19
Vie, Jul

Guatemala
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Por Oliverio Del Águila

Introducción

El presente trabajo tiene como objeto aportar a la caracterización del conjunto de partidos políticos guatemaltecos como parte de régimen político actual y su naturaleza como elemento central del Estado. Este ensayo busca desentrañar una de las peculiaridades del conjunto de partidos políticos pero bajo la óptica de un todo, claro, como un subsistema caracterizado por la fragmentación partidaria; tan solo para dar una idea, en la próxima contienda electoral participaran 28 agrupaciones partidarias.

Es importante determinar tales características desde la óptica del pensamiento marxista crítico y revolucionario, pero aplicado a las características guatemaltecas. La teoría política burguesa concibe el papel de los partidos políticos como mediadores entre la sociedad y el Estado; pero en Guatemala los partidos se convierten en una serie de camarillas de intereses particulares y reflejo de distintas  fracciones de clases;  que usufructúan los órganos de representación de la democracia burguesa moderna para su reproducción como grupos en ascenso social.

En los últimos años los partidos políticos han pasado al centro de la escena de la opinión pública –o en otras palabras la opinión de los mass media-, tanto los que sobresalen con visión “reformista o transformista” como los más cercanos a posiciones inmovilistas; sobre esta opinión publica  podemos decir muchas veces asume el sentir y opinar de parte de la población pero moldeado bajo una visión que sirve  para el mantenimiento del status quo.

Por su parte, la denominada comunidad internacional y la postura de las embajadas de los países imperialistas con su línea de apoyo –unos más otros menos- a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su posicionamiento, ya no solo en lo que se refiere a la investigación penal en apoyo al Ministerio Publico, sino en el papel propiamente político a partir de los señalamientos del informe “Política y Dinero” de 2015. Este informe evidenció las relaciones que se establecen entre las denominadas redes políticas ilegales y los partidos políticos que nacen como moscas y se mueren sin pena ni gloria aun siendo gobierno.

No es objeto de este ensayo problematizar con la visión sobre ese tema y otros como la denominación de Estado Cooptado. Pero sí señalar que si bien es correcta la definición de redes políticas ilegales, un concepto que se deriva de los famosos grupos clandestinos de poder ilegales –estructuras precedentes de conformación del Estado Contra insurgente- y que se han convertido en grupos que se conforman como élites o se convierten en fracciones de la clase dominante para la apropiación de los recursos públicos y el usufructo de los cargos públicos.

Ahora, si bien ese documento, que se publica al calor de las movilizaciones de ese año, solo hace someros señalamientos a los vínculos y las formas de operar de los monopolios corporativos que conforman la oligarquía, señala las formas de financiamiento ilegal y privado de las campañas electorales, señalando algunas redes de empresarios, políticos y sus operadores –muchos del interior del país-, desde su práctica de financiamiento de campañas, llegados a cargos públicos sobre todo locales y que se convierten en réditos vía la concesión de obras públicas.

Y aunque algunas investigaciones penales sobre financiamiento electoral ilicitico que tocan la estructura de financiamiento del actual partido gobernante involucrando al mismo presidente o en temas de defraudación fiscal, han tocado algunos miembros importantes de las corporaciones empresariales, su objetivo claro no es debilitar a la clase dominante en su conjunto –aun con la carismática figura de Iván Velázquez- sino solo a sus figuras más deshonestas o que se pasen de la raya marcada bajo los intereses imperialistas. Por supuesto, se incluye su eslabón más débil, esos grupos emergentes que quieren repartirse también el pastel para su beneficio.

  1. El régimen político actual

Un régimen político es la manera en que se conforman las instituciones formales y reales del Estado, que son depositarias del poder público. El régimen político, más allá de ser una fachada de la naturaleza de clase del Estado, es la configuración en determinado momento de las relaciones de fuerzas en la sociedad y de la presión internacional sobre un Estado, dándole forma a la organización de las prácticas y relaciones políticas, de las clases dominantes y las clases subalternas o el proletariado generalizado y ampliado.

Podríamos decir que el origen del actual régimen político es el remozamiento que sufrió el Estado capitalista guatemalteco a inicios de la década de los ochenta del siglo pasado. Esta situación operada por elementos de poder real, como eran el imperialismo estadunidense, el ejército y algunos núcleos de la oligarquía, es una movida que busca reconfigurar el Estado guatemalteco ante el avance de la insurgencia y el movimiento popular y tiene su momento inicial con el golpe militar del 23 de marzo de 1982

1.1 De la situación que parte

Tal reconfiguración es necesaria, porque el régimen político previo a 1982, conformado con una finalidad contra-insurgente –una fecha tentativa para su inicio podría ser el golpe de Estado del 31 de marzo de 1963 dado por Enrique Peralta Azurdia-, mostraba importantes síntomas de debilidad provocados por la vorágine represiva desatada por el gobierno de Romero Lucas García ante la escalada de movilización revolucionaria de las masas populares y el cada vez mayor fortalecimiento de las organizaciones político-militares, dinámica que tenía sus propias contradicciones.

Para 1980 había prácticamente una situación insurreccional, existían instancias unitarias como el Comité Nacional de Unidad Sindical y había un llamamiento claro a derrocar al gobierno militar de turno, pero las organizaciones político-militares (Ejército Guerrillero de los Pobres, Fuerzas Armadas Rebeldes y Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, en las que pesaba la visión de la acumulación de fuerzas para desarrollar la guerra revolucionaria), el Partido Guatemalteco del Trabajo (partido comunista ilegal con una política defensiva de apostarle al fortalecimiento de organizaciones legales pese a la existencia de líneas guerrilleristas en su interior) o el Frente Unido de la Revolución (con una perspectiva de acumular fuerzas electoralmente), no aprovecharon la voluntad insurreccional de las masas para darle el tiro de gracia al gobierno déspota de Lucas.

Pero eso es para otro debate, lo único que podemos decir es que el saldo de esa indecisión –donde pesaba la siempre errónea política de un buscar un sector “democrático” de la burguesía- fue que el Estado y sus fuerzas de seguridad pudieron destruir al movimiento popular urbano, obligando a muchos al exilio, la clandestinización o incorporarse a la lucha guerrillera, quedando ésta más que como una opción estratégica, como un refugio para algunos cuadros que compartían esa visión.

Sin embargo, la conflictividad de clases  no estaba aún saldada y la organización popular estaba presente, sobre todo era en las regiones de población maya donde el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) tenía trabajo político  en las comunidades indígenas, bajo la concepción  de crear un ejército guerrillero obteniendo algunas regiones liberadas –especialmente en el departamento de Quiché- fortaleciendo provisionalmente a esa organización y con ello, la posibilidad de una insurrección militar con un fuerte componente de masas organizadas para lograr el derrocamiento de la pandilla del ejército que gobernaba con Lucas García.

Sobre eso existen muchos debates y no es objeto de este articulo profundizar sobre ello; existe la opinión de que era una insurrección prematura, que no estaba lo suficientemente equipada logística y militarmente, etc.; pero lo cierto es que existía un desfase entre la movilización urbana de unos años antes y la que se podría estar gestando en el altiplano guatemalteco. Se generó la ilusión –con ataques militares cerca del centro neurálgico del poder de parte de la guerrilla- de que ésta tenía las condiciones para realizar un cerco, declarar zonas liberadas y poner en jaque la logística y la organización del Estado capitalista.

El gobierno de Lucas además, estaba salpicado de casos de corrupción. Una buena parte de los núcleos oligarcas lo miraba con recelo porque beneficiaba a una pequeña fracción de la oligarquía y a la camarilla militar que se enriquecía y al interior del ejército un fuerte sector de oficiales en su mayoría operativos y que combatían a la guerrilla, consideraban inoperante su accionar militar.

La toma de conciencia de la situación en que estaba el ejército ahogado a cierto punto por la capacidad ofensiva guerrillera, obliga aun durante el gobierno de Lucas García a realizar  cambios estratégicos en los días previos al golpe contra este gobierno del 23 de marzo;  configurando un plan estratégico para ir limitando las operaciones militares de la guerrilla que causaba bajas al ejército y entorpecía la movilidad de este en  la principal vía hacia el occidente del país, la carretera interamericana.

Como sea, al interior del ejército ya no quisieron esperar y dan el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, en su mayoría oficiales medios operativos con el apoyo de algunos comandantes de bases militares, instaurando una Junta Militar de Gobierno dirigida por Efraín Ríos Montt. Éste fue un general retirado quien tenía un perfil progresista por haber sido candidato a presidente de una alianza de partidos de centro-izquierda en 1974, que fue víctima de fraude al ganar la presidencia, arrebatada por el denominado generalato[1].

Pero en ese momento Ríos Montt –convertido al protestantismo- fue el encargado de profundizar la estrategia contrainsurgente denominada Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, masacrando las bases civiles y la organización maya cercana al EGP, realizando actos de genocidio, como en 2013 un tribunal lo calificó, al pueblo Ixil. Debilitando al máximo la posibilidad de que esta organización pudiera seguir hostigando al ejército, cancelando la idea de esta organización de crear zonas liberadas y convirtiendo la organización de respaldo por la fuerza en la mayoría de los casos, en paramilitares al servicio del Estado con la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Sin embargo, este dictador que manejaba un discurso desarrollista combinado con moralismo cristiano, asustaba con sus diatribas a grupos de la burguesía y si bien se cuidaba de siempre enmarcarse en el anticomunismo, calificaba su gobierno como “centrista” alejado de las extremas de derecha e izquierda. En cierto momento quiso seducir al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) para que aceptara la amnistía –cual fue una acción para debilitar la insurgencia- y conseguir su legalización, lo cual fue rechazado por el partido comunista.

Sin embargo este caudillo, que cumple la misión de desestructurar las bases de la insurgencia –específicamente del EGP- por medio de la masacre, la represión, la cooptación y la persecución a las comunidades que no aceptan el encuadre militarista (comunidades en resistencia), en su discurso vislumbraba una orientación nacionalista pequeño burguesa que algunos ejércitos latinoamericanos, a la par de retomar de la doctrina de seguridad nacional yanqui adoptaron una visión anti-imperialista y anti-soviética, posicionándose como una tercera fuerza autentica nacional[2]. Estos gobiernos militares (Perú, Ecuador, Panamá y en menor medida Honduras), si bien realizaron algunas reformas sociales, no rompieron el carácter neo-colonial de estos países, ni fueron nunca una tercera fuerza y a la vuelta de la esquina las fuerzas oligarcas tradicionales retomaron el poder.

En Guatemala Ríos Montt no pasó más allá de discursos, en su mayoría moralizantes con algún regaño a la oligarquía y pasará a la historia como aquel bajo cuyo mando se realizó el genocidio al pueblo ixil y la represión masiva a los pueblos mayas y mestizos que se levantaban contra la dictadura militar; pero sus pretensiones bonapartistas[3] –adujo que para realizar las reformas democráticas que se encontraban en el libreto del proyecto militar eran necesarios ocho años[4], la creación de nuevos partidos políticos, encrespando a la extrema derecha del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y otras expresiones cercanas a la oligarquía tradicional, que había sido excluida del gobierno de Lucas García y fueron entusiasta del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982.

Además de otros factores, como molestias al interior del ejército por el poder que una gama de oficiales medios sin ser jefes de bases militares –que se ampliaron al calor de la estrategia contrainsurgente-, el argumento del discurso religioso que en teoría estaba generando molestias a la población católica y a la jerarquía de tal religión. Se usaron  pretextos para dar el golpe de Estado de agosto de 1983  de parte del ministro de la defensa Oscar Humberto Mejía Víctores, que sustituyó a Ríos Montt. El golpe contó con el respaldo de las mayorías de jefes de las bases militares, la jerarquía católica, la oligarquía aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras  (Cacif) y el gobierno de Ronald Reagan.

Mejía Víctores, al no más tomar el poder, prometió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que el ejército no interviniera en el proceso eleccionario, preparar las condiciones para elecciones generales y presidenciales y crear las condiciones con una autoridad electoral “independiente” del gobierno de turno causante de los fraudes electorales de la época del generalato, aunque la legislación formadora de tal institución la había aprobado el gobierno militar derrocado. A la vez de continuar con la ofensiva militar contra la guerrilla, la cual, debilitada, se estableció en áreas remotas aunque con la capacidad de golpear la infraestructura del Estado y de la burguesía, pero sin lograr zonas liberadas ni tener la capacidad de tomar la iniciativa –salvo en algunos momentos durante los primeros gobiernos civiles- pero sin capacidad real de debilitar estratégicamente al ejército[5].

Así se realizan las elecciones de la ANC con una participación minoritaria de la izquierda democrática revolucionaria (el Frente de Unidad Revolucionaria), donde la Democracia Cristiana Guatemalteca (bajo un perfil supuestamente de centro-izquierda)  y la nueva derecha renovada (la Unión del Centro Nacional), tuvieron la mayoría. En un lugar minoritario quedo la extrema derecha del MLN, algunos desprendimientos de este partido y otras agrupaciones conservadoras como el Partido Nacional Renovador que a finales de los setenta quiso jugar el papel de la Unión de Centro Nacional (UCN). Así como el desprestigiado Partido Revolucionario, que de un perfil socialdemócrata fue adoptando el anti-comunismo militante hasta convertirse en partido de gobierno con Lucas García.

Una primera medida fue la emisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) decreto 1-85 de la ANC, incorporando en este instrumento legal tanto el funcionamiento de la institucionalidad electoral con la creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro de Ciudadanos (RC) y la Inspectoría Electoral como órganos autónomos y con potestad decisoria convalidada, impugnada o rectificada  por el pleno de magistrados del TSE; órgano con total autonomía de los partidos políticos –sin representación de éstos como en otros países, por lo menos en la formalidad, aunque tienen la posibilidad en época electoral de participar en las reuniones con sus fiscales- y de otros órganos del Estado sobre todo del Organismo Ejecutivo; pero no totalmente porque pueden ser impugnadas por los Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad atenuando lo de supremo.

Por otro lado, todo lo relacionado a la formación de partidos políticos y comités cívicos  –organizaciones temporales limitadas a elecciones municipales y sin financiamiento público- rigiendo en lo respectivo a su desarrollo, el funcionamiento de sus órganos de dirección y elección de candidatura, así como al control del financiamiento por la inspectoría y el Registro de Ciudadanos. Algunos analistas consideran que incluir todos estos aspectos –institucionalidad electoral y funcionamiento de los partidos- en una misma ley no fue  conveniente.

Una amenaza que los partidos temían era que el gobierno militar usara el control que tenía en beneficio de alguna expresión política, como fue el PID en 1965, coaccionando el voto a favor del algún partido militar,  vía las PAC[6]. En los hechos eso no pasó, pero sin embargo el gobierno militar se impuso –a diferencia de El Salvador donde se eligió a un presidente provisional,  Álvaro Magaña- de que la ANC no debía cuestionar el poder ejecutivo controlado por los militares y que todos los decretos ejecutivos promulgados desde el golpe de Estado de marzo de 1982, debían ser reconocidos como leyes, quitándole  la característica originaria. Por su parte, las fuerzas insurgentes y revolucionarias no participaron, llamando al voto nulo y en blanco,   afectando la legitimidad de los partidos políticos y por ende la hegemonía conservadora; convirtiéndose al final en un pacto social solo entre élites reflejando los intereses de las distintas fracciones burguesas.

Por otro lado hubo modificaciones en la doctrina militar –al igual que la visiones desarrollistas de los ejércitos andinos mencionadas más arriba- pero con más claro matiz contra-insurgente y menos independiente del imperialismo, con las Tesis de Estabilidad Nacional convirtiéndose en garante del nuevo orden constitucional y el denominado fundamentalismo militar, donde el ejército dejaba el poder público por lo menos formalmente y se circunscribía a su misión constitucional (que era concebida por el alto mando militar como la defensa de la patria del comunismo[7]) es decir manteniendo la guerra interna contra la insurgencia y la represión hacia el movimiento popular.

1.2 Los primeros pasos del régimen político y los partidos políticos que lo habitaron

Podemos indicar que el actual régimen político adquiere forma –aunque no acabada- con las elecciones de 1985, donde resulta vencedor la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) con Vinicio Cerezo Arévalo resultando electo presidente sobre el candidato de la UCN Jorge Carpio Nicole. La DCG por su parte obtiene la mayoría parlamentaria y la mayoría de alcaldías municipales.

Este gobierno genera expectativas en la población de que la situación social, económica y política se iba a mejorar –no es objeto de este ensayo diseccionar los programas económicos de los gobiernos- pero este gobierno se afronta a una crisis social y fiscal, que ya antes el gobierno militar de Mejía Víctores trato de encarar exigiendo a los empresarios mayor contribución al fisco, a lo cual estos se negaron; Cerezo Arévalo volvió a pujar con la élite económica para que ésta contribuyera a las finanzas del Estado.

Nuevamente hay una negativa de estos a realizar tal contribución y el gobierno de la DCG afronta una problemática que se resuelve con una serie de programas económicos que afectan sobre todo a la población de escasos recursos, reduciendo los gastos públicos, eliminando subsidios, liberalizando los precios, privatización de empresas públicas y otras medidas. Pero también un paquete de impuestos que afectan a todas las clases sociales, lo cual es respondido con un paro empresarial que daña severamente la imagen y la capacidad de maniobra del gobierno democristiano.

Por otro lado, la DCG realizó un pacto con la línea que hegemonizaba el ejército, dirigida por el ministro de la defensa Alejandro Gramajo, quien había tenido una destacada participación durante los gobiernos militares de Ríos Montt y Mejía Victores con el montaje del Teatro de Operaciones de Suroccidente para debilitar a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), creador de la Tesis de Estabilidad Nacional (TEN) y el fundamentalismo militar y se considera uno de los cerebros de la estrategia contra-insurgente y por ende, también de las operaciones militares que causaron la violación a los derechos humanos de la población maya.

Con el gobierno de Cerezo, el alto mando militar pone en práctica tanto la TEN como el fundamentalismo militar en que los militares quedan fuera de la política visible y formal, aunque desde el gobierno militar anterior, se forman las Coordinadoras Interinstitucionales que fueron instancias de coordinación de la administración pública en que participaban las municipalidades, las instituciones del gobierno central y las bases y destacamentos militares locales, coordinadas desde la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan).

Este gobierno, pese a la atmósfera de mayor tolerancia en lo que respecta a la libertades políticas de la población, registrando un auge de la actividad sindical, popular y de las primeras organizaciones de derechos humanos que denuncian la continua represión, no desmonta el aparato militar represivo, donde la nueva tesis militar considera que ciertas actividades políticas pueden ser toleradas una vez no se considere que tiene vínculos con la denominada subversión[8].  De igual forma, ante la crisis social que afecta la carestía de los productos y los ingresos del proletariados y las clases populares, el auge de las huelgas, sobre todo en sectores públicos y la conformación de instancias unitarias de organización como fue la Unidad de Acción Sindical y Popular (Uasp) fueron blanco de la represión militar, dado que algunas expresiones populares tuvieron vínculos con las organizaciones político-militares y clandestinas.

El poder de estas organizaciones, por su parte, pese a mantener cierto accionar militar, estaba debilitado y si bien no se vislumbraba una derrota militar, no tenían la capacidad de pasar a la ofensiva militar, sufriendo además una serie de divisiones por cuestiones de concepción política y estratégicas, que las había debilitado más[9]. Es en ese momento que el gobierno y la línea institucionalista del ejército de Gramajo inician pláticas para lograr un proceso de negociación con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca[10] formada en 1982.

Esta situación generó resquemores en la línea más anti-comunista y reaccionaria al interior del ejército conocida como los oficiales de la montaña, conformada por oficiales operativos que combatían a la guerrilla y que la mayoría era responsable de crímenes sobre la población violatorios a derechos humanos, que la misma Constitución Política de 1984 garantizaba bajo su característica garantista. Como sea, estos oficiales fueron protagonistas de dos intentos de golpe de Estado en 1987 y 1988 que fracasan, teniendo el amparo de empresarios sobre todo vinculados al agro aunque no solo,  que estaban molestos además por la presión fiscal sobre ellos.

En los últimos años la crisis económica se agrava, apareciendo una situación inflacionaria que aumenta el descontento de la población para con el gobierno, más los evidentes casos de corrupción habidos en el gobierno y el partido gobernante y las divisiones al interior de este, ponen en la picota a la DCG.

Esto puso en la disponibilidad de llegar al gobierno a la UCN de Jorge Carpio Nicolle; sin embargo este es asesinando en 1990 en un extraño incidente atribuido a la inteligencia  militar. Ésta además realiza una serie de asesinatos a políticos del partido oficial y de otros partidos, con el afán de presionar para que la guerra no se desmonte y  no avanzaran las pláticas con la URNG, lo que de hecho sucedió.

De cara al proceso electoral de 1990, la división al interior de la DCG está muy marcada, además de desprestigiado ese partido y el gobierno, instaurando con ello una tradición de que el partido gobernante ya no gobernará un periodo más. Sin embargo el que parecía el posible ganador con la muerte de su líder, es decir la UCN y ciertos malabarismos políticos que en su momento se realizó de parte del gobierno para favorecer la candidatura de un supuesto outsider, la de Jorge Serrano Elías y su minoritario partido el Movimiento de Acción Social (MAS).

Supuesto outsider porque este fue un funcionario cercano al gobierno militar de Ríos Montt, siendo presidente del efímero Consejo de Estado y después un hombre cercano a la secta neo-pentecostés denominada El Verbo, de la cual el dictador militar fue parte. Por tanto usó una fuerza que sería sucesiva en posteriores gobiernos a la hora de poner a un presidente, es decir las iglesias y sectas evangélicas como fuerza electoral fenómeno que se está viviendo en la actualidad en varios países latinoamericanos y encarna una fuerza de masas conservadora y con una ideología reaccionaria  anti derechos humanos de la clase trabajadora.

Pero tempranamente en 1990 esta fuerza será determinante ya –en un país como este donde estas sectas fueron impuestas como parte de las estrategias contra insurgentes-, llevando al Serrano Elías a la presidencia. Serrano, que se caracteriza por generar diversas polémicas, con su presencia mediática desde su exilio en Panamá, en su momento se caracterizó por un enfrentamiento con los distintos poderes del Estado. Con el Congreso porque en éste partidos como la DCG y la UCN le bloquearon la agenda y con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también. Se enfrentó además con la oligarquía tradicional por sus enfoques de cómo aplicar  el programa neoliberal, a la hora de privatizar los servicios públicos como el Instituto Nacional de Electrificación, pues los empresarios abogaban por una privatización total y Serrano por una por partes. Además de realizar algunas medidas de justicia social como el bono 14[11] y evitar la privatización del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por otro lado también avanzó en las discusiones con la guerrilla para entrar en un proceso de negociaciones de paz, creando el ambiente para que diversos actores, desde los partidos, las organizaciones sociales y los empresarios, se reunieran con miembros de la comandancia guerrillera y del alto mando militar.

Esto lo llevó a confrontarse con estos actores, provocando que destituyera al Congreso, a la CSJ y asumiera Serrano todos los poderes del Estado en 1993. Esta situación calificada de auto golpe a semejanza del que dio Fujimori en Perú en 1991, se la jugó creyendo Serrano que tenía el respaldo de todo el alto mando militar, pero la mayoría asumió una línea presumiblemente constitucionalista. Esta situación más que a una intención democrática o institucional –aunque pesaba la línea elaborada por Gramajo- del alto mando se debió a que el grueso de la oligarquía contravino esta medida y estos militares se plegaron a esta situación.

Serrano entonces tuvo intenciones bonapartistas al igual que su maestro años antes, Ríos Montt. Pero se enfrentó con que tampoco tuvo el apoyo ni de la oligarquía, ni de la embajada gringa ni tampoco del movimiento popular; éste, temiendo una limitación de los derechos y libertades políticas mínimas que existían –la inteligencia militar seguía siendo un peso de poder y continuaba dirigiendo la represión junto a otras fuerzas de seguridad del Estado- cedió su independencia política a manos a la oligarquía participando en la Instancia Nacional de Consenso.

Como hipótesis podríamos decir que la dirección de las organizaciones político-militares y clandestinas era mínima y que su horizonte estaba más en concluir la guerra  que en dirigir una salida insurreccional y revolucionaria; se había desmontando ya la guerra en El Salvador, en Nicaragua el sandinismo había perdido las elecciones y el bloque del socialismo real pos estalinista había caído a excepción de Cuba y otros.

Al final la Corte de Constitucionalidad[12] (CC) ordena la destitución del presidente y el vicepresidente Gustavo Espina y eso le da el aval al sector del ejército proveniente paradójicamente de la misma inteligencia militar –allí surge la figura de Otto Pérez Molina- para desconocer a Serrano y su gobierno, en una acción que también puede ser calificada como de golpe de Estado. La CC designa como presidente provisional al en ese entonces procurador de los derechos humanos[13] Ramiro de León Carpio para que asumiera la presidencia y convocara a un nuevo congreso de forma provisional en 1994.

Es en esta coyuntura donde emergerán otros partidos políticos que jugaron un papel fundamental en la siguiente etapa tras la firma de la paz, nos referimos al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y al Partido de Avanzada Nacional (PAN). El primero formado alrededor de la figura del Ríos Montt y que expresó en un primer momento la derecha más conservadora, aunque con toques de populismo y el segundo formado por importantes núcleos de la oligarquía, bajo un intento de renovar su imagen, aplicar un programa neoliberal para un mejor reacomodo de parte de la burguesía en el escenario internacional de la globalización y que en su formación contó con políticos y profesionales venidos de la izquierda.

La elección de ese Congreso provisional es ganada por el FRG y queda en segundo lugar el PAN, quien venía de controlar desde 1985 la municipalidad capitalina y que se volvió su plaza fuerte, manteniendo el partido heredero el PAN, el Partido Unionista del recientemente fallecido Álvaro Arzú en  la corporación municipal capitalina. Este Congreso realiza varias reformas a la Constitución ante el daño que causó el autogolpe de Serrano con el fin de blindar al régimen político y avanzar en la agenda neoliberal.

Sobre el segundo aspecto solo cabe mencionar que se prohíbe al banco central o Banco de Guatemala (Banguat) que se vuelva un prestamista del Estado, aduciendo el peligro de las espirales inflacionarias, abriendo el negocio del endeudamiento público a la banca privada y al fortalecimiento de algunos capitales ligados a las corporaciones oligárquicas para la concentración en pocos bancos y cuidándose de mantener sus privilegios al cerrar a la banca internacional esta plaza financiera.

Con respecto a la remodelación al régimen político se generan varias medidas, a saber: se separa la persecución penal del Estado de la función de abogado del Estado, dividiendo la Procuraduría General de la Republica y el Ministerio Publico (MP), asumiendo este último la persecución penal y la política criminal. Se crea las Comisiones de Postulación –que ya existían para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral-, ahora para seleccionar al jefe del MP, al contralor general de cuentas, a jueces de apelaciones y a los magistrados de la CSJ; así como se mantiene el sistema para designar magistrados de la CC por medio de representantes del Colegio de Abogados, de la Universidad de San Carlos, de la CSJ, del Congreso y de la Organismo Ejecutivo, una virtual instancia corporativa. Todo esto será convalidado en una consulta ciudadana donde solo participa el 15.9 por ciento del padrón electoral vigente,  ganando con 67.8 de votos el Si a favor de estas reformas, 12.95 % por el No y 19.25 % votos nulos y blancos el 30 de enero de 1994, otro reflejo de la falta de legitimidad de estas reformas.

Este es el momento de desaparición de los restos de los partidos anti-comunistas como el MLN, PID, el PR y otros que quedaban del antiguo régimen político previo a 1982. También de partidos como la UCN, del efímero MAS y el inicio de la agonía lenta de la DCG; es decir todos los partidos considerados históricos en Guatemala. La renovación pos serranazo fue de hecho una depuración al conjunto de partidos en su momento, emergiendo por algunos años el FRG y el PAN.

Por su parte, el proceso de pláticas con la comandancia guerrillera prospera y se conforman las mesas negociadoras avanzando en concretizar una serie de acuerdos sobre temas puntales relacionados a la desmilitarización del Estado y la sociedad, sobre derechos sociales y económicos como procesos de entrega de tierras[14] –más ningún tipo de transformación ni que decir una reforma agraria- así como de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y parte integrantes para la creación de una nación que en ese momento se denominó, plurilingüe y multicultural.

Por otra parte el movimiento popular y social que formó parte, aunque fuera de la mesa de negociación principal entre la insurgencia y el Estado de las negociaciones, se conformó en la denominada Asamblea de la Sociedad Civil, influyendo en algunos puntos de los Acuerdos de Paz, bajo una agenda democratista y defensista en distintos aspectos de la estructura social. Dando un paso importante en articular un frente político-electoral junto a las organizaciones insurgentes y su comandancia, en la creación del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), partido político que se forma tras la compra de la ficha del moribundo Partido Revolucionario.

1.3 Se estabiliza el régimen político

Vamos a retomar un periodo largo de 20 años desde 1995 hasta 2015, quizás en un abordaje muy extenso, pero consideramos que  estos años tienen una característica común, la de mantener estable el régimen y la competencia entre los distintos partidos políticos, hasta los primeros síntomas de agotamiento en 2014.

Este período tiene como base los Acuerdos de Paz, que serían el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral y el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil en una Sociedad Democrática. Estos acuerdos buscaban continuar el proceso de desmilitarización del Estado iniciado por el mismo ejército dentro de la estrategia de reacción democrática[15] estableciendo un proceso competitivo electoral para todos los partidos políticos. Los textos discutidos entre la insurgencia y los gobiernos de turno, de hecho reconocían el papel del Tribunal Supremo Electoral en lo que respecta a realizar elecciones “imparciales y justas” a diferencia de los escandalosos fraudes durante los gobiernos militares. A la vez, se llamaba a continuar con el diseño institucional de este órgano y, a diferencia de países como El Salvador a partir de los Acuerdos de Paz, el TSE fue conformado con los partidos políticos legalmente inscritos.

Además del Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, se exhortó al TSE a conformar una Comisión de Asuntos Electorales con su participación y la de los partidos políticos, para presentar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Este acuerdo estimulaba a tal comisión a la aprobación de las reformas específicas, como fijar el número de diputados, la creación de un documento único de identidad y un registro centralizado en el TSE;  descentralización de los centros de votación a fin de acercar al votante, pensando así que de esa forma se podría reducir la apatía electoral y el abstencionismo; aumentar el número de firmas y de requisitos territoriales para organizar un partido, mayor control al financiamiento privado y aumento del público, entre otras.

En 1995 resulta electo Álvaro Arzú –quien para ese momento había sido alcalde capitalino- por el PAN, con el 51.2 por ciento de los votos válidos en segunda vuelta,  convirtiéndose además en la primera fuerza en el Congreso con 43 escaños, quedando en segundo lugar el FRG y su candidato Alfonso Portillo procedente de la Democracia Cristiana, con el 48.7 % de los votos válidos en segunda vuelta y ubicándose en segunda fuerza en el Congreso con 21 curules.

En tercer lugar se ubicó el candidato Fernando Díaz Duran –ex canciller del gobierno militar de Mejía Víctores-  con el 12.4 % de votos válidos, conformando una coalición con la Unión del Centro Nacional, la  Democracia Cristiana de Guatemala y el Partido Socialista Democrático mostrando la deriva oportunista de éste y  los últimos intentos de sobrevivir de los dos primeros, obteniendo dos curules cada uno,  al igual que el Movimiento de Liberación Nacional con una diputación; estos serán los últimos comicios donde participaron estos tres mencionados. En cuarto lugar quedó el  FDNG quien postuló al economista Carlos González del Valle para la presidencia, con 7.70 % de los votos válidos, mostrando que esta fuerza podía competir en los cánones de la democracia burguesa, obteniendo un buen lugar unitariamente, pero con un programa reformista inmerso en los Acuerdos de Paz, bajo la lógica de lo más posible que se pudo alcanzar.

Sobre las opciones reales de la izquierda para tomar el poder político, como si había condiciones o no para seguir la guerra, quizás no es la pregunta fundamental; existe mucho debate sobre si las condiciones militares, por lo menos para tener la ofensiva, quedaron afuera de sus capacidades, generadas las divisiones internas en las organizaciones como lo señalamos. Pero el problema quizás es de origen pues desde el punto de vista del marxismo, ya que en su concepción de la revolución  primó el peso militar y en el programa,  el papel de los sujetos revolucionarios por un lado y su relación con la burguesía. Bajo la ilusión que ha pesado en el programa de las izquierdas  –procedente de las discusiones al interior del PGT- sobre la existencia o no de una burguesía nacional, democrática o patriótica, inexistente tomando en cuenta la característica del capitalismo dependiente.

El gobierno de Arzú se caracterizó por aplicar la agenda neoliberal, privatizando los activos públicos como la telefonía, abriendo el mercado y transformándolo de uno de características monopólicas manejado por el Estado en tanto bien público, hacia uno de carácter oligopólico manejado por empresas transnacionales. Se terminó de privatizar otras como los ya inoperantes Ferrocarriles de Guatemala, entregándoselo a una empresa transnacional que nunca invirtió en él y lo mismo pasó con el Correo Nacional y otros casos.

Caso especial fue la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Se realizó el proceso de desmonopolización del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), manteniéndose como un productor más –a partir de la propiedad que se tiene sobre algunas grandes represas- abriéndole el mercado a una serie de generadores privados en un primero momento con hidrocarburos y derivados de la caña y a partir del gobierno de Berger, por medio de hidroeléctricas. Así como la  distribución y transporte ahora en manos de una sola empresa transnacional  y su comercialización creando un mercado cautivo de tres empresas de capital extranjero. Se creó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica donde se coordina todas estas operaciones y un Mercado Mayorista donde se transan las operaciones comerciales de compra y venta de electricidad, una tasa especial donde las comercializadores ganan por venderle al usuario, creando una serie de abusos al consumidor; así como las condiciones para crear un mercado Centroamericano denominado Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central. Obviamente los que controlan y ponen los precios tanto entre ellos y al consumidor son los grandes monopolios que denominan las distintas fases de este proceso.

Este proceso también trajo consigo el achicamiento del Estado y el despido trabajadores tanto en las empresas públicas como en la administración central y sus ministerios, enfrentando luchas que no pasaron de estar aisladas y sin perspectiva política. La izquierda, tanto el FDNG como la URNG, ahora convertida en partido político, no realizaron una oposición frontal a la aplicación de los programas neoliberales, encaminándose en su deriva electoralista pero sin capacidad de convertirse en una alternativa de poder aun dentro de los parámetros socialdemócratas como se convirtió en El Salvador con el FMLN.

Por otro lado las expresiones de la sociedad civil del otrora movimiento popular van asumiendo una orientación centrada en cumplir algunos aspectos de los Acuerdos de Paz –ante el desinterés del Estado y de los gobiernos de turno- financiadas por recursos de la cooperación internacional con la proliferación de organizaciones no gubernamentales,  que los limita a proyectos que palian las condiciones de pobreza, algunas con éxito, pero perdiendo una perspectiva de conjunto.

A lo sumo el movimiento campesino, aglutinado en la Central Nacional de Organizaciones Campesinas[16] (CNOC) logró plantear la Reforma Agraria Integral, una propuesta a medio camino entre las demandas históricas de reforma agraria y lo agendado en los Acuerdos de Paz y que después fue rebajándose –aduciendo correlación de fuerzas opuestas- a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Aún se está a la espera de una ley que la ampare. La propuesta legislativa fue una promesa del gobierno de Colom y que aboga por el apoyo a la economía campesina de parte del Estado, a la par de mantener las características latifundistas para la agro-exportación del modelo económico y social.

El movimiento sindical fue golpeado con la persecución política desde la década de los setenta del siglo pasado. Esto sucedió paralelo el desmonte del modelo de industrialización, centrándose nuevamente en la producción de materias primas y bienes agrícolas, así como la maquila, donde el sindicalismo fue  prevenido por la fuerza y chantaje del despido, la corrupción de las direcciones sindicales sobre todo dentro de las instituciones públicas y el golpe que se recibió con el achicamiento de este con Arzú. Es recientemente que varias centrales sindicales han logrado re articularse en el Movimiento Autónomo Sindical Guatemalteco, que tiene sobre todo presencia en empresas privadas, que es donde menos sindicalización existe y más duro es crear sindicatos. Y los sindicatos públicos que como el de maestros –con un pasado glorioso- o el de salud, logran movilizar cierta base por conquistas legitimas aunque limitadas a cambio de prebendas para sus líderes y negociaciones de favores políticos con los funcionarios de turno.

El 19 de mayo de 1999 se realiza otra consulta ciudadana, esta vez para consultar sobre aspectos relacionados al contenido de los Acuerdos de Paz, pero en la consulta se incluyó otros temas relacionados al funcionamiento de los órganos del Estado que no estaban totalmente discutidos y que era parte de una agenda de los partidos políticos para mantener prebendas. Los grupos conservadores y la oligarquía tradicional hicieron una fuerte campaña por el NO que al final se impuso; así, la consulta giró en torno a cuatro tópicos a saber: definición de nación y derechos sociales, reformas del Congreso, reformas del poder ejecutivo y reformas del poder judicial. Participando solamente 757,940 votantes, el 18.4 % de los votantes inscritos, se impuso el NO en los cuatro tópicos. La Izquierda, pese a ser una fuerza relativamente numerosa y de no haber sufrido la divisiones posteriores, hubiera podido afrontar las campañas del NO, cuyo centro giró en torno a que con el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas se desgarraría la supuesta unidad de la nación, cuando realmente esta última es totalmente excluyente;  podríamos afirmar que la resaca de esta derrota agudizaría las diferencias entre la izquierda.

En las elecciones de 1999 llega al gobierno Alfonso Portillo del FRG, cambiando los papeles con el PAN, logrando el 68.31 por ciento de los votos válidos con 63 escaños en el Congreso. En segundo lugar queda el candidato del PAN Oscar Berger con 31.69 % de los votos válidos y su partido con 37 curules. Aquí también hubo un cambio de papeles que marcaría las tendencias electorales en las últimas elecciones; mientras que con Arzú fue el voto urbano y sus segmentos más conservadores quien le dio el triunfo, en esta elección fue el voto rural y con alguna orientación anti-oligarca, el que le dio el triunfo a Portillo.

La izquierda por su parte hace su mejor elección manteniéndose unida, llevando a un ex funcionario público y después convertido en empresario Álvaro Colom – y posterior presidente- evidenciando su alineamiento pequeño burgués y el peso de su tradición estalinista. La izquierda consiguió el 12.36 %, más que por el candidato, que arrastraba un caudal político por haber sido funcionario de un fondo social –uno de los compensadores que han existido dentro de la aplicación del programa neoliberal- por el hecho que implica el peso de ir juntos. Fue una alianza entre la URNG, el minoritario partido Desarrollo Integral Autentico (DIA) y una fuerza política que se denomina Unidad de Izquierda Democrática (UNID) que aglutino algunos cuadros y militantes molestos por la conducción de la dirección de la URNG, conformando para este evento lo que fue Alianza Nueva Nación y logrando nueve escaños en el Congreso,  siete de ellos distritales, mostrando el peso en regiones en su mayoría indígenas donde la izquierda ha tenido fuerza. Previamente la URNG y su dirección habían desechado mantenerse en el FDNG o realizar una alianza con este, partido que participó solo y luego desapareció. 

El gobierno de Portillo se caracterizó por un discurso populista que aplicó algunas medidas de corte distribucionista como mejora del salario mínimo y mantenimiento de los pecios de la canasta básica, a la vez que negociaba el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLCRDEU), en lo que Fonseca menciona una inserción en la globalización no regida ni solo para beneficiar a las elites tradicionales[17].  A la vez se rodea de militares contra-insurgentes afines al caudillo del partido Ríos Montt, que se convierte en presidente del Congreso los cuatro años de ese gobierno y arremete contra organizaciones de derechos humanos por el cuestionamiento a la presencia de estos ex militares.

Esta política, calificada como populista por sectores de la oligarquía tradicional, también amenazó con perseguir a los grandes grupos corporativos en lo que respecta a defraudación fiscal y delitos relacionados, sobre todo contra el monopolio de los Bosh-Gutiérrez pero de igual forma contra otras corporaciones, y llevó a estas a realizar una campaña contra este gobierno, nuevamente destapando casos de corrupción de que sus miembros fueron parte.

Las organizaciones sociales, y sobre todo muchas ongs de derechos humanos, también asumieron una postura anti-portillista debido a un paquete de impuestos que buscaba afectar a todos los sectores sociales, desde el empresariado hasta los pequeños contribuyentes, registrándose movilizaciones, a las que los empresarios se sumaron y hegemonizaron. Nuevamente las organizaciones populares y sociales mostraron su falta de independencia política, aliándose la mayoría al carro de la oligarquía y otras, sobre todo campesinas, al carro del gobierno; conformando lo que Fonseca denominó una sociedad civil buena y permitida[18].

Durante ese período aparecen otros dos partidos que retomaran el relevo en el campo burgués electoral; nos referimos al Partido Patriota y a la Unidad Nacional de la Esperanza. El primero formado por ex militares de inteligencia y civiles ligados a Otto Pérez Molina y el segundo por el ex candidato Colom, junto a su esposa Sandra Torres y quien en su formación se llevó a algunos diputados tránsfugas electos por varios partidos, entre ellos de izquierda.

La oligarquía logra cuajar en algunos sectores de la sociedad civil que se suben al carro de sus intereses en contra del gobierno portillista, una expresión que se denominó Movimiento Cívico Nacional, que fue una especie de frente amplio social, donde participaron políticos como Colom y Pérez Molina y que le daría respaldo bajo lo planteado por Fonseca como la sociedad civil buena para generar una base social al próximo gobierno, el de Oscar Berger.

Previo a las elecciones suceden hechos que demuestran una disputa feroz entre fracciones de la burguesía –por un lado el FRG con élites emergentes y por el otro la tradicional oligarquía-. Ésta se logra aglutinar con mucha dificultad en la Gran Alianza Nacional. Las fuerzas de izquierda y las del movimiento social se encuentran divididas, fragmentadas y sin capacidad de articular, sin posibilidades de poder pasar a la ofensiva política, nos detendremos en esto.

La izquierda, después de organizar la coalición electoral  ANN, cuyo partido principal fue la URNG se terminó fracturando en líneas procedentes de las organizaciones político-militares, es decir por un lado bajo el cobijo del nombre histórico quedo la mayoría de miembros del EGP, ORPA y el PGT-CC[19]. Mientras que las FAR, denominada Tendencia Revolucionaria Democrática se separa y se queda con el nombre de Alianza Nueva Nación; con ellos se van varios sectores que participaron bajo UNID. Sin embargo, esta combinación no dura mucho y estos últimos forman Encuentro Por Guatemala, en parte por las disputas entre Jorge Ismael Soto o Pablo Monsanto ex comandante de las FAR y Nineth Montenegro, quien procede de la primera organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo, formada en los años ochenta,  siendo electa diputada por la ANN en 1999 al igual que Monsanto.

En lo que respecta a la política burguesa, la derrota de 1999 del PAN provocó rompimientos a su interior, primero el grupo cercano Arzú se separa fundando el Partido Unionista, quien ha tenido la alcaldía capital desde 2003, siendo aquél alcalde hasta su reciente fallecimiento. Esto reflejó, además el descontento de algunos sectores del empresariado con el rumbo que tomó el gobierno de Arzú.  El PAN por su parte existe actualmente y es considerado el partido más longevo del conjunto de partidos, posterior a la expulsión y salida de personajes procedentes de la oligarquía, cuando fue cooptado por sectores emergentes y políticos profesionales como Leonel López Rodas, para nuevamente ser copado por un sector empresarial ligado a Juan Guillermo Gutiérrez, quien ha sido su candidato en las últimas dos elecciones, manteniéndose como partido legal al grado de aumentar su votación en esta última elección.

Por su parte otro grupo empresarial aglutinado en el denominado M17 (que no fue un partido), en su mayoría formado por agro-industriales del azúcar y empresarios de bebidas, son quienes colocan a Berger para esa candidatura. En el ínterin se van formando otros partidos ligados a núcleos oligarcas, como el Partido de Solidaridad Nacional cercano a los Sinibaldi, empresarios industriales y otros de esa rama, el Movimiento Renovador cercano a los Briz (comerciantes)  y algunos otros de esa rama. Todos estos partidos forman la Gran Alianza Nacional (GANA) junto al Partido Patriota de Pérez Molina, que postulan a Berger y gana la presidencia[20].

El FRG trata de sobrevivir e imponer a su candidato, el ex general Efraín Ríos Montt, tras un fallo controvertido de la Corte de Constitucionalidad –pues la CPRG es clara que aquel protagonista de un golpe de Estado no puede participar- en ese momento controlada por ese partido. El FRG moviliza campesinos y personas procedentes del mundo rural a la capital, muchos ex paramilitares de derecha,  que asolan  los barrios residenciales y las oficinas de la burguesía, aunque no pasan de la quema, los bloqueos de algunas calles y el lamentable asesinato de un periodista que cubría los hechos.

Estas elecciones se caracterizaron por la implementación de parte del TSE de la georreferenciación de los votantes para poder ubicar la residencia efectiva de este. Además de  la actualización del padrón –eterno problema que recurrentemente que se mantiene- con respecto a la residencia, con el propósito de descentralizar las mesas receptoras de votos, situación que quedará plasmada con las reformas posteriores[21]. Así como otras reformas relacionadas al aumento de la cantidad de requisitos y de ciudadanos necesarios para conformar un partido de 15 mil adherentes a 22 mil como es actualmente.

Berger logra la presidencia con el 54.1 por ciento de los votos válidos en segunda vuelta, Colom disputa la segunda vuelta con 26,4 % de los votos válidos. Mientras que el candidato del FRG logra un tercer lugar con el 19,3 % de votos válidos conseguidos en primera vuelta y el candidato de la URNG, el ex comandante Rodrigo Asturias o Gaspar Ilom, el 2,6% de los votos válidos. En el Congreso la GANA logra 47 escaños, el FRG se mantiene como segunda fuerza con 43 asientos, la UNE con 32, el PAN con 17, el PU con 7, la ANN la otra fuerza de izquierda con 6 y la URNG con dos solamente.

El gobierno de Berger re articula para beneficio de la oligarquía cierta base social, sobre todo urbana que vota masivamente por esta alianza, base social que estará mediada por el apoyo de la denominada sociedad civil buena; el voto rural se dividió entre el FRG y la UNE; también tendrá en un primer momento la tregua de los sindicatos sobre todos de maestros, que en el gobierno del FRG había lanzado una huelga reivindicativa. Este proceso de rearticulación pro-empresarial fue quebrándose y el apoyo social fue disminuyendo, aunque trató de mantener una cara amiga con la sociedad civil manteniendo a personajes como Rigoberta Menchú –premio nobel de la paz 1992- o Frank Larrue, activista de derechos humanos, montando el Programa Nacional de Resarcimiento –producto de los Acuerdos de Paz- para resarcir a las víctimas de la guerra interna,  aunque posteriormente va limitando la influencia de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos en tal institución.

Entre los acuerdos alcanzados con las organizaciones de derechos humanos y otras especializadas en temas relacionados al funcionamiento de la justicia y el estado de derecho, está la creación de lo que se denominó la Comisión Internacional Contra la Impunidad, proceso iniciado durante el gobierno de Portillo y que después de muchas negociaciones acerca del alcance de sus investigaciones y de las formas de acompañamiento al Ministerio Público como querellante adhesivo en investigaciones penales, se concretizó. Esta fue una combinación de una reivindicación de los Acuerdos de Paz para desmantelar los grupos clandestinos y la agenda imperialista impuesta desde los ochenta de fortalecer un Estado de derecho liberal y moderno.

Pero a la par de esta careta social continúa la aplicación del programa neoliberal, sobre todo en lo que respecta a la privatización de la producción de energía eléctrica e inicia la promoción para el establecimiento de inversiones en minería, palma africana e hidroeléctricas; a la par de la consolidación de negocios como el petróleo y la exportación de caña de azúcar, banano y otros productos.

Por otro lado mandos políticos y operativos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) son responsables por medio de grupos de sicarios al interior de esta última, de realizar operaciones de limpieza social a delincuentes, jóvenes sospechosos de participar en grupos delictivos y algunos luchadores sociales y defensores de derechos humanos (recientemente la Cicig y el MP abrieron procesos penales contra ex ministro de gobernación del gobierno de Berger, Carlos Vielmann y otros ex funcionarios, algunos que fueron parte del actual gobierno por el caso del asesinato de reos prófugos en ese momento; siendo responsables de otros casos como la masacre en el penal de Pavón o el asesinato de diputados salvadoreños).

Por otro lado una de las características fundamentales de este gobierno fue la represión y el desalojo a las comunidades y grupos campesinos que realizaron tomas de tierras, así como la criminalización a líderes campesinos, a diferencia del gobierno de Portillo, que puso una moratoria a estas acciones. Además del desmantelamiento de las políticas populistas del gobierno anterior, retrocediendo en las condiciones de mejoras salariales de los trabajadores. El TLCACRDEU, por su parte, fue renegociado para que los grandes monopolios y exportadores tuvieran mejores condiciones para competir tanto en el mercado gringo como la salvaguarda por el ingreso de productos importados de esa potencia.

Ante la aprobación de parte del Congreso del acuerdo de libre comercio en mención, se registraron los días de votación fuertes movilizaciones que fueron reprimidas por las fuerzas policiales y que quizás ha sido la única represión fuerte habida después de los Acuerdos de Paz. En esa coyuntura fue conformado el Movimiento Indígena Campesino, Sindical y Popular, esfuerzo de articulación de organizaciones populares que no duró mucho y fue el último esfuerzo serio con una agenda de defensa real de los intereses populares. Con el fracaso de ese esfuerzo, la CNOC, que mencionamos más arriba, terminó de separarse.

Las elecciones de 2007, con la participación de 22 partidos, es quizás  un momento de quiebre en ese momento porque son eliminados una serie de pequeños partidos –entre ellos la Democracia Cristiana de Guatemala, un partido histórico que inició su lenta agonía en 1990- y van apareciendo otros minúsculos,  determinantes tan solo para las alianzas parlamentarias de derecha.

Otra característica de este momento de quiebre es que la representación parlamentaria se va fragmentando. Desde el 2003 se miraba ese proceso tras la fractura de la GANA (siendo el Partido Patriota el primero en separarse de esta alianza por diferencias entre Pérez Molina y los civiles que dirigían el Ministerio de Gobernación ya que este quería ser ministro) y  la separación de otros partidos de esta coalición como el Movimiento Reformador, que expresaban conflictos entre las distintas fracciones que acompañaron en un primer momento al gobierno de Berger, pero también al cada vez más normal transfuguismo. Esta fragmentación contrasta con las legislaturas de inicios del actual régimen político cuando los partidos mayoritarios concentraban la mayoría de curules, fenómeno existente por lo menos hasta cuarta legislatura y aunque en la actual legislatura se conformaron dos grandes bloques –uno por transfuguismo- pareciera que esto es solo momentáneo.

1.4 Los primeros síntomas de deterioro institucional

En las elecciones de 2007 resulta ganador en segunda vuelta Álvaro Colom Caballeros de la UNE con 52.82 por ciento de los votos válidos y pierde Otto Pérez Molina del PP con 47.19 % de los votos válidos, procedentes del área metropolitana y Quetzaltenango. A nivel del Congreso la UNE consiguió 51 escaños, la GANA 37, el Partido Patriota 29, el FRG 14, el Centro de Acción Social[22] y la Unión del Cambio Nacional con cinco, Encuentro por Guatemala dos, el PAN 2, la URNG y la Unión Democrática uno cada uno. Por su parte, la mayoría de municipalidades la consiguió la UNE con 103, la GANA con 77, el PP con 40 y el FRG con 24 entre los principales; en la izquierda, la URNG consiguió 7 y la ANN dos; esto tomando en cuenta la volatilidad del poder municipal, que cambia según los intereses locales y los acuerdos con el gobierno central.

Algunas valoraciones importantes son que el voto de Colom fue sobre todo de las zonas rurales. Por otro lado la GANA, que postuló a Alejandro Giammatei, ex funcionario del gobierno de Berger, quedó en tercer lugar agrupando a un electorado conservador que en la segunda vuelta se volcó por Pérez Molina. La GANA retomó el nombre de la ex coalición oficialista a partir de las estructuras del Partido de Solidaridad Nacional. Por su parte, el FRG, a pesar del número de parlamentarios y de corporaciones municipales conseguido, inició su agonía donde primaron los intereses personales sobre la disciplina partidaria que los caracterizó. Apareció producto de esa fragmentación la UCN, ya mencionada, que en un primero momento fue conformada por ex funcionarios del gobierno de Portillo por un lado y por estructuras cercanas al caudillo Mario Estrada del departamento de Jalapa –al oriente de la capital y con presencia en varios departamentos de esa región-,  quien ha sido su candidato en las últimas elecciones

Sobre la izquierda hay que hacer algunas valoraciones especiales. La URNG y la ANN como el núcleo tradicional de la izquierda, consiguieron magros resultados. El segundo partido fue una de las agrupaciones tradicionales guerrilleras como mencionamos más arriba, pero que junto a otros sectores quienes se habían alejados de los núcleos integrantes en el frente político-militar de la URNG histórica previamente,  y otros que emergieron después de la firma de la paz como fue la UNID, se aglutinaron en Encuentro Por Guatemala (EPG).

Sin embargo esta posterior implosionó también, cuando el sector de Montenegro se apropió de esta agrupación, aunque manteniéndose algunos sectores no afines totalmente a ella con una orientación socialdemócrata –que después fundaría el Movimiento Nueva República, definido socialdemócrata-, separándose. Los sectores que no terminaron de cuajar en EG –bajo el Frente Político Social de Izquierdas-   algunos se re articularon con la URNG junto al Frente Nacional de Lucha y el ya desaparecido Bloque Antiimperialista, denominándose para fines legales URNG-MAIZ (Movimiento Amplio de Izquierda). Este esfuerzo tampoco despertó simpatía en la población, presentando al periodista Miguel Ángel Sandoval con apenas 2.14 % de votos, consiguiendo dos escaños y 7 municipalidades.

La ANN por su parte, también consiguió magros resultados, presentando para la presidencia al ex comandante guerrillero Pablo Monsanto con 0,61 % de votos, ningún escaño en el Congreso y dos corporaciones municipales. Por su parte, la Democracia Cristiana Guatemalteca, que en 2006 se había definido un partido de izquierda, presentó al hijo del ex presidente Cerezo, Vinicio Cerezo Blandón con apenas 0.50 % de votos, sin conseguir ninguna curul en el legislativo y apenas una municipalidad, desapareciendo así el último de los partidos denominados históricos.

Como se mencionó, EPG al final fue cooptado por Nineth Montenegro y fue en alianza al naciente Winaq  (pueblo en maya quiché), que no pudo conformarse en partido político, definiéndose en un primer momento como un partido progresista y posteriormente de izquierda; éste reivindica en su ideario político la derechos y la cosmovisión de los pueblos mayas. Esta alianza presentó en su binomio a la premio nobel de la paz y ex funcionaria del gobierno de Berger, Rigoberta Menchú, fundadora de Winaq, consiguiendo 3.06 % de votos y cuatro escaños en el Congreso, de los cuales uno fue el de Otilia Lux de Cotí, abogada maya que se separó para convertirse a la bancada de Winaq bajo un acuerdo ya establecido con EPG.

El gobierno de Colom se caracterizó por no cambiar ni un ápice el modelo económico y social, es más, se fue profundizando el extractivismo, al buscar el  aumento de oferta energética como parte del Siepac y la agro-exportación de grandes cultivos como ejes fundamentales de las formas de acumulación, continuando con la política de despojo de tierras y territorios a comunidades indígenas y campesinas. Pese a eso, aplicó una serie de programas sociales asistenciales –pensados por organismos financieros internacionales en función de generar paliativos y algún tipo mínimo de bienestar social ante las políticas neoliberales-, algunos medianamente efectivos como el programa de transferencias condicionadas[23], la bolsa familia que fue dotación de productos de primera necesidad, las escuelas saludables y decreto que el acceso a la educación y la salud fuera totalmente gratis, pero apenas aumentó la inversión en estos servicios no teniendo capacidad para cubrir la demanda..

Ese gobierno afrontó la crisis mundial del capitalismo de 2008, con la consiguiente caída de los precios de los bienes exportables por Guatemala y el encarecimiento del financiamiento internacional en el mercado de capitales; sin embargo, al finalizar, los índices de extrema pobreza se fueron para abajo debido a las políticas asistenciales emprendidas y las denominadas políticas contra-cíclicas.

Ese entorno internacional y la aplicación de tales políticas gubernamentales fue considerado por núcleos recalcitrantes de la oligarquía como un mal ejemplo y le montaron una acción conspirativa tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg –que después la Cicig demostró que había sido un suicidio inducido por los conspiradores-, aunque la investigación no llegó a los dos instigadores, el periodista de extrema derecha Mario David García y el empresario Luis Mendizábal[24], señalando solo a los primos de Rosenberg como responsables, los empresarios Valdez Paiz.

Durante una semana se realizaron una serie de manifestación a favor y en contra de Colom por la extrema derecha, y sectores de la oligarquía revivieron el Movimiento Cívico Nacional, mientras que el gobierno de la UNE movilizó, en base a las redes conformadas por los beneficiarios por los programas asistenciales, a personas afines a él. La derecha no logro que un sector del ejército se posicionara contra el gobierno, al contrario, éste permaneció fiel.

Las redes establecidas por la UNE fueron mecanismos clientelares a su favor, estableciendo una fuerte estructura partidaria con la cual cuenta actualmente, nutrida también de personas provenientes de la izquierda con cierta experiencia organizativa. Estas redes fueron el blanco de la oposición política del Partido Patriota (PP) y Otto Pérez Molina para potenciar sus posibilidades electorales en 2011, aprovechando ciertos hallazgos en el uso discrecional de recursos para estos programas asistencialistas: fiscalización de tales recursos promovidos por la diputada Montenegro y su partido, quien en consonancia con un sector de la oligarquía, el relacionado a los Gutierrez-Bosh y la actividad de la diputada Roxana Baldetti del PP, en un sentido similar, bloquearon fondos para la implementación de políticas gubernamentales, poniendo en jaque al gobierno de Colom.

Esta situación de conflictividad repercutió al interior del Congreso, apareciendo nuevas bancadas productos del transfuguismo, unos por el control de recursos financieros. Al interior de la UNE, una facción liderada por el diputado Manuel Baldizón, al no lograrse imponer en el intento de dirigir ese partido y ser el próximo candidato presidencial, se separó formando el partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Aprovechando el control en la Comisión de Finanzas y el capital propio de este empresario emergente –se cree que es cercano a actividades de contrabando y otras ilegales-, su imagen fue haciéndose presente en la opinión pública y ampliando su partido en todo el país.

Sin embargo también hubo diferencias internas ideológicas; por ejemplo, ante un cada vez más derechizado EG, la alianza con Winaq no se mantuvo, y al interior de la bancada electa, uno de los diputados, Aníbal García, junto a otros importantes cuadros  fundaron el Movimiento Nueva República (MNR)  como se dijo más arriba, de inspiración socialdemócrata  y bajo una política pequeño burguesa, pero alejado de la línea conciliadora de Montenegro con la burguesía.

Por su parte, la UNE logró el respaldo de la GANA, quien se quedó con la ficha y las estructuras del desparecido Partido de Solidaridad Nacional, a partir de que políticos emergentes y caudillos locales desplazaron de ese partido a los operadores cercanos a los grupos empresariales oligarcas.

Montenegro, para salvar su imagen de honestidad e independencia, promovió también reformas a la ley de Comisiones de Postulación en  la elección de jueces de apelaciones y magistrados del Organismo Judicial, para que el proceso fuera lo más transparente y estuviera al escrutinio de la prensa y de organizaciones no gubernamentales especializadas, como el Movimiento Pro Justicia y la Fundación Mirna Mack, que se sumaron a esta arena de disputa entre fracciones de la burguesía, apoyados por la prensa sobre todo Prensa Libre y ElPeriodico, que buscaba que los magistrados afines al gobierno no quedaran y se impusieran los cercanos a la oligarquía. Esto al final no lo lograron, siguiendo con la línea trazada desde el gobierno del FRG, que logró cooptar estos cargos públicos como parte de la diputa entre élites emergentes como estas y la de la oligarquía tradicional, aunque permitió a operadores cercanos al PP –en ese entonces en romance con la mayoría de núcleos oligárquicos- tener presencia en las cortes.

El gobierno mantuvo una diferenciación con sectores tradicionales económicos a raíz de las políticas asistenciales fiscalizadas con ahínco por los operadores políticos de los segundos, ante los evidentes usos corruptos y clientelares de tales programas. Éstos por su parte, pese a reducir la marginación y pobreza de la grandes mayorías, bajaron levemente los índices de pobreza y no cambiaron las condiciones estructurales de reproducción de la desigualdad social, pero a la  vez las ganancias de los grupos empresariales fueron –a raíz de un mejoramiento de las condiciones económicas mundiales- altísimas[25]. Pese a eso, la oligarquía le pasó la factura al gobierno de Colom deteniendo, vía la Corte de Constitucionalidad, la candidatura de Sandra Torres, quien se había divorciado de Álvaro Colom para poder correr en las elecciones de 2011, pero considerando esta corte la maniobra como  un fraude de ley, no se le permitió a la Torres participar, aduciendo los límites legales que no permiten a la o el cónyuge del jefe de Estado a postularse para participar en elecciones.

Además, otro elemento que crispaba la normalidad y pre-figuraba el escenario electoral que venía, fueron los asesinatos a choferes de buses urbano y otros crímenes de alto impacto, que se realizaron en los últimos años de ese gobierno. Rápidamente se rumoró que atrás de estos crímenes estaban elementos de inteligencia militar de alta y baja, cercanos al PP, que buscaron crear con eso un clima de miedo y las condiciones para que la población asumiera y apoyara la visión represiva de la seguridad pública que promociono Pérez Molina. Medidas que también fueron implementadas por Colom, aunque más limitadas, y sus ministros de gobernación,  continuando con acciones de limpieza social a jóvenes miembros de pandillas o cercanos a esos entornos, así como  la continua criminalización a líderes sociales en los órganos de justicia y la persecución ilegal algunos de éstos.

Por otra parte, una situación que también fue notoria de cara a la campaña electoral fue la misma pre-campaña, donde el PP, Lider y la UNE promocionaron a sus principales figuras, siendo los gastos de campaña millonarios, sin que el Tribunal Supremo Electoral normara y sancionara esas acciones sobrepasando con creces el límite de gastos electorales. Esta instancia  por su parte, fue cooptada por cuadros afines a la derecha del país, como la María Eugenia Villagrán, quien fue presidente del TSE. Las encuestas también ha sido un instrumento que bajo cierta racionalidad científica va posicionado temas y candidatos que poco a poco van creando imagen y opinión, por ende representaciones afines a una agenda partidaria, a favor de los políticos y partidos interesados que con el apoyo de fracciones del capital, buscan imponerse, tal fue, a partir del tema de la inseguridad el posicionamiento del candidato del Partido Patriota.

Al final se llega a la contienda electoral de 2011, imponiéndose Otto Pérez Molina con el 53.75 por ciento de los votos válidos en segunda vuelta sobre Manuel Baldizón, con el 46.26 % de los votos válidos. Atrás en primera vuelta quedaron con sus porcentajes de votos válidos, los siguientes:

Eduardo Suger de Compromiso, Renovación y Orden (CREO) con el 19.62 %.

Mario Estrada de Unión del Cambio Nacional (UCN) con 7.68 %.

Harold Caballeros de Visión con Valores (VIVA) y Encuentro por Guatemala (EG) con 6.24 %.

Rigoberta Menchú del Frente Amplio de Izquierda con 3.22%.

Juan Guillermo Gutiérrez del Partido de Avanzada Nacional (PAN) con el 2.76 %.

Patricia de Arzú del Partido Unionista (PU) con 2.19 %.

Alejandro Giammatei del Centro de Acción Social  (CASA)  con 1.05 %.

Adela de Torrebiarte de Acción Desarrollo Nacional (ADN) con 0.42 %.

Los votos nulos fueron el 4.24 % y los votos en blanco el 7.61%, mostrando ya un hartazgo contra la casta política, que aumentará en 2015, así como el abstencionismo del 30 % en la primera vuelta y del 40 % en la segunda vuelta, aunque la participación aumentó comparada a la de 2007. La UNE no postuló candidato alterno ante la movida contra su candidata natural, Sandra Torres.

Por otro lado, la publicación de los resultados fue lenta, cuatro horas más tarde del cierre de las mesas solo se había computado el 0.1 y a las doce AM del día siguiente solo se había computado una pequela parte de los actas, creando suspicacia sobre la transparencia del proceso electoral. Los resultados se conocieron hasta el 28 de septiembre[26].

En el legislativo el PP consiguió mayoría con 56 escaños, la alianza GANA-UNE con 48 escaños, UCN con 13, Lider con 14, Creo con 13, VIVA-EG con 6, el Frente Amplio de Izquierda con 3, el PAN con 2 y con una curul respectivamente los partidos PU, el FRG y Victoria, estos últimos dos no postularon para la presidencia. La mayoría de municipalidades las consiguió el PP con 108 corporaciones municipales, seguido por la UNE y GANA con 96, un creciente número de comités cívicos como nunca había pasado obtuvieron 56 corporaciones municipales, la UCN con 20 y Lider con 18. La URNG por su parte consiguió solo una alcaldía municipal.

1.5. El aparecimiento de nuevos partidos

Como se observa, nuevos partidos aparecen en la escena. Crompomiso, Renovación y Orden (CREO), expresión de un grupo empresarial ligado al sector servicios promoviendo a Suger –quien fue cofundador- siendo su segunda postulación para la presidencia. Visión con Valores (VIVA), que es un partido formado por sectores fundamentalistas cristianos que llevan al pastor –pese a que la ley lo prohíbe- Harold Caballeros y conformado por empresarios ligados a la importación de vehículos, en alianza con EG, mostrando todo el pragmatismo de Montenegro; Adela de Torrebiarte, por el partido Alianza Democrática Nacionalista, ligada por su esposo a empresarios del calzado con su efímero partido que desapareció. Y el partido Victoria, que fue formado por la familia Rivera, una camada de políticos donde el padre era diputado del FRG por Escuintla y su hijo Amílcar Rivera alcalde de la ciudad de Mixco.

De los partidos que ya existen, la UCN con su permanente candidato y el cacicazgo de Mario Estrada mantiene cierta presencia importante sobre todo en los departamentos de oriente. Igualmente el PAN con el empresario Juan Guillero Gutiérrez[27] nuevamente como candidato; el alcalde capitalino Arzú pone a su esposa Patricia para candidata presidencial por el PU, manteniendo su plaza fuerte en la ciudad capital y Giammatei segunda vez que participa ahora con CASA, partido que desapareció del mapa electoral posterior.

Sin embargo, el grueso de la oligarquía tradicional le apuesta al PP, que pese a ser formado por una camada de operadores políticos vinculados al ejército, se apresta a servir a los intereses de los distintos núcleos oligarcas, ante el temor que despiertan otros sectores de la burguesía emergente como Baldizón, Mario Estrada y otros o no tradicionales, como los que encarna la UNE y que son desplazados de la contienda presidencial.

Las distintas expresiones de izquierda por su parte, lograron configurar a última hora y por presiones de sus pares latinoamericanos de izquierda –de donde vino parte de su financiamiento- una coalición electoral bajo un programa mínimo reformista y una candidatura que no despertó simpatías, la premio nóbel de la paz Rigoberta  Menchú y el diputado en ese momento Aníbal García fundador del Movimiento Nueva Repiublica. Pese a que tanto la URNG, ANN y Winaq, aumentaron sus votos, lo cual evidencia que la unidad siempre es mejor que ir separados, los exiguos cargos conseguidos a nivel legislativo y municipal demuestran un fracaso.

En esta sexta legislatura se prefiguraban tres partidos importantes, la UNE, el PP y Lider, estos dos como veremos más abajo fueron cancelados por delitos electorales después de 2015. Los partidos más importantes inmediatamente después de la firma de la paz empezaron a declinar. El FRG desaparecerá, el PAN se mantiene como un vehículo cercano a los intereses de un solo personaje el oligarca Gutierrez, la GANA convertido en partido –de ser una alianza en su inicio, también desaparecerá y aparecerán otros nuevos, UCN, EG y Winaq desde 2007 y CREO y VIVA desde 2011. En el ínterin de esta legislatura la UNE sufre otro fraccionamiento dirigido por el ex constitucionalista Roberto Alejos, hermano de Gustavo Alejos –ahora procesado penalmente-  financista y secretario privado de Colom, creando la bancada Todos, que usó la ficha de Los Verdes, agrupación sin ningún tipo de actividad, para conformarse como partido político

En la izquierda, la Alianza Nueva Nación es la historia del intento de partido de izquierda proveniente de una de las fracciones de la izquierda armada que desaparece posterior a 2007 y se reconstituyó nuevamente para 2011, y bajo una nueva forma más representativa de organizaciones sociales en 2015 como Convergencia por la Revolución Democrática y simplemente Convergencia en 2019. Algo similar le pasará al MNR, que desapareció después de 2011 y se reconstruye 2015, desapareciendo de nuevo y ahora le apuesta nuevamente a participar llevando a su fundador como posible candidato bajo el nombre de Libre; mientras que la URNG se ha mantenido marginalmente. Winaq se define bajo un ideario de izquierda reformista pero bajo los parámetros de la cosmovisión maya y entre 2011 y 2015 se mantiene atrapando a estructuras molestas con la dirección de la URNG; peso a eso mantiene su alianza para 2015, situación que se mantuvo hasta hace pocos meses pues ahora ambos irán separados al igual que Convergencia.

El gobierno del PP se caracterizará por la continuación de la agenda neoliberal y del modelo extractivista neo-colonial, ahora con otros operadores, plasmada en la Agenda Nacional de Competitividad, lo cual le granjeó el apoyo y financiamiento en sus primeros años de distintos núcleos de la oligarquía. Si bien prometió desempolvar leyes sociales como la de Desarrollo Rural, que también fue una promesa de Colom, y creó una oficina para aplicar la política de esta ley, impulsando algunas pequeñas obras de apoyo a los agricultores y campesinos sin ninguna trascendencia, nunca se aprobó esa agenda de mejora del agro y la economía campesina. El PP hizo alianza con VIVA, nombrando a Caballeros como canciller durante el primer año y con ADN nombrando Camacho de Torrebiarte encargada de continuar con la reforma policial bajo la política diseñada en el gobierno anterior iniciada por Helen Mack, directora de la ONG Fundación Mirna Mack, quien fue la primera comisionada para esa función.

Este gobierno limitó el potencial conflicto social, sobre todo en el agro, con una serie de programas de apoyo técnico y de resolución a demandas de tierra por medio de distintas cooperativas que se sumaron a estas políticas y también de cooptación de liderazgos comunitarios. En 2012 se dan los incidentes de la Cumbre de Alaska en Totonicapán con el saldo de varios campesinos asesinados por miembros del ejército y en 2013 la Marcha Campesina impulsada por el Comité de Unidad Campesina y el Comité Campesino del Altiplano, logrando negociaciones en lo relativo a la deuda agraria, condonando buena parte de ésta; también hubo acuerdos sobre conflictos en regiones afectadas por el despojo de tierras como el Polochic en Alta Verapaz, conflicto heredado del gobierno de Colom a partir de un despojo de tierras a comunidades Q´ekchies afectadas por la instalación de un ingenio azucarero que por su parte nunca pudo entrar en funciones. Sin embargo, en lo relacionado al proyectos mineros e hidroeléctricos, los conflictos estuvieron a la orden del día, imponiendo muchas veces medidas restrictivas como estados de prevención que restringen  los derechos humanos de la población, en Jalapa, Santa Rosa, San Marcos y Huehuetenango.

Por otro lado, logra la paz con los sindicatos mayoritarios en salud y educación garantizándoles el cumplimiento de los pactos colectivos y negociando con sus líderes prebendas y la capacidad de imponer a funcionarios de nivel medios en los ministerios respectivos. También logró el respaldo de organizaciones campesinas beneficiadas con algunos programas como entrega de fertilizantes, como la histórica Coordinadora Nacional Indígena Campesina.

En 2014 la CC retorna al Congreso una serie de reformas electorales aprobadas en segunda lectura que se quedan estancadas, pues el ímpetu que algunos partidos como Todos, la UNE y en algún momento el mismo PP habían destacado, se vino abajo. Esto debido a las alianzas entre el Patriota y Lider, quienes priorizaron repartirse los recursos públicos de cara el evento electoral de 2015. Así como también el reparto de puestos de magistrados a la CSJ y jueces de apelaciones, controlando el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y las comisiones de postulación, en alianzas con  grupos de interés formadas por profesionales del derecho favorables al crimen organizado y a operadores de los partidos Patriota y Lider. Este proceso quizás ha sido el más fiscalizado por los grupos de presión de la sociedad civil, algunos cercanos a la oligarquía por la prensa, generando en la opinión pública un mayor interés sobre estos tópicos; el descalabro de esta alianza entre ambos partidos implicó en los hechos que el PP dejara de ser el favorito de las élites empresariales del país.

Así, el contubernio entre el PP y Lider para irse repartiendo los recursos públicos vía la ejecución de obras públicas con fines electorales o como forma de acumular capital y riqueza –lo señalado por el informe de la Cicig de 2015-, fueron generando las condiciones para las movilizaciones iniciadas en abril de ese año. Si bien al inicio de la séptima legislatura Lider –como lo hizo el PP en la legislación previa- se caracterizaba por bloquear las iniciativas del gobierno y por una constante interpelación de ministros, posteriormente sus intereses coincidieron con los del partido gobernante.

De cara al proceso electoral de 2015, el TSE señaló varias veces al PP por campaña anticipada, así como emitió resoluciones contra Roxana Baldetti en su calidad de secretaria general por eso, por la constante promoción de la imagen de Alejandro Sinibaldi, ministro de comunicaciones e infraestructura. También se denunció el  incremento del presupuesto de ese ministerio para iniciar obras que quedaron inconclusas en claro contubernio con empresas constructoras, muchas ligadas a los Sinibaldi, que a la vez cobraban la denominada deuda flotante sin haber ejecutado obras; al igual que acciones como la concentración en 2014 a favor de Sinibaldi en el centro capitalino, donde Baldetti, presumiblemente candidata para la Ciudad Capital lo presentó. Todas estas acciones fueron sancionadas varias veces por el TSE, pero algunos tribunales de justicia menores respaldaron la evidente ilegalidad del PP.

El TSE también emitió sanciones para la mayoría de partidos, pero sobre todo a Lider por campaña anticipada por un total de Q 114,642,704.64. Por su parte, el organismo electoral puso como techo de campaña Q 52.4 millones, sancionando al partido Lider con Q 760 mil por sobre pasar ese límite, ya que se sobrepasó por un millón de quetzales más[28].

Pero fue el destape de casos de contrabando y sobornos al interior de la Superintendencia de Administración Tributaria presentada por la Fiscalía Contra la Impunidad y la Cicig, conocida como La Línea, que después abrió a otros casos como el de Coperacha y el de Cooptación del Estado, que vinculaba a los altos cargos iniciando por el binomio presidencial en casos de corrupción, el que mostró la naturaleza de esta camarilla que controlaba el gobierno y su finalidad era esquilmar los recursos públicos.

Esto generó indignación en la población, sobre todo en sectores urbanos y capas medias, que desde abril hasta junio realizaron varias concentraciones algunas masivas, mayores a 100 mil personas en el centro de la capital y en algunas cabeceras, en algún momento acompañadas por sectores campesinos, generando el movimiento bautizado posteriormente como La Plaza. En cierto momento, en medio de esta coyuntura, la oligarquía y algunas expresiones afines como el Movimiento Cívico Nacional, aprovechando la campaña en redes sociales contra el candidato de Lider #notetoca -que podría convertirse en un “que se vayan todos los politiqueros”- aprovecharon para lograr un repudio generalizado contra Baldizón, cuyo resultado fue que éste quedara en tercer lugar.

Un sector minoritario, pero políticamente más consciente, que después se aglutinó en la Asamblea Social y Popular[29] conformada en un primer momento por organizaciones que fueron parte de la Marcha Campesina, levantaron la consigna “en estas condiciones no queremos elecciones”; sin embargo su accionar vacilaba entre apoyar la agenda de reformas levantada por la Universidad de San Carlos y la Plataforma para la Reforma del Estado y un cuestionamiento contra las elecciones que rompía con la lógica de reformas promovida por el en ese entonces rector de la USAC Carlos Alvarado Cerezo. Por otro lado, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizaba movilizaciones ya bajo la consigna de renuncia del gobierno del Partido Patriota, sin articularse con el otro sector social. Y en efecto, por presión de la embajada gringa y la figura del controversial embajador Todd Robinson, renuncia la vicepresidente Roxana Baldetti, y se inician los procesos penales –aun no acabados contra ella- junto a otros funcionarios de menor rango sobre todo de la SAT.

Por otro lado los partidos de izquierda como la URNG, el MNR y lo que en un inicio se llamó Convergencia Democrática Revolucionaria-Consejo de Pueblos Occidente (CDR-CPO), ingresaron a la campaña electoral de cara a las elecciones de junio de ese año. CDR-CPO fue un interesante proyecto que abanderó las agendas de reformas bajo una lógica de ser parte de una revolución democrática. Ésta se conformó por la ex ANN, que nuevamente consiguió la legalización reestructurándose en forma de convertirse en un partido-movimiento, logrando alianza con varias organizaciones sociales entre las que sobresalió el CCDA, que se separó de la ASP; una vez hecho esto estableció alianzas con la organización CPO[30]. La URNG y Winak, bajo el nombre de Frente Amplio corrieron nuevamente juntos y en algunos casos registraron en sus listas personajes procedentes de las luchas sociales, aunque paradójicamente algunos participaron en la ASP, que llamó a votar nulo en la primera y segunda vuelta.

El Partido Socialista Centroamericano[31], por su parte, a pesar de ver correcta la movilización, caracterizándola como una situación con posibilidades pre-insurreccionales en lo que se refiere a un cuestionamiento al régimen político y por ende, un llamado a una Asamblea Popular Constituyente, consideró que el movimiento social no aprovechó la situación y consideró correcto llamar a votar a las fuerzas de izquierda por tener una programa aunque reformista, democrático para luchar contra la derecha.

En un periodo de cinco meses el gobierno de Otto Pérez se fue desgastando rápidamente. Tras la salida de Baldetti el congreso nominó a Alejandro Maldonado, un viejo político anti-comunista y ex magistrado de la CC, para la vice presidencia. Sin embargo, Pérez inició una confrontación virulenta con el sector empresarial, quien había mantenido una postura neutral hacia él –recordemos que fueron ellos quienes promovieron su candidatura y financiaron su partido- acusándoles de ser parte de La Línea dos, un hecho real que consistía en que son los empresarios los que sobornan y reciben beneficios del contrabando y otros hechos corruptos. Así, varios ministros ligados al sector empresarial fueron renunciando, así como personeros cercanos a la inteligencia militar y al alto mando del ejército.

La situación se hizo insostenible para este gobierno cuando a tan solo días de las elecciones las grandes organizaciones campesinas como el CUC, CCDA y Codeca, junto a pobladores en general inician una toma permanente en carreteras, acompañada de concentraciones en las plazas principales del país y de un semi paro empresarial –presionada por la misma población y algunos trabajadores de distintas empresas- que obliga a los diputados de los principales partidos a quitarle la inmunidad a Pérez Molina el 29 de agosto de 2015 para que las investigaciones penales en su contra promovidas por la Cicig avanzaran; después se sabrá que el mismo Departamento de Estado y el embajador Robinson después de sostener a ese gobierno en la cuerda floja, así como elementos del alto mando militar, terminan retirándole su apoyo y Pérez renuncia ante la desprotección que implica no tener el antejuicio.

Tras la renuncia de Otto Pérez se celebra la primera vuelta, asumiendo como presidente el vice-presente Maldonado, semanas antes nombrado para ese cargo. Por su parte el Congreso nombra como vice-presidente a Juan Alfonso Fuentes Soria, ex rector de la USAC. Ellos gobernaron hasta la entrega de gobierno el 14 de enero del 2016.

En la primera vuelta Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación se impuso con apenas 23.85 por ciento de los votos válidos, mientras que en  la segunda subió súbitamente hasta el 65.48%. Mientras que su más cercana contrincante, Sandra Torres de la UNE, quedó en segundo lugar en la primer vuelta con el 19.76% y en la segunda vuelta con 34.52%.

La imagen de Morales fue levantada por medio de propaganda electoral pero sobre todo por la idea de que este no era corrupto y ademas un extraño de la política, es decir un outsider[32], así como también  por la influencia que generan las encuestas en los preferencias y opiniones de los votantes;  en una estrategia mediática organizada bajo la tónica de operaciones psicológicas de la inteligencia miliar, donde confluyeron núcleos oligarcas y elementos del ejército de alta y baja, muchos de los cuales estuvieron alrededor de Otto Pérez Molina. También hubo una campaña de desprestigio contra Torres bajo el mote que era parte de la política tradicional y además con supuestas tendencias izquierdistas.

El Frente de Convergencia Nacional-Nación fue fundado últimos años quiso participar en 2007 pero no logró inscribirse, lográndolo hasta 2011 sin presentar binomio presidencial, solo candidaturas para alcaldes y diputados sin mucho éxito. Fue formado por ex militares contra-insurgentes que representaron la tendencia que se opuso a negociar la paz con la guerrilla y con la mentalidad más reaccionaria, que controlan la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Aunque fue uno de los fundadores de este partido, esta asociación ha sido desplazada por otros grupos de políticos más caracterizados por el pragmatismo ideológico de derecha.

Los resultados electorales debajo de Morales y Torres quedaron de la siguiente manera:

-Manuel Baldizon con 19.64% de los votos válidos postulado por Lider.

-Alejandro Giammattei de Fuerza con 6.45% de votos válidos.

-Zury Ríos de VIVA con el 5.89 % de votos válidos.

-Roberto González por la coalición CREO-PU con el 5.89% de votos válidos.

-Lizardo Sosa de Todos con el 5.33 % de votos válidos.

-Mario David García[33] del PP con 4.63% de votos válidos.

-Mario Estrada de la UCN con 3.45 % de votos válidos.

-Juan Guillermo Gutiérrez del PAN con 3.10% de votos válidos.

-Miguel Ángel Sandoval de la coalición URNG-Winaq con 2.11 % de votos válidos.

-José Ángel López por EG con el 0.91 % de votos válidos.

-Luis Fernando Pérez del PRI con 0.81 % de votos válidos.

-Aníbal García del MNR con el 0.58% de votos válidos.

Si se observa los resultados, los candidatos entre el cuarto lugar, Giammatei y el noveno lugar el candidato presentado por el PP –evidenciando aun un cierto apoyo- los valores para cada uno están en un rango pequeño, lo cual evidencia una disputa por cierto voto conservador. Otro hecho importante es que el candidato Estrada de la UCN cae vertiginosamente, pues desde su primera participación en 2007 se presentaba al alza, mientras que Giammattei, quien también en ese año presentó su primera postulación, consigue un nada despreciable cuarto puesto. Este último junto Ríos y Gonzales, que consiguen los mismos, valores muestra que disputan un voto más urbano dividido en estas tres opciones.

Por otro lado, se observa que el abstencionismo en la primera vuelta fue del 30 por ciento, más o menos los niveles normales y aumenta a un 44 % en la segunda vuelta. Si bien dentro de la tendencia normal para segundas vueltas, se registró un leve aumento reflejando que ninguno de los dos candidatos generaba simpatías, a pesar de que a Morales lo votan un poco más de dos millones de personas, el voto más alto en segunda vuelta de los últimos años. El voto nulo y blanco, debido al llamado de varias organizaciones populares como la Asamblea Social y Popular, se situó en un poco más de 400 mil votos, mientras que en la segunda se reduce a casi doscientos mil votos, pero aun el nulo se sitúa alto con 106,102 votos.

A nivel del Congreso, Lider, que después será cancelado, consigue 44 escaños; la UNE 36; Todos 18; el PP  también posteriormente cancelado 17; FCN 11; EG 7; UCN 6; CREO 5; VIVA 5; Convergencia 3; PAN 3; la coalición URNG-Winak 2, uno por cada partido. Mientras que la mayoría de alcaldías quedan en manos de Lider con 130, seguido por el PP con 75 y la UNE 62;  el número de comités cívicos en manos de municipalidades se reduce a 18; mientras en la izquierda la URNG consiguió dos, Winaq uno y Convergencia ninguno.

Otro grupo de partidos conservadores se mantuvieron, algunos de los más longevos como la UCN, existente formalmente desde 2006. VIVA con una orientación fundamentalista cristiana y neoliberal fundado en 2007 y que ha participado dos ocasiones: en 2011 presentando a Caballeros, en 2015 a Ríos. CREO, fundado en 2010 con dos participaciones en 2011 en que presentó a Suger, en 2015 a González Díaz-Duran. Fuerza fundado en 2011 por Mauricio Redford y su camarilla –burócratas ligados a intereses empresariales- que no participaron en ese evento electoral, en 2015 llevaron a Giammatei. Todos, constituido en 2012, como ya vimos reflejo de una separación de la UNE por los hermanos Alejos, ahora tomado por el sobrino de éstos Felipe Alejos y constituyéndose como el partido más cercano al actual gobierno después del partido oficial. Y claro, este último el FCN-Nación, existente desde 2008 que participo en 2011 sin presentar binomio, en 2015 se volvió el vehículo de los grupos tradicionales de la oligarquía y ahora pareciera que sufrirá el mismo fin que otros partido han ejercido gobierno, el inicio de su extinción.

Por otro lado, persisten retazos de partidos que existieron en los primeros años de la denominada apertura democrática, volviendose mayoritarios tras el serranazo y los Acuerdos de Paz, como el PAN, del cual apareció el Unionista de Álvaro Arzú;  el FRG divido en, una fracción, el Partido Republicano Institucional fundado en 2013, desaparecido tras quedar en último lugar en las elecciones de 2015 y  otra fracción acompañó a Zury Ríos con apoyo de asociaciones de extrema derecha como la Liga Pro-Patria como candidata de VIVA en 2015 y para el 2019 con el partido Valor fundado por ella de reciente conformación.

Esto nos da pie para otra idea. Por un lado, en esta fragmentación de partidos que algunos denominan franquicias electorales, conformada por camarillas conservadoras sin aparente ideología –lo cual es en verdad un escamoteo de ésta- se presentan como vehículos que se venden al mejor postor o candidato, a personajes conservadores como Giammatei, Ríos, Suger y otros. O pasa también que un partido es un instrumento como fue Lider, es la UCN, quizás Todos y el recientemente fundado Prosperidad Ciudadana del actual alcalde de Villa Nueva Edwin Escobar, para llevar a cabo los sueños caudillistas de algún personaje con ansias de poder.

Una situación intermedia entre un partido personalista y uno con más estructuración la tenemos en EPG, que se encuentra conformado entre el liderazgo indiscutible de Nineth Montenegro, las alianzas con sectores de capitales emergentes o de la burguesía mediana; en las elecciones de 2015 llevaron al cooperativista José Ángel López, consiguiendo magros resultados y en otras ocasiones han ido en alianzas con sectores de derecha llevando a empresarios no pertenecientes a la oligarquía aunque apoyados por núcleos de esta. Y el caso de la UNE este último partido está bajo la figura de Sandra Torres, pero es quizás el único partido mayoritario, con estructuras formales y organización de base y al igual que los de izquierda, con vínculos internaciones como miembro de la Internacional Socialista, del cual conforma tales estructuras a partir de amarres mas o menos solidos de las denominadas Redes Politico-Empresariales  que tal como las concibió la CICIG son redes de alianzas publico-privada entre políticos y empresarios para beneficios mutuos. .

De último se tiene paradójicamente a los que más fisonomía de partido tienen, nos referimos a las izquierdas. Los marginales URNG siendo uno de los partidos más longevos constituido en 1996, y recientemente Winaq, conformado en 2008, la ex ANN ahora Convergencia que aparece y desaparece en 2007 y 2011,  reapareciendo en 2015 convirtiéndose en un partido movimiento, pero que pierde ese fisonomía al desechar importantes alianzas de cara a estas elecciones; sumándose a la arena electoral el de Aníbal García que en 2015 desapareció con su MNR fundado en 2009 tras un escisión de EPG y ahorita  re-constituido como dijimos  bajo el nombre de Libre.

Para 2019 se estarían conformado dos más, Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) cercano a la organización campesina Comité de Desarrollo Campesino,  el cual también podría concebirse como un partido movimiento aunque de una sola organización. Y  Semilla de claro perfil socialdemócrata aunque  lejos de los postulados clásicos de esta y que fue conformado por personajes cercanos a la academia de centros de pensamiento institucionalistas como Flacso y Asies y algunos funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, así como personas de organizaciones formadas al calor de las movilizaciones de 2015 como Somos y Justicia Ya, con esa orientación política.  

  1. Síntomas de la crisis del régimen político

Una de las características del voto a favor de Morales –que cambia la tónica de los últimos años- fue que, aunque a modo de hipótesis, a diferencia de los anteriores procesos donde pesaba el voto urbano sobre todo metropolitano o de algunas cabeceras por un lado para las opciones mas conservadoras y el voto rural por el otro para opciones mas populistas, esta vez el voto urbano metropolitano se sumó al voto de las denominadas ciudades intermedias, es decir cabeceras departamentales como algunas cabeceras municipales importantes con importante crecimiento poblacional.

Este voto sobre todo fue amarrado a partir de la incidencia que el partido actualmente de gobierno y sus operadores establecieron con algunas organizaciones de migrantes en Estados Unidos, que orientaron a familiares y amigos residentes en poblaciones intermedias a votar por Morales.

Por otro lado, es importante hacer algunas anotaciones sobre la naturaleza del conjunto de partidos políticos. Como se observa, existe una especie de interacción entre partidos demanda y candidatos oferta, que se articulan ambos de cara a disputar los procesos electorales; pero también en partidos personalistas y caudillistas, algunos con cierta institucionalidad que los separa de ser puramente vehículos de personajes con intereses políticas y otros como los de izquierda o centro-izquierda con más naturaleza de partidos –sin mucha capacidad de tener una presencia mas articulada - pero con una mayor tradición de organización.

Una definición que comúnmente se aplica en Guatemala, es la de considerarlos partido franquicia, a partir de una serie de estudios de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), con una orientación social cristiana y social demócrata, que sin ser liberales o neoliberales a ultranza, orientadas algunas posturas enfocadas en fomentar políticas compensatorias, tampoco cuestiona el estatus quo. Según esto, los partidos franquicias serían una combinación de enfoque electoral –que funcionan solo durante esa época-, con un alto nivel de centralización en la toma de decisiones, con respecto a las candidaturas, sobre todo a la hora de establecer estructuras locales y lo concerniente a la imagen y propaganda de candidatos[34]. Este modelo explicitado además tiene otra característica,  la de desarrollar una negociación entre una estructura central y los candidatos, ya sean presidenciables o para diputados y locales; pero da a entender que los partidos están creados en función de los intereses personales de los candidatos y por lo menos en la práctica consideramos que las organizaciones actuales existentes están concebidas más en función de intereses de camarillas que buscan auto-reproducirse como casta  usufructuando los recursos públicos para su beneficio y la realización de negocios desde la administración pública.

Otro elemento al que se hace referencia y con razón, es cómo se estructuran estos partidos a nivel local, que el modelo de la Ley Electoral de Partidos Políticos impulsa desde una estructura centralizada como bien mencionan, obligando a  negociar a estas  con élites locales para estructurar los partidos y su presencia territorial; ahora consideramos que algunas de estas élites locales sobresalen y se vuelven los dueños de los partidos o forman sus propias organizaciones partidarias a partir de tales experiencias. En estas élites hay desde caudillos personalistas, hasta grupos locales con acceso a recursos y bienes, nuevamente la figura de las Redes Politico-Empresariales.

 Por su parte, el seis de febrero de 2017 son cancelados los partidos Lider y PP; en el caso del primero fue por sobre pasar el techo de campaña y el segundo por diversas anomalías en los reportes de financiamiento. Posteriormente inicia una vorágine de procesos penales contra personeros importantes de ese partido, como:

  • • Manuel de Jesús Barquín Durán, quien fuera candidato a vicepresidente: asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso.
  • • Jaime Martínez Loayza: asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.
  • • Basilio Cordero Cardona: peculado por sustracción

Por otro lado, en materia penal, la Cicig fue armando los distintos casos con repercusiones políticas con el famoso caso de “Cooptación del Estado”. Éste fue definido por esta de la siguiente forma, en alusión al PP:

Así se expresó la CICIG cuando hizo público el caso “Cooptación del Estado” cuando dijo  que el PP......no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala, y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (...) cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones[35].

Por supuesto que en esta concepción pesa una visión liberal que considera al Estado como neutro, donde cualquier sector puede llegar para orientarlo a favor de sus intereses o en algunos casos para el bien común. Pero desde la óptica marxista sabemos que en la práctica la cooptación es una característica consustancial del Estado capitalista y más uno como el guatemalteco cuyas transformaciones democráticas fueron revertidas en 1954, para ampliarlo hacia las mayorías. Aunque algunos analistas lo consideran en clave gramsciana un Estado ampliado en función de la hegemonía burguesa en la sociedad civil y política, esto es también relativo porque pese a existir un régimen político democrático y garantista que le podría dar algún matiz en ese sentido, la hegemonía de la burguesía teniendo a medios informativos e intelectuales afines para fortalecer esa visión, siempre es débil y prima mayoritariamente la fuerza y la violencia.

Posterior a 2015 se buscaba volver remozar el régimen político, como sucedió tras el serranazo y con la oxigenación relativa con la firma de la paz y la apertura del espectro ideológico en la competición entre partidos. De tal forma que primero se limpió de los “patitos feos” Lider y PP, que prácticamente cogobernaron en los últimos años del gobierno de Otto Pérez.

Así, con el gobierno de Morales se intenta un reacomodo conservadora pero bajo dos etapas, una sustituyó a la otra como parte de un proceso vinculado a la correlación de fuerzas, y con ello la debilidad de las fuerzas populares y de las izquierdas reformistas par imponer su agenda y concitar apoyo en la población, a partir de no vincularla con demandas sociales sentidas.

De esa forma dividiremos este gobierno en estas dos etapas, a saber: un momento reformista y otro reaccionario de este gobierno.

2.1 La cara reformista del gobierno de Morales y en el Congreso de la Republica

En un primer momento, por lo menos el primer año de la actual administración de Morales, la UNE logró la presidencia y la mayoría de la junta directiva del Congreso de la Republica con Mario Taracena como presidente, avanzando en la reforma electoral[36] que será aplicada en el evento electoral que está por realizarse.

El gobierno central por su parte –con el peso de la agenda impulsada por el ala demócrata imperialista aun en el gobierno de Estados Unidos- y en una especie de compromisos con la sociedad civil que se sentía satisfecha de la salida de Otto Pérez Molina, con el interregno del gobierno de Alejandro Maldonado que preparó la transición formal de un gobierno a otro y generó las condiciones para que la reacomodo conservador lograra cierta base en la sociedad, el nuevo gobierno de Morales por medio de ministros “honestos, eficientes y potables” se mostró conciliador y hasta reformista. Por ejemplo al grado de que el presidente promovió junto a la Coordinadora para la Reforma Política del Estado (Conarep)[37] tras la aprobación por el Congreso en 2016 de la generación más reciente de reformas electorales, otro paquete de reformas de tal índole.

Dos ejemplos de ministros fueron Lucrecia Mack, quien dirigió la cartera de salud y promovió programas de salud primaria, materia que avanzó pero sin mejorar sustancialmente la atención hospitalaria, además de enfrentarse con el sindicato mayoritario bajo el pretexto de eliminar privilegios reales y espurios de los dirigentes que ha llevado algunos de estos a ser parte de un proceso penal por uso indebido de fondos públicos,  quiso eliminar bonificaciones laborales que sirven de niveladores ante el costo de la vida. Los sindicatos públicos en los últimos años se limitan a mantener bonos salariales y no impulsan una lucha de mejora laboral, hasta que los médicos se movilizaron recién en ese sentido.

Otro ejemplo fue el encargado de la cartera de ambiente y recursos naturales Sidney Samuels, quien tras los desvíos de ríos por parte de empresarios dueños de grandes cultivos, como azúcar, palma y banano en el costero departamento de Escuintla en 2016 y la presión social organizada en la Marcha por el Agua promovida por CCDA y el CUC, así como el aun impune caso de contaminación del rio La Pasión en Peten por parte de la empresa palmicultora Repsa en 2015, se comprometió junto al MP dirigido por  Thelma Aldana, a apoyar para que  los responsables de estos daños pagaran por sus responsabilidades, algo que tampoco ha avanzado. La Marcha por el Agua puso en la agenda la discusión y elaboración de propuestas sobre la regulación de los recursos hídricos, apareciendo propuestas desde algunas con clara visión mercantil y otras más centradas en los derechos de los usuarios y la población.

Otros ministros fueron Francisco Rivas Lara, quien estuvo a cargo de Gobernación y con el apoyo estadunidense continuó con la reforma policial y el fortalecimiento de  “protocolos democráticos” para su funcionamiento; pese a esto durante su administración se dieron los únicos desalojos a campesinos de este gobierno; Leticia Teleguario en Trabajo y Previsión Social, que pese a ser de esta camada al haber sido funcionaria de la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo,  estaba más cercana a organismos pro-empresariales como Fundesa y promovió una agenda contra los derechos laborales a partir del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajadores, que respalda la flexibilización laboral y la reglamentación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas del convenio 169, también de la OIT, contravenido por las mismas comunidades indígenas.

También Carlos Raúl Morales, al frente de Relaciones Exteriores y el único funcionario que proviene del gobierno de Pérez Molina y continuo con Maldonado, ahora parte del binomio de la UNE que competirá este año en las elecciones como candidato a vice-presidente junto a Sandra Torres. Por otro lado, las carteras con personeros cercanos al empresariado como Héctor Estrada en Finanzas también candidato presidencial por el partido CREO, en Comunicaciones y Obras Públicas, al igual que Finanzas , Energía y Minas y Agricultura y Alimentación, ha habido cambios por las disputas de intereses entre grupos empresariales y los cálculos políticos clientelares del partido de gobierno.

Así como el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa[38], quien dirigió la Superintendencia  de Administración Tributaria –ente sobre el que pesan los lineamientos de la cartera de finanzas, a pesar de que no es dirigido por el gobierno central al ser una instancia autónoma-, quien emprendió una cruzada contra los defraudadores del fisco aunque cuidándose de tocar solo algunos intereses del capital concentrado oligárquico.

La energía de la denominada plaza, aunque limitada a cambios superestructurales y apoyado por un carácter mayoritariamente de capas medias, era una cuestionamiento al régimen político, pudiendo convertirse en crisis orgánica en su contra y por ende en una situación hasta pre-insurreccional, como bien lo caracterizó el PSOCA. Sin embargo se limitó con la salida del gobierno del Patriota  y  al triunfo de Morales, pues algunos sectores medios se tragaron el cuento de ni corrupto ni ladrón, desviando mucho de esta energía hacia las reformas al sector de justicia que promovió el MP y la Cicig.

Estas reformas buscaban eliminar el control corporativista vía Comisiones Postulación para seleccionar a jueces y magistrados, mientras que la CC se quedaba como una representación de los poderes del Estado, situación que al final no quedó incluida en la versión final de tales propuestas cuando la USAC protestó porque se quedaba sin la prerrogativa de tener un representante, afectando la alianza de ésta con la Cicig. Todo esto bajo la óptica de una justicia independiente, tal como en casi todos los países del mundo, donde el poder Judicial es un cuerpo que se auto reproduce (lo cual no indica realmente una independencia total, que es imposible en el sistema capitalista), pero libre de poderes corporativos emergentes como los que se consolidaron con las Comisiones de Postulación. La única reforma realmente progresiva era el reconocimiento de la justicia tradicional maya, donde su jurisprudencia se convirtiera en parte del ordenamiento jurídico nacional, pero fue eliminada porque el Cacif y sectores conservadores levantaron una férrea campaña a favor de una pretendida unidad nacional que no esconde más que el racismo contra los pueblos y el miedo a que a través de eso que se cuestionara la concentración y el despojo de tierras y territorios de los pueblos ancestrales.

Al final la agenda de reformas fue bloqueada por los partidos conservadores y vinculados a los grupos mafiosos y de extrema derecha, usando un discurso maniqueo nacionalista y anti-comunista  promovido por grupos de esa índole, como la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Pro-patria, Guatemala Inmortal y otros, reviviendo el imaginario cultural anti-comunista  y racista en muchos sectores de la población, sobre todo con lo que respecta al artículo 203 sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Esto bajo una presidencia del Congreso dirigida por el partido CREO en 2017, que quiso servir de mediador entre la matiz conservadora y la reformista del establishment, sin lograrlo; hasta que las fuerzas conservadoras, proclives a cerrar filas en torno al gobierno de Morales –agobiado por una investigación penal de la FECI y la Cicig contra el hermano y el hijo del presidente- lograron el control de la Junta Directivo en 2018 manteniéndose en 2019, con Álvaro Arzú hijo, el único diputado del Partido Unionista en el Congreso.

Por su parte, en el tinglado político del Congreso, con la cancelación de los patitos feos Lider y PP, hubo movimientos en su interior. Así, bajo la presidencia de la UNE se reformó la Ley Orgánica del Congreso para prohibir, aunque no totalmente, el transfuguismo, imponiendo eso sí, castigos fuertes para quienes lo realicen, como imposibilidad de presidir comisiones o ser parte de la directiva.

Del partido Lider surgió la bancada Alianza Ciudadana, que también se nutrió de diputados de la UNE, Creo, VIVA, EG y otros. De los diputados electos por el PP, apareció una bancada que quiso retomar la ficha del partido Movimiento Reformador, nutrida también por separaciones de partidos menores, pero que de cara a las elecciones de 2019 se denomina Podemos. Por su parte, en Todos el fundador Roberto Alejos, electo diputado al Parlacen, fue purgado junto a su hermano Gustavo, quien permanece en prisión preventiva por diversos procesos penales relacionados a financiamiento electoral ilícito,  y es Felipe Alejos quien asume la conducción de ese partido, mostrándose como uno de los más fieles aliados de Morales, como lo mencionamos arriba y que se habló de hasta una alianza con el FCN-Nación, algo que quedo despejado tras la recién nominación de binomio de estos últimos.

Se han ido configurando las fuerzas políticas hasta la fecha entre un bloque conservador, que los medios y la sociedad civil denominan Pacto de Corruptos, nombre que todavía es limitado a nuestro entender. Este bloque está conformado en primer lugar por el partido FCN-Nación, el que más creció por el transfuguismo de diputados electos por otros partidos convirtiéndose la segunda fuerza dentro del Congreso, pero ligados solo por ser el partido de gobierno y las prebendas para usos clientelares que esto significa. Este partido ha establecido alianzas con Alianza Ciudadana, Podemos, UCN (partido nutrido recientemente  por ex militares cercanos al extinto Ríos Montt), VIVA quien se ha caracterizado por presentar iniciativas de leyes contra derechos sociales y sexuales de las mujeres de clase trabajadora al estar ligado con sectas fanáticas neo-pentecostales; el Unionista de Arzú hijo, que subsiste gracias al clientelismo organizado desde la municipalidad capitalina por su difunto padre. Y el PAN, quien logró tres diputados en una alianza de abogados politiqueros conservadores fascistoides, quienes resultaron electos gracias al respaldo del dueño del partido el empresario Juan Gutiérrez.

La oposición más cercana a la agenda reformista impulsada por una ala del imperialismo, estaría conformada por la UNE; EPG, quien aumentó su caudal y su representación parlamentaria aunque sufrió transfuguismo y separación de algunos por diferencias políticas; CREO quien pese a ir con el Unionismo en 2015, se acercó a las posturas reformistas; Fuerza, quien se distanció de su candidato en ese momento Giammatei y las bancadas de los tres partidos de izquierda. Del seno de alguna de éstas, apareció una bancada interpartidaria para apoyar las posiciones de la Cicig conformada por el único diputado de Fuerza Raúl Romero, los tres electos por  Convergencia Sandra Moran, Leocadio Juracan y Enrique Álvarez y  y dos diputados del partido Todos, Andrea Villagrán y Jean Paul Briere.

La izquierda, que como mencionamos obtuvo solo cinco escaños, tres por Convergencia, uno por la alianza Winak-URNG Amílcar Pop ligado al primero y otro por este último partido Walter Félix, si bien actuó al inicio respaldando e impulsando algunas leyes como una propuesta sobre aguas presentada por organizaciones comunitarias, campesinas y otras, después no continuó ni siquiera bajo un mínimo acuerdo y se fue plegando sin directriz crítica a las iniciativas de la oposición burguesa, CREO, UNE y EG, o participando en el caso de Convergencia en la bancada interpartidaria mencionada, con una presencia mediática mas que otra cosa. La diputada Sandra Morán se ha caracterizado por una defensa de derechos sexuales y reproductivos y por presentar iniciativas contra la violencia hacia las niñas, pero siendo cuestionada por sectores conservadores; mientras que Leocadio Juracan al igual que Morán, por defender los derechos de las comunidades afectada por proyectos extractivistas; y Álvarez por intervenir en las discusiones sobre las reformas electorales.

Por su parte, la FECI del MP y la Cicig iniciaron investigaciones penales por delitos electorales de financiamiento ilegal, sobre no reportar donaciones en equipos y transportes para usos de campaña, contra la UNE y el FCN-Nación durante su campaña en 2015, rumoreándose su cancelación. El primero derivó en un proceso contra el diputado por la UNE Orlando Blanco, resolviendo un juez que había falta de mérito contra este quien fungió como secretario general de ese partido, pese a la protesta de la fiscalía; contra el partido gobierno el caso se enfocó contra el presidente Morales por haber sido secretario general y quien recibió aportaciones no registradas de empresarios, usando para ello el famoso Movimiento Cívico Nacional que además armaron el equipo de defensa de voto de ese partido. Sobre la responsabilidad de Morales, para seguir profundizando el caso ha habido dos intentos de quitarle el antejuicio, uno a finales de 2017 y otro más reciente, sin que el pleno del Congreso, dominado por los partidos aliados Morales le de curso.

Sobre la responsabilidad empresarial, después de transformarse en testigos protegidos y un hacer mea culpa público que más pareció una burla al pueblo, recientemente la FECI presentó acusaciones contra cinco empresarios a saber: Felipe Bosch Gutiérrez, José Guillermo Castillo Villacorta, José Miguel Torrebiarte, José Fraterno Vila Girón y Salvador Paiz del Carmen. Los empresarios realizaron aportes al partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales que nunca fueron reportados por la agrupación política, lo que impidió que el TSE pudiera realizar labores de fiscalización y control. Por este delito ya fueron acusados los empresarios Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán Briz y aún está pendiente de realizarse la audiencia de etapa intermedia[39].

2.2 El giro reaccionario del gobierno de Morales

Es quizás en septiembre de 2017 que el gobierno inicia el giro reaccionario, tras el enfrentamiento con el comisionado de Cicig Iván Velázquez y con la ONU, relacionado tanto a los casos de financiamiento ilícito electoral y los procesos penales contra sus familiares. Esto provocó la salida de Raúl Morales en la cancillería, junto a Lucrecia Mack y la abortada en ese momento dimisión de los ministros de gobernación Francisco Morales, de Trabajo Leticia Teleguario y el de finanzas Héctor Estada; el primero saldría en diciembre de ese año y los otros dos en el transcurso del año pasado.

Se dio un cada vez mayor enfrentamiento con el titular de la SAT, debido a su cuestionamiento de la incapacidad estructural del Estado de recaudación, las tibias insinuaciones de Solórzano de una reforma fiscal progresiva; pero marcado por un hecho puntal, como fue la negativa de la SAT a eximir a los ganaderos de sus obligaciones fiscales tras una propuesta de estos, que se presentaron como aliados de Morales. Solórzano Foppa también renunciaría en 2018.

La movilización masiva del 20 de agosto evidencia que el descontento al gobierno y la casta de políticos del país es grande. La participación de sectores populares y de capas medias, que a diferencia de las movilizaciones de 2015 no se reducen a concentraciones de fin de semana, podrían haberle dado un rumbo más radical. Pero nuevamente los actores que se ponen a la cabeza, como la rectoría de la Universidad de San Carlos y su equipo de burócratas, la Asociación de Estudiantes Universitarios,  junto a la Asamblea Social y Popular, le apuestan a hacerlo gradualmente y desactivan las movilizaciones. El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, con un discurso más crítico, es más resuelto pero su capacidad de movilización parece lenta también. Mientras que la izquierda minoritaria parlamentaria se ha reducido a lo que puede hacer tomando en cuenta su carácter marginal y nada más influyendo en una que otra ley.

Así, nuevamente desde el CACIF, los denominados centros de pensamientos, la USAC, la ASP y otros, le apostaron tras finalizar el 2017 a una nueva generación de reformas electorales. Aparecieron posturas desde el Congreso que parecieron más un estira y encoge entre éste y el TSE, apostándole los primeros a controlar a los segundos, tal como hace la partidocracia en El Salvador y Honduras. El TSE por su parte ha exigido más autonomía en materia presupuestaria y de potestad sobre sus resoluciones, sin embargo esa autonomía, al igual que en los organismos de justicia siempre es relativa, pues lo es con respecto a los partidos pero no en relación a la burguesía y sus fracciones, quienes controlan las juntas electorales departamentales sobre todo de los distritos más numerosos e importantes, como el central, el de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango o donde sus intereses como clase se presentan en  distintos territorios como la Costa Sur, por ejemplo.

En esta nueva serie de reformas electorales que la comisión dictaminó, sobresalió la aplicación del voto preferente, abriendo la lista para votar por el candidato que le parezca al votante, sin embargo en la formula elaborada por diputados de la UNE se sigue priorizando que el diputado que encabeza la lista tenga más posibilidades de quedar electo. Por otro lado, la comisión respectiva del Congreso plasmó la creación de sub distritos, primero en todos los departamentos, posteriormente solo en los más numerosos; recordemos que cada departamento es un distrito electoral. Esa propuesta, pese a ser respaldada por centros de pensamiento liberal y por los partidos mayoritarios, despertó dudas porque podría beneficiar solo los partidos grandes. 

Otras propuestas que la comisión exploró pero no quedaron en el dictamen final fueron la segunda vuelta para elecciones de alcaldes, síndicos y concejales; la posibilidad que los magistrados fueran profesionales de otras áreas que no fueran de derecho; la existencia de candidaturas independientes y partidos distritales nuevamente; el aumento de los requisitos para conformar partidos de 22 mil a 25 mil aunque escalonado hasta 2024 y otras.

2018 fue un año caracterizado por el cada vez más agudo enfrentamiento entre el gobierno y la Cicig, por el alineamiento de la mayoría de los núcleos oligárquicos, de fracciones de la burguesía emergente y de élites de poder con el gobierno, esto bajo cierto respaldo del equipo más cercano a Trump; aunque éste mantiene su apoyo a la Cicig, tiene presión de congresistas de la ultra derecha gringa que han apoyado  Morales. El gobierno logró una supuesta victoria parcial con la elección de Consuelo Porras como jefe del MP, una figura cercana al gobierno pero que ha continuado tímidamente trabajando con la Cicig y en el último conflicto con la Cicig actuó veladamente en contra del gobierno, aunque no ha ido a fondo ante los desacatos del gobierno de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad relacionados al conflicto entre este y la Cicig.

En el Congreso los partidos se enfrascaron en promover esta confrontación, quedando pendientes una serie de leyes, incluso algunas vitales para los mismos intereses empresariales, ni que decir otras con tinte más social y reformista. Los bandos se alinearon de la manera descrita más arriba y nuevamente el conflicto con la Cicig relució en septiembre de ese año, cuando el gobierno prohibió la entrada del comisionado Velázquez, estando fuera éste del país.

Previo a eso, en el Congreso las bancadas conservadoras promovieron ciertas reformas al Código Penal para perdonar los delitos de corruptos cercanos al bloque conservador y eximiendo a los secretarios generales de los partidos de su responsabilidad por recibir financiamiento no declarado o ilícito. Eso generó la indignación y nuevamente fue convocada en septiembre de 2018 por la Universidad de San Carlos y la AEU una marcha de protesta, con la participación de movimientos campesinos, sociales, comunitarios y sindicales se generó otra gran movilización que al igual al año anterior se quedó solo en eso; la afluencia en número de personas fue menor, por lo menos en la capital, aunque en participación de organizaciones fue más diversa y se vieron banderas de organizaciones populares y la movilización en las ciudades del interior fue también muy numerosa, sobre todo Quetzaltenango y Cobán. La población que protestó contra esta medida encerrando a los diputados sufrió represión, sin embargo obligó a los diputados a dar marcha atrás a los decretos mencionados.

A raíz de eso inició una negociación entre el Departamento de Estado gringo y la Secretaría General de la ONU sobre la Cicig, obviando la postura del gobierno de cerrar la comisión internacional. El Departamento de Estado lanzó la idea de una Cicig reformada, lo cual implica –como quedó en evidencia meses atrás con la visita de Nikky Haley quien era representante de Estados Unidos ante la ONU- de que la Cicig no debe asumir posturas ideológicas. Esto ante la presión de sectores de la extrema derecha gringa, entre los que sobre sale el senador de origen cubano Marco Rubio y otros, por los procesos penales contra la familia de origen ruso Bitkov, unos empresarios que entraron ilegalmente al país, consiguiendo papelería falsa guatemalteca y que también han sido parte de redes de falsificación de datos de identidad para extranjeros. La singularidad de los Bitkov, es que alegan ser perseguidos por el gobierno de Putin; de ahí la falsa noticia de que el gobierno ruso es financista de la Cicig, situación que contribuye al relato de la derecha extrema guatemalteca y estadunidense de que sigue una agenda de izquierdas bajo el supuesto padrinaje de Putin, discurso que la misma izquierda alimenta al considerar a ese gobierno  antiimperialista.

La llegada de nuevos ministros a Gobernación con Enrique Dahenjart y Relaciones Exteriores con Sandra Jovel , los vuelve la cara más abiertamente reaccionaria y pro impunidad de este gobierno. Con el primero entra todo un equipo de ex policías involucrados en operaciones de limpieza social en el gobierno de Oscar Berger bajo las órdenes del asesinado, el venezolano Víctor Rivera que trabajo para al Ministerio de Gobernación en ese gobierno. Con este nuevo ministro de Gobernación de los cuales a entraron figuras cercanas al comisionado venezolano y al ex ministro de Gobernación del gobierno de Berger,   Carlos Vielman  -hoy procesado de parte del MP y la Cicig  por ejecuciones  extrajudiciales en el caso Infiernito- como Camilo José Rivera Gálvez  que fuera vice-ministro de Seguridad Publica en el actual gobierno hoy prófugo,  así como el director de la Policía Nacional Civil Nery Ramos y el sub director  de esta Stu Velazco,   que están bajo proceso penal por tal caso. Con la entrada de esta camarilla criminal los asesinatos a líderes populares, campesinos y comunitarios arreciaron.

La otra cara visible es Jovel, quien siendo canciller ha sido la punta de lanza de parte del gobierno para tratar de renunciar unilateralmente al acuerdo que da vida a la Cicig; acusando de forma demagógica a la Secretaria General de la Naciones Unidas de amparar supuestas violaciones a la soberanía que la Cicig ha realizado. Enfrentándose también la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Barchelet ex presidente de Chile acusándole de intervenir en los asuntos internos de Guatemala; un discurso ya usado por el Estado contra-insurgente, durante la guerra interna para atenuar los señalamientos de violaciones de los derechos humanos, en ese momento.

Sobre el papel de la USAC y la organización estudiantil solo hay que puntualizar unas cosas. En 2015, como parte de la movilización que hubo, pero como un acumulado de los procesos que venían desde el segundo lustro de la década pasada, como la discusión por levantar la reforma universitaria, la movilización masiva por el presupuesto en 2013, se fue generando un interés en pequeños grupos aunque cada vez más constantes, por la organización estudiantil. Esto desembocó en el desconocimiento de la Comisión Transitoria[40] a finales de 2015 y la conformación de un consejo electoral independiente que realizó elecciones. Participaron cuatro grupos: Frente, que ganó el Secretariado General de AEU, Movimiento Estudiantil Universitario Consiente que se ubicó en segundo lugar, Reto en tercer lugar y Crece, cercano a las camarillas criminales que se intenta desplazar[41], en último lugar. 

Lo paradójico fue que después de la recuperación formal del secretariado general de la AEU, el movimiento estudiantil fue menguando y ni siquiera lograron revivirlo las movilizaciones en septiembre de 2017, ni las movilizaciones de un año después en 2018, cuando por presiones estudiantiles se obligó al secretariado de la AEU a realizar asambleas en distintas unidades académicas, pero la espuma se fue diluyendo. La exigencia de mayor presupuesto, una demanda que levantó en diciembre pasado la misma burocracia universitaria y el nuevo rector Murphy Paiz (vinculado con empresas constructoras ligadas a Sinibaldi), debido también a las presiones por el no pago de salarios, revivió al movimiento estudiantil, pues ni la AEU, ni los sindicatos tuvieron una política independiente de la burocracia universitaria, pese a que Paiz despidió a varios trabajadores recién llego a la rectoría. Recientemente otra movimiento en torno a los planes para privatizar la seguridad interna y un control mas estricto del estudiantado ha sido contrariado por el recién fundado Coordinadora Estudiantil Universitario, teniendo apoyo de algunos sindicatos y con poca presencia de la AEU.

Por su parte, los sectores conservadores contraatacaron en octubre del año pasado, movilizándose masivamente en centro de la capital contra una ley de avanzada que busca permitir la interrupción del embarazo a niñas menores de 16 años, elaborada por organizaciones de mujeres y de la niñez respaldada por la diputada Morán. Organizaciones afines a las iglesias católicas, evangélicas, judías y a las sectas cristianas, con el  financiamiento de la oligarquía y la logística y organización de estas iglesias movieron a su feligresía. Si bien se cuidaron de no mostrar postura en el conflicto entre el gobierno y la Cicig a favor de Morales, muchos de los participantes estelares son los políticos ligados a la derecha pro-gobierno.

Así llegamos a enero de 2019 con el intento de no dejar ingresar a un investigador de la Cicig, el rechazo que esto generó y la acción de la fiscal general Consuelo Porras en cumplimiento de una resolución de la CC que obliga al gobierno a proteger la integridad de los miembros de la Cicig y a respaldar sus acciones. Porras, aunque con dilación, obliga a las autoridades aeroportuarias y de la policía a dar marcha atrás en el intento de sacar a este investigador. Sin embargo la reacción del gobierno de Morales fue furibunda; en pleno con sus ministros y el alto mando militar de un tajo se pasó por alto el convenio de creación y funcionamiento de la Cicig, obligando a que esta y su equipo –específicamente los extranjeros- abandone el país. Esto en medio de un mar de amparos promovidos ante la CC por organizaciones civiles contra la decisión gubernamental, cuyos fallos dados por mayoría han sido divididos.

  1. ¿Cuáles horizontes son los que se abren?

Claramente las acciones del gobierno de Jimmy Morales y de la camarilla que los rodea están en función de mantener la impunidad de sus acciones durante el año que le queda, acariciando la posibilidad de perpetuarse en el poder, aunque esto es casi descartable, a no ser que quiera dar un golpe de Estado clásico –sabiendo que hay personajes de origen militar anuentes a esta posibilidad- calculando que por ahora tienen a su favor a la mayor parte de la oligarquía.

Sin embargo, al igual que en 2015, la crisis de este gobierno se da en su último año –un año electoral- y un golpe de Estado clásico implicaría detener o posponer las elecciones; tal hecho traería consecuencias negativas contra todo el bloque en el poder y el repudio de la denominada comunidad internacional. Para las fracciones de la burguesía en su conjunto, acostumbradas al mantenimiento al estatus quo de democracia limitada por lo menos desde la década de los ochenta del siglo pasado, esto sería un salto al vacío peligroso, aunque no es descartable la apuesta por un experimento preventivo estilo Micheleti en Honduras.

Aunque otra apuesta podría ser una entronización –posponiendo elecciones- estilo Daniel Ortega en Nicaragua u organizando algún partido del orden que les garantice mantenerse en el poder formal en una próxima realización de elecciones. Podrían realizar algún tipo de manipuleo electoral como pasó en 2011 e imponer una figura de recambio de carácter conservador como las que abunda en la arena electoral, siendo la mas cercana a esta Zury Rios –pero su posibilidad de participar es poca por la prohibición constitucional contra ella, al ser hija de un golpista- Alejandro Giammatei aunque va lejos en las preferencias de votos  o con la nariz tapada Sandra Torres, quien ha buscado ser potable para la oligarquía.

Por su parte, las organizaciones populares y la izquierda electoral tienen el dilema que cruza su historia, su acomodamiento previo a los Acuerdos de Paz y sobre todo posterior a éstos, de acoplarse al marco constitucional vigente. No decimos que se tenga que lanzar de un solo a una insurrección si tal como están no existe ni la organización ni la conciencia para una magna tarea como esa. El horizonte de la izquierda se centra a defender la poca institucionalidad “democrática” existente, en evitar un horizonte aún más reaccionario y un giro bonapartista o dictatorial de las fuerzas dominantes y las fracciones burguesas, y eso es una realidad que no se puede soslayar.

Es decir, ante escenarios -aun en estos meses de proceso electoral- de estados de sitio o de medidas cada vez más autoritarias, es importante defender ese poco estado de derecho que la burguesía construye a su beneficio, pero que siempre se lo pasa por alto cuando sus intereses están en entredicho. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista, es que caer en el fetichismo de defensa de las instituciones o aún más particular, de la Corte de Constitucionalidad y quedarse en esa defensa per se, es un callejón sin salida que siempre se salda con salidas autoritarias.

Sobre la CC, son importantes unas cuantas valoraciones. Su origen en tanto tribunal de defensa del orden constitucional, una figura que existe en solo unos cuantos  países, es la de ser el garante de ese orden pero sobre todo, en el máximo órgano de equilibrio entre los poderes y en algunos casos de carácter bonapartista.

En los últimos meses, ha habido un enfrentamiento entre magistrados contra dos en las decisiones a favor del gobierno en contra de la Cicig. Por un lado Gloria Porras, puesta por el Congreso de la Republica, José Francisco de Mata Vela de la Universidad de San Carlos, Boanerge Mejía del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (estos tres bajo un proceso de ante-juicio), y en algunos momentos Neftalí Aldana Herrera por la Corte Suprema de Justicia, mas sus suplentes. Contra Dina Ochoa, representando a la presidencia de la república, que a la vez es pastora de una iglesia evangélica, lo cual es anti-constitucional, quien es la que avala totalmente las decisiones del gobierno, aunque Aldana Herrera ha acompañado algunas. Por tanto, hay una mayoría relativa en torno a defender y garantizar la labor de la Cicig que molesta gobierno, su camarilla y los políticos de derecha que lo respaldan.

Pero la CC es un cuerpo anti-democrático, una especie de ente corporativo dentro del cual en muchos casos estos mismos magistrados –defendidos en algunos casos por la sociedad civil- junto a todo el pleno  y sus suplentes, se han posicionado contra los intereses populares. Avalando la tesis de que no hubo genocidio o la de buscar cierto equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas a ser consultados sobre medidas que impactan su territorio y el supuesto derecho de los inversionistas apropiarse las riquezas de sus territorios; situación que termina vulnerando a las comunidades.

En esta coyuntura la Corte de Constitucionalidad por mayoría ha tratado detener como dijimos las acciones gubernamentales contra la Cicig por medio de amparos para garantizar el funcionamiento  y la seguridad de los integrantes de esta, el gobierno central ha irrespetado tales resoluciones de la CC, poniendo aún más entre dicho el funcionamiento de esta pieza clave del régimen político actual.

Es más el gobierno y los actores del campo reaccionario han respondido promoviendo acciones de ante-juicio en la CSJ[42],  contra Gloria Patricia Porras Escobar, designada por el Congreso de la Republica; Juan Francisco de Mata Vela designado por el Consejo Superior Universitario,  Bonerge Mejía Orellana designado por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). La CSJ remitió al Congreso el procedimiento de eliminación del ante-juicio donde se formó una Comisión Especial[43] para tratar el tema. No fueron afectados por este proceso juicio Neftalí Aldana Herrera designado por el pleno de magistrados de la CSJ que ha acompañado algunas de estas acciones pro-Cicig y Dina Ochoa Escriba designada por la Presidencia de la Republica y la única afín a Morales y su camarilla.

Pero tras un amparo promovido por el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodríguez a favor de los magistrados de la CC, Porras Escobar, de Mata Vela y Mejía Orellana en la misma CC,  a la cual se sumaron otras acciones similares y “amigus curae”, bajo el argumento de que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones jurídicas.  Para otorgar ese amparo la CC  en tanto tribunal constitucional que trataba de acciones sobre los propios magistrados de este cuerpo se conformó por los suplentes de los magistrados titulares  y Neftalí Aldana, declarando nulo el actuar de la CSJ y por ende la creación de la comisión especial en el Congreso.  Sectores de extrema derecha adujeron que esta decisión irrespeta el equilibrio de poderes y que la CC no pude actuar como si fuera una monarquía, sin duda una visión maniquea  del equilibrio de poderes, tan publicitado en la democracia liberal y representativa.

3.1 Partidos políticos de derecha que participan en la contienda electoral de 2019

Ahora solo haremos un pequeño recuento de los principales partidos u organizaciones electorales que se están disputando el gobierno, tomando en cuenta que la mayoría son camarillas que representan sus intereses o el de alguna fracción burguesa y que se arman solamente para estos eventos en alianza con caudillos locales por medio de clientelismo.

Para estas elecciones están convocados 7 millones 638 mil 353 ciudadanos, según el Registro de Ciudadanos, la mayoría entre 26 y 30 años de edad, los cuales ocupan el 15 por ciento de la población empadronada. Como recordaremos, la campaña, según las últimas reformas aprobadas, estará dividida en tres fases; con la convocatoria del 19 de enero, la primera fase será de inscripción de candidatos, de esa fecha hasta el 18 de marzo que será la de proselitismo hasta junio del presente año; el día de la realización de elecciones será la tercera fase.

El TSE por su parte ha puesto como techo de campaña Q29 millones 669 mil 862.96. El límite de gastos de la campaña se calculará de acuerdo con el número de empadronados registrados hasta el 31 de diciembre del 2018, el cual llegó a siete millones 678 mil 69; luego se multiplicará por US$0.50 y después al tipo de cambio local, con lo que el monto llegará a Q29.6 millones. En 2015 el techo de campaña se establecía con la misma fórmula, la diferencia era que antes se multiplicaba US$1 por los empadronados hasta el 31 de diciembre del año anterior, por lo que el límite de gastos llegó a Q58 millones 229 mil 625.26[44].

La característica de esta campaña es que hay una menos saturación de publicidad aunque la densidad de  esta ha sido mas en lo local, así como el hecho que los tiempos de aire en radio y televisión serán comprados por el mismo TSE[45]. Por tanto son 27 los partidos que tienen inscripción legal en el Tribunal Supremo Electoral (aunque al terminar este artículo aun no todos han hecho asambleas para elegir candidatos para binomio y listado nacional).

Son los siguientes y el número de afiliados por lo menos hasta el 8 de noviembre del año pasado:

Unidad Nacional de la Esperanza con 92,506 afiliados, postulará a Sandra Torres y Carlos Raúl Morales para la presidencia y vice-presidencia. Torres esta siendo investigada ella, su ex candidato a vice-presidente en las elecciones de 2015 Mario Leal y varios diputados por la Fiscalía de Delitos Electorales, por recibir y no reportar aportes dinerarios de varias empresas, entre ellos de Gustavo Alejos quien fuera secretario privado del gobernante Colom. La Corte Suprema de Justicia denegó el pedido del MP de quitarle el ante-juicio a Torres que la Constitución le otorga por ser candidata y  los diputados señalados; la fiscalía apelado ante la CC y esta al igual que otros casos a la espera de una resolución.

Partido de Avanzada Nacional con 43,098 afiliados. Partido propiedad del empresario Juan Gutiérrez, el candidato sería Roberto Arzú, ex gerente del club deportivo Comunicaciones e hijo del fallecido Álvaro Arzú, decisión que lo enfrentado contra los otros miembros de su familia. Este lleva de candidato a vice-presidente a José Farías .

VAMOS, con 38,840 afiliados, postulará a Alejandro Giammattei y como candidato a la vice-presidencia al empresario emparentado con la corporación Castillo Hermanos,  Guillermo Castillo Díaz.

Unión del Cambio Nacional, con 29,864 afiliados, a Mario Estrada y Carlos René Pineda para candidatos a presidente y vice-presidente respetivamente; Estrada acaba de ser detenido en Miami después de una operación encubierta por la DEA donde supuestamente se estaba negociado con miembros del Cartel de Sinaloa donde este se comprometía a facilitar el trasiego de drogas a estos,  a cambio del asesinato de otros dos candidatos presidenciales que no se ha mencionado quienes son .

TODOS, con 27,286 afiliados, a Fredy Cabrera ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios y ligado con Roberto Villatoro el rey del tenis[46] y Ricardo Sagastume, un empresario ligado a la prestación de servicios a las empresas de telecomunicación.

Encuentro por Guatemala, con 26,290 afiliados, quienes presentaran como candidatos para binomio presidencial a Manfredo Marroquín  y Óscar Adolfo Marroquín, despues que las negociaciones con Thelma Aldana no prosperaran; el primero ex director de la ONG Acción Ciudadana parte de la red de Transparencia Interncional, financiada por el imperialismo para fiscalizar el uso de recursos publicos de parte de los Estados del tercer mundo. Lo paradogico es que este partido y su sempiterna secretaria general Nineth Motenengro tambíen ha sido investigada por la FECI por financiamiento electoral ilicito.

Compromiso, Renovación y Orden, con 26,388 afiliados, postulan al ex ministro de Economía de este gobierno Julio Héctor Estrada, ligado a negocios de intermediación de productos agrícolas para la exportación y a la también empresaria Yara Argueta como candidata a la vice-presidencia.

El Frente de Convergencia Nacional, que tiene 26,237 afiliados, se rumoraba al desprestigiado ministro de medio ambiente Alfonso Alonzo, pero rnominó al diputado Estuardo Galdámez un ex militar kaibil y una columnista de extrema derecha, Betty Marroquín para la vice-presidencial.

Visión con Valores, formado por miembros de sectas fundamentalistas cristianas, con 26,164 afiliados. Este partido proclamo a un primer binomio conformado por Juan Carlos Eggenberger y Antonio Rodríguez el 26 de enero; Eggenberger es directivo de la Fundación Pro-Bienestar del Minusválido (Fundabiem) y director del Comité Organizador de la anual Teletón, se rumorea que su renuncia gira por una demanda de violencia domestica hacia él; este por su parte alego que su renuncia se debió al rumbo judicializado que adquiere la campaña electoral. Al final en una asamblea extraordinaria se eligió a Isaac Farchi y Ricardo Flores para su binomio presidencial; el primero es un empresario de origen israelí con vínculos con la derecha neo-fascista del gobernante Likud en ese país.

FUERZA, con 26,237 afiliados, ha elegido a Mauricio Radford como candidato a presidente, quien ha sido dueños de este partido y al aviador Abundio Maldonado para la vice-presidencia. Este candidato no fue inscrito por el Registro de Ciudadanos ratificado por el pleno de magistrados del TSE por tener un proceso penal pendiente por falsedad ideológica y abuso de autoridad en 2015 durante una asamblea por el partido Fuerza cuando este era Secretario General de esta organización política- electoral. El binomio ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo del órgano electoral.

AVANZA tiene 26.010 afiliados,  es un partido formado por Asisclo Valladares Urruela –embajador de Guatemala en Londres- y su hijo bajo el mismo nombre quien es el actual ministro de economía y fue gerente de la empresa de telecomunicación TIGO. Los Valladares, además de provenir de una familia oligarca, han estado en puestos de poder; Valladares Urruela padre fue fiscal general en el gobierno de Ramiro de León Carpio y a partir de la posición de su hijo fueron intermediarios para financiar a Alvro Colom, Pérez Molina y a Morales.

Partido Productividad y Trabajo con 24,649 afiliados. Este partido está conformado por ex funcionarios del gobierno de Colom y cuyo candidato a la presidencia es el ex ministro de cultura y deportes de este gobierno José Luis Chea y a la vicepresidencia Guillermo González Flores

Podemos, anteriormente Movimiento Reformador, que como mencionamos más arriba fue conformado por diputados electos por el Partido Patriota; retomó la ficha de este partido formado a inicio del siglo actual por Jorge Briz, eterno presidente de la Cámara de Comercio e integrante de lo que fue la coalición GANA que postuló a Berger. El actual Podemos tiene 24,649 afiliados y se menciona también como candidato a Roberto Arzú y va coaligado con el PAN postulando Arzú y Farías.

Partido Liberal de Guatemala con 24,298 afiliados. Fundado por la familia Ayau de raigambre oligarca, fundadores de la Universidad Francisco Marroquín y exponentes del pensamiento libertario y neoliberal. Se presumía que el candidato hi ser al neo-fascista director de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz. Sin embargo, en este partido un sector que se autodenomina fundador mostró su desacuerdo con el secretario general Andrés Ayau, que considera una imposición la candidatura de Méndez Ruiz. Tampoco presento candidatos para diputados y alcaldes y por tanto no participara en estas elecciones.

Partido Humanista Guatemalteco con 24,205 afiliados. Fundado por Edmundo Mulet ex representante de Naciones Unidas en Haití y parte del aparato intervencionista al servicio de los imperialismos mundiales en ese país. Se rumoró en un primer momento pero no prosperó, que el ex canciller en el gobierno de Portillo, Edgar Gutiérrez –un académico ex miembro del PGT y ahora cercano a la embajada gringa- como candidato a vice-presidente, al final la asamblea del partido se decanto por Jorge Pérez ex funcionario del gobierno de Portillo en la Secretaria de la Paz.

Partido Unionista con 24,179 afiliados. Fue el partido que postuló repetidamente a Álvaro Arzú para la municipalidad capitalina por medio del clientelismo y la cooptación de liderazgos barriales y comunitarios, convirtiéndose en su vehículo personal. Logró un escaño uno de sus hijos, con el mismo nombre, convirtiéndose en presidente del Congreso y fiel aliado al gobierno. Los candidatos para la presidencia son Pablo Duarte, ex diputado por ese partido y un político fiel a la familia Arzú, y Roberto Villeda candidato para la vice-presidencia; el actual alcalde en funciones de la capital Roberto Quiñonez, competirá por la alcaldía capitalina, que ha sido el fuerte de este partido y Álvaro Arzú hijo encabezará el listado nacional para diputados.

VALOR, con 27,469 afiliados. Partido formado por Zury Ríos Sosa, que la postuló para la candidatura a presidente y a Roberto Molina Barreto para la vice-presidencia, un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad que ha sido afín a la familia Ríos y que amparó a Efraín Ríos Montt para que no fuera declarado culpable de actos de genocidio sobre el fallo de un tribunal de alto impacto presidido por Jazmín Barrios. Ríos tiene prohibición para ser candidata presidencial porque según la Constitución Política al ser hija de un promotor de un golpe de Estado no puede. El TSE por su parte pese a inscribir esta candidatura tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde se le ordenaba, ha apelado a la CC, quien tiene la ultima palabra si se inscribe o no. 

Prosperidad Ciudadana contaba con 23,479 afiliados, debajo de la cantidad mínima en noviembre del año pasado, pero en diciembre logro convertirse en partido inscrito en el TSE. Fue formado por el alcalde de Villa Nueva Edwin Escobar, quien sería su candidato a presidente; éste además es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, nucleando a favor de este partido a varios alcaldes que fueron electos por los extintos Lider y PP, que en un momento –al igual que Escobar- fueron aliados del gobierno y en la actualidad mantienen sus propios intereses. Recientemente fue nominado el binomio conformado por Escobar y para la vice-presidencia a Blanca Alfaro ex alcalde de Masagua en el departamento de Escuintla, quien en el periodo pasado fue electa por el desparecido Patriota. Sin embargo esta candidatura también corre riesgo un juzgado menor le quito su inmunidad por delito relacionado a la tercerización al contratar una empresa privada, en el cobro del Impuesto Único Sobre el Inmueble –gravamen que cobran las municipalidades-  tras una auditoria de la Contraloría General de Cuentas al ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva en 2016.

Otros partidos son Victoria, formado por el clan de politiqueros derechistas de apellido Rivera quien postula Amílcar Rivera y Enrico Can Saquic para presidente y vicepresidente respectivamente; Partido Unidos, organizado por el ex ministro de educación de Portillo y ex diputado por la UCN, Mario Torres y que postulan para binomio a Luis Velásquez Quiroa y Manuel Soto Aguirre; Bienestar Nacional, formado por  Fidel Reyes Lee, dueño de la Universidad Rural –privada-  y ex diputado de Lider y quien no postulo binomio presidencia pero si candidaturas para alcaldes y diputados en la mayoría de departamentos como la ley exige para participar y tiene el apoyo del ex presidente Alfonso Portillo, quien no pudo ser inscritos al igual que en 2015 donde correo por Todos por ser condenado a soborno y desvió de fondos en Estados Unidos.

3.2. Los partidos denominados de izquierda y progresistas

Sobre los denominados de izquierda ha habido una serie de eventos que para su estrategia electoral producto de su reformismo, en sus negociaciones con fuerzas pequeño-burguesas o burguesas con respecto específicamente apoyar a la ex fiscal Aldana, no le permitieron darle importancia a un alianza de fuerzas de izquierda. Primero, ésta y su equipo buscaban postular al diputado Amílcar Pop de Winaq[47], pero sin esa estructura partidaria. Posteriormente se acercó a la URNG –quien sostiene una línea denominada frente progresista, que no es más que una adaptación reformista de su programa- pese a que algunas bases de este partido no lo miraron con buenos ojos.

Al final, Winaq –mantendrá algunas alianzas municipales con la URNG-  proclamó el 20 de enero pasado como candidato presidencial al politólogo y columnista Manuel Villacorta y como candidata a vice-presidenta a la abogada y defensora de derechos humanos Liliana Isabel Hernández, ex integrante de la Asociación de Abogados Mayas. Como candidato al listado nacional irá al actual diputado Leocadio Juracán, electo por Convergencia y con cierta organización de masas de respaldo, vinculada al movimiento campesino CCDA.

Juracán, junto a Sandra Morán, fue vetado para reelegirse con Convergencia, pues el cacique de ese partido, el ex comandante guerrillero Monsanto decidió promocionar a algunos líderes de sectores sociales, pero sin mucha organización, manteniendo además la alianza con el Consejo de los Pueblos de Occidente aunque este organismo ha venido devaluándose y perdiendo fuerza. Convergencia[48] nominó a Benito Morales, dirigente del CPO, para la presidencia junto a la socióloga Claudia Valente como candidata vice-presidencial.

En el caso del MLP[49], se eligió  dos dirigentes de la organización Codeca, Thelma Cabrera y Neftali López para la presidencia y vice-presidencia respectivamente; estos no se decantaron por Aldana pero nunca dieron una apertura, debido a un mezcla de sectarismo y de creer que ellos son la única izquierda consecuente.

La URNG[50],  por su parte después de que su línea de frente amplio progresista fracasara, busco articularse con las otras  cuatro fuerzas de izquierda pero ya era muy tarde y se decanto por un binomio salido desde sus filas, al ex comandante guerrillero Pablo Ceto y  actual diputado de ese partido en el Parlamento Centroamericano y a Blanca Estela Colop activista por los derechos de las mujeres indígenas.

Sobre los denominados progresistas, podríamos mencionar a Libre, conformado por el abogado Aníbal García, quien fue candidato a vice-presidente en 2011 en una alianza de izquierda llamado Frente Amplio, y que compitió por separado bajo la figura del extinto Movimiento Nuevo Republica sin éxito en 2015. Según los datos de noviembre del TSE, contaba con 24,854 afiliados, negoció ser parte de la alianza que postule a Aldana sin resultados y al final eligió a García para la presidencia y a Carlos Perez para la vice-presidencia.

El otro sería Semilla, con 25,098 afiliados para noviembre del año pasado. Formado por profesionales y académicos de orientación socialdemócrata, algunos ex funcionarios del gobierno de la UNE y otros actores intelectuales provenientes de organizaciones de izquierda y la insurgencia. Como dijimos más arriba, Semilla proclamo en  su asamblea general proclamarán a Thelma Aldana  para la presidencia, quien tiene el respaldo de una organización creada por ella y sus personeros mas cercano, Plataforma Ciudadana; y Jhontan Menkos a la vice-presidencia, un economista keynesiano y que ha dirigido el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales con proyección en toda la sub región centroamericana.

Esta candidatura también muestra problemas porque pese a ser apoyada por un núcleo de la oligarquía cercana a Dionisio Gutiérrez –un sector minoritario de esta- y por las alas mas realistas del imperialismo gringo y europeo, es un peligro para el estatus quo conservador. Recordemos solo la gestión de esta al frente del Ministerio Publico de la cual ha perseguido penalmente al denominado a personajes del denominado pacto de corruptos y estos detectándole algunas anomalías en relación  a la construcción de un edificio para el MP que no termino y la creación de plazas fantasmas en esta institución, han logrado que la CSJ obligue al TSE a no inscribir su candidatura. La defensa de esta ha llevado al caso nuevamente a la CC.

4.- Conclusiones

Los casos contra Aldana, Torres, Ríos, Radford, Escobar y ahora Estrada en Estados Unidos, si bien distintos en su origen y su alcance, algunos evidentemente relacionados a practicas corruptas y de relaciones con el narcotráfico; el hecho de que salgan en esa coyuntura electoral da pie a que se judicialice la participación de esta y con la posibilidad de quedar fuera varias. Afectando gravemente la democracia liberal y con ello el pacto de dominación de las elites guatemaltecas, sobre todo porque las principales candidatas están señaladas y con procesos judiciales.

En ese sentido, a la par de esta situación y el evento electoral, se tendrá el proceso de selección de jueces y magistrados por medio de las Comisiones de Postulación respectivas. Y la primera batalla ya se dio, en la elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para renovar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor de este colegio de profesionales, que será clave en la designación de jueces y magistrados,  pues este colegio tiene que nombrar a representantes para que conformen estas comisiones. En la presidencia de este colegio profesional gano la planilla Visión Gremial apoyada por José López Villatoro, el rey del tenis, sobre la favorita de la camarilla gubernamental y otra cercana a los intereses empresariales.

Ante la posible consolidación de los factores mas inmovilistas y reaccionarios del bloque en el poder aun con una candidatura como la de Torres, la cual no ha sido mucho de su agrado, pero ante lo explicado mas arriba, es importante que las fuerzas de izquierda y sobre todo los sectores populares asuman posiciones conjuntas mas beligerantes en contra de la agenda regresiva anti derechos humanos y eso implica, no confiar en proyectos como el de Aldana y Semilla cuya agenda de reformas es aun limitada.

Pero para eso, se deben dejar de lados los egos, privilegios, feudos y demás prerrogativas espurias de los liderazgos tanto en los partidos de izquierda como en las organizaciones. La participación electoral, la movilización, la agitación y la organización de un sujeto  político[51] de cara a una Asamblea Constituyente Originaria[52] con perspectiva revolucionaria es vital, pues es ese momento, en palabras de León Trosky, las asambleas constituyentes es la expresión mas democrática dentro del Estado burgués, pues aquí se confronta el ejercicio del poder de la burguesía y el imperialismo, ya sea de cara democrática, como se viste de vez en cuando Estados Unidos –aunque también tiene la cara reaccionaria estilo Trump- o el de Europa y el anti gringo como el de China y Rusia.

 

NOTAS

[1] El Generalato fue la estructura de poder conformada por el alto mando del ejército, junto a dos partidos de extrema derecha, el Movimiento de Liberación Nacional, cercano a lo más retrogrado de la burguesía y el Partido Institucional Democrático (PID) formado por el mismo ejército, que controlaron el régimen político contrainsurgente desde 1963 hasta 1982, realizando elecciones periódicas bajo una fachada de democracia anticomunista, persiguiendo a la oposición política critica del régimen.

[2] De hecho, a Ríos Montt y a algunos de sus ministros, como el de agricultura, lo calificaban como velazquista, en referencia a Juan Velazco Alvarado de Perú, a partir de sus insinuaciones sobre la necesidad de una transformación agraria –aún más limitada que la que llevó a cabo el ejército salvadoreño en alianza con la Democracia Cristiana-, despertando la reacción y los temores de la oligarquía guatemalteca (Héctor Rosada: Soldados en el Poder, el Proyecto Militar en Guatemala.  Cuarta edición, Embajada de  Taiwán en Guatemala, 1990).

[3] Se consideraba el ungido para realizar los cambios a un nuevo orden constitucional aparentemente “democrático” bajo una idea desarrollista y anti-comunista a la vez, independiente del imperialismo aunque solo como discurso.

[4] Además creó una instancia como fue el Consejo de Estado que mostraba tendencias corporativistas a semejanza de la dictadura fascista italiana conformada por sectores de diversa índole, entre ellos grupos indígenas afines al gobierno militar. Este consejo elaboró varias leyes que fueron después avaladas y aprobadas por el dictador como decretos ejecutivos.

[5] A la vez que el programa político fue rebajado. De un gobierno popular revolucionario anti-oligárquico si bien no socialista debido al peso del estalinismo como ideología, ahora se abogaba por llegar a entendimientos e iniciar el proceso de negociación de la paz, con reformas leves sobre la estructura social que se concretizó en los Acuerdos de Paz.

[6] Rosada, Héctor. “Soldados en el Poder, el Proyecto Militar en Guatemala”, cuarta edición, Embajada de  Taiwán en Guatemala, 1990.

[7] Schirmer, Jennifer. “Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala”; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala 2001.

[8] Ídem

[9] Por ejemplo del Orpa apareció Nuestro Movimiento y del EGP Octubre Revolucionario. Además que la vorágine divisionista dentro del PGT, sin poder montar un frente militar pese sus orientaciones estratégicas de impulsar la lucha armada, siguió profundizándose en fraccionamientos como el PGT 6 de enero o PGT Núcleo de Dirección (PGT-ND), más el PGT Comité Central (PGT-CC).

[10] Conformada por el EGP, FAR, Orpa y PGT aunque de este último primero fue parte el PGT-Núcleo de Dirección  y posteriormente este es sacado de la dirección de la URNG e incorporado el PGT-Comité Central, quien era la fracción más fuerte aunque la menos afine al guerrillerismo.

[11] Un salario adicional que se entrega a todos los trabajadores formales a mediados del año.

[12] Instancia creada en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) actual como máximo tribunal y vigilante del mantenimiento del orden constitucional, convirtiéndose en algún momento como el garante del status quo y en un freno para las ambiciones fraccionales de algún sector de la burguesía, ahora entre dicho por la crisis actual pos 2015.

[13] La Procuraduría de los Derechos Humanos fue otra instancia creada en la actual CPRG, en el afán de dar una directriz garantista y de respeto a los derechos humanos al régimen político, donde esta instancia que es derivada del Congreso cumpliera el papel de garantizar los derechos ante violaciones de otras instancias del Estado.

[14] De hecho los mecanismos aplicados fueron la entrega de tierras por medio del Estado a través de la compra a particulares y la venta a grupos campesinos por medio de créditos y con una supuesta asistencia técnica; que al final se volvió una deuda para estos grupos que fue saldada medianamente en el gobierno de Otto Pérez y paquetes relacionados a asistencia técnica tales como: entrega de granos, regadío, apoyo profesional, etc.

[15] Concepto elaborado por el marxista argentino y militante revolucionario, Nahuel Moreno, que planteó que durante la década de los 80s del siglo pasado. Se dieron una serie de movilizaciones populares que pusieron en jaque la continuidad del sistema capitalista o se acercaron a ello en varios países, tales como Brasil, Perú, Uruguay, España o Portugal, frente a los cuales  para evitar un levantamiento de tipo insurreccional, los gobiernos burgueses realizaron reformas políticas para abrir los mecanismos de participación, desmontando dictaduras o desmilitarizando el Estado.

[16] Conformada al en su origen por el Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Unión Verapacense Campesina (UVOC) que durante la siguiente década cada organización se fue separando, quedando solo Codeca que ha usado el nombre actualmente.

[17] Fonseca, Marco. “Familias y Fracciones Oligarcas guatemaltecas se Disputan el Control y la Hegemonía del Estado Guatemalteco”. En El Observador, análisis alternativo sobre política y economía; número 57-58. Guatemala diciembre de 2017-febrero de 2018

[18] Ídem

[19] En la actualidad un grupo de miembros que no aceptaron disolverse en la URNG procedente de esa fracción y sobrevivientes de otras, refundaron este partido siendo una fuerza de izquierda minoritaria que ha asumido posiciones anti-electoralistas, llamando a no participar en estos procesos y recientemente participante de la Asamblea Social y Popular en 2015 que llamó a votar nulo.

[20] El Observador electoral número 7, febrero de 2004. Asociación Civil El Observador, Guatemala

[21] “En marcha Plan Nacional de Actualización de Datos, Depuración del Padrón Electoral y Empadronamiento Ciudadano”. El Observador Electoral número 2, abril de 2003. Ciudad de Guatemala.

[22] Este partido presentó al físico Eduardo Suger –un científico que fue miembro del ejército y participante de la contrainsurgencia- pero que fue formado por antiguos miembros del Comité Cívico Xel-Ju, una agrupación conformada por profesionales e intelectuales mayas que gobernó el municipio de Quetzaltenango y que algunos fueron miembros de organizaciones guerrilleras o socialdemócratas anteriormente.

[23] Que consistió en la entrega de dinero a familias pobres bajo el condicionamiento de que los niños asistieran a la escuela pública y regularmente a chequeos médicos en centros de salud; todos estos programas administrado por una entidad supra-ministerial el Consejo de Cohesión Social dirigido por la en ese entonces primera dama, Sandra Torres, que usó esto para promover su imagen en miras a las próximas elecciones.

[24] Señalado también de ser parte de La Línea y hoy prófugo de la justicia por tal caso.

[25] “¿Democracia al servicio de quién? Poderes facticos se imponen,”; Enfoque Electoral Numero 13,  por Crosby Girón y Fernando Solís, de la Asociación Civil El Observador, Guatemala septiembre de 2011.

[26] “Análisis de los resultados del 11 de septiembre de 2011, tendencias y escenarios para la segunda vuelta”: por Girón, Solís y Reina en Enfoque Numero Electoral Número cuatro. Asociación Civil El Observador, Guatemala octubre de 2011.

[27] Este personaje reiterativo en la política es un fuerte empresario con intereses diversos y con empresas en varias partes del mundo, emparentado con los Bosh-Gutiérrez del Consorcio Multiinversiones, pero enfrentado por disputas empresariales y diferencias políticas.

[28] “Caracterización de las elecciones de 2015, primera parte”, por equipo de El Observador. Enfoque Electoral número siete, Asociación Civil El Observador. Guatemala septiembre de 2015.

[29]  Al interior de ésta estaba el pequeño Partido Guatemalteco del Trabajo –refundado- que se caracteriza por posturas abstencionistas y que en esta ocasión acompañó el postulado de no realizar elecciones.

[30] Conformada en un primer momento por asambleas comunitarias y consejos de comunidades mayas que han realizado consultas comunitarias para oponerse a mega proyectos mineros e hidroeléctricos; sin embargo, algunas de estas instancias no acompañaron la acción electoral emprendida por el sector mayoritario del CPO.

[31] Fundado en 2009 por pequeños grupos de izquierda revolucionaria  de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua algunos con tradición en el marxismo revolucionario bajo un horizonte centroamericanista; empalmando la praxis internacionalista bolchevique heredado por el trosquismo y la presencia de un origen común en cuanto región, que si bien formado por la colonización española con elementos fuertes para crear una nación en Centroamérica nuevamente.

[32] Eso fue falso como a todos los outsider en América Latina porque ya había sido candidato alcalde por la alcaldía de Mixco, municipio del Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, por el desaparecido partido Alianza Democrática Nacionalista del cual algunos de ese organización se vincularon al FCN-Nación.

[33] Este fue un candidato elegido a última hora. Sobre García se puede decir que acompañó las movilizaciones conservadores contra Colom  y fue realizador, al ser periodista junto a Luis Mendizábal prófugo por el caso La Linea, del video donde Rosemberg acusa al presidente de ese momento y su esposa Sandra Torres de asesinarlo. Estos dos tienen varias aventuras de conjurar complot golpista de extrema derecha y ser parte de la fauna anti-comunista tan común en Guatemala.

[34] “Qué entendemos por partidos franquicia”. Revista Momentos por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Guatemala 2013.

[35] “Que es cooptación del Estado”. Por Byron Rolando Vázquez en Prensa Libre, 30 de junio de 2016.

[36] Este decreto incluye una serie de reformas relacionadas con el mayor control en la fiscalización de recursos públicos y privados, aunque manteniendo el sistema mixto de financiamiento, así como responsabilidad compartida por delitos de financiamiento ilícito y no registrado de parte de los secretarios generales y los contadores de las organizaciones políticas; una distribución más equitativa de los recursos descentralizadamente, aunque prima la orientación presidencialista; la aplicación del sistema de representación de minorías para elección de órganos de dirección nacionales, departamentales y municipales; una sola reelección de los secretarios generales y duración de tres años de estos cargos, así como la prohibición de que los secretarios puedan competir para cargos públicos; más derechos de los afiliados a la hora de las asambleas y la exigencias de resultados de los órganos de dirección; voto en el extranjero aunque solo para elecciones presidenciales; validación del voto nulo con la obligación de repetir las elecciones si este es mayor del 50 % de los votos hacia algún tipo de elección, aunque quedó fuera la obligación de cambiar candidatos si pasara eso; la distribución gratuita de tiempos de aire en medios de comunicación por parte del TSE y la prohibición de que los partidos contraten estos espacios por su cuenta; etc. Sin embargo quedaron afuera otras exigencias del movimiento denominado La Plaza, como que hubiera Comités Cívicos distritales, candidaturas independientes, mayor organización partidaria a nivel municipal, paridad y alternancia entre hombres y mujeres para cargos de elección y otras.

[37] Un ente de organizaciones de la sociedad civiles que ha promovido e impulsado reformas electorales en consonancia con lo establecido por los Acuerdos de Paz, en órganos del Estado como el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. Entre las propuestas  estaban la existencia de partidos distritales, una composición distinta en la Comisión de Postulación que elige al TSE, nuevamente la alternabilidad y paridad entre hombres y mujeres y otras.

[38] Ahora busca disputar la Municipalidad de Guatemala bajo el Comité Cívico Mi Barrio pero el Registro de Ciudadanos a negado su inscripción.

[39] “Fiscalía presenta acusación contra 5 empresarios sindicados de financiamiento”. En La Hora 6 de diciembre de 2017.

[40] Un ente ilegal que fue respaldado por el Consejo Superior Universitario, que no realizaba elecciones para el secretariado de la AEU desde 2012, elecciones que son cada dos años, aunque desde inicios del siglo estas no eran representativas ni se permitió participar a los grupos de oposición;  tan solo en 2008 hubo un intento, que fue obstaculizado.

[41] Estas elecciones solo se realizaron en el Campus Central, pues la AEU representa a los estudiantes de este campus, sin duda un reflejo del centralismo, pero en otros centros universitarios del el interior del país existen AEUs locales; queda pendiente una reforma para generar una confederación de asociaciones de la USAC en todo el país.

[42] Votando en contra las magistradas  de la CSJ Delia Dávila y María Eugenia Morales, por considerar que es un juicio político contra los magistrados de la CC.

[43] La comisión pesquisidora quedó integrada por: José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, será el presidente; Boris España, independiente, será el secretario, y los vocales serán Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.

[44] “TSE fija en Q29 millones el techo de campaña para cada partido político”. En Prensa Libre 15 de enero de 2018.

[45] Sin embargo el hecho que la mayoría de cadenas de radio y televisión y los principales medios escritos no se inscribieran, tan solo algunas empresas de cable y algunos canales de tv; ademas de las acciones legales de la Cámara de Radiodifusión y otras asociaciones gremiales en la CC aun sin resolver, se puede interpretar como un sabotaje a las intenciones regulatorias del TSE debido a la perdida de la mina de oro que representa las campañas publicitarias.

[46] Una de las élites mafiosas que han disputado el control de las cortes y las instituciones del Estado en los últimos años, pero la Cicig ha abierto procesos penales como tráfico de influencias y  diversos delitos más contra este personaje, en su intento de controlar las Comisiones de Postulción.

[47] Cuenta con 23,648 afiliados.

[48] Cuenta con 23,029 afiliados.

[49] Cuenta con 25,098 afiliados.

[50] Cuenta con 24,994 afiliados.

[51] Sujeto que consideramos debe adquirir la forma de un frente político o de un partido de masas, estructurado bajo el centralismo democrático, donde las distintas tendencias tengan cabida y puedan confrontarse sin destruirse una a otra y una dirección de cuadros revocables en sus cargos pero con la legitimidad y la autoridad de dirigir un proceso de tal naturaleza.

[52] Lo único que la podría sustituir, al tener más legitimidad, es una asamblea de consejos populares o soviets, como se les conoció con la revolución bolchevique, consejos conformados por sectores populares de trabajadores, campesinos, profesionales, soldados, etc. En ambas fórmulas, tanto ésta como la Asamblea Constituyente, debería centralizar el poder ejecutivo y legislativo en un comité político colegiado y sustituible; por su parte los jueces y magistrados y otros cargos de instituciones estatales deberían ser electos por la población.

Comentarios potenciados por CComment