Por Alejandro del Aguila
La propuesta del Estado Plurinacional impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) contempla la creación de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, para llevar a cabo esta magna tarea de transformación de la realidad social y política de Guatemala. Si bien existe otras propuestas similares como la de Wakíb Quej y la del Consejo de Pueblos de Occidente, en este trabajo nos centramos en la primera organización, porque a nuestro entender, es la que más establece una visión revolucionaria de cambio social.
En este capítulo se enfoca en los elementos epistemológicos y metodológicos, pues en el caso de lo primero se abordará desde el punto de vista de que el objeto de conocimiento parte de la construcción de un sujeto en construcción, el sujeto plurinacional, como ente depositario del proceso revolucionario impulsado por CODECA. En el caso de lo metodológico, se parte de la misma premisa, el objeto a conocer está vinculado a un sujeto en movimiento y a partir de ahí consideramos que una categoría como totalidad concreta pensada por el filósofo marxista checo Karen Kosic, puede ayudar en esta actividad comprensiva ((Kosic, 1969, Pág. 16).
La totalidad concreta ayuda a establecer que se parte de la unidad material de la sociedad, pero que tal unidad no existe per se fuera de la actividad de los sujetos, sino en el movimiento mismo que estos le impregnan. También en el hecho de que debemos sobre pasar los fenómenos visibles, lo que Kosic denominó la seudo concreción, para encontrar las relaciones fundantes de los hechos. Ojo no se pretende con este abordaje procedente del materialismo filosófico dialéctico abarcar la multiplicidad de los objetos y hechos sociales lo cual es imposible, sino los elementos esenciales que generan esa variedad (Kosic, 1969, Pág 39).
Por ende, considerando que en la propuesta de CODECA en su carácter revolucionaria, cuestiona la esencia misma de la formación económica y social y del modelo de dominación: el Estado liberal oligárquico. Planteando aunque es un pendiente a desarrollar al sujeto plurinacional popular, el ente que le corresponde llevar a cabo esta transformación por medio de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. De ahí que las siguientes líneas esbozarán los elementos empíricos constituidos históricamente de ese marco de dominación actual, los fenómenos que arman la totalidad social actual.
Este capítulo se dividirá en cuatro partes a saber:
a) La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (ACPP) y el quiebre con el dualismo colonial que subyace en la en la configuración del Estado capitalista actual.
b) La naturaleza rupturista con la visión lineal positivista y por ende como superación de ese colonialidad dependiente de los centros imperialistas.
c) El modelo contrahegemónico de uno nuevo bloque de clase popular y revolucionario.
d) Y el aparecimiento de nuevo sujeto plurinacional con sus características populares (por ende de clase proletaria) pero a la vez interétnico e intercultural.
A continuación se desarrollará estos cuatros elementos en el presente capítulo, con el objeto de darle rigurosidad epistémica-metodológica para esta tesis y mostrar como la propuesta de ACPP adquiere una necesidad real para los derroteros de transformación social, con una base científica.
La ACPP y la quiebre con el dualismo colonial
Partimos del punto que el Estado guatemalteco se conformó para garantizar los intereses de una élite que se volvió hegemónica a partir de las reformas liberal de 1871 y que en la historiografía oficial fue considerada como una revolución. Este movimiento fue protagonizado por sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia criolla que en su conversión en burguesía a partir de la explotación cafetalera, realizan por medio de la confiscación de tierras propiedad del clero católico y de las comunidades indígenas, acelerando la acumulación capitalista y asignándole a Guatemala un lugar en la División Internacional del Trabajo.
Hay que recordar que el régimen político conservador fue continuador del modelo económico colonial, manteniendo los ejidos comunitarios lo que en la colonial se denominó como Pueblos de Indios. De hecho, el gobierno de Rafael Carrera se caracterizó por un estilo de gobierno caudillista, mediando entre los intereses de la aristócrata de procedencia hacendaria y comercial, campesinos mestizos sobre todo de oriente y los principales indígenas del altiplano.
Así, mucha de estas tierras fueron apropiadas con la venia de los nuevos gobiernos liberales (Manuel García-Granados pero sobre todo Justo Rufino Barrios) por medio de la violencia aunque amparada en una nueva legislación, lo que en los Pueblos Mayas identificaron con razón como una forma de despojo, porque la apropiación de tierras fue acompañado de la conversión de población campesina y comunitaria, en trabajo forzado o semiasalariado por medio del peonaje de dueñas, en las fincas de café, producto con que Guatemala se insertó en en el mercado internacional. No todas las tierras fueron totalmente expropiadas, otras las mismas comunidades pudieron comprarla por medio de títulos obtenidos en el período colonial y otras quedaron en manos de las municipalidades ladinas, donde la población campesina tuvo que trabajarla en usufructo (Cardenal, 2000, Pág. 283).
De esa forma, se fue creando un Estado que bajo la figura de una forma liberal (división de poderes, marco constitucional de derecho, elecciones limitadas para las asambleas legislativas) en los hechos fue una serie de dictaduras que no finalizaron sino hasta la revolución democrática burguesa de 1944, siendo el Ejército el poder fundamental formado tras 1871, donde descansaron. Este fue fundamental para asegurar el modelo de acumulación centrado en la exportación del café, para garantizar por la fuerza la explotación de la fuerza de trabajo de origen maya, de la boca costa a finales del siglo XIX y más tarde a inicios del siglo XX en la región de las Verapaces otorgada a propietarios alemanes y en menor medida belgas; a la par que se fueron estableciendo concesiones a empresas estadunidenses para la exportación de banano y con ello apareció un nuevo sujeto, el obrero asalariado (Cardenal, 2000, Pág. 316).
Es importante denotar otra característica del Estado que por medio de la expropiación a las tierras comunales y de la Iglesia, adquiere una fisonomía oligarca entendido este como el gobierno de los pocos, pero a la vez asume un carácter ladino. Este ente se volvió depositario de lo que se denominó como identidad nacional esculpida como parte de la ideología dominante; procediendo del mestizaje entre el europeo y el indígena durante la época colonial y en los primeros años de la periodo republicano, que durante la primer época estuvo bloqueado de acceder a tierra (Martinez Severo, 1982, Pág. 408) ubicándose en las periferias de los Pueblos de Indios, en las afueras de las villas españolas, dedicándose actividades artesanales o también al trabajo asalariado agrícola.
El Estado pos 1871, retoma este ente como el ethos de ser del Estado, a diferencia del indio calificado como un lastre para las nuevas relaciones capitalistas internacionales donde Guatemala se inserta y al ladino como el ente que representa el progreso. Pero esta operación ideológica encubre una realidad, que fue solo un sector de esta población mestiza, el cual se apropia de tierra y poder en las alcaldías ladinas –con la desaparición de las alcaldías indígenas– el cual ascendiendo socialmente desde pequeño propietario se convierte en gran propietario de tierra, en esa operación algunos indígenas no maceguales adoptan la identidad ladina; pero a la vez el antiguo propietario criollo asumió el discurso del ser ladino, escondiendo su origen aristocrático colonial.
Estas características dan forma a otra condición de este Estado, su carácter racista. Porque desparecer lo indígena y considerarlo fuerza de trabajo despojándolo de su medio de vida, implica negar su cultura y ladinizarlo, es decir que adopte los valores y los saberes de la cultura occidental; en ese sentido los gobiernos liberales del siglo antepasado intentaron extender la educación bajo formas positivistas y la alfabetización en castellano. Eso fue tan ineficaz porque afectaba los intereses de los grupos dominantes que fue dejado y hasta la fecha los conocimientos mínimos de lectoescritura de la población en general son tan deficientes y aunque en número de población alfabeta haya aumentado. La enseñanza de los idiomas mayas, xincas y garífunas, solo reconocido y medianamente fomentado con la Academia de Lenguas Mayas en el marco del multiculturalismo neoliberal, la apertura democrática y la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.
Todo esto genera una forma de Estado y los distintos regímenes políticos existentes, construido bajo una ontología dualista, es decir en contraposición y sobre la sociedad en su conjunto, aunque ese elemento tampoco es absoluto, pues la estatalidad misma se enraíza en una sociedad civil que como se observa en los hechos de la reforma liberal, el bloque que se afinca en el poder parte de la hegemonía en la sociedad civil en su forma mercantil (Marx, 1932, Pág. 72) que para el caso de esta formación social, fue la expropiación y despojo de los mayas y del control ideológico y político de los mestizos, es decir los grandes segmentos de la población donde germinará la clase trabajadora.
Tan solo durante la revolución democrática burguesa entre 1944-1954 se intentó transformar la estructura social y movilizar a los sectores revolucionarios de la sociedad civil para derrocar el poder político de la burguesía agraria, pero sin confiar totalmente en esa capacidad de los pueblos y de la clase trabajadora de instaurar un nuevo Estado, pese al quiebre que implicó la reforma agraria de 1952 durante el gobierno Jacobo Arbenz en la concentración de la tierra y que por ende afectó el poder de la oligarquía; pero esa desconfianza mencionada vulneró a los gobiernos revolucionarios y sobre todo al tejido social revolucionario que sufrió a la hora de la contrarrevolución y la invasión propiciadas por Estados Unidos en 1954, una fuerte derrota (Tezucún, 2007, Pág. 13). Además dejó pendiente otro factor, pues la ladinización como proyecto cultural se mantuvo, pese al reconocimiento de las tierras comunales indígenas por la reforma agraria, se buscó no resaltar la identidad cultural maya, sino incorporarla a una cultura democrática ladina.
Las formas de Estado posterior a 1954 adquirió las características de regímenes políticos autoritarios, bajo un discurso anticomunista que fue una reedición del ethos ladino, ahora bajo la perspectiva de destrucción del enemigo interno, es decir de todo opositor al orden instituido. El régimen adquiere una forma claramente militarista a partir de 1963 donde el Ejército se vuelve la institución gobernante, que a partir de 1965 instaura un multipartidismo reaccionario y que asume una visión desarrollista bajo el Mercado Común Centroamericano. Pero que a finales de los setenta del siglo pasado, en una onda regional la lucha de clases se radicaliza provocando la insurrección popular en Nicaragua y poniendo entre dicho la dominación de clase en toda Centroamérica.
Lo anterior obligó a los factores de poder (oligarquía y bloque burgués, militares y Estados Unidos) a que para derrotar la movilización popular, la cual adquiere vistos insurreccionales y a las insurgencias aplicar la represión política, el genocidio y accionar propiamente militar, a lo que se considera el otro como un enemigo interno a destruir. A la par de estos factores, la instauración de un régimen democrático formal a partir de 1984 y la Asamblea Constituyente de 1985, se garantiza el poder a las distintas fracciones burguesas y a los nacientes sectores emergentes, reafirmando la sacrosanta propiedad privada, bajo cierto garantía democrática y de respeto a los derechos humanos exigido por los países desarrollados capitalistas occidentales, la llamada comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas junto a la Organización de los Estados Americanos, en el contexto de implosión del socialismo burocratizado de la Unión Soviética y la emergencia de la unipolaridad mundial dominada por Estados Unidos.
Sin embargo, la conformación de tal régimen no es completo, previo reajuste con las reformas constitucionales de 1994 y la celebración de una consulta popular con una participación reducida tras el auto golpe de Jorge Serrano Elías, que bajo un aspecto de formalidad con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y la incorporación de la insurgencia aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un marco democrático al Estado liberal oligárquico (Mojica, 2012, Pág. 16).
Así, tras el fracaso y parcial derrota la URNG y por ende de la estrategia de Guerra Popular Revolucionaria, terminó de configurarse el actual régimen político. Se estableció así una serie de mecanismos de cumplimiento la agenda de la paz que se pensaba garantía para democratizar la sociedad. De esa forma para ilustrar el proyecto que se contemplaba, se estableció el reparto de tierras vía el Fondo de Tierras, la desmilitarización del Estado y la sociedad y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas bajo una idea de la nación multicultural, multilingüe y multiétnica (Mejía, 2021, párrafo 58).
El intento de democratizar a la sociedad no se pudo materializar por dos aspectos, primero por la derrota de la Consulta Popular de 1999 que buscaba incorporar aspectos de los Acuerdos de Paz a la Constitución Política y segundo porque las instituciones creadas para materializar los acuerdos perdieron fuerza, por la capacidad de sectores de la derecha reaccionaria para bloquearlas, porque tampoco tocaron los naturaleza reaccionaria de clase del Estado y sobre todo debido a las fuerzas democráticas y de izquierda que no lograron movilizar a la población para ese fin (Del Águila, 2019, Pág. 29).
Naturaleza rupturista de la propuesta de ACPP
La tónica de los últimos gobiernos, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei (2012-2024) aunque eso no quiere decir que los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz (Arzú, Portillo y Colom) hayan refrendado y ejecutado la agenda de la paz, porque sin excepción ha continuado el modelo económico y social neoliberal extractivista, ya que los núcleos de la oligarquía tradicional se han concentrado en grupos monopólicos y el capital financiero se ha vuelto preponderante, a lo que se agregan estos ejes de acumulación, la extracción de bienes naturales y de mantenimiento de la exportación agrícola con la incorporación nuevos productos y sectores (Illescas, 2013, Pág. 5) pero sin generar una verdadero proceso de valor agregado, por ejemplo algún tipo de industrialización agraria.
De tal forma que el proceso de democratización como se esperaba con el cumplimiento de la agenda de la paz, sobre todo en lo que se respecta al acceso de tierras que al orientarlo en clave de compra y venta de propiedades por parte del Estado, solo fue generando un endeudamiento del campesinado al no contar con asesoría técnica, ni formas de pago justas y para finales de la primera década del siglo, el Estado dejó de comprar a particularidades tierra, dedicándose solamente al programas de arrendamiento. De igual forma quedaron sin aplicar una serie de mecanismos contemplado en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, que buscarían democratizar el acceso a la tierra, tales como: el catastro que iba a identificar los excesos mal habidos de los finqueros inscritos anómalamente en el Registro de la Propiedad, los tribunales y la fiscalía agraria, la política de desarrollo rural que tenía como centro priorizar al campesino, etc. (Del Águila Mejía, Alejandro, 2020, Pág. 18)
Todas estas medidas nunca tocaron lo fundamental y con el gobierno de Giammattei se han desmontado, entre ellas la concentración de la tierra y la imposibilidad de generar desarrollo rural, que sí se mantiene la gran propiedad, situación que la propuesta de la ACPP de CODECA es la única que menciona establecer un límite a la concentración de la tierra.
Lo mismo se puede decir con uno de los elementos fundamentes del nuevo pacto social que se buscaba refundar con los Acuerdos de Paz, el cual era garantizar un marco democrático de ejercicio de los derechos civiles y políticos como nunca se ha vivido plenamente en la historia nacional. Aunque la Constitución Política de 1985 garantizaba el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, en la Asamblea Constituyente 1985 no se permitió la participación de la izquierda insurgente, tan solo dos expresiones de la socialdemocracia, el Frente Unido de la Revolución y el Partido Socialista Democrático sin lograr escaños.
Como es sabido los primeros 10 años posteriores a promulgación de la Constitución, el papel del ejército como factor de poder y la continuación de la política represiva con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de la vida, el de la libertad, la organización, la libre expresión, fue la tónica. Con la firma del Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática, se buscaba que el Ejército y sobre todo la Inteligencia Militar dejaran de actuar sobre la población civil, que partía de la idea de combatir al enemigo interno, pero obviamente no se tuvo la fuerza para desmantelar estas instancias, situación que solo se hubiera permitido con la derrota del Estado. Por ende se buscó en los Acuerdos de Paz, que el poder civil constitucional controlara el actuar de los ministerios de Defensa y de Gobernación. (Mejía, 2021, párrafo 65).
Posterior a la firma de la paz, la represión aunque sí se redujo notablemente, dejo de ser política de Estado; los cuerpos de seguridad en teoría abandonaron la política de aniquilación del enemigo interno. Pero la represión pasó a manos de órganos privados a través de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), de igual forma, aunque el Ejército dejó de ser el poder real por lo menos de forma visible, emergieron de su seno, nuevas élites de poder que han sido parte de los gobiernos en los últimos años y que junto a los ya mencionados CIACS, han evolucionado a las denominadas Redes Políticos Económicas Ilícitas como las señaladas por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Ponce, 2021, Pág. 340)
Es hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1995 que se permitió por primera vez que las fuerzas provenientes de la izquierda denominada revolucionaria, que hechos utilizaron la lucha armada, tenían un programa político reformista y logran participar bajo la sombrilla del Frente Democrático Nueva Guatemala.
En los años siguientes las fuerzas de izquierda participaron en un primer momento unificado en 1999 como Alianza Nueva Nación, para luego fracturarse. En 2007 se registraron nuevos intentos unitarios con la creación del Movimiento Amplio de Izquierdas; en 2011 con el Frente Amplio, y en 2015 con la organización de la Convergencia para la Revolución Democrática. Un proceso de acumulación política y también de quiebre con otra expresión tal como la URNG, desde el seno de CODECA aparecerá el partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, que en su primera participación electoral de 2019, logrará un cuarto lugar para la elección presidencial (Del Águila, 2019, Pág. 46).
El otro aspecto que marco la agenda de la paz, fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que implicó una afirmación en el plano formal de los derechos de los Pueblos Indígenas, complementado con el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas de 1985. Este acuerdo buscaba que a partir de una serie de mecanismos en el Estado y de instancias públicas en materia de derechos asistidos a la población indígena y de reconocimiento de los idiomas, reafirmar el carácter multicultural de la nación guatemalteca.
El carácter multicultural estaba contemplado en el marco constitucional de 1985 y es más, fue visualizado por el mismo general Efraín Ríos Montt en clave corporativista en su Consejo de Estado, bajo una modalidad contrainsurgente. Así, con la firma de la paz se buscó darle mayor contenido real bajo la visión de un Estado liberal avanzado (Mejía, 2021, párrafo 45).
Ese andamiaje actuó como ropaje al no lograr incorporar el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas, tras la derrota electoral de las fuerzas progresistas en la Consulta Popular de 1999, lo cual ha servido para sostener el modelo de acumulación capitalista. Por ejemplo con la lógica privatizadora y desnacionalizadora, se han aprobado una serie de licencias para la extracción de bienes naturales minerales, hídricos y petroleros.
Esa situación ha generado el rechazo de las comunidades indígenas sobre todo y mestizas también, contra una serie de proyectos de inversión de conglomerados empresariales nacionales y trasnacionales. Las comunidades se han manifestado mediante la realización de consultas de buena fe y consultas municipales, con base en acuerdos de Derechos Humanos Internacionales y del Código Municipal, específicamente por el incumpliendo del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta a los Pueblos Indígenas ante medidas administrativas que afectan su territorio.
Recientemente, el Estado por mandato de la Corte de Constitucionalidad, con base en el Acuerdo 169 de la OIT, ha realizado en los municipios de El Estor en Izabal y San Rafael en Jalapa, proceso de consultas, los cuales han sido denunciado por estar manipuladas. La alta corte además ha reconocido en el pasado reciente, que los resultados de las consultas de buena fe y municipales, tienen vinculación jurídica, aunque también en sus resoluciones ha equiparado las actividades de los inversionistas como un derecho a realizar proyectos extractivos.
Esa situación pone en la discusión un aspecto relevante, es decir la defensa del territorio y la idea misma como espacio de autonomía para las comunidades, sin que implique separación del Estado nacional, sí adquiere el reconocimiento pleno de derechos para la población que habita en esos espacios; ello va de la mano de otro de los temas contemplados en el AIDPI que se refiere a la jurisdicción indígena, que se había tratado de materializar con las reformas judiciales que propuso CICIG en 2016, pero que el sector oligárquico se opuso vehementemente aduciendo una falsa unidad nacional, que provocaría el resquebrajamiento sistema de impartición de la justicia. Lo que realmente temían era que la justicia ancestral, surgida previa a la creación del Estado liberal, de la Republica y de la colonización hispana, se pusieran en entre dicho los privilegios de la burguesía monopólica, los cuales descansan en la tradicional propiedad terrateniente y en la concentración actual de la tierra.
Otra situación importante contemplada en los Acuerdo de Paz, era el Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales, consustancial a la desmilitarización de la sociedad civil, la democratización del Estado y el respeto a diversas expresiones de pensamiento, lo que se denominó una poliarquía, es decir el gobierno ejercido por muchos.
Se buscaba institucionalizar con ello el sistema de partidos políticos, que paradójicamente en la etapa contrainsurgente ya existía un nivel de institucionalización, aunque bajo la tutela militar y a la aceptación de la ideología anticomunista. Con la Constitución Política de 1985 esa institucionalización se mantuvo, pero a partir de la depuración del Congreso en 1994, tras el autogolpe de Serrano Elías de 1993, se va fragmentando y si bien posterior a 1995 existieron partidos fuertes, fueron absorbidos por prácticas clientelistas (Sáenz de Tejada, 2015). Luego de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción se evidenció el rechazo a la partidocracia; pero las prácticas del clientelismo junto al caudillismo y la transfuguismo informal, contrariamente ha lo que se buscaba con el Movimiento de la Plaza, se ha consolidado.
El Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales contemplaba una agenda completa de modificaciones en materia electoral, sin embargo tras la derrota de la Consulta Popular de 1999, esos cambios se fueron aplicando a cuenta gotas. Con las reformas electorales de 2004 y 2005, así como las mas completas pero aun insuficientes de 2016 –que recogía el rechazo de la Movilización de la Plaza– en algunos aspectos como era el control de los recursos financieros y la fiscalización a los partidos, cierta democratización por medio de la elección de órganos de dirección por representación de minorías y la disposición del voto nulo vinculante obligando la repetición del tipo de elección, sí logra el 50 por ciento más uno.
Atrás quedaron una serie de reformas que los legisladores por conveniencia no aprobaron, como la alteridad de hombres y mujeres en listas trenzadas; la obligatoriedad de candidaturas según las pertenencia étnica, la vinculación del registro de personas con el empadronamiento; la obligatoriedad de que los partido si tengan presencia territorial en los municipios donde buscan competir, y que los órganos de estos no elijan a los candidatos en esos municipios si no existe organización partidaria, entre otras (El Observador, 2016. Pág 18).
Queda pendiente la discusión de si lograr un mayor democratización del sistema político, aun dentro del régimen político, es viable o no, lo que implicaría repensarlo en la estrategia de la convocatoria de una Asamblea Plurinacional, es plausible
El modelo contrahegemónico que esboza la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional
En ese sentido, la categoría de la totalidad concreta como el elemento central del análisis, donde los niveles de la formación social, que constituyen la hegemonía burguesa, ha construido históricamente el Estado liberal. La ACPP invoca una propuesta de carácter contrahegemónica que rompe la colonialidad y la dependencia de los centros imperialistas
La crisis política e institucional por un lado, pero también las políticas económicas emanadas de los gobiernos que empeoran las condiciones de vida de las mayorías pues responden a los ejes de acumulación capitalista, sirve para determinar la dialéctica global de la formación social (modelo económico y régimen político). Esto a partir del sentido de que el centro de esta –la formación social– responde al poder político y económico de la gran propiedad monopólica.
De ahí que la contrahegemonía encarna el sujeto político popular plurinacional, no puede olvidar esa realidad si busca serlo realmente. De igual forma, la vía para realizar el Estado Plurinacional como es la Asamblea Constitucional Plurinacional y Popular no puede convocarse desde los marcos de este Estado, sino que debe ser construida a partir de la organización popular de abajo, CODECA podria ser la instancia catalizadora, pero no la única.
Ese abajo se refiere a la sociedad oprimida y sin posibilidades de lograr una vida plena o un buen vivir. Ahora ese abajo también no es mecánico, sino que debe partir de los sectores que luchan más directamente contra el poder de la clase capitalista y plasmar esas lucha en consejos populares, que contagie a los de abajo, es decir al proletariado y las capas medias en su conjunto, estos consejos populares serían la base de la ACPP (Albamonte & Maiello, 2017, Pág. 558).
La convocatoria de una asamblea constituyente parte de su naturaleza originaria, es decir que adquiera una cualidad destituyente, pero a la vez propone constituir un nuevo estado de cosas y ahí se abre el interrogante ya planteado líneas arriba, si es posible hacerlo en los marcos del entramado constitucional, que como se sabe contempla una forma de actualización constitucional por medio de una reforma o una nueva Asamblea Constitucional.
La realización de reformas esta amparada en el articulo 277 constitucional que otorga las vías por medio de quienes tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución: el Poder Ejecutivo, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de cinco mil ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos y refrendada por la legislatura siguiente. En el caso de una nueva Constitución, es por medio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual debe ser convocada con dos terceras partes de los integrantes de la legislatura vigente en el momento que se convoque.
Los constituyentes de 1985 idearon un mecanismo de reformas funcionalista para evitar un rompimiento del estatus quo, identificaron que las modificaciones deberían ser desde el ordenamiento jurídico y estatal vigente; de hecho buscaban por encargo de los poderes fácticos (militares y empresarios) que no se saliera de la mano –hay que recordar que existía un contexto de guerra y agudización de la lucha de clases– al grado de establecer los artículos modificables en el nuevo marco constitucional
Además, prohibieron tocar cuatro artículos y el inciso de uno de estos. Estos son, el 140 sobre la forma de Estado; el artículo 141 referido a la forma representativa del Estado y de la composición de los poderes públicos; las prohibiciones constitucionales para optar a los cargos de presidente y vicepresidente en el articulo 186; la prohibición de la reelección establecido en el artículo 187; y el artículo 165 inciso (g) sobre la atribución del Congreso de la República en lo que respecta a la capacidad del Congreso de desconocer al presidente, si continuara en su cargo al vencer el periodo.
Como se observa hay una combinación de control e institucionalización para cualquier movimiento de reformas o una nueva constitución y un antídoto para mantener la forma representativa del Estado, es decir el actual régimen político. A la par que se santifica el Estado liberal con su división y equilibrio de poderes sobre cualquier otra forma de Estado.
La apuesta política de CODECA y su brazo político-electoral el Movimiento de Liberación de los Pueblos formado en 2018, pretende tener mayorías en el Congreso, aunque por otro lado haga referencia al tema de alegalidad como forma hibrida popular y de abajo, junto con lo institucional/estatal.
Es extremadamente riesgoso centrar su estrategia en la primera vía, porque siempre esta el peligro de que esa institucionalización, similar a como ha ocurrido a otras fuerzas de izquierda, terminen ahogadas en el fango de la institucionalización burguesa. Peor aun, que las fuerzas de derecha y los factores tradicionales que se mantienen vivos por los acuerdos con esas mismas izquierdas, den golpe de Estado como sucedió en Bolivia, contra Evo Morales en 2019.
La apuesta sería a la movilización revolucionaria de la población, no para simplemente presionar a una posible mayoría en el Congreso, sino para que desde ese movimiento social y con el apoyo de los legisladores obtenidos, pongan sus cúreles al servicio de una asamblea originaria constituyente, a partir de los sectores que luchan y contagien a otros (Maiello, 2022, Pág 129).
La asamblea constituyente debe garantizar su naturaleza originaria, porque a diferencia de la que convoco la carta magna vigente, derivada del control militar; la popular y plurinacional debe ser totalmente procedente de la voluntad mayoritaria. Pero esa acepción, no debe ser solo entendida bajo una significancia liberal, de un voto una persona, lo cual no se niega en una faceta de la escogencia de ese órgano constituyente, sino para que realmente sea contrahegemónica, es importante que se estructure desde abajo como ya se dijo, por medio de órganos de poder popular sobre todo de los sectores que luchan contra bloque de poder burgués (Maiello, 2022, Pág. 155).
Tal propuesta de cambio social revolucionario como se pretende asumir con la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, debe partir del hecho de recomponer un entramado social que le dé sustento y fortaleza político organizativa, en especial desde los sectores que luchan.
El nuevo sujeto popular plurinacional
Esta operación de carácter estratégico implica crear un nuevo sujeto social que se desarrollara en este acápite a saber. Primero se describirán las tradiciones de lucha política y social y segundo, la composición orgánica de este sujeto en la actualidad.
Sobre lo primero, hay que partir de las tradiciones de lucha de los sectores subalternos, de las denominadas clases populares y del proletariado, entendiéndolo no solamente a partir de las relaciones directas obrero-patronal, sino en las distintas formas de producción del valor y de la apropiación de la riqueza en su conjunto.
Con la modernización capitalista de la década de los cincuenta del siglo pasado en toda Centroamérica, nuevos sectores sociales como el obrero industrial, los asalariados profesionales, la pequeña burguesía y el estudiantado fueron adquiriendo grados de politización; de la mano de un proceso de urbanización incipiente que se fue consolidando con más fuerza a partir de la década de los sesenta, estos sujetos se volvieron relevantes contra el poder oligárquico, demostrado con el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920 y la insurrección cívico militar de 1944.
A partir de eso, el sujeto obrero y la izquierda de impronta marxista, junto al campesinado organizado se vuelve relevante en la lucha contra el sistema de dominación capitalista. Con el proceso de urbanización se suman los sectores populares urbanos, protagonizando luchas fundamentales como las jornadas de marzo y abril de 1962, o las serie de movilizaciones y fuertes huelgas de finales de la década de los setentas, que ponen entre dicho la existencia del régimen político militar y el modelo de acumulación capitalista dependiente.
A nivel rural los semiproletarios agrícolas y su corolario en las comunidades indígenas, mantenidos en una sujeción cuasi feudal desde finales del siglo XIX hasta 1945, habían protagonizado sublevaciones de índole local, es con la Declaración de Iximché de 1981 el sujeto indígena adquirió su fisonomía actual, lo cual no quiere decir que estuviera ausente. Pues es a partir de la revolución de 1944 con el proceso de reforma agraria y el reconocimiento de las tierras comunales indígenas y luego en la década de los sesenta y setenta con la creación de cooperativas en el marco de la transformación agraria, que adquirieren mayor organización política.
La imposibilidad de una mutación real en la tenencia de la tierra hizo que el modelo de transformación agraria promovido por los gobiernos militares, radicalizara las posiciones que exigían una reforma agraria y que rompiera con la concentración de la propiedad de la tierra de los grandes latifundistas. Así, aparecerá el Comité de Unidad Campesinas en 1978, CODECA en 1989 y otras organizaciones tales como el Comité Campesino de Desarrollo Campesino o la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos, que conformaron en la década de los noventas, la hoy desparecida Coordinadora Nacional Indígena Campesina.
Desde la década de los ochentas, nuevos sujetos se fueron incorporando a las luchas sociales, como el movimiento de derechos humanos al calor de la búsqueda de los detenidos y desaparecidos, el movimiento de mujeres que nace del seno de comités femeninos en los sindicatos, que retoma aspectos de las distintos enfoques feministas, ya en los noventa adquiere la fisonomía de organizaciones no gubernamentales.
Se entra entonces al último punto de este acápite: la formación del sujeto plurinacional.
Se parte que las relaciones de dominación desde el Estado capitalista y del manejo en la sociedad civil de sectores del capital, debe entenderse que esas relaciones son procesuales, es decir no están dadas de una vez, sino que se recrean bajo la fórmula gramcsiana de consenso y violencia.
Ello genera otro elemento en el seno de la sociedad civil, donde los actores no ligados al capital o que no se convierten en una fracción más de la burguesía, asumen la aceptación, el acomodamiento y cooptación, al beneficiarse de tales mecanismos de dominación sobre ellos mismos. A partir de allí se crean marcos comunes de actuación y que en general impregnan, el campo de las disputas políticas en toda la sociedad, las cuales solo en crisis revolucionarias se destrozan (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 216)
La última afirmación también la identificó Trotsky sobre los sindicatos, pero que se puede aplicar a otras fuerzas sociales populares, que es lo que el marxista ruso denomino la estatización de estos cuerpos sociales y como al igual que Gramsci coincidieron, en que las direcciones y burocracias de estos, actúan como policía política a lo interno del campo popular, para evitar que las demandas no se salgan de ese marco de significación común. (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 232)
Para en el caso de Guatemala, Marco Fonseca menciona que a partir de ciertos hechos políticos en los gobiernos de Portillo y Berger, se fue generando una sociedad civil buena permisiva que venía del mismo campo popular anteriormente impregnado por tradiciones de lucha revolucionaria. (Fonseca, 2018, Pág. 68).
Aunque a esa fórmula explicada por Fonseca, con el cierre de espacios materializados de forma más claro en el saliente gobierno de Giammattei, es decir esa permisibilidad para la actuación en un marco de significación común para los grupos subalternos, se limita aun más o se clausura (Mejia, 2021, parraf 85)
Por tanto, el sujeto plurinacional y popular que debe encarnar ese procesos de transformación social tiene que quebrar con los marcos establecidos; asumir una línea rebelde, porque la legalidad constitucional es una camisa de fuerza que no permite modificar las estructuras sociales. Sin embargo, a este escenario hay que darle aun un contenido estratégico, porque queda todavía en el aire si la propuesta de la nueva constitución plurinacional, estaría organizándose por fuera de los marcos impuestos de significancia común del régimen de reacción democrática.
Esto es una designación que el marxista argentino Nahuel Moreno estableció para cambios en los regímenes político, que salían de dictaduras instalando gobiernos de apariencia democrática, pero que esas modificaciones no fueron producto del triunfo de la movilizaciones de las masas, como en Argentina o Portugal, sino de la derrota como en Perú, España o Brasil; que en el caso de Centroamérica paso por la derrota estratégica, aunque no total, del movimiento revolucionario (Moreno, 2001, párrafo 58, capitulo 2)
Se habla de reacción democrática hasta este momento, porque está relacionado con esos marcos de actuación mediados por la significación que el sentido común dominante ejerce en favor del bloque en el poder. La idea de un sujeto plurinacional y popular como el que esboza la propuesta de CODECA, implica la transformación de ese marco, de ese andamiaje institucional y constitucional, de convertirse en un sujeto como ya se dijo, destituyente y constituyente de un nueva institucionalidad revolucionaria y un nuevo sentido común contrahegemónico.
Este sujeto por ende parte de la interculturalidad, pero entendiendo esta no en clave multicultural, sino reconociendo que existen segmentos de la población con ciertas pertenencias y auto identificaciones étnicas (maya, xínca, garífuna y mestizo/ladino). Pero sin que esta segmentación sea una forma a priori y funcional de entender la realidad, porque lo cierto es que la realidad es más compleja.
Por ejemplo, el pueblo maya está compuesta por una diversidad de naciones que a su vez conglomeran una nación, a la cual se agregan las naciones xíncas y garífuna; la categoría ladino/mestizo es equívoca porque la primera se superpuso sobre la segunda como se mencionó en la primera parte de este trabajo, aunque en la actualidad existan sectores que se puedan autodeterminar así; el mestizo es el complejo producto de la mezcla racial y étnica y que en términos ideológicos, no debiera adquirir la superioridad racista del ladino.
Por tanto, una parte del sujeto plurinacional nacería de esa interculturalidad construida bajo relaciones de igualdad, desde la discriminación de unos a otros y en contra del racismo estructural de minusvaloración a lo maya, xínca y garífuna.
Sin embargo hay otro factor poco estudiado por la Antropología, producto de los procesos de urbanización de los últimos años, en los que se encuentra esa variedad poblacional caracterizada por la multiplicidad en las actividades económicas. Nos referimos que existe una diversidad de población que no se encuadra entre esas categorías, por ejemplo en los centros urbanos, donde la mayoría son emigrantes de regiones rurales con orígenes indígenas, pero también mestizos. Entonces es en ese complejo proceso de mestizaje, proletarización y multiplicidad económica, que puede nacer el sujeto síntesis, hibrido, el caldo de cultivo para una nación plurinacional.
A eso se le agrega otro elemento vital. Este sujeto plurinacional debe partir de su situación de clase, es decir más allá de las particularidades étnicas y de las reivindicaciones como pueblos, las cuales no se soslayan sino se integraran. Partir de la complejidad del proletariado y de los sectores populares, junto a capas medias asalariadas o en proceso de, que no han sido parte de los procesos de acumulación de riqueza económica y de poder político que han caído en el enriquecimiento fácil o del uso del Estado como forma de enriquecimiento; centrándose este sujeto político, en el obrero manual o intelectual con empleo formal, en el trabajador independiente y en el pequeño propietario, allí nace la condición más importante del sujeto plurinacional y popular..
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