COSTA RICA.- Reflexiones y propuestas sobre la crisis y la situación actual de Costa Rica

Por José René Tamariz Corea

I.-

Crisis Económica. Costa Rica se encuentra en recesión económica desde hace varios meses. Según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) esta tuvo una contracción por octavo mes consecutivo (enero-agosto), siendo la caída interanual del 7,7% de la producción nacional. La disminución de esa producción es una de las mayores desde el año 1991. Las actividades económicas más golpeadas han sido alojamiento y servicios de comida (59,4%), transporte (31,6%), almacenamiento (27,4%) y comercio (15,5%). Por otra parte, de acuerdo con la CEPAL la caída del PIB será del 5,5% para el año 2020, siendo el pronóstico más alto que la del Banco Central.

Asimismo, esa grave crisis económica ha conducido a una marcada declinación del 11,3% del consumo de los hogares, el 0,3% en la reducción de los gastos del gobierno y del 3,8% de la inversión de las empresas. También se ha producido una fuerte contracción de la demanda externa del 13,3% en las exportaciones y del 34% en los servicios, así como una disminución de un 14,7% de las importaciones en bienes y del 25,6% en servicios. Esta profunda ya generalizada reducción en el consumo y de las exportaciones, servicios e importaciones, a su vez profundiza aún más la contracción y recesión económica, creando un círculo cíclico de crisis.

El sistema económico capitalista tiene una lógica interna y externa que conduce, cada cierto tiempo, a desajustes estructurales de la producción frente a la demanda, lo cual conduce a periodos de crecimientos, decrecimientos y crisis. El actual ciclo económico que algunos economistas ubican a partir del año 2015 y otros en el 2016 se encuentra en su fase grave y severa de contracción económica. Según la economista, Roxana Morales "... no se podría afirmar que la fase de desaceleración actual está por concluir, menos aún, considerando el alto nivel de desempleo, que el desequilibrio de las finanzas públicas no está pronto a resolverse y la incertidumbre sobre el entorno internacional”. (Semanario Universidad, 22 de mayo de 2019). Esta información hacía referencia a una situación en la que no existía la pandemia. Veamos algunos datos que demuestran esta prolongada fase de desaceleración económica.

La actual recesión económica, profundizada por la pandemia del covid-19 y las políticas equivocadas del gobierno, tienen sus antecedentes en la desaceleración económica en años anteriores. La economía tiene cuatro años de continuo decrecimiento. En el año 2016 el crecimiento del PIB fue del 4,2%, para el año 2017 el PIB bajó al 3,2%, en el 2018 disminuyó al 2,7% y en el 2019 cayó al 2,1%, mientras que para el año 2020 se prevé una desastrosa caída del -5,5%. Este proceso de decrecimiento económico prolongada y pronunciada hasta caer en recesión económica se produce por la combinación de diferentes factores nacionales e internacionales: influencia de la desaceleración de la economía mundial, deterioro de los términos del intercambio comercial, caída de las exportaciones a Nicaragua y Centroamérica, problemas ocasionados por el cambio climático y otros elementos y de último, por la pandemia de la covid-19 y las políticas de cierres equivocados, casi generalizada, de diversas actividades económicas por parte del gobierno de Alvarado, lo cual han profundizado el proceso de recesión económica.

II.-

Déficit Fiscal y Endeudamiento Público. En un estudio sobre Costa Rica realizado por la CEPAL ese organismo sostenía que “. Costa Rica ha presentado un desbalance estructural en las finanzas públicas, generado por causas imputables a diversos factores, desde la perspectiva del ingreso o del gasto. Esas causas estructurales han generado un déficit fiscal consecutivo que ha llegado a superar el 4% del PIB durante los últimos seis años, situación nunca vista en décadas anteriores. Como consecuencia del incremento del déficit fiscal, la deuda del Gobierno central aumentó en forma acelerada, al pasar de un 25% a un 43% del producto interno bruto (PIB) en siete años.”. (CEPAL: El enfoque de brechas estructurales. Análisis del Caso de Costa Rica. Naciones Unidas, Santiago, noviembre de 2016).

En el año 2008 la deuda interna era del 27,42%, mientras que para el año 2015 se había disparado al 44,73%. Ya para el año 2017 era del 48,7%. Es decir, que en 7 años la deuda interna tuvo un crecimiento porcentual del 63,2%. En ese mismo periodo la deuda externa pasó del 12,49% al 15,57%, o sea, un incremento porcentual del 24,7%. Como se puede observar, el incremento significativo de la deuda pública ha sido mayoritariamente de carácter interno. Se estima que la deuda pública para el año 2020 podría llegar al 70% y para el 2021 se podría disparar al 80%.

Por otra parte, el ministerio de hacienda el déficit fiscal prevé que para el año 2020 el déficit fiscal sería del 9,3%, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) sostiene que podría llegar al 11,7% del PIB. Lo anterior quiere decir que, en cualquiera de los escenarios, respecto al año 2015, el déficit fiscal se habría más que duplicado.

La relación déficit fiscal y endeudamiento público tiene diferentes causas. Por el lado de los ingresos, “...las exoneraciones de impuestos han favorecido las bajas en los ingresos tributarios y equivalen a cerca del 5% del PIB del país.”. (Ídem). Asimismo, la evasión y elusión fiscal ronda el 8,22% del PIB. También el impuesto a la renta y utilidades en Costa Rica tiene una menor recaudación que el promedio de los países de América Latina y el Caribe como de las naciones de la OCDE y de varios países como México, Colombia, Chile y Brasil. Mientras el promedio latinoamericano y de la OCDE supera el 5% del PIB y el 11% del PIB, respectivamente, en Costa Rica, apenas alcanza el 4%. En México, supera el 5%, en Colombia es más del 6% y Brasil mayor al 7%. (Datos del 2013 tomado del estudio de la CEPAL). También existe una deficiente gestión del cobro de los impuestos.

De otro lado, en el año 2017 el servicio de la deuda pública consumió el 30,1% del presupuesto de la República y llegará a consumir el 42,3% de ese presupuesto en el año 2021. Lo anterior en términos absolutos de dinero significa que en el año 2017 se gastó $2,5 billones de colones en pago del servicio de la deuda, mientras que para el año 2021 ese gasto pasaría a $4,8 billones de colones. Esa gigantesca cantidad de dinero que se está pagando y pagará, en los próximos años, por concepto de servicio de la deuda pública está conllevando al estrujamiento y disminución de los gastos en otros rubros, tales como, el servicio social, las remuneraciones salariales del sector público, las partidas de educación del ministerio de educación pública (MEP) y otros.

Entonces, el aumento constante del déficit fiscal se ha producido por el desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno. Cada vez más, los ingresos fiscales son menores que los ingresos. La disminución de los ingresos fiscales se ha producido por las gigantescas exoneraciones fiscales, la inmensa evasión y elusión fiscal, los bajos porcentajes de los impuestos a las utilidades y ganancias, así como de los ineficientes mecanismos para cobrar los impuestos.

Por el lado de los gastos existen gastos superfluos como pagos de numerosas consultorías, sobrepagos por las obras de concesión, pagos millonarios exagerados en alquileres de edificios, pagos de grandes montos en pensiones de lujos de personajes del PLN, PUSC y PAC, pagos de pensiones a expresidentes que bien pueden seguir trabajando, altísimos salarios y dietas de altos funcionarios públicos y procesos de corrupción. Ese continuo y cada vez mayor, déficit fiscal han conducido a un incremento del endeudamiento, lo cual se ha convertido en insostenible. Además, el grandísimo endeudamiento interno, a altas tasas de intereses leoninos y perversos, se ha producido para favorecer al capital financiero, en detrimento del Estado. No se puede seguir viviendo de a prestado. Ese nivel de endeudamiento, ocasionado desde el gobierno de Arias hasta el actual de Alvarado, ha hipotecado el futuro del país, impidiendo cualquier posibilidad de desarrollo del país.

III.-

Desigualdad Social. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica fue del 0,514 en el año 2019, ubicándose como un país más desigual que Chile y México en Latinoamérica y que el promedio de los países de la OCDE. Mientras que en el año 2020 se estima en 0,519. Aunque no fue un aumento significativo a nivel nacional, sin embargo, “. por zona sí hubo un incremento notable en la urbana. Ahí el dato creció en 0,008 puntos, respecto al año anterior, al pasar de 0,508 en el 2019 al 0,516 en el 2020”. (La Nación, 16 de octubre de 2020). Pues bien, eso que sólo constituye un dato, ahora sus consecuencias y repercusiones reales, con la pandemia, se han traducido en infectados y muertos. Miles de esos contagiados no tienen acceso a la seguridad social y tampoco atención por sus enfermedades crónicas, lo cual las convierten en personas descompensadas, requiriendo hospitalización y teniendo una mayor tasa de mortalidad. La desigualdad económica y social ha adquirido corporeidad.

La pobreza tuvo un gran aumento, pasando del 21% en el año 2019 al 26,2% al año 2020. Fue un incremento porcentual del 5,2% que, en términos absolutos, significa que 84.000 mil nuevos hogares ingresaron a ser pobres para un total de 420.000 familias. La extrema pobreza pasó del 5,8% al 8,5% siendo 112.987 hogares en esa condición. En total, la cantidad de personas en pobreza suman 1,5 millones. El ingreso mensual que perciben esos hogares en las zonas urbanas es menor a $112.266 ($184 aproximadamente) y de $84.439 ($138) en las zonas rurales. A su vez, la caída de los ingresos ha sido generalizada en todos los quintiles o segmentos de ingresos.

La desigualdad económica y social se manifiesta en la denominada pobreza multidimensional. La cantidad de familias sin acceso a Internet pasó del 15,7% en el año 2019 al 20,2% en el 2020. Esa situación convierte la educación a distancia en una fantasía y engaño para miles de estudiantes.

La profunda desigualdad económica y social que existe en Costa Rica es el producto de que un reducido sector, principalmente capitalistas y altos ejecutivos de empresas, se han enriquecido a manos llenas, mientras el conjunto mayoritario de la población reduce sus ingresos y se empobrece. En Costa Rica existe mucha riqueza, pero está acaparada por ese pequeño sector de ricos y superricos. Se requiere una redistribución de esas grandes riquezas.

IV.-

Desempleo, Informalidad y Salarios. El aumento del desempleo en Costa Rica es gigantesco. Actualmente es del 23,2% (trimestre junio-agosto), bajando un poco respecto al trimestre pasado que fue del 24,2%. En términos absolutos ese dato porcentual representa a 544.000 personas sin trabajo. A esa gran cantidad de desempleados habría que sumarle los 144.000 desalentados que, ya ni siquiera buscan trabajo porque no encuentran, y que no se incluyen en las estadísticas de desempleados. Luego se encuentran los subempleados que suman unos 340.000 trabajadores. A las cifras anteriores, le podemos agregar los trabajadores con jornadas reducidas y contratos suspendidos. El 30% de las mipymes redujeron las jornadas de trabajo y, por ende, de los salarios y el 17,7% suspendió las jornadas de trabajo y, por tanto, suspendió los pagos de los salarios. Existen unos 140.000 trabajadores con jornadas y salarios reducidos. Por otra parte, los trabajadores informales son 1.040.025 personas. Muchas de esos trabajadores del sector informal han perdido sus fuentes de ingreso. Entonces, tenemos una situación realmente dramática, aproximadamente, más de 2.000.000 de personas con nulos o reducidos ingresos, lo cual significa que el consumo se ha contraído y, por ende, la contracción económica se ha agravado. Ese grave problema del desempleo, subempleo, jornadas reducidas, contratos suspendidos e informalidad representa aproximadamente casi un 46% de la población total de Costa Rica.

Por otra parte, es importante destacar que, el problema del desempleo estructural y crónico se ha convertido en una grave problemática. Su crecimiento ha sido continuo, con bajas excepciones, convirtiéndose en permanente. La tasa de desempleo desde el 2011 hasta el 2020, es decir, en nueve años ha tenido un promedio de 10,24%. Veamos la serie de la desocupación de los últimos nueve años en números.

Tasa de Desempleo

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje	10,5%	9,8%	8,3%	9,7%	9,6%	9,5%	9,4%	12%	13,4%	23,2%

 

En el año 2020, la desocupación llegó a su más alto porcentajes de las últimas décadas, ubicándose en el 23,2%!! Ni siquiera en la más grave crisis económica que tuvo Costa Rica en la época de los años 80, el desempleo llegó a semejante porcentaje. En aquella época “El desempleo en los 4 años siguientes se duplicó, quiere decir que se pasó de 4,4% de julio 79 a un 9,4% en julio de 1982”. (Garita, Gabriela, Ureña Lisette y González Kattia: Crisis en Costa Rica en los años 80. Maestría en Administración de Negocios, UNED, 2006). Podemos observar que existe una relación entre el decrecimiento económico y el aumento galopante de las tasas de desempleo.

Asimismo, es importante destacar que los ingresos han caído de forma generalizada en todos los estratos laborales. Según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por INEC en el mes de julio y publicada el 15 de octubre. Por ejemplo “El ingreso del primer quintil (20% de hogares con menos recursos) cayó 6,5% y el del quinto quintil (20% de hogares con más recursos), 11,2%”. (La Nación, 16 de octubre de 2020).

El desempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria se han convertido en problemas estructurales, los cuales no tienen posibilidad de solución con medidas temporales. Se requieren medidas y políticas más estructurales que permitan solucionar, tales como inversiones estatales masivas, el cambio de modelo económico y otras.

V.-

Pandemia y Crisis. El desarrollo y profundización de la pandemia ha hecho pública y evidentes las grandes desigualdades económicas y sociales que existen en Costa Rica. Primero se desnudaron las condiciones infrahumanas en que viven miles de trabajadores agrícolas, así como la despiadada superexplotación a que son sometidos, tanto por los contratistas como por los empresarios agrícolas de la piña, yuca y otros productos. También se revelaron y ventilaron públicamente las condiciones miserables, insalubres e inhumanas en que viven miles de personas que habitan en cientos de cuarterías y precarios.

El 60% de los contagiado y muertos por la covid-19 pertenecen al sector denominado como inactivos laboralmente (40%); el 11,6% son personas y trabajadores del sector agrícola, de la construcción, trabajadoras domésticas, guardas y misceláneos; otro 6% pertenece a oficiales, operarios y artesanos y así sucesivamente. La crisis sanitaria y las equivocadas políticas del gobierno ha conllevado a una segunda gran pandemia: el aumento del desempleo, el incremento del hambre y la pauperización creciente, conllevando a miles de personas a convertirse en menesterosos. Los resultados están a la vista con el gran aumento de la pobreza, desempleo y pauperización.

Las políticas de cierre generalizada de múltiples actividades económicas del gobierno de Carlos Alvarado para enfrentar la pandemia del covid-19, aunque en apariencia correctas, lejos de detener el contagio, más bien lo que provocaron fueron mayor desempleo, menores o nulos ingresos salariales, mayor pobreza y miseria.

VI.-

Desmontaje del Estado Social de Derecho. Desde hace varios años viene un proceso de reacción y desmontaje, por parte de los gobiernos neoliberales de turno, del denominado estado social. Sin embargo, con el gobierno de Carlos Alvarado este proceso de reversión y contrarreforma se ha acelerado de forma significativa. Veamos,

Primero, el proceso de ajuste fiscal se produce, en un primer momento, mediante la ley de fortalecimiento de las finanzas pública, los componentes salariales, mejor conocidos como pluses salariales, pasaron de pagarse de forma porcentual a forma nominal, reduciendo sustancialmente sus montos y, por ende, los ingresos de los trabajadores del sector público. Ahora, con el proyecto de Empleo Público que se encuentra en la corriente legislativa las diferentes fracciones parlamentarias, con diversos matices, pretenden imponer el llamado salario global, eufemismo, del salario único para todos los trabajadores públicos, ya no sólo para la nuevos.

El mecanismo, mediante el cual se pretende imponer el salario único, eliminación de los pluses salariales, para todos los empleados públicos, es diverso. Se plantea que, entre otros, si el salario compuesto (salario base más pluses salariales) es mayor que el salario único de una categoría X, el salario compuesto se congelaría, casi de por vida del trabajador, hasta que, por efecto de la inflación y otros factores, ese salario disminuya y llegue a equipararse al salario único. De pasar esa contrarreforma del sistema de salarios, estaríamos frente a una derrota histórica de los trabajadores del sector público. Lo peor de todo es que sería una derrota sin lucha y sin pelea.

Ese proceso de ajuste fiscal se continúa con un profundo proceso de reducción del gasto público que afectará diversas actividades de bien social, cultural, educación, salud y otras y, eventualmente, al cierre de diversos programas sociales y cierre técnico de varias instituciones, o sea, despidos de trabajadores. Ese grave ajuste fiscal, representará un grave deterioro de las condiciones sociales y de existencia de la población. Dentro de ese plan de ajuste fiscal también entraría la eventual contrarreforma de los diferentes regímenes especiales de pensiones, los cuales probablemente sean ajustados y comprimidos en un régimen único de pensiones.

Segundo, el rediseño institucional o ajuste estructural se aplicaría con la fusión y cierre de diversas instituciones de bien social y otras, lo cual implicaría los despidos de cientos o miles de empleados públicos. La venta de activos o empresas del Estado, como parte de las propuestas fondomonetarista, van en la dirección del ajuste estructural. Todas esas medidas tienen el claro objetivo de reducir el Estado y, por ende, la planilla estatal, así como las funciones del aparato estatal.

Tercero, la arremetida neoliberal contra el derecho colectivo de los trabajadores es grave y profunda. Todas las convenciones colectivas están siendo vaciadas de sus conquistas y beneficios de los trabajares, mediante resoluciones de la Sala Constitucional que considera múltiples artículos de las convenciones colectivas como “inconstitucionales”. La aprobación de la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” en el año 2019, la cual prohíbe el derecho a la huelga o la limita, en algunos sectores, a sólo unos días como es el caso de educación, son parte de un proceso reaccionario profundo del Estado que, constituyen parte, de la eliminación del estado de derecho.

VII.-

Agotamiento y Crisis del Modelo de Promoción de las Exportaciones (PE). Desde el 18 Informe del Estado de la Nación se plantea que “En el 2011 se evidenció un agotamiento -señalado desde hace varios años- de las políticas de promoción de las exportaciones basadas en exoneraciones y subsidios como estrategia general para el desarrollo del país. Continuar con esta como única apuesta alcanza para generar crecimiento económico y crear enclaves de modernidad en sectores y territorios específicos. No alcanza, sin embargo, para resolver los problemas estratégicos que enfrenta Costa Rica, cuya naturaleza y complejidad desbordan las posibilidades de las políticas de apertura”. (Resumen del 18 Informe del Estado de la Nación. 2011). Ahora, este modelo, además de agotado se encuentra en crisis, ya que ni siquiera “crecimiento económico” garantiza, puesto que más bien existe un profundo decrecimiento económico.

Por otro lado, este modelo, producto de las masivas exoneraciones y subsidios que se le otorgan a las zonas francas y otros regímenes bajo su amparo, es el responsable del creciente déficit fiscal y, por ende, del creciente endeudamiento interno y externo del país. A su vez, la llamada vieja economía, integrada por las actividades económicas para el mercado interno, se encuentra en una profunda crisis, ya que la industria es obsoleta, además que no reciben el apoyo financiero, técnico y otros necesarios para poder desarrollarse. Este modelo necesita ser cambiado y reemplazado por un modelo que sirva al desarrollo nacional, erigido sobre bases económicas, sociales y políticas nuevas.

VIII.-

El Movimiento Rescate Nacional (MRN) y la Protesta Social. Este gran movimiento de protesta social, acaudillado por el MRN, desde el 30 de septiembre hasta la primera quincena del mes de octubre, fue el resultado de las políticas antipopulares, hambreadoras y de miseria provocadas por el gobierno de Alvarado contra la mayoría de diferentes sectores sociales y productivos. Costa Rica es el país que encabeza el primer lugar del desempleo (23,2%) en América Latina; la informalidad se ha incrementado; miles de micro, pequeños y medianos productores se han arruinado; el hambre, pobreza y miseria han subido como la espuma y así sucesivamente las condiciones de existencia de la mayoría de la población han empeorado hasta el paroxismo. A esas terribles condiciones de vida, el gobierno de Alvarado le pretende sumar el paquetazo hambreador y de entrega al FMI, lo cual llevaría a la liquidación casi total del pueblo trabajador.

Las caracterizaciones tanto del proceso de protesta como de la conducción del MRN han sido variadas. Algunos han planteado que son protesta de derecha, antisocialistas, anticomunistas, reaccionarias, mientras que otros sostienen que son progresivas y un movimiento unitario nacional y otras más. Sin duda alguna, esta es una discusión importante e interesante para el movimiento sindical, popular y revolucionario para extraer las enseñanzas necesarias de procesos de protestas sociales que se van a producir continuamente en el país. Se abre una situación dinámica.

El amplio movimiento de protesta social, principalmente, de las zonas rurales y periféricas, las más empobrecidas y abandonadas por los diferentes gobiernos y, en particular por el gobierno de PAC, pues no hay que olvidar que este partido no tiene siquiera diputados de las provincias más pobres, han entrado a la escena política y pública con los métodos de lucha y resistencia populares más fuertes y duros. Sectores productivos empobrecidos y arruinados de agricultores, pequeños ganaderos, pescadores, camaroneros, coligalleros en unidad con sectores populares y diferentes barriadas, acaudillados por el MRN, han desarrollado y protagonizado una real rebelión popular.

Es un estallido social popular parecido a los que se han realizado en otros países latinoamericanos como Honduras, Ecuador, Chile y otros países. Es obvio que no es un proceso obrero ni estudiantil. Es el clásico estallido de procesos sociales centroamericanos y latinoamericanos. Los procesos de lucha y las revoluciones en los países centroamericanos han sido populares. Los sujetos sociales no han sido la clase obrera, sino una mezcla de sujetos: gente de comunidades y barriadas, campesinos, estudiantes, pequeños y medianos productores. Los trabajadores como clase social han participado en esos procesos como individuos. La revolución en los países centroamericanos nunca ha sido proletaria, sino que ha sido popular.

La pobreza y miseria crecientes radicaliza a amplios sectores populares y capas medias, en nuestro caso rurales, en la lucha y sus métodos en el enfrentamiento con el Estado y sus fuerzas policiales. Eso es lo que estamos viendo: la furia de masas empobrecidas y miseria que no tienen nada que perder porque ya están tocando fondo.

La dirección política de este movimiento de protesta social y de Rescate Nacional no es obrera ni revolucionaria. Los líderes destacados y visibles, en un inicio fueron, José Miguel Corrales, exdiputado y exmiembro del PLN y, Celimo Guido, exdiputado y exmiembro del fenecido partido Fuerza Democrática, antecesor del Frente Amplio. Con la capitulación vergonzosa de Corrales, ha comenzado a aparecer de forma más protagónica el líder del sector productivo arrocero y exmiembro del PLN, Óscar Campos. Entonces, la conducción política del MRN es demócrata pequeñoburguesa por Celimo Guido, Xinia López y otros. Aún Campos no es la conducción política del MRN.

Por otro lado, los sectores sociales y productivos movilizados son de micro, pequeños y medianos productores diversos arruinados o en proceso de ruina: agricultores, ganaderos, pescadores, coligalleros y otros. Desde el punto de vista sociológico, los sectores movilizados son, principalmente, sectores productivos de la pequeña burguesía, variada. Tanto los sindicatos y los trabajadores movilizados han sido minoritarios: ANEP, ASDEICE, JAPDEVA. No determinan su conducción política. Los grandes sindicatos no han participado.

Desde el punto de vista programático, el pliego de peticiones o propuestas originales del MRN presentada para negociar con el gobierno de Alvarado son progresivos. Se opone a la venta de activos del Estado; propone impuestos progresivos que paguen más los que más tienen; plantean no negociar con el FMI, así como otras series de propuestas correctas.

Inicialmente, la consigna central del movimiento de protesta social de "No Más Impuestos" ha sido contradictorio, puesto que es un planteamiento que coincide con las diversas cámaras empresariales, la UCCAEP y toda la reacción de derecha. Aquí se encuentra la primera gran contradicción del movimiento de protesta social, una gran confusión política y de clase. En necesario diferenciar y diferenciarse planteando no más impuesto al pueblo trabajador y sí más impuesto al capital y a las zonas francas que no pagan impuestos. Esto debería ser educativo. El problema es que la dirección política, por su carácter de clase, no plantea claramente esa diferenciación.

Pero es importante sostener que esa contradicción es parte de la contradicción de la competencia entre grupos económicos. Los micros, pequeños y medianos productores que se movilizaron y bloquearon lo hicieron porque se encuentran en proceso de ruina, mientras que el gran capital se oponía -opone- a ese tipo de movimiento y protesta. Hay que recordar que el 90% de las mipymes han sido los sectores productivos más golpeados por la crisis y la pandemia. Sin duda alguna, aún con todas y sus contradicciones que tiene esta protesta social, el movimiento fue altamente progresivo. Su desarrollo lo llevaron, bajo duras condiciones de sol y lluvias, a fuertes enfrentamientos con el gobierno y hacia un avance en la conciencia en la lucha contra el FMI, el gobierno y sus políticas hambreadoras. La derecha dura y reaccionaria no estuvo nunca a favor -ni lo estará- con ese tipo de movimiento de protesta.

Dentro de este movimiento de protesta social también se movilizó y expresó un sector antisocialista y anticomunista que creen que el gobierno de Alvarado es "socialista" y "comunista". Que quiere instaurar el "socialismo". Es una posición política demencial, lo más absurda, puesto que Alvarado y sus lacayos son sirvientes a muerte del capitalismo y siervos del imperialismo yanqui.

La respuesta del gobierno de Alvarado al movimiento de protesta ha sido la represión con gases lacrimógeno y encarcelamientos. El gobierno no quiere negociar, sino reventar el movimiento mediante la represión generalizada a los manifestantes. Esa represión fue solicitada al gobierno por la UCCAEP y otras cámaras empresariales y, respondiendo a sus amos, el ministro de seguridad y Alvarado, obedecieron y ejecutaron en la madrugada del día 2 de octubre la represión en diferentes lugares.

Ese proceso de lucha del MRN terminó. La reunión sostenida entre dos dirigentes del movimiento rescate nacional (MRN), Celimo Guido y Xinia López, y dos líderes de la unión de cámaras empresariales (UCCAEP), José Jenkins y Óscar Echeverria, con Albino Vargas, como "garante", a solicitud de esta organización patronal tenía un claro objetivo, solicitarle al MRN el levantamiento de los bloqueos. ¿Qué pasó? Lo que todo sabemos: Celimo y Xinia aceptaron la solicitud de la patronal: aceptaron levantar los bloqueos a nivel nacional por una semana.

La reunión solicitada por la patronal al MRN es una clara maniobra política para neutralizar a Celimo y Xinia y, por ende, al MRN. Lo más grave de esa reunión es lo que escribió el MRN en su página de Facebook: llamar "líderes patriotas" a los explotadores de trabajadores de la UCCAEP. El gobierno de Alvarado logró la capitulación vergonzosa de Corrales. Luego, la patronal de UCCAEP logró la neutralización de Celimo y del MRN. El carácter de clase pequeñoburgués de la dirección política del MRN lo hace proclive a giro hacia la izquierda (movilización y bloqueos) y hacia la derecha (pacto con la patronal de la UCCAEP). Dado que el MRN no tiene contrapeso por la izquierda ha dado un giro a la derecha, por ahora lanzándose al pacto con la UCCAEP.

IX.-

El Rol de las Dirigencias Sindicales Burocráticas. Tanto los bloques sindicales como BUSSCO y Patria Justa, así como la Confederación Nacional de Trabajadores Rerum Novarum integrados por varios sindicatos no han tenido una política activa y de lucha para enfrentar la ofensiva neoliberal en contra de los trabajadores en general, sectores populares y el pueblo trabajador. Asimismo, algunos grandes sindicatos que no están en ningunos de esos bloques, como APSE, tampoco han jugado un rol combativo en contra de la arremetida del gobierno y los neoliberales en general. En el movimiento de protesta social, acaudillado por el MRN, esos bloques y sindicatos no tuvieron una política de apoyo y tampoco buscaron la unidad con ese movimiento para fortalecer la lucha contra el gobierno. La excepción dentro del colectivo Patria Justa, fueron la ANEP y ASDEICE que sí tuvieron una participación decidida y combativa dentro de ese movimiento.

Todas esas organizaciones se han circunscrito a convocar y realizar algunas caravanas de carros y motocicletas, con poca presencia de trabajadores, en protesta contra las políticas del gobierno de Carlos Alvarado. Algunos sindicatos como APSE han llamado a participar a sus afiliados en esas protestas, siempre y cuando, tengan "disponibilidad horaria”, es decir, si tienen ese día libre. Ni siquiera se atreven a convocar una huelga de 24 o 48 horas, por ejemplo, contra el proyecto de ley de empleo público que, eventualmente, eliminaría los pluses salariales e impondría el salario único a todos los trabajadores del sector, sean nuevos o viejos. Entonces, podemos asegurar que esas pantomimas de "protesta social” de todas esas organizaciones sindicales no ejercen ninguna presión seria y real para enfrentar, detener o derrotar las políticas en contra de los trabajadores y sectores populares de los neoliberales del gobierno de Alvarado y la Asamblea Legislativa.

En realidad, las dirigencias sindicales burocráticas de esos bloques sindicales y sindicatos que no están dentro de esos colectivos son de desmovilización de sus bases, lo cual en los hechos representa una política de conciliación y capitulación al gobierno de Alvarado. Al final, esa política de las dirigencias sindicales les facilita a los neoliberales poder aprobar sus planes, proyectos y políticas en contra del pueblo trabajadora, convirtiéndolos en cómplice del gobierno.

X.-

La Situación de la Democracia Costarricense. A Costa Rica, muchos políticos burgueses, historiadores, académicos y medios de comunicación la denominan la democracia más "longeva” de Latinoamérica. Respecto al origen de ese sistema y régimen político existen diferentes interpretaciones. Según Jacobo Schifter “Los historiadores de Costa Rica (68) han buscado la explicación de la democracia costarricense en las particularidades vividas por el país durante la época colonial. La premisa básica que los une es que un hecho particular -como lo es la democracia costarricense- es producto de causas también particulares. (...) Pero si bien estos historiadores han querido “racionalizar" el sistema democrático de Costa Rica basándose en legados inalienables de la colonia, los mismos han sufrido de una compulsividad “democratizante" de toda la historia del país para continuar racionalizando los legados democráticos coloniales. En otras palabras, se ha ignorado todo estudio sobre las tendencias autoritarias dentro del país a través de la historia.". (¿Democracia en Costa Rica? Euned, 1978.). Más adelante sostiene Schifter que “. Los regímenes de Braulio Carrillo, Tomás Guardia y Federico Tinoco han sido ignorados como tópicos por los historiadores costarricenses y cuando se les menciona, se les interpreta como aberraciones inevitables o necesidades excepcionales que nunca han sido característicos del político y la sociedad costarricense: Pero tales “desviaciones" han sido excepciones considerables dentro de la historia del país y que han venido a producir cambios sociales, difíciles de promover por métodos democráticos". (Idem).

Por otra parte, sostiene Schifter “. que la democracia en Costa Rica se basa en la teoría de neutralización de clases que se suscita en el país con la guerra civil de 1948. Dicha neutralización fue fruto de la polarización ideológica entre un populismo no transformista y un transformismo no populista. El primero representado por el movimiento “calderonista" y el segundo por el movimiento “figuerista" (...) y dicha neutralización es la causa responsable del régimen democrático contemporáneo en Costa Rica.". (Ídem). En otras palabras, según la tesis de Schifter, el origen de la democracia actual de Costa Rica es el resultado de la "neutralización de clases”. Esa caracterización del origen de la democracia costarricense es una aproximación sociológica a la realidad, pero es insuficiente. Nuestro planteamiento es que la democracia costarricense surgida del conflicto político-militar del año 1948 es el producto de la derrota político-militar del movimiento obrero acaudillado por el partido comunista a manos del movimiento acaudillado por Figueres. Esta democracia, surgida de aquel conflicto ha entrado en una nueva e inédita crisis histórica.

De acuerdo con Trotsky “. La democracia, régimen político, es más inquebrantable, más acabada, más firme cuanto la masa pequeñoburguesa de las ciudades y los campos, insuficientemente diferenciada desde el punto de vista de clase, ocupa más espacio en la vida social...". (Trotsky, León: Terrorismo y Comunismo. Fundación Federico Engels. España, 2005). Y más adelante insiste en que "... La democracia burguesa consigue realizar tanto mejor su obra cuanto más apoyada está por una capa más profunda de la pequeña burguesía, cuanto mayor es la importancia de esta última en la vida económica del país y más bajo, por consiguiente, el nivel del antagonismo de clase.". (Ídem)

Sin embargo, este sostén fundamental del funcionamiento del régimen democrático ha desaparecido en Costa Rica. La pequeña burguesía representada por las Mipymes, tanto de las ciudades como del campo, se encuentra en una profunda crisis económica. El 90% de ellas entraron en crisis. Otros sectores de las clases medias urbanas también están en crisis, ya que sus niveles de ingreso y consumo han disminuido. En otras palabras, la base social del régimen democrático costarricense ha desaparecido. Entonces, la importancia y espacios de la pequeña burguesía en la vida económica y social en Costa Rica es, cada vez, menor. Su rol de colchón de amortiguamiento del régimen democrático ha fenecido. La grave y brutal crisis económica que viven los trabajadores, así como diversos sectores populares y clases medias, producto del gigantesco desempleo, de la reducción de jornadas y los salarios y la suspensión de jornadas y de los salarios, la gran informalidad, el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, han iniciado un proceso de ruptura acelerada de las ilusiones democrático burguesa de las masas con la democracia.

Ahora, con el agravamiento de las contradicciones y de la lucha de clases, que tienden hacia un mayor una mayor confrontación social, el principal sustento de este régimen es la policía y sectores reaccionarios ligados al gran capital y a sectores minoritarios. El llamado desesperado de seis expresidentes (Calderón, Rodríguez, Pacheco, Arias, Chinchilla y Solís) a "defender" la constitución, la policía y la institucionalidad democrática es precisamente la intuición de que su régimen democrático está en crisis, cuestionado y en peligro de su propia existencia.

Cada vez más nos acercamos a los que la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, en una entrevista brindada al “Semanario Universidad” planteaba “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley. Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre". (Semanario Universidad. Semana del 11 al 17 de julio de 2018). Entonces, ese cuándo se llegaría a tener un gobierno autoritario, planteado por la jueza Hernández de la sala cuarta, está aproximándose con el gobierno de Carlos Alvarado. Este es un gobierno que se desliza, de forma sostenida, hacia un régimen con características autoritarias.

Por otra parte, la propuesta de “salida institucional”, recientemente planteada por el neoliberal Juan Carlos Hidalgo apunta en la dirección de la imposición de un régimen autoritario, de corte dictatorial. Veamos.

"En Costa Rica... podríamos explorar una salida institucional, aunque poco convencional: que Carlos Alvarado acepte un papel ceremonial de jefe de Estado tras designar a una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne con un gabinete tecnocrático por el resto del período presidencial". (La Nación, 26 de octubre de 2020). Párrafo seguido plantea que "Este jefe nominal de Gobierno bien podría recibir un voto simbólico de confianza en la Asamblea Legislativa que lo invista de un mandato político. Mi sugerencia sería Rodrigo Arias...". (Ídem).

El planteamiento sugerido por este neoliberal, miembro del PUSC, es lo que piensan y desean muchos reaccionarios. Asimismo, ese planteo es la pretensión de imponer, por la vía de hecho, aparentemente, un "régimen parlamentario", sin que tal tipo de régimen sea constitucional, pero el contenido es otro. Es decir, esta sería una salida inconstitucional, nada más que, si Carlos Alvarado la acepta, le daría viabilidad política.

Entonces, la "salida institucional" de este neoliberal, mediante, un "gobierno tecnocrático" y de un "súper ministro de la Presidencia" conduciría, de forma más rápida, a la imposición de facto de un régimen autoritario, dictatorial, para poder aplicar los salvajes planes de ajuste fiscal y estructural fondomonetaristas.

XI.-

La Situación del Gobierno de Carlos Alvarado. El gobierno de Carlos Alvarado se encuentra en crisis política, su credibilidad ha caído de forma estrepitosa, producto de la grave crisis económica y social a que ha sido sometida la mayoría de la población. En el mes de abril, la popularidad de Carlos Alvarado había aumentado a un 65% y solamente el 20% de la población lo calificaba de forma negativa. Sin embargo, esa evaluación positiva del 65% en abril, pasó para el mes de agosto al 26%, cayendo un 39% y su calificación negativa pasó del 20% al 50%. Ya para el mes siguiente, septiembre, el 85% de la población calificaba de forma negativa la gestión del gobierno de Alvarado y del 56% del gobierno en general, según la encuesta de la empresa Índice. Por tanto, la caída en la credibilidad de Alvarado en cinco meses fue gigantesca, del 65% más que en abril. Solo un pequeñísimo sector de la población lo apoya. De ahí, que el gobierno de Carlos Alvarado es absolutamente impopular.

Por otro lado, las propuestas fondomonetaristas del gobierno para negociar un préstamo por $1.750 millones fueron retiradas, de forma temporal por Carlos Alvarado, producto de las movilizaciones y bloqueos realizados por el movimiento rescate nacional (MRN) desde el 30 de septiembre hasta la segunda semana del mes de octubre. Fueron retiradas con el compromiso de realizar un proceso de dialogo por sectores con diversos actores sociales. Sin embargo, ese primer intento que iba ser dirigido por el Estado de la Nación fue un rotundo fracaso. Ahora, el gobierno realiza un denominado proceso de diálogo multisectorial, que es como una torre de Babel, mediante el cual, pretende llegar a acuerdos para ejecutar sus planes de ajuste fiscal y estructural. Las organizaciones sindicales que participan en ese mañoso y tramposo diálogo multisectorial, para ponerse de acuerdo en cómo aplicar el plan de ajuste fiscal y estructural, le hacen el juego y se convierten en cómplices de la aplicación de esas eventuales fondomonetaristas por parte del gobierno.

Además, es por todo mundo conocido, la incapacidad del gobierno de Carlos Alvarado para solucionar los graves problemas sociales y la crisis económica que enfrenta el país. Es evidente que este gobierno no tiene un plan para reactivar la economía, reducir el desempleo, disminuir la informalidad, así como la pobreza y miseria de grandes sectores de la población.

XII.-

1. Propuestas Políticas y Organizativas de Lucha.

Para Resolver el Déficit Fiscal:

• Eliminación de las grandes exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas, pues, solamente 19 empresas de 331 pagan impuesto, es decir, apenas un 3,4%.
• Combate a la alta evasión y elusión de impuesto, mediante diversos mecanismos, ya sean tecnológicos, confiscatorios e incluso de cárcel a los evasores.
• Aumento del 4% del PIB al 6% del PIB del impuesto a las utilidades y ganancias de las empresas consideradas como grandes contribuyentes y de las grandes empresas territoriales.
• Incluir la renta mundial dentro de los impuestos.
• Reducción de los altísimos salarios hasta un máximo de C3.000.000 en el sector público: diputados, presidente de la República y vicepresidentes, ministros, viceministros, altos jerarcas de los poderes judicial y electoral, directivos de empresas públicas, directivos de instituciones públicas, reducción de las dietas al mismo nivel en todas las instituciones públicas.
• Reducción de los montos de todas las pensiones de lujo.
• Eliminación de las pensiones a los expresidentes de la República.
• Suspensión y eliminación de todos los contratos millonarios de alquileres de edificios para uso de ministerios e instituciones públicas.
• Eliminación de todas las consultorías, los sobrepagos a las obras de concesión pública y otros actos de corrupción.
• Para Enfrentar el Endeudamiento y la Crisis Económica:

• Que algunas empresas e instituciones estatales le condonen la deuda pública interna al gobierno, tales como el INS, los bancos públicos como el Banco Nacional (BN y BCR) y que esos dineros sean utilizados en el desarrollo del plan de obras pública y otros procesos de modernización de la estructura del país.
• Moratoria del pago de la deuda externa e interna privada (bancos privados y otras financieras), intereses y capital, para utilizar esos dineros en la reactivación económica.
• Disminución de los intereses de los intereses leoninos de la deuda interna.
• Ni negociación ni préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Reforma de la ley del Banco Central para utilizar al menos un 20% de las reservas monetarias internacionales (RIM) para enfrentar la actual crisis económica y fiscal.
• Para Reducir el Desempleo y Reactivar la Economía:

• Para reducir drásticamente el 23,2% de desempleo se debe formular y aplicar un Plan de Obras Públicas masivo que garantice trabajo a miles de desempleados, principalmente, de bajo nivel educativo. Este ambicioso plan debe incluir: construcción de carreteras; construcción y reconstrucción de colegios y escuelas; eliminación de cuarterías y tugurios y su sustitución por la construcción de proyectos de viviendas digna y de bien social; construcción de nuevos hospitales y clínicas de salud, así como la reconstrucción de aquellos viejos hospitales; construcción o modernización de acueductos y alcantarillas en donde se necesiten y otras obras sociales.
• Implementación de un seguro de desempleo mediante el Instituto Nacional de Seguros (INS).
• Para Reactivar la Demanda:

• Actualmente, la demanda se encuentra fuertemente deprimida y reducida por el altísimo desempleo, la informalidad y la incertidumbre de la situación de recesión económica. Por tanto, se requiere medidas para estimular el consumo. Entonces, se propone impulsar una política de salarios mínimos reales crecientes, es decir, aumentar esos salarios porque se han mantenido congelados por mucho tiempo. Evitar la aprobación del proyecto de ley de empleo público porque impondría el salario en el sector público, lo reduciría aún más los salarios en el sector público, ya de por si reducidos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

1. Para Reactivar las MIPYMES

• Condonación de las deudas con los bancos que tienen los micros, pequeños y medianos empresarios de diferentes actividades económicas (agrícolas, industriales, comercios, servicios y otras) por problemas ocasionados por la pandemia del covid-19, de reducción de los precios internacionales, crisis económica y falta de tecnificación y modernización de los sectores.

1. Cambiar la Matriz Energética:

• Diseñar e impulsar el desarrollo de proyectos de producción de energía solar, geotérmica, hidrógeno y otras energías Estas tendrían dos objetivos centrales, reducir el gasto millonario en compra de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, descarbonizar la economía, evitando o reduciendo sensiblemente la contaminación ambiental, contribuyendo con la atenuación del cambio climático.

1. Cambiar la Matriz Productiva del País:

• Lo anterior requiere de diseñar e impulsar un proceso de industrialización, incorporando nuevas tecnologías y métodos de trabajo en la industria nacional, tales como industrializar los productos agrícolas, industrializar la agricultura con equipos y maquinarias modernos. Crear y desarrollar polos productivos en las regiones donde existe mucho desempleo.

1. Por la Más Amplia Unidad de Acción Sindical, Campesina, Popular y Revolucionaria

• Para poder enfrentar la ofensiva del gobierno de Carlos Alvarado y toda la jauría neoliberal, así como evitar la aplicación del FMI y otros proyectos en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias, se requiere y urge la necesidad de conformar un movimiento amplio de unidad de diferentes sectores sociales (trabajadores, pequeños agricultores y otros, estudiantes y sectores populares, sectores medios y revolucionarios) y de sus organizaciones (bloques sindicales, sindicatos; MRN, organizaciones de pequeños productores organizaciones comunales, organizaciones revolucionarias y otras). Para ellos se requiere conformar una organización y estructuras amplias de discusión, decisión y centralización, en donde se vote un Programa y Plan de Lucha. Eso podría ser la llevar a la conformación de un Movimiento Pueblo Unido (MPU) u otra forma amplia de organización de lucha.