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Costa Rica
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Por José René Tamariz Corea

Las directrices del gobierno de Carlos Alvarado que reducen los componentes salariales, pasando éstos de porcentajes a montos nominales y el decreto que impone reajustes salariales semestrales de 3 750 colones, inician y marcan, por la vía de facto, un proceso de reconfiguración del sistema de los salarios, de empleo público e institucional de décadas pasadas. Estas medidas administrativas constituyen un manotazo a la supuesta democracia y consensos en la cuestión salarial que había existido en apariencia en los gobiernos anteriores.

El último decreto sobre la imposición de los reajustes semestrales publicado en la gaceta del día 22 de junio son indicativos en cuanto a que se “suspende” el acuerdo de negociación salarial en la comisión de salarios del sector público y, de paso, elimina esa comisión dándole un golpe mortal a todas las dirigencias sindicales que hacían parte de esa comisión. ¿Cuál democracia y consenso? La democracia y el consenso de apariencias se termina y agota cuando el gobierno así lo dispone por la “difícil situación fiscal imperante”.

Refiriéndose a esas directrices y decreto la ministra de hacienda, Rocío Aguilar, en su comparecencia en la Asamblea Legislativa dijo que “Desde la década de los ochenta, este es el conjunto de medidas más relevante que se han realizado en contención del gasto. No obstante, no deben entenderse como la solución definitiva, sino como la primera fase de una estrategia nacional que derive en una reforma al empleo público, un rediseño institucional...” (Sostenibilidad Fiscal por el Bienestar de Costa Rica. 30 y 31 de mayo).

La segunda fase de esa “estrategia nacional” es la eventual aprobación a finales de año del denominado proyecto “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas” que tasará con impuestos a los productos de la canasta básica de alimentos, agua, luz, medicina y educación privadas, así como un conjunto de normas de la regla fiscal que impondrá límites a los gastos sociales y transferencias a instituciones de bien social. También ese proyecto transforma las directrices administrativas de la reducción de los componentes salariales a ley de la República a través del combo fiscal.

La tercera fase de esa “estrategia nacional” es la elaboración y eventual aprobación de la ley de empleo público que “empiece a regir a partir del 2019”, eliminando de un solo golpe los componentes salariales e impondrá el “salario único” a todos los nuevos trabajadores del sector público. Asimismo, se “invitará” a todos los viejos empleados a acogerse voluntariamente a ese “nuevo” modelo salarial. Además, en esa ley se revisarán todos los incentivos o pluses no creados por ley, tales como, el incentivo didáctico, zonaje, zona de menor desarrollo y otros incentivos.

La cuarta fase de esa “estrategia nacional” sería la discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto de unificación del régimen de pensiones, llamado eufemísticamente, “Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica”. El artículo primero de dicho proyecto plantea que “Todos los funcionarios públicos, independientemente del Poder de la República para el que laboren, que sean contratados durante la vigencia de esta ley, cotizarán para el régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social”. De acuerdo con este artículo todos los nuevos trabajadores de la educación que ingresen a trabajar al MEP, estando en vigencia dicha ley, ingresarán a engrosar las filas del IVM de la CCSS. Es decir que, en los hechos, no solo debilitará la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) sino que la desaparecerá y, además, JUPEMA no tendría ingresos de los nuevos empleados, lo cual debilitaría dicho régimen y los nuevos pensionados tendría problemas con sus futuras pensiones.

La quinta fase de esa “estrategia nacional” será el “rediseño institucional” que serán las recomendaciones de las dos comisiones de notables, comisión de reforma del Estado y de reforma de la Administración Pública, formadas por Carlos Alvarado por recomendaciones de la reunión que sostuvo con los expresidentes de la República en días anteriores. En este “rediseño institucional” entra la denominada la Ley C.E.R.R.A.R (Cerrar Instituciones, Eliminar Duplicidades, Reunificar funciones, Redefinir rectorías, Ahorrar recursos y Reducir la pobreza).

Ese proyecto, pretende el cierre de múltiples instituciones públicas y la creación de un solo ministerio, por ejemplo, se cerraría el IMAS, el Fondo Nacional de Becas (FONABE), el BANHVI, el INVU, el INDER, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el Ministerio de Vivienda. De la eliminación de esas 7 entidades se formaría el Ministerio de Asistencia Social (MAS). Así sucesivamente pasaría en otras instituciones públicas. Al final, eso conllevaría al despido de miles de trabajadores públicos y, por ende, a la reducción de la planilla estatal. La neoliberal Rocío Aguilar, ministra de hacienda, sostiene que esa eliminación y fusión de instituciones produciría un ahorro de 65 mil millones de colones al Estado.

Si agrupamos a todos estos proyectos de ley y sus efectos y consecuencias, el operativo y objetivo neoliberal, entre otros, es bien claro: reducir y eliminar los componentes salariales y de los trabajadores del sector público; reducir los salarios, mediante la implementación del salario único; reducir los beneficios de los jubilados y disminuir los aportes del Estado a los regímenes de pensiones; despedir a miles de trabajadores, reduciendo la planilla estatal y, por ende, disminuir el pago de salarios y prestaciones sociales.

Para aprobar e implementar ese siniestro plan en contra de los trabajadores del sector público, el Gobierno Autoritario Neoliberal tiene dos obstáculos en su camino: las organizaciones sindicales, las huelgas y resistencia social y, en segundo lugar, en cierto modo, el Estado de Derecho.

Ese último sería la relativa independencia de la Corte Suprema de Justicia; ciertos artículos de la Constitución como es el derecho a huelga, el cual pretenden eliminar, llegando hasta la disolución de los sindicatos, con el policíaco proyecto de “ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos”; las normas de Código de Trabajo que impiden rebajar los salarios, aunque la huelga sea declarada ilegal, de ahí que Carlos Alvarado, en sus poses de energúmeno, ataque la sentencia de legalidad de la huelga de RECOPE, así como a los jueces de los Tribunales de Apelación de Trabajo; ciertas reglas del Estado de derecho.

Todos esos aspectos, entre otros, constituyen estorbos, trabas y obstáculos en la aprobación y aplicación de los objetivos hambreadores, por parte del Gobierno, contra los empleados públicos. Este Gobierno con tal de consumar sus perversos intereses y proyectos está dispuesto a prohibir el derecho a la huelga y a disolver sindicatos e, incluso, a pasar encima del Estado de derecho. A este lo utilizan cuando les sirve a sus propósitos, pero cuando no les sirve están dispuestos a evadirlo, pisotearlo y a pasar encima de él.

Ahora, la lucha es no solo para defender los pocos beneficios que han quedado del viejo Estado Social, sino también de luchar contra un Gobierno Autoritario y Neoliberal. El movimiento sindical y social debe comenzar a plantear la renuncia y salida de Carlos Alvarado y su camarilla neoliberal del Gobierno.

Por otro lado, las “recomendaciones” de esas comisiones se “traducirán en nuevos proyectos de ley y decretos ejecutivos”. El objetivo final de esta “estrategia nacional” es realizar una contrarreforma institucional que reduzca el tamaño del Estado, eliminando instituciones, fusionando algunas, reduciendo cantidad de trabajadores en el sector público y disminuyendo el gasto en la planilla estatal. Todo ello, apunta a debilitar las funciones del Estado y reducir los gastos, a costa de los empleados públicos y de los servicios sociales a la población en general para financiar el déficit fiscal y pagar la deuda pública.

Este es un proceso reaccionario, realizado desde arriba, encabezado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, su ministra de hacienda, Rocío Aguilar, equipo y técnicos del gobierno y, de último se suman, connotados y cuestionados personajes del neoliberalismo procedentes de los partidos políticos (PLN, pUsC, el Movimiento Libertario y otros grupos políticos menores), tales como Kevin Casas, Francisco Antonio Pacheco, Abril Gordienko, entre otros, los cuales son reconocidos enemigos de los trabajadores del sector público.

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