Mundo
Por Tomas Andino Mencía
Tal parece que un factor a tomar en cuenta en el panorama geopolítico que subyace a la actual guerra entre Israel y Palestina es la disputa por las reservas de gas natural, descubiertas a fines de los años 90s, entre los países que cuentan con este preciado recurso en las aguas del Mar Mediterráneo Oriental. Entre los países afortunados en poseer este recurso encontramos a Turquía, Grecia, Chipre, Egipto, El Líbano, Jordania, Israel, y a una nación que no es reconocida como Estado…. ¡Adivinaron, los palestinos! en particular los palestinos de la Franja de Gaza.
Integración gasífera del oriente próximo
Inicialmente el mercado para la comercialización de este recurso se limitaba al interior de los propios países del llamado Oriente próximo, ya que Europa era abastecida por Rusia a bajo costo. En ese sentido estaban obligados a vender y comprar entre sí, para lo cual los países poseedores necesitaban sostener relaciones normales con los compradores; una “normalización” también necesaria para hacer pasar con seguridad los gasoductos por sus territorios.
Tanto se avanzó en este campo en la última década, que hasta fue creado un espacio de coordinación entre Chipre, Egipto, Grecia, Israel, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina, denominado “EastMed Gas Forum”, una organización regional destinada a coordinar el desarrollo del gas natural, abriendo la puerta a la construcción de una red de intereses comerciales y energéticos comunes. En tal sentido, este factor económico contribuyó a reconfigurar por una década las tradicionales relaciones conflictivas en el Medio Oriente, reorientándose desde entonces hacia la búsqueda de acuerdos para llevar adelante grandes proyectos de infraestructura energética, dominados, como era de esperar, por grandes transnacionales del petróleo.
Este inédito consenso económico era políticamente viable ya que un lustro antes (1993) se habían firmado los Acuerdos de Oslo, en los cuales la OLP e Israel firmaron su mutuo reconocimiento, desencadenando una ola de acercamientos entre Israel y los países árabes de su entorno. Asimismo, en septiembre de 2020, se estableció el “Acuerdo de Abraham” entre Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, posteriormente firmados por Marruecos y Sudan, que abrió las puertas a la llamada “normalización” de relaciones con Israel.
Dicha tendencia cobró más importancia con la guerra ruso-ucraniana. Como es sabido, desde esta nefasta guerra Europa se encuentra sedienta de fuentes de gas natural de bajo costo, tras las sanciones internacionales impuestas a Rusia, su histórico proveedor. En 2022 casi todo el viejo continente entró en una grave crisis energética sin precedentes, de la cual el único beneficiado fue Estados Unidos, que vende su gas licuado a los europeos a un precio 40% más caro que Rusia. Por tal razón, Europa se encuentra urgida de encontrar nuevas fuentes del vital recurso natural, a un menor precio que los proveedores norteamericanos. Y aquí es donde entra la oportunidad para los países con costas en el Mar Mediterráneo oriental.
En ese contexto, los países poseedores de gas del oriente próximo, en especial Egipto e Israel, se frotaron las manos y emprendieron proyectos ambiciosos para aprovechar el nuevo mercado, para lo cual era precondición acelerar su “normalización diplomática” a fin de cooperar en abastecer el mercado europeo.
Como era de esperar, esto también atrajo a las potencias gasíferas, es decir, aquellas que poseen la tecnología y el capital necesarios para su extracción (léase Rusia, Arabia Saudita, transnacionales europeas y norteamericanas), mismas que tratan de influir la aprobación de contratos de exploración y explotación; lo que explica su interés por el acercamiento diplomático entre países con viejas disputas políticas, territoriales y religiosas. No es casual por eso que en 2021 y 2022 encontremos el surrealista panorama de ver a un Vladimir Putin, supuesto adversario de occidente, y al Príncipe saudí, Mohamed bin Salman, corta cabezas de opositores, coqueteando para establecer buenas relaciones con el entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, genocida de los palestinos. El olor a gas atrajo a todas las fieras.
De hecho, potencias como China y Rusia se anotaron sendos goles al lograr que varios de los países árabes ingresaran al BRICS este año; hecho que no le ha caído en gracia a Estados Unidos.
Pero integración bajo dominio israelí
Lo particular de este proceso es que, en la última década, Israel emergió como una potencia cada vez más creciente en materia gasífera, gracias al desarrollo económico, tecnológico y militar que le permite su privilegiada relación con los Estados Unidos, mediante la construcción de varias plataformas, como las de Tamar y Leviatán, convirtiéndose en el más fuerte competidor de la región; seguido en segundo lugar por Egipto. De hecho, se convirtió en el principal exportador de gas a los países vecinos y su agresividad económica era evidente.
Un reportaje de El Confidencial informaba lo siguiente; “En 2022, las compañías energéticas israelíes produjeron 21,29 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas natural, de los cuales 9,21 se exportaron a Egipto y Jordania. La cifra estaba destinada a aumentar, dado que, tan solo dos meses atrás, Israel se comprometió a redoblar la producción de Tamar e incrementar las exportaciones debido a la subida de la demanda en los países árabes y al plan egipcio de vender más GNL a Europa. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu también aprobó un plan para la construcción de un nuevo gasoducto terrestre con El Cairo. Pero no hay mayor ejemplo de las puertas que podía abrir la emergente diplomacia del gas natural israelí que el acuerdo alcanzado el año pasado con el Líbano para delimitar la frontera marítima entre ambos países y, con ello, repartir los derechos de la explotación de yacimientos. Un convenio que no solo puso fin a una disputa territorial que se había extendido durante décadas, sino que fue firmado por dos estados que, técnicamente, continúan en guerra el uno con el otro.”[1]
Dependencia y militarismo como subproducto incomodo
Por supuesto, hay otros países que no simpatizan con esto: por un lado, Qatar, a quienes no conviene la competencia gasífera en el EastMed Gas Forum; y por otro, Irán, que ve que la “diplomacia del gas” está fortaleciendo a su archienemigo israelí, el cual poco a poco se está echando a la bolsa a varios países árabes, los que ahora se muestran dóciles ante Tel Aviv; por ejemplo, callan ante los desmanes recientes del régimen sionista en los territorios ocupados en Palestina.
El recelo de los Ayatolas es ciertamente justificado por dos razones: La primera es que, considerando las entrañables relaciones de Israel con Estados Unidos, es plausible pensar que el auge de Israel al largo plazo beneficiara a la potencia norteamericana a través de múltiples medios de intervención económica, de lo cual Israel sería una especie de “Caballo de Troya”. Y la segunda es que, sobre la base de sus avances en materia energética, y con tantos intereses en juego, Israel proyecta avanzar también en el campo militar hacia la constitución de una especie de “OTAN del Medio Oriente”, una alianza militar con dedicatoria a enfrentar a la nación persa (Irán), que es el siguiente paso después del Acuerdo de Abraham.[2]
Dentro de los países del consenso gasífero también hay inconformidad. La marcada dependencia hacia Israel está volviéndose incomoda a sectores sociales de países como Egipto, Jordania y El Líbano, los cuales no tienen su misma salud económica, favorecido por el privilegiado trato de Estados Unidos. Tal situación también tiene inconformes a los sectores más militantes del islamismo radical, por lo que implica que los países árabes ahora dependan de su tradicional enemigo.
Con los palestinos, lo vuelven a hacer
Poniendo los pies en la tierra, hay también perjudicados ya en esta fiesta. El caso de los palestinos es especial. A principios de siglo se descubrió el yacimiento denominado “Gaza Marine” a 30 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza, plataforma marina que jurídicamente pertenece a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), entidad reconocida por los Acuerdos de Oslo de 1993, un estatus injusto porque geográficamente el campo de gas se encuentra en la plataforma de aguas exclusivas de la Franja de Gaza.
Aunque al principio se le considero un recurso de poca monta, ahora se le valora en mas de 28 mil millones de metros cúbicos. Pero, como era de esperar, durante veintitrés años los palestinos no pudieron explotarlo por la sistemática oposición de Israel. La excusa siempre fue que, aunque Israel reconoce la ANP, la Franja de Gaza es gobernada desde 2006 por Hamas y con estos no quiere tratos.
Un reportaje de un medio judío de la prensa israelí reporta lo siguiente: “La Autoridad Palestina encargó a la empresa de energía British Gas que realizara una exploración de gas en la zona en 1999. Un año después, British Gas encontró el Marina 1 a unos 30 kilómetros mar adentro, y más tarde el Marine 2, más pequeño, pero finalmente se retiró del contrato. El proyecto fue entregado al gigante energético Shell en 2016, solo para que también se retirara dos años después debido a las objeciones israelíes y otras disputas. Desde entonces, los palestinos han estado buscando inversores en el proyecto de 1.100 millones de dólares para extraer los 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Las conversaciones en 2012 finalmente no llegaron a ninguna parte, al igual que las negociaciones del año pasado con el gobierno israelí anterior.”[3]
Sin embargo, en 2023 el nuevo gobierno israelí, sustituto de Netanyahu, aceptó autorizar la explotación del yacimiento de Gaza Marine, siempre y cuando el trato se hiciera con la ANP y con Egipto, lo cual excluía al gobierno de la Franja de Gaza, administrado por Hamas. Eso explica que a la ANP se le haya visto muy dócil en el tema de sus relaciones con Israel.
Los factores subyacentes a la guerra
La Franja de Gaza es la región económicamente más miserable de Oriente medio, y su exclusión coloca a sus habitantes ante la imposibilidad de aprovechar esos recursos para aliviar la extrema miseria en que viven, cuyo territorio esta férreamente bajo control israelí. Esto es una afrenta difícil de tragar para Hamas, que por cierto había disminuido su actividad militar en los últimos años, y un factor que seguramente exacerbó su extremismo y de sus aliados en la última hora.
En mi opinión, este trato desigual con la Franja de Gaza, sumado a los factores como la agudizada opresión israelí de los últimos años impuesta por la coalición ultraderechista de Netanyahu, así como los factores geopolíticos que mencione en mi primer artículo sobre la crisis actual[4], contribuyeron a detonar la guerra actual. Por el inicio de las actividades bélicas, las explotaciones petrolíferas se han detenido o enlentecido; la producción para la exportación puede considerarse por ahora contenida, sino es que fracasada y la región está de nuevo polarizada.
Esto ha hecho volar por los aires la tendencia económica integracionista hegemonizada por Israel, y, como ya dije en dicho artículo, también dinamitó la normalización diplomática que la acompañaba, de la mano del imperio norteamericano; sin hablar de que se esfumo la idea de una OTAN del Medio Oriente. Lo anterior significa que se le viene un duro golpe a la economía de Israel y de los países vecinos, de la que difícilmente se recuperaran en el corto plazo. Solo en la guerra que tiene planeada emprender, el gobierno israelí ha solicitado mas de 100 mil millones de dólares.
Si Netanyahu hace realidad su ofensiva para ocupar totalmente la Franja de Gaza, este proceso estará absolutamente fracasado. De ahí la presión diplomática de las potencias occidentales incluso de Rusia y China para detenerla. En ese sentido, Hamas logró su objetivo, con lo que parece que hay que tomar en serio el adagio popular de que “O todos en la cama o todos en el suelo”.
Llegados a este punto, es extraña la escases de análisis, al menos en español, que se refieran a este punto. Tal vez se deba a que, a muy pocos, salvo a los marxistas, se nos ocurre buscar la causa subyacente de una guerra en un tema tan material como los hidrocarburos. Pero es que, parafraseando a Eduardo Galeano, ninguna guerra tiene la franqueza de decir que mata niños, mujeres embarazadas y ancianos por petróleo o gas, sino que dice que lo hace por una “causa noble”, como la democracia, o, como en este caso, “por Dios” o “por Ala”.
[1] Israel estaba usando el gas para seducir a sus vecinos. Ahora, todo puede estallar (elconfidencial.com). https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-10-17/israel-usar-gas-seducir-vecinos-estallar_3755711/
[2] El mito de una emergente ‘OTAN de Oriente Próximo’ | Política Exterior (politicaexterior.com) https://www.politicaexterior.com/el-mito-de-una-emergente-otan-de-oriente-medio/
[3] Israel, Egipto y la AP coordinan un yacimiento de gas en Gaza (israelnoticias.com). https://israelnoticias.com/franja-de-gaza/israel-coordina-con-egipto-y-la-autoridad-palestina-el-desarrollo-de-un-yacimiento-de-gas-en-gaza/
[4] Andino, Tomás. La ofensiva de Hamas en el tablero político del Medio Oriente, Revista de Centroamérica, PSOCA. https://revistadecentroamerica.org/index.php/mundo/132-mundo-la-ofensiva-de-hamas-en-el-tablero-politico-del-medio-oriente
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América Latina
Por Hugo Cedeño
Dedico el texto a Saintouve Pierre (serrucho). Militante activo de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) de República Dominicana, fallecido en mayo del pasado año sin que el gobierno de Abinader le entregara la pensión solicitada desde 1999. También al heroico pueblo Palestino y a todos aquellos y aquellas que toman las calles contra la agresión sionista apoyada por EEUU.
Un poco de historia.
La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. Los egipcios perfeccionaron su procesamiento y la empezaron a refinar. Los españoles la trajeron a América expandiéndola a las zonas cálidas para exportar la producción.
La producción azucarera en algunos de nuestros países, incluyendo República Dominicana, ha generado grandes riquezas a lo largo de su historia para un sector económico súper poderoso.
Hoy en día son muchos empresarios azucareros que anuncian hipócritamente que la crisis mundial produce pérdidas y que sus ganancias disminuyen.
Pero ocultan la elaboración de productos extraídos de la caña de azúcar que tienen mucha demanda y altos precios en el marcado nacional e internacional.
El compañero Jesús, los técnicos y braceros presentes en esta actividad conocen por experiencia y estudios que en la caña de azúcar nada se pierde.
Los empresarios cuentan con recursos financieros y políticos para poner en marcha el plan productivo al respecto.
Veamos algunos de esos productos: etanol, vinaza, vinagre, antisépticos, ácido glicólico, citrato de calcio, ácido cítrico, abono, para la industria textil, cosméticos, exfoliantes, electricidad, industria de bebidas, confiterías, etc.
De manera compañeros y compañeras que por más que lloriquee el patrón, nunca confíe en él, porque tiene a su favor todas las instituciones del estado burgués, la banca nacional e internacional y demás aparatos, para mantener y ampliar sus ganancias.
Brasil: un ejemplo que demuestra lo afirmado.
De todos los países del continente donde se produce azúcar de caña, Brasil lleva la delantera y es el ejemplo de lo que estaría sucediendo en los demás.
Entre 1985 y 2022 el Brasil incrementó sus actividades agrícolas en un 50 por ciento, sobre todo caña de azúcar y soya. La mayor cantidad se destina a la exportación.
La actividad ocupa 283 mil millones de hectáreas. Los grandes ingenios son controlados por “barones del azúcar”. De capital nacional, internacional o mixto.
La extensión monopólica de la producción viene desplazando a cientos de miles de productores independientes. También a los que usan trapiches artesanales para el autoconsumo y/o vender el jugo de caña en los mercados.
Eso explica las grandes movilizaciones del campesinado brasileño que junto a los pueblos originarios y defensores de la ecología toman las calles para defenderse de la voracidad del capitalismo.
El actual modelo azucarero se vuelve más industrial e invierte en maquinarias. También compra insumos agrícolas que ofrecen las agro empresas.
Los señores del azúcar gastan miles de millones de reales y dólares en asesoría de compañías especializadas en realizar estudios. Su objetivo es hacer crecer la rentabilidad de la producción para ganar más dinero.
Con la tecnificación productiva llegan los monopolios de maquinarias, productos químicos, como herbicidas, fungicidas, Y por supuesto los bancos internacionales que se asocian a la banca nacional y los políticos corruptos.
Los productores independientes no pueden mecanizar la siembra, corte y transporte de la caña, porque generalmente los prestamos son con intereses sumamente altos. No tienen forma de competir con el gran capital.
Crece la industria azucarera y aparecen los buitres de las transnacionales.
La empresa Monsanto llegó a Brasil para investigar cuáles variedades de caña de azúcar es mejor en la producción etanol porque el mercado de autos en Brasil y el mundo que lo usa como combustible ha crecido. Ya publicitan el Corolla Cross que se mueve con Bio-Etanol.
Monsanto, Conavieira, CanaVialis, Allelyx y otras, se especializan en buscar variedades para empresas brasileñas, como Odebrecht, que tiene plantaciones fuera de Brasil, por ejemplo, en Angola.
Los negocios entre los grandes empresarios no los hace amigos, los capitalistas compiten entre sí y no tienen compasión en sacar a los demás de circulación. Monsanto terminó comprando las demás empresas por 280 millones dólares y se hizo dueña del mercado. Es mucho el dinero que mueve la actividad agrícola en Brasil. Es una guerra entre carroñeros.
A los carroñeros no les importa la suerte de los trabajadores ni la del resto de la población brasileña. Se van adecuando a las necesidades del mercado mundial.
Y la clase trabajadora
En todo ese proceso los capitalistas ven como la productividad y ganancia crecen como verdolagas. Pero los trabajadores y trabajadoras azucareros siguieron recibiendo bajos salarios y sus condiciones laborales empeoraron.
Muchos trabajadores mueren por agotamiento y el trabajo forzoso continúa siendo una práctica normal.
Las condiciones de trabajo son cada vez más horribles y brutales y mientras más poder tienen los empresarios la situación del proletariado empeora.
Hace poco unos 2000 trabajadores azucareros fueron liberados por una organización religiosa al estar en condiciones de trabajo forzadas, muchos de ellos son los llamados “trabajadores golondrina” porque trabajan por temporadas sin que la empresa tenga obligaciones laborales y de seguridad social frente a ellos.
Los gobiernos publicitaron que la expansión de la industria azucarera estaba asociada a un plan masivo de tecnificación productiva.
Según los señores de la mentira, invertir en tecnología, aliviaría la situación de los trabajadores y trabajadoras cañeros y cañeras.
Pero no es así, los resultados son terribles para el proletariado, porque expulsa del mercado de trabajo cientos de miles.
El desempleo favorece al patrón porque cuando tiene mucha presión puede acudir al mercado laboral para seleccionar nuevos trabajadores en condiciones de súper explotación, sin compromisos legales y aplicando “terrorismo empresarial” a los sindicatos independientes.
Tienen control absoluto de los movimientos de los trabajadores y trabajadoras porque estos habitan en comunidades cercanas donde tienen “chupa media” que informan.
Otro elemento es el daño que producen estas grandes empresas al ecosistema, las comunidades agrícolas, los pueblos originarios, la cadena alimenticia y calidad y control sanitario de los productos que consumimos, la salud de los trabajadores y comunidades cercanas a las plantaciones, daños al agua de la superficie y sub suelo, como las lluvias acidas, las inundaciones, etc.
Por eso, los luchadores y luchadoras hablan de ecocidio por el daño intencional e irreversible que provocan a la naturaleza y ser humano.
En fin, somos los trabajadores, campesinos y los pueblos empobrecidos los que pagamos las ansias de ganancias de los empresarios
Estos señores ni los gobiernos reconocen el aporte de quienes ponemos en marcha el ciclo productivo. Todo lo contrario, nos envían a nuestros hogares como bagazos y muchas veces, ni siquiera una pensión para sobrevivir.
Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, México, Argentina y otras naciones.
Todos son productores de azúcar de caña. En menor o mayor grado. Ningunos de sus empresarios y gobiernos ofrecen alternativas favorables a los trabajadores del azúcar, los pueblos y comunidades afectadas.
Si usted desea, puede ingresar a cualquier página web para leer sobre las caravanas de hombres y mujeres del pueblo que ponen su vida en peligro para llegar a EEUU. También sucede con los dominicanos y haitianos que se lanzan a los mares en frágiles canoas huyendo del desempleo y pobreza.
Y lo que raya en la ridiculez es que nuestro país, de gran exportador de azúcar de caña, ahora importan desde Brasil parte de la que consumimos.
Todo lo que digo está confirmado en los documentos que he leído y que al final de abajo pondré como bibliografía para quien pueda sacar sus conclusiones.
Países imperialistas, monopolios y aparatos financieros.
La pobreza en los países del continente es creciente. Así lo confirma una institución imperialista llamada ONU que no puede ocultar la evidencia.
180 millones de habitantes del continente viven en la pobreza (un tercio de la población). De ellos 71 millones son indigentes. (los datos son 2016)
La desigualdad ha crecido a tal punto que el 20 por ciento de la población más rica tiene ingresos per cápita 20 veces superior al 20 por ciento más pobre.
Los países productores de azúcar de caña, son los que reflejan, con mayor gravedad la situación, según la ONU. Entre estos a Guatemala, Brasil, Honduras. Los que mostraron mayor tasa de pobreza son Uruguay, Argentina y Chile.
Por su lado, la Comisión Económica para América Latina(CEPAL) plantea que de 2016 a 2020 la pobreza creció a 209 millones de pobres. Al mismo tiempo que en estos últimos años con todo y el COVID19, el número en la región aumentó de 61 a 91 entre 2020 y 2923.
De manera que, compañeros y compañeras, que las caravanas de personas que se dirigen a EEUU corriendo todo el peligro que ustedes podrán imaginarse están integradas por ciudadanos y ciudadanas de Centro América el Caribe y algunos de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia.
Los que llegan a Costa Rica desde Nicaragua a Cortar café y caña de azúcar, los que vienen a República Dominicana desde Haití a laborar y se arriesgan a sufrir represión de parte de los gobiernos y aparatos de estado, los dominicanos y haitianos que se lanzan en frágiles canoas al Mar Caribe, aquellos que cruzan la selva del Darien, considerada la más peligrosa del mundo, buscando un sueño, como diría, nuestro Juan Luís Guerra, forman parte de millones de ciudadanos y ciudadanas que perdieron la esperanza de vivir dignamente en sus respectivos países.
América Latina es un continente rico. Solo argentina tiene capacidad de producir alimentos para 600 millones de personas y sin embargo 65 de cada cien niños y niñas padecen hambre.
Entonces, los que andan diciendo que el futuro de los trabajadores y las grandes mayorías depende de los que controlan el poder económico y político en nuestros países y el mundo, están mintiendo.
Y pobre de aquellos y aquellas que confían en estos señores. Porque nunca podrán alcanzar el cielo por asalto y construir su propio reino.
Ustedes tienen en sus manos la forma de cambiar la situación.
Si vencemos los problemas que dificultan “virar la tortilla” podemos triunfar. Es decir, si nos organizamos democráticamente, creando organismos desde abajo y construimos dirigentes que no se atrevan a pactar con la patronal y/o el gobierno. Que sea la base reunida en sus asambleas quien decida.
Cómo podríamos explotar nuestros recursos naturales de manera sustentable, estatizados y controlados por los trabajadores y las comunidades.
Acabar con la banca, pool de siembra, el monopolio de grandes extensiones de tierra, el monocultivo exportador, como el azúcar, que se traduce en dependencia alimentaria e instrumento de las naciones imperialistas para el bloqueo comercial y presiones políticas. En fin, necesitamos recuperar nuestra soberanía e independencia nacionales.
Por último, compañeros y compañeras, sería bueno lograr que de este evento saliera un organismo que discuta un plan de acción y trabajo para fortalecer la lucha que libran los cañeros encabezados por la UTC.
En el plano estratégico, dar la pelea por una Organización Regional Independiente de Trabajadores Azucareros, que fortalezca la pelea por los derechos del sector y la solidaridad con todos los trabajadores en lucha.
Las grandes jornadas de lucha de los braceros como la de Puerto Rico 1932, Tucumán 1923, República Dominicana 1946 y 1964, Colombia 1976, México 2006, Nicaragua 2005, Cuba 1955, Costa Rica 1979, Jamaica 2015, Perú 1955, Ecuador 1977 (la masacre de 26 trabajadores), entre otras, fueron posibles por la férrea unidad de los trabajadores y la solidaridad interna e internacional.
De manera que la organización independiente, nacional e internacional, es el camino a trillar para recoger la experiencia que las luchas dejan.
Muchas gracias a Jesús, los cañeros y cañeras, a quien está leyendo el texto y los que escuchan.
Bibliografía consultada.
1- La maquinaria agrícola, cada vez más pesada, está aplastando los suelos fértiles
POR TIM FOLGER. PUBLICADO 22 JUL 2022, 14:27 CES
2-Brasil y los nuevos emporios azucareros. GRAIN | 12 Jul 2009 | Revista Biodiversidad
3-Caña de azúcar un cultivo de importancia para México. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 13 de marzo de 2021 (en México)
4-Guatemala. www.azucar.com.gt los impactos más importantes son:
5-Crisis y deterioro laboral en la agroindustria azucarera de Tucumán durante la segunda mitad del siglo XX’ Ariel Osatinsky
6-Trayectorias y resistencias de los trabajadores del azúcar en el ingenio Ledesma. Lucía Danser
7-Honduras y Nicaragua buscan posicionar su azúcar en la Unión Europea. Clara Villatoro. Corresponsal de Legiscomex.com. Centroamérica
8-Brasil: la superexplotación del trabajo en el siglo XXI. 3 julio, 2018 por Tercer Mundo. Mundo do Trabalho
9- https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220609-brasil-aumento-hambre-pobreza-bolsonaro
10-https://www.zafran.com.ar/azucar/impacto-del-azucar/
11-https://procana.org/site/subproductos-y-derivados-de-la-cana/
12-http://consuelocity.com/m.aspx?id=8654
13-https://www.cea.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia
14-https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532011000100006
15-https://www.fao.org/3/X4988E/x4988e15.htm
16-https://grain.org/es/article/6961-el-negocio-del-hambre-en-america-latina
17-https://ail.ens.org.co/opinion/condiciones-de-trabajo-y-salud-en-el-cultivo-de-cana-de-azucar/
18-https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742010000100006
19-https://ve.usembassy.gov/es/situacion-de-la-produccion-del-azucar-en-venezuela/
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Centroamérica
Por José Rene Tamariz
1) Cinco Países, una Nacionalidad.
Desde la época colonial que tarda más de 300 años, la región centroamericana, mejor conocida como Capitanía General de Guatemala (CGG), constituía una unidad económica-política-administrativa que producía mercancías y ganancias para el capitalismo europeo, principalmente España. Desde ese punto de vista, esa Capitanía era capitalista, ya que estaba directamente ligada al comercio mercantilista internacional a través de los colonialistas españoles. Los capitalistas-colonialistas utilizaban relaciones de producción precapitalistas, principalmente esclavista y de servidumbre, en función del desarrollo capitalista europeo.
El análisis realizado por Nahuel Moreno sobre la colonización en América es muy útil para lo que apuntamos en el párrafo precedente. Según Moreno: “La colonización española, portuguesa, inglesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales; organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. No inauguraron un sistema de producción capitalista porque no había en América un ejército de trabajadores libres en el mercado. Es, así como los colonizadores para poder explotar capitalísticamente a América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi-esclavitud de los indígenas. Producción y descubrimientos por objetivos capitalistas; relaciones esclavas o semi-esclavas; formas y terminologías feudales (al igual que el capitalismo mediterráneo) son los tres pilares en que se asentó la colonización de América”. (Moreno, 1988: 5). Como señala muy bien Samir Amin: “El primer momento de ese despliegue devastador del imperialismo se organizó alrededor de la conquista de las Américas, en el marco del sistema mercantilista de la Europa atlántica de la época...”. (Amin, 2003: 97).
Lo anterior se aplica igual para la Capitanía General de Guatemala, ya que desde esta colonia se exportaba a España e internamente entre sus provincias, diversos productos agrícolas y metales, tales como: grana, añil, cacao, maíz, ganado, tabaco, caña de azúcar, palo brasil, plata y oro. Los dos primeros bienes agrícolas se utilizaban como colorantes naturales para la pujante industria textil europea.
Al producirse la independencia de la CGG en el año 1821, sin lucha ni revolución, se realiza una efímera anexión (1822-1823) de ésta a México. En noviembre de 1824, después de estar reunidos un año, los representantes de los cinco países publicaron la Constitución Política de la nueva nación denominada: Estados Federados del Centro de América. Es importante mencionar que esa nueva Constitución tenía muchos aspectos progresivos, como, por ejemplo: la abolición de la esclavitud, la cual se hizo antes que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países de América del Sur, como Brasil; los jueces, eran electos mediante votaciones populares; se adoptó el derecho de asilo para los extranjeros, etc.
La República Federal tuvo su existencia desde 1824 hasta 1842. Sobre la formación de la nueva nación centroamericana existen dos mitos de los historiadores, sociólogos e intelectuales liberales e incluso, de algunos llamados marxistas: el primero es que no existió la nacionalidad centroamericana y segundo que no existió un Estado nacional, sino la suma de diferentes pequeños Estados fragmentados y una situación de anarquía, de la cual no se tiene ninguna caracterización sobre el tipo de sociedad que era. Existe como un tipo de “limbo” económico y político de la sociedad centroamericana de ese entonces, aunque algunos la caracterizan como feudal.
Nuestra caracterización es que existió y existe una nacionalidad centroamericana que ha sido disgregada y dividida, con tendencias recurrentes, cada cierto período histórico, hacia la unificación. En primer lugar, porque el ala de la burguesía naciente y liberal en Centroamérica fue derrotada en la guerra civil por el ala de los conservadores latifundistas y la iglesia católica. El triunfo reaccionario de los conservadores hace retroceder la nación centroamericana, potenciando su división en cinco naciones. En segundo lugar, tiene sus influencias el imperialismo inglés en la división de Centroamérica. Por otra parte, consideramos que entre la independencia de España y la constitución de la República centroamericana se producía el tránsito de la colonia capitalista a país capitalista semi-colonial.
La relación semicolonial de la nación centroamericana se adquiere con el imperialismo inglés mediante la deuda externa: “La era inglesa en Centroamérica se consolida también por la vía de los grandes empréstitos públicos; la libra esterlina establece el primer vínculo financiero con una economía extranjera. Los empréstitos se realizan a través del Estado...El primero de ellos se firma con la República Federal para intentar la ordenación de la administración...La deuda inglesa pasó a constituirse en adelante en un elemento que facilitó la presión diplomática...”. (Torres-Rivas, 1989: 18)
Al disolverse la Federación centroamericana, cada país centroamericano comienza sus intentos para lograr su propio desarrollo nacional. Se inicia la consolidación del Estado nacional mediante la inserción de la mayoría de los países, excepto Nicaragua y Honduras, al mercado internacional a través de un nuevo producto de exportación: el café. Cabe destacar que el país que produce y exporta café por primera vez a Inglaterra es Costa Rica, en el año 1845. Después la producción y exportación de este producto fue complementada con la del banano que se produjo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta actividad económica era controlada, principalmente, por los Estados Unidos. Desde los años 1850 hasta 1950 los principales productos para la exportación en Centroamérica eran el café y el banano. Nicaragua y Honduras se incorporaron tardíamente a la producción y exportación de café, debido a la importancia relativa de sus yacimientos de oro y plata, los cuales eran controlados y explotados por los imperialismos europeos, primero el español y luego por el inglés, las luchas intestinas, la invasión filibustera y la posterior intervención militar yanqui. El caso de Honduras escapa a todo el resto de Centroamérica, ya que es el único país que quedó anclado al mercado internacional por el monocultivo del banano desde finales del siglo XIX y que, constituyó la principal actividad económica hasta su destrucción por el huracán Mitch, fue controlada, al igual que en los demás países centroamericanos, por las empresas transnacionales yanqui e inglesas.
Las condiciones históricas del desarrollo capitalista en Honduras, mejor expresada, por la denominación de “República bananera”, han determinado la debilidad estructural de su clase burguesa y la relativa fuerza de su proletariado.
Todo lo anteriormente señalado sobre los principales productos de exportación de los países centroamericanos, no excluye, que al lado de ellos se desarrollaran otros cultivos y productos de exportación, por ejemplo, la agroindustria, basada en los ingenios azucareros.
2) Periodos o etapas de Centroamérica
A) Dictaduras Militares: años 30 a 48.
- En el Salvador se instaura la dictadura del general Maximiliano Hernández del año 1931 a 1944. La rebelión campesina del año 1932 es brutalmente reprimida por ese régimen y provoca entre 25 mil o 30 mil muertos. La insurrección, su fracaso y la gran masacre de la dictadura de ese año en El Salvador fue el producto de la política de aventurerismo de la Internacional Comunista stalinista de esa época.
- En Honduras se instala la dictadura del general Tiburcio Carías del año 1933 a 1948, denominado el cariato, durando 16 años en el poder. En 1932 se realizan protestas sociales en las plantaciones del norte “… En febrero de 193, estalló un movimiento huelguístico de amplia base pero efímero en la Tela Railroad Company como consecuencia del despido de ochocientos trabajadores y una reducción general del salario…”. (Bethell, Leslie: Historia de América Latina. Editorial Crítica. Barcelona 2001. Página 21).
- En Guatemala se implanta la dictadura del general Jorge Ubico desde el año 1931 al año 1944.
- En Nicaragua se instaura la dictadura familiar del general Anastasio Somoza que va desde el año 1937 hasta su derrocamiento en el año 1979. Es importante destacar que, previo al inicio de esa etapa, en Nicaragua se habían producido varias ocupaciones militares del imperialismo estadounidense. Primero, desde el año 1912 hasta 1925 y luego en el 1926 hasta 1933. El general Augusto Cesar Sandino luchó, mediante la guerra de guerrilla, contra las tropas marines en esa segunda intervención estadounidense.
- La excepción fue Costa Rica que mantiene su régimen democrático. En el año 1934 se produce la huelga de trabajadores bananeros en la región de Limón, dando inicio del movimiento sindical independiente.
En Guatemala cae la dictadura por una huelga multiclasista encabezada por profesionales de clases medias y militares jóvenes. Posteriormente, se produce la elección del progresista Juan José Arévalo para el período 1945-1951 que introduce una serie de reformas: introdujo la seguridad social y una ley labora; amplió la educación pública obligatoria y gratuita; fomentó la modernización del país de forma social y cultural; aplicó programas para el fomento y diversificación de la agricultura y creó las condiciones para la organización de diversos grupos de intereses sociales.
En las siguientes elecciones para el período 1951-1957 gana la elección el militar joven y progresista, Jacobo Árbenz, el cual fue derrocado por fuerzas de Estados Unidos en conjunto militares guatemaltecos, encabezados el coronel Castillo Armas, con el apoyo de diversos gobiernos de Centroamérica lanzaron la ofensiva final contra el gobierno de Árbenz. Entre las medidas radicales que realizó Árbenz están las siguientes: nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de origen estadounidense; construcción de la carretera al Atlántico, para romper el monopolio de los ferrocarriles en manos de los Estados Unidos y la reforma agraria a través del decreto 900 que benefició a más de 100 mil campesinos.
En El Salvador se realiza un movimiento encabezado por militares jóvenes, profesionales y empresarios de clase media y “En abril de 1944 una huelga general obligó al general Hernández Martínez de El Salvador a dimitir. La huelga fue un movimiento multiclasista encabezado por profesionales de clase media y militares jóvenes. La campaña no logró convertirse en movimiento nacional ni introducir cambios profundos porque sus líderes fueron descubiertos y fusilados. A consecuencia de ello, la crisis se resolvió de modo interno en las fuerzas armadas; el decrepito dictador fue substituido por el jefe de la policía y más adelante por otro general escogido apresuradamente, Salvador Castañeda Castro (1945-1949)”. (Bethell, 2001: 23)
En Nicaragua y Honduras, las fuerzas son muy débiles, no logrando derrocar a las dictaduras militares.
B) Desarrollo del período 50-80.
La sociedad y economía de Centroamérica fueron diferentes de la época de posguerra. Entre el año 50 y 80 el PIB regional aumentó de $1.950 millones a $7.520 millones y creció la población de 8 millones a 21 millones. Población urbana pasó del 15% al 45%. Actividad manufacturera se incrementó del 14,6% al 24,1%.
El proceso de industrialización y de sustituciones de importaciones (ISI) se produce bajo la concepción de la CEPAL, entre el año 1960-1979, mediante el llamado Mercado Común Centroamericano (MCCA). Costa Rica se integra a ese proyecto hasta el año 1963. ¿En que marco se realiza ese proceso, cuáles son sus objetivos y resultados?
El proceso de integración de los años 60 se produce en el marco del ciclo largo de la economía capitalista de posguerra de los años 1940-1970 caracterizado por la expansión y altas tasas de crecimiento, es por ello que tiene un éxito relativo. Según la CEPAL ese proceso de integración tenía como objetivo que las naciones centroamericanas enfrentaran el intercambio desigual entre los países subdesarrollados y los desarrollados, mediante un cierto desarrollo de la industria liviana de los países centroamericanos que conllevara a la sustitución de esas importaciones industriales. Ese proyecto de industrialización tuvo su impacto importante en las sociedades centroamericanas que se manifestó en el desarrollo del sector manufacturero, al grado tal que se produjo un incremento del comercio centroamericano: “Entre 1961 y 1969 el valor del comercio intrarregional se multiplicó por siete...al mismo tiempo, el crecimiento económico global revelaba tasas medias de incremento anual del Producto Interno Bruto próximas al 6 por ciento...La industrias estaban concentradas en los países con mayor densidades de población y donde podían pagarse salarios más bajos, esto es, Guatemala y El Salvador. Nicaragua y Costa Rica, luego de varias amenazas de abandono del Mercomún, lograron un modus vivendi que les permitió continuar con el desarrollo industrial, mientras que Honduras, un país desintegrado y relativamente más atrasado, la situación llevó a una crisis de grandes proporciones”. (Brignoli, 1989:).
Sin embargo, ese mercado común tuvo una primera crisis político-militar con el desarrollo de la guerra salvadoreña-hondureña y entró en una crisis muy profunda en el año 1974, enmarcada en la crisis económica mundial que se desarrollaba entre 1973-1974 y finalmente en una quiebra total con el triunfo de la revolución nicaragüense en julio de 1979 y el desarrollo de una situación revolucionaria a escala de toda América Central: “Después de 1980, Centroamérica enfrentó un contexto externo en deterioro que se caracterizaba por precios del petróleo más altos, altas tasas mundiales de interés real y precios deprimidos de las exportaciones tradicionales de productos básicos, tales como el café y plátanos... la combinación de shocks externos adversos condujo al problema de la deuda externa y a una aguda caída en el producto per cápita”. (Brock, 1989: 315).
C) Período de 1980-1990: Revolución, Contrarrevolución, Reacción Democrática y Crisis Económica.
En julio del año 1979 triunfa la revolución en Nicaragua. En 1981 fracasa el intento de insurrección en El Salvador. Se produce el proceso de contrarrevolución armada por parte de los Estados Unidos en contra de la revolución nicaragüense que somete a una profunda crisis económica al país, así como a la muerte de miles de nicaragüenses. Es la época de la más grande reacción imperialista en el mundo y, en particular, en Centroamérica. El imperialismo convierte a Costa Rica en una vitrina democrática en contra de la revolución nicaragüense, transforma a Honduras en bunker militar en contra de la revolución y arma hasta los dientes a las dictaduras de El Salvador y Guatemala para combatir a las guerrillas del FMLN y la UNRG.
Al final de todo ese proceso, producto de la presión de la contrarrevolución, se realizan los acuerdos de paz llamado Esquipulas I y II en los años 1986 y 1987 que plantean la democratización, elecciones libres, el fin de las fuerzas irregulares o contras y la entrega de armas. En 1990 se produce la desmovilización de los contras. Todo ese proceso termina con la revolución nicaragüense, mediante las elecciones de 1990, en la cual la alianza de todas las organizaciones de derecha UNO le ganan las elecciones al FSLN.
En 1992 se firman los acuerdos de Chapultepec, México, entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador en donde se acuerdan la desmovilización de los guerrilleros, su legalización como partido político y otros. En 1996 se producen los acuerdos definitivos entre la guerrilla guatemalteca URNG y el gobierno de Guatemala.
D) Período 1990-20210
Es todo el período de imposición del neoliberalismo que se desmantelan todas las conquistas de la revolución en Nicaragua y el retroceso del movimiento de masas en general, producto de la derrota histórica de la revolución nicaragüense y en Centroamérica en general.
E) Período 2014-2023
Es un período político que se caracteriza porque asumen la presidencia de la República en los países centroamericanos partidos políticos no tradicionales, emergentes, es el caso del PAC en Costa Rica que gobernó por dos periodos consecutivos de 2014 al 2022. Sin embargo, el último gobierno del PAC se caracterizó por aplicar a fondo las políticas neoliberales mediante el combo fiscal, la ley de empleo público y otras medidas draconianas. En El Salvador, en el año 2019, asume la presidencia de la República, Nayib Bukle, con una alta votación y esperanza de las masas de mejorar sus condiciones de vida. Bukele, derrota en las elecciones a los dos partidos que se venían repartiendo el poder, ARENA y el FMLN. Esta última organización exguerrillera que se desmovilizó mediante los acuerdos antes mencionado, ganó dos veces las elecciones y gobernó en dos períodos consecutivos desde el año 2009 hasta el 2019. Con esta organización pasó algo parecido que con el PAC en Costa Rica. Pero, las masas se desencantaron con ellos. En Honduras, en el año 2022 llegó al poder Xiomara Castro del partido LIBRE conformado por gente que provienen del Partido Liberal, pero que es un partido emergente de los tradicionales el Partido Nacional y Partido Liberal.
El caso de Guatemala es excepcional. En este país se producen “… 70 años de gobiernos de derecha conservadora anticomunista y, desde el derrocamiento de (Jacobo) Árbenz y la invasión de Estados Unidos, se fue fraguando un modelo económico, político y social que llevó a una guerra, a un levantamiento armado durante 36 años y luego a un proceso de paz”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).
La situación de Guatemala es terrible. Tiene más de 4 millones de migrantes. 60% de pobreza y 26% de pobreza extrema. Altos indicadores de hambre. Su tasa de desnutrición es del 47% y se ubica entre las 10 más altas del mundo. Una profunda desigualdad con el índice de Gini que pasó de 0,483 a 0,541 del 2014 al 2019. Guatemala, es uno de los países más desiguales de América Latina. Guatemala, es la economía más grande de Centroamérica por su PIB y población. El PIB es de $86 mil millones y la población es de 17.11 millones de personas. En 2022 creció casi un 4%.
Sin embargo, con el triunfo electoral del Bernardo Arévalo en segunda ronda electoral (20 de agosto 2023) y que asume el poder en enero de 2024, se produce un giro político en Guatemala que, todo parece indicar, es parte del viraje político hacia el “progresismo” de América Latina. Sin embargo, las mafias incrustadas en las instituciones del Estado realizan todo tipo de maniobras para evitar la asunción al poder de Arévalo. Esas maniobras la ejecutan María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Fredy Orellana, juez. Estos personajes son acusados de impulsar un “golpe de estado” para evitar que asuma el poder Arévalo.
Recientemente se realizaban más de dos semanas de paro, bloqueos de carreteras y manifestaciones demandando la salida de Porras, Curruchiche y otros altos funcionarios. El desenlace de este proceso se encuentra en marcha. Se podría prolongar hasta más de la asunción al poder de Arévalo en enero de 2024.
3) Situación de El Salvador
Bukele asume el poder en junio de 2019 con el partido Nuevas Ideas. Cuenta con un amplio apoyo popular. En términos de cuatro años ha asumido el control y concentración total de los poderes de la República: poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y Electoral.
Decretó el Estado de Excepción desde el 27 de marzo de 2022, avalado por el poder Judicial y que ha servido para reprimir, no sólo a las pandillas, sino también a dirigentes sindicales y otros luchadores sociales.
Asimismo, en violación abierta a varios artículos de la Constitución Política, se postuló como candidato a la presidencia de la República para un mandato consecutivo 2024-2029. En los hechos se ha constituido en una nueva dictadura en El Salvador.
4) Situación de Honduras
La presidenta de la República es Xiomara Castro para el período 2022-2026 por el partido LIBRE (Libertad y Refundación). Esposa del depuesto, por un golpe militar en 2009, expresidente José Manuel Zelaya.
Los dos gobiernos anteriores fueron de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que gobernó por dos períodos consecutivo, mediante fraude electoral. Actualmente, se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Honduras tiene la tasa más alta de femicidios de América Latina.
Xiomara Castro, no ha cumplido con las promesas de su campaña electoral, tales como: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El aparato sigue intacto, así como la policía militar del orden público (PMOP). Tampoco se ha producido la erradicación de las zonas especiales de desarrollo (ZEDES).
Más bien, Xiomara Castro, ha aplicado medidas represivas parecidas a las de Bukele, tal como la creación del estado de excepción, supuestamente para combatir el flagelo de la extorsión de maras y pandillas. Se implementó, primero, en 161 barrios y colonias del distrito central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos más poblados. Luego, la medida se amplió a 73 municipios.
5) Emigración en Centroamérica
La expulsión de los ciudadanos es muy grande y grave, producto de la pobreza, desigualdad y las pandillas o maras. Según datos de la ONU los migrantes centroamericanos en el extranjero son:
- 000 hondureños para un 10% de la población.
- 600.000 salvadoreños para un 25,41% de la población.
- 368.431 guatemaltecos para un 7,61% de la población, pero otros consideran que son 4 millones para un total de la población del 23,4%.
- 323.197 nicaragüense para un 19,3% de su población.
- 241 costarricenses para un 2,9% de su población, la emigración más baja de Centroamérica.
Al final, la migración o expulsión de población centroamericana es de alrededor de unos 8 millones de habitantes.
6) Remesas Familiares en Centroamérica
En el año 2022 la cantidad de remesas recibidas por los países centroamericanos fueron las siguientes:
- Honduras el 28,8% del PIB
- El Salvador el 26,7% del PIB
- Nicaragua el 22,2% del PIB
- Guatemala el 20% del PIB
Esa gran cantidad son el reflejo de la expulsión de los millones de centroamericanos de sus países de origen. Reflejan la profundidad del problema.
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EL SALVADOR.- Paradigmas la caída de la burocracia y el restablecimiento de la democracia en ATRAMEC
Por Eliecer Hernandez Jaime
INTRODUCCIÓN
Es para mí un inmenso agrado presentar este documento en el cual abordo el proceso de democratización ocurrido en el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), entre los años 2015 a 2021, de modo que se parte del cambio ocurrido en la junta directiva, acto que, como bien iré explicando fue más allá de lo formal; significó el inicio de un verdadero proceso de democratización interna donde se logra deponer a la burocracia sindical que durante más de treinta años estuvo controlando el destino de esta organización. Luego se exponen los desafíos a los que tuvo que enfrentarse la nueva dirección, aquí mucho tuvieron que ver las disputas internas por el control del sindicato, las tendencias políticas amenazando el proceso democrático, los ataques de la patronal y por ultimo incorporo algunas recomendaciones a seguir. Algunos parajes son acaso un repaso de las vivencias ocurridas en este periodo que no pueden dejarse de mencionar pues son legado de lucha y conquistas, sirvan de ejemplo pues, es me paree una lección no solo para la clase trabajadora del MINEDUCYT, sino para toda la clase trabajadora en general.
Agradezco a la junta directiva del periodo 2020-2021 que me permitió tener acceso de algunos de sus documentos para la realización de este ensayo.
I. Breve reseña histórica y el vigente contexto jurídico-social entre ATRAMEC y MINEDUCYT.
El Ministerio de Educación de El Salvador, nace en junio de 1940 con la primera Reforma Educativa, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, con lo cual quedaron atrás los métodos de educación: Lancasteriano[1] y Elemental[2] que hasta entonces estaban vigente, el método lancasteriano sigue siendo utilizado se abre paso a , y se abrió paso a la modernización en lo que se refiere a la infraestructura educativa y a la institucionalidad respectiva que da como resultado un sistema educativo[3], acorde las transformaciones institucionales y económicas que emprendía el Estado en aquel entonces, era necesario ajustar el desarrollo económico con el desarrollo cultural, para permitir un óptimo desarrollo de fuerzas productivas, era necesario crear mano de obra calificada para ajustarla al desarrollo de la administración del Estado, la producción agrícola, y la creciente industria. Quiero aclarar que no debemos caer en la rechoncha falacia que a día de hoy se sigue diciendo acerca del desarrollo que logró el dictador Maximiliano Hernández Martínez, progreso y desarrollo son parte de la concepción burguesa que hace ver las estadísticas favorables de la fiscalización estatal y la eficiente productividad capitalistas como sinónimos de bienestar general, cuando nunca es así, en la época de Maximiliano Martínez hubo explotación, hambre, opresión y sangre.
Hasta el momento se han hecho tres reformas educativas, además de 1940 se hizo otra en 1968 y la última en 1995, no obstante, subsisten a día de hoy los niveles de enseñanza creados con el nacimiento de la Universidad de El Salvador, UES: educación primaria, media y superior[4], más la educación parvularia no contemplada formalmente al inicio.
ATRAMEC fue creado en 1979, pero fue hasta noviembre de 2009[5] cuando logra obtener la personalidad jurídica como sindicato de empleados públicos.
Es importante saber que el ATRAMEC, contemporáneo tuvo un cambio sustancial a partir del 2015, con el cambio de Junta Directiva Nacional, después de un periodo de tiempo de más de tres décadas en manos de una burocracia sindical[6]. También es bueno traer a colación que para ese momento el Gobierno, que estaba bajo la administración Cerén-FMLN, con quién en ese mismo año se estableció la negociación de un aumento del 20 % que debía darse de la siguiente manera: 5 % en 2015, 8% en 2016 y finalmente 7% en 2017. Sucede que cuando se obtuvo esté acuerdo, la negociación fue ejecutada por el ex secretario general Carlos Henríquez, seudosindicalista pro partido gobernante, en el año 2016 el Gobierno se echó para atrás y no dio muestras de cumplir lo negociado, el aumento no fue reflejado en el presupuesto de Educación y la mesa negociadora de las autoridades con representantes sindicales se había transformado en una instancia de dilatación, por lo que fue necesario recurrir a la lucha, una semana de cierre en Plan Maestro dio como triunfo un aumento al salario base de $60 dólares, pese a que una semana antes la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó al Gobierno ponerle frenos a los escalafones de Educación y en Salud donde los y las trabajadores no corrieron con la misma suerte.
ATRAMEC junto a las demás organizaciones pertenecientes a la Íntergremial[7] de Educación en el 2016, sufrieron la agresión de un grupo de choque afín al partido gobernante de ese entonces, La intergremial de Educación, entonces compuesta por ATRAMEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales, inició protestas el día lunes 30 de enero a raíz de flagrantes violaciones a la libertad sindical por la entonces directora de la Departamental de Educación en La Paz, culminando el día 4 de febrero con el desalojo violento perpetrado por una turba de activistas del partido gobernante, apoyados por la PNC y PDDHH.
Estos son algunos de los episodios más destacados en este periodo de consolidación del proceso democrático, reforzado por episodios de la lucha y defensa de la principal organización sindical de empleados administrativos de la cartera de Educación.
Con el cambio de administración, se quedaron por costumbre aquellas negociaciones colectivas favorables al sindicato, uno de ellos es los permisos del 60% del tiempo para miembros de Junta Directiva Nacional con el propósito que puedan dedicarlo a actividades sindicales y un 40% para miembros dirigentes seccionales. Este es un derecho consuetudinario conquistado durante la gestión presidencial anterior y como tal ha tenido que negociarse con la administración Bukele-NI-GANA, tanto en Plan Maestro como en todos los departamentos por cada seccional.
Es primordial que se conserve de cara al futuro la tradición de la acción de vigilancia realizada durante estos años, ya que no se deben admitir la reducción de las prestaciones, ni creer en las invocaciones presupuestarias de las autoridades a través de políticas austeras en menoscabo de los empleados públicos de Educación. La Cartera de Educación debe tener un presupuesto de cara al progreso educativo del país, lo cual implica enfoques para el personal, así como en infraestructuras, es necesario oponerse siempre a todas aquellas destinaciones que lleven a engordar la burocracia con sobresueldos y prevendas. Observemos que el presupuesto presentó crecimientos graduales en los años 2018, 2019 y 2020, parte del presupuesto 2021 reflejó las prestaciones salariales conquistadas por el gremio de docentes y sector administrativo, defender dichas conquistas es también defender una función social del Estado[8]. Del presupuesto 2021 se destinaron recursos para cubrir el 100% del escalafón Docente y Administrativo; contratación de 80 docentes de los Centros de Desarrollo Infantil del ISNA; fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia; Programa de Inversión para la reducción de brecha digital en Centros Escolares, que comprende la dotación de computadoras a alumnos de todo el sistema educativo, y mejoramiento de escuelas en todo el territorio nacional, esto no debe apreciarse como una regalía por parte del Ejecutivo, sino como frutos de los arduos trabajos organizativos unitarios llevados a cabo por la Intergremial de Educación en todo este tiempo. Es una tarea sindical el estar año con año vigilante de las propuestas presupuestarias y de participar en su discusión dentro de las esferas públicas.
Presupuestos en los últimos tres años para el MINEDUCYT:
2019 $ 997. 16 millones (3.71 % PIB) |
2020 $ 1,039. 74 millones (3.75 % PIB) |
2021 $1,320.4 millones (5 % PIB) |
II. El cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales en el MINEDUCYT
Para entender cuál debe ser el cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales dentro del MINEDUCYT, debe individualizarse el caso concreto, ya sea cuando se trate de un Empleado que ocupe una plaza administrativa-tecnica, servicios profesionales o docentes. En el primer caso como a todas las plazas sujetas a Ley de Salarios es la Ley del Servicio Civil, la que regula las relaciones laborales, en el caso de los docentes les es aplicable una normativa especial como lo es la Ley de la Carrera Docente, pero además existen otras que en materia laboral pueden ser aplicadas. Siguiendo la jerarquía normativa[9] aplicable de manera genérica, podemos basarnos según el siguiente orden no taxativo.
o Constitución de la República.
o Convenios 87, 135, 151.
o Ley de Servicio Civil.
o Ley de Salarios.
o Reglamento del Escalafón.
o Código de Trabajo (por contrato individual de trabajo).
o Disposiciones Generales del Presupuesto.
o Ley General de Educación.
Como ya se dijo anteriormente, dentro de Educación, es el Escalafón Administrativo, quien desarrolla la carrera administrativa conteniendo además la estructura salarial acorde a los niveles, grados y segmentos; y estructurados según niveles de clasificación.
II.I Caracterización contractual.
A día de hoy la Educación en El Salvador, sigue siendo una cobertura social del Estado, quien para poder llevarlo a cabo, requiere de la contratación de personas naturales a través de la Administración Pública, dando como resultado el florecimiento de relaciones laborales entre el MINEDUCYT y el personal contratado en Educación. Para tales fines se han creado regímenes de contratación previamente determinados por Ley de Salarios y por el Reglamento del Escalafón, este último establece la Carrera Administrativa dentro de la rama de Educación.
Al acaecer los elementos de la relación laboral: subordinación, remuneración y prestación de servicios, surgen derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos: MINEDUCYT y las personas naturales contratadas o vinculadas por diferentes regímenes de contratación que, son de cinco tipos en los cuales valga la redundancia no todos parten de un nombramiento establecido por Ley de Salarios.
Las formas de contratación deben hacerse según lo establece el art.25 del Reglamento de NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), de este modo se contrata a través del Fondo General de la Nación, posteriormente se basará por la nómina de contratos del Sistema de Ley de Salarios y Contratos, administrados por la Dirección encargada de la administración del recurso humano, para el ingreso a la carrera administrativa es obligación que la nómina haya sido presentada después de prueba de idoneidad efectuada por la Comisión de Servicio Civil según lo exige el art. 12 literal d y art. 20 Ley de Servicio Civil. Finalmente deberá convenirse según los regímenes contractuales establecidos de manera específica por el art. 31 del Reglamento del Escalafón. Es preciso advertir que el listado de la remuneración mensual según la categoría salarial debe ser de conocimiento público de conformidad al art. 10 número 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los regímenes contractuales en el MINEDUCYT son los siguientes:
- Plazas de trabajo establecidas por Ley de Salarios.
Aunque si bien, todos los pertenecientes a estos regímenes forman parte del Escalafón administrativo, solo quienes pertenecen a este gozan de estabilidad laboral para formar parte de la Carrera Administrativa establecida en el art. 219 CN y cuyas relaciones de trabajo las regula por excelencia la Ley de Servicio Civil.
- Contratos personales permanentes.
Para el caso de los contratos personales, son quienes son contratados mediante un contrato individual de trabajo conforme al art. 2 CT y por ende las relacione laborales deben de regularse conforme a las disposiciones del Código de Trabajo el cual regula las relaciones laborales del sector privado.
- Servicios profesionales.
De conformidad al art. 83 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el MINEDUCYT está facultado para realizar contratos administrativos por servicios profesionales o técnicos, para determinado proyecto o actividad administrativa o educativa. Siempre y cuando el tipo de función no sea de carácter permanente o que sea similar a una determinada por Ley de Salarios.
- Planilla de jornal.
Es necesario saber que la doctrina laboral existen principalmente tres tipos de contrato individual de trabajo: indefinido, fijo y obra o labor. Posteriormente vienen los regímenes salariales donde aparecen aquellos por destajo o también llamados jornales, Dicho lo anterior, cuando nos refiramos a Planilla de Jornal debemos deducir que ineludiblemente existe un contrato a plazo de acuerdo al art. 26 CT donde la forma de pago pactadas es según el art. 126 literal e, puesto que existe un proyecto u obra determinada.
- Contracción por CDE.
Para efectos de contratación, los Consejos Directivos Escolares, deben entenderse como patronato, como tales son definidos en el art. 67 de la Ley General de Educación como un ente colegiado, gestor y administrador de los servicios educativos. Los CDE son integrados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: El director de la escuela (Presidente y representante legal), tres padres de familia (uno es el tesorero), dos maestros (uno es el secretario) y dos alumnos. Los miembros son elegidos, por votación secreta, en asambleas generales de padres de familia, maestros y alumnos respectivamente para un periodo de dos años, excepto el director a quien la Ley de la Carrera Docente le otorga el cargo de presidente y permanece en el mismo mientras dure su encargo. Es necesario saber que la vía de contratación es mediante CDE pero el tipo de contrato es diversificado y con anomalías contractuales. El gremio de trabajadores CDE en 2016 inició la reivindicación para que este sector pase a Ley de Salarios. Muchos afiliados de ATRAMEC están vinculados laboralmente mediante este tipo de contratación.
Habiendo visto los regímenes contractuales antes desarrollados, es importante observar los contratos través de los CDE pues allí se generan anomalías contractuales, al estar fuera de la carrera administrativa el vínculo de relaciones laborales, el contrato individual de trabajo ha de ser regulado por el CT, justo es aquí cuando pueda darse una violación laboral en contra de la persona trabajadora, al haber sido negado al derecho de permanencia en el cargo, aun cuando la naturaleza del trabajo es de carácter permanente no obstante le es impuesto plazo, por si fuera poco se reportan casos donde se desnaturaliza el vínculo laboral mediante un Contrato Civil como Servicios Profesionales, cuando en realidad en dicho contrato tienen que ser aplicables las disposiciones contenidas por el CT y otras leyes de la legislación laboral vigente. Situación que probablemente puede presentarse en otros regímenes contractuales por lo que se recomienda que se organice, proyecte y gestione desde ATRAMEC un Procedimiento de Supervisión de Contratos. Además que, muchas de las disyuntivas colectivas ya mencionadas o por mencionar podrían solucionarse mediante la constitución de un Convenio Colectivo de Trabajo, aunque ahora parezca romántico, la lucha unitaria puede hacerlo posible si se proyecta.
III. - Instrumentos auxiliares del sindicato
El Derecho a la libertad de asociación sindical y profesional, es un derecho colectivo de trabajo que faculta la constitución de organizaciones sindicales, para de empleados públicos en el MINEDUCYT, sean docentes o administrativos gozan de los mismos derechos colectivos.
La negociación colectiva es una de las extensiones del ejercicio de la Libertad Sindical, como tal goza de reconocimiento constitucional (art. 47 CN), además existen convecciones y legislación secundaria que faculta a las organizaciones sindicales a tener autonomía y legitimidad para negociar con la patronal, en todos aquellos asuntos intrínsecos de las relaciones laborales.
ATRAMEC aguerrió y resistió con heroísmo los embates patronalistas y políticas neoliberales de la Gestión Cerén-FMLN, aunque sufrió sin embargo eso le proveyó cuadros gremialistas formados al calor de la acción colectiva del sindicato, pero lastimosamente no tuvieron la habilidad de continuar bajo la misma consonancia organizacional, para el periodo 2020-2021 quedaban solamente dos cuadros sobrevivientes de aquel heroico grupo que derrocó a la burocracia sindical, al respecto existen dos aspectos a considerar, uno favorable y otro adverso, pues mientras que por un lado se refrescó democráticamente la dirección, no obstante se carece de proyección clara que permita la estabilidad de cuadros sindicalistas, perdiendo con ello consistencia en la dinámica de negociación colectiva que es de carácter permanente.
III.I los medios de comunicación como herramientas de formación.
Los errores del pasado deben ser la oportunidad de sanear debilidades inmediatas para garantizar un mejor futuro, por ello para enrumbar aspectos meramente de estructura organizacional, es necesario establecer procesos formativos de cara a tecnificar tanto al dirigente como al sindicato mismo, para ello asegurar que la Escuela Sindical responda a los fines estrictamente gremialistas, esto no debe verse como virada a la mezquindad y/o aislamiento sectario, sino como parte de las tácticas que amorticen una función primordial como lo es la capacitación y formación de cuadros en aquellos temas de interés general y específico, pues una escuela sindical no debe ir en contrasentido a las necesidades de la organización. La escuela debe circunscribirse como la entidad somática que auxilie a las secretarias de Comunicaciones y; Educación y Cultura, de manera que robustezca las intervenciones necesarias dentro de la coyuntura o situación programática. Las temáticas a tratar deben ser heterogéneas y multidisciplinarias siempre y cuando resulten útiles y pertinentes a los propósitos de la organización sindical y de la cartera de Educación.
También es recomendable dadas las situaciones sanitarias que nos ha dejado la pandemia causada por el COVID-19, que escapa a nuestra voluntad, y aprovechando la factibilidad de medios electrónicos y redes sociales, desde la Escuela sindical debe arrogarse la creación de un Canal en YOUTUBE, FAN PAGE o PODCAST donde se logren publicar pródigamente capsulas, entrevistas, ponencias, etc, de manera que la no presencia física no impida el cuidado de formación y educación del afiliado y dirigente.
Además de la Escuela Sindical, es necesario la creación y ejecución de un proyecto de socorro jurídico, para lo cual el punto de partida puede ser mediante el servicio de Horas Sociales de estudiantes de la Carrea de Ciencias Jurídicas sin importar la universidad de proveniencia, pues debe haber apertura para estudiantes interesados en apoyar y formarse en el campo practico del Derechos Laboral.
IV.- Propuesta de plataforma reivindicativa.
Para efectos de orden a continuación se presenta la diferenciación de aquellas reivindicaciones o defensas gremialistas de aquellas en donde se involucra toda la clase trabajadora salvadoreña, para lo cual se dividirá en Problemáticas generales y Problemáticas Especificas, sobre esto último es de entender que en muchos aspectos puede ser amplio sin embargo limitado al gremio de Educación. Sin lugar a dudas surjan más, pero aquí enumeramos las que son contemporáneamente más prominentes.
IV.I Problemáticas generales.
Para poner el tema económico sobre la mesa es necesario extraer algunos sucesos que anteceden.
Las gestiones del FMLN arrancaron en plena cris capitalista mundial, durante sus diez añosde Gobierno, no pudieron elevar el crecimiento económico significativamente arriba del 2% anual, lo que le fue objeto de críticas de parte de su principal oposición parlamentaria de ese entonces, Bukele al asumir su mandato, además del bajo crecimiento económico y crisis fiscal se encontró con la Pandemia del sarscov-2, en su gestión pese a insistir discursivamente de manera positiva sobre la economía país, lo cierto es que de acuerdo a El Banco Central de Reserva (BCR), confirmó que El Salvador cayó en recesión económica al sufrir una contracción de -10.2 % en el tercer trimestre del 2020 debido a la pandemia del covid-19. El BCR confirmó que El Salvador cayó un -10.2 % en el tercer trimestre por causas del covid-19. Mientras que para 2021 se esperaba que el país tenga un incremento, pasando del -8,9% al 4.50%, según datos proporcionados por el FMI.
Según publicó la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), mdel Ministerio de Economía, la Canasta Básica Alimentaria superó en 2020 el costo más elevado de los últimos 19 años. El estancamiento económico nutre el endeudamiento del Estado por un lado y carga de la crisis sobre la clase trabajadora por otro. El actual Gobierno, pese a haber sostenido un discurso radicalmente volcado contra el FMLN y ARENA, es continuador de los seis Gobiernos neoliberales de la posguerra, pues no pretende incrementar los impuestos a los capitalistas (salvo aquellos que representen su oposición política), sino reducir los beneficios y conquistas sociales que los trabajadores han logrado tras años de lucha. Una de estas conquistas es el Escalafón, que se aplica a los trabajadores públicos, especialmente en salud y educación.
IV.II Otros indicadores.
Desempleo: cada año se necesitan al menos 55,000 puestos de trabajo formal, pero este año se necesita generar 39,000 más, debido a todos los empleos perdidos tras el cierre de más de 3,500 empresas.
“Esto significó que la masa total de salarios de los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se contrajo en $205 millones acumulado a octubre, comparado con el año anterior. En el sector privado se perdieron $305’’, de acuerdo a Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en el informe de coyuntura económica del último trimestre de 2020.
Según dicho informe, la mayor pérdida de empleos fue en “comercio, restaurantes y hoteles” con 16,382 plazas menos, seguido de la industria (-9,964), profesionales y técnicos (-7,095), servicios (-6,367), y construcción (-3,962)
Inversión Extranjera Directa (IED): al tercer trimestre de 2020 fue $232.6 millones, disminuyendo -38.5% comparado con 2019; lo que ubica a El Salvador en el cuarto lugar en Centroamérica, superando únicamente a Nicaragua ($155.9 millones).
IV.III Pensiones.
La lucha por las pensiones es una lucha dirigida contra el empresariado lucrado con la administración de las cotizaciones de trabajadores tanto del sector público como privado, y expuesto a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, la presión hacia los diputados requiere de movilización ineludiblemente. Esta es una reivindicación general que requiere necesariamente coordinación con todas las organizaciones sindicales del país, al respecto es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Primero se debe fijar con claridad qué tipo de reforma necesitamos, al respecto es pertinente saberla recomendación es que debe derogarse el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), pues es un sistema acorde al modelo neoliberal el cual da vida a las aseguradoras de pensiones y que es necesario derogar mediante la vuelta a un clásico sistema de reparto basado en la solidaridad, cualquier reforma que maquilla al SAP es por sí misma un parche al enorme problema. La lucha tiene que girar en torno al fortalecimiento del INPEP, ISSS, y otros institutos previsionales especiales. Pues la previsión y seguridad social es tema de interés general, para eso se tienen que establecer puntos de acuerdos en torno a actividades y pretensiones claras, pues nada debe quedarse dentro de las argollas dirigentes, cualquier propuesta tiene que ser planteada, discutida y aprobada por las partes integrantes de la unidad programática.
IV.IV Empleos y salarios dignos
El 12 de marzo de 2007 una sentencia de la CSJ reconoció al Salario Mínimo como un derecho humano. La clase trabajadora salvadoreña tiene el segundo salario mínimo más bajo de América central, solo superado por Nicaragua, sobre todo muy por debajo de Costa Rica quien tiene el mejor salario mínimo de C.A donde el salario es un poco menos desalmado: US $ 500.
Volviendo a El Salvador el último donde aumento se realizó en 2016 entrando en vigor el 1 de enero de 2017. Desde entonces, el salario mínimo para comercio y servicios es de $300 al mes, $295 para maquila y textil y $249 para el sector agrícola. Las tarifas del salario mínimo son fijadas por el Consejo Nacional del Salario Mínimo y como tal está facultado a evaluar un posible aumento el cual puede ser revisado cada tres años de conformidad a los art. 155 y 159 CT, como vemos, estamos ante el tiempo apropiado para una revisión pero como obstáculo tenemos un ambiente marcado por la pandemia, no obstante previo a la excusas del empresariado no se debe dejar de tomar en cuenta que el incremento actualmente no se apega al costo de vida.
Como ya dijimos la decisión de aumento recae en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien siempre toma en consideración aspectos económicos que correspondan fundamentalmente al interés del Capital. Si bien la canasta alimenticia en El Salvador es la más baja del ITSMO con US$199.73 al mes para una familia de cuatro miembros, sin embargo no debe dejarse de observar que en 2014 era de US$192.58 al mes, evidentemente hay un gradual crecimiento que aunque es moderado no deja de ser cada año un incremento al fin, que ronda los US$7.15.
A la reapertura económica pos cuarentenas en El Salvador le sobrevinieron aspectos negativos para la clase trabajadora, como lo son: suspensiones contractuales, pérdidas de empleos, etc, que vinieron a sofocar aún más las paupérrimas condiciones de empleo que proporciona la empresa privada, quien desde hace un tiempo viene configurando ipso facto modelos nocivos en cuanto a las condiciones contractuales, como lo son la Flexibilidad Laboral y la Tercerización del empleo, las organizaciones sindicales que intervienen en las relaciones donde existe un contrato individual de trabajo tienen una deuda histórica y muchos tareas por cumplir afín de erradicar tales maniobras capitalistas. La mayor dinámica en la economía local no está pujada por los sectores primarios y secundarios sino por el terciario donde según la OIT los Servicios Generales representan el 60% del mercado laboral, este viraje paradigmático dio como consecuencia que las contrataciones de manera consuetuda se efectúen por empresas que contratan por vía OUTSOURSING. Lo cual significa EL detrimento de empleos dignos, carece la estabilidad laboral y priman condiciones de empleos muy malas donde existen posibilidades de sindicalización. A ello es necesario proponer una Ley que regule erradique la tercerización y flexibilidad y regule adecuadamente las subcontrataciones.
IV.V Ley de la función pública o reformas a Ley de servicio civil.
Una medida neoliberal que logró ser detenida de la gestión anterior fue la Ley de la Función Pública, cuyo contenido violentaba amplios derechos laborales, que dejaba en derogación tácita a la Ley de Servicio Civil. Pero el peligro sigue estando latente.
El ultimo anteproyecto de ley inicialmente inquiere el establecimiento de las bases para la carrea administrativa, el inconveniente no es esto, sino en cómo lo pretende hacer, sobresale la exigencia de la calidad del talento humano de quien labore para el Estado, he aquí un punto de controversia y es que la misma exige un nivel de educación técnica y profesional, lo desfavorable es que no se plantea la apertura de mecanismos para los empleados que no lo son se puedan formar, lo cual hace temer que se den despidos por ese motivo.
Aparte de esto, ajusta la regulación para obligar a que las contrataciones de personal en las instituciones públicas se basen en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente, siguiendo lo que la misma ley expone, y el tamiz para llevarlo a cabo son dos instituciones de Derecho Público: el Tribunal de Servicio Público y las Unidades de Administración del Talento Humano. Al primero le compete ser la autoridad para dirimir conflictos laborales entre otros, y el segundo la contratación y promoción de personal.
En el anteproyecto no aparece nuevamente las garantías que permitan la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables en el Tribunal, y más aun reafirma que los tres poderes del estado nombraran a los integrantes de dicho Tribunal, cuando deberían ser los empleados públicos quienes nombrar y elegir directamente a sus representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes, no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los intereses de los trabajadores.
Solo de esta manera se podrá hacer posible la independencia de clase de los sindicatos respecto a los gobiernos y de las injerencias política partidarias de la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de Ley de la Función Pública no contempla la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran laborando temporalmente. Por el contrario establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral. En su lugar los sindicatos en resistencia a la ley deben continuar oponiéndole la propuesta de una reforma a la Ley del Servicio Civil vigente desde 1960, la cual quedaría en derogación tacita al aprobarse y promulgarse la Ley de Servicio Público.
IV.V.I Características de una reforma neoliberal
Bukele y los seis Gobiernos neoliberales que le anteceden tienen en común el apegarse fielmente a las agendas de remoción del Estado en armonía al modelo Neoliberal. Toda reforma neoliberal tiene la peculiaridad que, hace primar el predominio de lo privado sobre lo público, en esta medida hace posible la reducción del aparato estatal ósea de la administración pública, así como, el desarrollo de una política de privatizaciones de la empresa pública, lo que readecua las proyecciones de desarrollo centralizado, direccionándose en la Administración Pública, en sus estructuras, funciones, procesos y recursos, y fijando objetivos de racionalidad, productividad y eficiencia pero a coste del sacrificio de los empleados públicos quienes echan andar toda la actividad del Estado.
Esta propuesta presentada con diferentes nombres conserva en todas sin embargo las características inherentes de toda reforma neoliberal dentro de la administración pública, al inyectar los valores empresariales: competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Para ello se usan programas y acciones parte de un proceso permanente de planificación administrativa, como por ejemplo lo fue el Plan de Desarrollo Económico y Social durante la gestión anterior. Esto lleva a la reducción del aparato estatal bajo el supuesto que se logrará mayor eficiencia, el Estado vive bajo el influjo político contante de hacer menguar su lado social, sin tocar no obstante el monopolio de la amenaza y violencia, así se impone el mercado donde principian los intereses de clase. La apología del eficientísimo y la introducción en el servicio público de los criterios y prácticas empresariales, personifican las partes integrantes que implican racionalizar al máximo los recursos humanos y económicos del aparato estatal. Por tal razón no puede dejarse de menoscabar que la defensa de derechos y de las instituciones públicas encierra necesariamente el planteamiento de proponer reformas alternas al neoliberalismo.
La Propuesta de ley en mención desde el inicio ha sido vociferada por sus propulsores, mediante la elucidación que los servidores públicos en la actualidad son están contaminados de ineficiencias, son poco profesionales e incapaces, por lo que la esta reforma envuelve la readecuación de las relaciones laborales en el ámbito público, obstruyendo la contratación permanente de nuevos servidores públicos bajo el régimen de la carrera administrativa, debido a que por encima de todo permitirá una reducción gradual del aparato estatal para reducir gastos, en este caso es importante destacar que los espacios dejados por los trabajadores indebidamente cesados han de alguna manera ser substituidos por otros, aquí es donde preocupa que los nuevos contratados estén fuera de Carrera Administrativa, ya que si para tal fin se crean asocios públicos privados facultados de forma hábil para contratar ello daría como resultado la flexibilización y tercerización de ciertas funciones; permitiendo que sea posible un modelo mixto de contratación.
De esta manera, se vislumbra en la Clasificación de Servidores Públicos (art.12), el Personal Temporal , con un contrato seis meses y con una sola prorroga más de contrato, pierde su propia condición de trabajador, pues, esta clasificación hace del contrato temporal algo de naturaleza civil y no laboral, por tanto, no tiene reconocido un derecho que como trabajadores deben tener como lo es la estabilidad laboral. Los sindicatos opuestos a la reforma han propuesto que en lugar de la aprobación de esta ley, se reforme la Ley del Servicio Civil, sin embargo a dia de hoy no existe una coordinación unificada, donde se discuta ampliamente este tema y tenga una propuesta común hecha por las organizaciones aglutinadas en ella; toda ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores públicos debe pasar por la aprobación de los mismos, por lo cual el actual anteproyecto de Ley de Servidores públicos debe ser sometido a votación de los trabajadores públicos. Esta propuesta de Ley ha perdido fuerza durante la actual gestión pero no debe dejarse de fiar en este mutismo.
IV.VI Problemáticas específicas.
Los asuntos intrínsecos del sindicato no precisamente significan marchar separadamente de la unidad sindical con la que se esté relacionado y mucho menos con la organizaciones con quienes se tiene vínculos por la intergremial de Educación, aunque existen aspectos específicos no obstante impere es importante contar con las muestras d solidaridad y acompañamiento de organizaciones cercanas.
IV.VII Reforma de estatutos.
Sí revisamos los ESTATUTOS y los retratamos con la realidad, tropezaremos con lo descontextualizadas que están las secretarías, se nos presenta la necesidad de dotarle al sindicato organismos que cumplan los objetivos y fines del mismo.
En esta línea de consideraciones se enlista como primera recomendación incorporar una atribución más para Junta Directiva, la cual consiste en: dar orientación al funcionamiento y contenido de todos los medios de difusión del sindicato, pues no puede operar la Secretaría de Prensa y Propaganda de manera separada de la dirección general, sino más bien debe extender en su campo de acción lo emanado desde la Dirección, a su vez debe elevar toda correspondencia intrínseca y extrínseca y no reservársela ni operar por su propia cuenta.
IV.VIII Reforma educativa
Es necesario enumerar los siguientes puntos en comuna seguir con las demás organizaciones que componen la intergremial de Educación, tomando en cuenta que en algunos casos la participación de ATRAMEC es únicamente de acompañamiento, pero sin dudas amplias reformas tendrán como consecuencias modificaciones a nivel contractual en favor general abarcando también al sector CDE.
La reforma inicia con una reforma a la Ley General de Educación en su art. () y () de la Ley de la Carrera Docente, para la modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en las normativas y estatutos que regulan la revisión del escalafón laboral. Ello arroja cambios impulsados en la estructura salarial del sector, al mismo tiempo que la incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los docentes. Las políticas curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación del desempeño docente, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en tanto redefinen y desconcentran la arena de negociación entre sindicatos, empleados administrativos, docentes y Estado. Los fundamentos curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación educativa, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarles como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar, por tanto es importante apoyar al magisterio nacional en la búsqueda de soluciones a la cultura neoliberal inserta en el sistema educativo, pues un docente enseñando también es un obrero trabajando.
IV.IX Reforma al escalafón
Los actos de corrupción corroen la gestión del gasto social del Presupuesto General de la Nación, situación que empeora cuando se desestima la capacidad de recaudación tributaria a la hora de aprobarlo, pues el déficit fiscal tiene incidencias en él, por lo que la asimetría Presupuesto General más la poca recaudación puede llevar a empeorar la crisis fiscal, pero los trabajadores no son los culpables de esta tales situaciones, la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo quien tiene que plantear políticas públicas de recaudación fiscal que no necesariamente favorezcan al empresariado local quien debe pagar impuestos conforme a sus ganancias, estas circunstancias empeoran cuando por un lado de manera concreta no existen políticas económicas de inversión, y hay poca transparencia en el manejo de fondos públicos que es una constante común del sistema. Por lo que jamás los empleados públicos deben aceptar recortes salariales ni escalafonarios. El actual Gobierno hereda la crisis fiscal dejada por sus antecesores, al afrontarla debemos exigirle que adopte medidas que protejan a los trabajadores públicos del creciente deterioro de los niveles de vida, sin importar el tinte del Gobierno de turno los sindicatos deben continuar luchando por la defensa de su escalafón y no permitir imposiciones inconsultas como lo realizado en la gestión Cerén-FMLN en Salud.
Toda reforma a plantearse debe ir en sentido progresivo, en cuanto al escalafón del MINEDUCYT, el Escalafón a doce años de su promulgación requiere ser revisado afín de modificar aquellos artículos que no concuerdan con la realidad, la primera reforma a plantear es en el art. 1 donde debe incorporarse a los CDE, al formar parte de la Ley de Salarios, también formarán parte automáticamente de la Cerrera Administrativa.
La forma que utiliza el MINEDUCYT para la valoración de los puestos de trabajo es la Valoración por Puntos, un método cuantitativo el cual se basa en características del puesto de trabajo que para estos casos son los factores, y la intensidad de ellos son llamados. Este método es el mejor evaluado por la OIT al considerarlo el mejor apropiado para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Los factores en el Reglamento son los determinados por el art. 13: La responsabilidad; La solución de Problemas, La competencia, el factor que no aparece determinado pero que se encuentra tácito y el cual es base para la determinación de grados es el de Trayectoria. A estos es necesario agregar un factor más como lo es el de PELIGRO, pues la evaluación debe estar acorde a la Seguridad e Higiene en los puestos de trabajo, máximo cuando ya se tiene la experiencia de la pandemia. El sistema de clasificación figura como el proceso de clasificación de puestos que dan pie al establecimiento de la estructura base de la gestión de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y resultados de cada uno de los recursos del MINEDUCYT, aquí es necesario modificar en lo referente a los grados, se deben reformar los art. 28 y 29, pues la estructura tiene que elevarse de grado once al quince y el incremento tiene que ser del 8% cada tres años.
IV.X CDE a Ley de salarios.
Desde que implementaron los Consejos Directivos Escolares y los Consejos Directivos (CDE) y los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE), como forma de contratación le acontecieron mixturas de violaciones a los derechos laborales contra trabajadores contratados por dichos organismos. Con la implementación de dichos organismos so pretexto de la descentralización o modernización, el ministerio se deslindó de la obligación de cumplir con la ley y los derechos establecidos para los trabajadores de ese sector y trasladarle a los CDE la responsabilidad.
A este punto se debe saber que las autoridades del Ministerio de Educación son quienes formulan el presupuesto de esta cartera de Estado y quienes asignan los fondos a las Departamentales y a los Centros Escolares, así también, son ellos quienes les transfieren lo fondos para el funcionamiento y el pago de salarios.
Históricamente a este sector de trabajadores han sido los gobiernos anteriores, quienes en concreto les han violentado sus derechos. Los trabajadores desde el 2014 organizadamente vienen exigiendo el cumplimiento al pago del salario mínimo, prestaciones de ley y la absorción a Ley de salarios.
Para 2021 debido a que la lucha coincidió con la campaña de las elecciones municipales y legislativas, los Diputados aprovecharon para mostrase ante los trabajadores como redentores, emitiendo recomendables para que la Ministro de Educación y Ministro de Hacienda, realicen Reforma a la Ley de Salarios en el Ramo de Educación.
Por su parte las autoridades del MINEDUCYT, a sabiendas de la maniobra han mostrado estar a favor de dichos recomendables y del proceso de absorción pero amarrado a una mayor asignación presupuestaria.
Los Diputados a pesar de haber sabido que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto, les dijeron a las autoridades que presenten la iniciativa de Reforma a la Ley de Salarios donde se pretende crear las plazas para los trabajadores contratados por medio de los CDE.
No existe discusión respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto educativo que permita el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y donde todas las persona que trabajan en Educación gocen plenamente de los derechos laborales.
La absorción de los trabajadores contratados por los CDE no debe estar amarrado a mayor presupuesto debido a que los salarios de dichos trabajadores son pagados con fondos que ya están presupuestado y que se asignan a los presupuestos escolares de cada centro, lo cual es contemplado en el Presupuesto General de la Nación.
Las autoridades del Ministerio tramposamente han argumentado no tener datos pretendiendo hacer otro censo por tercera vez a nivel nacional, implica el atraso de al menos 6 meses en elaborarlo, ello dilata la lucha y la incorporación a Ley de Salarios.
A pesar que los fondos fueron asignados en el presupuesto la mayoría de trabajadores contratados por los CDE no recibieron sus salarios por más de cinco meses durante la pandemia por el COVID-19, debido a que los CDE estaban en acefalia, ya sea porque no habían elegido a sus nuevos representantes o porque había vencido el periodo de los Directores.
Lo anterior solo demuestra la incapacidad o desinterés por parte de los directores departamentales y de otros mandos. Fueron los sindicatos del Ministerio quienes alertaron y denunciaron por la situación por la que estaban pasando dichos trabajadores. Ni a este ni a los anteriores gobiernos les ha interesado el problema.
A los trabajadores contratados por los CDE se les paga con fondos del presupuesto escolar, desarrollan trabajo de carácter permanente, tienen un jefe, cumplen con un horario diario, sus actividades son de vital importancia para que los centros escolares funciones, no son plazas nuevas, cumplen con las condiciones para ser incorporados a Ley de Salarios y por ende a la; todos los trabajadores de los CDE deben ser trasladados al sistema de ley de salarios.
La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”. Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones". La anterior fue aprobó el día 15 de octubre 2020 con 66 votos de los 84 Diputados.
La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP) y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de salarios que han sufrido los trabajadores contratados por CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales prorrogaron la validez de las actuaciones de los CDE hasta el 31 de diciembre del 2020.
Dado que la Constitución de la República en el Articulo 133 da la exclusividad de iniciativa de Ley a “… Diputados, Presidente de la República por medio de sus Ministros, Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial,…Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales,…” las organizaciones sindicales, que buscan la aprobación de una Ley o modificaciones de las mismas; necesariamente están obligados a requerir de la ‘’ayuda’’ de los diputados de los diferentes partidos que integran la Asamblea Legislativa, que para el periodo 2021-2023 estará dominada por el oficialismo.
Al respecto los trabajadores de los CDE deben estar claros que independientemente de la filiación política que cada uno como ciudadano tiene derecho, la falta de pago de sus salarios les afectaba por igual. Por lo cual es necesario anteponer el interés de la clase trabajadora a los intereses de las cúpulas partidarias.
V. -Prospectivas de cara a la intervención de conflictos.
Llegado el momento en el que la persona trabajadora ha sido violentada en alguno de sus derechos laborales, seguridad social o aunque no tengan matiz laboral pero se hayan suscitado en el centro de trabajo, la organización sindical debe aplicar un protocolo de atención con el propósito de intervenir con brevedad en la solución del conflicto, para tal fin a continuación se propone una guía de atención según sea el asunto por tratar. Para lo cual se usaran los criterios siguientes:
a) Cuando sean de carácter individual. b) Cuando sean de carácter colectivo. c) Acosos. d) Derechos de seguridad social. e) Problema entre compañeros de trabajo. |
V.I Cuando sean de carácter individual.
Todas las personas contratadas en el MINEDYCYT independientemente del vínculo contractual en que se encuentren, tienen Derechos tales como el salario, asueto, aguinaldo, entre otros y a no recibir discriminación por los representantes de la patronal. Cuando el acceso y disfrute de esos Derechos es objeto de restricción o condición en parte o en todo, estamos en la presencia de un conflicto individual de trabajo que deberá ser atendido por la Secretaría de Actas y Conflictos de ATRAMEC tomando en consideración como punto de partida lo siguiente:
- según las personas involucradas
Aquí es donde se debe levantar un acta incorporando los sujetos de la desavenencia, es decir el o las personas afectadas y el jefe o responsable de la unidad, puestos de trabajo, lugar, hora.
Agrupar o separa a todas aquellas involucradas con la misma raíz de conflicto.
- Según el agravio causado.
Al calificar el agravio también es necesario evaluar la instancia donde dirigirse en caso no haya posibilidad de solución pacifica de manera extrajudicial. Conviene corroborar el régimen contractual en el que se encuentra la persona trabajadora, para posteriormente determinar conforme a los hechos en concordancia con el equipo técnico en materia jurídica la dimensión del daño.
- Plan de intervención.
Se debe proponer a la Junta Directiva una salida dirimida en instancia administrativa o judicial cuando no haya podido ser resuelta por la vía de negociación directa, hecho esto se delegará a responsables a intervenir en representación de la persona empleada.
V.II Cuando se susciten por un conflicto colectivo.
Antes de todo vamos a recalcar que debe evitarse caer en la confusión con los conflictos pluri-individuales que aunque involucren a muchas personas, sin embargo no deja de ser un conflicto de carácter individual pues tiene como raíz un Derecho Subjetivo del contrato individual o del acto de nombramiento, mientras que los conflictos colectivos propiamente dichos los determina la Ley y solo pueden ser según su naturaleza: Jurídicos o de Derecho y; Económicos o de Intereses. Es decir, no se determina un conflicto colectivo por la pluralidad de sujetos involucrados.
Antes de acudir la instancia administrativa, se recomienda que haya una reunión de conciliación con un mediador objetivo, a la reunión se deberá anexar la petición escrita de lo que se quiere. Previamente hubo de haber existido asambleas informativas, boletines, etc. de manera que se hizo del conocimiento tanto a empleados como autoridades del conflicto, así como se giró orientaciones pertinentes a apoyar la causa perseguida.
Si se lograron acuerdos, estos deberán siempre tener la firma de compromisos con los representantes patronales, sino deberá acudirse siguiendo el mismo modo de la delegación de responsables en los conflictos individuales.
V.II Acosos
El acoso en sentido genérico es un comportamiento manifestado a través de acciones, conductas o tratos producidas por un agente externo no deseado que desequilibra el estado emocional y moral en quien lo recibe. Ahora bien, cuando nos referimos al acoso para la materia que nos toca, abordaremos los dos tipos de acoso que más frecuentemente se suscitan en los centros de trabajo; estos son el acoso laboral y el acoso sexual.
ACOSO LABORAL.
Para la OIT el acoso laboral es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados. Lo anterior, significa que las situaciones de acoso laboral se sustentan con las relaciones de poder en el elemento de subordinación, ejerciéndose ya sea en cargos de jefatura, así como rangos laborales similares o inclusive ambos. También se le conoce popularmente con el anglicismo Mobbing el cual hace referencia a acciones y tratos hostiles que le impiden a la persona trabajadora cumplir con la contraprestación de sus servicios de manera normal. Nuestro Código de Trabajo no habla expresamente sobre el acoso laboral, no obstante tácitamente lo aborda por ejemplo en el art. 56 que trata del “despido indirecto o encubierto”, establece que cualquier hecho depresivo o vejatorio para el trabajador-entiéndase todo situación de opresión o maltrato-realizado por el patrono o sus representantes, debidamente probado, podrá estimarse un despido (terminación de contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono), condenando el Juez al patrono a pagar al trabajador una indemnización en la cuantía y forma establecida en la ley.
Algunos casos que pueden considerarse como hechos depresivos o vejatorios que indica el Artículo anterior, son: Cuando el patrono, en el lugar de trabajo, comete en contra del trabajador, actos que lesionen gravamen su dignidad, sentimientos o principios morales; malos tratamientos de obra o de palabra, por parte del patrono o jefe de la empresa o establecimiento en contra del trabajador o en contra de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que el patrono o jefes conocieren el vínculo familiar, entre otros.
Para afrontar casos de acoso laboral, es necesario identificar en primer lugar la acción, conducta o trato desde la jefatura que ha dañado el desempeño normal de las labores de la persona trabajadora, con esto se levanta acta y se propone una salida conciliada o intervención administrativa del MINTRAB, o de ser posible de la judicial. Nunca debe admitirse al acoso como una forma natural de presión del cumplimiento de deberes, todo lo contrario se tiene que luchar por erradicarlo.
ACOSO SEXUAL.
El acoso del tipo sexual es ante todo, una manifestación de violencia de índole sexual que se suscita a través de las relaciones desiguales de poder que envuelve a su vez discriminación de género, siendo más común que la víctima sea una mujer y el agresor el hombre, no obstante puede que en ocasiones sea el hombre la víctima y la persona agresora del sexo opuesto e inclusive puede ocurrir que agresor y agredido sean del mismo sexo.
Para la materia que nos ocupa, abordaremos el acoso sexual que se realiza dentro del ambiente laboral. El patriarcado es un régimen de poder que según lo registrado es el que más ha perdurado en la historia, cuya existencia data de hace más de seis mil años, se volvió capitalista hace trescientos años con las revoluciones burguesas y la caída del sistema medieval, la mujer proletaria en este tiempo ha debido afrontar la lucha contra la opresión y desigualdad de género a su vez contra el capital que explota a la clase trabajadora en su conjunto pero la mujer ha corrido con ciertas desigualdades respecto al hombre tanto en la producción como en la participación política, lo cual se ha ido emparejando conforme a las luchas feministas, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en el 2019, en El Salvador las mujeres representan el 52.9% de la población. La igualdad en todos los campos conlleva inhibita la lucha contra las prácticas agresoras que por antaño se han normalizado, no estamos solo por la igualdad en sí, sino además contra todas las manifestaciones de violencia de género donde el acoso sexual se expresa como parte de las relaciones desiguales de poder en la producción.
Respecto a la regulación del derecho a trabajar en un ambiente libre de esta toda agresión sexual en El Salvador, partiremos según el principio de jerarquía constitucional con el reconocimiento constitucional del art. 2 CN a la libertad como un derecho fundamental de la persona, y en ese sentido, y de conformidad con el Art. 1 de la Constitución-, es obligación del Estado salvadoreño asegurar a todos los habitantes sin distinción alguna el goce de este derecho, posteriormente la misma Constitución da a los tratados y convenios un rango superior, donde tenemos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el Convenio n.º 111 sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación (C-111 OIT) y el Convenio n.º 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores [y las Trabajadoras] (C-155 OIT). En cuanto a la normativa secundaria nos iremos a: la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de El Salvador; la Ley del Servicio Civil y el Código Penal, esta última cobra mucha relevancia ya que el acoso sexual es un delito penal en El Salvador y se castiga con una pena de prisión de 3 a 5 años. La pena de prisión se puede extender de cuatro a ocho años si la víctima es menor de edad, es decir, menor de 15 años. La obligación de observancia del ambiente laboral libre de este tipo de violencia inicia con los empleadores quienes deben aplicar políticas, programas de sensibilización y tomar medidas preventivas en materia de violencia contra la mujer y el acoso sexual, sus representantes son quienes en la práctica ejecutarlas y por último el mismo personal debe allanarse y vigilar ante cualquier abuso.
La Política de Relaciones Laborales del Órgano Ejecutivo, hace referencia a que las instituciones adopten y apliquen políticas de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral, así como a designar un área funcional de las ya existentes dentro de la institución que sea responsable de atender a las víctimas de acoso laboral y sexual, recibir y tramitar las quejas, monitorear constantemente y colaborar, en su caso, en las investigaciones y sanciones.
Existen determinados mecanismos tanto administrativos como judiciales a dónde acudir cuando se es o se sabe acerca de una víctima de acoso sexual, las instancias a dónde acudir, es necesario tomar en cuenta que en cuanto al área penal solo es la última ratio cuando se sospecha que no existe una instancia más adecuada si se trata de una agresión grave y que solo mediante esta dirección deban atenderse sus formas y efectos.
Vías administrativas:
- Procuraduría General de la República
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
- Tribunal de Servicio Civil
- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISMEDU).
Vías judiciales:
- Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
- Tribunales con competencia penal
El papel de ATRAMEC en este rol de protección al personal del MINEDUCYT ante cualquier manifestación de acoso sexual es el de vigilancia, medio para canalizar las denuncias, acompañamiento y el de brindar asistencia a las víctimas.
V.III Problemas entre compañeros de trabajo
De la misma manera que el compañerismo y la fraternidad generan armonía, luego pueden ocurrir circunstancias ambivalentes que la cercanía la convierta en situaciones de fricción. Los empleados comparten mucho tiempo en el centro de trabajo, en equipo o desarrollando tareas que afectan en cascada al trabajo de sus compañeros, por lo que pueden surgir en el día a día, varias luchas de competencias profesionales o desencuentros por motivos personales y surgir conflictos entre compañeros ellos.
¿Cómo resolver los conflictos entre compañeros de trabajo?
Tanto desde el punto de vista del centro de trabajo como desde del trabajador, resolver un conflicto entre compañeros de trabajo es algo muy delicado que se debe gestionar con sumo cuidado y con gran inteligencia emocional.
Para ello es necesario tomar en consideración lo siguiente:
1.- Según la dimensión del problema
Para determinar la intervención del sindicato en el problema, primero hay que localizarlo y a continuación, evaluamos la gravedad del conflicto entre empleados y hasta donde ha abarcado, las personas involucradas, sexo, edades.
2.- Una vez detectado, para determinar la gravedad del conflicto, se observa y se clasifica atendiendo a las siguientes características:
- Conflicto en potencia: los trabajadores implicados son conscientes de que existe un problema entre ellos y es necesario detergerla, uno, o más deberán notificar por escrito sobre la situación a la Secretaría de prensa y propaganda afín que pueda hacer del conocimiento a la Secretaría de Actas y Conflictos, para ponerle fin al problema potencial.
- Conflicto experimentado: los trabajadores implicados sin llagara grandes dimensiones se han mostrado hostiles entre sí. A diferencia del conflicto en potencia, los empleados no han hecho público su conflicto.
- Conflicto abiertamente declarado: El entorno sabe del problema entre compañeros, no se ocultan y cada vez más se teme empeore.
Dependiendo del nivel de gravedad del conflicto, la estrategia y gestión para que sea solventado requerirá la propuesta de acudir al local del sindicato donde se llevarán a cabo las sesiones que sean necesarias afín de limar asperezas o sanear asuntos. En todo lo anterior se utilizarán los formalismos de los conflictos individuales.
VI Anexos.
ORGANIGRAMA MINEDUCYT 2021.
UNIDAD |
N° de Empleados |
DESPACHO MINISTERIAL |
16 |
VICE DESPACHO DE EDUCACIÓN |
5 |
VICE DESPACHO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |
5 |
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (UCPE) |
9 |
UNIDAD COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCA |
6 |
UNIDAD DE TRANSFORMACION DIGITAL |
3 |
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL |
78 |
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA |
19 |
DIRECCION DE PLANIFICACION |
65 |
DIRECCION DE COMUNICACIONES |
24 |
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA |
27 |
DIRECCION DE CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |
37 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
143 |
OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA |
9 |
TRIBUNAL CALIFICADOR |
16 |
TRIBUNAL DE LA CARRERA DOCENTE |
8 |
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |
22 |
BECAS FANTEL |
13 |
UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL |
5 |
DIRECCION NACIONAL DE GESTION EDUCATIVA |
81 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR |
41 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA |
42 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUACION BASICA (I Y II CICLO) |
42 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA (III CICLO Y MEDIA) |
63 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS |
40 |
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y PROGRAMAS SOCIALES |
54 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INN |
115 |
DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E |
43 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE AHUACHAPAN |
102 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA |
196 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SONSONATE |
146 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO |
143 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD |
160 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN SALVADOR |
433 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CUSCATLAN |
77 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ |
129 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CABAÑAS |
87 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE |
113 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE USULUTAN |
156 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL |
223 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MORAZAN |
106 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA UNION |
91 |
Referencias bibliográficas
1. INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CÍVICA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JULIO 2010 A JULIO 2011.
2. El horizonte intelectual de la reforma educativa salvadoreña de 1940: pedagogía activa y ciencias HUMANAS. - Carlos Rodríguez Rivas CENICSH.
3. Guie 4 sobre Derechos y deberes Laborales de las y los Servidores Públicos.
Referencias periodísticas
Periódicos nacionales:
El Diario de Hoy
La Prensa gráfica
Diario el Mundo
Referencias electrónicas
Portal de Transparencia - El Salvador
El Socialista Centroamericano - Inicio (elsoca.org)
[1] Predominó hasta iniciado el siglo XX.
[2] Se origina a finales del siglo IXX y a inicios del XX.
[3] El Sistema Educativo como tal nace con la Constitución de la República de 1832, bajo el Primer Decreto de Enseñanza Primaria. Guillermo Aguilar Avilés. Reforma Educativa en Marcha, Un Vistazo al Pasado de La Educación en El Salvador. Documento 1. Ministerio de El Salvador. P. 14.
[4] El desarrollo del capitalismo a escala mundial en la filosofía de la historia de Marx: difusionismo y tradición crítica
5 Decreto Ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841.
6 Diario Oficial, TOMO N.º 385, Numero 219 de fecha 23 de noviembre de 2009.
7 Para comprender este concepto es necesario saber que nos referimos a una categoría que se debe aplicar a lugares y periodos de tiempos diferentes, y que como tal es una forma de organización sindical sujeta a variaciones que no es perpetua, depende siempre de las relaciones de fuerza entre los actores sociales, de la lucha de clases, y de las categorías estructurales: Régimen, Estado y Gobierno.
8 Un antecedente de lucha unitaria lo encontramos en La Ínter-gremial de Trabajadores Salvadoreños, constituida en 1991, la cual estaba constituida por cinco grandes organizaciones: La Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), la Unidad de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) además, la Alianza Democrática Campesina (ADC) está vinculada a la Inter-gremial a través de sus organizaciones campesinas afiliadas a la vez a la UNTS o a la UNOC.
9 Dicha defensa ha implicado la tarea de oponerse al constante acoso de las políticas neoliberales tendientes a limitar la intervención del Estado en materia de Educación en contraste con la descentralización de sus funciones y servicios, el programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) de 1991-2011, fue el pivote que permitiría la conexión de las políticas racionales dentro del MINED.
[9] Significa que existe una supraordenación de rangos donde la validez de todo el sistema jurídico salvadoreño depende de su conformidad con la Constitución de la República, seguido por los Convenios y Tratados Internacionales, posteriormente podemos situar la legislación con leyes generales y especiales en materia laboral.
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Por Roberto Ayala
El gobierno inaugurado en mayo de 2018 ha acelerado y profundizado la puesta en marcha de las llamadas políticas neoliberales. No se trata solo de la política económica. El proyecto neoliberal busca imponer una reestructuración social en profundidad. Quiere cambiar la estructura social, el marco cultural, las mentalidades. El neoliberalismo trae aparejado un giro autoritario, que responde a o anticipa un incremento del malestar y la conflictividad social. En ese marco general, colocamos el análisis de los ataques a la Universidad Pública. Porque lo que pasa en la Universidad, es una expresión de lo que pasa en el país.
La reestructuración social neoliberal y el empuje conservador, el salto autoritario, crean condiciones político-culturales para el ataque a la Universidad pública. La reestructuración neoliberal busca disminuir el peso social de lo público, y un aspecto particularmente relevante de ello es erosionar el alto prestigio social de las universidades públicas (tarea nada sencilla en un país en el que los negocios privados del sector, tras 40 años, siguen siendo objeto de una consideración claramente inferior a la de los centros públicos). Por ello, entender el enconado ataque de que son objeto requiere comprender el proyecto neoliberal y sus implicaciones más amplias.
Pese al largo predominio de las políticas neoliberales, las universidades públicas en Costa Rica, como en buena parte de América latina, siguen siendo los principales centros de formación superior, tanto en la docencia como en la investigación, más allá de y pese a sus inocultables deficiencias y carencias. Considerando la infraestructura física, el nivel general del personal académico, los centros de documentación y biblioteca, la infraestructura tecnológica y las condiciones de acceso de estudiantes, profesionales y docentes, la concepción general de la formación, el trabajo de extensión social y, en general, el impacto social en lo económico, diversos aspectos de lo cultural y, finalmente, en la actividad científica y tecnológica en el país, los centros públicos están muy por encima del nivel de los mejores negocios privados. En ningún lugar como en la educación superior, y la salud pública, se hace tan patente las limitaciones de lo mercantil.
Por otro lado, pese a que las universidades públicas no pueden escapar al denso clima ideológico-cultural impuesto por los sectores dominantes, y de que, como órganos del Estado del capitalismo periférico costarricense, pertenecen a un dispositivo institucional diseñado y operado para cumplir con funciones y aportar insumos y servicios imprescindibles en la reproducción del orden social y económico (en particular, aportando personal profesional capacitado a los distintos segmentos del mercado de trabajo), a lo que hay además que agregar su dimensión de agencia ideológica orientada a la construcción de hegemonía, pese a todo ello, por su carácter peculiar, de lugares de concentración del acervo, transmisión, creación, examen y debate, del conocimiento social disponible (el ‘general intellect, de que hablaba Marx), siempre resulta posible crear y encontrar espacios relativamente abiertos de elaboración y reflexión críticas. Esto señala el carácter paradojal de las Universidades públicas, por un lado, dispositivos de la autoreproducción del orden social y fuente de relatos fundamentadores; por otro, ámbitos en que, sometidos a todo tipo de presiones, represivas y de adaptación, pueden desarrollarse expresiones de pensamiento e investigación crítica, conectadas directa o indirectamente a diversos movimientos y luchas sociales.
En un determinado momento histórico, claramente el período de la segunda postguerra, la creación y/o impulso del sistema de educación superior pública, se articulaba al proyecto desarrollista. El fomento de la industrialización demandaba ocupaciones y destrezas diversas. El proceso de modernización encabezado y dirigido por el Estado lleva a la multiplicación de sus funciones y órganos, conjunto ordenado alrededor de la tarea de potenciar el crecimiento económico, orientado a la sustitución de importaciones y la creación de condiciones las más propicias para la proliferación de todo tipo de iniciativas empresariales privadas. Un elemento del diseño consiste en el reforzamiento, o creación, de un mercado interno de consumo capaz de absorber buena parte de la producción en las primeras subfases del ‘take off’ rostoviano. En la medida que, en el caso latinoamericano general, los mercados de exportación se mantuvieron prácticamente cerrados para todo lo que no fuera materias primas, junto al hecho de que el nivel de integración regional del proyecto modernizador impulsado desde la CEPAL (Prebish), no pasó de las declaraciones de buenas intenciones y alguna burocracia inoperante, el estímulo del crecimiento y la ‘modernización’ dependió sobre todo de la profundidad, y los límites, del mercado interno.
En ese marco, la universidad pública pasa a desempeñar un papel central y a ocupar un lugar social principal. Para fines de los años 60 y comienzos de los 70, la universidad pública es el objetivo de todo joven, sobre todo en el conurbano, de familias trabajadoras de mediano ingreso. Un torrente de hijos e hijas de padres con apenas estudios secundarios, asumían un notable cambio cultural y de mentalidad. Ir a la universidad se tornó parte de las expectativas socialmente incorporadas por este sector social. La mayoría de clase media baja, familias trabajadoras de medio nivel de capacitación, en las cuales, no raro, la madre se desempeñaba como ama de casa. La creciente diferenciación y complejización social, facilita el consenso social en torno a la financiación de una rápida expansión del número y capacidad de los centros universitarios públicos[1].
En América latina, al menos en buena parte, la universidad pública es el instrumento principal de movilidad social ascendente, el camino a la condición de ‘clase media’ moderna, con el boleto de acceso al patrón de consumo y al estilo de vida correspondientes. No pocas veces es también la plataforma para la realización de estudios de postgrado en el exterior, una experiencia culturalmente renovadora, de superación del talante provinciano. Es por la universidad de fines de los años 70 (y siguientes), con desarrollos variados según las diversas situaciones y lugares, que pasa todo lo que asociamos con ‘los años 70’, el ‘setentismo’, que en Centroamérica tiende a correrse más hacia los 80, atenuado en diversos grados por las condiciones sociales y culturales en la mayor parte de la región. De la cultura rock, entre los jóvenes de clase media acomodada, a la militancia en las distintas expresiones de la izquierda, del protagonismo del movimiento estudiantil universitario al ascenso de la Sociología hacia el lugar de privilegio de la cultura intelectual-progresista, de la apresurada y desaprensiva ruptura con la moral sexual conservadora-católica al consumo ‘social’ de marihuana, de los conciertos de música de protesta a las noches de bohemia, con cierto exceso… Tendencias sociopolíticas, culturales y microsubjetivas que encuentran expresión en la Costa Rica de la época, en grupos minoritarios claro, pero que en buena medida marcan la tendencia y protagonizan la escena del momento. El autorepresentado país de pequeños propietarios rurales se enrumbaba a lo urbano y a un cambio cultural y de mentalidad importante, entre sectores y grupos decisivos. La Universidad fue uno de los principales vehículos. Los años 70 vieron el despuntar de un gran cambio cultural, la expresión local del que recorría el mundo desde las sociedades del capitalismo avanzado, y la universidad fue el lugar donde más desenfadadamente resonó.
La crisis de comienzos de los 80, representa un tropiezo abrupto y el punto de arranque de otro cambio importante. El modelo de acumulación y crecimiento desarrollista que había impulsado una gran trasformación social dentro de los límites del capitalismo periférico, entra en crisis, alcanzado por la crisis de endeudamiento. Las políticas neoliberales hacen su irrupción y se imponen, primero como respuestas ad-hoc, luego como nueva ortodoxia. La reorientación de la economía hacia la exportación, de bienes no tradicionales y de servicios turísticos, y la atracción de inversión extranjera, desplaza la preocupación con el mercado interno de consumo. Comienza el proceso de ensanchamiento de la desigualdad de ingreso y riqueza. Las políticas neoliberales avanzan sobre el legado desarrollista. Achicamiento del Estado y transferencia al sector privado de funciones diversas, venta de activos y privatizaciones, gran reducción del peso relativo del empleo público, subsidios diversos, exoneraciones y reducción de impuestos a las grandes empresas y los más ricos, privilegios y entrega al capital extranjero, TLC’s, normativa ultraliberal del banco central, política cambiaria como recurso de ajuste, apertura externa, la política antiinflacionaria como pretexto para atacar los salarios y la capacidad de inversión del Estado, flexibilización del mercado laboral, ley ‘de protección’ del trabajador, saturante campaña de los medios de comunicación corporativos, etc.
Las universidades públicas se defienden, pero no son inmunes. Los distintos estamentos de la comunidad, casi siempre con el movimiento estudiantil a la cabeza, no necesariamente las federaciones de estudiantes, dan muestras de una enorme capacidad de resistencia, alcanzando victorias significativas, aunque parciales. En la primera década del siglo veremos dos espectaculares expresiones de movilización social con fuerte participación universitaria, el llamado ‘combo 2000’ y el desarrollo ‘in crescendo’ del movimiento contra el tratado de libre comercio con EEUU, durante los años 2005-2007. Con todo, el embate privatizador, acorazado y fogoneado por un gran bloque de intereses y un cada vez más hegemónico discurso ideológico, continúa avanzando, absorbiendo los tropiezos. No se privatizaron las universidades públicas, pero hay muchas formas de someter a lógica de mercado la educación superior.
En 1976 inicia actividades la UACA, primer negocio privado del país (auspiciado por ANFE). La élite política le concede la condición de ‘fundación sin fines de lucro’, es decir, una más de las formas de exonerar (evadir legalmente) del pago de impuestos. Algunos apellidos ilustres y fuertes vínculos con el poder social y político, arropan los pasos iniciales del proyecto. Más de 40 años después el centro privado sobrevive en la intrascendencia. Con todo, en esas 4 décadas, se crearon en el país más de 50 centros de estudios privados, una buena parte clasificables en el rubro de ‘universidades de garaje’[2]. Usinas de títulos sin verdadera fiscalización ni control de calidad, centrados en carreras con mercado laboral hace mucho saturado (con alguna excepción, del todo accidental e institucionalmente inestable), no pocas veces carentes de las más elementales condiciones materiales y profesionales exigibles. Un burdo intento de maquillar la situación consiste en la espuria distinción entre ‘universidades de docencia’ (privadas) y ‘universidades de investigación’ (públicas). Pero una universidad que no hace investigación no es una universidad, es un colegio, un mero centro de enseñanza. Y aún la docencia en los negocios privados es deficiente, por falta de condiciones básicas, como bibliotecas y centros de documentación bien dotados, entre otras.
Dos factores alcanzan particular relevancia en la notoria floración de negocios privados: primero, la modernización y urbanización del país, alimenta el interés cultural, o impone la necesidad social, de buscar una certificación de educación superior, en el intento de lograr una inserción en el mercado laboral más promisoria. Por otro lado, mientras el interés y la demanda de acceso a la educación superior crecía, la oferta de cupos de los centros públicos se estancaba o avanzaba muy por detrás del crecimiento de la demanda. Puesto en breve, la limitación de los cupos en las Universidades públicas ha sido uno de los más importantes factores, sino el principal, del crecimiento acelerado de los negocios privados[3].
A partir de los años 90, decenas de miles de jóvenes se lanzan a la extenuante tarea de articular trabajo y estudio, en el intento de mejorar su posición social, colocando entre paréntesis el tema de la calidad de la formación recibida en los centros privados, y en un momento en que la economía del país crecía a un ritmo de 4-5% promedio, generando ya una cantidad insuficiente de empleo, pero muy por encima del desempeño de la última década. El crecimiento de los negocios privados a un ritmo bastante superior al de los centros públicos, es una forma de privatizar la educación superior. Pero no es la única.
Ante la imposibilidad, hasta el momento, de avanzar con una política de privatización directa de las Universidades públicas, posición de los sectores liberales más duros[4], el proyecto de mercantilizar la educación superior ha tenido que recurrir a mediaciones. Desde la permanente puja, limitación y regateo, en torno al presupuesto universitario, y, cuando se ha podido, directamente recorte, como en los últimos años, hasta una creciente derivación de la oferta de algunas carreras, de particular prestigio y/o demanda, como medicina, odontología, periodismo, derecho, psicología, administración, educación, hacia los negocios privados[5]. Otra vez, sin mecanismos efectivos de control de la calidad de la formación, planes de estudio, nivel del personal docente o recursos pedagógicos, tecnológicos y de investigación.
El clima cultural y el proceso de reestructuración social neoliberal también se manifiestan en la universidad pública en la forma de ajustes paulatinos en los programas de estudio, orientados en el sentido de un practicismo que, so pretexto de adecuar los programas a las necesidades ‘sociales’, en realidad al mercado de trabajo y los específicos requerimientos de las empresas, produce un amezquinamiento de la formación; en una reorientación de los planes de estudio que da particular énfasis a los aspectos más aplicados, no pocas veces presentados en abierta contraposición con ‘lo teórico’, entendido como sofisticación inútil. Más que profesionales con sólida formación teórica y capacidad de análisis, se busca proveer técnicos. Degradando la relación teoría/práctica, se debilita la capacidad de pensamiento innovador, la actitud crítica, la capacidad de plantear los problemas fuera del marco del sentido común de la actividad específica; la transmisión de conocimiento se contrapone sin justificación a la capacidad para construirlo, y se olvida que ‘no hay nada más práctico que una buena teoría’. Ya no importa saber por qué pasan las cosas, solo saber cómo se hacen y como hacerlas bien, interesa saber hacerlas y hacerlas lo mejor posible. De ello resultan individuos que consiguen abordar problemas prácticos, pero que enfrentan carencias difíciles de remontar cuando de generalizar y pensar de manera abstracta se trata. Eso limita la capacidad para discernir los aspectos compartidos de problemas diferentes. Sin capacidad de abstracción y generalización no puede haber conocimiento científico.
La tendencia practicista está de una u otra manera siempre presente en el mundo capitalista. Ya en el siglo XIX se puede observar la tecnologización del desarrollo del conocimiento científico, condicionado por las necesidades de la acelerada expansión del capitalismo industrial. La mercantilización de la investigación tecnocientífica permite entender el desconcertante desequilibrio entre lo que se ha destinado en el último par de décadas al desarrollo de la tecnología de teléfonos inteligentes y los recursos destinados a campos de conocimiento no directamente vinculados con los intereses de las grandes corporaciones, pero sí muy próximos al tratamiento de problemas y penurias sociales acuciantes. No son las necesidades sociales las que principalmente fijan las pautas de la educación y la investigación, sino los requerimientos de la competitividad empresarial (y la competencia entre los Estados de las potencias centrales). Los obstáculos para el avance de la ciencia son fundamentalmente sociales.
El practicismo en la formación impone la búsqueda no precisamente de conocimientos, sino de competencias. La educación superior debería mantener como objetivo buscar formas de articular la instrucción profesional, sólida y actualizada, con una aproximación puesta al día a lo que en el mundo germano se denominó ‘bildung’, es decir, la formación que pone al individuo en relación con su herencia cultural, tanto de su comunicad como la humana general, y que le permite elevarse al plano de su condición histórico-universal, a la comprensión y conciencia de su historicidad, de ese mundo que hacemos y que sin embargo nos arrastra[6]. Pero la mercantilización y el practicismo no están interesados en desarrollar bildung, sino en formar ‘recurso humano’, instrumental en el mercado.
La mercantilización se manifiesta (como tendencia en América latina) también por otras vías, acaso menos evidentes, en los intentos de crear una absurda contraposición entre las áreas de ingeniería y tecnología y las ciencias sociales, humanidades y artes (lo cual en realidad, es una expresión de lo visto en el párrafo anterior); en la presión ejercida en dirección al autofinanciamiento de las universidades y el objetivo de recuperar una parte significativa de los costos de la educación mediante cargos a los estudiantes y sus familias (lo cual encarece enormemente la educación superior, restringiendo su acceso y/o produciendo la crisis de endeudamiento de los estudiantes de la que tenemos noticia tanto en EEUU como en Chile). El alza de las tarifas y el creciente traslado a los estudiantes de los costos, se observa con claridad en los estudios de postgrado.
Las limitaciones presupuestarias se traducen en restricciones crecientes en los más diversos ámbitos. Desde los sistemas de becas, el programa de residencias estudiantiles, recursos informáticos y diversos servicios de apoyo a los estudiantes provenientes de familias de medio y bajo nivel de ingreso, hasta la restricción en la oferta de cursos y cantidad de grupos, de acuerdo a la demanda, la degradación del trabajo docente con el nunca resuelto problema del alto porcentaje de el mal llamado ‘interinazgo’, caída de los sueldos, sobre todo del personal sin estabilidad laboral, así como recortes a los fondos de investigación. La privatización de la educación superior es un empeño que avanza por distintas vías.
Finalmente, la mercantilización tiene su complemento en la elitización de las instituciones públicas de educación superior. La elitización de las universidades públicas erosiona, previsible y comprensiblemente, el respaldo social, hace una contribución inestimable a la campaña de la derecha liberal contra el prestigio de las instituciones, que borra su insustituible contribución a la sociedad, presentándolas como poco más que un club de privilegiados y un festival de despilfarro de los dineros públicos. Típicamente, por un lado, inducen la elitización para luego utilizarla como justificación de la campaña de desprestigio y palanca de la mercantilización. El hecho es que, de una u otra forma, los aspectos ya mencionados coadyuvan a la selectivización del ingreso. Informes recientes indican que dos terceras partes de la población estudiantil de nuestras universidades públicas proviene de las familias de los dos quintiles superiores de ingreso. Pero la situación es aún más restrictiva en los casos de la UCR e ITCR.
Es un hecho que hay una sobre-representación de los jóvenes provenientes de familias de clase media alta y profesional, y que los hijos de las familias trabajadoras de mediana y baja calificación enfrentan grandes dificultades para acceder a las instituciones públicas, y a las carreras con nota de corte para admisión más alto. Lo cual produce la desconcertante paradoja de que los jóvenes de familias trabajadoras deban orientarse hacia los centros privados para intentar dar cumplimiento a su aspiración de acceder a estudios universitarios. Y entonces han de lidiar con los temas ya abordados, de baja calidad de la enseñanza general y tarifas crecientes, lo que además tiene una consecuencia más opaca, una mayor dificultad para alcanzar los puestos de trabajo mejor remunerados.
Pocas cosas hay tan absurdas como una ‘institución de educación superior con fines de lucro’. Tanto más si se maquilla la situación para enmascarar la realidad. Los negocios privados de la educación superior, han gozado de un fuerte impulso en los últimos 40 años. Los resultados han sido apenas mediocres, en el mejor de los casos. Pese a lo cual han experimentado una fuerte expansión. Se ha buscado instalar la percepción de que existe una situación de competencia real entre las universidades públicas y los negocios privados, creando un clima de opinión en el cual se subrayan las supuestas ventajas de los últimos: menor duración de las carreras, a costa de la solidez y profundidad de la formación, una orientación neta hacia las necesidades del mercado de trabajo, lo cual estimula planes de estudio practicistas, un ‘fuerte vínculo empresarial’, eufemismo referido a la densa carga ideológica del clima organizacional (‘potenciamos tu competitividad’ es uno de los lemas de la ‘Universidad Latina’), la flexibilidad de los horarios, lo cual ‘permite vincularse más rápidamente al mundo laboral, mientras se estudia’, rasgo que, en lo que tiene de positivo, desaparecería en los principales centros, tan pronto consiguieran debilitar suficientemente a las instituciones públicas.
La campaña privatizadora/mercantilizadora busca socavar por distintas vías la educación superior pública. Así como no se puede entender la atmósfera ideológica hostil a las universidades públicas, patrocinada por los medios controlados por poderosos grupos económicos y la derecha política, sin consideración de la agenda neoliberal que impulsa una reestructuración social en profundidad en el país, desde hace décadas, tampoco se puede pretender que la superación de las amenazas se dará dentro de los límites de la institución académica. Resulta imprescidible que las comunidades académicas comprendan, se involucren y asuman sus responsabilidades en los movimientos sociales (como tantas veces en el pasado) que intentan frenar y revertir la reestructuración social neoliberal, como parte de los procesos más amplios que buscan una salida a los crecientes desequilibrios y los elementos de crisis civilizatoria del capitalismo.
Tal cosa, por supuesto, exige enfrentar con determinación a los enemigos de la educación superior pública, pero también hacerse cargo de las limitaciones y deformaciones internas que, inadvertidamente o no, facilitan su trabajo. Desde la elitización hasta la degradación laboral del mal llamado ‘interinazgo’, pasando por un examen de admisión que premia y convalida las desigualdades previas, hasta los problemas vinculados con la investigación, postgrados, sedes regionales, injustificables brechas salariales, etc.
Biliografía
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Losurdo, Domenico. CONTRAHISTORIA DEL LIBERALISMO. Ed. El Viejo Topo. Barcelona. 2007.
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Souza Lena. “¿Por qué la ultraderecha gana fuerza?”. https://kaosenlared.net/por-que-la-ultraderecha-gana-fuerza/
Vargas Llosa, M.; Levine, B. EL DESAFIO NEOLIBERAL. Ed. Norma. Bogotá. 1992.
[1] Entre 1967 y 1981 se pasó de 6mil a 54mil estudiantes universitarios, casi todos en las universidades públicas. Ruiz Angel. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COSTA RICA. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 2000.
[2] En 1994, 24% de los estudiantes lo hacían en centros privados, actualmente tal porcentaje se eleva a algo más de 50% (dato difícil de precisar pues los negocios privados ni siquiera tienen la obligación de reportar su número de estudiantes). Del porcentaje que lo hacen en las Universidades públicas, 15% corresponde a la modalidad a distancia, la UNED.
[3] Por supuesto, influye poderosamente también que los centros públicos casi no ofrezcan carreras en horario nocturno, lo cual prácticamente imposibilita el acceso a la juventud trabajadora.
[4] Para el Banco Mundial, la educación superior es un bien privado, no público, al igual que la atención de salud de tercer nivel, lo cual justificaría su desplazamiento al ámbito del mercado, donde el acceso estaría del todo mediado por la capacidad de pago, despejando el camino para la completa mercantilización y elitización. Una buena aproximación sería el caso de un país como Chile.
[5] Es realmente incomprensible, e injustificable, que la UNA, al menos, no tenga carreras como Medicina, Ingeniería o Arquitectura. Mientras proliferan en los negocios privados, lo cual da cuenta de la necesidad y demanda social.
[6] En LA FENOMENOLOGIA…., “Las dos tareas que Hegel se traza son: introducir la conciencia individual en la Ciencia y, a la vez, elevar el yo singular al yo de la humanidad, lo cual es la realización de la Bildung”. Fabre, Michel, “Experiencia y formación: la Bildung”. Rev. de Educación y Pedagogía, #59, 2011. Medellín, Colombia.
Panamá
Por Olmedo Beluche
(A propósito de la polémica montada por la derecha panameña por unas declaraciones del presidente Petro de Colombia respecto a la pérdida de Panamá. Estos argumentos proceden del libro “El mito de los proceres. La verdadera historia de la separación de 1903”)
“Panamá es una nación diferenciada de Colombia que intentó repetidas veces separarse”. Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años (En los quinientos años de la Nación panameña de Fermín Azcárate, Ricardo Ríos también). Este absurdo sólo es posible si se ignora qué es una nación y no se le diferencia del concepto de estado.
Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales en Panamá), desde el siglo XIX Humbolt y Schiller establecen la diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo: naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que incluyen dentro de sí varias naciones-cultura, aunque suele predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso de hispanoamérica o de los árabes tenemos una nación-cultura escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas muy concretas.
Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo XIX fuimos parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural hispanoamericana.
La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el egoísmo de las oligarquías regionales.
La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá colombiano) evidencia que, nunca hubo una vocación firmemente separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando acariciaron la idea, ésta no tuvo por objetivo la creación de un estado independiente, sino la sujeción o anexión al dominio inglés o norteamericano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa Ana y sus líderes liberales (por ejemplo en la crisis de 1830-1831).
Un mito usual entre nuestros historiadores e ideólogos es calificar a Justo Arosemena como “padre de la nación panameña”, y a su famosos libro “El Estado Federal de Panamá” como sustento de la separación. Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se opone a la separación y, cuando habla de “nación” o “nacionalidad” se refiere a Colombia.
Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo del siglo XIX ameritan un estudio particular, porque nuestros historiadores han descontextualizado los hechos, después de 1903, para ponerlos como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El error metodológico subyacente parte por analizar las “actas separatistas” del siglo XIX sin visualizar lo que pasaba en el conjunto del estado neogranadino o colombiano en ese momento.
Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (“Consideraciones históricas sobre los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903”) sustenta su interpretación de la separación sobre la base una aspiración persistente de los comerciantes panameños por “recuperar el espacio económico perdido” de la que los “intentos separatistas” (1830, 1831, 1840, 1861 y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional.
En realidad, la mayoría de las llamadas “actas separatistas” no expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, comerciantes librecambistas y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación opresora.
No se trata de negar la existencia de graves contradicciones durante el decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de aquellos conflictos. Un análisis de las circunstancias que les dieron origen muestra que, más que un conflicto “nación panameña” vs “nación colombiana”, son producto de las contradicciones políticas y sociales que se abatían sobre el país.
El Acta de 1821.
Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su independencia de España en 1821, sin intervención de los ejércitos bolivarianos, ya es una prueba de que constituíamos una entidad independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la Gran Colombia.
Quienes así hablan olvidan algunos detalles: 1. Panamá estaba adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo era una región debilitada económica y demográficamente que no podía sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de los Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: “Panamá sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caída por todas partes”.
El Acta de 1826
Se la presenta a la ligera como el primer esfuerzo separatista, sin embargo, no hay en ella nada de eso. Ese año, luego de una larga ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un proyecto de nueva Constitución Política que, entre otras cosas, le nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía neogranadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante pronunciamientos.
En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero los “notables” del Istmo ya estaban políticamente más cerca de Santander, así que redactaron una declaración ambigua, sin tomar partido por Bolívar. En el artículo cuarto, expresaban su deseo de leyes especiales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a Carreño, los militares promovieron poco después otra acta, salida de la agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera, que sí apoyaba incondicionalmente a Bolívar.
El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino política, y expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas. También los hechos reflejan que en Panamá hay una incipiente contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo único que tiene de particularismo local es el librecambismo de los comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleciente en Bogotá.
El Acta de 20 de septiembre de 1830.
Año en que Bolívar, harto del sabotaje de los santanderistas y enfermo terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio europeo, al que no pudo llegar. El general panameño José D. Espinar realiza un acto de insubordinación frente a los que se apoderan del gobierno, y que además le degradan separándolo de Panamá, donde era jefe militar, ordenándole marchar a Veraguas. El móvil de Espinar era exigir el retorno de Bolívar al gobierno.
El artículo primero proclama la separación “especialmente del Gobierno de Bogotá”. El segundo exige: “Panamá desea que su Excelencia el Libertador Simón Bolívar se encargue del Gobierno Constitucional de la República, como medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se han separado bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este Departamento bajo su inmediata protección”. Y el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. El considerando alude a una circular emanada de Bogotá para que “los pueblos manifiesten sus deseos”.
Nótese que se trata de un conflicto político, continuidad del que dio origen al Acta de 1826, que además no se proclama una independencia absoluta sino condicionada, y que al usar el vocablo “nación” lo hace para referirse al conjunto, no a Panamá. Esta proclama perdió sentido cuando Bolívar contestó a los enviados de Espinar que desistieran, y los bolivaristas recuperaron el poder a través de Rafael Urdaneta.
Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú) se habían afectado las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas eran sus mercados naturales, no así las provincias del centro (Bogotá). Este tipo de reclamo mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la construcción de una nación independiente.
En 1834 se decreta una legislación especial atendiendo a estas reclamaciones comerciales (ver “El Panamá colombiano”, de Araúz y Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña. En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Núñez siempre hubo legislaciones para Panamá para asegurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de Panamá por parte de los comerciantes istmeños “usurpado por el centralismo colombiano”
El Acta de 1831.
Como los notables (comerciantes) del “intramuros” eran hostiles a Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas), sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejército, ellos las élites comerciales), raciales (él era mulato, ellos blancos), promovieron que el general Juan E. Alzuru se sublevara, arrestara y deportara a Espinar. Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la “separación” de Espinar el 22 de junio de 1831.
Pero el 9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolívar acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los caudillos regionales se enfocan en sus intereses locales; en Ecuador el general Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a Panamá a una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru a proclamar un acto semejante en Panamá para hacerse con el poder; se inicia un intento de Confederación entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.
En los considerandos uno y dos nuevamente se arguye el problema de las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no habla de “independencia” sino que (art. 1) “Panamá se declara territorio de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia…”. Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el artículo tercero que señala que los “tres grandes Estados de Colombia disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los istmeños”… (a cambio del mismo trato); “siendo un pueblo de la familia colombiana” (art. 4); ofrece el territorio para que sea la “residencia de la Confederación”, capital política (art. 5); y conserva la Constitución, leyes y símbolos de la república “en prueba de amistad y amor hacia la Nación a que espontáneamente se unió” (art. 7).
Pero Alzuru estaba lejos de representar los intereses de los comerciantes ya que, como militar, también era bolivarista. Duró poco, y le correspondió nada menos que al General Tomás Herrera, enviado con 200 soldados desde Bogotá, aplastar al régimen de Alzuru y fusilarlo el 29 de agosto de 1831.
Mariano Arosemena da cuenta de las contradicciones sociales y que el objetivo de los comerciantes panameños no era la independencia, al decir que Alzuru se apoyaba en “una pueblada espantosa” y que (los comerciantes) “neutralizamos el proyecto de absoluta independencia…”. Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: “Es significativo el que la provincia de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos independencias proclamadas por Espinar y Alzuru”. Veraguas fue el bastión del latifundismo y el conservatismo en Panamá y, por ende, aliada a esos mismos sectores sociales en el resto de Colombia.
El Acta de 1840.
Es imposible entender el Estado Libre o Soberano del Istmo (1840-41), proclamado por Tomás Herrera, sin la perspectiva general de la guerra civil que asoló a Colombia y se llamó la “Guerra de Los Supremos” (caciques político-militares). Al igual que Herrera en Panamá, proclamaron otros tantos “estados libres”: González en el Socorro, Reyes Patria en Sogamoso, Carmona en Santa Marta, Troncoso en Mompox y Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.
No estamos ante un acto aislado de los istmeños. Según Humberto Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder Ejecutivo que, desde Bogotá, reconociendo su incapacidad de contener la sublevación, para que “las autoridades provinciales tomaran todas las medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden público”. Lemaitre dice: “Cada uno se encerraba en su casa, se echaba cerrojo por dentro, y dejaba que el turbión de la guerra pasara por encima…”
La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo José M. Obando había asesinado al general Sucre por orden de Bogotá. Los caudillos o “supremos” se alzaron exigiendo un régimen federal. Por ello el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera considera que, dada la “disolución” de la república producto de la guerra (art.1); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter “provisorio” de las nuevas autoridades.
Nuevamente Veraguas, dirigida por Carlos Fábrega, se opuso a esta proclama. En marzo de 1841 se reunió una Convención Constituyente del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2). Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó Cartagena al centralismo, Herrera se vio obligado a negociar.
De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrera en torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (“nuestras necesidades son peculiares”), exige negociaciones para la apertura de un canal, y señala que un Congreso reunido a “300 leguas de distancia, jamás legislará convenientemente para nosotros”. También preocupaba a Herrera la amnistía dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de que no recibiría represalias, tal como después sucedió (fue desterrado por tres años).
Le tocó negociar con Rufino Cuervo, y en una carta dirigida a él, en la que insistió sobre la necesidad de una “administración adecuada” y leyes especiales para el Istmo, también dijo enfáticamente: “Jamás el Istmo se habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre albedrío…”. El 31 de diciembre de 1841, Herrera se reincorporó a la Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herrera) vicepresidente (el presidente fue el chiricano José de Obaldía) y presidente encargado en 1854.
Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistemáticos conflictos: 1. políticos (santanderistas vs bolivaristas, primero, y luego conservadores vs liberales); 2. sociales (clases oligárquicas terratenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apoyado por profesionales); 3. Administrativos (centralistas vs federalistas). Conflictos que, además, no eran exclusivos de Panamá frente a Bogotá, sino que asolaron a toda la Gran Colombia primero, y a la Nueva Granada después.
Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores artículos, la fase del Estado Federal de Panamá, que surgió como un régimen especial en 1855, pero se hizo extensivo a toda Colombia al año siguiente, y que quedó consignada en las Constituciones de 1858 y 1863. Esta última co-redactada por Justo Arosemena. A partir de la influencia de la Revolución de 1848 en Europa, cobraron fuerza en Colombia las ideas liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas y librecambistas, que permitió una confluencia de intereses entre comerciantes y terratenientes. Bajo este signo político se organizó Colombia o los Estados Unidos de Colombia hasta que entró en crisis a mediados de la década de 1870, cuando se forjó el régimen centralista de la Regeneración encabezado por Rafael Núñez.
Lo más importante es que el panameño que encarnó las ideas federalistas, Justo Arosemena, en su libro El Estado Federal de Panamá, lejos de promover la separación del Istmo sostiene con toda claridad que el federalismo es la fórmula para impedir su desgajamiento de Colombia, no por voluntad de los istmeños, sino por la intervención de potencias extranjeras ansiosas de quedarse con una ruta tan codiciada. Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación, y lo califican de “padre de la nacionalidad panameña”, o mienten descaradamente o no han leído su obra.
“En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en sí, ..., y asegura su posesión dándole un buen gobierno inmediato... Grandes y numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su territorio.... Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciable para cualquier nación poderosa y mercantil, plateemos en el Istmo de Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficacia que le daría el concurso de todos los istmeños, y el poder anexo a una sólida organización…”. Descartando la idea de la separación dice: “Es esto más de lo que el Istmo apetece..., mucho más cuando solo quiere tener un gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de la nacionalidad...” (Justo Arosemena).
No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista, pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por Ricaurte Soler bajo el título Teoría de la Nacionalidad) muestra que se trató más de un conflicto político, liberal-conservador. Guerra civil en la que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia.
Tampoco es separatista la sublevación de Colón en 1885 que terminó con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestán. Guerra Civil que sirvió de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos años en Panamá y casó en primer matrimonio con una chiricana, con la cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las más importantes familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con la Constitución de 1886. El centralismo de Núñez fue apoyado por los conservadores panameños. José Terán cita una resolución emitida por éstos, el 2 de febrero de 1902(!), a raíz de la muerte del general Albán, en la que se lee: “Sostenedores de las instituciones conservadoras 86…” con la firma de Tomás Arias, Nicolás Victoria J., Manuel Amador Guerrero, y otros futuros “próceres”.
El problema central en Colombia (bajo todas denominaciones que tuvo en el siglo XIX) era la inexistencia de una clase capitalista capaz de unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas, creando un mercado nacional. La fragmentación en burguesías comerciales importadores y exportadoras de carácter local, o terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros (ingleses o norteamericanos), intensificaba estas luchas. A lo que se sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del Estado modernizante, y el latifundio conservador opuesto a renunciar a sus privilegios.
Cada élite local abogaba por sus intereses, procurando que la máquina del Estado se inclinara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña igual que la de otras regiones. Lo que no quiere decir que se animaran a una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el interior, al igual que hoy, no compartía los mismos intereses que dicha burguesía comercial. En reiteradas ocasiones se le opuso.
La Guerra de los Mil Días.
No nos vamos a detener en esta guerra porque un análisis objetivo muestra que los enemigos de Victoriano Lorenzo no eran “los colombianos”, sino los latifundistas asentados en Penonomé, por eso montó su cuartel en La Negrita y cercó ese poblado. Esta fue una guerra social, la de Victoriano, y política la de los liberales, como Belisario Porras. La prueba suprema de que esto no era un conflicto nacional es que la oligarquía panameña era aliada del gobierno de Bogotá, porque los que hoy llaman “próceres” de 1903 eran todos conservadores, por ende, enemigos de Victoriano, por eso lo fusilaron.
La separación de 1903. Está bien demostrado que la separación de Panamá de Colombia en 1903 tuvo que ver directamente con el interés del imperialismo norteamericano de construir el canal para que su armada protegiese sus intereses en ambos mares. La separación sólo se planeó cuando la opinión pública colombiana y panameña repudió el Tratado Herrán-Hay, que contenía todo lo malo que después empeoró el Tratado Hay-Bunau Varilla. La conspiración de la separación partió del abogado William N. Cromwell, metido en el negocio de las acciones del Canal Francés, y sus subalternos en la Panama RailRoad Co., José A. Arango y Manuel Amador Guerrero (éste último originario de Cartagena).
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Teoría e Historia
Por Olmedo Beluche
El 1 de enero de 1804 se proclamó la Independencia de Haití del sistema colonialista francés, marcando un precedente que Hispanoamérica no alcanzaría sino hasta dos décadas después. Haití fue el segundo país independiente del continente americano, después de Estados Unidos, que la había proclamado en 1776, pero el hecho tuvo un alcance social y político más profundo en la isla caribeña que en Norteamérica. El surgimiento de Haití como Estado nación es un producto diáfano de un proceso de revolución social: la lucha por la libertad contra el modo de producción esclavista del sistema de plantaciones y contra toda forma de racismo. Justamente por eso la historiografía liberal hispanoamericana ha procurado ignorar la independencia y la revolución haitiana porque lo que más han temido, desde entonces y hasta ahora, es que los sentimientos, las aspiraciones y los métodos que movieron a los sectores sociales más explotados, oprimidos y discriminados de la isla de Saint-Domingue se contagiaran a las clases populares del resto del continente.
En Haití la historia no puede ocultar que la independencia y la creación del Estado nacional son el fruto de la lucha de clases, el producto de una profunda revolución social contra el sistema esclavista. La independencia es una consecuencia, cuando queda demostrado que la metrópoli francesa no está dispuesta a tolerar las mínimas garantías democráticas para sus colonias, menos la libertad, la igualdad y la fraternidad que pregonaba. En la historia hispanoamericana la lucha de clases también fue el motor del que deriva la independencia, pero la historiografía ha logrado ocultar el hecho detrás de mitos nacionales, mitos que enmascaran los intereses y el papel jugado por las clases dominantes, deformando los acontecimientos.
El pueblo haitiano ha tenido que pagar una factura muy cara, que le impuso el mundo desde entonces hasta el presente, por haber sido verdadero faro de civilización, libertad, igualdad y fraternidad, y por haber demostrado cuán hipócritas sonaban esos mismos conceptos en boca de los políticos y los ilustrados franceses, salvo el caso muy excepcional de Robespierre, tal vez. Por esa razón, en el siglo XXI hay que cuestionar los alegatos disfrazados de republicanismo y laicismo de las élites gobernantes de Francia, para justificar sus políticas racistas y de dominación de pueblos musulmanes provenientes de sus excolonias. Hay que distinguir entra las palabras vacías o llenas de otro contenido, de los hechos concretos. Esa es una lección que deja la historia de Haití.
Independencia o la muerte
La proclama de Independencia de Haití, realizada por Jean Jacques Dessalines, no sólo fija los objetivos de la lucha por la libertad de los “indígenas de Haití” (como él
identifica a su pueblo), sino que desnuda la hipocresía con que el Estado francés (los bárbaros, les llama) les mantuvo ilusionados con una igualdad y libertad que nunca hicieron realidad:
Ciudadanos: No es suficiente con haber expulsado de vuestro país a los bárbaros que lo han ensangrentado desde hace dos siglos; no es suficiente con haber frenado a las facciones siempre renacientes que os presentaban sucesivamente el fantasma de libertad que Francia exponía ante vuestros ojos. Se necesita un último acto de autoridad nacional: asegurar para siempre el imperio de la libertad en el país que nos vio nacer; arrebatar al gobierno inhumano, que mantiene desde hace tanto tiempo nuestros espíritus en la torpeza más humillante, toda esperanza de someternos. En fin, se debe vivir independiente o morir.
Independencia o la muerte... que estas palabras sagradas nos unan, y que ellas sean el signo de los combates y de nuestra reunión. Todo nos recuerda las crueldades de ese pueblo bárbaro. Además víctimas durante catorce años de nuestra credulidad y de nuestra indulgencia; vencidos, no por los ejércitos franceses, sino por la vana elocuencia de las proclamaciones de sus agentes. Comparada su crueldad con nuestra paciente moderación, su color con el nuestro, el ancho mar que nos separa, nuestro clima vengador, todo nos dice que ellos no son nuestros hermanos, que jamás lo serán, y que si encuentran un asilo entre nosotros serán los maquinadores de nuestros malestares y de nuestras divisiones. Juramos al universo entero, a la posteridad, a nosotros mismos, renunciar para siempre a Francia, y morir antes que vivir bajo su dominación. Combatir hasta el último suspiro por la independencia de nuestro país.[i]
El cruel sistema esclavista de plantaciones
No puede explicarse la independencia de Haití a partir de un mito nacional precedente porque era un país realmente nuevo en el siglo XVIII, constituido por migrantes franceses y migrantes esclavizados de África, donde eran cazados y encadenados para ser traídos a trabajar en las plantaciones, principalmente azucareras del norte de Saint-Domingue. La parte occidental de la isla La Española, territorio hoy conocido como Haití, fue cedida por España a Francia mediante el Tratado de Ryswick de 1697. De manera que el Saint-Domingue, colonia francesa, tenía poco más de un siglo al momento de la independencia en 1804. Durante ese siglo, Francia asignó a su parte de la isla la tarea de producir azúcar, fundamentalmente, índigo y tabaco. Esa producción organizada bajo el sistema de plantaciones se fundamentó en la explotación de trabajo esclavo.
El profesor Félix Morales, de la Universidad de Panamá, señala en su tesis de Maestría en Historia de América, que los esclavos eran considerados piezas sustituibles de la cadena de producción que, al morir o quedar imposibilitados de trabajar eran sustituidos por otros importados directamente de África. Morales estima que entre 1764 y 1771 se importaron en promedio 10 a 15 mil esclavos por año; en 1786 llegaron a 28 mil; y a partir de 1887 se superaba la cifra de 40 mil esclavos anuales.[ii]
Morales cita una frase de Carlos Marx del primer tomo de El Capital, en la que señala:
“... en los países de importación de esclavos, es máxima de explotación de éstos la de que el sistema más eficaz es el que consiste en estrujar al ganado humano (human cattle) la mayor masa de rendimiento posible en el menor tiempo. En los países tropicales, en los que las ganancias anuales igualan con frecuencia el capital global de las plantaciones, es precisamente donde en forma más despiadada se sacrifica la vida de los negros”.
Hacia 1789, cuando inicia la Revolución Francesa y paralelamente la Revolución Haitiana, la estructura poblacional y social era la siguiente: 30,000 colonos blancos, divididos entre propietarios de grandes y pequeñas plantaciones; 40,000 mulatos o affranchis, ubicados mayormente al sur de la isla, quienes ocupaban un rango intermedio, siendo libres y propietarios varios de ellos de medianas y pequeñas explotaciones, algunas de las cuales usaban mano de obra esclava; 550,000 esclavos negros, en su mayoría asignados a las plantaciones del norte de la isla.
Para entender los vaivenes del proceso revolucionario en Haití, es conveniente captar dos particularidades: los colonos blancos eran mayoritariamente monárquicos y defensores del Antiguo Régimen, por eso chocaron en diversas ocasiones con las autoridades emanadas de la revolución, y desde París tuvieron que enviar militares para tener control sobre ellos y los propios haitianos; la división de la población racializada entre negros y mulatos, que expresaban clases distintas, también produjo conflictos entre ellos que derivaron en guerras civiles.
Toussaint Louverture, alma, cerebro y brazo de la revolución haitiana
El gran sociólogo haitiano Gerard Pierre Charles, describe con las siguientes palabras a quien llamarían “El Primero de los Negros” o el “Espartaco Negro”:
Toussaint Bréda, esclavo doméstico de la casa Bréda, que hasta sus 50 años había sido un desconocido, tuvo acceso a los valores de la sociedad criolla, incluso a la filosofía del siglo de las luces, a partir de la lectura de los enciclopedistas. También tuvo acceso al arte de la política y de la guerra. Fue arrastrado, por el extraordinario dinamismo de la sociedad colonial, en plena mutación revolucionaria, a desempeñar un papel político y militar de primer orden. Bajo el nombre de Toussaint Louverture, asumió el liderazgo de 500 000 esclavos que se alzaron en rebelión a partir de 1791, impulsados por las ideas de libertad e igualdad de la revolución francesa. Venció a las tropas españolas y británicas que, en el marco de las rivalidades entre metrópolis, querían adueñarse de aquella próspera Colonia. Logró así restablecer la paz y la prosperidad en un territorio devastado por una década de guerra y luchas sociales. De esta forma, por su talento político y militar, se impuso a las autoridades de la Francia revolucionaria que lo nombraron general de Francia y gobernador de la Colonia. En 180l, él proclamó su propia Constitución. A través de este acto, rompió con las reglas del Pacto Colonial, estableció relaciones diplomáticas con Inglaterra y Estados Unidos y otorgó a Saint Domingue un estatuto de autonomía.[iii]
La suerte que le cupo a Francois Dominique Toussaint fue la de esclavo doméstico, lo que le permitió eludir la peor forma de explotación esclava en las plantaciones, lo que conllevaba al agotamiento físico y mental. De manera que, gracias a esa forma más “benigna” de esclavitud pudo acceder a la lectura y a una formación cultural que le estaba vedada a la mayoría. En 1776, a los 33 años, edad madura para entonces, pudo acceder a su emancipación como hombre libre, convirtiéndose él mismo en propietario agrícola que a su vez explotaba hasta 13 esclavos, uno de los cuales era J. J. Dessalines, quien proclamaría posteriormente la independencia de Haití.[iv]
Evidentemente su actitud como amo no fue severa como la de otros, lo que le permitió ponerse a la cabeza del movimiento antiesclavista y que, quienes como Dessalines habían trabajado para él, se convirtieran en sus lugartenientes.
Tan pronto estalló en París el proceso revolucionario, la literatura y la información sobre el mismo llegó y tuvo sus repercusiones en Saint-Domingue. Uno de esos documentos que tuvo gran impacto entre los haitianos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. El primer impacto en la isla sucedió el 28 de octubre de 1790, cuando 350 mulatos acudieron a la Asamblea de Puerto Príncipe a exigir iguales derechos, los cuales estaban encabezados por Vincent Ogé. Esta manifestación fue duramente reprimida por los colonos blancos, pagando con su vida Ogé y decenas de los participantes. Primera prueba de que los llamados “Derechos del Hombre” no valían para los hombres negros.
El estallido decisivo ocurrió el 14 de agosto de 1791; en el marco de una ceremonia religiosa en Bois Caiman se produce una masiva sublevación de esclavos dirigida por Dutty Boukman, George Biassou y Jean F. Papillon. La rebelión destruyo decenas de plantaciones y asesinó a más de 2,000 blancos. A ellos se sumó Toussaint, primero como médico, y luego como ayudante de Biassou.
Pronto Toussaint destacó en el combate por su valentía e inteligencia, lo que le permitió desarrollar un sistema de ataque al enemigo por el que adquirió el sobrenombre con el que fue conocido “Louverture” (“La Apertura”).
A raíz de la ejecución de Luis XVI, el 21 de enero de 1793, España intervino en la guerra civil de Saint- Domingue, ofreciendo apoyo a los rebeldes, lo cual fue aceptado por Toussaint, quien se había convertido en la cabeza visible de la revolución. El 29 de agosto de 1793, Toussaint proclamó: “Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para que existan. Únanse, hermanos, y combatan conmigo por la misma causa. Desarraiguen conmigo el árbol de la esclavitud”.[v]
Maximilien Robespierre, quien era miembro de la sociedad de los “Amigos de los Negros”, propuso y fue aprobada la abolición de la esclavitud en Francia y sus colonias, el 4 de febrero de 1794. “A partir del momento en que en uno de sus decretos, ustedes habrán pronunciado la palabra “esclavo”, habrán pronunciado a la vez su deshonor y el derrocamiento de su Constitución”, Robespierre.[vi]
Otorgada la ciudadanía y la libertad mediante ese decreto a los esclavos de Haití, la república francesa envió al general Lavaux a negociar con Toussaint para que rompiera con España y se sumara al bando francés, para lo cual se le otorgó el cargo de general. Toussaint aceptó, cambió a favor de la república, combatió a los españoles expulsándolos del lado francés de la isla y obligándolos a firmar un tratado de paz en 1795. Tres años más tarde repetiría el mismo éxito contra los invasores ingleses, lo que le valió el nombramiento de gobernador de Saint- Domingue.
La perfidia de la Francia republicana
Había que socavar la autoridad del gran líder haitiano para reemplazarlo por un títere. Para lo cual el Directorio, en 1798, envió al general Hédouville para fomentar la división entre Toussaint, que controlaba el norte de la isla, y el general André Rigaux, mulato y propietario de haciendas, que controlaba el sur. Produciéndose una guerra civil entre 1799 y 1800, hasta que finalmente Toussaint logró expulsar a Rigaux. El 2 de julio de 1801, Toussaint y la Asamblea General de Saint-Domingue proclaman una constitución política en la que se establece un régimen autonómico, pero no la independencia de Francia. Por el artículo tercero se declaró “No puede haber esclavos en este territorio”; el cuarto elimina cualquier discriminación de raza para acceder a un empleo; y el quinto consagra la verdadera igualdad al declarar que “No hay otra distinción que las virtudes o talentos”. [vii]
Pero Toussaint cometió el error de seguir confiando en la República francesa, y envió el texto de la constitución a Napoleón Bonaparte para obtener su aprobación. En vez de ello, lo que hizo Napoleón fue enviar a su cuñado, el general Leclerc, con más de 20,000 soldados para aplastar el gobierno de Toussaint, el cual desembarcó en Cap el 29 de enero de 1802 exigiendo la rendición de la guarnición. Paralelamente, el 20 de mayo de 1802, el mismísimo Napoleón Bonaparte mediante decreto restauró la esclavitud.
Los militares franceses utilizaron contra Toussaint todos los métodos desarrollado por los imperios para someter a sus colonias: crímenes de lesa humanidad contra la población civil, sobornar a los subalternos para que algunos le traicionaran, y aparentemente cayeron en esa trampa Rigo, Petion y Dessalines inclusive. Napoleón llegó a enviar a los hijos de Toussaint, que estudiaban en Francia, con un supuesto mensaje halagador hacia su persona, a ver si lograba controlarlo. Como Leclerc no podía asestar la derrota militar que quería, propuso a Toussaint un acuerdo de paz, mediado por una carta de Napoleón reconociendo los “servicios rendidos al pueblo francés” y proclamarlo entre “los más ilustres ciudadanos”, etc., y la promesa de no restaurar la esclavitud. Toussaint aceptó el acuerdo que incluía preservar a su estado mayor y retirarse a la población de Ennery.
Los militares franceses no cumplieron y empezaron a acosarlo hasta que, en junio de 1802, fue arrestado con toda su familia y deportado a Francia, donde permaneció bajo arresto hasta el 7 de abril de 1803, cuando falleció. Tenía 60 años de edad.
Finalmente, la independencia
El cuñado de Napoleón, el general Leclerc, pagó con su vida sus crímenes contra el pueblo haitiano, no a manos de ningún combatiente, sino gracias a la fiebre amarilla que lo mató en 1802 en isla Tortuga, Haití. Advirtiendo la traición de los franceses a sus compromisos y no deseando la vuelta atrás, tanto los negros como los mulatos, encabezados por J. J. Dessalines y Henri Christophe, unieron sus fuerzas en una reunión secreta conocida como “Convención de Arcahaie”. En mayo de 1803 se sublevaron, dando inicio a la Guerra de Independencia. Tuvieron a su favor la guerra de Gran Bretaña contra Francia, lo que impidió a estos últimos enviar tropas a la isla. En octubre de 1803 Dessalines tomó Puerto Príncipe y el 19 de noviembre de ese año asestó la derrota a los franceses en la batalla de Vertiers. Diez días después las tropas derrotadas abandonaron la isla.
La independencia definitiva sería proclamada unas semanas después, el 1 de enero de 1804. El gobierno francés tardaría varias décadas en reconocer su independencia, lo que finalmente hizo exigiendo una indemnización para resarcir a los colonos blancos esclavistas que habían sido expropiados y expulsados de la isla. Se había cumplido el vaticinio de Toussaint: “Al derrocarme, sólo se ha derrocado en Santo Domingo el tronco del árbol de la libertad de los negros; volverá a crecer porque sus raíces son profundas y numerosas”.
El apoyo de Haití a la independencia hispanoamericana
Haití independiente prestó apoyo consecuente a la lucha por la independencia hispanoamericana. El propio Francisco de Miranda, durante su fallida expedición libertadora a Venezuela, recaló previamente en el puerto de Jacmel, en febrero de 1806, en donde recibió apoyo de Alexander Petion. Posteriormente, en 1815, durante su exilio en Jamaica, Simón Bolívar le escribe a Petion pidiéndole apoyo, y este le recibe en enero de 1816, con cuya ayuda Bolívar dirigió la conocida Expedición de Los Cayos, en la que el apoyo incluyó la participación de hasta 1,000 haitianos para tomar el oriente de Venezuela.
Se dice que Petion entregó no sólo armas, dinero y soldados a Bolívar, sino también la espada símbolo de la libertad de Haití, y que lo hizo con una condición:
Pido a Usted, que cuando llegue a Venezuela, su primera orden sea la Declaración de los Derechos del Hombre y la libertad de los esclavos... y para que pueda cumplir con esa misión, le hace entrega del símbolo de la emancipación de Haití: es la “Espada Libertadora de Haití”, la misma que empuñó durante la guerra contra los franceses, la que utilizó Miranda en sus dos fallidos intentos por libertar a su Patria, y la que en 1807 le permitió instaurar una República en el sur y oeste de Haití de la que fue nombrado presidente vitalicio.[viii]
Bolívar sólo cumplió parcialmente este compromiso, pues decretó al llegar la libertad de los esclavos que se sumaran al Ejército Libertador, pero no de todos los esclavos. Aunque liberó a los esclavos de sus haciendas familiares, nunca se emitió un decreto general, seguramente para no confrontar a los latifundistas criollos. Hay controversia respecto a las razones por las cuales, diez años después, consumada la independencia hispanoamericana, Simón Bolívar no invitó al Congreso Anfictiónico de Panamá a la república de Haití.
La injusticia y la perfidia continúan
Así ha sido reiteradamente a lo largo de la historia, cada vez que fuerzas reaccionarias han vuelto a cortar el tronco de la libertad éste vuelve y crece, como predijo Toussaint. En 2004, el imperialismo norteamericano, con apoyo de las “democráticas” Francia y Canadá, con la participación del gobierno de la República Dominicana, que prestó su territorio, repitieron la perfidia fomentando un golpe de Estado contra el presidente Jean B. Aristide, al cual fuerzas de esos países secuestraron y deportaron hasta la República Centroafricana. Golpe sobre el que guardó silencio gran parte del llamado progresismo latinoamericano que, por el contrario, avaló la ocupación de la isla con tropas disfrazadas bajo la bandera de las Naciones Unidas (MINUSTAH), en las que colaboraron soldados de Brasil y Bolivia, entre otros.
El Estado nacional haitiano es formalmente independiente, pero el pueblo haitiano continúa su lucha por la libertad.
[i] J. J. Dessalines, (1 de Enero de 1804). Documento la declaración de independencia de Haití (1804). Obtenido de Dialnet: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d& q=Proclama+de+independencia+de+Hait%C3%AD
[ii] F. A. Morales Torres (2017). Haití: entre la revolución francesa y la revolución de esclavos (1791-1804). Obtenido de SIBIUP: http://kohasibiup.up.ac.pa/cgi-bin/koha/ opac-search.pl?q=Felix+Morales
[iii] G. P. Charles, (s.f.), Toussaint Louverture. Obtenido de Revista Mexicana de Política Exterior: https://www.google.com/search?client=firefox-b-.
[iv] S. Lamrani, (13 de junio de 2019), Toussaint Louverture, la dignidad insurrecta.
Obtenido de América Latina en Movimiento: https://www.alainet.org/es/ articulo/200418.
[v] Ibídem.
[vi] Ibid.
[vii] Íbid.
[viii] F. A. Morales Torres, Op. cit.