Por Olmedo Beluche
Como indica el título de este artículo, no pretendemos hacer una historia de la independencia de México, de la cual se han escrito muchos y muy buenos libros. Esto apenas pretende ser un esbozo que ayude a la compresión del conjunto de aquellos complejos acontecimientos a quien desee compartir estas modestas páginas.
Se trata de un esquema interpretativo desde una óptica marxista que enfoque el acontecimiento no como usualmente lo trata la historia oficial, que lo proyecta desde la “nación”. Lo que hoy entendemos por ese concepto, no como se entendía en aquella época, que lo presenta como una lucha preconcebida para la instauración de estado nacional independiente. Enfoque que se repite en toda Hispanoamérica. La cabal comprensión de los hechos se logra, no partiendo de un supuesto proyecto de nación, sino desde la lucha de clases, en la que diversos sectores sociales se enfrentaban por proyectos distintos de Estado
Nuestro esquema visualiza aquellos acontecimientos como una revolución en toda la extensión de la palabra, en el cual los objetivos iniciales de los actores no necesariamente coinciden con lo que termina sucediendo al final; proceso que inicia con modestas demandas democráticas y se va radicalizando conforme los sectores dominantes se resisten a reformas elementales.
Desde nuestra perspectiva debemos empezar por despejar algunos equívocos habituales que ha creado el enfoque “nacionalista”; tratar de entender qué era “el mal gobierno” en contra del cual se inicia el proceso y, por ende, los objetivos políticos iniciales los cuales van variando a medida que se radicaliza la lucha. También es importante comprender las clases sociales en pugna, y los intereses que defendía cada una; así como los diversos momentos de guerra y la crisis política (Beluche, 2012).
Despejando algunos equívocos
El equívoco habitual con que se enfoca la historia de la independencia hispanoamericana es presentarlo desde el primer hasta el último momento del acontecimiento como el proyecto de la construcción de un estado nacional. Dicho de esta manera, pareciera que desde Miguel Hidalgo e Ignacio Allende lucharon por la independencia de México, lo cual no era precisamente su objetivo inicial, si el asunto se analiza con más detalle, sino la creación de una Junta de Gobierno virreinal, compuesta de criollos y españoles, que dirigiría el país hasta el retorno de Fernando VII.
Coincidimos con el historiador Tomás Pérez Vejo en que es un error enfocar el proceso de descomposición de lo que fue el imperio “español” o Monarquía Católica, como si fueran movimientos de liberación nacional al estilo de los del siglo XX, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando en realidad se trató de un proceso de descomposición política, guerras civiles cuyo desenlace fue la constitución de los actuales estados nacionales (Pérez Vejo, 2019).
El resultado es producto de la guerra civil exacerbada por los sectores recalcitrantes de la monarquía que se negaron a aceptar las mínimas reformas democráticas demandadas por los criollos con las que se inició el proceso.
Como ya hemos dicho en otros ensayos, en 1810 no se proclamó la independencia de España en ninguna parte de Hispanoamérica, pese a lo que dicen las historias oficiales que simplifican los hechos con claros objetivos ideológicos y nacionalistas. El objetivo en todos lados, en ese momento, no era la independencia, sino la constitución de Juntas Gubernativas en cada virreinato o jurisdicción, ante la desaparición de hecho de la monarquía tras las Abdicaciones de Bayona. Más aún, en esta fase 1808-1810, cuando se habla de Guerra de Independencia lo es contra la Francia napoleónica que había invadido España (Beluche, 2012).
Que no pretendían la independencia de España ninguna de las Juntas que se crearon entre 1808 y 1810, queda claro en sus juramentos en favor de Fernando VII. Baste como ejemplo citar a Francisco Primo Verdad y Ramos, que el 12 de septiembre de 1808, en su alegato a favor de conformar la Junta Gubernativa de la ciudad de México, concluía con estas palabras, referidas a Fernando VII:
“¡Ah sí a costa de nuestras vidas pudiésemos daros la libertad, o entregarnos a la más dura servidumbre, nosotros besaríamos las cadenas con que estuviésemos atados, y al ruido de ellas entonaríamos sin cesar alabanzas a vuestra beneficencia! ¡Cielo, oye nuestros votos! ¡Ángel tutelar de las Españas, llévalos hasta el árbitro moderador de los reinos! ¿Por qué has encogido tu mano benéfica para no devolvernos a nuestro Rey, y a las delicias de nuestro corazón?” (Verdad, 1977).
Juntas que, en principio, deberían incluir, junto con las tradicionales autoridades del aparato realista a la élite de la clase criolla, que controlaba buena parte de las haciendas, plantaciones, minas y cierto sector del comercio. Este era el objetivo inicial en todas las ciudades importantes del imperio, desde Buenos Aires, hasta Bogotá, Caracas y México.
Fray Servando Teresa de Mier, en un ensayo dirigido al público inglés, escrito en 1813, respecto de los objetivos iniciales del movimiento decía: “… siendo iguales a los españoles en derechos, intentamos los americanos establecer Juntas y Congresos desde el momento en que los reyes de España e Indias las cedieron a Napoleón, y los Consejos de ambas comunicaron órdenes para obedecerle… y viéndola casi desaparecer, y su Gobierno, si lo era, reducido a un puñado de tierra en Cádiz, instalamos Juntas para no sumergirnos con ella. Entonces nos declaró abiertamente la guerra, que ya nos hiciera sorda pero cruel desde 1808, porque reclamábamos sus leyes fundamentales y las nuestras, y queríamos tener una garantía de nuestra seguridad” (De Mier, 1977).
Los sectores realistas o absolutistas representados por la cúpula del aparato burocrático la monarquía: virreyes, audiencias, alta oficialidad del ejército y el alto clero, los comerciantes que monopolizaban los intercambios con España se opusieron tajantemente a la creación de juntas. Para ellos no debía cambiarse nada, aún en ausencia de la monarquía y la ocupación francesa de la península Ibérica. Cualquier cambio era visto como un atentado a la estabilidad política. Máxime que hubo sectores del criollismo que sostenían que las juntas americanas no le debían supeditación a ninguna junta española, ni a la de Sevilla, ni al Consejo de Regencia, sino solo directamente a la corona.
Justamente esta visión procedía del criterio prevaleciente entonces de que el monarca no lo era de una sola y unitaria nación española, sino de múltiples reinos, cada uno con sus respectivas características y organización política específica. El rey era jefe político de múltiples reinos: Castilla, Aragón, etc., lo cual incluía a los virreinatos americanos al mismo nivel. Claro, esto visto desde la óptica de los criollos, no desde los gachupines o peninsulares, para quienes los virreinatos americanos estaban sujetos no solo a la monarquía sino a España en general y, por ende, a los españoles.
“El Estado monárquico ibérico conservó siempre, desde su lejano origen romano, el carácter de una institución pública al servicio de la comunidad. Pero la misma forma en la que se construyó el poder monárquico en la Edad Media, por yuxtaposición de comunidades diferentes, de reinos que conservaban su personalidad, dio lugar a una teoría sobre la naturaleza del poder real… El rey ejerce su autoridad por delegación de Dios, pero es el representante de la comunidad -su señor natural-, el servidor de una ley que únicamente la comunidad puede modificar” (Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución , 1988).
Ese problema de la base de la legitimidad política y la soberanía, que no se había presentado antes de 1808, estalla con las Abdicaciones de Bayona, y es el inicio de las guerras de independencia. Guerras de independencia que, al principio no lo son contra España, sino contra Francia. La ruptura definitiva con España no empezó a producirse sino a partir del año 1811, en Caracas, Bogotá y Cartagena. Las otras tardarían un poco más como la de México en 1813 en el Congreso de Anáhuac dirigido por Morelos.
El criollismo a su vez no era un ente monolítico. La cúpula del criollismo era una élite altamente privilegiada e inmensamente rica, especialmente los dueños de las minas de plata y oro, que gustaban comprar títulos nobiliarios a la corona e incluso enviar a sus hijos a vivir en España. Esta realidad social, que los acercaba mucho a los funcionarios virreinales de la monarquía, de quienes estaban separados solo por el lugar de nacimiento, los hacía altamente conservadores en política.
A la élite del criollismo, en todo el continente, les aterrorizaba especialmente que las masas indígenas, campesinas y esclavas, las llamadas castas, fueran permeadas por ideas liberales y que se alzaran en armas. Esto explica el pavor inicial de estos sectores ante la sublevación campesina que acompañó a Hidalgo hasta las puertas de la ciudad de México, y tal vez explique también su decisión, de Hidalgo, de no atacar la ciudad teniéndola a su merced.
Al igual que los sectores más conservadores de la sociedad española, los criollos repudiaron la invasión napoleónica por rechazo a las ideas liberales que representaba la sociedad francesa, cuya contaminación había que evitar, porque temían la pérdida de sus privilegios. En esto la iglesia católica jugó un papel de vanguardia incitando la resistencia a los ocupantes franceses, tanto la jerarquía pro monárquica, como el bajo clero insurgente en Nueva España.
Por eso es necesario despejar de una vez el otro equívoco habitual que atribuye a los sucesos y a los criollos hispanoamericanos ideas sacadas de la Ilustración y actitudes jacobinas. Todo lo contrario. Cuando en 1808, el Ayuntamiento de México, inspirado por Francisco Primo de Verdad y Ramos, y otros, intentó justificar la creación de una Junta Gubernativa, en ausencia del rey, sobre la base de que la soberanía retornaba al pueblo (“retroversión de la soberanía”) no apeló tanto a los ilustrados del siglo XVIII, como a las Leyes de Partida, promulgadas por Alfonso X en el siglo XIII (Verdad, 1977).
En la cultura criolla persistía más la tradición cultural hispana, que los elementos modernizantes de la ilustración europea. El hecho de que la estructura virreinal se mantuviera fuerte en Lima y México hasta 1821, se debió a la actitud timorata de los criollos, su temor a las masas y a cambios radicales.
Dentro del grupo social criollo sí existieron sectores ilustrados, liberales y republicanos, pero socialmente se trataba de sectores de capas medias (oficiales militares, curas, comerciantes), que eran una minoría excepcional, y muchos llegaron a serlo en un proceso de radicalización paulatino, y no de proyectos políticos bien pensados con antelación a 1810.
Francisco de Miranda, “El Precursor”, el venezolano que en el siglo XVIII imaginó a América independiente de España, fue la excepción y no la regla. Y su maduración del proyecto pudo concebirse justamente por vivir por cuatro décadas fuera de América, y por la influencia que tuvieron sobre él Inglaterra y las logias masónicas (Miranda, 1992).
Clases sociales y bandos políticos
Tulio Halphering establece la existencia de tres sectores diferenciados en la clase dominante del virreinato de la Nueva España a inicios del siglo XIX (Halphering Donghi, 1999):
Los criollos agrupados en el Cuerpo de Minería, dueños de las minas de plata, particularmente en la zona de Guanajuato y Zacatecas, como la mina La Valenciana;
Los comerciantes peninsulares que tenían el monopolio de los intercambios con la península Ibérica, agrupados en el Consulado de Comercio, principalmente el de la ciudad de México, porque el Consulado de Veracruz tuvo mayor influencia de los criollos y fueron más partidarios de la libertad de comercio;
La Audiencia dominada por gachupines representantes directos de la corona y el sistema absolutista, muchas veces enfrentada al Ayuntamiento (Cabildo) en que los criollos tenían mayoría de la representación.
También una capa media urbana compuesta de profesionales, principalmente oficiales del ejército, abogados y curas.
Respecto de la Iglesia Católica conviene tener claro que durante toda la guerra civil se partió en dos: la alta jerarquía de obispos, completamente volcada en defensa del statu quo, la monarquía y el absolutismo; y el bajo clero, que incluso llegó a liderar la insurgencia, cuyos modelos más reconocidos fueron Hidalgo y Morelos. La beligerancia de muchos curas en las guerras de independencia respondía a los agravios sufridos por la Iglesia Católica con las reformas del siglo XVIII, en que perdió muchas prerrogativas (Brading, 2016).
A esas clases sociales o sectores de clase, podríamos añadir, todo el sector agrario, geográficamente ubicado en la llamada zona de El Bajío, región en la que inicia la crisis en 1810, aunque posteriormente se extendió al sur y al resto del país. El Bajío, es un espacio geográfico que abarca los actuales estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, que tenía una función similar a la de las llamadas provincias del litoral en el virreinato del Río La Plata, que alimentaba y dependía de la región minera del Potosí de Alto Perú (Bolivia), acá el motor dinámico eran las minas de Guanajuato y Zacatecas a las cuales alimentaban, así como a los grandes centros urbanos, especialmente ciudad de México.
Por supuesto el sector agrario estaba representado por varios estratos:
Los hacendados o latifundistas, principalmente ganaderos;
Los campesinos de rango intermedio, o rancheros;
El pequeño campesinado pobre, compuesto por aparceros y medieros que eran los peones o braceros de las haciendas.
Las comunidades indígenas, que laboraban tierras colectivas o ejidos (hasta 600 varas cuadradas), que habían sido entregadas para formar los “pueblos de indios” o reducciones, de manera que estuvieran disponibles como mano de obra para las haciendas (Florescano E. , 1980).
Dado que el sistema colonial español dividía a la población por su origen racial, conviene tener presente su distribución demográfica para mejor comprensión del proceso: 3 millones de “indios”, 2 millones de “castas” (mezclados), 1 millón de criollos o “españoles americanos”, y medio millón de gachupines, como se llamaba a los españoles de origen ibérico que ocupaban los altos cargos de la administración virreinal (Mexico, 1811).
¿Qué era el “mal gobierno” contra el que se alzaron Hidalgo y Allende?
El Grito de Dolores no quedó consignado en documento escrito alguno por los protagonistas, ni siquiera testimonialmente por quienes lo presenciaron. Todas las referencias son posteriores y recogidas de oído por personalidades que no estuvieron directamente en el acontecimiento. Pero todas parecen coincidir en que hubo vivas a la virgen de Guadalupe y a Fernando VII, y mueras al “mal gobierno” refiriéndose al gobierno de los gachupines.
Versiones que parecen trabajadas con posterioridad han agregado a la arenga vivas a “la América española”, o “Viva México” y “muerte a los gachupines”. Algunos señalan que Hidalgo acusó al “mal gobierno” de entregar el reino a los franceses, con lo cual queda en la confusión el objetivo final de la lucha, si se trataba de la independencia absoluta o se trataba de sacar del gobierno a gente en la que no se podía confiar. Se referían al gobierno de España o al de Nueva España, es otro interrogante. En todo caso, las vivas a Fernando VII implican la sumisión a la corona. Pero más importante para el éxito del movimiento fue que prometiera el fin de los tributos, una de las imposiciones coloniales más odiadas por indígenas y campesinos (Herrejón Peredo, 2009).
Las consignas de los campesinos iracundos “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!” no eran completamente nuevas en 1810, sino que hacían parte de la tradición política. Incluso eran anteriores a las reformas borbónicas, que causaron fuertes alteraciones económicas al aumentar el flujo de riqueza de la Nueva España hacia Madrid. Recurrimos a Florescano que nos explica:
“En 1693 otra desastrosa sequía y la manipulación de los granos por hacendados y funcionarios de la capital hizo estallar la furia de los pobres de la ciudad; entre gritos contra “los gachupines que se comen nuestro maíz”, mueras al corregidor y al virrey y lemas sediciosos: “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”. Una multitud hambrienta apedreó la alhóndiga, el palacio municipal y acabó saqueando el mismo palacio virreinal y las tiendas de los comerciantes españoles. En ese año los amotinados incendiaron todos los símbolos del poder que los oprimía: el palacio municipal y el virreinal, la alhóndiga, la casa del corregidor de la ciudad, las tiendas de los comerciantes, la cárcel y la horca” (Florescano E. , 1980).
“¡Viva el rey, muera el mal gobierno!”, también fue el grito que movilizó la insurrección peruana dirigida por Tupac Amaru en 1780, y la de los comuneros en Nueva Granada en 1781, contra los impuestos arbitrarios del régimen borbónico. Obedecen a una tradición tanto las vivas al rey, como las mueras al mal gobierno, como la virulencia como los insurrectos atacaron a los españoles de Guanajuato que se habían refugiado en la alhóndiga de Granaditas, pues ellos y estos edificios eran parte de la injusticia instituida por las clases dominantes contra el campesinado.
A todo lo largo del siglo XVIII se mantuvieron revueltas campesinas en Nueva España, especialmente de las comunidades indígenas: 1734-1737 en California, 1761 de los mayas dirigida por Jacinto Canek, otras en Sonora, etc. (Oliva de Coll, 2014).
Podemos suponer que, para el campesinado y los indígenas que acompañaron a Hidalgo en 1810, el “mal gobierno” sería el causante de su sufrimiento, y este sería en parte el gobierno del virreinato de la Nueva España, con todo su aparato de funcionarios, pero con seguridad en su imaginario lo serían también los hacendados de origen criollo, quienes eran sus explotadores directos.
Con lo cual es fácil colegir que la revolución campesina de 1810 no tenía como objetivo primordial la constitución de un estado independiente, sino cambiar la organización social y económica en el agro novohispano que causaba su sufrimiento. Menos se puede creer que la causa fuera la independencia a la vez que se juraba por Fernando VII.
Para los sectores sociales vinculados a la iglesia, como Hidalgo, y a ciertos sectores del criollismo, el “mal gobierno” podría ser la dinastía borbónica que, siendo francesa como Napoleón, con sus reformas modernizantes a lo largo del siglo XVIII, era la culpable de la alteración del orden colonial instaurado desde el siglo XVI. No olvidemos que la iglesia fue víctima de dichas reformas, y que la misma tenía un peso importante en el virreinato de la Nueva España y en la formación de su clase privilegiada, los criollos.
Dos medidas golpearon a la iglesia: la expulsión de los jesuitas en 1767 (la cual produjo revueltas en varias ciudades de Nueva España, las cuales fueron duramente reprimidas) y la Real Cédula de enajenación de bienes y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales, de 1804 (Florescano E. y., 1994).
Florescano y Gil señalan que esta Cédula causó una gran perturbación porque la iglesia católica en Nueva España hacía de prestamista a hacendados, comerciantes, mineros, grandes, medianos y pequeños, con lo cual se vieron obligados a redimir sus hipotecas en un corto lapso de tiempo para satisfacer la imposición de la monarquía. La misma se aplicó en los años previos al estallido de la crisis, de 1805 a 1809, y significó la sustracción de 12 millones de pesos del virreinato hacia Madrid. Así que éste sería otro motivo para el odio a los gachupines.
Se dice que el propio Miguel Hidalgo y su familia fueron víctimas de esta medida de 1804 y su recaudación forzosa, que llevó a la quiebra sus propiedades consistentes en fincas agrícolas, incluso se señala que su hermano menor vio afectada su salud y murió por ese motivo. Esto se habría convertido en impulso personal en el caso de Hidalgo que lo llevó a ponerse directamente a la cabeza del ala más radical de la insurrección de 1810 (Belsasso, 2018)
La expulsión de la Compañía de Jesús también tuvo sus implicaciones ideológico-culturales, puesto que ella educaba a los hijos de los criollos. De sus mentes más brillantes van a surgir los primeros en imaginar un México con un glorioso pasado indígena, lo que a la larga sería usado como fundamento de la nación moderna e independiente, como fue el caso de Francisco Xavier Clavijero y su Historia antigua de México, publicada en el exilio italiano (Clavijero, 1853).
David Brading señala que los obispos y frailes jugaron un papel tan importante en la resistencia a los franceses, en especial en la diócesis de Michoacán, porque ya consideraban a los asesores de las reformas borbónicas que habían afectado a la iglesia novohispana como afrancesados, y ahora temían que esos funcionarios entregarían el trono a Bonaparte. “Su papel en la insurgencia en 1810 solo se puede explicar como reacción al prolongado y continuo ataque a los privilegios, la jurisdicción, la riqueza y los ingresos de la Iglesia mexicana” (Brading, 2016).
Otro elemento a considerar, en la primera fase (1808), es la impresión de muchos sectores en América de que las autoridades monárquicas en España habían capitulado y aceptado el nuevo rey impuesto por Bonaparte. En su imaginario el “mal gobierno” serían esos funcionarios traidores y dóciles a los franceses (Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 1993).
Irónicamente, uno de los sectores más afectados con las reformas borbónicas fue el Consulado de Comerciantes de México, cuando se rompió el monopolio comercial con Cádiz y se deshizo la flota de galeones permitiéndose la libertad de comerciar desde cualquier puerto y hacia cualquier puerto de la península. Esto benefició a importantes sectores criollos, como el Consulado de Veracruz y el de Guadalajara; además del trato privilegiado que se le dio al negocio minero.
Como las reformas borbónicas buscaban modernizar el viejo aparato colonial de los Habsburgos, aumentar el comercio, la producción minera sobre todo, para aumentar las recaudaciones, y sobre toda la sujeción directa a la corona, eliminando la intermediación de ciertas corporaciones, como la Iglesia, quienes usufructuaban del orden colonial vigente hasta antes de la llegada de los Borbones verían afectados sus privilegios en alguna medida, y alimentarían el bando de los insurrectos.
En resumen, en 1810 salió a flote un descontento de diversos sectores de la sociedad novohispana, de manera particular de los campesinos pobres y sectores del bajo clero, molestos por causas distintas: unos, por la estructura social injusta del campo que les hacía sufrir especialmente en años de sequía; otros por unas reformas que habían menoscabado el papel de la iglesia en la sociedad, y que añoraban los mejores tiempos del siglo XVII. Su enemigo inmediato, su “mal gobierno” era el virrey y su aparato burocrático. En todo caso, se pretendía crear una Junta Gubernativa que cambiara el estado de cosas.
Las vivas a Fernando VII indican continuidad de sujeción a la monarquía y ponen en duda la voluntad de constituir a México en un país independiente de España en 1810. Todavía en 1812, después de leer el “Plan de Paz y de Guerra” de José María Cos, Morelos diría: “Viva España, pero España hermana no dominadora de América” (Morelos, 1874). Hasta el Congreso de Anáhuac, el 6 de noviembre de 1813, cuando finalmente Morelos declararía: “queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español” (Anáhuac, 1813).
En 1810 hubo una revolución agraria
Es obligante preguntarse cómo es posible que muy rápidamente se pase de un reducido grupo de intelectuales y militares, que componían la llamada Conspiración de Querétaro, a un ejército de decena de miles de campesinos enardecidos que seguían al cura Hidalgo. Aparte del mito sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe enarbolada por Hidalgo, la mayoría de los historiadores no responde a la pregunta.
Pero hay un grupo de especialistas que han estudiado la relación entre los cambios climáticos, las sequías especialmente, la crisis agrícola y los movimientos políticos en México. Ellos sí nos dan la respuesta a la rápida radicalización del campesinado de la zona del Bajío: la sequía.
“Según Florescano, una prueba de que este fenómeno tuvo un impacto fuerte sobre la política, lo representa el periodo que comprende los primeros años de la lucha de Independencia, debido a que hubo una sequía severa y continúa en el Virreinato en los años de 1808 a 1811. Esta grave variación climatológica se convirtió en una gran perturbación económica que afectó a una generación que desde 1785 había vivido una serie de desastres. Fue esta generación la que se levantó en armas en 1810. La sucesión de sequías, alzas de precios, carestía y hambre desde fines del siglo XVIII, quizás coadyuvó a que la sequía de 1808 fuese el detonador de un gran malestar social latente en la sociedad colonial. El descontento de una gran parte de las masas, en lugar de manifestarse en alborotos y protestas por la carestía, encontró su detonador político en la retórica revolucionaria de Miguel Hidalgo. La unión de ambos produjo el levantamiento de 1810. Este mismo autor señala que, quizás, si no hubiese habido la gran sequía de 1808-1811, el malestar campesino y el furor popular no hubiera coincidido con la demanda política de la Independencia” (Espinoza Cortés, s.f.).
Florescano analiza los procesos de sequías en el campo mejicano a lo largo de la historia, principalmente del periodo colonial. Describe que los años en que la sequía era muy severa se producían grandes migraciones de campesinos y peones de minas en dirección a las ciudades en busca de alimentos. Incluso explica cómo los grandes hacendados usaban el ciclo climático y agrícola para favorecerse a costa del campesinado medio, pobre e indígena.
“Cuando las sucesivas sequías de 1808, 1809 y 1810 dejaron yerma la tierra y por esos campos estériles se extendió la rebelión de Hidalgo, las masas campesinas formaron el grueso de los ejércitos de la insurrección. Los rebeldes de 1810 eran campesinos desesperados, peones sin trabajo y hambrientos. La revolución de la independencia fue precedida por una sucesión de sequías, malas cosechas y crisis agrícolas y estalló al culminar una oleada de altos precios que agudizó la carestía, el hambre y la desesperación” (Florescano E. , 1980).
Esta realidad social del campesinado del Bajío es lo que explica que, tras el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, y de 80 presos que liberaron, según el mito, el movimiento se extendiera rápidamente por todos los pueblos de manera que, para el 21 de ese mes, cuando llegaron a Celaya, se estima que eran al menos 20 mil, entre campesinos y mineros. La violencia ejercida por las masas en el saqueo de Celaya y Guanajuato también dan cuenta del odio de clase larvado. A lo que podemos agregar que las masas alzadas convirtieran al cura Miguel Hidalgo y Costilla en caudillo del movimiento, por encima de militares profesionales como Ignacio Allende, éste último mucho más moderado en sus demandas.
Al llegar a Michoacán (Valladolid), por el 17 de octubre, ya el ejército insurgente sumaba más de 60 mil personas. Probablemente eran 80 mil cuando el 30 de octubre derrotaron a los españoles en el monte de las Cruces, próximos a ciudad de México, pero que Hidalgo, por razones desconocidas decide no tomar, luego que fracasó el intento de capitulación pacífica del virrey. Hidalgo volvió a Michoacán e Ignacio Allende tomó hacia Guanajuato.
Es interesante en los acontecimientos de 1810 el proceso de radicalización de Miguel Hidalgo, el cual no llega a formalizar la declaración de independencia pero en su fuero personal queda convencido de esa necesidad, lo cual lo aleja de sus aliados, como Allende que llega a decir que el cura se dejaba llevar por la plebe y se estaba olvidando de Fernando VII (Villoro, 2009).
En un Manifiesto, de diciembre de 1810, emitido en Guadalajara, cuyo objetivo era defenderse de las acusaciones de herejía y de alejarse de la fe católica, termina diciendo Miguel Hidalgo: “Rompamos, americanos, esos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto tiempo: para conseguirlo no necesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo, veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no son americanos…” (Hidalgo, 1977).
Junto a este Manifiesto, Hidalgo emite dos bandos, uno sobre las tierras, expropiándolas de los arrendatarios y devolviéndola a las comunidades de los naturales, y otro ordenando la libertad de los esclavos en un término de diez días so pena de muerte, y el cese del pago de tributos (Ibidem, pp 44-45).
Esta radicalización de Hidalgo, bajo el influjo de las masas campesinas e indígenas enardecidas, fue produciendo diferencias cada vez mayores entre él y sus aliados originales, como Ignacio Allende. ““Hay que envenenar al cabrón cura”, palabras de Allende refiriéndose al Cura Hidalgo. Esto lo exclamó cuando supo que Hidalgo había mandado asesinar entre 350 y 400 españoles en Guadalajara del 12 de dic de 1810 al 13 de enero de 1811” (Allende, 2018).
Aunque Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron detenidos el 21 de marzo de 1811, y posteriormente fueron ejecutados, la guerra civil se extendió durante 10 años, hasta 1821, a un costo en vidas que algunos calculan entre 600 mil y un millón de muertos y con la guerra civil extendida a toda Nueva España, especialmente en el sur, donde surgieron nuevos caudillos como J. M. Morelos y Vicente Guerrero (Villoro, 2009).
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