Por César Antonio Estrada Mendizábal
Guatemala, enero de 2023
Según su Ley Orgánica, la Universidad de San Carlos de Guatemala tendrá para su gobierno un Consejo Superior Universitario (CSU), un Cuerpo Electoral Universitario y un Rector, y es el caso de ver que en la actual crisis que tiene postrada a la USAC como consecuencia del evidente fraude electoral en la elección de rector, ha sido precisamente el CSU el instrumento usado para tal fin. Las nefastas consecuencias de este hecho en la carrera de los estudiantes, las diversas actividades universitarias y la moral de esta Institución de Educación Superior son hondas y requerirán tiempo y dedicación para ser superadas.
El Consejo Superior está formado por el rector, que lo preside, y cuatro representantes de cada una de las diez facultades de la universidad que son elegidos por su respectivo sector (su decano y representantes estudiantiles, docentes y del respectivo colegio profesional). El rector es electo en un enredado proceso indirecto exclusivamente por los miembros de las facultades y de sus colegios. Las Escuelas que no son parte de dichas facultades y los Centros universitarios regionales no están representados en dicho órgano, con la consiguiente pérdida de legitimidad de aquel, ni pueden participar en las elecciones de rector.
Pues bien, el CSU, máximo órgano de gobierno de la Universidad, es quien debe rendir cuentas como responsable del fraude y del consiguiente menoscabo de la autonomía universitaria. Esto ha sido evidente por múltiples hechos conocidos públicamente desde el momento en que, tras la captura del entonces rector Murphy Paiz en febrero de 2021 y ante su ausencia definitiva del cargo, transgredió la Ley Orgánica (Artículo 28) al no convocar elecciones de rector en un plazo de treinta días. Luego vino una serie de graves anomalías que incluyen la exclusión de legítimos cuerpos electorales que dio lugar a que sólo 135 del total de 170 electores fueran convocados, y de los cuales solamente a 71 se les permitió votar en la viciada elección de rector en mayo del año pasado que dio pie a la digna resistencia estudiantil que, con el apoyo de profesores y trabajadores, tomó importantes instalaciones de la USAC. Diversos artículos periodísticos dan cuenta de esta trama, tal como el bien informado reportaje “La red que permitió el fraude en la USAC y protegió a Mazariegos” de Paolina Albani, publicado en Prensa Comunitaria[i] en julio recién pasado. [El CSU sumó otra seria arbitrariedad este viernes 27 de enero al defenestrar a uno de sus propios miembros que hacen oposición: expulsó de la universidad a Camilo García, representante de los estudiantes de la Facultad de Farmacia.]
Entonces, uno puede preguntarse ¿cómo pudo suceder esto en una universidad que se precie de serlo, en nuestra Universidad de San Carlos que, además, debería tener muy presente su función social?, ¿cómo y por qué sus directivos y autoridades pudieron permitirlo y han sido reacios al diálogo con los estudiantes? Después de todo, los miembros del CSU han sido elegidos por profesores y alumnos de las facultades y por los profesionales colegiados para que los representen en dicho órgano que dirige y administra la universidad y, de acuerdo con la Ley Orgánica (Título IV, inciso k), deben velar por la observancia de la Ley y de los Estatutos universitarios. Mi experiencia como profesor y como exmiembro del Consejo Superior Universitario me permite ofrecer algunas observaciones al respecto con el objetivo de que puedan ser de alguna utilidad en las discusiones de posibles cambios sustanciales que podrían generarse a raíz de la presente crisis. Se trata, por supuesto, de una visión panorámica de la problemática cuyos distintos elementos pueden ser ulteriormente considerados con mayor detenimiento.
El Consejo Superior Universitario se ha separado de las bases universitarias:
Desde hace lustros, los miembros del Consejo, en la práctica y en general, dejaron de representar a los estudiantes, profesores y profesionales colegiados. No existe comunicación entre el común de los universitarios y quienes se supone son sus representantes en la dirección de la universidad. Esto se nota desde el momento en que se realizan las elecciones para designar a los que ocuparán estos cargos: los candidatos raras veces surgen del sentir y de las aspiraciones estudiantiles o de los claustros y, todo lo contrario, han sido vistos o seleccionados previamente por las redes políticas y pseudoacadémicas que han detentado el control de la San Carlos para mantener y fortalecer el estado de cosas. Poco puede esperarse, entonces, de su capacidad y de su actuación, especialmente en un medio donde el intercambio de favores y el clientelismo se perciben en el ambiente.
En esta desconexión y desinterés también tiene responsabilidad la población universitaria que, adoptando una actitud indiferente o conformista, no busca comunicarse con los que ha elegido para llevar su voz al Consejo. Sin embargo, la mayor falta claramente recae en los representantes que no cumplen el deber de informar a sus bases, de estar en diálogo continuo con profesores y estudiantes para que sus necesidades académicas y sus planteamientos sean considerados, discutidos y tomados en cuenta en la conducción y en la actividad de su Casa de estudios. El colmo es el secretismo que se practica en el CSU quien se ha negado a que sus sesiones se hagan públicas o sean transmitidas en vivo, e incluso oculta los nombres de quienes apoyan y votan por mociones de cruciales asuntos universitarios. Al contrario de todo esto, la comunicación y la confianza deberían ser cultivadas como condición necesaria para dar lugar a la formación de una sana y pujante comunidad universitaria.
Es de notar, sin embargo, que en la presente crisis ha habido un significativo y meritorio grupo como de diez miembros que dentro del Consejo han argumentado y actuado para tratar de impedir la anómala designación de rector y propiciar el diálogo pero que no han informado a la población universitaria con las suficientes amplitud y difusión cuál es la postura de cada uno de ellos como representante de su respectivo sector ni lo que acontece en las sesiones en que se discuten graves asuntos que conciernen a toda la universidad. Nuevamente, es un caso del aislamiento de los representantes que terminan actuando a título personal en los grupos directivos.
Estas precarias condiciones, la influencia de espurios intereses de grupos de poder ajenos a la universidad y la conocida hostilidad del Estado han servido de caldo de cultivo al germen de la paulatina decadencia cultural, moral y política del órgano superior de gobierno de la Universidad de San Carlos, descomposición que se hizo patente al haber propiciado y permitido el flagrante fraude electoral en las elecciones de rector. Como puede verse por sus acciones, el Consejo Superior Universitario, finalmente, se hizo autosuficiente, se desligó de sus bases y de sus objetivos académicos, y devino en una especie de autarquía que actúa autoritariamente en contra de los fines y de la salud de su propia institución. Así, como es natural, el auténtico espíritu universitario casi desaparece y el camino de la recuperación se hace cuesta arriba aunque todavía quedan rescoldos de conciencia y dignidad.
Algunos pasos a la salida:
“No hay mal que dure cien años ni enfermo que lo aguante”… Finalmente, esta grave crisis de la universidad va a resolverse en un sentido o en otro y, llegado el momento, los universitarios lúcidos y conscientes tendrán que unir pensamiento y fuerzas para intentar cambios fundamentales que apunten a la recuperación de la esencia cultural, científica y popular de la Carolina.
La necesidad de una verdadera Reforma universitaria se hace sentir desde hace muchos años. Sin embargo, para que dicha reforma sea sustancial y eficaz, antes debe darse, como condición sine qua non, la reforma política y organizativa de la universidad que cambie sus órganos de gobierno y les dé una composición apropiada, modificando y adecuando su régimen electoral de modo que responda a la naturaleza universitaria[ii], y es aquí, precisamente, donde se hace patente que el cambio del Consejo Superior Universitario es urgente e impostergable.
Al tener en la mira estos objetivos, empero, debemos estar conscientes de que las circunstancias históricas del país nos imponen un marco formal que condiciona lo que es posible llevar a cabo. La Universidad de San Carlos de Guatemala es estatal y se rige por su Ley Orgánica (Decreto 325 del Congreso, 28 de enero de 1947), lo que la condiciona a la legalidad del Estado, aunque la Constitución la faculta para darse sus propios reglamentos. Como han señalado otros autores desde los años próximos a la década revolucionaria[iii] y, recientemente Virgilio Álvarez[iv], se necesita un nuevo pacto social, acaso una transformación del Estado, para emprender la revolución -que eso es una auténtica reforma- universitaria.
Aun teniendo presente lo anterior, pueden intentarse unos cuantos cambios cuantitativos -quizá algunos cualitativos también- en la estructura del gobierno de la USAC, cambios alcanzables que abran brecha hacia la consecución de otras transformaciones necesarias. Concretamente, el Consejo Superior Universitario debe ser replanteado y debe rehacerse para lo cual un ineludible y primer paso es la renovación, la sustitución de sus miembros actuales. Aunque esta tarea requiere formación, idoneidad, conocimiento de nuestra realidad y el concurso de muchos, podemos lanzar a la palestra algunas ideas considerando que el CSU debe adaptarse a las condiciones y necesidades actuales de la universidad.
- Cambios en las funciones y estructura del Consejo:
En su quehacer y en sus sesiones, el CSU se encarga de una infinidad de temas que, en realidad, no le corresponden como máximo órgano de dirección de una universidad sino a otras dependencias subalternas o a las distintas unidades académicas. Dicho órgano debería ser académico y político -en el sentido sano del término- y encargarse de asuntos de la Filosofía y la Política universitarias y del rumbo general de la Institución de cara a la realidad nacional. A cambio de esto, en las sesiones campean la fuerza de la costumbre, el formalismo y la rigidez legalista y se tratan asuntos tan variopintos y particulares que van desde la lectura y aprobación de las actas, innumerables dictámenes y recursos legales, hasta autorizaciones de cuotas de programas académicos o de subsidios del IGSS solicitados por trabajadores individuales, reclamos de algún estudiante para que le permitan llevar un curso, etcétera.
Por lo anterior, podría considerarse modificar el gobierno de la universidad y establecer un Consejo Superior ágil, desembarazado de asuntos particulares o nimios, idóneo académicamente y representativo de la población universitaria que se encargara de los asuntos verdaderamente importantes, y otro órgano, dependiente del primero, que viera los asuntos de índole administrativa. No obstante, según lo que se dijo anteriormente, la necesidad hacer cambios en Ley Orgánica de la Universidad y en la Constitución de la República, así como la existencia de un Congreso Nacional poco confiable por su composición y su deterioro político son obstáculos formidables para el logro de estos cambios.
- Cambios en la composición del CSU
Independientemente de lo dicho, la composición del Consejo Superior Universitario debe ser cambiada. Lo más evidente es la ausencia o la exclusión de los estudiantes y profesores de los Centros universitarios regionales y de las Escuelas que no son parte de las facultades actuales. Es indispensable incluirlos para que hagan oír su voz y contribuyan con sus anhelos y planteamientos en la conducción y gestión universitarias. Llama la atención, por ejemplo, que centros tan importantes como el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) o escuelas de las indispensables Ciencias Sociales estén ausentes del Consejo. Será cuestión de ver que la cantidad de miembros del Consejo no crezca tanto que se haga inmanejable, o de que simplemente se amplíe y se obtenga más de lo mismo que ya padecemos.
En este sentido, un punto crucial que debe abordarse es el excesivo e innecesario peso que ejercen los colegios de profesionales en el CSU y, en general, en los diversos órganos directivos de la universidad. La Ley Orgánica de la USAC se creó en 1947 cuando recién se salía de la dictadura ubiquista, y las condiciones históricas del momento pudieron justificar el requisito de incluir profesionales colegiados en el Consejo pero actualmente la situación social es completamente distinta. En realidad, puede decirse que estos colegios de hecho, desde un principio han podido expresar su sentir en la USAC pues los profesores miembros de los diversos órganos directivos son también colegiados, por lo que no necesitan adicionales representantes formales. Mi propuesta es que en el Consejo Superior Universitario no haya, se prescinda de sus miembros designados por los colegios, de tal modo que las vacantes dejadas por ellos sean ocupadas por los Centros Universitarios y las Escuelas, lo cual adquiere más sentido si se observa que, por lo general, aquellos son profesionales ajenos a la vida universitaria con una visión gremial y particularista. Un ejemplo notorio de que esto es factible lo constituye la UNAM en cuyos Consejo Universitario y Junta de Gobierno no hay representantes de los colegios profesionales[v].
Finalmente, esta aguda crisis es una quizá irrepetible oportunidad para analizar nuestra situación y hacernos cargo de ella, reflexionar, intercambiar ideas, discutirlas y buscar ponernos de acuerdo en la Universidad que necesitamos y queremos. Es cuestión de aprovechar la ocasión y empezar a recorrer el arduo y sinuoso camino que nos conduzca a esa ansiada Casa de Estudios Superiores.
[i] https://prensacomunitaria.org/2022/07/la-red-que-permitio-el-fraude-en-la-usac-y-protegio-a-mazariegos/
[ii] Estrada M. César A., Los cambios previos de la Usac necesarios para la reforma universitaria
Revista de Análisis de la Realidad Nacional, IPNUSAC, Año 6, Edición 123, agosto de 2017, p. 133-142.
[iii] Balcárcel O., José Luis, En torno a la dialéctica de la universidad (Noviembre de 1961) en Pensamiento universitario Enfoque crítico, Editorial Universitaria, Guatemala, 1977.
GUATEMALA.- El Consejo Superior Universitario, el desgobierno en la USAC y su impostergable transformación
