer Decreto de Enseñanza Primaria. Guillermo Aguilar Avilés. Reforma Educativa en Marcha, Un Vistazo al Pasado de La Educación en El Salvador. Documento 1. Ministerio de El Salvador. P. 14.

[4]             El desarrollo del capitalismo a escala mundial en la filosofía de la historia de Marx: difusionismo y tradición crítica

5 Decreto Ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841.

6             Diario Oficial, TOMO N.º 385, Numero 219 de fecha 23 de noviembre de 2009.

7             Para comprender este concepto es necesario saber que nos referimos a una categoría que se debe aplicar a lugares y periodos de tiempos diferentes, y que como tal es una forma de organización sindical sujeta a variaciones que no es perpetua, depende siempre de las relaciones de fuerza entre los actores sociales, de la lucha de clases, y de las categorías estructurales: Régimen, Estado y Gobierno.

8             Un antecedente de lucha unitaria lo encontramos en La Ínter-gremial de Trabajadores Salvadoreños, constituida en 1991, la cual estaba constituida por cinco grandes organizaciones: La Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), la Unidad de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) además, la Alianza Democrática Campesina (ADC) está vinculada a la Inter-gremial a través de sus organizaciones campesinas afiliadas a la vez a la UNTS o a la UNOC.


9             Dicha defensa ha implicado la tarea de oponerse al constante acoso de las políticas neoliberales tendientes a limitar la intervención del Estado en materia de Educación en contraste con la descentralización de sus funciones y servicios, el programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) de 1991-2011, fue el pivote que permitiría la conexión de las políticas racionales dentro del MINED.

[9]             Significa que existe una supraordenación de rangos donde la validez de todo el sistema jurídico salvadoreño depende de su conformidad con la Constitución de la República, seguido por los Convenios y Tratados Internacionales, posteriormente podemos situar la legislación con leyes generales y especiales en materia laboral.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

El Salvador
Detalles
21 Marzo 2023

EL SALVADOR.- Una interpretación de la construcción socio-histórica de Quezaltepeque

El Salvador
Detalles
28 Enero 2021

EL SALVADOR.- Historia del movimiento sindical de El Salvador

El Salvador
Detalles
13 May 2020

EL SALVADOR.- Análisis y comentarios sobre las suspensiones de contratos de trabajo durante la pandemia.

Honduras

Honduras

HONDURAS.- De conspiraciones, elección del Fiscal y Asamblea Constituyente

Detalles
Administrator
05 Septiembre 2023
Visitas: 1281

Por Tomas Andino Mencía

El 29 de agosto fue un día histórico. La Resistencia Popular se reencontró consigo misma en todo su esplendor ahí donde nació, en la calle. Decenas de miles de personas inundaron el centro de Tegucigalpa en una gran manifestación convocada por la presidenta Xiomara Castro, que superó las expectativas de sus organizadores y dejo en shock a sus detractores. Para comprender el impacto que ha tenido y su relación con el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto, es necesario analizar el contexto en el que se han dado los últimos acontecimientos.

LA OFENSIVA CONSPIRATIVA, VIENTO EN POPA

Sin duda, los grupos de poder económico y criminales desplazados del gobierno en las últimas elecciones han venido trabajando sistemáticamente para desacreditar la administración de Xiomara Castro, como parte de una estrategia conspirativa bien orquestada desde antes que asumiera el poder. Han aprovechado la desastrosa situación económica que le dejaron, como también, hay que decirlo, los errores que el gobierno ha cometido.

Confiada en ese trabajo de zapa, hemos visto en los últimos meses una febril actividad abiertamente opositora de los partidos Nacional, Liberal y PSH; y también de un sector muy conservador de la “sociedad civil”, de la empresa privada y de militares retirados, que han pasado de la ofensiva mediática a una ofensiva material con el perverso objetivo de boicotear la actividad gubernamental, generar ingobernabilidad e incluso atentar contra algunos funcionarios.

Esto se ha venido cumpliendo en etapas: la primera ha sido el ablandamiento mediático, a cargo de los principales medios de comunicación, que responsabilizan al gobierno de todo lo malo que ocurre en el país; y ahora, la segunda etapa, que consiste en disputarle la calle a la Resistencia popular y, de parte de aquellos sectores más recalcitrantes, fraguar un nuevo Golpe de Estado.

Tres hechos que muestran el “envalentonamiento” de la burguesía opositora son los siguientes:

El primero fue la “insurrección parlamentaria” iniciada en julio por el Partido Nacional, con la cual lograron semiparalizar las labores del Congreso Nacional, retrasando la aprobación de diversos decretos, como la Ley de Justicia Tributaria; pero con la mira puesta a impedir la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Estado, a fin de que continuaran en esos cargos Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente, títeres del sector más corrupto del anterior gobierno y del narcotráfico.

El segundo hecho fue la denuncia de un Golpe de Estado que se estaría fraguando de parte de un sector de los militares, presuntamente encabezados por varios generales ya retirados. Esta denuncia se suma a un antecedente reciente del atentado magnicida contra el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien, según informo la Policía Nacional, se le intento envenenar; y a acciones de sabotaje físico contra instalaciones de generación hidroeléctrica y educativas.

Y el tercero fue la manifestación que hizo el llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) el pasado 19 de agosto, fruto de la alianza establecida entre el Partido Nacional y un sector del Partido Salvador de Honduras, que logro movilizar, con mucho, a unas 10 mil personas; señal inequívoca de que las fuerzas vinculadas al atraso y la corrupción buscan iniciar un proceso de movilización política en las calles para cosechar el descontento social inducido en importantes sectores de la población, y así darle base social a sus intentos conspirativos.

Esto llevo al gobierno, en un acto defensivo, a organizar una demostración de fuerza para el 29 de agosto, convocando a las bases de LIBRE desde la misma Presidencia de la República, algo que por primera vez se hace en este gobierno, y a amenazar con acciones legales a los pretendidos militares neo-golpistas.

La convocatoria a la movilización, contrario a lo que cabía esperar de un gobierno que ha tenido un rápido desgaste, tuvo una gran acogida pues dio la oportunidad a la base de la Resistencia Popular para canalizar el repudio y dar una muestra de su espíritu de cuerpo, aún a pesar del descontento que buena parte de esta tiene contra la cúpula de su partido por problemas de empleo, la carestía de la vida y su rechazo a algunas prácticas de su liderazgo.

EL PUEBLO EN LA CALLE CAMBIO TEMPORALMENTE LA CORRELACION DE FUERZAS

¿Fue efectiva esa demostración de fuerza? ¿Qué efecto real tuvo? La prensa burguesa la minimiza afirmando que no tuvo ningún impacto y que los manifestantes se fueron “con las manos vacías”. Pero viendo los resultados concretos, puede decirse que tuvo un efecto importante en la correlación de fuerzas, lo que se expresa en aspectos como los siguientes:

El Partido Nacional anuncio, pocos días después de la convocatoria a la manifestación, que suspendería su “insurrección parlamentaria” el día de la elección del Fiscal, y llegado ese día, cuando decenas de miles rodearon el Palacio Legislativo, en efecto lo cumplió por temor a la reacción popular. Eso permitió temporalmente que el juego parlamentario entre las distintas fuerzas políticas se produjera sin la presión de la “insurrección cachureca”. Por otro lado, el musculo demostrado por el pueblo y la oportuna denuncia de la conspiración de los generales, enfrió las pretensiones golpistas que venían manifestándose impunemente en los medios de comunicación; complementado por la contundente expresión del Gral. José Jorge Fortín, Jeje del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que expresó su respaldo al gobierno de Xiomara y rechazó esas pretensiones.

Hoy día ni Nasralla ni el Partido Nacional ni ningún sector de la llamada “sociedad civil” se atreven a convocar a una nueva manifestación opositora, a hacer llamados públicos a un golpe de Estado o a hacer “insurrección parlamentaria” por temor a la reacción de la Resistencia. Hasta la empresa privada ha moderado su lenguaje, abogando por bajar la confrontación.

En el plano legislativo, la manifestación en sí no influyó en cambiar las votaciones, pero dio pie para que la bancada de LIBRE se unificara y se sintiera con la fuerza política necesaria para trancarse en su propuesta de Fiscal General y Fiscal Adjunto, rechazando negociar sus candidatos con las demás bancadas. Asimismo, Luis Redondo se sintió alentado a “amagar” a los diputados y diputadas propietarios que tienen cuentas pendientes con la justicia –en su mayoría diputados cachurecos-- para impedir que voten en la elección del nuevo Fiscal General, aplicando una prohibición que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En cumplimiento de dicha ley, que tanto Naciones Unidas (OACNUDH) y la misma “sociedad civil”, han exigido, el cachurequismo se vería afectado en su votación ¡Vaya cosas de la vida!

Con lo dicho, puede decirse que, al menos temporalmente, la demostración popular del 29 de agosto ha tenido como consecuencia revertir la correlación de fuerzas sociales, y ahora esa correlación está del lado de la Resistencia popular y del partido de gobierno, lo cual debería ser aprovechado por este para tomar la iniciativa de forma adecuada --y cuando digo adecuada es también corregir los errores que está cometiendo-- en todos los campos y no solo en el tema de la elección de la Fiscalía General del Estado, como proponemos más adelante.

Esta es la buena noticia. Sin embargo, estamos obligados a hacer algunas reflexiones, sobre si esta nueva correlación está siendo aprovechada positivamente, o por el contrario está siendo desperdiciada.

CHINCHILLA HUYO Y SIBRIAN TAMBIEN DEBE IRSE

Tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso Nacional, las fuerzas oligárquicas pretendieron en un principio que Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián prolongaran el periodo de su cargo hasta que fuera electo su sustituto, seguramente para asegurarse de que no queden evidencia en pie contra sus protegidos, los corruptos del anterior régimen.

El principal argumento jurídico con el cual se pretende mantenerlos en el cargo es invocar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, según el cual “las autoridades electas por el Congreso Nacional continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean electos por este órgano del Estado”. Esa ley, elaborada en la época de la narcodictadura para prolongar el periodo de estos funcionarios (por cierto, ambos impuestos ilegalmente en esos cargos, como es de dominio público) contradice lo establecido en la Constitución de la República, que define el periodo de duración de su cargo para cinco años, el que finalizó el 31 de agosto recién pasado, sin ninguna mención de que podría prolongarse en casos especiales.

En situaciones de conflicto como esta, la misma Constitución establece el camino a seguir en su artículo 320: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Por tanto, la continuidad de Sibrián no tiene asidero jurídico constitucional y también debe irse. En su lugar, debe quedar el Director de Fiscales, para los casos ordinarios, y el Fiscal Especial de la UFERCO, para los casos de alto impacto, es decir de corrupción de altos funcionarios públicos.

Empero, la huida de Chinchilla a Nicaragua debilita esta estrategia, pues se quedan sin su peón principal, mientras que el ex Fiscal Adjunto, ha quedado hecho un manojo de nervios ante la iniciativa que Redondo presento en el Congreso de integrar una comisión investigadora sobre el desempeño de estos funcionarios. Por tanto, no creo que dure mucho en el cargo. En fin, veremos.

En las últimas horas circula la especie de que Chinchilla salió como resultado de una “negociación” con el gobierno, por la que este se ofreció a colaborar a cambio de protección, sobre lo cual aún no existe evidencia. Pero ciertamente es sospechoso de que este funcionario, que estaba en la mira de todo el país, haya abandonado Honduras así de fácil, sin que se le haya adelantado ningún proceso acusatorio en su contra previendo esa situación y sin que ninguna autoridad lo haya detenido.

Pero ¿y qué hay del proceso de elección del Fiscal General y Adjunto? ¿En qué va a quedar todo eso?

EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO

Todo indica que este malogrado proceso va camino a naufragar y que al parecer puede tener otra salida por fuera del Congreso Nacional, sobre lo cual, en la última parte de este artículo, hago una propuesta. Pero es importante echar una mirada crítica a como ha sido manejado desde la primera etapa a cargo de la Junta Proponente, y después por los partidos políticos en el Congreso Nacional.

En cuanto a la Junta Proponente, esta no garantizó un proceso imparcial y objetivo de las y los precandidatos. Recordemos que la mayoría de la Junta Proponente excluyó del proceso con argumentos muy débiles a dos de los candidatos que, por sus méritos y compromiso social demostrado, hubieran sido una excelente cabeza del Ministerio Publico para luchar contra la corrupción institucionalizada: Luis Javier Santos y Mario Urquía.

Luis Javier Santos fue excluido por una injusta evaluación que hizo la CIDH de su rol en el caso emblemático de Janneth Kawas; un caso que fue revisado por la MACCIH, quienes lo exculparon de responsabilidad, pues fue el único fiscal que actuó de todos los que conocieron del asunto, según reporta el reconocido jurisconsulto Joaquín Mejía. Por su parte, Mario Urquía también fue injustamente excluido, en este caso por haber sido presidente de la anterior Junta Nominadora para nombrar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, sin que esto sea una causal de inhabilitación, ya que el Ministerio Publico es una entidad autónoma que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado.

Ambos profesionales elevaron sendos Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta el día de hoy no han sido resueltos previo a la elección del Fiscal, como debió haber ocurrido. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero lo que es claro es que “los astros” se alinearon a fin de impedir que ocuparan tan alto cargo.

En la lista final quedaron los cinco candidatos oficializados (entre paréntesis, con su nota de promoción): Jenny Gabriela Almendares Flores (95.55%), Mario Alexis Morazán Aguilera (87.98%), Marcio Cabañas Cadillo (84.36%), Johel Antonio Zelaya Álvarez (80.94%) y Pablo Emilio Reyes Theodore (75.26%).

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, en un abuso de sus atribuciones, nombro una comisión multipartidaria para que hiciera su propia evaluación de los candidatos, sin tomar en cuenta lo hecho por la Junta Proponente (nombrada por el mismo Congreso en base a Ley), incluso le asigno nuevas calificaciones. Si bien es cierto, el proceso llevado a cabo por la Junta Proponente no fue del todo satisfactorio, al menos fue transparente; pero este otro, solo las cuatro paredes del Congreso fueron testigos de una “evaluación” hecha a la carrera por los diputados(as) y la cual, por lo visto se hizo para justificar sus propias propuestas.

¿PROPUESTAS PARA UN MEJOR MINISTERIO PUBLICO O PARA "ARREGLARSE" ENTRE CORRUPTOS?

Al hacer sus propuestas, los partidos políticos dejaron fuera a dos de estos cinco candidatos. Uno de los excluidos fue el segundo mejor calificado por la JN, Mario Alexis Morazán Aguilera, miembro de LIBRE, profesional con doctorados, maestrías y amplia experiencia profesional, quien recientemente fue condecorado por la presidenta Xiomara Castro por haber sido uno de los profesionales que defendieron el Estado de Derecho y la democracia en contra del Golpe de estado de 2009; solo tuvo una tacha en el proceso de selección y la desvaneció. Como dato curioso, Mario Morazán quedó fuera porque no fue postulado por su propio partido, LIBRE, ni siquiera como Adjunto.

El otro excluido fue el cachureco Pablo Emilio Reyes Theodore, hombre de confianza de la ex directora de la DEI, Miriam Guzmán, a quien sirvió contra el sindicato de esa institución. De manera similar, este candidato tampoco fue apoyado por su partido, el Partido Nacional.

Al ser excluidos estos dos, quedaron tres que son objeto de consideración en las propuestas de los partidos políticos: Marcio Cabañas Cadillo, Johel Zelaya Álvarez y Jenny Almendares Flores. Los dos primeros liberales y la última sin afiliación declarada.

LIBRE propone en su fórmula a Johel Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas Cadillo (que resultaron mejor evaluados por la comisión nombrada por el Congreso); mientras que el BOC propone a Marcio Cabañas Cadillo y Jenny Almendares Flores. Como se ve ambas formulas tienen en común que proponen a Marcio Cabañas Cadillo, liberal del lado oscuro, por lo que pareciera que la estrategia de LIBRE y del BOC, en esta primera etapa, fue coquetear con el Partido Liberal, llevando a la cabeza de sus respectivas formulas a este profesional para obtener su apoyo en la votación, aunque para ello hayan sacrificado a sus propios compañeros de partido, como ya se explicó.

Pero ¿será que alguna de estas dos fórmulas de postulados reúne condiciones para dirigir el Ministerio Publico? Puede decirse que individualmente algunos de los candidatos reúnen esas condiciones, pero no en las fórmulas propuestas. Veamos.

Marcio Cabañas Cadillo, el candidato en quien todos los partidos coinciden (tuvo la mejor nota en su evaluación “rapidita” de los diputados), no es precisamente una blanca paloma; en 2009 beneficio al dueño de “Pronto”, el empresario Mauricio Gabriel Kattan Salem, en el sonado caso del “Trafico gris”, recomendando al entonces fiscal General cachureco, Leónidas Rosa Bautista, para que cerrara todas las diligencias investigativas del caso; caso que hasta ahora está en la impunidad. Tenerlo en el Ministerio Publico, aun como Fiscal Adjunto, equivale a que los corruptos tengan un pie dentro de esa institución.

Que a Cabañas Cadillo lo recomienden los cachurecos y sus aliados no es extraño, pero la pregunta obligada es: ¿cómo puede LIBRE tener estómago de haber sacrificado a un buen candidato de su partido, como Mario Morazán, y proponer a este otro señor que carga con semejante cuestionamiento? El mismo diputado de LIBRE, Jari Dixon, quien conoce a Cabañas Cadillo desde la época del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, de quien era asistente, repudió esa postulación. Eso significa que, para llegar a componendas con los liberales, LIBRE y los del BOC están dispuesto a llevar de candidato a un personaje co-responsable de la impunidad. Juzguen ustedes.

Como se dijo, las coincidencias entre los partidos terminan con este último personaje, porque las propuestas se dividen respecto a los otros. LIBRE propone a la cabeza de su fórmula a Johel Antonio Zelaya Álvarez y el BOC propone de Fiscal Adjunta a Jenny Gabriela Almendares Flores. ¿Qué méritos y deméritos tienen estos?

Johel Zelaya Álvarez, quien ocupo el 4º lugar de calificaciones en la evaluación de la Junta Nominadora (y el 1er puesto en la “rapidita” de los diputados) tiene como merito que está limpio de antecedentes reñidos con la ética; ni en este proceso ni cuando fue candidato a la Corte Suprema de Justicia tuvo ninguna tacha, según me consta, y es además un reconocido defensor de su etnia lenca en su lucha contra la industria extractiva que afecta sus comunidades, según refiere la organización lenca ONILH.

Sus detractores desde la derecha en los medios de comunicación alegan que ocultó su condición de regidor en la municipalidad de Reitoca, pero en realidad ni lo ocultó en el expediente que entregó a la Junta Proponente ni en su entrevista publica, como lo atestiguan Odir Fernández y Julio Raudales, miembros de la Junta Proponente ; además, ser Regidor no es causal de inhabilitación, según la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 20 numeral 4 (según esa misma ley, si lo es haber sido “directivo activo de un partido político”, algo de lo que nadie lo acusa).

Su lado débil es su nivel académico universitario básico y su poca experiencia; no tiene postgrados, incluso cuando fue candidato a la Corte Suprema no pasó el examen escrito, y no tiene experiencia como fiscal ni conocimientos especializados de derecho penal. De manera que Johel Zelaya, es un buen candidato en términos éticos y de compromiso social entre los cinco finalistas, pero no es el candidato académica ni profesionalmente idóneo para encabezar esa fórmula a un cargo de tan elevada responsabilidad. Esta es la persona que postula LIBRE encabezando su fórmula, además del mencionado Marcio Cabañas Cadillo, como Fiscal Adjunto.

En cuanto a Jenny Almendares, cuya afinidad partidaria es desconocida, fue la mejor calificada por la Junta Proponente con 95.55%, aunque la evaluación “rapidita” de los diputados la rebajo a un 78%. No cuenta con doctorados, pero si con maestrías y especialidades, con sobresaliente experiencia técnica en el Ministerio Publico, donde ejerció por 20 años, y en materia de derechos humanos con organizaciones no gubernamentales. No tiene cuestionamientos éticos de ningún tipo en todo el tiempo que laboro en el Ministerio Publico y se sabe que se ha dedicado profesionalmente a la causa de los derechos de los privados de libertad, actividad a la que también se ha dedicado su padre, el respetado Dr. Juan Almendares Bonilla, por lo que se asume que tiene sensibilidad social.

Sus detractores difunden rumores de que estuvo del lado del Golpe de Estado en 2009, presentando requerimientos ordenados por el Ministerio Publico contra varios funcionarios del gobierno de Zelaya, de lo cual no he tenido a la vista ninguna evidencia, sino solo rumores en las redes sociales. Mientras esas evidencias llegan, la abogada Almendares es una de las mejor posicionadas para ocupar el ansiado cargo.

Por todo lo dicho, una fórmula que contara con la abogada Mario Morazán, Jenny Almendares y Johel Zelaya Alvares de Adjunto, sería aceptable. Pero como vimos, uno quedo excluido y a los otros los hacen acompañar de personajes de dudosa reputación en sus fórmulas.

De lo anterior se deduce que, aun cuando hay buenos profesionales participando, las propuestas presentadas por ambos bandos en el Congreso Nacional fueron organizadas pensando más en llegar a arreglos entre partidos para garantizarse impunidad unos a otros, que en darnos un Ministerio Publico de calidad. Desafortunadamente no hay apertura para reconsiderarlas y eso a lo único que nos lleva es a tener más de lo mismo en esa institución de justicia.

¿JUSTICIA REAL O UN “SOMBRERAZO” PARA UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES?

Así las cosas, temporalmente las negociaciones en el Congreso sobre la elección del Fiscal General se han suspendido, y en el ínterin, el presidente del Congreso Nacional y la presidenta Xiomara anuncian varias medidas que parecieran un giro completo en la estrategia sobre este tema: 1) Se ha anunciado un apoyo total a la UFERCO, incrementando su presupuesto y dándole todo el apoyo que necesite para que lleve a los corruptos a los tribunales, aprovechando que no existe la traba del Decreto 116-2019 para retrasar los procesos; 2) Luis Redondo integro una comisión de diputados(as) para investigar el desempeño de Chinchilla y Sibrián; y, 3) amenaza con aplicar la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo por la cual no podrán votar en la elección del Fiscal General y Adjunto las diputadas y diputados que tienen causas pendientes con el Ministerio Publico. ¿Sera cierta tanta belleza?

Esto que parece ser un buen síntoma de voluntad política contra la corrupción, me lleva a las siguientes reflexiones: La UFERCO en los últimos dos gobiernos ha clamado por apoyo para su trabajo, sin ser escuchada ¿por qué antes no se le dio “todo el apoyo” y ahora sí? ¿Es una real intención de hacer justicia o solo es un recurso táctico para condicionar otra ronda de negociaciones con liberales y cachurecos, para después volver a olvidarse de esta noble fiscalía?

Con todo mi corazón deseo que se haga justicia, pero ese camino no parece algo serio ni sostenible. Todo parece indicar que se trata solo de un improvisado “amago de justicia”, que de repente sacrifique a uno que otro, pero con el fin de ablandar a los lideres y diputados del Partido Nacional y Liberal para someterlos a una nueva ronda de negociaciones sobre la elección del Fiscal General, ya que esta solo puede hacerse con 86 votos. De seguir ese camino, el resultado no tendrá nada que ver con los intereses de la sociedad sino con los intereses de las cupulas del partido o coalición de partidos que logre imponer sus fórmulas de componendas. Por el bien de este país, ojalá me equivoque.

CAMBIAR EL MODELO POLITICO A TRAVES DE UNA CONSTITUYENTE

Como vimos al inicio de este artículo, el Pueblo que vino a Tegucigalpa el pasado 29 de agosto a exigir un nuevo Fiscal, quiere y merece algo de calidad. Pero también merece que el gobierno en sus tres poderes realice cambios estructurales con los cuales no tengamos que estar “apagando incendios”, como ocurre hoy día, sino que den respuesta a los anhelos de vivir en un país con real democracia e inclusión. Si nos vamos a movilizar de nuevo, que sea para un cambio real, trascendente, un cambio de estructuras; no para seguir en más de lo mismo.

¿Y CÓMO HACER ESE CAMBIO DE ESTRUCTURAS?

Cambiar las estructuras significa cambiar la causa del problema, y esta causa es el modelo político que nos rige. Un modelo es una forma sistemática de organizar y hacer las cosas constantemente. El modelo político que está detrás de la decepcionante conducta de los diputados(as) en la elección del Fiscal General y Adjunto, así como en el pasado ocurrió con la elección de la Corte Suprema de Justicia, y mañana ocurrirá con el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras instituciones claves, es un modelo de “democracia representativa” de tipo capitalista, que ya está agotado, caduco y desfasado.

Si realmente este modelo fuera representativo, los diputados y diputadas tendrían que ir a nuestras comunidades a preguntarnos que queremos y seguramente regresarían con decisiones diferentes a las que suelen tomar. Pero nada los obliga a hacerlo. Y no es su culpa porque todos hemos sido educados de que este es el mejor de los sistemas. A tal punto llega la alienación del Pueblo que se ve como lo más normal del mundo que un puñado de 128 diputados y diputadas, bajo el mando de las cupulas de sus partidos, sigan decidiendo por millones de hondureños(as) en todo aquello que afecta sus vidas.

Antes la crisis de este modelo no era evidente porque en el pasado se ajustaba a un bipartidismo que todo lo resolvía con componendas amistosas entre los oligarcas y ricachones; ya que ellos eran los únicos “representados”. Cualquier cambio que ocurriera no ponía en peligro sus intereses materiales más profundos, porque se relacionaban entre iguales. Pero en la actualidad, después del surgimiento de la Resistencia Popular, cualquier proceso de selección en el que estén en juego cuotas de poder, son peleadas a patadas y arañazos por los representantes de la oligarquía conservadora de este país. Este conflicto tiene como escenario el Congreso Nacional, la Corte Suprema, como también las municipalidades, las instituciones descentralizadas, las Juntas nominadoras y proponentes, entre otras instancias. Por lo dicho, este modelo no genera soluciones para nada, sino que solo genera conflictos y crisis políticas que escapan al control del Pueblo.

La primera solución a este problema es abandonar este modelo de “democracia representativa”, pues a los únicos que representa es a los empresarios y burócratas del sistema capitalista; y, en sustitución de este, adoptar un modelo de “Democracia Participativa Directa”, verdaderamente socialista, en el que el protagonista de la toma de decisiones sea el Soberano, es decir, el Pueblo mismo.

Esto significa que en un modelo de Democracia Participativa Directa, el Pueblo seria quien elegiría de manera directa a los magistrados(as) a la Corte Suprema, el Fiscal General y Adjunto, el Tribunal Superior de Cuentas, o a los Secretarios de Estado, de entre aquellos candidatos y candidatas que pasen por el filtro de las Juntas Nominadora o Proponentes, a través de procesos bien diseñados y auditados con participación ciudadana, organizados de manera que la participación ciudadana no dependa de su afiliación a un partido político.

La segunda medida debe ser introducir la figura de la Revocación del Mandato de todo funcionario público o representante electo por voto universal directo y secreto. Eso significa que estos podrán ser destituidos de sus cargos cuando el pueblo lo decida, ya sea porque ya no está conforme con las decisiones que toma o porque considere que hay un mejor representante para ese cargo. Eso impediría la eternización de los funcionarios y que estos se crean intocables ante sus electores.

La tercera medida es que estos funcionarios deben someter sus planes, presupuestos e informes ante asambleas ciudadanas de distritos electorales que los eligen. De esa forma los funcionarios nombrados y electos estarán obligados a hacer lo que la base quiere, estando estos en posibilidad de hacer propuestas, siempre sometidas a la voluntad popular.

La cuarta medida es que su remuneración debe ser decidida por la ciudadanía y no por ellos mismos, con lo cual se evitaran los abusos de auto aumentos exorbitantes que tanto indignan a la ciudadanía.

La quinta medida es que juntas nominadoras integradas por ciudadanos(as) hagan una preselección de candidatos y candidatas, que los investigaran para asegurarse de su idoneidad para los cargos, y de entre los candidatos, el Pueblo elegirá a sus funcionarios(as), con lo cual se evita los nombramientos de incapaces, la corrupción, vínculos con organizaciones criminales, el nepotismo y problemas derivados de una mala selección de los nombrados o electos.

Medidas como estas, propias de una Democracia Participativa Directa evitaría que sea la elite política de los partidos quienes terminen imponiendo a sus peones, sino que los representantes elegidos de esta forma respondan a asambleas ciudadanas y no a los responsables políticos partidarios.

Seguramente el pueblo se equivocará en una u otra ocasión, pero aprenderá a decidir, y es preferible que se equivoque el Pueblo mismo, y no que se equivoquen 128 personajes arrastrando con sus errores a 9 millones de habitantes.

¿CÓMO HACER ESTE CAMBIO?

En el marco del actual orden constitucional, no es posible sustituir el actual modelo político por otro mejor. Si bien la Constitución establece que “La soberanía reside en el Pueblo” (art. 3), lo cual es una bonita declaración, sin embargo, en su texto no da lugar a que el Pueblo decida directamente quienes quieren que sean sus funcionarios. Esa potestad se la reserva el Poder Ejecutivo para ciertos cargos (ministerios, etc.), y el Poder Legislativo para otros, como el caso que nos ocupa.

Las figuras del plebiscito y el referéndum, que deberían ser mantenidas en el nuevo modelo, en el actual no resuelven este problema pues, tal como están diseñadas en la ley respectiva, tampoco escapan a la aprobación del Congreso Nacional, es decir por esa minoría de “representantes”, y, además, tal como están formuladas no pueden aplicarse a la elección de altos cargos del Estado. En un nuevo Modelo de Democracia Participativa Directa, si serian mecanismos efectivos de consulta popular.

Por tanto, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente Originaria e Inclusiva, convocada para reorganizar por completo el Estado hondureño; que establezca mecanismos de participación ciudadana más directos, con rendición de cuentas, transparencia y tolerancia política.

Una Asamblea Constituyente es el organismo democrático supremo de una democracia electoral y no debe temerse referirse a esta. No se trata de una "constituyente" según convenga al gobierno de turno, mucho menos de la oligarquía; sino que convenga al Pueblo de base.

Eso no significa la desaparición de los partidos, sino la subordinación de estos al Poder ciudadano real, eliminando eso sí, las prerrogativas que otorgan poderes desproporcionados a caudillos, comités centrales o liderazgos.

Ahora que el pueblo en las calles ha logrado cambiar la relación de fuerzas a favor de los cambios, y vista la crisis constante que generan los fallidos mecanismos de elección de funcionarios públicos, como ocurre con la elección del Fiscal General y Adjunto ¿no será el momento de abrir el debate sobre la necesidad de hacer cambios de este tipo y del mecanismo Constituyente que aquí se propone?

Bien decía Einstein que no esperemos cambios en nuestra realidad si seguimos haciendo las mismas cosas como siempre. Atreverse a cambiar es la clave del progreso.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Honduras

HONDURAS.- El Consorcio de Florida y el movimiento estudiantil de la década de 1970: La FESE, el FES, los CLES y otros espacios estudiantiles

Detalles
Administrator
12 Junio 2023
Visitas: 895

Por Josué Joel Sevilla López

Resumen

Este trabajo ubica el fenómeno de los movimientos estudiantiles en la década de 1970, en el nivel de secundaria y la universidad. A finales de la década de 1960, hubo una serie de movilizaciones contra las pretensiones de las Universidades del Estado de Florida, por conducir la educación hondureña. La resistencia contra el Consorcio de Florida culminó con la organización y participación de la izquierda hondureña.

Palabras clave: comunismo, política, exiliados, policía, Honduras

1. Introducción:

Este trabajo aborda como los Partidos Comunistas Hondureños (PC hondureños) se vincularon con el movimiento estudiantil de secundaria y universitario en la década de 1970. El artículo fue construido a partir de los testimonios de algunos protagonistas de la época. En Honduras, el estudio de los movimientos estudiantiles es un pendiente de las ciencias sociales. Actualmente existe un reducido conjunto de trabajos destacados que permiten ubicar desde la generalidad, la historicidad de los movimientos estudiantiles en Honduras.

Las teorías sociológicas surgidas en Europa y EUA en la década de 1960, reconocen a las organizaciones estudiantiles como parte de los nuevos movimientos sociales. Por ende, se presenta la evolución de las teorías dominantes en la academia de los movimientos sociales y la teoría de los movimientos antisistémicos de Immanuel Wallerstein como una postura alternativa de análisis (Wallerstein, 2004). En este sentido, se utiliza el concepto de movimientos antisistémicos para referir al movimiento obrero, movimiento campesino, los Partidos Comunistas Hondureños, y los movimientos estudiantiles hondureños.

La década de 1970 en Honduras, ha sido definida por la historiografía como una etapa marcada por el reformismo militar. El coronel Oswaldo López Arellano (OLA) realizó un viraje al ejecutar en su segundo mandato (1972-1975), una serie de reformas en materia económica y de inversión estatal de relativa trascendencia en el país. Entre los años 1963-71, OLA se hizo del poder político en Honduras en una primera etapa a partir de una alianza con el Partido Nacional de Honduras. Dicho partido fue dirigido por el emblemático Ricardo Zúñiga Agustinos en la década de 1960, quien culminó su carrera política acusado de corrupción. Finalmente describiré la historicidad de los movimientos estudiantiles desde una generalidad y presentaré como se conformaron los diferentes movimientos estudiantiles en la década de 1970, a partir de los testimonios. Los dos Partidos Comunistas que existían en nuestro país, participaron en el proceso de formación de las organizaciones y frentes estudiantiles de la década de 1970.

2. Aproximación a las teorías sobre los movimientos sociales en el siglo XX: teorías predominantes y la teoría de los movimientos antisistémicos

La teoría social empleada para analizar los movimientos sociales ha tenido una evolución en el siglo XX. La protesta social se convirtió en un fenómeno importante y los científicos sociales trataron de explicar las motivaciones que llevaron a las clases subalternas y diferentes actores a luchar

con agendas alternativas, contra los poderes fácticos. Durante el siglo XIX, Marx y Engels fueron pioneros en examinar el impacto del capitalismo en Europa, pero también a la clase obrera. Un análisis clásico lo dejó Federico Engels en “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (Engels, 2019). Carlos Marx, lo hizo en “Los Manuscritos económicos y filosóficos”. Posteriormente, ambos escriben “El Manifiesto comunista”, donde existe un énfasis en la clase obrera (Engels K. M., 2019).

Durante la primera etapa la teoría social puso su atención en el movimiento obrero y el movimiento campesino. El sociólogo Eugenio Sosa (2013) explica que, durante la primera mitad del siglo XX, surgieron las teorías de psicología de masas, el comportamiento colectivo y la sociedad de masas, derivadas de un enfoque psicosocial (pp. 25-29). El estudio de los movimientos sociales prosiguió desarrollándose. En algunos países dichos movimientos fueron considerados como peligrosos según Guido Galafassi (2011), quien comenta al respecto:

En el periodo de entreguerras, la ciencia norteamericana consideraba mayoritariamente a la movilización social como portadora de un comportamiento político no institucionalizado, espontáneo e irracional, por lo cual era potencialmente peligrosa al tener la capacidad de amenazar la estabilidad del modo de vida establecido. (p. 9)

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron en EUA las posturas teóricas de la “elección racional” y la “teoría de movilización de recursos”. La teoría de la elección racional consideró los movimientos sociales como actores racionales que definen sus objetivos empujados por ciertos intereses individuales. Sobre la teoría de la movilización de recursos, el escritor argentino Guido Galafassi (2011) menciona lo siguiente:

En este marco surge la teoría de la “movilización de recursos” (ressource mobilization) que es, por mucho, la que ha cosechado la mayor parte de los adeptos y la que se mantiene vigente hasta la actualidad. La diversidad de matices es muy grande, pero podemos mencionar a modo de ejemplo los siguientes autores más o menos afines a esta línea: McAdam (1982), McCarthy (1977), Tarrow (1997), Tilly (1978, 1990), Craig Jenkins (1994), etc. Aquí, la preocupación ya no gira exclusivamente alrededor del individuo egoísta sino alrededor de la “organización” y de cómo los individuos reunidos en organizaciones sociales gestionan los recursos de que disponen (recursos humanos, de conocimiento, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos. (p. 10)

Aparte de las teorías citadas, Guido Galafassi informa sobre la teoría de los movimientos antisistémicos desarrollada por el destacado sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein. Dicha perspectiva no fue entendida en una primera etapa en los círculos académicos y tuvo que entrar en el debate con otras posturas teóricas que se estaban desarrollando en EUA y Europa. Su apuesta consistió en denominar como movimientos antisistémicos a lo que se conoce como movimientos sociales ¿Cómo define los movimientos antisistémicos Immanuel Wallerstein?

Una forma de expresión que pueda incluir en un solo grupo a aquellos que, histórica y analíticamente, habían sido en realidad dos tipos de movimientos populares diferentes, y en muchos sentidos hasta rivales; es decir, por un lado, aquellos movimientos que se identificaban con el nombre de “sociales” y, por el otro lado, los que se autocalificaban como “nacionales”. Los movimientos sociales fueron concebidos originalmente bajo la forma de partidos socialistas y de sindicatos; y ellos pelearon para fortalecer las luchas de clases dentro de cada Estado, en contra de la burguesía o de los empresarios. Los movimientos nacionales, en cambio, fueron aquellos que lucharon para la creación de un Estado nacional, ya fuese combinando unidades políticas antes separadas que eran consideradas como parte de una nación —como por ejemplo en el caso de Italia- o escindiéndose de ciertos Estados considerados imperiales y opresivos por la nacionalidad en cuestión— como el caso de algunas colonias en Asia y en África, por ejemplo. (Galafassi, 2011, p. 15)

Los movimientos antisistémicos aspiraban a la toma del poder para cambiar el mundo. En un texto recopilatorio de ensayos llamado “Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos”, dicha categoría es empleada por Wallerstein para referirse a los movimientos sociales que surgieron en el siglo XIX y XX:

El siglo XIX vio el nacimiento de dos variedades principales de movimientos antisistémicos: socialistas y nacionalistas. Los primeros insistían en la opresión del proletariado por la burguesía, y los segundos en la opresión de los pueblos (y «minorías») sometidos por etnias dominantes. Ambos tipos de movimientos pretendían conseguir, en un sentido amplio, la «igualdad». De hecho, tanto unos como otros utilizaron las tres consignas del lema revolucionario francés «libertad, igualdad, fraternidad» de forma prácticamente indistinguible. Ambos tipos de movimientos fueron cobrando una forma organizativa concreta en un país tras otro, y al final en casi todos, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. Ambos insistían en la importancia de conquistar el poder estatal como etapa intermedia indispensable en la vía hacia sus objetivos últimos. El movimiento socialista, sin embargo, sufrió una importante escisión mundial a comienzos del siglo XX a propósito de la vía más adecuada para conquistarlo (estrategia parlamentario insurreccional). En 1945 existían tres redes claras y distintas de tales movimientos en la escena mundial: los partidos comunistas de la Tercera Internacional, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional y los distintos movimientos nacionalistas (o de liberación nacional). El periodo 1945-1968 supuso notables logros políticos para esas tres redes de movimientos. (Wallerstein, 2004, p. 348)

La propuesta teórica de los sistemas mundos, y los movimientos antisistémicos fueron diseñados por el autor para analizar procesos sociales de largo plazo y aquellos actores que generaron procesos de resistencias, en una etapa histórica. Las teorías de los nuevos movimientos sociales incluyen a los movimientos estudiantiles, así como los movimientos identitarios y culturales, en su agenda de análisis. En este sentido, este ensayo consideró a las organizaciones estudiantiles como un movimiento antisistémico. Ese será el énfasis que se dará en las líneas que prosiguen. La categoría de movimientos antisistémicos se utilizarán para referirse al movimiento obrero, movimiento campesino, los Partidos Comunistas Hondureños, y los movimientos estudiantiles hondureños.

3. Contexto histórico de Centroamérica y Honduras en la década de 1970

La década de 1970, es descrita en Centroamérica por el sociólogo costarricense Manuel Rojas Bolaños (1994) en la “Historia general de Centroamérica” por distintos escenarios. En Guatemala se estableció un régimen militar fuerte que dominó la política durante casi toda la década. El Salvador, y Nicaragua se conducen hacia los procesos de guerra civil. La mayor parte de organizaciones guerrilleras se fortalecieron en estos países durante la década de 1970. En cambio, Costa Rica agotó la estabilidad política y económica de los procesos de reformas que, desde la década de 1940, se fortalecieron en este país (pp. 116-138). Honduras inició un proceso de apertura democrática al que la historiografía hondureña denominó como reformismo militar (Cid, 1983, pp. 267-299).

Sin embargo, la década de 1960 Honduras transitó por un proceso de represión, y persecución de los movimientos antisistémicos después del golpe de estado de 1963, bajo el pretexto de una supuesta infiltración comunista a lo interno del gobierno de Ramón Villeda Morales (1957-63). Nada más absurdo como justificación de las Fuerzas Armadas debido a que dicho gobernante siempre se identificó como un abierto anticomunista en nuestro país. El primer mandato de OLA, se estableció mediante en una alianza con el Partido Nacional de Honduras.

El movimiento antisistémico hizo varias manifestaciones de resistencia entre movimientos guerrilleros (1965), y el llamamiento de dos huelgas generales inconclusas contra OLA, en 1965 y 1968. La década de 1960, terminó con la guerra entre Honduras y el Salvador en 1969, y una mala experiencia en El Mercado Común Centroamericano. Esto debilitó el poder político de OLA, quien presionado por los movimientos antisistémicos y otros actores tuvo que convocar a elecciones en marzo de 1971, de donde resultó ganador el nacionalista Ramón Ernesto Cruz (Salomon, 1982, p. 51). Ante la pésima administración en que cayó su gobierno, OLA aprovechó esta oportunidad para derrocar a Ramón Cruz, quien esperaba una poderosa manifestación campesina que se dirigía a la capital Tegucigalpa, en diciembre de 1982.

Al posicionarse en un segundo mandato, OLA llevo a cabo un conjunto de reformas en diferentes campos de la economía por medio de una seria de Decretos ejecutivos. La publicación del Decreto 8 en 1973, significó un primer momento del gobierno en la configuración de su programa reformista (Cid, 1983, p. 287). Luego se publicaron los Decretos 9, 10, 12, 14 como parte de la reforma según Leticia Salomón (1982, pp. 75-76). Posteriormente apareció ante la opinión pública en enero de 1974, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la publicación de la segunda LRA en 1975. Acompañado a las reformas, se creó el Proyecto de Capacitación Campesina para la Reforma Agraria (PROCCARA), el cual estuvo coordinado a partir de 1973 por el reconocido teórico Clodomir Santos de Morais (1928-2016), el cual capacitó una gran cantidad de técnicos en torno al proceso de LRA. Gracias al planificador brasileño, en Honduras se fundaron las empresas asociativas y aplicó su teoría de organización en el país. En el contexto del momento histórico que se describe, Santos de Morais publicó su Teoría de la organización “que, en su opinión, permitirían que obreros y campesinos y, en general, los pobres, puedan auto-organizarse para el trabajo colectivo con fines económicos” (Ruiz, 2017).

El Partido Comunista de Honduras (PCH) identificó el proceso de reformas y la década de 1970, como una etapa de “apertura democrática”. La década de 1960 fue para los comunistas de persecuciones, divisiones y reveses con el movimiento antisistémico. No obstante, al tener un acercamiento con OLA y las Fuerzas Armadas crearon una línea que denominaron como “acumulación de fuerzas y democratización de los espacios”. La misma consistió en crecer en cantidad y acaparar los espacios dentro del movimiento popular, a través de cuadros políticos. La segunda mitad de la década de 1970 terminó con un proceso de contrarreforma comandado por el general Juan Alberto Melgar Castro (1975-78).

4. La historicidad de los movimientos estudiantiles entre 1918-69

¿Cómo surgen los movimientos estudiantiles en Honduras durante el siglo XX? Hay dos momentos. Primero, los que surgieron durante la primera mitad del siglo XX a nivel universitario; luego, los que se crearon en la segunda mitad, el cual incluye el nivel de secundaria y universitario. Los antecedentes de los movimientos estudiantiles a nivel universitario tienen como punta de lanza la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), fundada el 25 de julio de 1925 (Joya, 1979, p. 2). La formación de la FEUH, se inspiró en el movimiento de Córdoba en Argentina (1918) y motivó a los estudiantes a luchar por la autonomía universitaria como lo ha dejado evidenciado el historiador Moisés Mayorquín (2017, pp. 152-159).

Refiriéndose a la historia de los movimientos estudiantiles durante el siglo XX, Josué Sevilla alude que:

“En una primera etapa, los movimientos estudiantiles se desenvolvieron bajo el esquema de la ideología liberal, de la cual devinieron como hermandades, con fines de lucro académico, político, o como simple afición de jóvenes intelectuales. Sin embargo, las ideas de izquierda y otras tendencias que se incubaron en la década de 1950 -cuando el comunismo internacional, daba síntomas de superar la sociedad burguesa occidental- incentivaron la organización de movimientos estudiantiles en Honduras, con otros fines de lucha al tradicional” (Sevilla, 2019).

Le FEUH en las primeras décadas del siglo XX según la tesis “Apuntes sobre la historia de la FEUH”, estuvo determinada por las diferencias políticas entre estudiantes ligados al Partido Liberal y el Partido Nacional. Al respecto se sostiene que:

En 1931 estando de presidente de la FEUH, el Br. Ramón Villeda Morales se publica el primer número del Órgano de publicidad de la Federación, "El Universitario”, es aquí donde se vislumbrará más claramente los conflictos entre ambas tendencias políticas, al surgir problemas en la dirección del periódico que estaba compuesta por estudiantes liberales y nacionalistas. “Ambos bandos se acusaron mutuamente de partidarios ciegos, de utilizar las páginas del periódico con el fin de divulgar política sectaria. (Joya, 1979, p. 3)

Por tanto, la primera etapa de los movimientos estudiantiles estuvo determinada por las pugnas entre los estudiantes ligados a los partidos tradicionales. El primer PCH que se mantuvo activo en las décadas de 1920 y 1930, parece que no tuvo influencia durante la primera etapa de los movimientos estudiantiles representados en la FEUH. Aunque la tesis anterior comenta sobre una alianza entre liberales y el Partido Socialista Revolucionario Hondureño (PSRH) en 1932 (Joya, 1979, p. 6), no tuvo nada que ver la izquierda de esos años y el primer PCH. Lo contrario, este partido representó una oposición a los comunistas hondureños como lo señaló Mario Posas (2019) en uno de sus últimos trabajos.

Un artículo del periódico de la FEUH El Universitario dice lo siguiente sobre el PSRH:

Cordial mensaje recibido tal como lo esperábamos, el Comité Central del Partido Revolucionario de Honduras, nos ha declarado enfáticamente estar de acuerdo con la labor de El Universitario y en su cordial mensaje nos expone los puntos de su programa sobre los cuales desearía obtener nuestro parecer para afrontar una lucha común. Las columnas de nuestro semanario no nos permiten hacer una exposición extensa al respecto, pero al condensar nuestro sentimiento y nuestras ideas, podemos decirles a los compañeros obreros, que dentro de nuestra ideología caben ampliamente los puntos señalados de su programa. (Universitario, 1931, p. 1)

El aparecimiento del periódico El Universitario y la Fundación del PSRH ocurrieron en el año de 1931. Por esta razón la FEUH, se pronunció a favor del programa de este partido al que Mario Posas (2017) calificó de representar una tendencia social demócrata (p.218). Cuando Tiburcio Carías Andino ocupó la presidencia de la república en 1933, persiguió a varios miembros de la FEUH y muchos fueron a parar al exilio. Parece ser que la FEUH detuvo su activismo político por algunos años y luego fue ocupada por los nacionalistas como lo evidencia el periódico llamado Vanguardia Universitaria donde se identifican en los artículos del mismo a varios líderes del Partido Nacional (Universitaria, 1948).

La tesis citada nos informa sobre las manifestaciones que acompañó la FEUH, al finalizar la dictadura de Tiburcio Carías en 1949 y retomar su activismo a finales de la década de 1970 (Joya, 1979, pp. 7-12). Durante la segunda mitad del siglo XX, los movimientos estudiantiles se vieron cautivados por los vientos de cambios en los años de posguerra y el inició de la guerra fría a nivel internacional en la década de 1950. La FEUH, tuvo su primera prueba de fuego con la huelga bananera de 1954. El llamado de los obreros por apoyo fue recibido con acciones por parte de los estudiantes. Sobre esto hecho, nos dice la tesis mencionada:

Ante este llamado, la FEUH se pronuncia y se constituyen varios comités para canalizar dicha ayuda. El 7 de mayo se integró el Comité Universitario de Solidaridad con la Huelga, Este promovía la recaudación de fondos, la difusión de los objetivos del movimiento y brigadas a los campos bananeros. (Joya, 1979, p. 14)

En las recolectas para la huelga bananera de 1954 participaron los jóvenes Guatama Fonseca y Jorge Arturo Reina, quienes se convertirían en figuras públicas en años posteriores. Después de este acontecimiento, otro punto de referencia que motivó la organización de los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad fue la Revolución Cubana de 1959, que causó una gran conmoción en la comunidad universitaria. Por esos años ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el distinguido abogado Rodil Rivera Rodil quien facilitó su testimonio para esta investigación. Sobre las expectativas que provocó la Revolución Cubana en el imaginario colectivo de los estudiantes de la UNAH manifestó lo siguiente:

Definitivamente, el acontecimiento histórico de máxima envergadura que aconteció durante mi época de estudiante, lo constituyó la Revolución Cubana, que se produjo en el propio año que ingresé a ella, el cual, al igual que ocurrió en todas las universidades de América Latina y del mundo, la conmocionó hasta sus mismos cimientos. Por ello, no creo equivocarme si sostengo que la historia de la UNAH y del movimiento estudiantil universitario hondureño, al menos de aquellos años, puede escribirse de dos maneras: antes de la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana. En una palabra, el movimiento estudiantil experimentó una profunda transformación y comprendió mejor el rol que debía jugar en el destino de Honduras (Rodil, 2021, p. 2).

Como deja entrever el entrevistado, a finales de la década de 1950, existía una gran motivación dentro del movimiento estudiantil en torno a la experiencia cubana. A finales de la década de 1950, dos temas se pusieron en boga que incentivaron el movimiento estudiantil: la obtención de la autonomía universitaria en 1957 y la organización de los estudiantes en frentes. Una fuente del portal del FRU, nos expone el ambiente que había en el surgimiento de nuevos movimientos estudiantiles dentro de la universidad:

Hasta 1956, no existían en la universidad frentes estudiantiles con carácter permanente, sino agrupaciones que surgían al calor de las elecciones de la FEUH. Por esos años, tres serían los frentes estudiantiles que se disputaban la presidencia de la máxima organización estudiantil: 1. El Movimiento Universitario Vanguardista (MUV), formado por jóvenes estudiantes vinculados al partido liberal y al movimiento reformista (partidarios del Movimiento Reformista de Gálvez y William, desgajado del Partido Nacional). 2. El Frente de Unidad y Renovación Universitaria (FURU), formado por seguidores del Partido Nacional y de Carias Andino, y 3. El Frente de Reforma Universitaria FRU, formado por jóvenes vinculados al partido liberal y elementos democráticos revolucionarios con tendencias marxistas. En noviembre de 1957 se funda el primer frente universitario con carácter permanente y base ideológica avanzada. (Sevilla, 2019)

Posteriormente, surgieron dentro de la UNAH el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD), los cuales en su mayoría eran nacionalistas y cariístas (Joya, 1979, p. 16); La Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), fundada en el año de 1981. El PCH a través de la Juventud Comunista de Honduras (PCH), hizo esfuerzos por establecer círculos de lectura en la UNAH. Sin embargo, dichos círculos de estudio a los que asistió por algún tiempo el abogado Rodil Rivera Rodil tuvieron otra génesis:

Efectivamente, a finales de 1959 o principios de 1960, formé parte de uno esos círculos de estudio, conformado, aparte del coordinador del partido, únicamente por dos compañeros y mi persona, el cual duró menos de un año, y hasta donde recuerdo, su disolución tuvo que ver, de alguna manera, con las diferencias que surgieron en el seno del partido, derivada, entre otras razones, de las divergencias que recién comenzaban entre la Unión Soviética y China. Es correcto, igualmente, que no milité en el partido comunista, y en honor a la verdad, nunca lo solicité ni tampoco me fue propuesto. Y, recuerdo bien que con mis compañeros coincidimos en que nuestra motivación primordial para participar en el círculo de estudios fue la de conocer con alguna profundidad la doctrina marxista. (Rodil, 2021, p. 3)

No se encontraron registros de esfuerzos anteriores realizados por el PCH por influir en la UNAH. En este sentido, los círculos de estudio se diluyeron pronto, aunque generó las discusiones sobre marxismo dentro de algunos jóvenes universitarios. Los movimientos estudiantiles que surgieron en la década de 1950 fueron objeto de persecución en la década de 1960. El punto de inflexión sobrevino con el golpe de estado del 3 de octubre de 1963. El gobierno del militar Oswaldo López Arellano (OLA) fue de hecho, un detractor de las garantías ciudadanas y de los movimientos antisistémicos de esos años. Obreros, comunistas y líderes sociales estuvieron en el ojo del huracán durante la alianza que establecieron los militares y el Partido Nacional en la década de 1960.

Los estudiantes progresistas fueron encarcelados y exiliados por OLA. En la portada del periódico El Cronista del 25 octubre de 1963 aparecen en primera plana las personas que iban al exilio como el Lic. Jorge Arturo Reina, el Br. Rodil Rivera Rodil y el Ing. Filander Díaz Chávez (El Cronista, 1963, p. 1). El abogado Rodil quien fue apresado durante el golpe militar proporcionó datos excepcionales sobre un pequeño grupo de jóvenes que asumieron posiciones de rebeldía. OLA montó cacería a este grupo de jóvenes dado que descubrió que estaban preparando un movimiento insurreccional. Se cita parte del testimonio del abogado Rodil Rivera:

En 1963 cuatro años después de 1959 yo estoy en cuarto año de la carrera de derecho se produce el golpe de estado. Capturan a una gran cantidad de gente muy grande en el estadio. El día que nos capturan con Jorge Arturo Reina que por cierto, veníamos de fundar un movimiento insurreccional el sábado 5 de octubre de 1963. El golpe fue el 3 de octubre y dos días después nos reunimos cerca de la penitenciaría y fundamos un movimiento donde estaba Aníbal Fiallos de San Pedro Sula, pero cuando nosotros vamos saliendo de allí y pasamos frente a la casa presidencial de regreso nos capturan. Allí estuvimos presos en un calabozo en presidencial y después en el estadio con unas 400 personas en total. Luego nos expulsan al exilio a Costa Rica el día 25 de octubre día de mi cumpleaños como miró en el diario que mostró pasando la mitad de este en la cárcel y otra en el expulsado de mi país. En aquellos años las dictaduras eran más duras en cuanto la represión y capturar gente, pero como nosotros éramos personas conocidas del movimiento estudiantil había profesionales; allí por ejemplo estaba el ingeniero Filander Díaz Chávez. Él fue hijo de uno de los hombres más honestos e importantes por su honestidad que había tenido el Partido Liberal Rafael Díaz Chávez. (Rodil, 2021)

En el resto de la entrevista el abogado Rodil comentó que el asignado militar que los condujo al exilio fue Walter López Reyes (Rodil, 2021). Sin duda, el golpe de estado de 1963 fue sangriento y de gran impacto para la sociedad hondureña y necesita de un estudio de casos. La persecución contra el movimiento antisistémico fue una tendencia durante la década de 1960.

5. El consorcio de Florida, la FESE y la organización del movimiento estudiantil a través de los testimonios de algunos protagonistas

Un hecho que movilizó el movimiento estudiantil a finales de la década de 1960 fue el proyecto colonialista en la educación conocido como “El Consorcio de Florida”. Dicho proyecto activó el movimiento estudiantil, los cuales exigieron el retiro del proyecto de asistencia técnica, el cual buscaba afectar todos los niveles de la educación en Honduras. No existe en el país un estudio sistematizado sobre el dilema del Consorcio de Florida. Posiblemente, este fue un proyecto para conducir los métodos de enseñanza-aprendizaje. Lorenzo García, coetáneo de la época se refiere al Consorcio de Florida en los siguientes términos:

En los años 70 cuando un Consorcio de universidades del Estado de La Florida dispuso comprar a Honduras el servicio de la Educación, apropiándose ellos para dirigir, anulando los planes educativos catrachos, los hijos del Padre Trino salieron enérgicos a no permitir ese infame proyecto con el saldo de otro muerto por las fuerzas represivas: Carlos Virgilio Zúniga caía, pagando con su vida el abortar la entrega soberana. (García, 2019)

El catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) matizó este proceso de la siguiente forma:

Entre 1967 y 1971 La República de Honduras firmo un convenio de cooperación con USAID, en el marco de la política exterior norteamericana, Alianza para el Progreso, promulgada desde 1961.

El mencionado convenio de préstamo comprendía la construcción de 20 edificios para colegios de secundaria, una reestructuración del sistema educativo y su respectiva reforma curricular, así como la capacitación de personal del Ministerio de Educación y del profesorado en general, además de reestructuración de la institución encargada de formar los profesores de secundaria y la concesión de becas en E.U.A. para docentes., Todo esto bajo la asesoría de dos firmas consultoras norteamericanas. En lo académico sería el Consorcio de las Universidades de la Florida. La educación nacional vivía una situación de exclusión: el 62% de la población entre 7 y 25 años estaba fuera del sistema educativo; existían 98 colegios, pero de estos solo nueve colegios eran públicos, el resto privados; el 100% de los profesores no estaba formado, ni especializado en el nivel educativo secundario. Será el Estado interventor, el protagonista de transformar esta situación, para lo cual firmo el convenio de préstamo que pretendió al final mejorar en gran manera la cobertura, infraestructura, gratuidad y la calidad. (Hernández, 2019)

El Consorcio de Florida que las universidades estadounidenses quisieron potenciar aparece en la historiografía hondureña como un hecho aislado, al igual que la resistencia que hicieron los estudiantes y otros actores entre 1967-69. Lo que sí fue una realidad es que el proceso de oposición motivo para que en el país los estudiantes ligados al PCH y el Partido Comunista Marxista Leninista de Honduras (PCMLH), iniciaran un proceso de organización de frentes estudiantiles durante la década de 1970. Por ende, este trabajo pretende iniciar un debate para futuras investigaciones.

El proyecto del Consorcio de Florida es secundariamente mencionado en los estudios de Mario Posas y Rafael del Cid (2005) y Edgardo Rodríguez (2005). Como se abordará brevemente, las organizaciones que surgieron en la década de 1970, cuestionaron las condiciones deplorables de la educación semioficial hondureña, el cual fue el nombre que se le dio a la condición semiprivada que predominaba en la Honduras, a finales de la década de 1960.

6. Organización de los frentes estudiantiles en la década de 1970: testimonios de los protagonistas, la FESE, el FES, los CLES, y otros frentes

Por esos años, los comunistas hondureños iniciaron un proceso de organización con los estudiantes de secundaria y en la universidad. El PCH utilizó una agenda unificadora, que cuestionó durante toda la década de 1970 la realidad educativa y el Ministerio de Educación. La animadversión ciudadana contra las pretensiones del Consorcio de Florida favoreció la empatía hacia el movimiento estudiantil. Un documento del PCH, denominado “Trabajo órgano del Comité Central del PCH de 1971”, muestra evidencia de que ya se estaba realizando un trabajo desde 1969. Se cita dicho documento:

El movimiento estudiantil es hasta el momento, nuestro segundo frente de lucha. A partir de 1969 - año de abundantes acontecimientos sociales- los esfuerzos del partido entre los estudiantes se han acrecentado y en 1970 hemos desarrollado la campaña de organización que continuaremos en 1971. Ha sido un trabajo muy intenso que ha demandado la participación constante de las células estudiantiles, de la comisión del comité municipal y la comisión política del comité central. (PCH, 1971, p. 1)

En efecto, después de la protesta social contra el Consorcio de Florida, se inició a principios de la década de 1970 el proceso de organización del movimiento estudiantil dentro de la UNAH. De aquí en adelante se citarán las fuentes testimoniales proporcionadas por algunos protagonistas. A principios de los años de 1970, el Dr. Víctor Ramos ingresó a la UNAH y en la entrevista obtenida manifestó:

En la Universidad comenzamos, los comunistas, militando en el FRU, pero ese frente estaba tomado por los liberales y los maoístas y hubo mucha confrontación Cómo repuesta el Partido formó el Frente Estudiantil Socialista. Sus principales líderes eran Laureano Carbajal, Matías Funes, Héctor Hernández, José María (Chema) Turcios. (Ramos, 2021, p. 3)

Los comunistas al parecer apoyaron el FRU, en las elecciones estudiantiles en Julio de 1971 para mantener la unidad. En el documento citado del PCH se dice lo siguiente:

“Por disciplina los comunistas respaldamos la planilla del FRU aunque no estábamos, ni estamos de acuerdo con su tendencia pequeño burguesa desesperada e inclinada a soluciones revolucionarias. Lo que nos diferencia a los comunistas es que estos sueñan con convertir el FRU y la FEUH, en el partido político que encabezará la lucha armada contra la dictadura criolla, el imperialismo y nosotros luchamos por hacer de esas dos organizaciones tribunas a la vez que sirva para los sectores populares para organizarse en pos de consignas que correspondan a su grado de conciencia política”. (PCH, 1971, p. 4)

La lucha a lo interno del FRU entre liberales, los comunistas del PCH, y la Ultraizquierda motivo la creación de otra organización estudiantil, como lo afirmó Víctor Ramos. ¿Qué organización fue creada por el PCH? El Frente Estudiantil Socialista (FES) fue creado en 1971 y en su ideario manifestó lo siguiente:

El Frente Estudiantil Socialista FES, basa su ideología en los sólidos principios de la teoría del socialismo científico que permite analizar objetivamente los fenómenos sociales y con arreglo a ello, emprender la lucha por su transformación definitiva. El FES, ve en el socialismo la única perspectiva de liberación de nuestro. (FES, 1972, p. 2)

La cita anterior muestra la línea ideológica que asumió esta organización estudiantil dentro de la UNAH. Sobre el crecimiento del FES en la UNAH, el Dr. Víctor Ramos (2021) continúa aportando:

“El partido influyó en el sector estudiantil a través del FES y de la FESE. El FES se creó en el 71. Tuvo muy buena participación estudiantil, a pesar de que pronto lo calificaron de comunista, sin embargo, se trataba de un grupo amplio. La juventud del Partido que estudiaba en la Universidad de unió al FES y los estudiantes de secundaria a la FESE. Eran organizaciones hermanas pues teníamos una sola sede cerca del Colegio Guillén Zelaya”. (p. 4)

En este sentido, el PCH incentivo en la juventud la organización estudiantil como un espacio de lucha de los sectores populares y los movimientos antisistémicos. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la FESE y el FES? Antes del aparecimiento de la FESE y el FES, le precedió una organización embrionaria. Estas aseveraciones fueron proporcionadas por el dirigente sindical Héctor Hernández. Al respecto afirma:

“Estando en la universidad, estaba trabajando en la idea estudiantil siempre con los grupos de participación que le dije. Logramos constituir una organización que no era muy legal pero que existía le llamamos el BEUS que significa Bloque Estudiantil Universitario y de Secundaria. En el BEUS organizamos la Federación De Estudiantes De Segunda Enseñanza (FESE) Carlos Virgilio Zúñiga, y el Frente Estudiantil Socialista (FES), en la UNAH. En ese espacio recuerdo que participó Laureano Carbajal Rivas un abogado, y la compañera Porfiria Isabel Pastora en la universidad. Ella era una estudiante de economía. Ambos fueron dirigentes estudiantiles. Estos nos permitieron a nivel de secundaria organizar los estudiantes de segunda enseñanza y crear la FESE”. (Hernández, 2021, pp. 13-14)

Del testimonio del abogado Héctor Hernández se puede divisar que la organización precursora del FES y la FESE, fue el BEUS y que fue la base de la juventud del PCH estuvo totalmente involucrada en estos esfuerzos organizativos. Las referencias más remotas que se obtuvieron sobre la fundación de las organizaciones citadas provenían del testimonio brindado a Edgardo Rodríguez del líder sindical Luis Morel quien manifestó que:

“Paralelamente a la estructuración de la JC, en el mes de septiembre de 1970 se Organiza La Federación de Estudiantes de Secundaria (FESE) y el Frente Estudiantil Socialista (FES), a nivel universitario. Posteriormente surgirá el Frente de Acción Revolucionaria (FAR); secundaria y el Frente Estudiantil de Acción Revolucionaria (FEAR), en la Escuela Superior. Estás serán las agrupaciones legales del país en el que los jóvenes comunistas desplegarán sus actividades durante años”. (Rodríguez, 2005, p. 56)

¿Cuál es el año de fundación de la FESE? Si se toman como base las evidencias de los testimonios del Dr. Víctor Ramos, el abogado Héctor Hernández y el líder sindical Luis Morel, el año en que se fundó la FESE, parece ser 1970. Los comunistas a pesar de su ilegalidad, se destacaron por crear organizaciones legales para desarrollar su trabajo a través de agendas sociales, que tenían como benefactores los sectores más desposeídos. La mayor parte de las organizaciones creadas por el PCH, no aparecen mencionadas en los textos de historia con algunas excepciones. El FES y la FESE, fueron dos espacios fundamentales en la organización del movimiento estudiantil en la década de 1970. Esta fue una de las mejores etapas del movimiento estudiantil en el siglo XX.

Para conocer sobre las formas en que se estructuró la FESE se recurrió a varios testimonios de personas que estuvieron vinculadas a esté espacio. Edgardo Rodríguez en su trabajo La izquierda hondureña en la década de 1980, menciona los vínculos de la escritora y poeta María Eugenia Ramos con la FESE. La escritora brindó parte de su testimonio en esta organización. Sobre la estructura de la FESE manifestó que “estaban los Consejos Centrales De Estudiantes. Después de esta estructura, estaba el Congreso De Estudiantes. El congreso de estudiantes elegía el Directorio Nacional de la FESE (Ramos, 2020, p. 10)”. Hasta este momento se desconoce si luego de aparecer la FESE el estado influyó para que existiera algún tipo de reglamento que determinará los procesos de representación o en su defecto, fue creado por los estudiantes.

El profesor y poeta Cesar Lazo (2021) proporcionó su valioso testimonio para reconstruir parte de la historia de la FESE. A la lista de espacios de elección dentro de la FESE, él añadió la existencia de los Directorios regionales. Por tanto, más o menos el andamiaje de la FESE fueron: Congresos Estudiantiles, Consejos Centrales de estudiantes, Directorio Regional, y el Directorio Nacional de la FESE. El proceso democrático a lo interno de la FESE pasaba por un proceso de sufragio, en todos los niveles mencionados. Refiriéndose a los procesos eleccionarios de la FESE, la escritora y poeta María Eugenia Ramos compartió su experiencia como estudiante del Instituto Mixto Hibueras de Tegucigalpa:

“Pues así fue como llegué a través del Instituto Hibueras, me fui involucrando. Primero, en el consejo de estudiantes, porque así era como se llegaba al congreso nacional de la FESE. Primero, usted debía de estar en el consejo de estudiantes, de su respectivo centro educativo; después, tenía que llegar al congreso de la FESE, o sea, sólo si su colegio lo elegía como delegado o delegada, para llegar al congreso de estudiantes, que se hacía una vez al año ese congreso de estudiantes”. (Ramos, 2020, p. 5)

La escritora María Eugenia Ramos fue presidenta de la FESE durante la década de 1970. La dinámica democrática dentro de la FESE conllevaba a la elección del presidente (a) ¿Qué personas ocuparon la presidencia de la FESE? El Maestro Cesar Lazo proporcionó los nombres de los presidentes de la FES:

“No recuerdo los años con exactitud, pero sí sé que fue en el siguiente orden. Primero Roger Isaula que se caracterizó por ser un excelente abogado laboralista, el segundo fue el sociólogo Pablo Carías, Tercero Ángel Ortega, cuarto, María Eugenia Ramos, José Espinal Molina (profesor), y Roberto Zelaya”. (Lazo, 2021)

Gracias al Maestro Cesar Lazo, se ha podido ubicar los nombres de los presidentes de la FESE. Al listado se suma la Msc. Divina Alvarenga con quien se ha tenido comunicación. Por la cuestión impuesta por la pandemia del Covid 19 y un acceso limitado en los Archivos no se ha podido ubicar los años en que estuvieron cada uno de los protagonistas mencionados. Se tienen las fechas como presidentes de algunos de ellos: María Eugenia Ramos (75-76) José Espinal Molina de 1976-78, y Roberto Zelaya de 1979-81, pero está sujeto a una revisión más precisa.

La línea política del PCH en esos años dentro de los movimientos antisistémicos fue la idea “acumulación de fuerzas y democratización de todos los espacios”. Un documento del PCH, de la Segunda Conferencia Sindical Nacional (SCSN) de 1977, definió la línea de acumulación de fuerzas como una estrategia que aspiró a colocar los cuadros del PCH en diferentes espacios de masas (PCH, 1977). La década de 1970, fue la etapa en que las organizaciones de izquierda crecieron, sobre todo las del PCH.

Sin embargo, se considera que al abrirse a la ciudadanía estas organizaciones en busca de consensos también promovieron la competencia con otras posturas políticas que no fueran las de la izquierda. En Honduras, durante la segunda mitad del siglo XX hubo dos expresiones comunistas importantes. El PCH y PCMLH. Estos partidos se enfrentaron ideológicamente debido a que el PCH se alineo al comunismo soviético y el PCMLH, con el maoísmo Chino. Dichas contradicciones estuvieron presentes en las organizaciones que manejaron ambas expresiones de izquierda.

El PCMLH de tendencia pro China, creó su propia estructura dentro de secundaria. Agapito Robleda (dirigente histórico del PCMLH) comenta sobre las organizaciones que crearon los pro chinos:

“Ante la efervescencia que se observaba en los estudiantes de secundaria, reclamando derechos que les negaban las autoridades educativas, y el hecho de que la Federación de Estudiantes de Secundaria, FESE, recientemente constituida, por iniciativa de varios sectores, incurrió en actos sectarios y excluyentes, decidimos en la Dirección del Partido constituir los Comités de Lucha de Estudiantes de Secundaria, CLES, en todos los institutos de educación media del país para que tomaran en sus manos las banderas de las reivindicaciones estudiantiles, principalmente el reconocimiento de los Consejos Centrales Estudiantiles como organismos de dirección propios, que los liberara de la sujeción de los mandatos inconsultos de los Directores y del Ministerio de Educación”. (Castro, 2012, pp. 145-146)

Los CLES, también tuvieron su mística de trabajo y presencia dentro de la FESE. Sin embargo, sus propuestas y su contribución se mantienen en silencio debido a que los ex militantes del PCMLH, poco o casi nada han escrito sobre la historia de su organización. Se espera que los ex militantes del PCMLH realicen un trabajo de recuperación con las personas que fueron parte de esta organización y otros espacios. En síntesis, el PCMLH se posicionó en la universidad en el FRU durante varios años.

En secundaria lo hizo a través de las CLES y el Movimiento estudiantil Revolucionario (MER), en la Escuela Superior del Profesorado (ESP), actualmente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). El PCH se posicionó a través del Frente de Acción Revolucionaria (FAR) en secundaria, el FES dentro de la UNAH y el Frente de Estudiantil de Acción Revolucionaria (FEAR), en la ESP. Este es el cuadro de las organizaciones que la izquierda manejó en la década de 1970. Los ultras conservadores y conservadores dentro de la UNAH, se aglutinaron en el FUUD, expresión manejada casi siempre por el Partido Nacional de Honduras.

Durante la década de 1970 ¿Qué incidencias tuvo la FESE en el sector de secundaria? El mayor aporte de la FESE, como movimiento estudiantil fue promover la creación, construcción y oficialización de los colegios públicos. La escritora María Eugenia Ramos participó en un proceso de protestas sociales en Tegucigalpa en 1978:

“La lucha que nos marcó aquel momento y que, puede decir que fue un revés para el movimiento estudiantil. Pero yo creo que de todos reveses se toma lección, fue una huelga que se libró en el instituto técnico Luis Bográn. El instituto técnico Luis Bográn, al igual que la Normal Mixta y El Central, eran como los colegios más grandes, más emblemáticos. El Instituto Técnico Luis Bográn, los estudiantes hicieron una huelga pidiendo la destitución de algunos docentes, pidiendo mejora también a los talleres. Empezamos nosotros a solidarizarnos con la huelga de los compañeros, incluyendo la Normal Mixta. Pero no pudimos, no pudimos sostener la respuesta que tenía la educación en aquel momento, fue sumamente represiva. No lo desaparecían a uno, pero sí tenían sus formas de neutralizar. Pues lo que hicieron fue, expulsar a los cuatro dirigentes del técnico Luis Bográn. A mí me hicieron una expulsión técnica (yo estaba en último año), no me expulsaron abiertamente, sino que me suspendieron la práctica docente. Yo sin la práctica docente, no podía graduarme. Mi papá escribió una carta (lástima que no se me ocurrió traerle ese libro. No sé sí usted lo tiene o lo ha visto: Educación, Democracia y Desarrollo en Honduras). Esa es una compilación de artículos de mi papá, publicados en Diario Tiempo. Yo hice la recopilación y publiqué el libro”. (Ramos, 2020, p. 6)

Los años de 1978-79, fueron de protestas según las evidencias de los testimonios a los que se podido acceder. En el testimonio de la Profesora Maribel de San Pedro Sula se comenta sobre el activismo en esta ciudad. Al respecto:

“En esos años tuvimos un momento de insurrección que comenzó por protestas alrededor del pago de derecho a examen y la expulsión de los compañeros Aníbal Urquía, Suyapa Castro y otros. En esa ocasión se incendiaron los portones del colegio José Trinidad Reyes. Sin embargo, la principal lucha fue la oficialización de los colegios públicos. Por esos años, los colegios eran semi oficiales. Es decir, eran colegios semi privados pues muchos gastos lo cubrían los padres de familia. Nosotros impulsamos en 1978 la propuesta de oficializar varios colegios en San Pedro. Recuerdo que en el centro estaban José Trinidad Reyes, el Colegio de mujeres Minerva, y el Colegio Debe y Haber”. (Maribel, 2020)

Tal como se ha comentado, la educación secundaria durante la década de 1970 y posiblemente durante gran parte del siglo XX, fue semi privada y semi oficial en Honduras. El concepto de semi oficial en 1970 se entendía como aquel tipo de educación donde el estado apenas y contribuía con la educación de nuestros jóvenes. El PCH, a través de sus células estudiantiles impulsó por medio de la FESE, una agenda enfocada en constreñir al estado a reconocer la educación pública como oficial, a nivel. El principal aporte de la FESE durante la década de 1970 consistió en movilizar los movimientos antisistémicos en pro de la oficialización de la educación en Honduras.

Se cito un ejemplo que aparece en el trabajo llamado “Sigamos construyendo patria” del Colectivo Majatique donde el ex sindicalista del STENEE, Gustavo (seudónimo) en su paso por la FESE participó en un proceso de luchas sociales para la construcción del Instituto Jesús Aguilar Paz (IJAP). El objetivo era beneficiar al estudiantado de los barrios pobres de Comayagüela en 1981. Al respecto:

“La lucha por el edificio el IJAP, se inició desde que estaba Fermín Qujada como presidente del consejo central de estudiante en el año de 1975. Ellas y ellos nunca tomaron las decisiones que nosotros y nosotras tomamos como tomarnos las instalaciones del mercado Belén, antes que fuera inaugurado, esa acción las realizamos a las 9: 30 de la noche”. (Majatique, 2020, p. 65)

Los testimonios de las personas que fueron parte de la FESE exponen tomas de colegios, movilizaciones, expulsiones contra estudiantes. Esa fue la forma que empleó el Ministerio de Educación para desmotivar los reclamos de los movimientos estudiantiles en la década de 1970.

¿Qué motivaciones políticas convergieron dentro de la FESE? María Eugenia Ramos comentó que existió un ambiente de libertad e independencia en la toma de decisiones. Las agendas eran construidas por los estudiantes según la escritora María Eugenia Ramos:

“Es que tuvo una influencia (no de uno), sino de varios partidos. Pero lo interesante eran las decisiones y las luchas que encabezaba la FESE, no eran dirigidas por partidos políticos. Eran, de verdad, reivindicaciones sentidas por los estudiantes, y eran planteamientos que no se elaboraban en otro lugar, que no fuera dentro de los propios consejos estudiantiles”. (Ramos, 2020, p. 10)

Durante la década de 1970, según María Ramos (2020), “el movimiento universitario en aquella época, no llegó al nivel de organización y la capacidad de movilización que tenían los movimientos de secundaria. No lo tenían” (p.11). Es decir, que las organizaciones de secundaria tuvieron un potencial tuvieron más peso que en las universidades. Posiblemente esto se debió a que tuvo más impacto en los movimientos antisistémicos, la lucha por la oficialización de la educación pública hondureña en la década de 1970. En secundaría las diferentes corrientes de la izquierda manejaron sus propios periódicos en función de controlar su propia propaganda.

En la universidad el PCH manejo su agenda a través del FES y el PCMLH estuvo vinculado al FRU. Estas organizaciones riñeron por controlar posiciones dentro de la FEUH en la UNAH. Lo mismo pasó en la ESP. Los sectarismos de los comunistas hicieron imposible una lucha unificada. Esto fue aprovechado por la ultraderecha representada en el FUUD y otras expresiones conservadoras. La década de 1980 conllevo al surgimiento de las organizaciones político militares quienes también crearon sus frentes en secundaria y la universidad. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS) tuvo repercusiones en líderes estudiantiles como es el caso de Eduardo Becerra Lanza militante del PCMLH y Roger Gonzáles. Posiblemente los movimientos estudiantiles se debilitaron por la aplicación de la DNS en Honduras y el desmontaje de la izquierda por seguir impulsando este tipo de movimientos antisistémicos.

Conclusiones

Las conclusiones sobre los movimientos estudiantiles en la década de 1970 son las siguientes. Primero, las agendas sociales impulsadas por los frentes estudiantiles de secundaria tuvieron un impacto positivo en la sociedad hondureña, debido a que obligaron al estado hondureño a reconocer la educación pública como oficial. Es decir, a que el estado asumiera su responsabilidad rectora como organizador de la educación en Honduras en la década de 1970. Sin embargo, es necesario apuntar que el estado hondureño asumió el rol de garante de la educación con más éxito, desde la reforma liberal. Lo que debemos de preguntarnos es en qué momento dejó de asumir su rol. Frente este abandonó los movimientos estudiantiles y antisistémicos, cuestionaron dicha posición.

Segundo, es importante señalar que fue en la segunda mitad del siglo XX, que se observa un crecimiento de las organizaciones estudiantiles, en los niveles de secundaria y universitarios. La línea política del PCH, de acumulación de fuerzas les funcionó para crecer. Las agendas sociales de la izquierda, se manejaron en las organizaciones ya citadas. No obstante, la historia del movimiento estudiantil sigue siendo una deuda de las ciencias sociales. Sin embargo, este artículo abre el horizonte para futuros debates. Varias luchas del movimiento estudiantil han sido de beneficio para las generaciones actuales, quienes desconocen sobre el tema.

Tercero, la organización estudiantil, la creación de colegios, la transición de una educación semi oficial a la oficial puede considerarse como un éxito por parte de la FESE, y los frentes estudiantiles que estaban a lo interno de la misma. Esa dialéctica no existe en secundaria en la actualidad y solo resurgieron coyunturalmente, durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018).

Cuarto, se tuvo que recurrir a la recuperación testimonial por medio de la historia oral para abordar el tema de los movimientos estudiantiles, tomando en cuenta que las fuentes documentales están dispersas. La pandemia del Covid 19, imposibilitó una revisión más sucinta del tema en cuestión. Por ello, se considera que a futuro este tema debe de abordarse con más criterio.

Finalmente, no debe de pasar por alto, que el Consorcio de Florida sirvió de acicate para el surgimiento de las organizaciones y frentes estudiantiles en Honduras, a finales de la década de 1960 y durante las décadas de 1970, y 1980. Las mismas tuvieron una fuerte presencia de la izquierda y la ultraderecha, a través del FUUD. Sin embargo, fueron las organizaciones estudiantiles de secundaria las que más impacto tuvieron entre los movimientos antisistémicos y la ciudadanía hondureña. Se espera que este artículo sirva a las generaciones de estudiantes actuales que desconocen las distintas formas de organizaciones que existieron en el siglo XX, y el papel que tuvieron.

Bibliografía

Bolaños, M. R. (1994). Los nuevos actores . En H. P. Brignoli, Historia general de Centroamérica (págs. 139-157). San José: FLACSO.

Cid, M. P. (1983). La construcción del sector público y del Estado Nacional de Honduras (1876¬79). San Jóse: EDUCA.

Engels, F. (2019). La situación de la clase obrera en Inglaterra. Marxist Archives .

Engels, K. M. (2019). Manifiesto Comunista. Madrid: Alianza Editorial.

Galafassi, G. (2011). Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales. una aproximación a partir del análisis de sus categorías fundamentales. Cultura y representaciones, 7-32.

García, L. (12 de 6 de 2019). Criterio.hn. Obtenido de https://criterio.hn/los-hyos-del-padre-trino/

Hernández, C. A. (23 de 09 de 2019). CLACSO.

Obtenido de http://www.clacso.org.ar/ conferencia2018/ presentacion_ponencia.php?ponencia=2018415111 352-8317-pi

Hernández, H. (16 de 12 de 2021). Entrevista con el abogado Héctor Hernández. (J. Sevilla, Entrevistador)

Lazo, C. (2021 de 01 de 2021). Entrevista con el maestro Cesar Lazo. (J. Sevilla, Entrevistador)

Morais, C. S. (1989). Apuntes de la teoría de la organización. Tegucigalpa: Guaymuras .

Olga Joya, H. S. (1979). Apuntes sobre la historia de la federación de estudiantes universitarios de Honduras. Tegucigalpa: UNAH.

PCH. (1971). Trabajo órgano del comité central del

PCH. Tegucigalpa.

Ramos, M. E. (26 de 1 de 2020). Entrevista con la escritora María Eugenia Ramos. (J. Sevilla, Entrevistador)

Ramos, V. M. (8 de 7 de 2021). Entrevista al Dr. Víctor Ramos. (J. Sevilla, Entrevistador)

Rodil, R. R. (21 de 11 de 2021). Entrevista con el abogado Rodil Rivera Rodil. (J. Sevilla, Entrevistador)

Ruiz, J. Z. (2017). El delirio de un Gurú. La teoría de la organización de Clodomir Santos de Morais al Diván. México: UNAM.

Salomón, L. (1982). Militarismo y reformismo en Honduras. Tegucigalpa: Guaymuras.

Sevilla, J. (2019). Los gérmenes de la protesta social y estudiantil entre 2009-19. Revista de Centroamérica.

Sevilla, J. (2021). Entrevista dos con Rodil Rivera Rodil [Grabado por R. R. Rodil]. Tegucigalpa, Honduras.

Sosa, E. (2013). Dinámica de la protesta social en Honduras. Tegucigalpa: Guaymuras.

Universitaria, V. (4 de 10 de 1948).

Universitario, E. (8 de septiembre de 1931). Nuestra solidaridad con el obrerismo. pág. 1.

Wallerstein, I. (2004). Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Madrid: Ediciones Akal.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Honduras

HONDURAS.- El anticomunismo del siglo XXI y el fundamentalismo religioso como estrategia del Partido Nacional y el Partido Liberal

Detalles
Administrator
23 Noviembre 2021
Visitas: 1822

 por Lic. Josué Sevilla

En febrero de 1848, Karl Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista, en las oficinas de la Asociación Educativa de los Trabajadores en Inglaterra sujeta a la Liga de los Comunistas según el historiador marxista Eric Hobsbawm, en su brillante introducción de 1998, del Manifiesto (Hobsbawm, 2010). Fueron los años de juventud de ambos pensadores.

En ese maravilloso panfleto Karl Marx sentenció las siguientes palabras “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en santa cacería contra este fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes (Engels, 2019, pág. 47)”.

En esta ocasión, analizaré la anacrónica campaña mediática que el Partido Nacional y Liberal está utilizando para satanizar a sus adversarios políticos de Libertad y Refundación (LIBRE), a una semana de celebrarse las elecciones en nuestro país. Ambos partidos políticos tienen una larga data como defensores del anticomunismo en Honduras como lo demostraré en este trabajo. Estos puntos de vista provienen de los avances de mi tesis de maestría sobre la historia del comunismo en Honduras.

¿Cuándo apareció el fantasma del comunismo en Honduras? ¿Qué actores promovieron el anticomunismo ideológico y cultural durante el siglo XX? El Fantasma del comunismo en Honduras inició concretamente entre las décadas de 1920 y 1930, cuando a través de los periódicos manejados por los comunistas hondureños –como el Forjador (1927), El Martillo (1928), El Trabajador hondureño (1929-30), y Justicia (1932) –comenzaron a señalar como vende patrias a las élites políticas ligadas al Partido Liberal y Partido Nacional, como Bestia Bananera –boletín de la Federación Sindical Hondureña (FSH) escrito  por Juan Pablo Wainwright– a las transnacionales norteamericanas y representantes del imperialismo a los cónsules de la embajada de EUA (Villars, 2010). Tres actores son identificables hasta este momento: los partidos tradicionales, la embajada de EUA, y las compañías bananeras.  

La revolución bolchevique de 1917 ganó la simpatía de varios hondureños quienes en 1927, fundaron el Partido Socialista Hondureño (PSH) y en 1928, el primer Partido Comunista de Honduras (PCH). La agenda social que presentó el PCH ante la opinión pública hondureña se basó en promover los derechos laborales (exigiendo 8 horas de trabajo), políticas de sanidad (hospitales) y sindicatos dentro de las compañías bananeras. Además presentaron una ley laboral en 1931, a través del FSH, la cual fue desestimada por el Congreso Nacional.

Otros actores que no congeniaron con los comunistas en esos años fueron la Iglesia Católica y el obrerismo artesanal de la Federación Obrera Hondureña (FOH).

Todos estos actores crearon la primera santa alianza (parafraseando a Marx) para luchar contra el Comunismo Internacional y los comunistas hondureños. Sin embargo, la primera generación de comunista se las ingenió para incidir en la población hondureña. El joven Manuel Cálix Herrera (1906-39) fue el principal promotor de la agitación comunista junto a otros brillantes hondureños Como Juan Pablo Wainwright (1893-1932), Maximiliano Ucles, María Luisa Medina, Zoroastro Montes de Oca y de salvadoreños radicados en Honduras como Graciela García (1895-1995) y su hermano Felipe Armando Amaya. (Invitó al lector a leer un artículo publicado en la Revista Cuadernos de Historia de descarga libre sobre el Primer PCH escrito por este servidor).

Los actores detentores del poder hicieron varias acciones para neutralizar el comunismo–el cual ubicó desde un punto de vista arqueológico al enfatizar la génesis de este fenómeno– persiguiéndolos, estigmatizándolos a través de los prejuicios ideológicos y religiosos (en una primera etapa por la Iglesia católica), ilegalizarlos políticamente a través de leyes, y creando métodos de espionaje a nivel estatal, ístmico e internacional.  

Invitó al lector a que analicemos algunos episodios registrados por la historiografía hondureña. En las semanas santas de 1931 y 1932 el Arzobispo de Tegucigalpa  Agustín Hombach publicó unos panfletos anticomunistas, según Graciela García

En el primero (1931), acusó a Graciela García (1895-1995) de promover el comunismo en una escuela nocturna que manejaba la Sociedad Cultura Femenina (Villars, 1991, págs. 62-64). En el segundo panfleto (1932) el arzobispo manifestó que “El monstruo está a las puertas Sí; Monstruo escapado de los antros infernales; no otro cosa es el odioso socialismo (Posas, 2017, pág. 244)”.

La iglesia católica azuzó el oído de sus feligreses  incultos, y humildes para decirles que los comunistas les privarían de sus pertenencias, que les negarían su derecho a rezar, y que les inculcarían el ateísmo como en la actualidad lo está haciendo el Partido Nacional en 2021. El fundamentalismo religioso de la iglesia católica encontró después otras tácticas para lanzar sus dardos anticomunistas.

La Prensa Nacional en la década de 1920, tuvo un intelectual que sentó las bases del anticomunismo durante la primera mitad del siglo XX, llamado Julián López Pineda (1882-1959). Este intelectual luchó desde el periodismo anticomunista en diferentes diarios hondureños como El Sol (de la década de 1920 y 1930), La Época (Periódico oficialista durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino) y El Día (periódico conservador ligado al Partido Nacional).

En el plano político el Partido Liberal y el Partido Nacional, fueron diseñando y aprendiendo como luchar contra los comunistas. La persecución política fue lo más general, pero más esquemáticamente ambos partidos crearon leyes para ilegalizar a los comunistas en diferentes momentos de la historia nacional del siglo XX.

El primer proyecto anticomunista lo presentó el intelectual Rómulo E. Duron (1931) durante la administración del liberal Vicente Mejía Colindres (1929-33), para frenar la primera oleada de revolucionarios hondureños, la cual buscaba “declarar como asociación ilícita a las organizaciones sindicales vinculadas a la CSLA, la IC, y la ISR (Sevilla, 2021, pág. 57).  

La Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), y la Internacional Sindical Roja (ISR) estuvieron vinculadas al activismo de la lII Internacional Comunista (Comintern o IC), que desde la Unión Soviética mantuvo la idea de una revolución a escala mundial, durante la primera mitad del siglo XX. La Comintern envió de manera constante agentes y literatura subversiva a todos los continentes captando seguidores y Honduras no fue la excepción.

Esperó no causar molestia entre mis colegas historiadores que admiran los trabajos históricos que Rómulo E. Duron realizó como intelectual. Sin embargo, él y su hermano Jorge Fidel Duron (Rector de la UNAH) fueron intelectuales conservadores y de la derecha política hondureña, y lo digo en voz alta.

La primera Ley anticomunista fue publicada el 7 de Marzo de 1946, bajo el Decreto 95 (se conoció como Ley Fernanda ya que fue redactada por el diputado nacionalista Fernando Zepeda Duron) al final de la dictadura de Tiburcio Carías.

La segunda Ley anticomunista se publicó el 3 de febrero de 1956 y se llamó Ley de Defensa del Régimen Democrático (Decreto 206), durante el gobierno del Nacionalista Julio Lozano Díaz (1954-56) (Alvarado, 1963, págs. 37-43).

La tercera Ley Anticomunista fue publicada el 26 de julio de 1959, con el nombre de Decreto 183, durante el gobierno del liberal Ramón Villeda Morales (Cid, 1983, pág. 151). Con esta ley se prohibió la novela Destacamento rojo de Ramón Amaya Amador. Villeda Morales fue un profeso anticomunista y lo demostró con este tipo de acciones.

A nivel del istmo, la primera estrategia anticomunista fue propuesta por el ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño Miguel Ángel Araujo en 1935, donde afirmó que tenía “fuentes fidedignas que en Centroamérica está tomando rápido incremento la propaganda anticomunista (Meza, 1980, pág. 56)”.

Esta propuesta se realizó bajo el esquema de un Pacto Anticomunista Centroamericano. Durante la era de los estados dictatoriales Centroamericanos de las décadas de 1930  y 1940 –Maximiliano Martínez (1931-44), Tiburcio Carías (1933-49), Jorge Ubicó (1931-44) y Anastasio Somoza (1937-56) –  cada uno instaló sus aparatos de espionaje.

EUA, contento  se dedicó a estimular las iniciativas de los oligarcas centroamericanos. Esta afirmación personal comparte las novedosas propuestas de un texto reciente llamado La guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica donde a grandes rasgos se evidenció el papel activo de las élites centroamericanas para detener la ideología anticomunista (García, 2017).

La visión clásica del anticomunismo presumió la idea que EUA fue el principal gestor pero las evidencias demuestran lo contrario. En conclusión, la prensa, leyes, estrategias regionales, y el fundamentalismo religioso fueron parte del accionar de los actores ligados al poder durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué paso durante la segunda mitad del siglo XX? Creo que tenemos el mapa general.

Los primeros comunistas fueron sometidos por el régimen de Tiburcio Carías Andino en la década de 1930. Sin embargo, se reagruparon en las décadas de 1940 y 1950, alrededor del Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH), de tendencia social demócrata. El PDRH, fue integrado por jóvenes profesionales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esta juventud cansada del encierro, entierro y destierro de don Tiburcio Carías cuestionó el régimen cachureco a través de un Periódico llamado Vanguardia Revolucionaria.

En esos años, la  juventud del PDRH y los comunistas propusieron una agenda que despertó el interés de la clase obrera de los centros urbanos de la costa norte y Tegucigalpa exigiendo 8 horas laborales, seguridad social, un código de trabajo, vacaciones, y derecho a la sindicalización. Estos actores de oposición al régimen mantuvieron una denuncia continua contra las compañías bananeras y el estado. En Guatemala los trabajadores habían obtenido estos derechos después de la Revolución democrática de 1944-54. Esto despertó una vez más el fervor anticomunista de las élites hondureñas y de la embajada Yankee que entro en una paranoia generalizada. Honduras prestó su territorio durante la administración del nacionalista Juan Manuel Gálvez (1949-54)  para que se organizara el ejército de Castillo Armas para defenestrar el gobierno democrático de Jacobo Árbenz (1951-54) en Guatemala en 1954. Este hecho fue representado por Ramón Amaya Amador en su novela Destacamento rojo (Sevilla, 2021, pág. 59).

La voracidad de los señoritos burócratas de Tegucigalpa  y las compañías bananeras en la costa norte, no le proporcionaron respiró a las clases subalternas hondureñas quienes cargaron en sus espaldas medio siglo de desdén, frustración y explotación en el marco del capitalismo de enclave.

Los comunistas le imprimieron al PDRH, el arte de organizar a las masas y se metieron a crear círculos de estudio y educación popular en los oscuros y tétricos barracones de los campos bananeros en la costa norte.  Ramón Amaya Amador representó esta forma clandestina de organización en Prisión Verde, donde el Profesor Cherara y Máximo Lujan educaban a sus camaradas campeños por las noches (Amador R. A., 1999, págs. 170-172). Estas aseveraciones las tomó de los testimonios que brindó Julio Cesar Rivera (1918-2012) –el profesor rebelde de la ciudad de El Progreso quien comentó como les llevo varios años formar y educar los obreros entre 1946-1954 de forma clandestina– al historiador Marvin Barahona (Barahona, 2004) y al Ingeniero Andrónico Espinal (Oliva, 2013).

Durante la década de 1950, el obrerismo destruido por Tiburcio Carías –la FOH y la FSH– cobró vida gracias al accionar del PDRH, y la disciplina de los comunistas quienes fundaron varias plataformas obreras como el Comité Organizador Obrero (COO), el Comité de Unidad Sindical (CUS), y dos entes que incidieron en la huelga bananera como el Comité de Lucha Obrera (CLO) y el primer Comité Central de Huelga (CCH) en 1954 (Argueta, 2009). Voz Obrera y El Machete también fueron parte de la prensa obrerista de esos años.

Se destacaron en esos años personajes como Dionisio Ramos Bejarano, Ventura Ramos (1908-1992), Julio Cesar Rivera, Rigoberto Padilla Rush (1929-1998), Gabriel David, Juan B. Canales (1924-2009), Cesar Augusto Coto, Ramón Amaya Amador (1916-1966), Sebastián Suazo (1927) y Andrés Pineda.

El resultado del activismo político del PDRH y los comunistas desembocó en la gran Huelga Bananera de 1954, dirigida en una primera etapa por los comunistas (quienes refundaron un segundo PCH en abril de 1954). De los éxitos que obtuvieron los trabajadores después de la Huelga bananera de 1954 varias propuestas habían sido banderas de lucha de los comunistas. Esto fue borrado de la historia política de nuestro país por varios años con un propósito bien premeditado.

Los acontecimientos después de la II guerra mundial (1939-45) nos sitúan en otra etapa de la historia universal del siglo XX. Debemos de tener en cuenta que después de la división de Alemania en dos, el conflicto en Corea (1951-53), inició la Guerra Fría entre EUA y la URSS, la cual culminó a inicios de 1990. Los gobiernos oligarcas de Latinoamérica, Centroamérica y Honduras se comprometieron con el anticomunismo internacional.

Durante la segunda mitad del siglo XX, los actores anticomunistas hondureños asumieron otra cruzada para frenar el auge de los comunistas en el movimiento popular. El primer paso que dieron fue arrebatar el sindicalismo incipiente que se formó después de la huelga bananera de 1954 a los comunistas.

Un fuerte sindicalismo anticomunista fue orientado por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la American Federation of Labor (AFL). La ORIT y la AFL, fueron auspiciados por los partidos tradicionales (Honduras, 2004, págs. 49-50). Oscar Flores (padre del expresidente Carlos Flores), fue evidenciado como un resentido marxista que fomentó la persecución contra los comunistas cuando fungió como director del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Ramón Villeda Morales (Cid, 1983, pág. 183). De alguna manera, la tercera ley anticomunista en Honduras hay que entenderla como una respuesta para contener el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y el poder mediático de la misma. En esos años se puso en marcha La Alianza para el Progreso que implementó EUA en Honduras durante la administración de Ramón Villeda Morales (Funez, 1995, pág. 205).

Analicemos la década de 1960. Durante esta década la persecución contra los comunistas fue fulminante. El 3 de octubre de 1963, las Fuerzas Armadas modernizadas por EUA en la década de 1950 dieron su segundo Golpe de Estado –el primer golpe fue en 1956– arguyendo que el gobierno de Ramón Villeda Morales estaba infiltrado por elementos comunistas. Al mando de las Fuerzas Armadas estuvo Oswaldo López Arellano (OLA), quien utilizó como pretexto este falso argumento para tomar el poder. El PCH, en esos años era un pequeño partido que apenas iniciaba una vida orgánica según constata mi investigación de tesis.

Por otro lado, Ramón Villeda Morales fue un propulsor anticomunista dentro del Partido Liberal. Es decir, los argumentos de OLA, fueron inverosímiles. No obstante, el asalto del poder castrense en 1963 en Honduras coincide con el posicionamiento de gobiernos militares en Latinoamérica y las ambiciones de poder de OLA, quien fue el hombre que manejo el panorama político hasta 1975.

OLA mantuvo una política anticomunista durante la década de 1960 en una etapa que se caracterizó por la intolerancia política a los sectores de oposición. En la década de 1960, él reprimió al movimiento social y varias expresiones guerrilleras que surgieron en Honduras, incluyendo la del PCH, la cual fue aniquilada por las Fuerzas Armadas en abril de 1965, cerca de las montañas de la Ciudad de El Progreso (La Matanza del Jute), en la costa norte hondureña (Ramírez, 1974).

El Partido Nacional hizo cogobierno con OLA en esa década, ayudando a reprimir el movimiento social utilizando la Mancha Brava organizada por este partido y militares (Cid, 1983, pág. 195). Este ha sido un movimiento de choque utilizado por los nacionalistas desde su creación a la actualidad.

Sin embargo, OLA tuvo que cambiar sus posturas radicales después de la guerra honduro- salvadoreña de 1969, donde buscó aliarse con sectores enemigos en una búsqueda desesperada de apoyo frente a los reveses del conflicto armado el cual fue matizado por los comunistas como una guerra intraoligarca (PCH, 1971). Los comunistas hondureños aprovecharon esta coyuntura para oxigenarse. El PCH,  logro posicionarse aportando propuestas en la agenda del gobierno reformista de OLA (1972-75) de contenido popular.

No obstante, esa tregua política y la apertura democrática de OLA desapareció al tomar el poder el militar Juan Alberto Melgar Castro (1975-78), quien a juicio de Mario Berrios diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), con la que se persiguió a los movimientos revolucionarios y los comunistas en la década de 1980 (Berríos, 2005). El PCH, y el Partido Comunista Marxista Leninista Hondureño (PCMLH) en la década de 1970 tuvieron un crecimiento sustantivo y lograron formar una base social con presencia en el sector obrero, campesino, estudiantil y otros. Comparativamente el PCH, logró crecer más que el PCMLH.

Analicemos la década de 1980. Debido al surgimiento de la Teología de la Liberación  y el apoyo de cierto sector de la Iglesia Católica a los movimientos revolucionarios centroamericanos, el cristianismo anticomunista que mantuvo la Iglesia católica durante el siglo XX, dio un viraje, en Honduras.

Aparecen las iglesias evangélicas pentecostales con una agenda diferente de fundamentalismo religioso. Las iglesias pentecostales ya existían en Honduras desde años, pero curiosamente la década de 1980 fue su despegue.

El cura evangelizador de antaño fue sustituido por los pastores protestantes que viajaban por el país en una nueva cruzada evangelista contra los movimientos sociales empleando medios como la radio donde no podían llegar (La Voz Evangélica). Además de esto, sus adeptos también se oponían en su predicas a la idea de una revolución social galopante en Centroamérica. Estos fueron financiados por los Yankees y el sionismo judío en la década de 1980 a juicio de la izquierda.

En el otro extremo, líderes estudiantiles, sindicalistas, comunistas, profesores, obreros y revolucionarios fueron víctimas de la anticomunista DSN. El resultado fue el desaparecimiento de 184 hondureños quienes murieron en nombre del anticomunismo y el fundamentalismo religioso de la década de 1980. El incremento de las condiciones materiales de la izquierda Centroamericana tuvo como respuesta la imposición de la DSN, después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.

La década de 1980 en Honduras, aglutinó varios actores anticomunista: militares, paramilitares (Caso de los Contras nicaragüenses en Honduras), empresarios, líderes de ambas iglesias (Católica y Evangélica) y organizaciones facistoides como la Asociación para el progreso de Honduras (APROH). Para enero de 1983, Roberto Suazo Córdoba (1982-86)  les dio su personaría jurídica (CEDOH, 1984).

El socialismo real de la Unión Soviética se desmorono con la perestroika de Gorbachov en 1991 y sentenció al desaparecimiento el primer estado que vaticinó la construcción del comunismo. Occidente aprovechó la caída de su rival para poner en marcha el fundamentalismo económico conocido como Neoliberalismo y destruir los sistemas de bienestar en la década de 1990.

En la década de 1990, los triunfantes anticomunistas hondureños se unieron a la implantación del neoliberalismo. Este modelo económico, destruyo las conquistas sociales que tanto le costaron al proletariado hondureño en el siglo XX. Privatizaron poco a poco las empresas estatales y sumergieron a Honduras a una etapa de desesperanza económica, y social la cual seguimos padeciendo. Los Partidos tradicionales, militares, los cristianismos fundamentalistas de las iglesias cristianas (evangélicas y católicas), y empresarios vencieron en su modo de pensar el comunismo que tanto los aterró durante gran parte del siglo XX.

No obstante, el triunfo del siglo XX pronto tuvo un estorbo en la primera década del siglo XXI: Manuel Zelaya Rosales. El demonio de izquierda había desaparecido en teoría pero desde Sudamérica el comandante Hugo Chávez (1954-2013) y algunos gobiernos progresistas trajeron al debate público, el comunismo y el socialismo una vez más en Latinoamérica y a nivel internacional.

El polémico gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) puso las alarmas en la embajada de EUA, la burguesía árabe-judía hondureña con sus acercamientos el sector obrero, el Socialismo del siglo XXI y un discurso severo contra el BMI, EUA, y los oligarcas del país.  

Manuel Zelaya se había ganado la simpatía del pueblo con un programa mínimo de reformas basado en recuperar la empresa ENEE (actualmente la EEH), bajos costos del combustible, regulación de la deuda externa con los Organismo de financiamiento Internacional (OFI), y el aumento al salario mínimo. Este último, causo el ataque de la empresa privada hondureña (COHEP) quienes utilizaron sus monopolios de la comunicación como la radio, la TV, y la prensa escrita (El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, y el tiempo), para desacreditar a Manuel Zelaya.

Sin embargo, lo que más molestó a la oligarquía hondureña fue la convocatoria a una consulta popular denominada Cuarta Urna. La misma propuso en forma de pregunta la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para crear otra constitución, en el siguiente gobierno. Los actores militares, políticos, económicos y religiosos sentenciaron el gobierno progresista de Manuel Zelaya (Mel Zelaya como se le llama popularmente en Honduras) defenestrado el 28 de junio del 2009. Se levantó el supuesto de que Mel Zelaya buscaba la reelección. Lo cierto es que, quienes atacaron con saña a Mel Zelaya guardaron hipócritamente silencio cuando JOH violó la constitución para reelegirse en 2017 y ganar mediante un fraude electoral (Sevilla, 2020).

Los oligarcas hondureños utilizando viejas tácticas como el corte de la energía eléctrica, y una campaña de pacifismo en las radios y canales de televisión (como si no hubiera pasaba nada), pensaron que el pueblo hondureño se quedaría encerrados en sus casas como en el pasado.

Lo contrario. El pueblo hondureño se lanzó a una batalla de meses en las calles, aunque sin una dirección inteligente. Jamás olvidaré la manifestación del 5 de julio del 2009 frente al aeropuerto internacional de Toncontin de Tegucigalpa, donde convergió un mar de personas tras años de rabia y frustración de gobiernos neoliberales. En 2009, se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que logró acaparar la dirección de las manifestaciones pero me parece que les quedo corta esa camiseta a muchos pseudo líderes populares y supuestos revolucionarios. La escuela política de las personas en Honduras ha sido la calle, las balas y bombas lacrimógenas.

Mientras se formaba un nuevo movimiento social hondureño los oligarcas desempolvaron sus manuales anticomunistas y echaron andar todo tipo de discursos del pasado, como en la actualidad lo está haciendo el astuto y bizarro Partido Nacional.

En consonancia con el resurgimiento del anticomunismo del siglo XXI, ha llamado mi atención en estos días como el liberal Yani Rosenthal Oliva (ex convicto por narcotráfico), y el Partido Nacional de JOH (líder de cartel de los Hernández), y Nasry Asfura (señalado en los Panamá Papers y quien enfrenta 5 acusaciones por malversación y abuso de autoridad) mantienen el mismo discurso anticomunista en sus anuncios radiales, de TV, y las redes sociales. Antropológicamente el político nacionalista es cínico, descarado, corrupto, elitista, mediocre, astuto y mordaz (igual que el ala conservadora del partido liberal). Son expertos en jugar con la miseria del pobre hondureño.

Son tristes los debates en los que está presente un cachureco dado su pobreza cultural. Beatriz Valle (candidata a diputada de LIBRE) recientemente cuestionó a la diputada Lissi Cano (Programa 30/30) y el presidente de la bancada del Partido Nacional Nelson Márquez (Programa La Entrevista de Canal 11) dejándolos en ridículo por sus inverosímiles argumentos.

Este partido no ha evolucionado políticamente pues están utilizando el fundamentalismo religioso de los hondureños y una campaña sucia contra la oposición política que lidera LIBRE.

¿Quiénes representan generacionalmente al Partido Nacional? Para el caso tenemos una vieja generación de arribistas integrada por  personas como Oswaldo Ramos Soto (el abogado del mal e intelectual orgánico de la derecha), Antonio Rivera Callejas (su abuelo fue presidente del Congreso Nacional durante la dictadura de Tiburcio Carías y su padre durante el gobierno de OLA), Fernando Anduray (Vocero mediático del Partido Nacional) y la nueva generación con personajes que no presentan una evolución política como David Chávez (acusado de actos de corrupción en el INFOP), y Kilber Beltran (un narrador deportivo y tonto útil coaptado por el Partido Nacional).

El señor David Chávez nos ha mostrado el tipo de persona que es en realidad con algunos episodios que circulan en las redes sociales: amenazó al Perro Amarillo (Milton Jiménez) a quien le ofreció sonarles las tapas, y vociferó en un programa de un joven  youtuber diciendo que Marcos Bogran la cago. Que terrible sería para los capitalinos que este tipo –que llegó con Toño Chocoyos repartiendo patadas en el CNE– tomará la alcaldía de Tegucigalpa. Sin duda, es la expresión de la mancha brava que formaron los cachurecos en la década de 1960.  

La campaña de “Votar por Xiomara Castro es permitir el aborto y el comunismo” parece una bofetada a nuestra inteligencia, pero desde la teoría de la desinformación (estrategia posiblemente aconsejada por JJ Rendón asesor del Partido Nacional  en las últimas elecciones) es efectiva  en un pueblo enajenado por el fundamentalismo religioso y sometido a la pobreza cultural. En este momento las iglesias neo pentecostales me parecen más peligrosas que la católica –pienso en el pastor Ebal Díaz, Evelio Reyes, Alberto Solórzano– dado su presencia, en los barrios, aldeas y ciudades de nuestro país. Muchas de estas iglesias son altamente dogmáticas y mantienen un discurso de obediencia desmedida a las autoridades sin cuestionar su accionar. En las últimas elecciones (2013 y 2017) he visto como pastores llamaron a votar por JOH y defender la supuesta democracia hondureña.

El Partido Nacional, y Liberal le ha apostado a manipular a través del fundamentalismo religioso la conciencia del hondureño. Sin embargo, me parece oportuno señalar que también hay sectores de ambas iglesias cristianas con un sentido de crítica al régimen nacionalista. Este pequeño sector esta marginado de las Confraternidad Evangélica y otros espacios.

Desde mi punto de vista, el socialismo es una filosofía que aspiró en el siglo XX, a neutralizar el desigual sistema capitalista que crearon los occidentales europeos y los EUA, en los últimos siglos. La propaganda mediática del modelo eurocéntrico democrático basado en la supuesta libertad económica y política es una farsa.

Los europeos se enorgullecen del modelo democrático. Sin embargo ese modelo que tuvo sus raíces en la sociedad griega fue desigual en sus orígenes. Los únicos que tenían derechos en la democracia griega eran los hombres libres dado los privilegios que proporcionaba ese modo de producción, basado en la esclavitud. Ese modelo le enterró las garras a muchos seres humanos en el pasado, marginándolos a una vida mísera y llena de frustraciones. La clase trabajadora actual somos los esclavos posmodernos de la sociedad burguesa neoliberal.

El socialismo no aspira a la igualdad capitalista sino a la equidad social. En la práctica el sistema democrático eurocéntrico le permite a un sector vivir privilegiadamente en detrimento de las mayorías. Al sector obrero neoliberal, si, ese que vive de vender su fuerza de trabajo como lo dijo Karl Marx, está diseñado para meterle por los ojos las mercancías que producen en masa los capitalistas. El pecado de las filosofías socialistas, comunistas y anarquistas es haber denunciado los desastres sociales y culturales que ha provocado el capitalismo desde su surgimiento hasta la actualidad: pobreza, crisis económicas, guerras mundiales, explotación, imperialismo y una actual pandemia.

Ese es el modelo que defienden los históricos anticomunistas hondureños, quienes han practicado una democracia representativa que margina las mayorías. En 200 años, este modelo no nos ha dado una alternativa de mejora. Nuestras élites le apostaron a la ignorancia cultural y a la enajenación religiosa para anestesiar a las masas y utilizar como válvula de escape esta dicotomía social en momentos que han visto en peligroso el statu quo hondureño.

En la superestructura –concepto marxista que tiene que ver con los aspectos culturales e ideológicos– los oligarcas fomentaron el anticomunismo en el ambiente hondureño a través de la educación, la religión, la ideología, y los medios de comunicación (radio, la TV, y la prensa escrita), durante el siglo XX. A la gente humilde e iletrada se le infundió el temor del peligro que representaba el comunismo. Esto provocó que el anticomunismo en la actualidad sea un patrón cultural en la población hondureña. La implementación en las formas culturales tuvo un efecto en las mentalidades hondureñas.

Desde el Golpe de estado del 2009 a la actualidad, nuestras élites promueven a lo que definiré como el anticomunismo del siglo XXI. Primero, reaccionó el ala oscura del Partido Liberal defenestrando a un correligionario del poder (Mel Zelaya). Como olvidar los anuncios que el facho de Roberto Micheletti Bain –quien asumió como presidente de facto– patrocinó en el canal 8 del estado (Pueden verse algunos de estos anuncios en el documental Quien dijo miedo) para satanizar a Mel Zelaya. No obstante, como olvidar el pueblo en las calles reunidos contiguo a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cada día para manifestarse durante el 2009.

Segundo, los liberales conservadores (Carlos Flores Facusé, Elvin Santos, Micheletti) nos sentenciaron a 12 años de dictadura, entregándole el poder al Partido Nacional con quienes han seguido haciendo sus asquerosos negocios. Los Nacionalistas en cambio se han fortalecido y nos han impuesto una dictadura de partido que el pueblo debe de derrotar (Sevilla, 2020). Pero no como se ha estado haciendo sin organizaciones de base y con líderes populares que también tienen arraigadas prácticas nocivas para el cambio social. En el sector popular también tenemos figuras gastadas (que usted conoce) que deberían de darle paso a la juventud, sin heredarle el sectarismo, y el narcicismo que caracterizó al movimiento popular en el siglo pasado.

Mis reflexiones finales son las siguientes.

Primero, el anticomunismo de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional) es histórico y antropológico (cultural).

Segundo, siempre han utilizado tácticas de manipulación para sembrar el temor al modesto pueblo hondureño utilizando la radio, la prensa escrita y la TV como medios. En la actualidad se suman las redes sociales.

Que instalen rótulos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, diciendo que con Xiomara viene el comunismo no es nada extraño. Que convoquen a manifestaciones contra el aborto y el comunismo no debe de ser una sorpresa para usted pueblo hondureño, pues esto responde al carácter anticomunista de ambos partidos tradicionales. Sin embargo, resulta anacrónico que sigan sosteniendo está campaña cuando la Unión Soviética y el socialismo real ya no existen siendo parte de los restos de la historia política del siglo XX, aunque no la idea de una sociedad más justa.

Tercero, desde el golpe de estado del 2009, se puso en marcha una estrategia anticomunista del siglo XXI. Los nacionalistas le están apostando a manipular a las personas recurriendo a su fe cristiana para levantar una campaña de falsos contra el Partido LIBRE y la alianza política que lideran como en el pasado lo hicieron contra los clandestinos e ilegales Partidos Comunistas Hondureños (pro chino, pro soviético y demás expresiones de izquierda), quienes se dedicaron a luchar por reformas sociales, que en la actualidad goza el pueblo hondureño. Esto no lo dicen los textos de historia escritos por intelectuales conservadores.

Cuarto, es momento que el movimiento popular le apueste a crear verdaderas estructuras de base y le den paso a la juventud para que no se apaguen las banderas de lucha social en Honduras. Ese fue el éxito que tuvieron en el pasado el PCH y el PCMLH.

Quinto, LIBRE debe de evolucionar, y retomar aquella idea que surgió dentro del FNRP en 2009 de organizar  cada pueblo, caserío y ciudad de Honduras con una verdadera formación política.

Sexto, el comunismo como sistema tuvo muchos éxitos en la antigua Unión Soviética (Rusia) durante el siglo XX en el campo de la ciencia, el arte, la cultura, la carrera especial, la industrialización y en el ámbito militar. El sistema de bienestar social de los soviéticos en algún momento fue envidiable. Estos aspectos, los textos de historia poco objetivos tampoco lo van a decir. El Partido Comunista Chino (PCCH), ha sacado millones de personas de la pobreza y en la celebración del centenario del PCCH (junio del 2021) volvieron a demostrarle al mundo los triunfos que tiene esta nación. También reconocemos los errores en ambas tendencias comunistas. Pero en la pobre mente del cachureco hondureño y el bizarro liberal hondureño no existe razón sino un testarudo sesgo ideológico.

Séptimo ¿Cuál es la herencia de 12 años de gobiernos cachurecos? Corrupción, violencia, narcoactividad, las ZEDE, neoliberalismo y pobreza. Tengo la esperanza que a partir de estas realidades la población hondureña decida de manera autónoma e independiente su voto en las elecciones del 28 de noviembre del 2009. Basta ya, del latrocinio e inicuo proceder de las cúpulas del poder en Honduras. No a la continuidad de la Narco dictadura.

Referencias

Alvarado, R. J. (1963). Las fuerzas armadas, la democracia y el comunismo. Tegucigalpa.

Amador, R. A. (1982). Destacamento rojo. Tegucigalpa: Editorial universitaria.

Amador, R. A. (1999). Prisiòn verde. Teguciglpa, Honduras: Litografìa Lòpez.

Argueta, M. (2009). La gran huelga bananera. Los 69 dias que estremecieron a Honduras . Tegucigalpa: Editoria Universitaria.

Barahona, M. (2004). El silencio quedó atrás. Tegucigalpa: Guaymuras .

Berríos, M. (2005). Los comandantes . San Pedro Sula: Pacura Editores.

CEDOH. (1984). Boletín infomativo del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH). Tegucigalpa: CEDOH.

Cid, M. P. (1983). La construcción del sector público y del Estado Nacional de Honduras (1876-79). San Jóse : EDUCA.

Engels, K. M. (2019). Manifiesto Comunista. Madrid: Alianza Editorial.

Funez, M. (1995). Los deliberantes: el poder militar en Honduras . Tegucigalpa: Guaymuras .

García, R. (2017). La guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica. Guatemala: FLACSO.

Hobsbawm, E. J. (2010). Introducción a El Manifiesto Comunista . Biblioteca Omegalfa .

Honduras, B. h. (2004). Mario Posas. Tegucigalpa: Editorial UPNFM.

Meza, V. (1980). Historia del movimiento obrero hondureño. Tegucigalpa: Guaymuras .

Oliva, A. E. (2013). Por los caminos de una nueva sociedad. Tegucigalpa: Litografía López.

PCH. (1971). VI pleno del Comite Central del Partido Comunista de Honduras. Honduras.

Posas, M. (2017). Las luchas de los trabajadores organizados (1880-1993). Tegucigalpa: Editorial Universitaria.

Ramírez, A. (1974). El maoísmo en Honduras. Tegucigalpa: Ediciones Compol.

Sevilla, J. (2020). A una década del golpe de estado del 2009: actores sociales y políticos, élites económicas, remilitarización y narcotización de Honduras. Revista de Centroamérica .

Sevilla, J. (26 de febrero de 2020). El Socialista Centroamericano . Recuperado el 23 de abril de 2020, de El Partido Nacional generador de dictaduras : https://www.elsoca.org/index.php/america-central/hondu/5335-honduras-el-partido-nacional-generador-de-dictaduras

Sevilla, J. (2021). El primer Partido Comunista de Honduras (1927-35): organización, La Comintern, antiimperialismo y actores de la época por Josué Sevilla. Cuadernos de historia , 38-50.

Sevilla, J. (2021). Prisión Verde y Destacamento Rojo de Ramón Amaya Amador: Representación política, actores sociales y enclave bananero. Revista Perspectivas Sociales del departamento de Ciencias Sociales de UNAH-VS, 50-67.

Villars, R. (1991). Porque quiero seguir viviendo: habla Graciela García . Tegucigalpa: Guaymuras.

Villars, R. (2010). Lealtad y rebeldía: la vida de Juan Pablo Wainwright. Tegucigalpa, Honduras: Guaymuras.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Honduras

HONDURAS.- La nueva amenaza a los pueblos del mundo se ensaya en Honduras: Capitalismo de servidumbre o “ZEDE”

Detalles
Administrator
29 Octubre 2021
Visitas: 1239

Por: Tomas Andino Mencía

¿Qué son las ZEDE?

En Honduras se está experimentando con una nueva forma de colonialismo diseñada por sectores del imperialismo afines a la corriente anarcocapitalista que pretende ir más allá del desgastado modelo neoliberal mediante la eliminación completa del Estado burgués en su versión democrático-burguesa. Se busca ensayar con islas de superexplotación de mano de obra y de los recursos naturales a niveles de servidumbre y esclavitud en el marco de una dictadura local. Este experimento se denomina “Zona de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE), también conocidas como “ciudades charter”, “ciudades modelo” y últimamente como “ciudades privadas libres”. Este experimento se ampara en la Ley Orgánica de las ZEDE (Decreto Legislativo 120-2013), aprobada el 12 de junio del año 2013, por el Congreso Nacional de Honduras.

La mencionada ley permite la creación de ciudades-estado totalmente autónomas dentro del territorio hondureño gobernadas por inversionistas extranjeros que serían una especie de nuevas colonias en tiempos modernos. Mediante esta norma, cualquier grupo o individuo, nacional o internacional, puede obtener una porción del territorio hondureño y ahí constituir un gobierno propio, con su sistema legal, su sistema judicial, su sistema de tributación y de protección social y obtener por métodos cuestionables, tierras o regiones para construirlo, transferirlo a terceros, expandirse sin limitación de tiempo y área geográfica. ​​Incluso tienen la facultad de expropiar a legítimos propietarios hondureños en las zonas donde se instalen para expandir sus negocios; además, pueden establecer convenios con otros Estados y tener su propia moneda. Claramente, esta Ley violenta principios constitucionales básicos de un estado nacional independiente.

A los ojos de los auto llamados empresarios “libertarios”, conceptos como “derechos”, “democracia”, “constituciones” o “parlamentos”, son solo ideas románticas de los liberales clásicos que estorban para su sed de ganancia. Estos “libertarios” sueñan con vivir en pequeños reinados donde, como en la época del feudalismo, puedan hacer las leyes que se les antoje sin ninguna mediación “ciudadana”. La popularidad que esta modalidad esta teniendo entre varios grupos imperialistas se debe a que constituye una forma segura de maximizar sus ganancias en los tiempos actuales de crisis economica mundial, sometiendo a las poblaciones a niveles de servidumbre, y potencialmente de esclavitud, bajo el cobijo de estados lacayos.

Hasta el momento se han establecido en Honduras al menos cuatro proyectos de ZEDE. Estos  son: ZEDE “Honduras Próspera” (comunidad de Crawfish Rock, Roatán); ZEDE “Ciudad Morazán” (Choloma, Atlántida); ZEDE Orquidea (San Marcos de Colón, Choluteca) y ZEDE Mariposa (ubicación aún no determinada). Sin embargo, el número real de ZEDE establecidas no se conoce con precisión y apenas se conocen algunas de las “sucursales“ que han establecido en otras zonas del pais, porque la información es manejada a nivel de Top Secret por el Estado.

Por lo anterior, el Movimiento Nacional Contra las ZEDEs y en Defensa de la Soberanía califica que este es un parto “inconstitucional, ilegal, ilegítimo, antidemocrático y antinacional que atenta contra la soberanía, la seguridad nacional, el Estado de Derecho y los derechos humanos de las y los ciudadanos de Honduras." (Comunicado fundacional del Movimiento, 16 de junio 2021).

Los antecedentes

El antecedente más inmediato de esta Ley, denominado Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo fue propuesto poco tiempo después del Golpe de Estado de 2009 (Decreto Legislativo 283-2010), ratificado en 2011, pero fue declarado inconstitucional por primera vez en octubre de 2012 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a que sus integrantes provenían de un periodo anterior. Este “desalineamiento” de los magistrados no subordinados provocó que el Congreso Nacional, entonces presidido por el actual gobernante Juan Orlando Hernández, destituyera irregularmente a los cuatro magistrados que votaron en contra de las ZEDE, de los cinco que conformaban dicha instancia. Luego, la ley fue modificada y aprobada una vez más en 2013, en esta ocasión sin la oposición de la Corte Suprema y en un contexto político en el que Juan Orlando Hernández asume la Presidencia de Honduras.

Antes de la pandemia, el avance de las ZEDE fue muy lento, incluso problemático, debido a que hubo un periodo en el cual del proyecto original que diseño románticamente su ideólogo Paul Romer (académico norteamericano anarcocapitalista), se pasó a su versión actual, concebida a la talla de la banda criminal narcotraficante que detenta el poder en Honduras. De hecho Paul Romer renuncio al proyecto y paso a denunciar que este no tiene nada que ver con lo que el propuso[1]. Debido a ese conflicto y a la mala reputación ganada por el régimen de Juan Orlando Hernández a raíz de los juicios por narcotráfico a que es sometida su círculo de confianza en las cortes de Estados Unidos, hubo pocos inversionistas y países dispuestos a meterse en el asunto.

Con el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos y especialmente con la pandemia, esto cambio. Diversos grupos imperialistas de corte “libertario” que tomaron alas en ese período, se han dado a la tarea de buscar zonas del mundo donde puedan instalar ciudadelas que prescindan de las incomodas regulaciones y tributos gubernamentales, así como de tener que reconocer derechos humanos a las personas, todo con tal de abaratar sus costos en medio del capitalismo mundial en crisis. Similares experiencias intentan instalar en Filipinas, Croacia, Estados Unidos y Sudáfrica. Incluso una conferencia internacional para promocionar esta modalidad se realizó el 16 de octubre del presente año en Mullheim, un condado de Zurich, Suiza, en la cual destaco el caso de Honduras[2], debido a la disposición del régimen narcotraficante de ceder el pais a pedazos.

Desde entonces, las ZEDE han avanzado en Honduras en un contexto en el que la independencia judicial ha sido cuestionada, la corrupción es generalizada y penetra los más altos niveles del gobierno, incluidos influyentes miembros del partido en el poder, el Partido Nacional, como fue reconocido por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) organizada por la OEA en 2015.

También vale la pena recordar que en las ZEDE participan como directivos varios hombres de confianza de alto nivel del actual gobierno quienes desde 2014 han sido señalados en los juicios en la Corte del Distrito Sur de New York, como es el caso de Ebal Diaz, superministro de su gobierno o Ricardo Maduro Joest, ex presidente de Honduras. De hecho el gobernante Juan Orlando Hernández, promotor de las ZEDE, es objeto de investigación por “co-conspiración de narcotráfico” en dicha corte.

El movimiento nacional contra las ZEDES

En los últimos meses, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE han sido objeto de rechazo generalizado en Honduras a casi una década desde que comenzaron las primeras protestas en su contra, por el año 2011, cuando se les conocía como Regiones Especiales de Desarrollo.

Para contrarrestar las propuestas más recientes de las ZEDE, diversas organizaciones ambientales, indígenas y comunitarias hondureñas formamos el Movimiento Nacional Contra las ZEDE y por la Soberanía para “defender la soberanía de nuestro territorio físico…. y reafirmar nuestro compromiso histórico de derrocar a las ZEDE”. En los últimos meses, al menos 126 alcaldes de los 298 municipios del país han rechazado públicamente las ZEDE y más de una docena de municipios han celebrado Cabildos Abiertos o Referéndums municipales,  legalmente vinculantes para declarar que las ZEDE no están permitidas en sus territorios. Sin duda, se celebrarán más referendos en las próximas semanas y meses.

La condena generalizada a las ZEDE también ha llevado al Rector Nacional de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación ZEDE; el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ha manifestado públicamente que la ley ZEDE debe ser derogada; el Consejo Anticorrupción (CNA) presentó al Congreso Nacional más de 15.000 firmas de personas en oposición a las ZEDE; y varias diócesis de la Iglesia Católica se han unido para condenarlos. A nivel internacional, las Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por las ZEDE como: “la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación.”

Las ZEDE plantean preocupaciones adicionales: quizás una de las preocupaciones más serias, no sólo mencionada por las Naciones Unidas sino también por el Movimiento Nacional Contra las ZEDE y por la Soberanía, es que las ZEDE agravarán los conflictos de tierras de larga data, particularmente porque ya se han tomado medidas para priorizar los intereses de los inversionistas de las ZEDE tanto en el Registro Nacional de la Propiedad como en el Instituto Nacional Agrario, dos instituciones que supervisan la titulación de tierras en el país. Los conflictos por la tierra en Honduras son comunes y han dado lugar a varios abusos, incluida la violencia y el asesinato de defensores de la tierra y ambientalistas y el despojo sistémico de la tierra de muchos grupos indígenas, comunidades costeras y campesinos. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser ambientalista y defensor de la tierra.

Además, se teme que las ZEDE se conviertan en refugios para las actividades del crimen organizado, en particular porque los más firmes defensores hondureños de las ZEDE enfrentan serias acusaciones de tráfico de drogas y corrupción en tribunales de Estados Unidos, como fue mencionado.

Necesidad de la solidaridad internacional

Como fue mencionado, la ZEDE en Honduras esta aun en el nivel de un experimento, pero de resultar exitoso, se expandirá como la pólvora en todos los países donde existan gobiernos dispuestos a ceder la soberanía de su territorio por una cuantas fichas. Por ese motivo la ZEDE es una amenaza no solo para nuestro pais, sino para los pueblos del mundo.

El pueblo hondureño ha logrado romper el cerco del silencio que ha rodeado este tema y comienza a movilizarse en diversas partes del territorio para impedir que este proyecto imperialista se consolide; pero para eso necesitamos del apoyo de los pueblos del mundo.

Se puede apoyar enviando misivas o haciendo actos frente a las embajadas de Honduras en todo el mundo, denunciando y exigiendo a sus gobiernos que rompan relaciones con un gobierno de narcotraficantes o al menos lo denuncien en los distintos foros internacionales por los crímenes que comete contra la población hondureña.  

[1] PressReader.com - Digital Newspaper & Magazine Subscriptions. Disponible en:  https://www.pressreader.com/honduras/diario-la-prensa/20210531/281543703844739

[2] Puede verificarse la agenda del evento en Liberty in our Lifetime Conference file:///C:/Users/Tom/Desktop/MOvimiento%20contra%20ZEDE%202021/Liberty%20in%20our%20Lifetime%20Conference.html

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
1  of  4 Previous Next

Más Articulos

Honduras
Detalles
17 Agosto 2021

HONDURAS.- Triángulo Norte y la Captura de sus Estados

Honduras
Detalles
17 Agosto 2021

HONDURAS.- El primer Partido Comunista de Honduras (1927-35): organización, La Comintern, antiimperialismo y actores de la época

Honduras
Detalles
12 Junio 2021

HONDURAS.- Prisión Verde y Destacamento Rojo de Ramón Amaya Amador: representación política, actores sociales y enclave bananero

Honduras
Detalles
31 Marzo 2021

HONDURAS.- La lucha por un nuevo liderazgo revolucionario que supere al “Zelayismo”

Honduras
Detalles
30 Marzo 2021

HONDURAS.- Geopolítica y elecciones en Honduras

Honduras
Detalles
09 Octubre 2020

HONDURAS.- “El pensamiento político de Morazán”.

Nicaragua

Nicaragua

NICARAGUA.- Autonomía universitaria en Nicaragua (1958, 1979, 2018)

Detalles
Administrator
03 Abril 2021
Visitas: 2163

Por Freddy Quezada

Introducción

Nada envejece más rápido que el tema de la juventud. Hay muchas lecturas y formas de dividirla ahora. Pero la juventud que aquí interesa es una que tiene espacio, tiempo y estratos específicos, junto a una categoría maestra que presidirá todas estas reflexiones.

El concepto maestro es la autonomía que no lo tomaremos de las definiciones jurídicas que se brindan en los textos fundacionales de la autonomía universitaria, sino de la definición que hace Cornelius Castoriadis (1975), un filósofogrecofrancés, más bien en términos de filosofía política. Dice más o menos que es la capacidad de las personas de saber que las leyes que se están brindando a sí mismas son creadas por ellas y criticadas, reformadas o derogadas por ellas mismas también, en una suerte de creación sin dirección teleológica, muy parecida a la del arte, instituyente.

En cuanto a las categorías concretas y reales, se trata de los y las jóvenes universitarios/as nicaragüenses desde 1958 en que se proclama la autonomía, hasta 2018 en que se vuelve a exigir, pasando por las grandes expectativas que se esperó de ella por parte de la revolución de 1979, cuyos dirigentes, casi todos, fueron formados a su amparo y bajo su espíritu.

Muchos/as jóvenes universitarios  defendieron y colocaron al servicio de sus proyectos, sueños e ilusiones, una autonomía para los/las que se formaron en la universidad pública que la empezó, la UNAN, y luego en las demás que la siguieron, y la llevaron como un habitus en su torrente sanguíneo, muchas veces sin estar conscientes de su circulación en las venas. Pero esa autonomía ha sido no sólo defendida con sacrificios y heroísmos, sino también expuesta a duras pruebas al grado de desconocerla, amenazarla y, por fin, destruirla, por muchos de sus propios habitantes en distintas épocas.

Tres fechas son tensivas en su curso fuera de la fecha de su nacimiento: la revolución de 1979, la derrota del FSLN en 1990 y la rebelión del 2018. Reflexionaremos brevemente sobre cada una de ellas. Primero la presentación de una división teórica de estos actores.

I.- Familias teóricas segun sentido

Las conceptualizaciones sobre la juventud, o “juventudes”, pueden ser comprendidas en tres familias, según el sentido asignado a lo que buscan por su naturaleza, alteridad y derechos, tendencias cuyos referentes más representativos, agrupables por afinidad, son Karl Marx, Edgard Morin, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Antonio Gramsci y Michel Foucault, a los que distribuiremos alrededor de tres árboles paradigmáticos, en lo que a juventudes se refieren.

1.1.- El paradigma del “cambio y la utopía” (Marx/Morin):

Los jóvenes son vistos como inventores y los agresivos de las sociedades. Esta familia sigue vigente y se emparenta con el paradigma de los cambios y emancipaciones; muy popular en su versión del joven revolucionario por su condición etaria y biopolítica. Marx, no hizo alusión a los jóvenes como categoría social separada e independiente de las clases sociales. Todo lo que después de él se señalarán como virtudes juveniles revolucionarias, serán tomadas de las cualidades que cargó al proletariado: arrojo, determinación, amor por el cambio, sed justiciera, fuerza e imaginación.

Edgard Morin (1992), en uno de sus primeros trabajos, El Paradigma Perdido, decía que en todas las sociedades, incluso entre los animales, son siempre los jóvenes los más creativos, los que descubren y experimentan cosas que terminan revolucionando a la comunidad. Más tarde evolucionaría hacia paradigmas de complejidad, sin renunciar a la idea seminal de cambios como expresión de energía, creatividad, salto, vitalidad y empuje que vinculó con los jóvenes.

En el llamado “tercer mundo” no sólo los jóvenes revolucionarios sustituyeron al proletariado como agentes revolucionarios, trasladando virtudes de fábricas a universidades, sino que también el cambio descansó sobre sus cuerpos, frescos y vitales, reencarnando la fascinación prometeica de obreros con conciencia de clase, como los ofreció Marx.

De ahí, el sentido de creer que ser joven, era ser revolucionario. Ese cambio de actores (del proletariado  a la juventud, de Europa a las ex colonias) se volvió portador de lo nuevo en la historia.

En las ex - colonias el fenómeno se combinará desigualmente con los paradigmas dominantes de lo “nuevo” y lo “diferente” y las juventudes portarán lo nuevo pero como “otras” y su locus real serán las universidades públicas con sus autonomías.

1.2.- El paradigma “identidad/alteridad” (Lacan/Derrida): 

Promueve, dentro de la tradición estructuralista proveniente de la lingüística y la antropología, el principio de la definición por alteridad, por el "otro". 

Los continuadores de este paradigma de cara a los actores sociales son los que se preocuparán más por problemas de identidad y diferencia. “Cuando se es joven, uno  no sabe que lo es”, decía Lacan (2005). Lo sabemos hasta que dejamos de serlo; o generalmente “otro” con el poder para hacerlo, nos nombra.

Se debe estar claro, que la definición de juventud no la hacen los jóvenes. Son objetos de una mirada adultocéntrica e intelectual y de otros actores a los que les devuelve su “marca” subalterna. Este esquema se mueve pendularmente entre afirmarse como identidad y defender su alteridad, y la de otros/as, a través del derecho a la diferencia.

Según Jacques Derrida (1989), el término subordinado (juventudes frente a adultos, en este caso), la fuente de identidad del dominante es la que sale ganando, por el simple “poder bautista” de nombrarlos. 

Si los jóvenes dispusieran de sí mismos, muy probablemente lo hicieran más a través de sus propios dispositivos (música, TV, electrónica, internet, redes sociales, video-juegos, etc.) y menos con recursos escriturarios.

1.3.-  El paradigma “poder/justicia" (Gramsci/Foucault):

Este modelo es el que destruye el concepto juventud por la vía de la pluralización y su descentramiento espacial en contextos “otros”, subordinados y rebeldes a un sistema, pero desplegando estrategias microfísicas de poder a caballo de unos movimientos sociales que, a diferencia del tipo anterior, se anclarán más categóricamente en los derechos y la justicia.

Básicamente de Gramsci (2018) se tomarán las coordenadas hegemonía/subalternidad que se emplearán para inscribir a los actores dentro de los planos de un poder todavía prometeico, aunque rico en estrategias que, en manos de Foucault (1993), terminarán por presentarse escépticos con respecto a universos utópicos y que sus discípulos postmodernos acabarán por renunciar a objetivos emancipadores. 

Más allá de estos escenarios eurocéntricos, nos llegarán las escuelas subalternas indias y latinoamericanas (de raigambre gramsciana), que se bifurcarán,    a su vez, en postcoloniales y decolonial (de raigambre foucaultiana, explícita una e implícita la otra).

¿Podemos hablar, también, de una libertad autopoiética, que se crea “haciendo sobre la marcha” sin exterioridades? Es posible abrir un cuarto subconjunto si cruzamos las concepciones de Cornelius Castoriadis (1975), quien decía que los humanos construimos de manera autónoma, sin flechas teleológicas, nuestras propias ideas emancipatorias, dejándonos dominar después por ellas, con las de Humberto Maturana y Francisco Varela (2003) quienes dicen que todas las cosas tienen un comportamiento autocreador sin intervenciones externas.

II.- Autonomía universitaria y revolución (1958-1979)

Este modo de abrir el tema de las juventudes a través de familias teóricas de sentido, acaso nos autorice el atrevimiento de imaginar la toma del poder en la Nicaragua de 1979 como el ascenso de jóvenes universitarios a través de una organización guerrillera de masas como el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), cruzando el rechazo de un modelo de autonomía universitaria de donde aprendieron a ejercitarse en política democrática en contra de rivales de todo un espectro político imaginable y un tributo tardío, que hoy  podríamos llamar postcolonial, al mayo del '68 francés, combinado con un hippismo kitsch, un guevarismo romantizado y una teología de la liberación llegada de colegios religiosos de clase media y sectores populares alrededor de sacerdotes progresistas.

El modelo de autonomía universitaria en Nicaragua, aprobado a través del Decreto No. 38 de marzo de 1958 por Luis Somoza Debayle, puede ser, y ha sido, referencia y a la vez consecuencia en algunos casos, de modelo de sociedades abiertas y democráticas que, para el caso de la Nicaragua bajo el régimen somocista, funcionó como un oasis, mucho más amplio que la definición que se hizo a sí misma La Prensa, como república de papel. Las únicas dos instituciones con reglas democráticas en medio del control y vigilancia férrea durante el régimen somocista.

La UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) antes de 1979, fue un paradigma de libertad de pensamiento y expresión, rudo es cierto, del que gozaron todas las organizaciones estudiantiles de izquierda, de centro y hasta de derecha, de este país en aquella época. Fue un oasis democrático bajo asedio dictatorial

Existían muchas organizaciones estudiantiles, como brazos universitarios de partidos políticos, incluyendo el del poder, que funcionaban legal o ilegalmente en Nicaragua.

De 1958 hasta 1979, subdivisible en dos períodos, las organizaciones políticas juveniles desde las liberales somocistas JEL (Juventud Estudiantil Liberal), FEL (Frente Estudiantil Liberal) y después FERNA (Frente Estudiantil Revolucionario Nacionalista), socialcristianas FDC (Frente Demócrata Cristiano), JUC (Juventud Universitaria Católica), IRC (Izquierda Revolucionaria Cristiana) y sandinistas FER (Frente Estudiantil Revolucionario),  fueron las protagonistas principales, durante la primera parte de este período de tiempo que iría, digamos, de 1958 a 1968, año este último en que Carlos Fonseca reconviene por su displicencia al FER, sin nombrarlo, ante las victorias sucesivas de los socialcristianos FDC y de la JUC con Hugo Mejía al frente del CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional), que después se cruzará al FER. Período que será de lucha de la derecha contra la izquierda.

El segundo período irá, digamos, de 1969   hasta 1979, con las competencias, casi al final, entre sandinistas ya divididos (FER, FER M-L) pero dominantes aún y las izquierdas prosoviéticas UDE (Unión Democrática de Estudiantes), maoístas CLEU (Comité de Lucha de Estudiantes Universitarios) y trotskystas LMR (Liga Marxista Revolucionaria). Segundo período que será de lucha de la izquierda contra la ultraizquierda.

Ambos subconjuntos son la prueba no sólo de la pluralidad de expresiones políticas organizadas, amparada por la autonomía universitaria, sino por el ejercicio democrático que efectuaban periódicamente para optar a cargos públicos estudiantiles y su derecho, igual al de candidaturas independientes también autorizadas, a representar a los estudiantes en los órganos de dirección académica y administrativa del Alma  Mater.

Los dos FER que triunfaron como expresión del FSLN durante la segunda mitad de los '70, en vez de continuar el modelo de autonomía después del triunfo del FSLN en 1979, como honra al vientre de donde adquirieron sus hábitos democráticos, nada gentiles por cierto, pero tolerantes al fin, lo asfixiaron y permanecieron hasta hoy con la deuda.

A eso nos referimos cuando decimos que la revolución de 1979, la hizo la UNAN y el FSLN, padre de dos de sus habitantes, abandonó ese tejido del que se alimentó y volvió a abjurar, de nuevo, en el escenario nacional, contra las reglas y las libertades democráticas obtenidas con Doña Violeta, a partir de 1990, fruto desde la ciudadanía, de la misma lucha por las libertades.

Hay una conexión, que no se dice,  o se expresa muy vagamente, entre el paradigma de la contradicción y las autonomías de cualquier agente o institución en el sentido de Castoriadis (1975).

Son concepciones instrumentales aquellas que hacen de las autonomías medios que, ya obtenidos bajo control, justifican su suspensión con el servicio que pudieran rendir al enemigo si se libra a su propia naturaleza que es, por principio, democrática. Para paradigmas de las diferencias, esta violencia representacional de vanguardias iluminadas, es intolerable y la exigencia y lucha por el restablecimiento de derechos es casi automática.

Debemos señalar que, incluso durante la primera mitad de la década de los '70, salvo el período del terremoto de 1972 que la dejó suspendida durante un corto tiempo, todavía existía, con todo derecho, el FERNA somocista y el FEL en León, liderado por Arnoldo Alemán muy visible en la Facultad de Derecho.

Estas organizaciones somocistas no fueron expulsadas, sino que se retiraron por decisión propia o desaparecieron por falta de clientela. Es posible que la presencia de la juventud somocista en la UNAN se haya derivado del mismo acuerdo de Autonomía entre Mariano Fiallos Gil y Luis Somoza que la concedió, aprovechando el receso de una asamblea hostil a ella, para hacerse el simpático y ganar popularidad entre los nuevos universitarios.

Ese modelo, rudo y grosero, de libertad política era la única isla de democracia viva y beligerante que había en la época de Somoza. La otra, como ya hemos dicho, era la república de papel, como se veía así misma La Prensa.

Ese modelo era el que por derecho propio tenía que prolongarse y ampliarse a todo el país en aquellos casos en que cualquiera de las organizaciones políticas estudiantiles, o sus organizaciones nacionales, triunfaran sobre la dictadura. Era esperable, natural y lógico. Los sandinistas, al triunfar, hicieron lo contrario, dejándose vencer por las tentaciones autoritarias que ya encerraban sus registros conspirativos, compartimentados y militares, del mismo modo que las demás organizaciones habitantes y rivales como la UDE, CLEU, JRSC (Juventud Revolucionaria Socialcristiana), HLRP (Hacia La Revolución Popular) y MCR (Movimiento Cristiano Revolucionario) llevaban también casi todas ellas, en su seno, las tentaciones totalitarias propias de los países que declaraban admirar desde la URSS hasta Cuba, pasando por la China de Mao y la Albania de Enver Hoxha.

Bien visto, todo ese sueño luxemburguista, trotskista, anarquista y situacionista de una democracia revolucionaria de respeto a las diferencias, llegado del mayo del '68 francés junto a un hippismo kitsch, (rebajado a cabellera larga, pantalones campanas, hot pants, drogas, sexo libre y música rock, despojado de toda espiritualidad), y un castrismo romantizado, todo como una amalgama de postmodernismo emancipador, la vivieron las universidades con verdadera autonomía, como la UNAN de la Nicaragua desde 1958 hasta 1979 en que triunfa uno de los suyos y de la que se esperó que extendiera nacionalmente el modelo del que se nutrieron sus brazos juveniles universitarios que alimentaban sus filas clandestinas en montañas, campos y ciudades.

Con el triunfo de la revolución de 1979, se trataba de ejecutar esa "maqueta" de autonomía universitaria para todo el país y no a contrariu sensu, de creer que terminaba con el triunfo de uno de sus habitantes. En vez de continuar ese modelo después de su triunfo, lo ahogaron y permanecieron hasta hoy con esa deuda política, epistémica y ética.

Sólo quién padeció la suspensión de la autonomía a comienzos de la década de los '80, como muchos profesores de derecha e izquierda que despidieron (René Lacayo, Adán Fletes, Fernando Benavente, Carlos Mohs, Gustavo Gutiérrez, etc) y militantes de organizaciones revolucionarias universitarias fuera del FSLN o estudiantes independientes, supieron que en el juego, por la autonomía, entre Maquiavelo y Montesquieu, siempre gana aquel, a menos que se le controle con reglas que mesuren sus propósitos o la piensen dos veces, si causan daños serios a terceros, con penalizaciones severas.

III.- La autonomía después de 1979

Tan clara era la presencia y dominio de dirigentes universitarios, templados como líderes contra otros líderes dentro del espíritu autonómico de la UNAN, que ya frente al nuevo gobierno revolucionario,  muchos/as ministros/as y funcionarios/as de alto nivel, bromeaban cuando eran citados a las reuniones ordinarias de gabinete, diciendo que "iban a reunión del CUUN". En efecto, el gobierno revolucionario era el CUUN ampliado.

El CNES (Consejo Nacional de Estudios Superiores), fue el primer paso para desconocer la autonomía de la UNAN después de 1979 en  que, durante toda la década de los 80, permaneció primero sujeta a la voluntad de la JGRN y luego a discreción de los ministros de educación. Los FER se fundieron en la JS-19 de Julio (Juventud Sandinista) y el CUUN desapareció a favor de UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) que ya existía como entidad superior al propio CUUN. Y toda la institución se convirtió en proveedora de voluntarios para alfabetizar, recolectar café y algodón y fuente segura, más adelante, de reclutamientos en el SMP para combatir a la contrarrevolución. Las universidades públicas no solo perdieron la autonomía, sino que se volvieron verdaderos campamentos castrenses.

IV.- La autonomía después de la derrota del FSLN en 1990

Con la derrota del FSLN en 1990, se decretó la ley de autonomía universitaria, ley No. 89, por parte del gobierno saliente que preparó uno de los refugios para la retirada en desorden y pánico ante el triunfo de la UNO (Unión Nacional Opositora). Amplió desorbitadamente la presencia de representantes estudiantiles en los órganos decisorios de la Universidad, algo que convirtió la necesidad en virtud, debilitando por otro lado su presencia en la cúpula del CNU (Consejo Nacional de Universidades), que pasó a ser el recipiente, asignador y despachador de los desembolsos del 6% del presupuesto nacional.

Los cargos claves fueron ocupados por militantes leales al FSLN en su caída que corrieron a ejercerlos con un nuevo celo por una autonomía que desconocían la víspera. En medio de ese copamiento, a contrapelo, figuró la rectoría del Dr. Alejandro Serrano Caldera que intentó devolver la autonomía en correspondencia con las libertades democráticas anunciadas por el gobierno de Doña Violeta, o ejercerla según el espíritu auténtico de la ley No. 89. Después de su administración, le seguiría durante tres períodos sucesivos el Msc. Francisco Guzmán, ralentizando todo lo avanzado en materia autonómica, radicalizando aún más su incondicionalidad a la administración Ortega-Murillo, las siguientes rectorías del Msc Elmer Cisneros y la actual Msc Ramona Rodríguez ya al frente de toda la tragedia.

UNEN y todas las autoridades superiores de las universidades públicas cerraron filas con un FSLN durante 12 años en la oposición a gobiernos neoliberales, pero la misma ventana que dejaron abierta desde las bases estudiantiles para ampliar su presencia y poder en los órganos académicos universitarios, de suyo celebrable, fue la que permitió proponer una vez y otra, nacimientos de organizaciones fugaces y candidaturas independientes, en medio de las divisiones espurias que sufría UNEN periódicamente, llegando incluso a enfrentamientos violentos entre bandos, muy parecidos a los que efectúan las mafias callejeras.

El ascenso de la administración Ortega, a partir del 2006, de nuevo al ejecutivo, hizo oscilar todas las universidades públicas al compás de sus necesidades políticas y las nuevas estrategias de alianzas o contra alianzas entre empresarios, iglesias, países aliados como los del socialismo del siglo XXI, potencias continentales y extracontinentales y los caudillos Alemán y Bolaños, ahora ya en la oposición o en retiro.

UNEN se deterioraba y desprestigiaba, cada vez más, ante las bases estudiantiles que participaban, cada vez menos, en procesos electivos, por sus violencias físicas, traiciones éticas y abusos representacionales, mientras en términos de libertades de cátedra, pensamiento y expresión, la mayor parte del plantel docente, se adocenaba en medio de una autonomía discursiva, promesas de megaproyectos del gobierno y un pacto sólido con los empresarios, pero vigilante con el disidente y opositor declarado que, todo hay que decirlo, eran muy excepcionales.

V.- La rebelión universitaria en abril del 2018

Este es el escenario que encuentra la solidaridad de estudiantes universitarios con los jubilados frente a la violencia sufrida de parte de fuerzas de choque  leales al gobierno y la protesta por el abandono del ejecutivo ante las llamas que arrasaban una zona forestal protegida. Es abril del 2018. Y las anteriores son las espoletas que llevan a cientos de estudiantes, por fuera y encima de los organismos estudiantiles fieles al ejecutivo, y de todas las universidades públicas, y algunas privadas, a levantar por los aires el viejo orden.

El entusiasmo y la ira de los jóvenes universitarios, los llevó a tomar varias universidades por meses en el caso de algunas, exigiendo justicia por las masacres ejecutadas por el gobierno, debidamente documentadas en testimonios orales, escritos y audiovisuales ante organismos competentes y de su resorte, y respeto de las autoridades universitarias a sus derechos. Fueron trágicamente desalojados por la fuerza, expulsados, encarcelados, perseguidos y exiliados, además de la eliminación física de algunos en el caso de la UNAN-Managua, con la complicidad de las autoridades superiores universitarias, tanto de cada universidad pública en particular, como del CNU en general. Responsabilidades penales de las que hay evidencias incriminatorias, registros y testimonios ante organismos internacionales de derechos humanos, por las que tendrán que responder ante tribunales nacionales e internacionales independientes y profesionales.

Después del desalojo y el endurecimiento del estado policial en todo el país, las autoridades superiores universitarias en la UNAN-Managua al menos, violando su propio reglamento, siguieron dirigiendo la institución bajo períodos vencidos, girando órdenes ya sin efecto legal y procediendo de nuevo, con una violación encima de otra, a reelegirse, perpetuarse en los cargos y distribuirlos a discreción, volviendo a hacer de nuevo a las universidades unas academias más parecidas a campamentos militares, vigilables y patrullables como en toques de queda, que a casas de estudios superiores, públicas, autónomas y respetuosas de los derechos consagrados en la constitución y en la misma ley No. 89.

Por la parte de UNEN, es seguro que una llamada resuelta y valiente de los miles de estudiantes de base a efectuar su derecho de sufragio bajo todas las garantías electorales, destituirán a los representantes que también fueron cómplices de la persecución, desalojo, expulsión y exilio de los estudiantes que ejercieron las protestas y que se les deberán restablecer de nuevo sus derechos, del mismo modo que la restitución a los docentes despedidos por apoyarlos abiertamente.

Será una ironía de la justicia que los mismos mecanismos empleados por la cúpula de UNEN para mantener su poder,  vigilancia y favores sobre autoridades académicas y administrativas, se emplee ahora contra ella sin la menor violación del reglamento que ya contempla esos procedimientos y de paso destituye a toda la carga indeseable de las mismas autoridades coludidas. En una palabra, renovación de autoridades de todo tipo de arriba hacia abajo.

La curva que hemos descrito de esta aventura de la autonomía universitaria puede ser caracterizada, llamando en su auxilio a las familias teóricas, como una épica en su ascenso (1958-1979) respondiendo a esa búsqueda de cambios que la tensionó hasta el sacrificio; dramática en el mantenimiento (1979-2017) desgarrador entre favorecer su fidelidad identitaria al cambio y su defensa de derechos alternativos suspendidos, entregándose a una ambigüedad que le hará llegar su precio; y una tragedia (2018…) aún abierta e irresuelta, que reclama el restablecimiento de derechos a través de una autopoiesis sin utopía y una justicia como nuevo poder sin desmesuras ni excesos proféticos. Épica, drama y tragedia de la autonomía universitaria nicaragüense.

Nada sería más tributario para honrar a nuestras Alma Mater que devolver limpia la autonomía envuelta en la consigna que la vio nacer

A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD

 

Referencias bibliográficas

Castoriadis, C (1975) La institución imaginaria de la sociedad. Tomo 2: El imaginario social y la institución. Tusquets. Barcelona.

Derrida, J  (1989) La escritura y la diferencia. Anthropos. Barcelona.

Gramsci, A (2018) Cuadernos de la cárcel. Gedisa. Barcelona.

Foucault, M (1993) Microfísica del poder. Ediciones La Piqueta. Madrid.

Lacan, J (2005) De los nombres del padre. Paidós. Barcelona.

Maturana, H y Varela, F (2003) De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo. Editorial Lumen. Buenos Aires.

Morin, E (1992) El paradigma perdido. Kairós. Barcelona.

 

Siglas

CLEU: Comité de Lucha de Estudiantes Universitarios

CNES: Consejo Nacional de Educación Superior

CNU: Consejo Nacional de Universidades

CUUN: Centro Universitario de la Universidad Nacional

FDC: Frente Demócrata Cristiano

FEL: Frente Estudiantil Liberal

FER: Frente Estudiantil Revolucionario

FER (M-L): Frente Estudiantil Revolucionario (Marxista-Leninista)

FERNA: Frente Estudiantil Revolucionario Nacionalista.

FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional

HLRP: Hacia la Revolución Popular

IRC: Izquierda Revolucionaria Cristiana

JEL: Juventud Estudiantil Liberal

JGRN: Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional

JS-19 de Julio: Juventud Sandinista 19 de Julio

JRSC: Juventud Revolucionaria Social Cristiana

JUC: Juventud Universitaria Católica

LMR: Liga Marxista Revolucionaria

MCR: Movimiento Cristiano Revolucionario

SMP: Servicio Militar Patriótico

UDE: Unión Democrática de Estudiantes

UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNEN: Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses

UNO: Unión Nacional Opositora

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
Nicaragua

Las juventudes de Nicaragua y sus momentos claves

Detalles
Administrator
19 Julio 2020
Visitas: 1862

Por Hulazko Meza y Freddy Quezada

LOS JÓVENES: PORQUÉ ELLOS Y PORQUÉ A ELLOS   (Sobre su derecho preferente de participación en la solución a la crisis socio política que sacude Nicaragua)

Los jóvenes nicaragüenses - sus luchas y sus banderas

En los últimos meses ha surgido una discusión  -con argumentos y contra argumentos- en torno a la participación de los jóvenes y los campesinos en las distintas agrupaciones que pretenden aglutinar a todos los sectores opositores al régimen ORTEGA-MURILLO de cara a un eventual enfrentamiento electoral con éste. Tanto las opiniones como las distintas agrupaciones, si bien reconocen la beligerancia de ellos, su peso específico en la lucha, su derecho a participar en las instancias de búsqueda de solución a la crisis,  no terminan de materializar en el aspecto político y organizacional ese reconocimiento.

No obstante lo anterior, es solo en torno a los jóvenes y ese derecho preferente que les reconocemos sobre lo que queremos tratar.

Los jóvenes, la juventud, tradicionalmente se piensan como el reservorio fresco de una sociedad. Y su plenitud de despliegue como el punto máximo de tensión de su energía, muchas veces derrochable (y derrochada) en causas y empresas sin garantías.  Sin embargo, ella misma, como los demás actores sociales, tiene una estratificación interna que de arriba hacia abajo va, si lo vemos solo por su escolaridad e ingresos, desde las capas más cultas, universitarias, hasta las más plebeyas, habitantes de barrios y comunidades precarias, pasando por una capa media, letrada pero no alta, de recursos modestos, pero no indigente.

En el caso de Nicaragua, los jóvenes han tenido una influencia determinante en el desarrollo de los hechos más trascendentales de nuestra historia reciente. A diferencia de las juventudes de otras latitudes y/o hemisferios, en Nicaragua ellos si han cambiado el rostro de nuestro país.  Y cuando referimos las luchas con escenarios predominantemente urbanos -no hablando de la juventud universal sino de su fracción más letrada- es la que siempre las ha iniciado y desencadenado; siempre por un derecho conculcado que ellos son los primeros en resentir y en reaccionar por su restablecimiento.

Se puede comprobar que en las luchas modernas en nuestra sociedad, la juventud –y sobre todo la universitaria- ha sido actor de primera fila. Ha tenido la capacidad y la moral de arrastrar a otros jóvenes de menos escolaridad detrás de ella e incluso atreverse a ofrecer nuevos mundos que han terminado por desilusionarla y desilusionar a los que se le han sumado. En la marcha, exitosa o fracasada, se ha combinado con todos los demás sectores plebeyos, jóvenes o no, al grado de volverse indistinguible y solo recordable por el arrojo decidido de sus actos.

Es por esa razón que vimos  a una juventud universitaria fuerte y decidida organizarse y ponerse al frente de la lucha por el derrocamiento de la Dictadura Somocista. Es por eso que también fuimos testigos de cómo los jóvenes campesinos se integraban a la contrarrevolución para protagonizar una SUBLEVACIÓN CAMPESINA que terminó por dar al traste con el modelo que venía implementando el FSLN en el poder y el gobierno. Y fueron los jóvenes los que a partir del 18 de Abril del 2018 desenmascararon al régimen Ortega-Murillo obligándolo, con sus protestas y resistencia, a mostrar su verdadero rostro; produciendo un cambio tan radical en la política y en la forma de hacer política en nuestro país y en la imagen que del gobierno de Daniel Ortega se tenía tanto dentro como fuera del país, que aún no hemos terminado de ver las consecuencias de esa “vuelta de calcetín” que propiciaron nuestros jóvenes.

En todos esos momentos, aunque las banderas visibles que levantaban en sus luchas aparentemente eran diferentes, basta con detenerse un poco en el análisis para percatarse que siempre han sido las mismas banderas de fondo las que han abrazado. Y todas tienen que ver con DERECHOS: Derecho a decidir, derecho a participar, derecho a expresarse libremente, derecho a organizarse como se quiera, derecho a luchar por lo que se quiere y se cree, derecho a ser respetado y tomado en cuenta….. Es decir: DERECHO A SER Y A ESTAR….

Por qué ellos…?  los paradigmas detrás de las banderas

Como en toda lucha y para todo luchador, las banderas y causas por las cuales lucharon esos jóvenes tenían un referente, un universo paradigmático que usaban en alguna medida para definir el qué hacer, el cómo hacerlo, etc.

Así, los jóvenes que vencieron a la dictadura somocista, abrazando paradigmas de base marxista, creyeron en la necesidad de desaparecer las clases sociales, creyeron   en una revolución con una vanguardia de clase obrero-campesina dirigiéndola y creyeron en un partido representando a toda la nación, planificando y organizando ese proceso; creyeron en la construcción de un “hombre nuevo”, de una “sociedad nueva”…… Creyeron en todas las demás ideas que en teoría solamente se podían materializar en una sociedad socialista.

Por su lado, los jóvenes campesinos que se integraron a la contra de entrada no compartían ni mucho menos aceptaban los postulados marxistas sobre la desaparición de clases, clases vanguardias, partido único, etc. Y sus temores ante la imposición que estaban viendo y/o imaginando que estaba haciendo el FSLN en el poder, los llevaron a levantar las armas en contra de ese gobierno. Sus banderas tenían que ver con paradigmas de libertad y, también, de derechos.

Aunque ambas juventudes (ya con cierta separación generacional) terminaron enfrentándose militarmente, ambos grupos tenían el mismo referente paradigmático: EL PARADIGMA DE LA CONTRADICCIÓN.

La esencia de dicho paradigma radica en considerar que siempre existe un “UNO” y siempre existe un “OTRO” enfrentados en la lucha social; que ese UNO considera a ese OTRO como un enemigo al que hay que vencer y, eventualmente, destruir físicamente, pues su sola existencia amenaza y se opone a lo que interesa y conviene al “uno”. Adicionalmente, ese “uno” se considera a sí mismo como el sector más avanzado de la sociedad que está “predestinado históricamente” a triunfar sobre el “otro” y así poder garantizar un mejor futuro para todos en la misma.

Hoy por hoy, fácilmente podemos identificar en el Orteguismo estos postulados del paradigma de la contradicción.

Fueron esas ideas, más fuertes y definidas en los jóvenes más letrados, las que acompañaron su lucha contra la dictadura somocista hasta derrocarla. También fueron las que los pertrecharon y las que llevaron a su enfrentamiento militar a la contrarrevolución en campos y montañas  “en defensa de  la revolución”.

Algo que debemos resaltar es que en este paradigma BASTA CON QUE UNO SOLO DE LOS ACTORES SOCIALES LO TENGA COMO CIERTO para que todas la contradicciones y diferencias que naturalmente existen entre los sectores de una sociedad sean abordadas de manera que, a la postre, resulta perjudicial y destructiva para la misma.  No era necesario, entonces, que los campesinos sublevados conocieran y/o creyeran en esos postulados; bastaba que los jóvenes de la ciudad y sus periferias lo hicieran. El enfrentamiento entre la ciudad y el campo/montaña era entonces inevitable[1] y los jóvenes serían sus protagonistas.

Adicional a ese paradigma también encontramos otro paradigma que es común tanto a los jóvenes que lucharon contra la dictadura somocista como a los que lucharon contra el gobierno sandinista posteriormente. Tiene que ver con la posibilidad de que un individuo, una organización, un estamento o sector social, REPRESENTE a otros individuos, organizaciones o sectores sociales: EL PARADIGMA REPRESENTACIONAL Y más concretamente, la idea puesta en práctica de LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA.

En la idea y práctica tradicional, conocida y existente de la representación política, el individuo/organización/sector social/etc. representado DELEGA  en un “representante” su capacidad de decidir, de discutir y llegar a acuerdos con otros y comprometerse a cumplirlos, delegando, por ende, la responsabilidad de hacerse cargo de los resultados concretos de sus decisiones. Con esto, el representado termina delegando no solo su derecho de pensar, de crear, sino también su derecho a soñar y su derecho a luchar por construir aquello en lo que sueña; y, con ello, su derecho a equivocarse en la construcción colectiva de ese sueño

Esa representación política devenida en DELEGACIÓN-DESPOJO es la contradicción que resume las luchas sociales entre “los de abajo”, que pugnan por adueñarse, controlar y forjar su propio destino y “los de arriba” que se erigen en los “sabedores únicos” de cuál es ese destino y, por tanto, los únicos que lo pueden garantizar. De ella surgen, como su hijo legítimo, la realización de los pactos y componendas de cúpulas.

Es bien conocida la frase/consigna que caracterizó el gobierno sandinista en los 80´s…. DIRECCIÓN NACIONAL, ORDENE¡¡.  Era la máxima expresión de ese paradigma. Una frase en la que una nación entera –por lo menos es lo que quería el sandinismo gobernante- obedecía ciegamente a una cúpula dirigente que se había arrogado, por efecto de su representatividad, la capacidad de decidir los destinos de todos los sectores de la nación.

También son conocidas y han sido meridianamente estudiadas y documentadas las insatisfacciones y quejas de los desmovilizados de la contra y del ejército después de la firma de la suspensión del enfrentamiento militar. En ambos sectores hay claridad ahora de que los acuerdos firmados y la forma en cómo se materializaron éstos NO CONLLEVARON NINGÚN BENEFICIO para los combatientes de ambos bandos. La representación de los combatientes por sus cúpulas dirigentes les impidió procurarse mejores condiciones posteriores.

A diferencia de esas juventudes, los jóvenes de Abril del 2018 ni creen en promesas ni prometen a nadie nuevos y mejores mundos. No hay en ellos ninguna pose o actitud prometeica. Tampoco creen que haya un sector social que sea el llamado por la historia a dirigir algo. En sus banderas y reivindicaciones subyace un universo paradigmático completamente diferente: EL PARADIGMA DE LA DIFERENCIA.

En este paradigma, lo esencial es que todos los “unos” existentes en la sociedad, reconocen y aceptan la existencia de todos los “otros”. No solamente en términos de aceptación como realidad, sino también en términos de “sujetos sociales reales, con derechos iguales”.  Dicho paradigma no establece la necesidad de que “desaparezca” ningún otro; antes bien, la existencia y posibilidad de reproducción y crecimiento de ese otro es lo que llena de contenido y le otorga validez social al paradigma.  Tampoco necesita el paradigma de la diferencia que ninguno de los sectores de la sociedad sea ni se convierta en “el sector más avanzado” de la misma, ni que recoja o represente en sí los “intereses objetivos” de toda la sociedad para ser válido; su fuerza y validez radica precisamente en el reconocimiento y aceptación de la variopinta conformación social que todo país y sociedad tienen.

A la par de no confiar ni en promesas de maravillosos mundos futuros ni en vanguardias prometeicas dirigiendo la marcha hacia éstos, los jóvenes de Abril tampoco creen en la representación política. En ese sentido, no están dispuestos a delegar en nadie la discusión con nadie en torno a lo que ellos quieren y por lo que luchan; no están dispuestos a permitir que nadie en su nombre tome acuerdos y decida sobre el futuro de la sociedad y mucho menos sobre su futuro.

Es precisamente la negación y el rechazo a la REPRESENTACIÓN POLÍTICA la que, además de desconcertar a los representantes del régimen en la primera negociación, les daba las armas para poder, como lo hicieron a la postre, negar toda viabilidad de una solución negociada al conflicto.

Y si bien es cierto que los sectores sociales que se habían tomado las calles en su protesta anti dictatorial se identificaron con los jóvenes que estaban en dicha negociación, esa identificación era más de cara a que REPRESENTABAN SUS DESEOS Y ASPIRACIONES, que de cara o en el sentido tradicional de la representación política.

Fue una delicia y motivo de aplauso y reconocimiento posterior para todos los nicaragüenses opositores a Ortega el ver a un LESTER ALEMAN decirle al dictador todo lo que esos nicaragüenses pensaban y querían decirle.  En ese acto, un joven expresaba con sus palabras las ideas, esperanzas y voluntad de esos nicaragüenses. Por supuesto, ese hecho no convertía a Lester ni a sus otros acompañantes en los representantes políticos de los luchadores. Y bien que se sintió posteriormente esa no representatividad política.

Como hemos visto, los paradigmas que denotan los jóvenes de Abril del 2018 en sus actitudes y demandas constituyen, en nuestra opinión, un avance significativo en la cultura política de este país y devienen en un nivel que supera la política y la forma de hacer política que nos ha caracterizado.

Lo anterior no es, sin embargo, lo único nuevo que esta generación de jóvenes nos presenta a todos los sectores de la nación nicaragüense. Hay algo más que a simple vista no es posible identificar pero que refuerza aún más esa superación de la cultura política que los jóvenes de Abril están planteándole a la sociedad nicaragüense.

La lucha por la justicia social es una lucha permanente en toda sociedad en la que los más interesados son, precisamente, los sectores que son víctimas de la injusticia social. Y esa es, en gran medida, la que han llevado a cabo todos los luchadores sociales de los últimos dos siglos. Sin embargo, es necesario resaltar que en los últimos tiempos esta lucha ha dejado de ser una por la sola redistribución económica: el norte que le debe al sur, los ricos a los pobres, los empresarios a los trabajadores, etc.; y ha pasado a incorporar un nuevo componente: la lucha por EL RECONOCIMIENTO.

En este nuevo componente de la justicia social se tiene como objetivo un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea el precio a pagar por recibir un respeto igual.

La incorporación del reconocimiento como parte de la justicia social implica también la aceptación de la idea de que ésta excede las cuestiones distributivas y trasciende hasta incorporar las ideas de identidad y derecho a la misma, trasciende la idea del DERECHO A SER IGUALES y llega a la de IGUALES DERECHOS A SER DIFERENTES.

Cuando las organizaciones juveniles surgidas al calor de la lucha contra el régimen Orteguista reclaman su participación en la COALICIÓN NACIONAL y resto de esfuerzos de una  manera distinta a la que las cúpulas de esas organizaciones les están proponiendo, ellos:

  • Rechazan en la práctica las implicaciones sociales negativas del paradigma de la contradicción. Con ello debilitan las pretensiones hegemónicas de los grupos de poder que están detrás de algunos esfuerzos y sectores de la lucha anti Orteguista y le salen al paso a las ideas de “el ganador se lleva todo” que pretenden aplicar también algunos sectores que están en la lucha.
  • Rechazan la pretensión que en la práctica tienen los grupos económicos y sociales hegemónicos de infiltrar en la lucha y en las organizaciones la idea de la validez de la representatividad política. Con ello los jóvenes disparan al centro de la posibilidad de un nuevo arreglo de cúpulas.
  • Incorporan en la lucha por la justicia social en nuestra sociedad la idea de EL RECONOCIMIENTO como un elemento indispensable de la justicia que le confiere a esta un nivel superior y más satisfactorio para la sociedad en su conjunto. En este sentido no solamente elevan la lucha social a un plano superior sino que con ello también invalidan el discurso hegemónico que propone la necesidad de asimilarse y aceptar las normas y la práctica política dominantes para poder ser reconocido y tenido como igual. A partir de ahí, los partidos políticos y demás organizaciones sociales tradicionales y vetustas dejan de tener el derecho exclusivo de participación política y pueden entrar otros actores a la contienda política formal.

Con todo lo anterior, y precisamente por todo lo dicho es que afirmamos:

POR ESO ELLOS… LOS JÓVENES DE ABRIL… TIENEN UN DERECHO PREFERENTE A LA PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER ESFUERZO PARA RESOLVER LA CRISIS SOCIO POLÍTICA QUE ESTREMECE NUESTRA NACIÓN.

Por qué a ellos..?  -  el tiempo y su significado

Mucho se habla en los medios de comunicación social sobre las expectativas que se abren a la sociedad nicaragüense ante la posibilidad de vencer finalmente a la dictadura Orteguista. Políticos y politólogos a título individual, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. se ocupan de describirnos algunas características de la sociedad que necesita nuestra nación y que deberíamos o debemos construir una vez que demos al traste con la dictadura Orteguista.

En ese sentido, hay como cierta tendencia a creer y a actuar como que ese futuro NO DEPENDE DE ESTE PRESENTE y que se puede materializar independientemente de lo que acontezca hoy.  Es decir, el presente es un tiempo inexistente en esos sueños y elucubraciones.  Tan es así que, aparentemente, ningún actor de los tradicionales está pensando EN LA LUCHA QUE ES NECESARIA DAR HOY, para poder llegar a ese futuro que nos pintan. Se están preparando para unas elecciones mañana sin decir cómo revitalizar la lucha de hoy que nos pueda llevar a ese mañana. 

Sin embargo, los jóvenes de Abril siguen insistiendo en los elementos que son permanentes en cualquier lucha hoy y que, por lo tanto, no deben ser dejados de lado. Ellos insisten en la lucha por la justicia y castigo para los responsables de las masacres, la libertad de los reos políticos… ellos insisten en la lucha por restablecer las libertades básicas de manifestación, movilización, expresión, etc. Los jóvenes universitarios inclusive han dado muestras de que la lucha por erradicar la cooptación que la UNEN ejerce sobre el movimiento estudiantil universitario[2] no puede esperar a mañana.

Adicionalmente a lo anterior tenemos el concepto de tiempo presente y tiempo futuro.

En la temporalidad de vida propia del ser humano aceptamos la idea de que el tiempo es inexorable y no se detiene. También es aceptable la idea de que lo que para un individuo o sector social puede ser un tiempo corto, para otro individuo o sector social en ese mismo momento esa porción de tiempo puede ser demasiado largo.

Lo anterior nos coloca en la pregunta que surge al escuchar las descripciones o propuestas de ese futuro para la sociedad nicaragüense: 

QUIENES SON LOS QUE VAN A VIVIR ESE FUTURO?  En ese sentido, más bien nos podemos preguntar: DEL FUTURO DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO? 

Y la respuesta, aunque a algunos les pueda parecer excluyente y hasta discriminatoria, TIENE QUE SER EN TÉRMINOS ETÁREOS. Es decir, tenemos que responderlas en términos de la edad cronológica que tienen los integrantes de los diferentes sectores sociales en Nicaragua.

En otras palabras, ese futuro…. Es preferentemente el de los jóvenes de hoy o no?  Es para ellos preferentemente o no?.

Porque cinco, diez, quince y hasta veinte años adelante no significan lo mismo para los que hoy están entre los catorce y veinticinco años que para los que son mayores de sesenta; si ponemos como referencia la edad de jubilación en nuestro país y si tomamos también como referencia la esperanza de vida actual en Nicaragua que para las mujeres es de (75.8) años  y para los hombres es de (69.7).

Es decir, el futuro del que estamos hablando en todo momento ES EL FUTURO DE LOS QUE HOY SON PARTE DE LA JUVENTUD NICARAGUENSE…. En ese sentido, ESE FUTURO ES DE LOS JÓVENES… LES PERTENECE.

Es por esa razón que nosotros afirmamos:

POR ESO A ELLOS…. A los jóvenes.  A ellos les pertenece ese futuro que todos queremos desde nuestros propios intereses y motivaciones. A ellos les corresponden CONSTRUIRLO según sus capacidades y aspiraciones. A ellos les tocará equivocarse o acertar.  Es su derecho.

REFLEXIÓN FINAL (Recurso discursivo de  los autores para curarse en salud)

Aunque no ha sido nuestra intención hablar en nombre de y por los jóvenes de Abril ni por la juventud nicaragüense en general, estamos claros de que se nos podría señalar de que si lo hemos pretendido hacer. En ese sentido, estamos claros que al hablar de la representación nosotros también corremos el riesgo de anularnos por autorreferencia.

Sin embargo, asumimos el riesgo como los monjes trapenses que cuando violan sus votos de silencio, tienen que violarlos otra vez al ordenar callar, para restablecerlo.

También queremos resaltar el hecho de que, aun cuando pertenecemos a esa generación de jóvenes que derrotó a la dictadura somocista, creemos que la juventud universitaria en y con sus luchas es, a lo mejor, la contracara decolonial de lo que sucedió en Europa con sus intelectuales rebeldes que desafiaron papados y coronas pero que luego en sus colonias, sus pares, los intelectuales criollos, como demostró Ángel Rama, más bien sirvieron de consejeros, asesores y sirvientes del poder local.

Los estudiantes acaso por eso sustituyeron en rebeldía y desobediencias a los intelectuales europeos. Ojalá y mañana no sustituyan a los criollos en su hipnótica atracción por el poder. Y no terminen, igualmente, de consejeros, asesores y sirvientes de los hegemónicos en nuestro país.

[1] Con esto no pretendemos negar el papel que el gobierno norteamericano jugó en ese enfrentamiento. Solo resaltamos un hecho que hoy por hoy, incluso hasta miembros de la Dirección Nacional del FSLN de ese momento, han tenido que  reconocer: la incomprensión del mundo campesino, unido a las concepciones marxistas, propiciaron los errores que facilitaron la integración de los jóvenes campesinos a la contrarrevolución.

[2] Las elecciones estudiantiles del año pasado en la UNIVERSIDAD AGRARIA (UNA) fue el primer escenario de esa lucha 

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram
1  of  2 Previous Next

Más Articulos

Nicaragua
Detalles
20 May 2020

NICARAGUA.- Abril-julio de 2018: crónica del aplastamiento de una insurrección desarmada

Nicaragua
Detalles
07 Enero 2020

NICARAGUA.- La encrucijada de la UNAB: convertirse en la nueva alternativa política o ser el furgón de cola del gran capital

Nicaragua
Detalles
06 Enero 2020

NICARAGUA.- Análisis y propuestas para la urgente democratización del sistema electoral

Nicaragua
Detalles
18 Junio 2019

NICARAGUA.- La lucha contra UNEN y los desafíos de los grupos estudiantiles de oposición

Nicaragua
Detalles
03 Noviembre 2018

NICARAGUA.- Bonapartismo y dictadura Ortega-Murillo: orígenes, desarrollo y crisis

Costa Rica

Costa Rica

COSTA RICA.- Neoliberalismo y Universidad Pública

Detalles
Administrator
16 May 2021
Visitas: 2927

Por Roberto Ayala

El gobierno inaugurado en mayo de 2018 ha acelerado y profundizado la puesta en marcha de las llamadas políticas neoliberales. No se trata solo de la política económica. El proyecto neoliberal busca imponer una reestructuración social en profundidad. Quiere cambiar la estructura social, el marco cultural, las mentalidades. El neoliberalismo trae aparejado un giro autoritario, que responde a o anticipa un incremento del malestar y la conflictividad social. En ese marco general, colocamos el análisis de los ataques a la Universidad Pública. Porque lo que pasa en la Universidad, es una expresión de lo que pasa en el país.

La reestructuración social neoliberal y el empuje conservador, el salto autoritario, crean condiciones político-culturales para el ataque a la Universidad pública. La reestructuración neoliberal busca disminuir el peso social de lo público, y un aspecto particularmente relevante de ello es erosionar el alto prestigio social de las universidades públicas (tarea nada sencilla en un país en el que los negocios privados del sector, tras 40 años, siguen siendo objeto de una consideración claramente inferior a la de los centros públicos). Por ello, entender el enconado ataque de que son objeto requiere comprender el proyecto neoliberal y sus implicaciones más amplias.

Pese al largo predominio de las políticas neoliberales, las universidades públicas en Costa Rica, como en buena parte de América latina, siguen siendo los principales centros de formación superior, tanto en la docencia como en la investigación, más allá de y pese a sus inocultables deficiencias y carencias. Considerando la infraestructura física, el nivel general del personal académico, los centros de documentación y biblioteca, la infraestructura tecnológica y las condiciones de acceso de estudiantes, profesionales y docentes, la concepción general de la formación, el trabajo de extensión social y, en general, el impacto social en lo económico, diversos aspectos de lo cultural y, finalmente, en la actividad científica y tecnológica en el país,  los centros públicos están muy por encima del nivel de los mejores negocios privados. En ningún lugar como en la educación superior, y la salud pública, se hace tan patente las limitaciones de lo mercantil.

Por otro lado, pese a que las universidades públicas no pueden escapar al denso clima ideológico-cultural impuesto por los sectores dominantes, y de que, como órganos del Estado del capitalismo periférico costarricense, pertenecen a un dispositivo institucional diseñado y operado para cumplir con funciones y aportar insumos y servicios imprescindibles en la reproducción del orden social y económico (en particular, aportando personal profesional capacitado a los distintos segmentos del mercado de trabajo), a lo que hay además que agregar su dimensión de agencia ideológica orientada a la construcción de hegemonía, pese a todo ello, por su carácter peculiar, de lugares de  concentración del acervo, transmisión, creación, examen y debate, del conocimiento social disponible (el ‘general intellect, de que hablaba Marx), siempre resulta posible crear y encontrar espacios relativamente abiertos de elaboración y reflexión críticas. Esto señala el carácter paradojal de las Universidades públicas, por un lado, dispositivos de la autoreproducción del orden social y fuente de relatos fundamentadores; por otro, ámbitos en que, sometidos a todo tipo de presiones, represivas y de adaptación, pueden desarrollarse expresiones de pensamiento e investigación crítica, conectadas directa o indirectamente a diversos movimientos y luchas sociales.

En un determinado momento histórico, claramente el período de la segunda postguerra, la creación y/o impulso del sistema de educación superior pública, se articulaba al proyecto desarrollista. El fomento de la industrialización demandaba ocupaciones y destrezas diversas. El proceso de modernización encabezado y dirigido por el Estado lleva a la multiplicación de sus funciones y órganos, conjunto ordenado alrededor de la tarea de potenciar el crecimiento económico, orientado a la sustitución de importaciones y la creación de condiciones las más propicias para la proliferación de todo tipo de  iniciativas empresariales privadas. Un elemento del diseño consiste en el reforzamiento, o creación, de un mercado interno de consumo capaz de absorber buena parte de la producción en las primeras subfases del ‘take off’ rostoviano. En la medida que, en el caso latinoamericano general, los mercados de exportación se mantuvieron prácticamente cerrados para todo lo que no fuera materias primas, junto al hecho de que el nivel de integración regional del proyecto modernizador impulsado desde la CEPAL (Prebish), no pasó de las declaraciones de buenas intenciones y alguna burocracia inoperante, el estímulo del crecimiento y la ‘modernización’ dependió sobre todo de la profundidad, y los límites, del mercado interno.

En ese marco, la universidad pública pasa a desempeñar un papel central y a ocupar un lugar social principal. Para fines de los años 60 y comienzos de los 70, la universidad pública es el objetivo de todo joven, sobre todo en el conurbano, de familias trabajadoras de mediano ingreso. Un torrente de hijos e hijas de padres con apenas estudios secundarios, asumían un notable cambio cultural y de mentalidad. Ir a la universidad se tornó parte de las expectativas socialmente incorporadas por este sector social. La mayoría de clase media baja, familias trabajadoras de medio nivel de capacitación, en las cuales, no raro, la madre se desempeñaba como ama de casa. La creciente diferenciación y complejización social, facilita el consenso social en torno a la financiación de una rápida expansión del número y capacidad de los centros universitarios públicos[1].

En América latina, al menos en buena parte, la universidad pública es el instrumento principal de movilidad social ascendente, el camino a la condición de ‘clase media’ moderna, con el boleto de acceso al patrón de consumo y al estilo de vida correspondientes. No pocas veces es también la plataforma para la realización de estudios de postgrado en el exterior, una experiencia culturalmente renovadora, de superación del talante provinciano. Es por la universidad de fines de los años 70 (y siguientes), con desarrollos variados según las diversas situaciones y lugares, que pasa todo lo que asociamos con ‘los años 70’, el ‘setentismo’, que en Centroamérica tiende a correrse más hacia los 80, atenuado en diversos grados por las condiciones sociales y culturales en la mayor parte de la región. De la cultura rock, entre los jóvenes de clase media acomodada, a la militancia en las distintas expresiones de la izquierda, del protagonismo del movimiento estudiantil universitario al ascenso de la Sociología hacia el lugar de privilegio de la cultura intelectual-progresista, de la apresurada y desaprensiva ruptura con la moral sexual conservadora-católica al consumo ‘social’ de marihuana, de los conciertos de música de protesta a las noches de bohemia, con cierto exceso… Tendencias sociopolíticas, culturales y microsubjetivas que encuentran expresión en la Costa Rica de la época, en grupos minoritarios claro, pero que en buena medida marcan la tendencia y protagonizan la escena del momento. El autorepresentado país de pequeños propietarios rurales se enrumbaba a lo urbano y a un cambio cultural y de mentalidad importante, entre sectores y grupos decisivos. La Universidad fue uno de los principales vehículos. Los años 70 vieron el despuntar de un gran cambio cultural, la expresión local del que recorría el mundo desde las sociedades del capitalismo avanzado, y la universidad fue el lugar donde más desenfadadamente resonó.

La crisis de comienzos de los 80, representa un tropiezo abrupto y el punto de arranque de otro cambio importante. El modelo de acumulación y crecimiento desarrollista que había impulsado una gran trasformación social dentro de los límites del capitalismo periférico, entra en crisis, alcanzado por la crisis de endeudamiento. Las políticas neoliberales hacen su irrupción y se imponen, primero como respuestas ad-hoc, luego como nueva ortodoxia. La reorientación de la economía hacia la exportación, de bienes no tradicionales y de servicios turísticos, y la atracción de inversión extranjera, desplaza la preocupación con el mercado interno de consumo. Comienza el proceso de ensanchamiento de la desigualdad de ingreso y riqueza. Las políticas neoliberales avanzan sobre el legado desarrollista. Achicamiento del Estado y transferencia al sector privado de funciones diversas, venta de activos y privatizaciones, gran reducción del peso relativo del empleo público, subsidios diversos, exoneraciones y reducción de impuestos a las grandes empresas y los más ricos, privilegios y entrega al capital extranjero, TLC’s, normativa ultraliberal del banco central, política cambiaria como recurso de ajuste, apertura externa, la política antiinflacionaria como pretexto para atacar los salarios y la capacidad de inversión del Estado, flexibilización del mercado laboral, ley ‘de protección’ del trabajador, saturante campaña de los medios de comunicación corporativos, etc.

Las universidades públicas se defienden, pero no son inmunes. Los distintos estamentos de la comunidad, casi siempre con el movimiento estudiantil a la cabeza, no necesariamente las federaciones de estudiantes, dan muestras de una enorme capacidad de resistencia, alcanzando victorias significativas, aunque parciales. En la primera década del siglo veremos dos espectaculares expresiones de movilización social con fuerte participación universitaria, el llamado ‘combo 2000’ y el desarrollo ‘in crescendo’ del movimiento contra el tratado de libre comercio con EEUU, durante los años 2005-2007. Con todo, el embate privatizador, acorazado y fogoneado por un gran bloque de intereses y un cada vez más hegemónico discurso ideológico, continúa avanzando, absorbiendo los tropiezos. No se privatizaron las universidades públicas, pero hay muchas formas de someter a lógica de mercado la educación superior.

En 1976 inicia actividades la UACA, primer negocio privado del país (auspiciado por ANFE). La élite política le concede la condición de ‘fundación sin fines de lucro’, es decir, una más de las formas de exonerar (evadir legalmente) del pago de impuestos. Algunos apellidos ilustres y fuertes vínculos con el poder social y político, arropan los pasos iniciales del proyecto. Más de 40 años después el centro privado sobrevive en la intrascendencia. Con todo, en esas 4 décadas, se crearon en el país más de 50 centros de estudios privados, una buena parte clasificables en el rubro de ‘universidades de garaje’[2]. Usinas de títulos sin verdadera fiscalización ni control de calidad, centrados en carreras con mercado laboral hace mucho saturado (con alguna excepción, del todo accidental e institucionalmente inestable), no pocas veces carentes de las más elementales condiciones materiales y profesionales exigibles. Un burdo intento de maquillar la situación consiste en la espuria distinción entre ‘universidades de docencia’ (privadas) y ‘universidades de investigación’ (públicas). Pero una universidad que no hace investigación no es una universidad, es un colegio, un mero centro de enseñanza. Y aún la docencia en los negocios privados es deficiente, por falta de condiciones básicas, como bibliotecas y centros de documentación bien dotados, entre otras.

Dos factores alcanzan particular relevancia en la notoria floración de negocios privados: primero, la modernización y urbanización del país, alimenta el interés cultural, o impone la necesidad social, de buscar una certificación de educación superior, en el intento de lograr una inserción en el mercado laboral más promisoria. Por otro lado, mientras el interés y la demanda de acceso a la educación superior crecía, la oferta de cupos de los centros públicos se estancaba o avanzaba muy por detrás del crecimiento de la demanda. Puesto en breve, la limitación de los cupos en las Universidades públicas ha sido uno de los más importantes factores, sino el principal, del crecimiento acelerado de los negocios privados[3].

A partir de los años 90, decenas de miles de jóvenes se lanzan a la extenuante tarea de articular trabajo y estudio, en el intento de mejorar su posición social, colocando entre paréntesis el tema de la calidad de la formación recibida en los centros privados, y en un momento en que la economía del país crecía a un ritmo de 4-5% promedio, generando ya una cantidad insuficiente de empleo, pero muy por encima del desempeño de la última década. El crecimiento de los negocios privados a un ritmo bastante superior al de los centros públicos, es una forma de privatizar la educación superior. Pero no es la única.

Ante la imposibilidad, hasta el momento, de avanzar con una política de privatización directa de las Universidades públicas, posición de los sectores liberales más duros[4], el proyecto de mercantilizar la educación superior ha tenido que recurrir a mediaciones. Desde la permanente puja, limitación y regateo, en torno al presupuesto universitario, y, cuando se ha podido, directamente recorte, como en los últimos años, hasta una creciente derivación de la oferta de algunas carreras, de particular prestigio y/o demanda, como medicina, odontología, periodismo, derecho, psicología, administración, educación, hacia los negocios privados[5]. Otra vez, sin mecanismos efectivos de control de la calidad de la formación, planes de estudio, nivel del personal docente o recursos pedagógicos, tecnológicos y de investigación.

El clima cultural y el proceso de reestructuración social neoliberal también se manifiestan en la universidad pública en la forma de ajustes paulatinos en los programas de estudio, orientados en el sentido de un practicismo que, so pretexto de adecuar los programas a las necesidades ‘sociales’, en realidad al mercado de trabajo y los específicos requerimientos de las empresas, produce un amezquinamiento de la formación; en una  reorientación de los planes de estudio que da particular énfasis a los aspectos más aplicados, no pocas veces  presentados en abierta contraposición con ‘lo teórico’, entendido como sofisticación inútil. Más que profesionales con sólida formación teórica y capacidad de análisis, se busca proveer técnicos. Degradando la relación teoría/práctica, se debilita la capacidad de pensamiento innovador, la actitud crítica, la capacidad de plantear los problemas fuera del marco del sentido común de la actividad específica; la transmisión de conocimiento se contrapone sin justificación a la capacidad para construirlo, y se olvida que ‘no hay nada más práctico que una buena teoría’. Ya no importa saber por qué pasan las cosas, solo saber cómo se hacen y como hacerlas bien, interesa saber hacerlas y hacerlas lo mejor posible. De ello resultan individuos que consiguen abordar problemas prácticos, pero que enfrentan carencias difíciles de remontar cuando de generalizar y pensar de manera abstracta se trata. Eso limita la capacidad para discernir los aspectos compartidos de problemas diferentes. Sin capacidad de abstracción y generalización no puede haber conocimiento científico.

La tendencia practicista está de una u otra  manera siempre presente en el mundo capitalista. Ya en el siglo XIX se puede observar la tecnologización del desarrollo del conocimiento científico, condicionado por las necesidades de la acelerada expansión del capitalismo industrial. La mercantilización de la investigación tecnocientífica permite entender el desconcertante desequilibrio entre lo que se ha destinado en el último par de décadas al desarrollo de la tecnología de teléfonos inteligentes y los recursos destinados a campos de conocimiento no directamente vinculados con los intereses de las grandes corporaciones, pero sí muy próximos al tratamiento de problemas y penurias sociales acuciantes. No son las necesidades sociales las que principalmente fijan las pautas de la educación y la investigación, sino los requerimientos de la competitividad empresarial (y la competencia entre los Estados de las potencias centrales). Los obstáculos para el avance de la ciencia son fundamentalmente sociales.

El practicismo en la formación impone la búsqueda no precisamente de conocimientos, sino de competencias. La educación superior debería  mantener como objetivo buscar formas de articular la instrucción profesional, sólida y actualizada, con una aproximación puesta al día a lo que en el mundo germano se denominó ‘bildung’, es decir, la formación que pone al individuo en relación con su herencia cultural, tanto de su comunicad como la humana general, y que le permite elevarse al plano de su condición histórico-universal, a la comprensión  y conciencia de su historicidad, de ese mundo que hacemos y que sin embargo nos arrastra[6]. Pero la mercantilización y el practicismo no están interesados en desarrollar bildung, sino en formar ‘recurso humano’, instrumental en el mercado.

La mercantilización se manifiesta (como tendencia en América latina) también por otras vías, acaso menos evidentes, en los intentos de crear una absurda contraposición entre las áreas de ingeniería y tecnología y las ciencias sociales, humanidades y artes (lo cual en realidad, es una expresión de lo visto en el párrafo anterior); en la presión ejercida en dirección al  autofinanciamiento de las universidades y el objetivo de recuperar una parte significativa de los costos de la educación mediante cargos a los estudiantes y sus familias (lo cual encarece enormemente la educación superior, restringiendo su acceso y/o produciendo la crisis de endeudamiento de los estudiantes de la que tenemos noticia tanto en EEUU como en Chile). El alza de las tarifas y el creciente traslado a los estudiantes de los costos, se observa con claridad en los estudios de postgrado.

Las limitaciones presupuestarias se traducen en restricciones crecientes en los más diversos ámbitos. Desde los sistemas de becas, el programa de residencias estudiantiles, recursos informáticos y diversos servicios de apoyo a los estudiantes provenientes de familias de medio y bajo nivel de ingreso, hasta la restricción en la oferta de cursos y cantidad de grupos, de acuerdo a la demanda, la degradación del trabajo docente con el nunca resuelto problema del alto porcentaje de el mal llamado ‘interinazgo’, caída de los sueldos, sobre todo del personal sin estabilidad laboral, así como recortes a los fondos de investigación. La privatización de la educación superior es un empeño que avanza por distintas vías.

Finalmente, la mercantilización tiene su complemento en la elitización de las instituciones públicas de educación superior. La elitización de las universidades públicas erosiona, previsible y comprensiblemente, el respaldo social, hace una contribución inestimable a la campaña de la derecha liberal contra el prestigio de las instituciones, que borra su insustituible contribución a la sociedad, presentándolas como poco más que un club de privilegiados y un festival de despilfarro de los dineros públicos. Típicamente, por un lado, inducen la elitización para luego utilizarla como justificación de la campaña de desprestigio y palanca de la mercantilización. El hecho es que, de una u otra forma, los aspectos ya mencionados coadyuvan a la selectivización del ingreso. Informes recientes indican que dos terceras partes de la población estudiantil de nuestras universidades públicas proviene de las familias de los dos quintiles superiores de ingreso. Pero la situación es aún más restrictiva en los casos de la UCR e ITCR.

Es un hecho que hay una sobre-representación de los jóvenes provenientes de familias de clase media alta y profesional, y que los hijos de las familias trabajadoras de mediana y baja calificación enfrentan grandes dificultades para acceder a las instituciones públicas, y a las carreras con nota de corte para admisión más alto. Lo cual produce la desconcertante paradoja de que los jóvenes de familias trabajadoras deban orientarse hacia los centros  privados para intentar dar cumplimiento a su aspiración de acceder a estudios universitarios. Y entonces han de lidiar con los temas ya abordados, de baja calidad de la enseñanza general y tarifas crecientes, lo que además tiene una consecuencia más opaca, una mayor dificultad para alcanzar los puestos de trabajo mejor remunerados.

Pocas cosas hay tan absurdas como una ‘institución de educación superior con fines de lucro’. Tanto más si se maquilla la situación para enmascarar la realidad. Los negocios privados de la educación superior, han gozado de un fuerte impulso en los últimos 40 años. Los resultados han sido apenas mediocres, en el mejor de los casos. Pese a lo cual han experimentado una fuerte expansión. Se ha buscado instalar la percepción de que existe una situación de competencia real entre las universidades públicas y los negocios privados, creando un clima de opinión en el cual se subrayan las supuestas ventajas de los últimos: menor duración de las carreras, a costa de la solidez y profundidad de la formación, una orientación neta hacia las necesidades del mercado de trabajo, lo cual estimula planes de estudio practicistas, un ‘fuerte vínculo empresarial’, eufemismo referido a la densa carga ideológica del clima organizacional (‘potenciamos tu competitividad’ es uno de los lemas de la ‘Universidad Latina’), la flexibilidad de los horarios, lo cual ‘permite vincularse más rápidamente al mundo laboral, mientras se estudia’, rasgo que, en lo que tiene de positivo, desaparecería en los principales centros, tan pronto consiguieran debilitar suficientemente a las instituciones públicas.

La campaña privatizadora/mercantilizadora busca socavar por distintas vías la educación superior pública. Así como no se puede entender la atmósfera ideológica hostil a las universidades públicas, patrocinada por los medios controlados por poderosos grupos económicos y la derecha política, sin consideración de la agenda neoliberal que impulsa una reestructuración social en profundidad en el país, desde hace décadas, tampoco se puede pretender que la superación de las amenazas se dará dentro de los límites de la institución académica. Resulta imprescidible que las comunidades académicas comprendan, se involucren y asuman sus responsabilidades en los movimientos sociales (como tantas veces en el pasado) que intentan frenar y revertir la reestructuración social neoliberal, como parte de los procesos más amplios que buscan una salida a los crecientes desequilibrios y los elementos de crisis civilizatoria del capitalismo.

Tal cosa, por supuesto, exige enfrentar con determinación a los enemigos de la educación superior pública, pero también hacerse cargo de las limitaciones y deformaciones internas que, inadvertidamente o no, facilitan su trabajo. Desde la elitización hasta la degradación laboral del mal llamado ‘interinazgo’, pasando por un examen de admisión que premia y convalida las desigualdades previas, hasta los problemas vinculados con la investigación, postgrados, sedes regionales, injustificables brechas salariales, etc.

 

Biliografía

 

 

Anderson, Perry. ¿HA FRACASADO EL NEOLIBERALISMO? Ed. Liana. Buenos Aires. 1997.

Ayala, Roberto. MARXISMO Y GLOBALIZACION CAPITALISTA. Ed. Perro Azul. San José. 2016.

Borón, A.; Lowy, M.; Anderson, P.; Salama, P. LA TRAMA DEL NEOLIBERALISMO. Ed. de Ciencias Sociales. La Habana, 2003.

Callinicos, Alex. “Las universidades en un mundo neoliberal”. http://www.rebelion.org/docs/91678.pdf.

Carrino, Iván. EL LIBERALISMO ECONOMICO EN 10 PRINCIPIOS. https://www.libertadyprogreso.org/2017/09/29/el-liberalismo-economico-en-10-principios/

Fabre, Michel, “Experiencia y formación: la Bildung”. Rev.  Educación y Pedagogía, #59, 2011. Medellín, Colombia.

Gomez, Ricardo. NEOLIBERALISMO Y SEUDOCIENCIA. Ed. Lugar. Buenos Aires. 1995.

Gorz, André. MISERIAS DEL PRESENTE, RIQUEZA DE LO POSIBLE. Ed. Paidós. Madrid. 1998.

Guerrero, Diego. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO HETERODOXO. Ed. RyR. Buenos Aires. 2008.

Harvey, David. BREVE HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO. Ed. Akal. Madrid. 2007.

Hayek, Friedrich. CAMINO DE SERVIDUMBRE. Ed. Libro libre. San José. 1998.

Katz, Claudio. “Mutaciones del capitalismo en la etapa neoliberal”. 2014. https://www.alainet.org/es/active/73428

Katz, C. NEOLIBERALISMO, NEODESENVOLVIMENTISMO, SOCIALISMO. Ed. Expressao Popular. Sao Paulo. 2016.

Keynes, John M. “El final del Laissez-faire”. 1926. https://economia.uniandes.edu.co/files/profesores/jimena_hurtado/Historia%20del%20Pensamiento%20Economico/Archivos%20para%20Descargar/keynes.pdf.

Losurdo, Domenico. CONTRAHISTORIA DEL LIBERALISMO. Ed. El Viejo Topo. Barcelona. 2007.

Marshal, T. H.; Bottomore, Tom. CIUDADANIA Y CLASE SOCIAL. Ed. Losada. Buenos Aires. 2004.

Ruiz Angel. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COSTA RICA. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 2000.

Souza Lena. “¿Por qué la ultraderecha gana fuerza?”. https://kaosenlared.net/por-que-la-ultraderecha-gana-fuerza/

Vargas Llosa, M.; Levine, B. EL DESAFIO NEOLIBERAL. Ed. Norma. Bogotá. 1992.

 

 

[1] Entre 1967 y 1981 se pasó de 6mil a 54mil estudiantes universitarios, casi todos en las universidades públicas. Ruiz Angel. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COSTA RICA. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 2000.

[2] En 1994, 24% de los estudiantes lo hacían en centros privados, actualmente tal porcentaje se eleva a algo más de 50% (dato difícil de precisar pues los negocios privados ni siquiera tienen la obligación de reportar su número de estudiantes).  Del porcentaje que lo hacen en las Universidades públicas, 15% corresponde a la modalidad a distancia, la UNED.

[3] Por supuesto, influye poderosamente también que los centros públicos casi no ofrezcan carreras en horario nocturno, lo cual prácticamente imposibilita el acceso a la juventud trabajadora.

[4] Para el Banco Mundial, la educación superior es un bien privado, no público, al igual que la atención de salud de tercer nivel, lo cual justificaría su desplazamiento al ámbito del mercado, donde el acceso estaría del todo mediado por la capacidad de pago, despejando el camino para la completa mercantilización y elitización. Una buena aproximación sería el caso de un país como Chile.

 

[5] Es realmente incomprensible, e injustificable, que la UNA, al menos, no tenga carreras como Medicina, Ingeniería o Arquitectura. Mientras proliferan en los negocios privados, lo cual da cuenta de la necesidad y demanda social.

[6] En LA FENOMENOLOGIA…., “Las dos tareas que Hegel se traza son: introducir la conciencia individual en la Ciencia y, a la vez, elevar el yo singular al yo de la humanidad, lo cual es la realización de la Bildung”. Fabre, Michel, “Experiencia y formación: la Bildung”. Rev. de Educación y Pedagogía, #59, 2011. Medellín, Colombia.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

Costa Rica
Detalles
11 Febrero 2021

COSTA RICA.- El irreversible desplome de la Suiza centroamericana

Costa Rica
Detalles
29 Octubre 2020

COSTA RICA.- Reflexiones y propuestas sobre la crisis y la situación actual de Costa Rica

Costa Rica
Detalles
11 Diciembre 2018

COSTA RICA.- Crisis civilizatoria y Socialismo

Costa Rica
Detalles
15 Noviembre 2018

COSTA RICA.- Hacia la reconfiguración del Estado Costarricense

Panamá

Colón, 5 de noviembre de 1913

Panamá

PANAMÁ.- Sobre el falso debate de la derecha panameña con el presidente Petro

Detalles
Administrator
28 Julio 2023
Visitas: 510

Por Olmedo Beluche

(A propósito de la polémica montada por la derecha panameña por unas declaraciones del presidente Petro de Colombia respecto a la pérdida de Panamá. Estos argumentos proceden del libro “El mito de los proceres. La verdadera historia de la separación de 1903”)

“Panamá es una nación diferenciada de Colombia que intentó repetidas veces separarse”. Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años (En los quinientos años de la Nación panameña de Fermín Azcárate, Ricardo Ríos también). Este absurdo sólo es posible si se ignora qué es una nación y no se le diferencia del concepto de estado. 

Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales en Panamá), desde el siglo XIX Humbolt y Schiller establecen la diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo: naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que incluyen dentro de sí varias naciones-cultura, aunque suele predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso de hispanoamérica o de los árabes tenemos una nación-cultura escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas muy concretas.  

Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo XIX fuimos parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural hispanoamericana. 

La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el egoísmo de las oligarquías regionales.

La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá colombiano) evidencia que, nunca hubo una vocación firmemente separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando acariciaron la idea, ésta no tuvo por objetivo la creación de un estado independiente, sino la sujeción o anexión al dominio inglés o norteamericano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa Ana y sus líderes liberales (por ejemplo en la crisis de 1830-1831).

Un mito usual entre nuestros historiadores e ideólogos es calificar a Justo Arosemena como “padre de la nación panameña”, y a su famosos libro “El Estado Federal de Panamá” como sustento de la separación. Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se opone a la separación y, cuando habla de “nación” o “nacionalidad” se refiere a Colombia.

Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo del siglo XIX ameritan un estudio particular, porque nuestros historiadores han descontextualizado los hechos, después de 1903, para ponerlos como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El error metodológico subyacente parte por analizar las “actas separatistas” del siglo XIX sin visualizar lo que pasaba en el conjunto del estado neogranadino o colombiano en ese momento. 

Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (“Consideraciones históricas sobre los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903”) sustenta su interpretación de la separación sobre la base una aspiración persistente de los comerciantes panameños por “recuperar el espacio económico perdido” de la que los “intentos separatistas” (1830, 1831, 1840, 1861 y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional. 

En realidad, la mayoría de las llamadas “actas separatistas” no expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, comerciantes librecambistas y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación opresora. 

No se trata de negar la existencia de graves contradicciones durante el decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de aquellos conflictos. Un análisis de las circunstancias que les dieron origen muestra que, más que un conflicto “nación panameña” vs “nación colombiana”, son producto de las contradicciones políticas y sociales que se abatían sobre el país.

El Acta de 1821.

Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su independencia de España en 1821, sin intervención de los ejércitos bolivarianos, ya es una prueba de que constituíamos una entidad independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la Gran Colombia. 

Quienes así hablan olvidan algunos detalles: 1. Panamá estaba adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo era una región debilitada económica y demográficamente que no podía sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de los Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: “Panamá sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caída por todas partes”.

El Acta de 1826

Se la presenta a la ligera como el primer esfuerzo separatista, sin embargo, no hay en ella nada de eso.  Ese año, luego de una larga ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un proyecto de nueva Constitución Política que, entre otras cosas, le nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía neogranadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante pronunciamientos.

En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero los “notables” del Istmo ya estaban políticamente más cerca de Santander, así que redactaron una declaración ambigua, sin tomar partido por Bolívar. En el artículo cuarto, expresaban su deseo de leyes especiales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a Carreño, los militares promovieron poco después otra acta, salida de la agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera, que sí apoyaba incondicionalmente a Bolívar.

El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino política, y expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas. También los hechos reflejan que en Panamá hay una incipiente contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo único que tiene de particularismo local es el librecambismo de los comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleciente en Bogotá.

El Acta de 20 de septiembre de 1830.

Año en que Bolívar, harto del sabotaje de los santanderistas y enfermo terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio europeo, al que no pudo llegar. El general panameño José D. Espinar realiza un acto de insubordinación frente a los que se apoderan del gobierno, y que además le degradan separándolo de Panamá, donde era jefe militar, ordenándole marchar a Veraguas. El móvil de Espinar era exigir el retorno de Bolívar al gobierno.

El artículo primero proclama la separación “especialmente del Gobierno de Bogotá”. El segundo exige: “Panamá desea que su Excelencia el Libertador Simón Bolívar se encargue del Gobierno Constitucional de la República, como medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se han separado bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este Departamento bajo su inmediata protección”. Y el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. El considerando alude a una circular emanada de Bogotá para que “los pueblos manifiesten sus deseos”.

Nótese que se trata de un conflicto político, continuidad del que dio origen al Acta de 1826, que además no se proclama una independencia absoluta sino condicionada, y que al usar el vocablo “nación” lo hace para referirse al conjunto, no a Panamá. Esta proclama perdió sentido cuando Bolívar contestó a los enviados de Espinar que desistieran, y los bolivaristas recuperaron el poder a través de Rafael Urdaneta. 

Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú) se habían afectado las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas eran sus mercados naturales, no así las provincias del centro (Bogotá). Este tipo de reclamo mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la construcción de una nación independiente. 

En 1834 se decreta una legislación especial atendiendo a estas reclamaciones comerciales (ver “El Panamá colombiano”, de Araúz y Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña. En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Núñez siempre hubo legislaciones para Panamá para asegurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de Panamá por parte de los comerciantes istmeños “usurpado por el centralismo colombiano” 

El Acta de 1831.

Como los notables (comerciantes) del “intramuros” eran hostiles a Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas), sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejército, ellos las élites comerciales), raciales (él era mulato, ellos blancos), promovieron que el general Juan E. Alzuru se sublevara, arrestara y deportara a Espinar. Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la “separación” de Espinar el 22 de junio de 1831.

Pero el 9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolívar acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los caudillos regionales se enfocan en sus intereses locales; en Ecuador el general Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a Panamá a una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru a proclamar un acto semejante en Panamá para hacerse con el poder; se inicia un intento de Confederación entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.

En los considerandos uno y dos nuevamente se arguye el problema de las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no habla de “independencia” sino que (art. 1) “Panamá se declara territorio de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia…”. Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el artículo tercero que señala que los “tres grandes Estados de Colombia disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los istmeños”… (a cambio del mismo trato); “siendo un pueblo de la familia colombiana” (art. 4); ofrece el territorio para que sea la “residencia de la Confederación”, capital política (art. 5); y conserva la Constitución, leyes y símbolos de la república “en prueba de amistad y amor hacia la Nación a que espontáneamente se unió” (art. 7).

Pero Alzuru estaba lejos de representar los intereses de los comerciantes ya que, como militar, también era bolivarista. Duró poco, y le correspondió nada menos que al General Tomás Herrera, enviado con 200 soldados desde Bogotá, aplastar al régimen de Alzuru y fusilarlo el 29 de agosto de 1831. 

Mariano Arosemena da cuenta de las contradicciones sociales y que el objetivo de los comerciantes panameños no era la independencia, al decir que Alzuru se apoyaba en “una pueblada espantosa” y que (los comerciantes) “neutralizamos el proyecto de absoluta independencia…”. Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: “Es significativo el que la provincia de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos independencias proclamadas por Espinar y Alzuru”. Veraguas fue el bastión del latifundismo y el conservatismo en Panamá y, por ende, aliada a esos mismos sectores sociales en el resto de Colombia.   

El Acta de 1840.

Es imposible entender el Estado Libre o Soberano del Istmo (1840-41), proclamado por Tomás Herrera, sin la perspectiva general de la guerra civil que asoló a Colombia y se llamó la “Guerra de Los Supremos” (caciques político-militares). Al igual que Herrera en Panamá, proclamaron otros tantos “estados libres”: González en el Socorro, Reyes Patria en Sogamoso, Carmona en Santa Marta, Troncoso en Mompox y Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.

No estamos ante un acto aislado de los istmeños. Según Humberto Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder Ejecutivo que, desde Bogotá, reconociendo su incapacidad de contener la sublevación, para que “las autoridades provinciales tomaran todas las medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden público”. Lemaitre dice: “Cada uno se encerraba en su casa, se echaba cerrojo por dentro, y dejaba que el turbión de la guerra pasara por encima…”

La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo José M. Obando había asesinado al general Sucre por orden de Bogotá. Los caudillos o “supremos” se alzaron exigiendo un régimen federal. Por ello el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera considera que, dada la “disolución” de la república producto de la guerra (art.1); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter “provisorio” de las nuevas autoridades.

Nuevamente Veraguas, dirigida por Carlos Fábrega, se opuso a esta proclama. En marzo de 1841 se reunió una Convención Constituyente del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2). Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó Cartagena al centralismo, Herrera se vio obligado a negociar.

De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrera en torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (“nuestras necesidades son peculiares”), exige negociaciones para la apertura de un canal, y señala que un Congreso reunido a “300 leguas de distancia, jamás legislará convenientemente para nosotros”. También preocupaba a Herrera la amnistía dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de que no recibiría represalias, tal como después sucedió (fue desterrado por tres años).

Le tocó negociar con Rufino Cuervo, y en una carta dirigida a él, en la que insistió sobre la necesidad de una “administración adecuada” y leyes especiales para el Istmo, también dijo enfáticamente: “Jamás el Istmo se habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre albedrío…”. El 31 de diciembre de 1841, Herrera se reincorporó a la Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herrera) vicepresidente (el presidente fue el chiricano José de Obaldía) y presidente encargado en 1854.

Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistemáticos conflictos: 1. políticos (santanderistas vs bolivaristas, primero, y luego conservadores vs liberales); 2. sociales (clases oligárquicas terratenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apoyado por profesionales); 3. Administrativos (centralistas vs federalistas). Conflictos que, además, no eran exclusivos de Panamá frente a Bogotá, sino que asolaron a toda la Gran Colombia primero, y a la Nueva Granada después. 

Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores artículos, la fase del Estado Federal de Panamá, que surgió como un régimen especial en 1855, pero se hizo extensivo a toda Colombia al año siguiente, y que quedó consignada en las Constituciones de 1858 y 1863. Esta última co-redactada por Justo Arosemena. A partir de la influencia de la Revolución de 1848 en Europa, cobraron fuerza en Colombia las ideas liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas y librecambistas, que permitió una confluencia de intereses entre comerciantes y terratenientes. Bajo este signo político se organizó Colombia o los Estados Unidos de Colombia hasta que entró en crisis a mediados de la década de 1870, cuando se forjó el régimen centralista de la Regeneración encabezado por Rafael Núñez.

Lo más importante es que el panameño que encarnó las ideas federalistas, Justo Arosemena, en su libro El Estado Federal de Panamá, lejos de promover la separación del Istmo sostiene con toda claridad que el federalismo es la fórmula para impedir su desgajamiento de Colombia, no por voluntad de los istmeños, sino por la intervención de potencias extranjeras ansiosas de quedarse con una ruta tan codiciada.  Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación, y lo califican de “padre de la nacionalidad panameña”, o mienten descaradamente o no han leído su obra. 

“En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en sí, ..., y asegura su posesión dándole un buen gobierno inmediato... Grandes y numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su territorio.... Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciable para cualquier nación poderosa y mercantil, plateemos en el Istmo de Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficacia que le daría el concurso de todos los istmeños, y el poder anexo a una sólida organización…”. Descartando la idea de la separación dice: “Es esto más de lo que el Istmo apetece..., mucho más cuando solo quiere tener un gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de la nacionalidad...” (Justo Arosemena). 

No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista, pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por Ricaurte Soler bajo el título Teoría de la Nacionalidad) muestra que se trató más de un conflicto político, liberal-conservador. Guerra civil en la que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia. 

Tampoco es separatista la sublevación de Colón en 1885 que terminó con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestán. Guerra Civil que sirvió de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos años en Panamá y casó en primer matrimonio con una chiricana, con la cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las más importantes familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con la Constitución de 1886.  El centralismo de Núñez fue apoyado por los conservadores panameños. José Terán cita una resolución emitida por éstos, el 2 de febrero de 1902(!), a raíz de la muerte del general Albán, en la que se lee: “Sostenedores de las instituciones conservadoras 86…” con la firma de Tomás Arias, Nicolás Victoria J., Manuel Amador Guerrero, y otros futuros “próceres”.

El problema central en Colombia (bajo todas denominaciones que tuvo en el siglo XIX) era la inexistencia de una clase capitalista capaz de unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas, creando un mercado nacional. La fragmentación en burguesías comerciales importadores y exportadoras de carácter local, o terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros (ingleses o norteamericanos), intensificaba estas luchas.  A lo que se sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del Estado modernizante, y el latifundio conservador opuesto a renunciar a sus privilegios. 

Cada élite local abogaba por sus intereses, procurando que la máquina del Estado se inclinara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña igual que la de otras regiones. Lo que no quiere decir que se animaran a una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el interior, al igual que hoy, no compartía los mismos intereses que dicha burguesía comercial. En reiteradas ocasiones se le opuso.

La Guerra de los Mil Días.

No nos vamos a detener en esta guerra porque un análisis objetivo muestra que los enemigos de Victoriano Lorenzo no eran “los colombianos”, sino los latifundistas asentados en Penonomé, por eso montó su cuartel en La Negrita y cercó ese poblado. Esta fue una guerra social, la de Victoriano, y política la de los liberales, como Belisario Porras. La prueba suprema de que esto no era un conflicto nacional es que la oligarquía panameña era aliada del gobierno de Bogotá, porque los que hoy llaman “próceres” de 1903 eran todos conservadores, por ende, enemigos de Victoriano, por eso lo fusilaron.

La separación de 1903. Está bien demostrado que la separación de Panamá de Colombia en 1903 tuvo que ver directamente con el interés del imperialismo norteamericano de construir el canal para que su armada protegiese sus intereses en ambos mares. La separación sólo se planeó cuando la opinión pública colombiana y panameña repudió el Tratado Herrán-Hay, que contenía todo lo malo que después empeoró el Tratado Hay-Bunau Varilla. La conspiración de la separación partió del abogado William N. Cromwell, metido en el negocio de las acciones del Canal Francés, y sus subalternos en la Panama RailRoad Co., José A. Arango y Manuel Amador Guerrero (éste último originario de Cartagena).

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

Panamá
Detalles
29 May 2023

PANAMÁ.- Jorge Turner y el movimiento obrero panameño

Panamá
Detalles
13 Marzo 2023

PANAMÁ.- La ciudad moderna: antidemocrática, antihumana y antiecológica

Panamá
Detalles
21 Julio 2022

PANAMÁ.- Problemas en la Dubái centroamericana

Panamá
Detalles
20 Abril 2022

PANAMÁ.- El Incidente de la Tajada de Sandía: primera insurrección antinorteamericana en Panamá

Panamá
Detalles
19 Diciembre 2021

PANAMÁ.- La invasión norteamericana a Panamá en el contexto latinoamericano

Panamá
Detalles
27 Abril 2020

PANAMÁ.- La avaricia capitalista en tiempos del COVID

Teoría e Historia

Teoría e Historia

HAITÍ.- la primera revolución social victoriosa trazó el camino de la independencia

Detalles
Administrator
04 Diciembre 2023
Visitas: 72

Por Olmedo Beluche

El 1 de enero de 1804 se proclamó la Independencia de Haití del sistema colonialista francés, marcando un precedente que Hispanoamérica no alcanzaría sino hasta dos décadas después. Haití fue el segundo país independiente del continente americano, después de Estados Unidos, que la había proclamado en 1776, pero el hecho tuvo un alcance social y político más profundo en la isla caribeña que en Norteamérica. El surgimiento de Haití como Estado nación es un producto diáfano de un proceso de revolución social: la lucha por la libertad contra el modo de producción esclavista del sistema de plantaciones y contra toda forma de racismo. Justamente por eso la historiografía liberal hispanoamericana ha procurado ignorar la independencia y la revolución haitiana porque lo que más han temido, desde entonces y hasta ahora, es que los sentimientos, las aspiraciones y los métodos que movieron a los sectores sociales más explotados, oprimidos y discriminados de la isla de Saint-Domingue se contagiaran a las clases populares del resto del continente.

En Haití la historia no puede ocultar que la independencia y la creación del Estado nacional son el fruto de la lucha de clases, el producto de una profunda revolución social contra el sistema esclavista. La independencia es una consecuencia, cuando queda demostrado que la metrópoli francesa no está dispuesta a tolerar las mínimas garantías democráticas para sus colonias, menos la libertad, la igualdad y la fraternidad que pregonaba. En la historia hispanoamericana la lucha de clases también fue el motor del que deriva la independencia, pero la historiografía ha logrado ocultar el hecho detrás de mitos nacionales, mitos que enmascaran los intereses y el papel jugado por las clases dominantes, deformando los acontecimientos.

El pueblo haitiano ha tenido que pagar una factura muy cara, que le impuso el mundo desde entonces hasta el presente, por haber sido verdadero faro de civilización, libertad, igualdad y fraternidad, y por haber demostrado cuán hipócritas sonaban esos mismos conceptos en boca de los políticos y los ilustrados franceses, salvo el caso muy excepcional de Robespierre, tal vez. Por esa razón, en el siglo XXI hay que cuestionar los alegatos disfrazados de republicanismo y laicismo de las élites gobernantes de Francia, para justificar sus políticas racistas y de dominación de pueblos musulmanes provenientes de sus excolonias. Hay que distinguir entra las palabras vacías o llenas de otro contenido, de los hechos concretos. Esa es una lección que deja la historia de Haití.

Independencia o la muerte

La proclama de Independencia de Haití, realizada por Jean Jacques Dessalines, no sólo fija los objetivos de la lucha por la libertad de los “indígenas de Haití” (como él

identifica a su pueblo), sino que desnuda la hipocresía con que el Estado francés (los bárbaros, les llama) les mantuvo ilusionados con una igualdad y libertad que nunca hicieron realidad:

Ciudadanos: No es suficiente con haber expulsado de vuestro país a los bárbaros que lo han ensangrentado desde hace dos siglos; no es suficiente con haber frenado a las facciones siempre renacientes que os presentaban sucesivamente el fantasma de libertad que Francia exponía ante vuestros ojos. Se necesita un último acto de autoridad nacional: asegurar para siempre el imperio de la libertad en el país que nos vio nacer; arrebatar al gobierno inhumano, que mantiene desde hace tanto tiempo nuestros espíritus en la torpeza más humillante, toda esperanza de someternos. En fin, se debe vivir independiente o morir.

Independencia o la muerte... que estas palabras sagradas nos unan, y que ellas sean el signo de los combates y de nuestra reunión. Todo nos recuerda las crueldades de ese pueblo bárbaro. Además víctimas durante catorce años de nuestra credulidad y de nuestra indulgencia; vencidos, no por los ejércitos franceses, sino por la vana elocuencia de las proclamaciones de sus agentes. Comparada su crueldad con nuestra paciente moderación, su color con el nuestro, el ancho mar que nos separa, nuestro clima vengador, todo nos dice que ellos no son nuestros hermanos, que jamás lo serán, y que si encuentran un asilo entre nosotros serán los maquinadores de nuestros malestares y de nuestras divisiones. Juramos al universo entero, a la posteridad, a nosotros mismos, renunciar para siempre a Francia, y morir antes que vivir bajo su dominación. Combatir hasta el último suspiro por la independencia de nuestro país.[i]

El cruel sistema esclavista de plantaciones

No puede explicarse la independencia de Haití a partir de un mito nacional precedente porque era un país realmente nuevo en el siglo XVIII, constituido por migrantes franceses y migrantes esclavizados de África, donde eran cazados y encadenados para ser traídos a trabajar en las plantaciones, principalmente azucareras del norte de Saint-Domingue. La parte occidental de la isla La Española, territorio hoy conocido como Haití, fue cedida por España a Francia mediante el Tratado de Ryswick de 1697. De manera que el Saint-Domingue, colonia francesa, tenía poco más de un siglo al momento de la independencia en 1804. Durante ese siglo, Francia asignó a su parte de la isla la tarea de producir azúcar, fundamentalmente, índigo y tabaco. Esa producción organizada bajo el sistema de plantaciones se fundamentó en la explotación de trabajo esclavo.

El profesor Félix Morales, de la Universidad de Panamá, señala en su tesis de Maestría en Historia de América, que los esclavos eran considerados piezas sustituibles de la cadena de producción que, al morir o quedar imposibilitados de trabajar eran sustituidos por otros importados directamente de África. Morales estima que entre 1764 y 1771 se importaron en promedio 10 a 15 mil esclavos por año; en 1786 llegaron a 28 mil; y a partir de 1887 se superaba la cifra de 40 mil esclavos anuales.[ii]

Morales cita una frase de Carlos Marx del primer tomo de El Capital, en la que señala:

“... en los países de importación de esclavos, es máxima de explotación de éstos la de que el sistema más eficaz es el que consiste en estrujar al ganado humano (human cattle) la mayor masa de rendimiento posible en el menor tiempo. En los países tropicales, en los que las ganancias anuales igualan con frecuencia el capital global de las plantaciones, es precisamente donde en forma más despiadada se sacrifica la vida de los negros”.

Hacia 1789, cuando inicia la Revolución Francesa y paralelamente la Revolución Haitiana, la estructura poblacional y social era la siguiente: 30,000 colonos blancos, divididos entre propietarios de grandes y pequeñas plantaciones; 40,000 mulatos o affranchis, ubicados mayormente al sur de la isla, quienes ocupaban un rango intermedio, siendo libres y propietarios varios de ellos de medianas y pequeñas explotaciones, algunas de las cuales usaban mano de obra esclava; 550,000 esclavos negros, en su mayoría asignados a las plantaciones del norte de la isla.

Para entender los vaivenes del proceso revolucionario en Haití, es conveniente captar dos particularidades: los colonos blancos eran mayoritariamente monárquicos y defensores del Antiguo Régimen, por eso chocaron en diversas ocasiones con las autoridades emanadas de la revolución, y desde París tuvieron que enviar militares para tener control sobre ellos y los propios haitianos; la división de la población racializada entre negros y mulatos, que expresaban clases distintas, también produjo conflictos entre ellos que derivaron en guerras civiles.

Toussaint Louverture, alma, cerebro y brazo de la revolución haitiana

El gran sociólogo haitiano Gerard Pierre Charles, describe con las siguientes palabras a quien llamarían “El Primero de los Negros” o el “Espartaco Negro”:

Toussaint Bréda, esclavo doméstico de la casa Bréda, que hasta sus 50 años había sido un desconocido, tuvo acceso a los valores de la sociedad criolla, incluso a la filosofía del siglo de las luces, a partir de la lectura de los enciclopedistas. También tuvo acceso al arte de la política y de la guerra. Fue arrastrado, por el extraordinario dinamismo de la sociedad colonial, en plena mutación revolucionaria, a desempeñar un papel político y militar de primer orden. Bajo el nombre de Toussaint Louverture, asumió el liderazgo de 500 000 esclavos que se alzaron en rebelión a partir de 1791, impulsados por las ideas de libertad e igualdad de la revolución francesa. Venció a las tropas españolas y británicas que, en el marco de las rivalidades entre metrópolis, querían adueñarse de aquella próspera Colonia. Logró así restablecer la paz y la prosperidad en un territorio devastado por una década de guerra y luchas sociales. De esta forma, por su talento político y militar, se impuso a las autoridades de la Francia revolucionaria que lo nombraron general de Francia y gobernador de la Colonia. En 180l, él proclamó su propia Constitución. A través de este acto, rompió con las reglas del Pacto Colonial, estableció relaciones diplomáticas con Inglaterra y Estados Unidos y otorgó a Saint Domingue un estatuto de autonomía.[iii]

La suerte que le cupo a Francois Dominique Toussaint fue la de esclavo doméstico, lo que le permitió eludir la peor forma de explotación esclava en las plantaciones, lo que conllevaba al agotamiento físico y mental. De manera que, gracias a esa forma más “benigna” de esclavitud pudo acceder a la lectura y a una formación cultural que le estaba vedada a la mayoría. En 1776, a los 33 años, edad madura para entonces, pudo acceder a su emancipación como hombre libre, convirtiéndose él mismo en propietario agrícola que a su vez explotaba hasta 13 esclavos, uno de los cuales era J. J. Dessalines, quien proclamaría posteriormente la independencia de Haití.[iv]

 Evidentemente su actitud como amo no fue severa como la de otros, lo que le permitió ponerse a la cabeza del movimiento antiesclavista y que, quienes como Dessalines habían trabajado para él, se convirtieran en sus lugartenientes.

Tan pronto estalló en París el proceso revolucionario, la literatura y la información sobre el mismo llegó y tuvo sus repercusiones en Saint-Domingue. Uno de esos documentos que tuvo gran impacto entre los haitianos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. El primer impacto en la isla sucedió el 28 de octubre de 1790, cuando 350 mulatos acudieron a la Asamblea de Puerto Príncipe a exigir iguales derechos, los cuales estaban encabezados por Vincent Ogé. Esta manifestación fue duramente reprimida por los colonos blancos, pagando con su vida Ogé y decenas de los participantes. Primera prueba de que los llamados “Derechos del Hombre” no valían para los hombres negros.

El estallido decisivo ocurrió el 14 de agosto de 1791; en el marco de una ceremonia religiosa en Bois Caiman se produce una masiva sublevación de esclavos dirigida por Dutty Boukman, George Biassou y Jean F. Papillon. La rebelión destruyo decenas de plantaciones y asesinó a más de 2,000 blancos. A ellos se sumó Toussaint, primero como médico, y luego como ayudante de Biassou.

Pronto Toussaint destacó en el combate por su valentía e inteligencia, lo que le permitió desarrollar un sistema de ataque al enemigo por el que adquirió el sobrenombre con el que fue conocido “Louverture” (“La Apertura”).

A raíz de la ejecución de Luis XVI, el 21 de enero de 1793, España intervino en la guerra civil de Saint- Domingue, ofreciendo apoyo a los rebeldes, lo cual fue aceptado por Toussaint, quien se había convertido en la cabeza visible de la revolución. El 29 de agosto de 1793, Toussaint proclamó: “Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para que existan. Únanse, hermanos, y combatan conmigo por la misma causa. Desarraiguen conmigo el árbol de la esclavitud”.[v]

Maximilien Robespierre, quien era miembro de la sociedad de los “Amigos de los Negros”, propuso y fue aprobada la abolición de la esclavitud en Francia y sus colonias, el 4 de febrero de 1794. “A partir del momento en que en uno de sus decretos, ustedes habrán pronunciado la palabra “esclavo”, habrán pronunciado a la vez su deshonor y el derrocamiento de su Constitución”, Robespierre.[vi]

Otorgada la ciudadanía y la libertad mediante ese decreto a los esclavos de Haití, la república francesa envió al general Lavaux a negociar con Toussaint para que rompiera con España y se sumara al bando francés, para lo cual se le otorgó el cargo de general. Toussaint aceptó, cambió a favor de la república, combatió a los españoles expulsándolos del lado francés de la isla y obligándolos a firmar un tratado de paz en 1795. Tres años más tarde repetiría el mismo éxito contra los invasores ingleses, lo que le valió el nombramiento de gobernador de Saint- Domingue.

La perfidia de la Francia republicana

Había que socavar la autoridad del gran líder haitiano para reemplazarlo por un títere. Para lo cual el Directorio, en 1798, envió al general Hédouville para fomentar la división entre Toussaint, que controlaba el norte de la isla, y el general André Rigaux, mulato y propietario de haciendas, que controlaba el sur. Produciéndose una guerra civil entre 1799 y 1800, hasta que finalmente Toussaint logró expulsar a Rigaux. El 2 de julio de 1801, Toussaint y la Asamblea General de Saint-Domingue proclaman una constitución política en la que se establece un régimen autonómico, pero no la independencia de Francia. Por el artículo tercero se declaró “No puede haber esclavos en este territorio”; el cuarto elimina cualquier discriminación de raza para acceder a un empleo; y el quinto consagra la verdadera igualdad al declarar que “No hay otra distinción que las virtudes o talentos”. [vii]

Pero Toussaint cometió el error de seguir confiando en la República francesa, y envió el texto de la constitución a Napoleón Bonaparte para obtener su aprobación. En vez de ello, lo que hizo Napoleón fue enviar a su cuñado, el general Leclerc, con más de 20,000 soldados para aplastar el gobierno de Toussaint, el cual desembarcó en Cap el 29 de enero de 1802 exigiendo la rendición de la guarnición. Paralelamente, el 20 de mayo de 1802, el mismísimo Napoleón Bonaparte mediante decreto restauró la esclavitud.

Los militares franceses utilizaron contra Toussaint todos los métodos desarrollado por los imperios para someter a sus colonias: crímenes de lesa humanidad contra la población civil, sobornar a los subalternos para que algunos le traicionaran, y aparentemente cayeron en esa trampa Rigo, Petion y Dessalines inclusive. Napoleón llegó a enviar a los hijos de Toussaint, que estudiaban en Francia, con un supuesto mensaje halagador hacia su persona, a ver si lograba controlarlo. Como Leclerc no podía asestar la derrota militar que quería, propuso a Toussaint un acuerdo de paz, mediado por una carta de Napoleón reconociendo los “servicios rendidos al pueblo francés” y proclamarlo entre “los más ilustres ciudadanos”, etc., y la promesa de no restaurar la esclavitud. Toussaint aceptó el acuerdo que incluía preservar a su estado mayor y retirarse a la población de Ennery.

Los militares franceses no cumplieron y empezaron a acosarlo hasta que, en junio de 1802, fue arrestado con toda su familia y deportado a Francia, donde permaneció bajo arresto hasta el 7 de abril de 1803, cuando falleció. Tenía 60 años de edad.

Finalmente, la independencia

El cuñado de Napoleón, el general Leclerc, pagó con su vida sus crímenes contra el pueblo haitiano, no a manos de ningún combatiente, sino gracias a la fiebre amarilla que lo mató en 1802 en isla Tortuga, Haití. Advirtiendo la traición de los franceses a sus compromisos y no deseando la vuelta atrás, tanto los negros como los mulatos, encabezados por J. J. Dessalines y Henri Christophe, unieron sus fuerzas en una reunión secreta conocida como “Convención de Arcahaie”. En mayo de 1803 se sublevaron, dando inicio a la Guerra de Independencia. Tuvieron a su favor la guerra de Gran Bretaña contra Francia, lo que impidió a estos últimos enviar tropas a la isla. En octubre de 1803 Dessalines tomó Puerto Príncipe y el 19 de noviembre de ese año asestó la derrota a los franceses en la batalla de Vertiers. Diez días después las tropas derrotadas abandonaron la isla.

La independencia definitiva sería proclamada unas semanas después, el 1 de enero de 1804. El gobierno francés tardaría varias décadas en reconocer su independencia, lo que finalmente hizo exigiendo una indemnización para resarcir a los colonos blancos esclavistas que habían sido expropiados y expulsados de la isla. Se había cumplido el vaticinio de Toussaint: “Al derrocarme, sólo se ha derrocado en Santo Domingo el tronco del árbol de la libertad de los negros; volverá a crecer porque sus raíces son profundas y numerosas”.

El apoyo de Haití a la independencia hispanoamericana

Haití independiente prestó apoyo consecuente a la lucha por la independencia hispanoamericana. El propio Francisco de Miranda, durante su fallida expedición libertadora a Venezuela, recaló previamente en el puerto de Jacmel, en febrero de 1806, en donde recibió apoyo de Alexander Petion. Posteriormente, en 1815, durante su exilio en Jamaica, Simón Bolívar le escribe a Petion pidiéndole apoyo, y este le recibe en enero de 1816, con cuya ayuda Bolívar dirigió la conocida Expedición de Los Cayos, en la que el apoyo incluyó la participación de hasta 1,000 haitianos para tomar el oriente de Venezuela.

Se dice que Petion entregó no sólo armas, dinero y soldados a Bolívar, sino también la espada símbolo de la libertad de Haití, y que lo hizo con una condición:

Pido a Usted, que cuando llegue a Venezuela, su primera orden sea la Declaración de los Derechos del Hombre y la libertad de los esclavos... y para que pueda cumplir con esa misión, le hace entrega del símbolo de la emancipación de Haití: es la “Espada Libertadora de Haití”, la misma que empuñó durante la guerra contra los franceses, la que utilizó Miranda en sus dos fallidos intentos por libertar a su Patria, y la que en 1807 le permitió instaurar una República en el sur y oeste de Haití de la que fue nombrado presidente vitalicio.[viii]

Bolívar sólo cumplió parcialmente este compromiso, pues decretó al llegar la libertad de los esclavos que se sumaran al Ejército Libertador, pero no de todos los esclavos. Aunque liberó a los esclavos de sus haciendas familiares, nunca se emitió un decreto general, seguramente para no confrontar a los latifundistas criollos. Hay controversia respecto a las razones por las cuales, diez años después, consumada la independencia hispanoamericana, Simón Bolívar no invitó al Congreso Anfictiónico de Panamá a la república de Haití.

La injusticia y la perfidia continúan

Así ha sido reiteradamente a lo largo de la historia, cada vez que fuerzas reaccionarias han vuelto a cortar el tronco de la libertad éste vuelve y crece, como predijo Toussaint. En 2004, el imperialismo norteamericano, con apoyo de las “democráticas” Francia y Canadá, con la participación del gobierno de la República Dominicana, que prestó su territorio, repitieron la perfidia fomentando un golpe de Estado contra el presidente Jean B. Aristide, al cual fuerzas de esos países secuestraron y deportaron hasta la República Centroafricana. Golpe sobre el que guardó silencio gran parte del llamado progresismo latinoamericano que, por el contrario, avaló la ocupación de la isla con tropas disfrazadas bajo la bandera de las Naciones Unidas (MINUSTAH), en las que colaboraron soldados de Brasil y Bolivia, entre otros.

El Estado nacional haitiano es formalmente independiente, pero el pueblo haitiano continúa su lucha por la libertad.

 

[i] J. J. Dessalines, (1 de Enero de 1804). Documento la declaración de independencia de Haití (1804). Obtenido de Dialnet: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d& q=Proclama+de+independencia+de+Hait%C3%AD

[ii] F. A. Morales Torres (2017). Haití: entre la revolución francesa y la revolución de esclavos (1791-1804). Obtenido de SIBIUP: http://kohasibiup.up.ac.pa/cgi-bin/koha/ opac-search.pl?q=Felix+Morales

[iii] G. P. Charles, (s.f.), Toussaint Louverture. Obtenido de Revista Mexicana de Política Exterior: https://www.google.com/search?client=firefox-b-.

[iv] S. Lamrani, (13 de junio de 2019), Toussaint Louverture, la dignidad insurrecta.

Obtenido de América Latina en Movimiento: https://www.alainet.org/es/ articulo/200418.

[v] Ibídem.

[vi] Ibid.

[vii] Íbid.

[viii] F. A. Morales Torres, Op. cit.

Share
Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Más Articulos

Alfredo Castillero Calvo

Teoría e Historia
Detalles
05 Junio 2023

TEORIA E HISTORIA.- Pensar la historia a partir de un ensayo de Alfredo Castillero C.

Teoría e Historia
Detalles
13 Marzo 2023

TEORIA E HISTORIA.- 152 años de la Rosa más Roja. Mi recuerdo de Rosa Luxemburgo

Teoría e Historia
Detalles
08 Febrero 2023

HISTORIA.- El testamento de Lenin

Teoría e Historia
Detalles
06 Octubre 2022

TEORÍA.- Las revoluciones sociales (Parte I)

Teoría e Historia
Detalles
15 May 2021

TEORÍA.- Bonapartismo, dictadura militar y fascismo

Teoría e Historia
Detalles
09 Agosto 2020

TEORÍA.- Hegel, el filósofo de la historia

Revista de Centroamérica Revista de Centroamérica
Revista de Centroamérica 2019-2023. Todos los Derechos Rerservados