Mundo
Por Tomas Andino Mencía
Tal parece que un factor a tomar en cuenta en el panorama geopolítico que subyace a la actual guerra entre Israel y Palestina es la disputa por las reservas de gas natural, descubiertas a fines de los años 90s, entre los países que cuentan con este preciado recurso en las aguas del Mar Mediterráneo Oriental. Entre los países afortunados en poseer este recurso encontramos a Turquía, Grecia, Chipre, Egipto, El Líbano, Jordania, Israel, y a una nación que no es reconocida como Estado…. ¡Adivinaron, los palestinos! en particular los palestinos de la Franja de Gaza.
Integración gasífera del oriente próximo
Inicialmente el mercado para la comercialización de este recurso se limitaba al interior de los propios países del llamado Oriente próximo, ya que Europa era abastecida por Rusia a bajo costo. En ese sentido estaban obligados a vender y comprar entre sí, para lo cual los países poseedores necesitaban sostener relaciones normales con los compradores; una “normalización” también necesaria para hacer pasar con seguridad los gasoductos por sus territorios.
Tanto se avanzó en este campo en la última década, que hasta fue creado un espacio de coordinación entre Chipre, Egipto, Grecia, Israel, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina, denominado “EastMed Gas Forum”, una organización regional destinada a coordinar el desarrollo del gas natural, abriendo la puerta a la construcción de una red de intereses comerciales y energéticos comunes. En tal sentido, este factor económico contribuyó a reconfigurar por una década las tradicionales relaciones conflictivas en el Medio Oriente, reorientándose desde entonces hacia la búsqueda de acuerdos para llevar adelante grandes proyectos de infraestructura energética, dominados, como era de esperar, por grandes transnacionales del petróleo.
Este inédito consenso económico era políticamente viable ya que un lustro antes (1993) se habían firmado los Acuerdos de Oslo, en los cuales la OLP e Israel firmaron su mutuo reconocimiento, desencadenando una ola de acercamientos entre Israel y los países árabes de su entorno. Asimismo, en septiembre de 2020, se estableció el “Acuerdo de Abraham” entre Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, posteriormente firmados por Marruecos y Sudan, que abrió las puertas a la llamada “normalización” de relaciones con Israel.
Dicha tendencia cobró más importancia con la guerra ruso-ucraniana. Como es sabido, desde esta nefasta guerra Europa se encuentra sedienta de fuentes de gas natural de bajo costo, tras las sanciones internacionales impuestas a Rusia, su histórico proveedor. En 2022 casi todo el viejo continente entró en una grave crisis energética sin precedentes, de la cual el único beneficiado fue Estados Unidos, que vende su gas licuado a los europeos a un precio 40% más caro que Rusia. Por tal razón, Europa se encuentra urgida de encontrar nuevas fuentes del vital recurso natural, a un menor precio que los proveedores norteamericanos. Y aquí es donde entra la oportunidad para los países con costas en el Mar Mediterráneo oriental.
En ese contexto, los países poseedores de gas del oriente próximo, en especial Egipto e Israel, se frotaron las manos y emprendieron proyectos ambiciosos para aprovechar el nuevo mercado, para lo cual era precondición acelerar su “normalización diplomática” a fin de cooperar en abastecer el mercado europeo.
Como era de esperar, esto también atrajo a las potencias gasíferas, es decir, aquellas que poseen la tecnología y el capital necesarios para su extracción (léase Rusia, Arabia Saudita, transnacionales europeas y norteamericanas), mismas que tratan de influir la aprobación de contratos de exploración y explotación; lo que explica su interés por el acercamiento diplomático entre países con viejas disputas políticas, territoriales y religiosas. No es casual por eso que en 2021 y 2022 encontremos el surrealista panorama de ver a un Vladimir Putin, supuesto adversario de occidente, y al Príncipe saudí, Mohamed bin Salman, corta cabezas de opositores, coqueteando para establecer buenas relaciones con el entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, genocida de los palestinos. El olor a gas atrajo a todas las fieras.
De hecho, potencias como China y Rusia se anotaron sendos goles al lograr que varios de los países árabes ingresaran al BRICS este año; hecho que no le ha caído en gracia a Estados Unidos.
Pero integración bajo dominio israelí
Lo particular de este proceso es que, en la última década, Israel emergió como una potencia cada vez más creciente en materia gasífera, gracias al desarrollo económico, tecnológico y militar que le permite su privilegiada relación con los Estados Unidos, mediante la construcción de varias plataformas, como las de Tamar y Leviatán, convirtiéndose en el más fuerte competidor de la región; seguido en segundo lugar por Egipto. De hecho, se convirtió en el principal exportador de gas a los países vecinos y su agresividad económica era evidente.
Un reportaje de El Confidencial informaba lo siguiente; “En 2022, las compañías energéticas israelíes produjeron 21,29 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas natural, de los cuales 9,21 se exportaron a Egipto y Jordania. La cifra estaba destinada a aumentar, dado que, tan solo dos meses atrás, Israel se comprometió a redoblar la producción de Tamar e incrementar las exportaciones debido a la subida de la demanda en los países árabes y al plan egipcio de vender más GNL a Europa. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu también aprobó un plan para la construcción de un nuevo gasoducto terrestre con El Cairo. Pero no hay mayor ejemplo de las puertas que podía abrir la emergente diplomacia del gas natural israelí que el acuerdo alcanzado el año pasado con el Líbano para delimitar la frontera marítima entre ambos países y, con ello, repartir los derechos de la explotación de yacimientos. Un convenio que no solo puso fin a una disputa territorial que se había extendido durante décadas, sino que fue firmado por dos estados que, técnicamente, continúan en guerra el uno con el otro.”[1]
Dependencia y militarismo como subproducto incomodo
Por supuesto, hay otros países que no simpatizan con esto: por un lado, Qatar, a quienes no conviene la competencia gasífera en el EastMed Gas Forum; y por otro, Irán, que ve que la “diplomacia del gas” está fortaleciendo a su archienemigo israelí, el cual poco a poco se está echando a la bolsa a varios países árabes, los que ahora se muestran dóciles ante Tel Aviv; por ejemplo, callan ante los desmanes recientes del régimen sionista en los territorios ocupados en Palestina.
El recelo de los Ayatolas es ciertamente justificado por dos razones: La primera es que, considerando las entrañables relaciones de Israel con Estados Unidos, es plausible pensar que el auge de Israel al largo plazo beneficiara a la potencia norteamericana a través de múltiples medios de intervención económica, de lo cual Israel sería una especie de “Caballo de Troya”. Y la segunda es que, sobre la base de sus avances en materia energética, y con tantos intereses en juego, Israel proyecta avanzar también en el campo militar hacia la constitución de una especie de “OTAN del Medio Oriente”, una alianza militar con dedicatoria a enfrentar a la nación persa (Irán), que es el siguiente paso después del Acuerdo de Abraham.[2]
Dentro de los países del consenso gasífero también hay inconformidad. La marcada dependencia hacia Israel está volviéndose incomoda a sectores sociales de países como Egipto, Jordania y El Líbano, los cuales no tienen su misma salud económica, favorecido por el privilegiado trato de Estados Unidos. Tal situación también tiene inconformes a los sectores más militantes del islamismo radical, por lo que implica que los países árabes ahora dependan de su tradicional enemigo.
Con los palestinos, lo vuelven a hacer
Poniendo los pies en la tierra, hay también perjudicados ya en esta fiesta. El caso de los palestinos es especial. A principios de siglo se descubrió el yacimiento denominado “Gaza Marine” a 30 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza, plataforma marina que jurídicamente pertenece a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), entidad reconocida por los Acuerdos de Oslo de 1993, un estatus injusto porque geográficamente el campo de gas se encuentra en la plataforma de aguas exclusivas de la Franja de Gaza.
Aunque al principio se le considero un recurso de poca monta, ahora se le valora en mas de 28 mil millones de metros cúbicos. Pero, como era de esperar, durante veintitrés años los palestinos no pudieron explotarlo por la sistemática oposición de Israel. La excusa siempre fue que, aunque Israel reconoce la ANP, la Franja de Gaza es gobernada desde 2006 por Hamas y con estos no quiere tratos.
Un reportaje de un medio judío de la prensa israelí reporta lo siguiente: “La Autoridad Palestina encargó a la empresa de energía British Gas que realizara una exploración de gas en la zona en 1999. Un año después, British Gas encontró el Marina 1 a unos 30 kilómetros mar adentro, y más tarde el Marine 2, más pequeño, pero finalmente se retiró del contrato. El proyecto fue entregado al gigante energético Shell en 2016, solo para que también se retirara dos años después debido a las objeciones israelíes y otras disputas. Desde entonces, los palestinos han estado buscando inversores en el proyecto de 1.100 millones de dólares para extraer los 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Las conversaciones en 2012 finalmente no llegaron a ninguna parte, al igual que las negociaciones del año pasado con el gobierno israelí anterior.”[3]
Sin embargo, en 2023 el nuevo gobierno israelí, sustituto de Netanyahu, aceptó autorizar la explotación del yacimiento de Gaza Marine, siempre y cuando el trato se hiciera con la ANP y con Egipto, lo cual excluía al gobierno de la Franja de Gaza, administrado por Hamas. Eso explica que a la ANP se le haya visto muy dócil en el tema de sus relaciones con Israel.
Los factores subyacentes a la guerra
La Franja de Gaza es la región económicamente más miserable de Oriente medio, y su exclusión coloca a sus habitantes ante la imposibilidad de aprovechar esos recursos para aliviar la extrema miseria en que viven, cuyo territorio esta férreamente bajo control israelí. Esto es una afrenta difícil de tragar para Hamas, que por cierto había disminuido su actividad militar en los últimos años, y un factor que seguramente exacerbó su extremismo y de sus aliados en la última hora.
En mi opinión, este trato desigual con la Franja de Gaza, sumado a los factores como la agudizada opresión israelí de los últimos años impuesta por la coalición ultraderechista de Netanyahu, así como los factores geopolíticos que mencione en mi primer artículo sobre la crisis actual[4], contribuyeron a detonar la guerra actual. Por el inicio de las actividades bélicas, las explotaciones petrolíferas se han detenido o enlentecido; la producción para la exportación puede considerarse por ahora contenida, sino es que fracasada y la región está de nuevo polarizada.
Esto ha hecho volar por los aires la tendencia económica integracionista hegemonizada por Israel, y, como ya dije en dicho artículo, también dinamitó la normalización diplomática que la acompañaba, de la mano del imperio norteamericano; sin hablar de que se esfumo la idea de una OTAN del Medio Oriente. Lo anterior significa que se le viene un duro golpe a la economía de Israel y de los países vecinos, de la que difícilmente se recuperaran en el corto plazo. Solo en la guerra que tiene planeada emprender, el gobierno israelí ha solicitado mas de 100 mil millones de dólares.
Si Netanyahu hace realidad su ofensiva para ocupar totalmente la Franja de Gaza, este proceso estará absolutamente fracasado. De ahí la presión diplomática de las potencias occidentales incluso de Rusia y China para detenerla. En ese sentido, Hamas logró su objetivo, con lo que parece que hay que tomar en serio el adagio popular de que “O todos en la cama o todos en el suelo”.
Llegados a este punto, es extraña la escases de análisis, al menos en español, que se refieran a este punto. Tal vez se deba a que, a muy pocos, salvo a los marxistas, se nos ocurre buscar la causa subyacente de una guerra en un tema tan material como los hidrocarburos. Pero es que, parafraseando a Eduardo Galeano, ninguna guerra tiene la franqueza de decir que mata niños, mujeres embarazadas y ancianos por petróleo o gas, sino que dice que lo hace por una “causa noble”, como la democracia, o, como en este caso, “por Dios” o “por Ala”.
[1] Israel estaba usando el gas para seducir a sus vecinos. Ahora, todo puede estallar (elconfidencial.com). https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-10-17/israel-usar-gas-seducir-vecinos-estallar_3755711/
[2] El mito de una emergente ‘OTAN de Oriente Próximo’ | Política Exterior (politicaexterior.com) https://www.politicaexterior.com/el-mito-de-una-emergente-otan-de-oriente-medio/
[3] Israel, Egipto y la AP coordinan un yacimiento de gas en Gaza (israelnoticias.com). https://israelnoticias.com/franja-de-gaza/israel-coordina-con-egipto-y-la-autoridad-palestina-el-desarrollo-de-un-yacimiento-de-gas-en-gaza/
[4] Andino, Tomás. La ofensiva de Hamas en el tablero político del Medio Oriente, Revista de Centroamérica, PSOCA. https://revistadecentroamerica.org/index.php/mundo/132-mundo-la-ofensiva-de-hamas-en-el-tablero-politico-del-medio-oriente
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América Latina
Por Olmedo Beluche
La conmemoración de la Toma de la Bastilla, uno de los acontecimientos que conformaron lo que se conoce como Revolución Francesa, debe servirnos para reflexionar sobre su influencia en lo que posteriormente sería la revolución hispanoamericana, llamada Independencia. Sí, la independencia hispanoamericana fue una revolución política, es decir, consistió en la transformación revolucionaria del gobierno y del estado, pero no por voluntad, sino a pesar del querer de algunos de sus actores sociales. El proceso revolucionario de la independencia ha sido encubierto por una serie de mitos.
En América, los verdaderos ilustrados, influidos por las ideas modernizantes de filósofos (como Rousseau) eran una ultra minoría a inicios del siglo XIX. Generalmente provenían de capas medias intelectuales (militares, abogados, médicos). Pero su influencia en la sociedad era marginal. Eran los Francisco de Miranda (que vivió en Europa casi toda su vida), los Mariano Moreno, Antonio Nariño, etc.
2. Los criollos, la clase dominante de los “americanos” o “españoles de América” NO eran “ilustrados”, ni perseguían copiar el modelo político de la Revolución Francesa. Por el contrario, querían evitarla porque habían visto sus consecuencias en la Revolución Haitiana contra la esclavitud y la Independencia Política de Saint Domingue (1804) y no querían que sus propios esclavos imitaran a los de Haití.
3. Había en realidad mucho recelo contra todo lo que viniera de Francia. Algunos sectores añoraban algunos “derechos” que habían perdido con las reformas borbónicas (los Borbones eran una monarquía de origen francés) del siglo XVIII, como: la expulsión de los jesuitas, la expropiación de bienes y cobros de capellanía a la Iglesia católica (1804), aumento de impuestos (Rebelión de Tupac Amaru de 1780 en Perú y de los Comuneros 1781 en Nueva Granada), reforma política de los virreinatos, fin del sistema de galeones y apertura comercial a los ingleses, etc.
4. Cuando en 1808, Napoleón invade España, y tanto Carlos IV como Fernando VII abdican la corona hispana en favor del emperador, que nombró a su hermano José como nuevo rey de los españoles, algunos ven una actitud de entrega a los franceses. Por eso, los criollos, “españoles de América”, apoyan la sublevación en la península Ibérica contra la ocupación francesa. Entre 1808 y 1810, cuando se habla de “Independencia” es respecto de Francia, no respecto de España.
5. El problema se complica a partir de 1810, cuando Napoleón aplasta la resistencia en España y se disuelve la Junta de Sevilla, instalándose en Cádiz una sombra de gobierno español llamado el Consejo de Regencia el cual mostró dos gestos contrapuestos: ordenó la instalación de Juntas Gubernativas con participación de los criollos en las ciudades americanas y pretendió sostenerse como legítima autoridad heredera de la monarquía (ausente).
6. En América, la élite criolla exigió a los virreyes la instalación de las Juntas Gubernativas con su participación y a su vez cuestionó la legitimidad del Consejo de Regencia. Aquí empezó el conflicto que llevaría a las guerras civiles de toda la década de 1810-1821, porque las autoridades y funcionarios monárquicos (Virreyes, alto clero, militares, reales audiencias, etc.) y los comerciantes y propietarios españoles, se negaron a modificar el sistema político reconociendo esos derechos a los criollos.
7. De hecho, las proclamas de 1809 – 1810 no fueron por la independencia, sino exigiendo la instalación de Juntas de Gobierno. Es decir, se exigía autonomía, no independencia. Cuando se apeló a la teoría jurídica para justificar esta autonomía no se hizo citando a los ilustrados europeos del siglo XVIII, sino a las Partidas de Alfonso X, y la llamada “retroversión de la soberanía” ante el vacío de poder. Era la vuelta a la soberanía del pueblo, pero el pueblo representado por los criollos a través del cabildo.
8. El proceso fue más radical en Nueva Granada, donde la guerra civil radicalizó a la sociedad, permitiendo que el ala radical e ilustrada asumiera el poder sacándolo de manos de los criollos conservadores, para enfrentar a los realistas. Así se proclamó la independencia efímera en 1811 en Caracas, Bogotá y Cartagena. Independencias que fueron aplastadas a partir de 1814, luego de la restauración de Fernando VII. En las Provincias Unidas del Río La Plata, la independencia recién se proclamó en 1816 por presión de San Martín. En el resto no llegó hasta 1821. En Nueva España Morelos proclama independencia en 1813, pero con un alcance limitado a zonas marginales de la sierra.
9. Nótese que las actas de independencia son proclamas de los cabildos de ciudades, no de “naciones”, como se ha querido hacer ver. Los estados nacionales hispanoamericanos nacieron luego de la independencia en un proceso que tardó varias décadas. Por ende, la independencia no tuvo que ver con liberación nacional, sino con una revolución política. No podía haber identidades nacionales si no existían estados nacionales.
10. Irónicamente, el proceso de independencia se consolida a partir de 1821, pero en algunos casos, como en Nueva España (México), con la “Conspiración de La Profesa”, el proceso tuvo como motivación inicial oponerse al gobierno liberal del general Riego, que había obligado a Fernando VII a aceptar una monarquía constitucional (Constitución de Cádiz de 1812). Es decir, los gachupines mexicanos intentan una independencia anti ilustrada, antiliberal, promonárquica, pero que luego se les complicó.
11. Evidencia histórica de que las independencias hispanoamericanas no fueron de inspiración francesa o ilustrada es que los estados surgidos de ella sufrieron a lo largo de todo el siglo XIX numerosas guerras civiles, entre conservadores que procuraron mantener el antiguo régimen colonial y sectores liberales modernizantes con objetivos ilustrados. Pero incluso, cuando estos últimos triunfaron quedaron mediatizados sus objetivos.
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Centroamérica
Por José Rene Tamariz
1) Cinco Países, una Nacionalidad.
Desde la época colonial que tarda más de 300 años, la región centroamericana, mejor conocida como Capitanía General de Guatemala (CGG), constituía una unidad económica-política-administrativa que producía mercancías y ganancias para el capitalismo europeo, principalmente España. Desde ese punto de vista, esa Capitanía era capitalista, ya que estaba directamente ligada al comercio mercantilista internacional a través de los colonialistas españoles. Los capitalistas-colonialistas utilizaban relaciones de producción precapitalistas, principalmente esclavista y de servidumbre, en función del desarrollo capitalista europeo.
El análisis realizado por Nahuel Moreno sobre la colonización en América es muy útil para lo que apuntamos en el párrafo precedente. Según Moreno: “La colonización española, portuguesa, inglesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales; organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. No inauguraron un sistema de producción capitalista porque no había en América un ejército de trabajadores libres en el mercado. Es, así como los colonizadores para poder explotar capitalísticamente a América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi-esclavitud de los indígenas. Producción y descubrimientos por objetivos capitalistas; relaciones esclavas o semi-esclavas; formas y terminologías feudales (al igual que el capitalismo mediterráneo) son los tres pilares en que se asentó la colonización de América”. (Moreno, 1988: 5). Como señala muy bien Samir Amin: “El primer momento de ese despliegue devastador del imperialismo se organizó alrededor de la conquista de las Américas, en el marco del sistema mercantilista de la Europa atlántica de la época...”. (Amin, 2003: 97).
Lo anterior se aplica igual para la Capitanía General de Guatemala, ya que desde esta colonia se exportaba a España e internamente entre sus provincias, diversos productos agrícolas y metales, tales como: grana, añil, cacao, maíz, ganado, tabaco, caña de azúcar, palo brasil, plata y oro. Los dos primeros bienes agrícolas se utilizaban como colorantes naturales para la pujante industria textil europea.
Al producirse la independencia de la CGG en el año 1821, sin lucha ni revolución, se realiza una efímera anexión (1822-1823) de ésta a México. En noviembre de 1824, después de estar reunidos un año, los representantes de los cinco países publicaron la Constitución Política de la nueva nación denominada: Estados Federados del Centro de América. Es importante mencionar que esa nueva Constitución tenía muchos aspectos progresivos, como, por ejemplo: la abolición de la esclavitud, la cual se hizo antes que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países de América del Sur, como Brasil; los jueces, eran electos mediante votaciones populares; se adoptó el derecho de asilo para los extranjeros, etc.
La República Federal tuvo su existencia desde 1824 hasta 1842. Sobre la formación de la nueva nación centroamericana existen dos mitos de los historiadores, sociólogos e intelectuales liberales e incluso, de algunos llamados marxistas: el primero es que no existió la nacionalidad centroamericana y segundo que no existió un Estado nacional, sino la suma de diferentes pequeños Estados fragmentados y una situación de anarquía, de la cual no se tiene ninguna caracterización sobre el tipo de sociedad que era. Existe como un tipo de “limbo” económico y político de la sociedad centroamericana de ese entonces, aunque algunos la caracterizan como feudal.
Nuestra caracterización es que existió y existe una nacionalidad centroamericana que ha sido disgregada y dividida, con tendencias recurrentes, cada cierto período histórico, hacia la unificación. En primer lugar, porque el ala de la burguesía naciente y liberal en Centroamérica fue derrotada en la guerra civil por el ala de los conservadores latifundistas y la iglesia católica. El triunfo reaccionario de los conservadores hace retroceder la nación centroamericana, potenciando su división en cinco naciones. En segundo lugar, tiene sus influencias el imperialismo inglés en la división de Centroamérica. Por otra parte, consideramos que entre la independencia de España y la constitución de la República centroamericana se producía el tránsito de la colonia capitalista a país capitalista semi-colonial.
La relación semicolonial de la nación centroamericana se adquiere con el imperialismo inglés mediante la deuda externa: “La era inglesa en Centroamérica se consolida también por la vía de los grandes empréstitos públicos; la libra esterlina establece el primer vínculo financiero con una economía extranjera. Los empréstitos se realizan a través del Estado...El primero de ellos se firma con la República Federal para intentar la ordenación de la administración...La deuda inglesa pasó a constituirse en adelante en un elemento que facilitó la presión diplomática...”. (Torres-Rivas, 1989: 18)
Al disolverse la Federación centroamericana, cada país centroamericano comienza sus intentos para lograr su propio desarrollo nacional. Se inicia la consolidación del Estado nacional mediante la inserción de la mayoría de los países, excepto Nicaragua y Honduras, al mercado internacional a través de un nuevo producto de exportación: el café. Cabe destacar que el país que produce y exporta café por primera vez a Inglaterra es Costa Rica, en el año 1845. Después la producción y exportación de este producto fue complementada con la del banano que se produjo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta actividad económica era controlada, principalmente, por los Estados Unidos. Desde los años 1850 hasta 1950 los principales productos para la exportación en Centroamérica eran el café y el banano. Nicaragua y Honduras se incorporaron tardíamente a la producción y exportación de café, debido a la importancia relativa de sus yacimientos de oro y plata, los cuales eran controlados y explotados por los imperialismos europeos, primero el español y luego por el inglés, las luchas intestinas, la invasión filibustera y la posterior intervención militar yanqui. El caso de Honduras escapa a todo el resto de Centroamérica, ya que es el único país que quedó anclado al mercado internacional por el monocultivo del banano desde finales del siglo XIX y que, constituyó la principal actividad económica hasta su destrucción por el huracán Mitch, fue controlada, al igual que en los demás países centroamericanos, por las empresas transnacionales yanqui e inglesas.
Las condiciones históricas del desarrollo capitalista en Honduras, mejor expresada, por la denominación de “República bananera”, han determinado la debilidad estructural de su clase burguesa y la relativa fuerza de su proletariado.
Todo lo anteriormente señalado sobre los principales productos de exportación de los países centroamericanos, no excluye, que al lado de ellos se desarrollaran otros cultivos y productos de exportación, por ejemplo, la agroindustria, basada en los ingenios azucareros.
2) Periodos o etapas de Centroamérica
A) Dictaduras Militares: años 30 a 48.
- En el Salvador se instaura la dictadura del general Maximiliano Hernández del año 1931 a 1944. La rebelión campesina del año 1932 es brutalmente reprimida por ese régimen y provoca entre 25 mil o 30 mil muertos. La insurrección, su fracaso y la gran masacre de la dictadura de ese año en El Salvador fue el producto de la política de aventurerismo de la Internacional Comunista stalinista de esa época.
- En Honduras se instala la dictadura del general Tiburcio Carías del año 1933 a 1948, denominado el cariato, durando 16 años en el poder. En 1932 se realizan protestas sociales en las plantaciones del norte “… En febrero de 193, estalló un movimiento huelguístico de amplia base pero efímero en la Tela Railroad Company como consecuencia del despido de ochocientos trabajadores y una reducción general del salario…”. (Bethell, Leslie: Historia de América Latina. Editorial Crítica. Barcelona 2001. Página 21).
- En Guatemala se implanta la dictadura del general Jorge Ubico desde el año 1931 al año 1944.
- En Nicaragua se instaura la dictadura familiar del general Anastasio Somoza que va desde el año 1937 hasta su derrocamiento en el año 1979. Es importante destacar que, previo al inicio de esa etapa, en Nicaragua se habían producido varias ocupaciones militares del imperialismo estadounidense. Primero, desde el año 1912 hasta 1925 y luego en el 1926 hasta 1933. El general Augusto Cesar Sandino luchó, mediante la guerra de guerrilla, contra las tropas marines en esa segunda intervención estadounidense.
- La excepción fue Costa Rica que mantiene su régimen democrático. En el año 1934 se produce la huelga de trabajadores bananeros en la región de Limón, dando inicio del movimiento sindical independiente.
En Guatemala cae la dictadura por una huelga multiclasista encabezada por profesionales de clases medias y militares jóvenes. Posteriormente, se produce la elección del progresista Juan José Arévalo para el período 1945-1951 que introduce una serie de reformas: introdujo la seguridad social y una ley labora; amplió la educación pública obligatoria y gratuita; fomentó la modernización del país de forma social y cultural; aplicó programas para el fomento y diversificación de la agricultura y creó las condiciones para la organización de diversos grupos de intereses sociales.
En las siguientes elecciones para el período 1951-1957 gana la elección el militar joven y progresista, Jacobo Árbenz, el cual fue derrocado por fuerzas de Estados Unidos en conjunto militares guatemaltecos, encabezados el coronel Castillo Armas, con el apoyo de diversos gobiernos de Centroamérica lanzaron la ofensiva final contra el gobierno de Árbenz. Entre las medidas radicales que realizó Árbenz están las siguientes: nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de origen estadounidense; construcción de la carretera al Atlántico, para romper el monopolio de los ferrocarriles en manos de los Estados Unidos y la reforma agraria a través del decreto 900 que benefició a más de 100 mil campesinos.
En El Salvador se realiza un movimiento encabezado por militares jóvenes, profesionales y empresarios de clase media y “En abril de 1944 una huelga general obligó al general Hernández Martínez de El Salvador a dimitir. La huelga fue un movimiento multiclasista encabezado por profesionales de clase media y militares jóvenes. La campaña no logró convertirse en movimiento nacional ni introducir cambios profundos porque sus líderes fueron descubiertos y fusilados. A consecuencia de ello, la crisis se resolvió de modo interno en las fuerzas armadas; el decrepito dictador fue substituido por el jefe de la policía y más adelante por otro general escogido apresuradamente, Salvador Castañeda Castro (1945-1949)”. (Bethell, 2001: 23)
En Nicaragua y Honduras, las fuerzas son muy débiles, no logrando derrocar a las dictaduras militares.
B) Desarrollo del período 50-80.
La sociedad y economía de Centroamérica fueron diferentes de la época de posguerra. Entre el año 50 y 80 el PIB regional aumentó de $1.950 millones a $7.520 millones y creció la población de 8 millones a 21 millones. Población urbana pasó del 15% al 45%. Actividad manufacturera se incrementó del 14,6% al 24,1%.
El proceso de industrialización y de sustituciones de importaciones (ISI) se produce bajo la concepción de la CEPAL, entre el año 1960-1979, mediante el llamado Mercado Común Centroamericano (MCCA). Costa Rica se integra a ese proyecto hasta el año 1963. ¿En que marco se realiza ese proceso, cuáles son sus objetivos y resultados?
El proceso de integración de los años 60 se produce en el marco del ciclo largo de la economía capitalista de posguerra de los años 1940-1970 caracterizado por la expansión y altas tasas de crecimiento, es por ello que tiene un éxito relativo. Según la CEPAL ese proceso de integración tenía como objetivo que las naciones centroamericanas enfrentaran el intercambio desigual entre los países subdesarrollados y los desarrollados, mediante un cierto desarrollo de la industria liviana de los países centroamericanos que conllevara a la sustitución de esas importaciones industriales. Ese proyecto de industrialización tuvo su impacto importante en las sociedades centroamericanas que se manifestó en el desarrollo del sector manufacturero, al grado tal que se produjo un incremento del comercio centroamericano: “Entre 1961 y 1969 el valor del comercio intrarregional se multiplicó por siete...al mismo tiempo, el crecimiento económico global revelaba tasas medias de incremento anual del Producto Interno Bruto próximas al 6 por ciento...La industrias estaban concentradas en los países con mayor densidades de población y donde podían pagarse salarios más bajos, esto es, Guatemala y El Salvador. Nicaragua y Costa Rica, luego de varias amenazas de abandono del Mercomún, lograron un modus vivendi que les permitió continuar con el desarrollo industrial, mientras que Honduras, un país desintegrado y relativamente más atrasado, la situación llevó a una crisis de grandes proporciones”. (Brignoli, 1989:).
Sin embargo, ese mercado común tuvo una primera crisis político-militar con el desarrollo de la guerra salvadoreña-hondureña y entró en una crisis muy profunda en el año 1974, enmarcada en la crisis económica mundial que se desarrollaba entre 1973-1974 y finalmente en una quiebra total con el triunfo de la revolución nicaragüense en julio de 1979 y el desarrollo de una situación revolucionaria a escala de toda América Central: “Después de 1980, Centroamérica enfrentó un contexto externo en deterioro que se caracterizaba por precios del petróleo más altos, altas tasas mundiales de interés real y precios deprimidos de las exportaciones tradicionales de productos básicos, tales como el café y plátanos... la combinación de shocks externos adversos condujo al problema de la deuda externa y a una aguda caída en el producto per cápita”. (Brock, 1989: 315).
C) Período de 1980-1990: Revolución, Contrarrevolución, Reacción Democrática y Crisis Económica.
En julio del año 1979 triunfa la revolución en Nicaragua. En 1981 fracasa el intento de insurrección en El Salvador. Se produce el proceso de contrarrevolución armada por parte de los Estados Unidos en contra de la revolución nicaragüense que somete a una profunda crisis económica al país, así como a la muerte de miles de nicaragüenses. Es la época de la más grande reacción imperialista en el mundo y, en particular, en Centroamérica. El imperialismo convierte a Costa Rica en una vitrina democrática en contra de la revolución nicaragüense, transforma a Honduras en bunker militar en contra de la revolución y arma hasta los dientes a las dictaduras de El Salvador y Guatemala para combatir a las guerrillas del FMLN y la UNRG.
Al final de todo ese proceso, producto de la presión de la contrarrevolución, se realizan los acuerdos de paz llamado Esquipulas I y II en los años 1986 y 1987 que plantean la democratización, elecciones libres, el fin de las fuerzas irregulares o contras y la entrega de armas. En 1990 se produce la desmovilización de los contras. Todo ese proceso termina con la revolución nicaragüense, mediante las elecciones de 1990, en la cual la alianza de todas las organizaciones de derecha UNO le ganan las elecciones al FSLN.
En 1992 se firman los acuerdos de Chapultepec, México, entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador en donde se acuerdan la desmovilización de los guerrilleros, su legalización como partido político y otros. En 1996 se producen los acuerdos definitivos entre la guerrilla guatemalteca URNG y el gobierno de Guatemala.
D) Período 1990-20210
Es todo el período de imposición del neoliberalismo que se desmantelan todas las conquistas de la revolución en Nicaragua y el retroceso del movimiento de masas en general, producto de la derrota histórica de la revolución nicaragüense y en Centroamérica en general.
E) Período 2014-2023
Es un período político que se caracteriza porque asumen la presidencia de la República en los países centroamericanos partidos políticos no tradicionales, emergentes, es el caso del PAC en Costa Rica que gobernó por dos periodos consecutivos de 2014 al 2022. Sin embargo, el último gobierno del PAC se caracterizó por aplicar a fondo las políticas neoliberales mediante el combo fiscal, la ley de empleo público y otras medidas draconianas. En El Salvador, en el año 2019, asume la presidencia de la República, Nayib Bukle, con una alta votación y esperanza de las masas de mejorar sus condiciones de vida. Bukele, derrota en las elecciones a los dos partidos que se venían repartiendo el poder, ARENA y el FMLN. Esta última organización exguerrillera que se desmovilizó mediante los acuerdos antes mencionado, ganó dos veces las elecciones y gobernó en dos períodos consecutivos desde el año 2009 hasta el 2019. Con esta organización pasó algo parecido que con el PAC en Costa Rica. Pero, las masas se desencantaron con ellos. En Honduras, en el año 2022 llegó al poder Xiomara Castro del partido LIBRE conformado por gente que provienen del Partido Liberal, pero que es un partido emergente de los tradicionales el Partido Nacional y Partido Liberal.
El caso de Guatemala es excepcional. En este país se producen “… 70 años de gobiernos de derecha conservadora anticomunista y, desde el derrocamiento de (Jacobo) Árbenz y la invasión de Estados Unidos, se fue fraguando un modelo económico, político y social que llevó a una guerra, a un levantamiento armado durante 36 años y luego a un proceso de paz”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).
La situación de Guatemala es terrible. Tiene más de 4 millones de migrantes. 60% de pobreza y 26% de pobreza extrema. Altos indicadores de hambre. Su tasa de desnutrición es del 47% y se ubica entre las 10 más altas del mundo. Una profunda desigualdad con el índice de Gini que pasó de 0,483 a 0,541 del 2014 al 2019. Guatemala, es uno de los países más desiguales de América Latina. Guatemala, es la economía más grande de Centroamérica por su PIB y población. El PIB es de $86 mil millones y la población es de 17.11 millones de personas. En 2022 creció casi un 4%.
Sin embargo, con el triunfo electoral del Bernardo Arévalo en segunda ronda electoral (20 de agosto 2023) y que asume el poder en enero de 2024, se produce un giro político en Guatemala que, todo parece indicar, es parte del viraje político hacia el “progresismo” de América Latina. Sin embargo, las mafias incrustadas en las instituciones del Estado realizan todo tipo de maniobras para evitar la asunción al poder de Arévalo. Esas maniobras la ejecutan María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Fredy Orellana, juez. Estos personajes son acusados de impulsar un “golpe de estado” para evitar que asuma el poder Arévalo.
Recientemente se realizaban más de dos semanas de paro, bloqueos de carreteras y manifestaciones demandando la salida de Porras, Curruchiche y otros altos funcionarios. El desenlace de este proceso se encuentra en marcha. Se podría prolongar hasta más de la asunción al poder de Arévalo en enero de 2024.
3) Situación de El Salvador
Bukele asume el poder en junio de 2019 con el partido Nuevas Ideas. Cuenta con un amplio apoyo popular. En términos de cuatro años ha asumido el control y concentración total de los poderes de la República: poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y Electoral.
Decretó el Estado de Excepción desde el 27 de marzo de 2022, avalado por el poder Judicial y que ha servido para reprimir, no sólo a las pandillas, sino también a dirigentes sindicales y otros luchadores sociales.
Asimismo, en violación abierta a varios artículos de la Constitución Política, se postuló como candidato a la presidencia de la República para un mandato consecutivo 2024-2029. En los hechos se ha constituido en una nueva dictadura en El Salvador.
4) Situación de Honduras
La presidenta de la República es Xiomara Castro para el período 2022-2026 por el partido LIBRE (Libertad y Refundación). Esposa del depuesto, por un golpe militar en 2009, expresidente José Manuel Zelaya.
Los dos gobiernos anteriores fueron de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que gobernó por dos períodos consecutivo, mediante fraude electoral. Actualmente, se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Honduras tiene la tasa más alta de femicidios de América Latina.
Xiomara Castro, no ha cumplido con las promesas de su campaña electoral, tales como: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El aparato sigue intacto, así como la policía militar del orden público (PMOP). Tampoco se ha producido la erradicación de las zonas especiales de desarrollo (ZEDES).
Más bien, Xiomara Castro, ha aplicado medidas represivas parecidas a las de Bukele, tal como la creación del estado de excepción, supuestamente para combatir el flagelo de la extorsión de maras y pandillas. Se implementó, primero, en 161 barrios y colonias del distrito central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos más poblados. Luego, la medida se amplió a 73 municipios.
5) Emigración en Centroamérica
La expulsión de los ciudadanos es muy grande y grave, producto de la pobreza, desigualdad y las pandillas o maras. Según datos de la ONU los migrantes centroamericanos en el extranjero son:
- 000 hondureños para un 10% de la población.
- 600.000 salvadoreños para un 25,41% de la población.
- 368.431 guatemaltecos para un 7,61% de la población, pero otros consideran que son 4 millones para un total de la población del 23,4%.
- 323.197 nicaragüense para un 19,3% de su población.
- 241 costarricenses para un 2,9% de su población, la emigración más baja de Centroamérica.
Al final, la migración o expulsión de población centroamericana es de alrededor de unos 8 millones de habitantes.
6) Remesas Familiares en Centroamérica
En el año 2022 la cantidad de remesas recibidas por los países centroamericanos fueron las siguientes:
- Honduras el 28,8% del PIB
- El Salvador el 26,7% del PIB
- Nicaragua el 22,2% del PIB
- Guatemala el 20% del PIB
Esa gran cantidad son el reflejo de la expulsión de los millones de centroamericanos de sus países de origen. Reflejan la profundidad del problema.
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EL SALVADOR.- Paradigmas la caída de la burocracia y el restablecimiento de la democracia en ATRAMEC
Por Eliecer Hernandez Jaime
INTRODUCCIÓN
Es para mí un inmenso agrado presentar este documento en el cual abordo el proceso de democratización ocurrido en el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), entre los años 2015 a 2021, de modo que se parte del cambio ocurrido en la junta directiva, acto que, como bien iré explicando fue más allá de lo formal; significó el inicio de un verdadero proceso de democratización interna donde se logra deponer a la burocracia sindical que durante más de treinta años estuvo controlando el destino de esta organización. Luego se exponen los desafíos a los que tuvo que enfrentarse la nueva dirección, aquí mucho tuvieron que ver las disputas internas por el control del sindicato, las tendencias políticas amenazando el proceso democrático, los ataques de la patronal y por ultimo incorporo algunas recomendaciones a seguir. Algunos parajes son acaso un repaso de las vivencias ocurridas en este periodo que no pueden dejarse de mencionar pues son legado de lucha y conquistas, sirvan de ejemplo pues, es me paree una lección no solo para la clase trabajadora del MINEDUCYT, sino para toda la clase trabajadora en general.
Agradezco a la junta directiva del periodo 2020-2021 que me permitió tener acceso de algunos de sus documentos para la realización de este ensayo.
I. Breve reseña histórica y el vigente contexto jurídico-social entre ATRAMEC y MINEDUCYT.
El Ministerio de Educación de El Salvador, nace en junio de 1940 con la primera Reforma Educativa, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, con lo cual quedaron atrás los métodos de educación: Lancasteriano[1] y Elemental[2] que hasta entonces estaban vigente, el método lancasteriano sigue siendo utilizado se abre paso a , y se abrió paso a la modernización en lo que se refiere a la infraestructura educativa y a la institucionalidad respectiva que da como resultado un sistema educativo[3], acorde las transformaciones institucionales y económicas que emprendía el Estado en aquel entonces, era necesario ajustar el desarrollo económico con el desarrollo cultural, para permitir un óptimo desarrollo de fuerzas productivas, era necesario crear mano de obra calificada para ajustarla al desarrollo de la administración del Estado, la producción agrícola, y la creciente industria. Quiero aclarar que no debemos caer en la rechoncha falacia que a día de hoy se sigue diciendo acerca del desarrollo que logró el dictador Maximiliano Hernández Martínez, progreso y desarrollo son parte de la concepción burguesa que hace ver las estadísticas favorables de la fiscalización estatal y la eficiente productividad capitalistas como sinónimos de bienestar general, cuando nunca es así, en la época de Maximiliano Martínez hubo explotación, hambre, opresión y sangre.
Hasta el momento se han hecho tres reformas educativas, además de 1940 se hizo otra en 1968 y la última en 1995, no obstante, subsisten a día de hoy los niveles de enseñanza creados con el nacimiento de la Universidad de El Salvador, UES: educación primaria, media y superior[4], más la educación parvularia no contemplada formalmente al inicio.
ATRAMEC fue creado en 1979, pero fue hasta noviembre de 2009[5] cuando logra obtener la personalidad jurídica como sindicato de empleados públicos.
Es importante saber que el ATRAMEC, contemporáneo tuvo un cambio sustancial a partir del 2015, con el cambio de Junta Directiva Nacional, después de un periodo de tiempo de más de tres décadas en manos de una burocracia sindical[6]. También es bueno traer a colación que para ese momento el Gobierno, que estaba bajo la administración Cerén-FMLN, con quién en ese mismo año se estableció la negociación de un aumento del 20 % que debía darse de la siguiente manera: 5 % en 2015, 8% en 2016 y finalmente 7% en 2017. Sucede que cuando se obtuvo esté acuerdo, la negociación fue ejecutada por el ex secretario general Carlos Henríquez, seudosindicalista pro partido gobernante, en el año 2016 el Gobierno se echó para atrás y no dio muestras de cumplir lo negociado, el aumento no fue reflejado en el presupuesto de Educación y la mesa negociadora de las autoridades con representantes sindicales se había transformado en una instancia de dilatación, por lo que fue necesario recurrir a la lucha, una semana de cierre en Plan Maestro dio como triunfo un aumento al salario base de $60 dólares, pese a que una semana antes la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó al Gobierno ponerle frenos a los escalafones de Educación y en Salud donde los y las trabajadores no corrieron con la misma suerte.
ATRAMEC junto a las demás organizaciones pertenecientes a la Íntergremial[7] de Educación en el 2016, sufrieron la agresión de un grupo de choque afín al partido gobernante de ese entonces, La intergremial de Educación, entonces compuesta por ATRAMEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales, inició protestas el día lunes 30 de enero a raíz de flagrantes violaciones a la libertad sindical por la entonces directora de la Departamental de Educación en La Paz, culminando el día 4 de febrero con el desalojo violento perpetrado por una turba de activistas del partido gobernante, apoyados por la PNC y PDDHH.
Estos son algunos de los episodios más destacados en este periodo de consolidación del proceso democrático, reforzado por episodios de la lucha y defensa de la principal organización sindical de empleados administrativos de la cartera de Educación.
Con el cambio de administración, se quedaron por costumbre aquellas negociaciones colectivas favorables al sindicato, uno de ellos es los permisos del 60% del tiempo para miembros de Junta Directiva Nacional con el propósito que puedan dedicarlo a actividades sindicales y un 40% para miembros dirigentes seccionales. Este es un derecho consuetudinario conquistado durante la gestión presidencial anterior y como tal ha tenido que negociarse con la administración Bukele-NI-GANA, tanto en Plan Maestro como en todos los departamentos por cada seccional.
Es primordial que se conserve de cara al futuro la tradición de la acción de vigilancia realizada durante estos años, ya que no se deben admitir la reducción de las prestaciones, ni creer en las invocaciones presupuestarias de las autoridades a través de políticas austeras en menoscabo de los empleados públicos de Educación. La Cartera de Educación debe tener un presupuesto de cara al progreso educativo del país, lo cual implica enfoques para el personal, así como en infraestructuras, es necesario oponerse siempre a todas aquellas destinaciones que lleven a engordar la burocracia con sobresueldos y prevendas. Observemos que el presupuesto presentó crecimientos graduales en los años 2018, 2019 y 2020, parte del presupuesto 2021 reflejó las prestaciones salariales conquistadas por el gremio de docentes y sector administrativo, defender dichas conquistas es también defender una función social del Estado[8]. Del presupuesto 2021 se destinaron recursos para cubrir el 100% del escalafón Docente y Administrativo; contratación de 80 docentes de los Centros de Desarrollo Infantil del ISNA; fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia; Programa de Inversión para la reducción de brecha digital en Centros Escolares, que comprende la dotación de computadoras a alumnos de todo el sistema educativo, y mejoramiento de escuelas en todo el territorio nacional, esto no debe apreciarse como una regalía por parte del Ejecutivo, sino como frutos de los arduos trabajos organizativos unitarios llevados a cabo por la Intergremial de Educación en todo este tiempo. Es una tarea sindical el estar año con año vigilante de las propuestas presupuestarias y de participar en su discusión dentro de las esferas públicas.
Presupuestos en los últimos tres años para el MINEDUCYT:
2019 $ 997. 16 millones (3.71 % PIB) |
2020 $ 1,039. 74 millones (3.75 % PIB) |
2021 $1,320.4 millones (5 % PIB) |
II. El cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales en el MINEDUCYT
Para entender cuál debe ser el cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales dentro del MINEDUCYT, debe individualizarse el caso concreto, ya sea cuando se trate de un Empleado que ocupe una plaza administrativa-tecnica, servicios profesionales o docentes. En el primer caso como a todas las plazas sujetas a Ley de Salarios es la Ley del Servicio Civil, la que regula las relaciones laborales, en el caso de los docentes les es aplicable una normativa especial como lo es la Ley de la Carrera Docente, pero además existen otras que en materia laboral pueden ser aplicadas. Siguiendo la jerarquía normativa[9] aplicable de manera genérica, podemos basarnos según el siguiente orden no taxativo.
o Constitución de la República.
o Convenios 87, 135, 151.
o Ley de Servicio Civil.
o Ley de Salarios.
o Reglamento del Escalafón.
o Código de Trabajo (por contrato individual de trabajo).
o Disposiciones Generales del Presupuesto.
o Ley General de Educación.
Como ya se dijo anteriormente, dentro de Educación, es el Escalafón Administrativo, quien desarrolla la carrera administrativa conteniendo además la estructura salarial acorde a los niveles, grados y segmentos; y estructurados según niveles de clasificación.
II.I Caracterización contractual.
A día de hoy la Educación en El Salvador, sigue siendo una cobertura social del Estado, quien para poder llevarlo a cabo, requiere de la contratación de personas naturales a través de la Administración Pública, dando como resultado el florecimiento de relaciones laborales entre el MINEDUCYT y el personal contratado en Educación. Para tales fines se han creado regímenes de contratación previamente determinados por Ley de Salarios y por el Reglamento del Escalafón, este último establece la Carrera Administrativa dentro de la rama de Educación.
Al acaecer los elementos de la relación laboral: subordinación, remuneración y prestación de servicios, surgen derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos: MINEDUCYT y las personas naturales contratadas o vinculadas por diferentes regímenes de contratación que, son de cinco tipos en los cuales valga la redundancia no todos parten de un nombramiento establecido por Ley de Salarios.
Las formas de contratación deben hacerse según lo establece el art.25 del Reglamento de NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), de este modo se contrata a través del Fondo General de la Nación, posteriormente se basará por la nómina de contratos del Sistema de Ley de Salarios y Contratos, administrados por la Dirección encargada de la administración del recurso humano, para el ingreso a la carrera administrativa es obligación que la nómina haya sido presentada después de prueba de idoneidad efectuada por la Comisión de Servicio Civil según lo exige el art. 12 literal d y art. 20 Ley de Servicio Civil. Finalmente deberá convenirse según los regímenes contractuales establecidos de manera específica por el art. 31 del Reglamento del Escalafón. Es preciso advertir que el listado de la remuneración mensual según la categoría salarial debe ser de conocimiento público de conformidad al art. 10 número 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los regímenes contractuales en el MINEDUCYT son los siguientes:
- Plazas de trabajo establecidas por Ley de Salarios.
Aunque si bien, todos los pertenecientes a estos regímenes forman parte del Escalafón administrativo, solo quienes pertenecen a este gozan de estabilidad laboral para formar parte de la Carrera Administrativa establecida en el art. 219 CN y cuyas relaciones de trabajo las regula por excelencia la Ley de Servicio Civil.
- Contratos personales permanentes.
Para el caso de los contratos personales, son quienes son contratados mediante un contrato individual de trabajo conforme al art. 2 CT y por ende las relacione laborales deben de regularse conforme a las disposiciones del Código de Trabajo el cual regula las relaciones laborales del sector privado.
- Servicios profesionales.
De conformidad al art. 83 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el MINEDUCYT está facultado para realizar contratos administrativos por servicios profesionales o técnicos, para determinado proyecto o actividad administrativa o educativa. Siempre y cuando el tipo de función no sea de carácter permanente o que sea similar a una determinada por Ley de Salarios.
- Planilla de jornal.
Es necesario saber que la doctrina laboral existen principalmente tres tipos de contrato individual de trabajo: indefinido, fijo y obra o labor. Posteriormente vienen los regímenes salariales donde aparecen aquellos por destajo o también llamados jornales, Dicho lo anterior, cuando nos refiramos a Planilla de Jornal debemos deducir que ineludiblemente existe un contrato a plazo de acuerdo al art. 26 CT donde la forma de pago pactadas es según el art. 126 literal e, puesto que existe un proyecto u obra determinada.
- Contracción por CDE.
Para efectos de contratación, los Consejos Directivos Escolares, deben entenderse como patronato, como tales son definidos en el art. 67 de la Ley General de Educación como un ente colegiado, gestor y administrador de los servicios educativos. Los CDE son integrados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: El director de la escuela (Presidente y representante legal), tres padres de familia (uno es el tesorero), dos maestros (uno es el secretario) y dos alumnos. Los miembros son elegidos, por votación secreta, en asambleas generales de padres de familia, maestros y alumnos respectivamente para un periodo de dos años, excepto el director a quien la Ley de la Carrera Docente le otorga el cargo de presidente y permanece en el mismo mientras dure su encargo. Es necesario saber que la vía de contratación es mediante CDE pero el tipo de contrato es diversificado y con anomalías contractuales. El gremio de trabajadores CDE en 2016 inició la reivindicación para que este sector pase a Ley de Salarios. Muchos afiliados de ATRAMEC están vinculados laboralmente mediante este tipo de contratación.
Habiendo visto los regímenes contractuales antes desarrollados, es importante observar los contratos través de los CDE pues allí se generan anomalías contractuales, al estar fuera de la carrera administrativa el vínculo de relaciones laborales, el contrato individual de trabajo ha de ser regulado por el CT, justo es aquí cuando pueda darse una violación laboral en contra de la persona trabajadora, al haber sido negado al derecho de permanencia en el cargo, aun cuando la naturaleza del trabajo es de carácter permanente no obstante le es impuesto plazo, por si fuera poco se reportan casos donde se desnaturaliza el vínculo laboral mediante un Contrato Civil como Servicios Profesionales, cuando en realidad en dicho contrato tienen que ser aplicables las disposiciones contenidas por el CT y otras leyes de la legislación laboral vigente. Situación que probablemente puede presentarse en otros regímenes contractuales por lo que se recomienda que se organice, proyecte y gestione desde ATRAMEC un Procedimiento de Supervisión de Contratos. Además que, muchas de las disyuntivas colectivas ya mencionadas o por mencionar podrían solucionarse mediante la constitución de un Convenio Colectivo de Trabajo, aunque ahora parezca romántico, la lucha unitaria puede hacerlo posible si se proyecta.
III. - Instrumentos auxiliares del sindicato
El Derecho a la libertad de asociación sindical y profesional, es un derecho colectivo de trabajo que faculta la constitución de organizaciones sindicales, para de empleados públicos en el MINEDUCYT, sean docentes o administrativos gozan de los mismos derechos colectivos.
La negociación colectiva es una de las extensiones del ejercicio de la Libertad Sindical, como tal goza de reconocimiento constitucional (art. 47 CN), además existen convecciones y legislación secundaria que faculta a las organizaciones sindicales a tener autonomía y legitimidad para negociar con la patronal, en todos aquellos asuntos intrínsecos de las relaciones laborales.
ATRAMEC aguerrió y resistió con heroísmo los embates patronalistas y políticas neoliberales de la Gestión Cerén-FMLN, aunque sufrió sin embargo eso le proveyó cuadros gremialistas formados al calor de la acción colectiva del sindicato, pero lastimosamente no tuvieron la habilidad de continuar bajo la misma consonancia organizacional, para el periodo 2020-2021 quedaban solamente dos cuadros sobrevivientes de aquel heroico grupo que derrocó a la burocracia sindical, al respecto existen dos aspectos a considerar, uno favorable y otro adverso, pues mientras que por un lado se refrescó democráticamente la dirección, no obstante se carece de proyección clara que permita la estabilidad de cuadros sindicalistas, perdiendo con ello consistencia en la dinámica de negociación colectiva que es de carácter permanente.
III.I los medios de comunicación como herramientas de formación.
Los errores del pasado deben ser la oportunidad de sanear debilidades inmediatas para garantizar un mejor futuro, por ello para enrumbar aspectos meramente de estructura organizacional, es necesario establecer procesos formativos de cara a tecnificar tanto al dirigente como al sindicato mismo, para ello asegurar que la Escuela Sindical responda a los fines estrictamente gremialistas, esto no debe verse como virada a la mezquindad y/o aislamiento sectario, sino como parte de las tácticas que amorticen una función primordial como lo es la capacitación y formación de cuadros en aquellos temas de interés general y específico, pues una escuela sindical no debe ir en contrasentido a las necesidades de la organización. La escuela debe circunscribirse como la entidad somática que auxilie a las secretarias de Comunicaciones y; Educación y Cultura, de manera que robustezca las intervenciones necesarias dentro de la coyuntura o situación programática. Las temáticas a tratar deben ser heterogéneas y multidisciplinarias siempre y cuando resulten útiles y pertinentes a los propósitos de la organización sindical y de la cartera de Educación.
También es recomendable dadas las situaciones sanitarias que nos ha dejado la pandemia causada por el COVID-19, que escapa a nuestra voluntad, y aprovechando la factibilidad de medios electrónicos y redes sociales, desde la Escuela sindical debe arrogarse la creación de un Canal en YOUTUBE, FAN PAGE o PODCAST donde se logren publicar pródigamente capsulas, entrevistas, ponencias, etc, de manera que la no presencia física no impida el cuidado de formación y educación del afiliado y dirigente.
Además de la Escuela Sindical, es necesario la creación y ejecución de un proyecto de socorro jurídico, para lo cual el punto de partida puede ser mediante el servicio de Horas Sociales de estudiantes de la Carrea de Ciencias Jurídicas sin importar la universidad de proveniencia, pues debe haber apertura para estudiantes interesados en apoyar y formarse en el campo practico del Derechos Laboral.
IV.- Propuesta de plataforma reivindicativa.
Para efectos de orden a continuación se presenta la diferenciación de aquellas reivindicaciones o defensas gremialistas de aquellas en donde se involucra toda la clase trabajadora salvadoreña, para lo cual se dividirá en Problemáticas generales y Problemáticas Especificas, sobre esto último es de entender que en muchos aspectos puede ser amplio sin embargo limitado al gremio de Educación. Sin lugar a dudas surjan más, pero aquí enumeramos las que son contemporáneamente más prominentes.
IV.I Problemáticas generales.
Para poner el tema económico sobre la mesa es necesario extraer algunos sucesos que anteceden.
Las gestiones del FMLN arrancaron en plena cris capitalista mundial, durante sus diez añosde Gobierno, no pudieron elevar el crecimiento económico significativamente arriba del 2% anual, lo que le fue objeto de críticas de parte de su principal oposición parlamentaria de ese entonces, Bukele al asumir su mandato, además del bajo crecimiento económico y crisis fiscal se encontró con la Pandemia del sarscov-2, en su gestión pese a insistir discursivamente de manera positiva sobre la economía país, lo cierto es que de acuerdo a El Banco Central de Reserva (BCR), confirmó que El Salvador cayó en recesión económica al sufrir una contracción de -10.2 % en el tercer trimestre del 2020 debido a la pandemia del covid-19. El BCR confirmó que El Salvador cayó un -10.2 % en el tercer trimestre por causas del covid-19. Mientras que para 2021 se esperaba que el país tenga un incremento, pasando del -8,9% al 4.50%, según datos proporcionados por el FMI.
Según publicó la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), mdel Ministerio de Economía, la Canasta Básica Alimentaria superó en 2020 el costo más elevado de los últimos 19 años. El estancamiento económico nutre el endeudamiento del Estado por un lado y carga de la crisis sobre la clase trabajadora por otro. El actual Gobierno, pese a haber sostenido un discurso radicalmente volcado contra el FMLN y ARENA, es continuador de los seis Gobiernos neoliberales de la posguerra, pues no pretende incrementar los impuestos a los capitalistas (salvo aquellos que representen su oposición política), sino reducir los beneficios y conquistas sociales que los trabajadores han logrado tras años de lucha. Una de estas conquistas es el Escalafón, que se aplica a los trabajadores públicos, especialmente en salud y educación.
IV.II Otros indicadores.
Desempleo: cada año se necesitan al menos 55,000 puestos de trabajo formal, pero este año se necesita generar 39,000 más, debido a todos los empleos perdidos tras el cierre de más de 3,500 empresas.
“Esto significó que la masa total de salarios de los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se contrajo en $205 millones acumulado a octubre, comparado con el año anterior. En el sector privado se perdieron $305’’, de acuerdo a Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en el informe de coyuntura económica del último trimestre de 2020.
Según dicho informe, la mayor pérdida de empleos fue en “comercio, restaurantes y hoteles” con 16,382 plazas menos, seguido de la industria (-9,964), profesionales y técnicos (-7,095), servicios (-6,367), y construcción (-3,962)
Inversión Extranjera Directa (IED): al tercer trimestre de 2020 fue $232.6 millones, disminuyendo -38.5% comparado con 2019; lo que ubica a El Salvador en el cuarto lugar en Centroamérica, superando únicamente a Nicaragua ($155.9 millones).
IV.III Pensiones.
La lucha por las pensiones es una lucha dirigida contra el empresariado lucrado con la administración de las cotizaciones de trabajadores tanto del sector público como privado, y expuesto a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, la presión hacia los diputados requiere de movilización ineludiblemente. Esta es una reivindicación general que requiere necesariamente coordinación con todas las organizaciones sindicales del país, al respecto es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Primero se debe fijar con claridad qué tipo de reforma necesitamos, al respecto es pertinente saberla recomendación es que debe derogarse el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), pues es un sistema acorde al modelo neoliberal el cual da vida a las aseguradoras de pensiones y que es necesario derogar mediante la vuelta a un clásico sistema de reparto basado en la solidaridad, cualquier reforma que maquilla al SAP es por sí misma un parche al enorme problema. La lucha tiene que girar en torno al fortalecimiento del INPEP, ISSS, y otros institutos previsionales especiales. Pues la previsión y seguridad social es tema de interés general, para eso se tienen que establecer puntos de acuerdos en torno a actividades y pretensiones claras, pues nada debe quedarse dentro de las argollas dirigentes, cualquier propuesta tiene que ser planteada, discutida y aprobada por las partes integrantes de la unidad programática.
IV.IV Empleos y salarios dignos
El 12 de marzo de 2007 una sentencia de la CSJ reconoció al Salario Mínimo como un derecho humano. La clase trabajadora salvadoreña tiene el segundo salario mínimo más bajo de América central, solo superado por Nicaragua, sobre todo muy por debajo de Costa Rica quien tiene el mejor salario mínimo de C.A donde el salario es un poco menos desalmado: US $ 500.
Volviendo a El Salvador el último donde aumento se realizó en 2016 entrando en vigor el 1 de enero de 2017. Desde entonces, el salario mínimo para comercio y servicios es de $300 al mes, $295 para maquila y textil y $249 para el sector agrícola. Las tarifas del salario mínimo son fijadas por el Consejo Nacional del Salario Mínimo y como tal está facultado a evaluar un posible aumento el cual puede ser revisado cada tres años de conformidad a los art. 155 y 159 CT, como vemos, estamos ante el tiempo apropiado para una revisión pero como obstáculo tenemos un ambiente marcado por la pandemia, no obstante previo a la excusas del empresariado no se debe dejar de tomar en cuenta que el incremento actualmente no se apega al costo de vida.
Como ya dijimos la decisión de aumento recae en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien siempre toma en consideración aspectos económicos que correspondan fundamentalmente al interés del Capital. Si bien la canasta alimenticia en El Salvador es la más baja del ITSMO con US$199.73 al mes para una familia de cuatro miembros, sin embargo no debe dejarse de observar que en 2014 era de US$192.58 al mes, evidentemente hay un gradual crecimiento que aunque es moderado no deja de ser cada año un incremento al fin, que ronda los US$7.15.
A la reapertura económica pos cuarentenas en El Salvador le sobrevinieron aspectos negativos para la clase trabajadora, como lo son: suspensiones contractuales, pérdidas de empleos, etc, que vinieron a sofocar aún más las paupérrimas condiciones de empleo que proporciona la empresa privada, quien desde hace un tiempo viene configurando ipso facto modelos nocivos en cuanto a las condiciones contractuales, como lo son la Flexibilidad Laboral y la Tercerización del empleo, las organizaciones sindicales que intervienen en las relaciones donde existe un contrato individual de trabajo tienen una deuda histórica y muchos tareas por cumplir afín de erradicar tales maniobras capitalistas. La mayor dinámica en la economía local no está pujada por los sectores primarios y secundarios sino por el terciario donde según la OIT los Servicios Generales representan el 60% del mercado laboral, este viraje paradigmático dio como consecuencia que las contrataciones de manera consuetuda se efectúen por empresas que contratan por vía OUTSOURSING. Lo cual significa EL detrimento de empleos dignos, carece la estabilidad laboral y priman condiciones de empleos muy malas donde existen posibilidades de sindicalización. A ello es necesario proponer una Ley que regule erradique la tercerización y flexibilidad y regule adecuadamente las subcontrataciones.
IV.V Ley de la función pública o reformas a Ley de servicio civil.
Una medida neoliberal que logró ser detenida de la gestión anterior fue la Ley de la Función Pública, cuyo contenido violentaba amplios derechos laborales, que dejaba en derogación tácita a la Ley de Servicio Civil. Pero el peligro sigue estando latente.
El ultimo anteproyecto de ley inicialmente inquiere el establecimiento de las bases para la carrea administrativa, el inconveniente no es esto, sino en cómo lo pretende hacer, sobresale la exigencia de la calidad del talento humano de quien labore para el Estado, he aquí un punto de controversia y es que la misma exige un nivel de educación técnica y profesional, lo desfavorable es que no se plantea la apertura de mecanismos para los empleados que no lo son se puedan formar, lo cual hace temer que se den despidos por ese motivo.
Aparte de esto, ajusta la regulación para obligar a que las contrataciones de personal en las instituciones públicas se basen en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente, siguiendo lo que la misma ley expone, y el tamiz para llevarlo a cabo son dos instituciones de Derecho Público: el Tribunal de Servicio Público y las Unidades de Administración del Talento Humano. Al primero le compete ser la autoridad para dirimir conflictos laborales entre otros, y el segundo la contratación y promoción de personal.
En el anteproyecto no aparece nuevamente las garantías que permitan la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables en el Tribunal, y más aun reafirma que los tres poderes del estado nombraran a los integrantes de dicho Tribunal, cuando deberían ser los empleados públicos quienes nombrar y elegir directamente a sus representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes, no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los intereses de los trabajadores.
Solo de esta manera se podrá hacer posible la independencia de clase de los sindicatos respecto a los gobiernos y de las injerencias política partidarias de la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de Ley de la Función Pública no contempla la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran laborando temporalmente. Por el contrario establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral. En su lugar los sindicatos en resistencia a la ley deben continuar oponiéndole la propuesta de una reforma a la Ley del Servicio Civil vigente desde 1960, la cual quedaría en derogación tacita al aprobarse y promulgarse la Ley de Servicio Público.
IV.V.I Características de una reforma neoliberal
Bukele y los seis Gobiernos neoliberales que le anteceden tienen en común el apegarse fielmente a las agendas de remoción del Estado en armonía al modelo Neoliberal. Toda reforma neoliberal tiene la peculiaridad que, hace primar el predominio de lo privado sobre lo público, en esta medida hace posible la reducción del aparato estatal ósea de la administración pública, así como, el desarrollo de una política de privatizaciones de la empresa pública, lo que readecua las proyecciones de desarrollo centralizado, direccionándose en la Administración Pública, en sus estructuras, funciones, procesos y recursos, y fijando objetivos de racionalidad, productividad y eficiencia pero a coste del sacrificio de los empleados públicos quienes echan andar toda la actividad del Estado.
Esta propuesta presentada con diferentes nombres conserva en todas sin embargo las características inherentes de toda reforma neoliberal dentro de la administración pública, al inyectar los valores empresariales: competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Para ello se usan programas y acciones parte de un proceso permanente de planificación administrativa, como por ejemplo lo fue el Plan de Desarrollo Económico y Social durante la gestión anterior. Esto lleva a la reducción del aparato estatal bajo el supuesto que se logrará mayor eficiencia, el Estado vive bajo el influjo político contante de hacer menguar su lado social, sin tocar no obstante el monopolio de la amenaza y violencia, así se impone el mercado donde principian los intereses de clase. La apología del eficientísimo y la introducción en el servicio público de los criterios y prácticas empresariales, personifican las partes integrantes que implican racionalizar al máximo los recursos humanos y económicos del aparato estatal. Por tal razón no puede dejarse de menoscabar que la defensa de derechos y de las instituciones públicas encierra necesariamente el planteamiento de proponer reformas alternas al neoliberalismo.
La Propuesta de ley en mención desde el inicio ha sido vociferada por sus propulsores, mediante la elucidación que los servidores públicos en la actualidad son están contaminados de ineficiencias, son poco profesionales e incapaces, por lo que la esta reforma envuelve la readecuación de las relaciones laborales en el ámbito público, obstruyendo la contratación permanente de nuevos servidores públicos bajo el régimen de la carrera administrativa, debido a que por encima de todo permitirá una reducción gradual del aparato estatal para reducir gastos, en este caso es importante destacar que los espacios dejados por los trabajadores indebidamente cesados han de alguna manera ser substituidos por otros, aquí es donde preocupa que los nuevos contratados estén fuera de Carrera Administrativa, ya que si para tal fin se crean asocios públicos privados facultados de forma hábil para contratar ello daría como resultado la flexibilización y tercerización de ciertas funciones; permitiendo que sea posible un modelo mixto de contratación.
De esta manera, se vislumbra en la Clasificación de Servidores Públicos (art.12), el Personal Temporal , con un contrato seis meses y con una sola prorroga más de contrato, pierde su propia condición de trabajador, pues, esta clasificación hace del contrato temporal algo de naturaleza civil y no laboral, por tanto, no tiene reconocido un derecho que como trabajadores deben tener como lo es la estabilidad laboral. Los sindicatos opuestos a la reforma han propuesto que en lugar de la aprobación de esta ley, se reforme la Ley del Servicio Civil, sin embargo a dia de hoy no existe una coordinación unificada, donde se discuta ampliamente este tema y tenga una propuesta común hecha por las organizaciones aglutinadas en ella; toda ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores públicos debe pasar por la aprobación de los mismos, por lo cual el actual anteproyecto de Ley de Servidores públicos debe ser sometido a votación de los trabajadores públicos. Esta propuesta de Ley ha perdido fuerza durante la actual gestión pero no debe dejarse de fiar en este mutismo.
IV.VI Problemáticas específicas.
Los asuntos intrínsecos del sindicato no precisamente significan marchar separadamente de la unidad sindical con la que se esté relacionado y mucho menos con la organizaciones con quienes se tiene vínculos por la intergremial de Educación, aunque existen aspectos específicos no obstante impere es importante contar con las muestras d solidaridad y acompañamiento de organizaciones cercanas.
IV.VII Reforma de estatutos.
Sí revisamos los ESTATUTOS y los retratamos con la realidad, tropezaremos con lo descontextualizadas que están las secretarías, se nos presenta la necesidad de dotarle al sindicato organismos que cumplan los objetivos y fines del mismo.
En esta línea de consideraciones se enlista como primera recomendación incorporar una atribución más para Junta Directiva, la cual consiste en: dar orientación al funcionamiento y contenido de todos los medios de difusión del sindicato, pues no puede operar la Secretaría de Prensa y Propaganda de manera separada de la dirección general, sino más bien debe extender en su campo de acción lo emanado desde la Dirección, a su vez debe elevar toda correspondencia intrínseca y extrínseca y no reservársela ni operar por su propia cuenta.
IV.VIII Reforma educativa
Es necesario enumerar los siguientes puntos en comuna seguir con las demás organizaciones que componen la intergremial de Educación, tomando en cuenta que en algunos casos la participación de ATRAMEC es únicamente de acompañamiento, pero sin dudas amplias reformas tendrán como consecuencias modificaciones a nivel contractual en favor general abarcando también al sector CDE.
La reforma inicia con una reforma a la Ley General de Educación en su art. () y () de la Ley de la Carrera Docente, para la modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en las normativas y estatutos que regulan la revisión del escalafón laboral. Ello arroja cambios impulsados en la estructura salarial del sector, al mismo tiempo que la incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los docentes. Las políticas curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación del desempeño docente, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en tanto redefinen y desconcentran la arena de negociación entre sindicatos, empleados administrativos, docentes y Estado. Los fundamentos curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación educativa, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarles como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar, por tanto es importante apoyar al magisterio nacional en la búsqueda de soluciones a la cultura neoliberal inserta en el sistema educativo, pues un docente enseñando también es un obrero trabajando.
IV.IX Reforma al escalafón
Los actos de corrupción corroen la gestión del gasto social del Presupuesto General de la Nación, situación que empeora cuando se desestima la capacidad de recaudación tributaria a la hora de aprobarlo, pues el déficit fiscal tiene incidencias en él, por lo que la asimetría Presupuesto General más la poca recaudación puede llevar a empeorar la crisis fiscal, pero los trabajadores no son los culpables de esta tales situaciones, la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo quien tiene que plantear políticas públicas de recaudación fiscal que no necesariamente favorezcan al empresariado local quien debe pagar impuestos conforme a sus ganancias, estas circunstancias empeoran cuando por un lado de manera concreta no existen políticas económicas de inversión, y hay poca transparencia en el manejo de fondos públicos que es una constante común del sistema. Por lo que jamás los empleados públicos deben aceptar recortes salariales ni escalafonarios. El actual Gobierno hereda la crisis fiscal dejada por sus antecesores, al afrontarla debemos exigirle que adopte medidas que protejan a los trabajadores públicos del creciente deterioro de los niveles de vida, sin importar el tinte del Gobierno de turno los sindicatos deben continuar luchando por la defensa de su escalafón y no permitir imposiciones inconsultas como lo realizado en la gestión Cerén-FMLN en Salud.
Toda reforma a plantearse debe ir en sentido progresivo, en cuanto al escalafón del MINEDUCYT, el Escalafón a doce años de su promulgación requiere ser revisado afín de modificar aquellos artículos que no concuerdan con la realidad, la primera reforma a plantear es en el art. 1 donde debe incorporarse a los CDE, al formar parte de la Ley de Salarios, también formarán parte automáticamente de la Cerrera Administrativa.
La forma que utiliza el MINEDUCYT para la valoración de los puestos de trabajo es la Valoración por Puntos, un método cuantitativo el cual se basa en características del puesto de trabajo que para estos casos son los factores, y la intensidad de ellos son llamados. Este método es el mejor evaluado por la OIT al considerarlo el mejor apropiado para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Los factores en el Reglamento son los determinados por el art. 13: La responsabilidad; La solución de Problemas, La competencia, el factor que no aparece determinado pero que se encuentra tácito y el cual es base para la determinación de grados es el de Trayectoria. A estos es necesario agregar un factor más como lo es el de PELIGRO, pues la evaluación debe estar acorde a la Seguridad e Higiene en los puestos de trabajo, máximo cuando ya se tiene la experiencia de la pandemia. El sistema de clasificación figura como el proceso de clasificación de puestos que dan pie al establecimiento de la estructura base de la gestión de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y resultados de cada uno de los recursos del MINEDUCYT, aquí es necesario modificar en lo referente a los grados, se deben reformar los art. 28 y 29, pues la estructura tiene que elevarse de grado once al quince y el incremento tiene que ser del 8% cada tres años.
IV.X CDE a Ley de salarios.
Desde que implementaron los Consejos Directivos Escolares y los Consejos Directivos (CDE) y los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE), como forma de contratación le acontecieron mixturas de violaciones a los derechos laborales contra trabajadores contratados por dichos organismos. Con la implementación de dichos organismos so pretexto de la descentralización o modernización, el ministerio se deslindó de la obligación de cumplir con la ley y los derechos establecidos para los trabajadores de ese sector y trasladarle a los CDE la responsabilidad.
A este punto se debe saber que las autoridades del Ministerio de Educación son quienes formulan el presupuesto de esta cartera de Estado y quienes asignan los fondos a las Departamentales y a los Centros Escolares, así también, son ellos quienes les transfieren lo fondos para el funcionamiento y el pago de salarios.
Históricamente a este sector de trabajadores han sido los gobiernos anteriores, quienes en concreto les han violentado sus derechos. Los trabajadores desde el 2014 organizadamente vienen exigiendo el cumplimiento al pago del salario mínimo, prestaciones de ley y la absorción a Ley de salarios.
Para 2021 debido a que la lucha coincidió con la campaña de las elecciones municipales y legislativas, los Diputados aprovecharon para mostrase ante los trabajadores como redentores, emitiendo recomendables para que la Ministro de Educación y Ministro de Hacienda, realicen Reforma a la Ley de Salarios en el Ramo de Educación.
Por su parte las autoridades del MINEDUCYT, a sabiendas de la maniobra han mostrado estar a favor de dichos recomendables y del proceso de absorción pero amarrado a una mayor asignación presupuestaria.
Los Diputados a pesar de haber sabido que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto, les dijeron a las autoridades que presenten la iniciativa de Reforma a la Ley de Salarios donde se pretende crear las plazas para los trabajadores contratados por medio de los CDE.
No existe discusión respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto educativo que permita el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y donde todas las persona que trabajan en Educación gocen plenamente de los derechos laborales.
La absorción de los trabajadores contratados por los CDE no debe estar amarrado a mayor presupuesto debido a que los salarios de dichos trabajadores son pagados con fondos que ya están presupuestado y que se asignan a los presupuestos escolares de cada centro, lo cual es contemplado en el Presupuesto General de la Nación.
Las autoridades del Ministerio tramposamente han argumentado no tener datos pretendiendo hacer otro censo por tercera vez a nivel nacional, implica el atraso de al menos 6 meses en elaborarlo, ello dilata la lucha y la incorporación a Ley de Salarios.
A pesar que los fondos fueron asignados en el presupuesto la mayoría de trabajadores contratados por los CDE no recibieron sus salarios por más de cinco meses durante la pandemia por el COVID-19, debido a que los CDE estaban en acefalia, ya sea porque no habían elegido a sus nuevos representantes o porque había vencido el periodo de los Directores.
Lo anterior solo demuestra la incapacidad o desinterés por parte de los directores departamentales y de otros mandos. Fueron los sindicatos del Ministerio quienes alertaron y denunciaron por la situación por la que estaban pasando dichos trabajadores. Ni a este ni a los anteriores gobiernos les ha interesado el problema.
A los trabajadores contratados por los CDE se les paga con fondos del presupuesto escolar, desarrollan trabajo de carácter permanente, tienen un jefe, cumplen con un horario diario, sus actividades son de vital importancia para que los centros escolares funciones, no son plazas nuevas, cumplen con las condiciones para ser incorporados a Ley de Salarios y por ende a la; todos los trabajadores de los CDE deben ser trasladados al sistema de ley de salarios.
La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”. Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones". La anterior fue aprobó el día 15 de octubre 2020 con 66 votos de los 84 Diputados.
La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP) y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de salarios que han sufrido los trabajadores contratados por CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales prorrogaron la validez de las actuaciones de los CDE hasta el 31 de diciembre del 2020.
Dado que la Constitución de la República en el Articulo 133 da la exclusividad de iniciativa de Ley a “… Diputados, Presidente de la República por medio de sus Ministros, Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial,…Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales,…” las organizaciones sindicales, que buscan la aprobación de una Ley o modificaciones de las mismas; necesariamente están obligados a requerir de la ‘’ayuda’’ de los diputados de los diferentes partidos que integran la Asamblea Legislativa, que para el periodo 2021-2023 estará dominada por el oficialismo.
Al respecto los trabajadores de los CDE deben estar claros que independientemente de la filiación política que cada uno como ciudadano tiene derecho, la falta de pago de sus salarios les afectaba por igual. Por lo cual es necesario anteponer el interés de la clase trabajadora a los intereses de las cúpulas partidarias.
V. -Prospectivas de cara a la intervención de conflictos.
Llegado el momento en el que la persona trabajadora ha sido violentada en alguno de sus derechos laborales, seguridad social o aunque no tengan matiz laboral pero se hayan suscitado en el centro de trabajo, la organización sindical debe aplicar un protocolo de atención con el propósito de intervenir con brevedad en la solución del conflicto, para tal fin a continuación se propone una guía de atención según sea el asunto por tratar. Para lo cual se usaran los criterios siguientes:
a) Cuando sean de carácter individual. b) Cuando sean de carácter colectivo. c) Acosos. d) Derechos de seguridad social. e) Problema entre compañeros de trabajo. |
V.I Cuando sean de carácter individual.
Todas las personas contratadas en el MINEDYCYT independientemente del vínculo contractual en que se encuentren, tienen Derechos tales como el salario, asueto, aguinaldo, entre otros y a no recibir discriminación por los representantes de la patronal. Cuando el acceso y disfrute de esos Derechos es objeto de restricción o condición en parte o en todo, estamos en la presencia de un conflicto individual de trabajo que deberá ser atendido por la Secretaría de Actas y Conflictos de ATRAMEC tomando en consideración como punto de partida lo siguiente:
- según las personas involucradas
Aquí es donde se debe levantar un acta incorporando los sujetos de la desavenencia, es decir el o las personas afectadas y el jefe o responsable de la unidad, puestos de trabajo, lugar, hora.
Agrupar o separa a todas aquellas involucradas con la misma raíz de conflicto.
- Según el agravio causado.
Al calificar el agravio también es necesario evaluar la instancia donde dirigirse en caso no haya posibilidad de solución pacifica de manera extrajudicial. Conviene corroborar el régimen contractual en el que se encuentra la persona trabajadora, para posteriormente determinar conforme a los hechos en concordancia con el equipo técnico en materia jurídica la dimensión del daño.
- Plan de intervención.
Se debe proponer a la Junta Directiva una salida dirimida en instancia administrativa o judicial cuando no haya podido ser resuelta por la vía de negociación directa, hecho esto se delegará a responsables a intervenir en representación de la persona empleada.
V.II Cuando se susciten por un conflicto colectivo.
Antes de todo vamos a recalcar que debe evitarse caer en la confusión con los conflictos pluri-individuales que aunque involucren a muchas personas, sin embargo no deja de ser un conflicto de carácter individual pues tiene como raíz un Derecho Subjetivo del contrato individual o del acto de nombramiento, mientras que los conflictos colectivos propiamente dichos los determina la Ley y solo pueden ser según su naturaleza: Jurídicos o de Derecho y; Económicos o de Intereses. Es decir, no se determina un conflicto colectivo por la pluralidad de sujetos involucrados.
Antes de acudir la instancia administrativa, se recomienda que haya una reunión de conciliación con un mediador objetivo, a la reunión se deberá anexar la petición escrita de lo que se quiere. Previamente hubo de haber existido asambleas informativas, boletines, etc. de manera que se hizo del conocimiento tanto a empleados como autoridades del conflicto, así como se giró orientaciones pertinentes a apoyar la causa perseguida.
Si se lograron acuerdos, estos deberán siempre tener la firma de compromisos con los representantes patronales, sino deberá acudirse siguiendo el mismo modo de la delegación de responsables en los conflictos individuales.
V.II Acosos
El acoso en sentido genérico es un comportamiento manifestado a través de acciones, conductas o tratos producidas por un agente externo no deseado que desequilibra el estado emocional y moral en quien lo recibe. Ahora bien, cuando nos referimos al acoso para la materia que nos toca, abordaremos los dos tipos de acoso que más frecuentemente se suscitan en los centros de trabajo; estos son el acoso laboral y el acoso sexual.
ACOSO LABORAL.
Para la OIT el acoso laboral es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados. Lo anterior, significa que las situaciones de acoso laboral se sustentan con las relaciones de poder en el elemento de subordinación, ejerciéndose ya sea en cargos de jefatura, así como rangos laborales similares o inclusive ambos. También se le conoce popularmente con el anglicismo Mobbing el cual hace referencia a acciones y tratos hostiles que le impiden a la persona trabajadora cumplir con la contraprestación de sus servicios de manera normal. Nuestro Código de Trabajo no habla expresamente sobre el acoso laboral, no obstante tácitamente lo aborda por ejemplo en el art. 56 que trata del “despido indirecto o encubierto”, establece que cualquier hecho depresivo o vejatorio para el trabajador-entiéndase todo situación de opresión o maltrato-realizado por el patrono o sus representantes, debidamente probado, podrá estimarse un despido (terminación de contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono), condenando el Juez al patrono a pagar al trabajador una indemnización en la cuantía y forma establecida en la ley.
Algunos casos que pueden considerarse como hechos depresivos o vejatorios que indica el Artículo anterior, son: Cuando el patrono, en el lugar de trabajo, comete en contra del trabajador, actos que lesionen gravamen su dignidad, sentimientos o principios morales; malos tratamientos de obra o de palabra, por parte del patrono o jefe de la empresa o establecimiento en contra del trabajador o en contra de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que el patrono o jefes conocieren el vínculo familiar, entre otros.
Para afrontar casos de acoso laboral, es necesario identificar en primer lugar la acción, conducta o trato desde la jefatura que ha dañado el desempeño normal de las labores de la persona trabajadora, con esto se levanta acta y se propone una salida conciliada o intervención administrativa del MINTRAB, o de ser posible de la judicial. Nunca debe admitirse al acoso como una forma natural de presión del cumplimiento de deberes, todo lo contrario se tiene que luchar por erradicarlo.
ACOSO SEXUAL.
El acoso del tipo sexual es ante todo, una manifestación de violencia de índole sexual que se suscita a través de las relaciones desiguales de poder que envuelve a su vez discriminación de género, siendo más común que la víctima sea una mujer y el agresor el hombre, no obstante puede que en ocasiones sea el hombre la víctima y la persona agresora del sexo opuesto e inclusive puede ocurrir que agresor y agredido sean del mismo sexo.
Para la materia que nos ocupa, abordaremos el acoso sexual que se realiza dentro del ambiente laboral. El patriarcado es un régimen de poder que según lo registrado es el que más ha perdurado en la historia, cuya existencia data de hace más de seis mil años, se volvió capitalista hace trescientos años con las revoluciones burguesas y la caída del sistema medieval, la mujer proletaria en este tiempo ha debido afrontar la lucha contra la opresión y desigualdad de género a su vez contra el capital que explota a la clase trabajadora en su conjunto pero la mujer ha corrido con ciertas desigualdades respecto al hombre tanto en la producción como en la participación política, lo cual se ha ido emparejando conforme a las luchas feministas, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en el 2019, en El Salvador las mujeres representan el 52.9% de la población. La igualdad en todos los campos conlleva inhibita la lucha contra las prácticas agresoras que por antaño se han normalizado, no estamos solo por la igualdad en sí, sino además contra todas las manifestaciones de violencia de género donde el acoso sexual se expresa como parte de las relaciones desiguales de poder en la producción.
Respecto a la regulación del derecho a trabajar en un ambiente libre de esta toda agresión sexual en El Salvador, partiremos según el principio de jerarquía constitucional con el reconocimiento constitucional del art. 2 CN a la libertad como un derecho fundamental de la persona, y en ese sentido, y de conformidad con el Art. 1 de la Constitución-, es obligación del Estado salvadoreño asegurar a todos los habitantes sin distinción alguna el goce de este derecho, posteriormente la misma Constitución da a los tratados y convenios un rango superior, donde tenemos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el Convenio n.º 111 sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación (C-111 OIT) y el Convenio n.º 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores [y las Trabajadoras] (C-155 OIT). En cuanto a la normativa secundaria nos iremos a: la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de El Salvador; la Ley del Servicio Civil y el Código Penal, esta última cobra mucha relevancia ya que el acoso sexual es un delito penal en El Salvador y se castiga con una pena de prisión de 3 a 5 años. La pena de prisión se puede extender de cuatro a ocho años si la víctima es menor de edad, es decir, menor de 15 años. La obligación de observancia del ambiente laboral libre de este tipo de violencia inicia con los empleadores quienes deben aplicar políticas, programas de sensibilización y tomar medidas preventivas en materia de violencia contra la mujer y el acoso sexual, sus representantes son quienes en la práctica ejecutarlas y por último el mismo personal debe allanarse y vigilar ante cualquier abuso.
La Política de Relaciones Laborales del Órgano Ejecutivo, hace referencia a que las instituciones adopten y apliquen políticas de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral, así como a designar un área funcional de las ya existentes dentro de la institución que sea responsable de atender a las víctimas de acoso laboral y sexual, recibir y tramitar las quejas, monitorear constantemente y colaborar, en su caso, en las investigaciones y sanciones.
Existen determinados mecanismos tanto administrativos como judiciales a dónde acudir cuando se es o se sabe acerca de una víctima de acoso sexual, las instancias a dónde acudir, es necesario tomar en cuenta que en cuanto al área penal solo es la última ratio cuando se sospecha que no existe una instancia más adecuada si se trata de una agresión grave y que solo mediante esta dirección deban atenderse sus formas y efectos.
Vías administrativas:
- Procuraduría General de la República
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
- Tribunal de Servicio Civil
- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISMEDU).
Vías judiciales:
- Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
- Tribunales con competencia penal
El papel de ATRAMEC en este rol de protección al personal del MINEDUCYT ante cualquier manifestación de acoso sexual es el de vigilancia, medio para canalizar las denuncias, acompañamiento y el de brindar asistencia a las víctimas.
V.III Problemas entre compañeros de trabajo
De la misma manera que el compañerismo y la fraternidad generan armonía, luego pueden ocurrir circunstancias ambivalentes que la cercanía la convierta en situaciones de fricción. Los empleados comparten mucho tiempo en el centro de trabajo, en equipo o desarrollando tareas que afectan en cascada al trabajo de sus compañeros, por lo que pueden surgir en el día a día, varias luchas de competencias profesionales o desencuentros por motivos personales y surgir conflictos entre compañeros ellos.
¿Cómo resolver los conflictos entre compañeros de trabajo?
Tanto desde el punto de vista del centro de trabajo como desde del trabajador, resolver un conflicto entre compañeros de trabajo es algo muy delicado que se debe gestionar con sumo cuidado y con gran inteligencia emocional.
Para ello es necesario tomar en consideración lo siguiente:
1.- Según la dimensión del problema
Para determinar la intervención del sindicato en el problema, primero hay que localizarlo y a continuación, evaluamos la gravedad del conflicto entre empleados y hasta donde ha abarcado, las personas involucradas, sexo, edades.
2.- Una vez detectado, para determinar la gravedad del conflicto, se observa y se clasifica atendiendo a las siguientes características:
- Conflicto en potencia: los trabajadores implicados son conscientes de que existe un problema entre ellos y es necesario detergerla, uno, o más deberán notificar por escrito sobre la situación a la Secretaría de prensa y propaganda afín que pueda hacer del conocimiento a la Secretaría de Actas y Conflictos, para ponerle fin al problema potencial.
- Conflicto experimentado: los trabajadores implicados sin llagara grandes dimensiones se han mostrado hostiles entre sí. A diferencia del conflicto en potencia, los empleados no han hecho público su conflicto.
- Conflicto abiertamente declarado: El entorno sabe del problema entre compañeros, no se ocultan y cada vez más se teme empeore.
Dependiendo del nivel de gravedad del conflicto, la estrategia y gestión para que sea solventado requerirá la propuesta de acudir al local del sindicato donde se llevarán a cabo las sesiones que sean necesarias afín de limar asperezas o sanear asuntos. En todo lo anterior se utilizarán los formalismos de los conflictos individuales.
VI Anexos.
ORGANIGRAMA MINEDUCYT 2021.
UNIDAD |
N° de Empleados |
DESPACHO MINISTERIAL |
16 |
VICE DESPACHO DE EDUCACIÓN |
5 |
VICE DESPACHO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |
5 |
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (UCPE) |
9 |
UNIDAD COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCA |
6 |
UNIDAD DE TRANSFORMACION DIGITAL |
3 |
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL |
78 |
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA |
19 |
DIRECCION DE PLANIFICACION |
65 |
DIRECCION DE COMUNICACIONES |
24 |
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA |
27 |
DIRECCION DE CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |
37 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
143 |
OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA |
9 |
TRIBUNAL CALIFICADOR |
16 |
TRIBUNAL DE LA CARRERA DOCENTE |
8 |
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |
22 |
BECAS FANTEL |
13 |
UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL |
5 |
DIRECCION NACIONAL DE GESTION EDUCATIVA |
81 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR |
41 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA |
42 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUACION BASICA (I Y II CICLO) |
42 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA (III CICLO Y MEDIA) |
63 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS |
40 |
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y PROGRAMAS SOCIALES |
54 |
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INN |
115 |
DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E |
43 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE AHUACHAPAN |
102 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA |
196 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SONSONATE |
146 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO |
143 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD |
160 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN SALVADOR |
433 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CUSCATLAN |
77 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ |
129 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CABAÑAS |
87 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE |
113 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE USULUTAN |
156 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL |
223 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MORAZAN |
106 |
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA UNION |
91 |
Referencias bibliográficas
1. INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CÍVICA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JULIO 2010 A JULIO 2011.
2. El horizonte intelectual de la reforma educativa salvadoreña de 1940: pedagogía activa y ciencias HUMANAS. - Carlos Rodríguez Rivas CENICSH.
3. Guie 4 sobre Derechos y deberes Laborales de las y los Servidores Públicos.
Referencias periodísticas
Periódicos nacionales:
El Diario de Hoy
La Prensa gráfica
Diario el Mundo
Referencias electrónicas
Portal de Transparencia - El Salvador
El Socialista Centroamericano - Inicio (elsoca.org)
[1] Predominó hasta iniciado el siglo XX.
[2] Se origina a finales del siglo IXX y a inicios del XX.
[3] El Sistema Educativo como tal nace con la Constitución de la República de 1832, bajo el Primer Decreto de Enseñanza Primaria. Guillermo Aguilar Avilés. Reforma Educativa en Marcha, Un Vistazo al Pasado de La Educación en El Salvador. Documento 1. Ministerio de El Salvador. P. 14.
[4] El desarrollo del capitalismo a escala mundial en la filosofía de la historia de Marx: difusionismo y tradición crítica
5 Decreto Ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841.
6 Diario Oficial, TOMO N.º 385, Numero 219 de fecha 23 de noviembre de 2009.
7 Para comprender este concepto es necesario saber que nos referimos a una categoría que se debe aplicar a lugares y periodos de tiempos diferentes, y que como tal es una forma de organización sindical sujeta a variaciones que no es perpetua, depende siempre de las relaciones de fuerza entre los actores sociales, de la lucha de clases, y de las categorías estructurales: Régimen, Estado y Gobierno.
8 Un antecedente de lucha unitaria lo encontramos en La Ínter-gremial de Trabajadores Salvadoreños, constituida en 1991, la cual estaba constituida por cinco grandes organizaciones: La Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), la Unidad de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) además, la Alianza Democrática Campesina (ADC) está vinculada a la Inter-gremial a través de sus organizaciones campesinas afiliadas a la vez a la UNTS o a la UNOC.
9 Dicha defensa ha implicado la tarea de oponerse al constante acoso de las políticas neoliberales tendientes a limitar la intervención del Estado en materia de Educación en contraste con la descentralización de sus funciones y servicios, el programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) de 1991-2011, fue el pivote que permitiría la conexión de las políticas racionales dentro del MINED.
[9] Significa que existe una supraordenación de rangos donde la validez de todo el sistema jurídico salvadoreño depende de su conformidad con la Constitución de la República, seguido por los Convenios y Tratados Internacionales, posteriormente podemos situar la legislación con leyes generales y especiales en materia laboral.
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Costa Rica
Por Olmedo Beluche
El amigo, colega y compañero de luchas sociales y políticas, Roberto Ayala Saavedra, ha publicado un ensayo titulado “Dialéctica individuo – sociedad. Una sociología para el cambio social”, con el cual contribuye al esclarecimiento de un problema que hace al meollo de la epistemología, la teoría y el método de las ciencias sociales. Roberto aborda este tema recurriendo a la esencia del método marxista, superando los habituales enfoques unilaterales cargados hacia una de las dos partes de la ecuación.
El ensayo que comentamos se suma a las dos publicaciones anteriores de Roberto Ayala y que habían causado un impacto positivo entre el público lector, compuesto del medio académico, pero también del activismo militante, principalmente en Costa Rica y Panamá, donde es más conocido. En 2016 publicó “Marxismo y globalización capitalista”, y en 2022, “Sociología histórica del torrijismo”.
Ambos libros, en su versión digital, están disponibles para consulta en la página electrónica del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá.
Este tercer ensayo publicado por Roberto Ayala lo coloca, sin lugar a duda, y al margen de cualquier valoración subjetiva, como uno de los pensadores marxistas más lúcidos de la región centroamericana. Marxismo forjado en la militancia política en corrientes del socialismo revolucionario panameño, brasileño y costarricense.
Por supuesto, complementado con los respectivos estudios académicos y autodidactas. Porque, como alguien me dijo hace tiempo, el verdadero marxismo no se aprende en las universidades, sino en la lucha política del movimiento obrero y socialista.
Pero conviene aclarar de partida que este libro no es un panfleto, sino que muestra una lectura profunda de los diversos enfoques teóricos de las ciencias sociales, desde Weber a Bourdieu, pasando por Luckmann a Bauman; del sicoanálisis de Freud al constructivismo de Piaget; de Kant y Hegel, entre otros.
El texto polemiza sobre todo con el individualismo metodológico (IM) de la teoría de la “elección racional”, que es la base teórica de las concepciones de la economía llamada neoliberal. No es una discusión meramente académica-intelectual, es parte de la tarea de mostrar el extravío intelectual y político de la economía dominante.
Contrariando al “individualismo metodológico”, Roberto nos recuerda que: “No hay “individuo”, hay individuo social”. No existe un supuesto individuo abstracto que toma decisiones racionales con arreglo a sus intereses. Existen individuos concretos, que han sido formados en sociedades concretas, bajo la influencia de instituciones, estructuras y valores determinados, y que deben desenvolver sus vidas (decidir y actuar de acuerdo con su razonamiento) pero bajo ciertas condiciones que ellos no han creado y que les condicionan.
Pero tampoco se trata, como pretende cierto objetivismo positivista durkheimniano o estructuralismo sausseriano, de individuos simplemente pasivos y receptores de los condicionamientos sociales, sino que, con su actividad práctica (praxis) estos sujetos influyen, construyen y pueden a su vez modificar las condiciones sociales heredadas.
Se trata de una relación “dialéctica” como aclara desde el título Ayala entre los dos factores de la ecuación individuo-sociedad. “Entonces, no sólo somos un producto de la sociedad, también producimos, reproducimos y podemos transformar, la sociedad”, nos dice.
Roberto Ayala nos conduce a un aspecto esencial del enfoque del materialismo histórico, frecuentemente olvidado por cierto marxismo mecanicista, que aparece formulado por Carlos Marx en sus “Tesis sobre Feuerbach” (Tesis III): “La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, …, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado”.
Para Marx, como para Roberto Ayala, el individuo es un sujeto activo, dotado de una conciencia subjetiva capaz de guiar su acción para influir sobre su medio natural y social. Pero cambiar las condiciones objetivas heredadas es algo que el individuo no puede hacer solo, necesita a sus pares, a sus congéneres, a otros seres humanos. Porque las circunstancias que puede modificar una voluntad individual son muchísimo más limitadas que las que puede cambiar una voluntad colectiva.
“No hay acción colectiva sin individuos, pero el grupo, para ser posible, obliga al individuo a negociar y comprometerse con objetivos que ya no son exactamente los propios, sino del consenso, en base a intereses definidos por la posición social (clase, estatus)”, nos dice Roberto Ayala.
Otra reflexión interesante que aborda el libro es la relación entre individuo – libertad – sociedad: “Una sociedad que sataniza el interés individual no tiene futuro. Una sociedad que se basara exclusiva o incluso principalmente en el egoísmo y la competencia, no tendría presente. Y de hecho nunca ha existido. Sería una contradictio in terminis”, dice Ayala.
La afirmación anterior desmiente tanto a los totalitarismos políticos de la modernidad (fascismo o estalinismo), que pretenden el sacrificio de toda aspiración o criterio individual en función de un supuesto interés colectivo, definido desde el poder; así como desmiente el mito liberal (muy norteamericano) de un individuo que no necesita de la colectividad y que puede vivir al margen de ella.
Lo cual también nos lleva a otra reflexión: un mundo social donde las estructuras sociales se imponen sobre los individuos, como una ley de hierro, convirtiéndolos en meros títeres, haría de la realidad algo mecánicamente predecible, teleológicamente programada, no habría espacio ni para la imaginación. Por el contrario, un mundo donde los individuos actuaran cada uno movido por sus simple interés subjetivo y egoísta sería un todo caótico del que no se podría esperar nada.
Solo esta perspectiva dialécticamente influyente entre lo individual y lo social produce el espacio para la actuación de estructuras sociales que obedecen a una lógica racional (no necesariamente justa) y los actos individuales y colectivos que pueden transformar los hechos. Esa subjetividad siempre presente es lo que hace que lo social, la historia, sea siempre un libro abierto, dando lugar a la sana incertidumbre, descartando toda teleología y determinismo, en el que, a lo sumo se pueden avizorar las tendencias futuras como posibilidades o como “deber ser”.
“Ya Spinoza y Hegel reconocen la libertad como conciencia de la necesidad, contra el subjetivismo empirista; o sea, para ser libres, hay que comprender las condiciones físicas y sociales en que vivimos; para transformar el mundo hay que comprender el mundo. Podemos transformar el mundo, pero primero hay que comprenderlo, lo cual supone acceso a recursos culturales. Y en eso consiste la relación dialéctica libertad-necesidad, o la tensión individuo-sociedad, o libertad-condicionamiento. El curso de los acontecimientos depende de qué prevalezca, si las coerciones/disciplinamientos (interiorizados) o la acción emancipadora”, nos dice Roberto Ayala.
La ciencia social como herramienta de comprensión de la realidad y como instrumento de previsión futura de los acontecimientos debe: por un lado, superar los esquematismos positivistas que pretenden que todo el análisis se reduce a la captación de datos empíricos, que explicarían las “leyes naturales” de estructuras o sistemas sin sujetos; así como, por otro lado, debe superar del individualismo metodológico (I. M.) que afirma que solo existen sujetos particulares guiados únicamente por sus pasiones racionales o instintivas.
“El enfoque individualista analítico, como recurso, ha de ser integrado en una perspectiva dialéctica. La tesis de este trabajo es que no puede ser la base para una teoría general de la sociedad, de la totalidad social compleja en devenir; es un momento de la dialéctica individuo-sociedad. A partir de ahí, la incorporación de la imprescindible contribución del I.M.”, concluye el autor.
Antes ha afirmado que “… la construcción del conocimiento científico consiste en aproximaciones sucesivas, de carácter asintótico. El concepto no pude agotar lo real porque lo real es infinito…, el avance del conocimiento, en la medida en que se incorpora en la práctica, modifica el mundo. De modo que el horizonte se desplaza. Las distintas teorías en competencia deben poner a prueba su poder explicativo, presentándose ante el tribunal de la realidad. No en una concepción simplonamente empirista, sino armadas de un sólido aparato teórico-metodológico. Una buena teoría, que ha superado diversas y prolongadas pruebas, se convierte en la base para una acción racional sobre el mundo. (…) No hay nada más práctico que una buena teoría”.
En fin, recomendamos este libro, “Dialéctica individuo – sociedad. Una sociología para el cambio social”, no solo a quienes estudian desde las ciencias sociales, sino también a quienes combaten desde las trincheras sociales y políticas al sistema capitalista, porque para vencer se requieren también las armas de la crítica a la ideología pseudocientífica de la clase dominante.
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Panamá
Por Olmedo Beluche
Te miro a veces, Patria,
como un túnel
de cruces y burdeles,
como un golpeado muro de cantina.
Espectros insaciables,
cual brujas mitológicas,
chupan tu sangre pura,
cortan tu sangre humilde,
tus manos temblorosas como pétalos.
José Franco
La ciudad de Panamá cumple 500 años de fundación, que bien pueden ser más, porque este aniversario pasa por alto que, mucho antes que llegara Pedrarias Dávila, ya existía allí una protociudad o aldea indígena, de cuyos habitantes no sabemos casi nada por esa “colonialidad del ser”, como diría Aníbal Quijano, por la cual se pretende borrar todo aquello que no sea la cultura que impusieron los colonialistas europeos.
Como si antes de Pedrarias, y del 15 de agosto de 1519, no hubiera nada allí. La verdad histórica es que pocas veces se fundan ciudades o se hacen caminos que las experiencias de generaciones pretéritas no hayan probado como buenos. Las ciudades que se fundan y perduran nunca son completamente nuevas, sino que ya antes ha habido gente ahí.
En la Historia General de Panamá, el propio Alfredo Castillero C. ha dicho: “Los orígenes de la ciudad de Panamá están oscurecidos por una nube de incertidumbres, ambigüedades e imprecisiones. Suele aceptarse como fecha de la fundación de Panamá el 15 de agosto de 1519. Sin embargo, de todas las crónicas y textos de la conquista, la única fuente que respalda esta fecha es la de Pascual de Andagoya”.
¿Por qué los españoles eligieron este lugar? La versión que ha prevalecido, dada por nuestro principal historiador del período colonial, Alfredo Castillero Calvo, es que era una pequeña aldea de pescadores, y que fue el hambre la que impuso el lugar, ya que aquí se “cosechaban” abundantes almejas.
Pese a lo dicho por Castillero, intriga una cita del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, aparentemente refiriendo palabras del propio Pedrarias: "el cacique que agora es de Panamá se dice Cori. Este e todos sus antepasados son grandes fundidores de oro e maestros en labrarlo e hacen allí muy gentiles piezas; y como todos cuantos caciques hay en su contorno y de lejos de su provincia cuando quieren labrar algunas piezas de oro e facer algunas cosas sutiles van allí, tienen ya por costumbre de gran tiempo decir que el oro que tienen lo traen de Panamá; y así preguntando a cualquier cacique que el oro que tiene de donde lo trae, responde que de Panamá. Toda la fama es de Panamá, aunque cójenlo ellos en sus mismas tierras, porque en Panamá no se coje ningún oro ni lo hay".
Si creemos esta versión, no se trataría de una simple aldea de pescadores, sino un pueblo de orfebres, que trabajaban artísticamente el oro de otras regiones porque aquí no había minas. Por ende, el “hambre” que atrajo a los españoles no sería simplemente fisiológica, sino el ansia de riquezas. Voracidad por el oro que nació desde que Cristóbal Colón y sus huestes, durante su cuarto viaje, en la costa caribeña del Istmo de Panamá, se percataron de la abundancia de oro con que se adornaban sus habitantes originarios.
El rey Fernando, “el católico”, al ordenar el viaje de Pedrarias y la construcción de una ciudad a orillas del Mar del Sur, lo hizo motivado por dos objetivos que dan cuenta del carácter del sistema mundo capitalista (Wallerstein) que estaba naciendo: la búsqueda de un paso de un mar a otro, para sostener la expansión comercial hacia el oriente; y la búsqueda del oro, del que el Rey recibiría su “quinto”, agente primordial de la acumulación originaria capitalista europea (Marx).
La “conquista” del Istmo de Panamá constituyó un paso definitivo en el proceso de concreción de esa primera globalización, de ese sistema mundo capitalista que, con algunas transformaciones persiste hasta el día de hoy. El asentamiento de Santa María La Antigua del Darién, el “descubrimiento” para los europeos del Mar del Sur, y luego la fundación de la ciudad de Panamá, constituyeron el puente necesario del comercio mundial y de las relaciones de dominación imperialistas, que perduran hasta hoy.
Ese año de 1519 fue decisivo en el parto del nuevo “sistema mundo capitalista” (Wallerstein): comenzó la conquista del imperio azteca por parte del sanguinario Hernán Cortes; Magallanes inició su vuelta al mundo, en la que murió ajusticiado por indígenas del Pacífico Sur, pero que concluyó Elcano; un año antes el Rey Carlos I autorizó la “importación” masiva de esclavos africanos al “Nuevo Mundo”; y se fundó a orillas del Pacífico la ciudad de Panamá, como punta de lanza para la conquista del imperio incaico y las tierras de Centroamérica. El mundo se hizo redondo y más chico desde entonces.
Pero no fue una unidad global basada en la equidad, la fraternidad y la concordia, sino todo lo contrario, nació un mundo partido en dos, entre conquistadores y conquistados; entre colonizadores y colonizados; entre dominadores y dominados; entre explotadores y explotados.
El drama que padecieron los habitantes de aquella aldea, de orfebres o pescadores, los habitantes primigenios de Panamá, que fueron primero esclavizados, saqueados, anulados demográficamente y conducidos a la “zona del no-ser”, fue el mismo destino que tocó a decenas de millones en todo el mundo, gracias a ese “gigante de barro y sangre” (Marx) cuyo parto pasó por aquí, el sistema capitalista mundial.
Así tenemos que la ciudad colonial fundada por Pedrarias fue la ciudad “tansitista”, no solo porque por aquí pasaron mercaderías, personas, oro y plata, sino porque da cuenta de un modelo social que se impuso, por el cual los múltiples caminos que unían el Caribe y el Pacífico fueron sustituidos por un solo eje, Panamá – Nombre de Dios, o Panamá – Portobelo, o Panamá – Colón, controlado y al servicio de una potencia extranjera, al cual se supeditó la vida y la economía de todos sus habitantes (Guillermo Castro).
Los primeros 150 años de la ciudad, llamada La Vieja, hasta que muriera calcinada a consecuencia de una mala decisión tomada por el pavor ante la inminente llegada del pirata Henry Morgan, no fueron como lo cuenta la leyenda oficial, todo lleno de oro refulgente, ferias y prosperidad. No. También la ciudad padeció hambrunas reiteradas producto de ese determinismo “transitista” por el cual aquí no se producía casi nada y todo lo que se comía se importaba.
Desabastecimiento que se elevaba a verdaderas crisis y “hambrunas” cuando la amenaza de la piratería forzaba a los barcos a quedarse en sus puertos. Castillero marca los siguientes años como críticos en la provisión de alimentos: 1570-71, 1615, 1625 y esporádicamente en las décadas de 1640, 1650 y 1660.
Destruida Panamá “La Vieja”, con el incendio y la toma de Morgan en 1671, su hija, Panamá “La Nueva”, fundada el 21 de enero de 1673, tuvo mejor suerte con los abastecimientos y no pudo nunca ser tomada nuevamente por los piratas. Sin embargo, fue una ciudad que nació dividida por las murallas, separando a sus clases sociales: los criollos y gachupines, con sus esclavos domésticos dentro de ella; las llamadas castas, libertos, indígenas, negros, fueron excluidos de la ciudad y condenados a vivir en su entorno extra muros.
Además del “apartheid” social, la nueva ciudad tuvo un inicio difícil. Durante cien años languideció agotada por los nuevos incendios y por la desaparición de las Ferias de Portobelo, la crisis del “transitismo”, y el cambio de la ruta del oro y la plata hacia Buenos Aires, hoy capital de la Argentina.
La ciudad se vació hasta tener menos de 4,000 habitantes. Los que no se fueron a otras partes más prósperas del imperio español emigraron al "interior" del Istmo. Las clases altas fundaron haciendas autárquicas, porque no había mercados a los cuales vender. Muchos de sus habitantes fundaron los pueblos que hoy constituyen nuestras provincias, y se mudaron a ellos. La crisis de la ciudad de Panamá y del transitismo duró un siglo, entre 1740 y 1850 aproximadamente.
Durante todo el período colonial, y buena parte del período colombiano, los habitantes del resto del Istmo no siempre se sintieron identificados con la ciudad de Panamá. Tal es el caso que, durante este tiempo, “panameños” solo lo eran los habitantes de la ciudad. El resto eran, en todo caso “istmeños”.
La ciudad nueva viene a recuperarse a mediados del siglo XIX, cuando el proceso de surgimiento de Estados Unidos como potencia capitalista nos colocó en su mapa, gracias a la necesidad que tenía de colonizar rápidamente la California que le había arrebatado por la fuerza a México en 1847.
De manera que resurgió el transitismo, esta vez controlado por los norteamericanos, colocando la ciudad en el eje del “Gold Rush”.
Pero el renacimiento del Camino de Cruces, las recuas de mulas y los bongos duró poco, pues fue prontamente suplantado por la Panama RailRoad Company, la cual construyó sus propios rieles, estaciones y una nueva ciudad en el caribe que sustituyó a Portobelo, la ciudad de Colón, que pasó a ser el otro polo del tránsito. La ciudad se reanimó pero sus habitantes perdieron el control sobre el negocio transitista, pasando a ser espectadores al borde del camino por el que pasaba un comercio del que se beneficiaban poco. El Incidente de la Tajada de Sandía expresó en cierta forma ese descontento.
La construcción del Canal Francés (1880-88) y del Canal Norteamericano (1904-1914) mantuvo la importancia transitista de la ciudad, pero con la pérdida del control de la ruta y del comercio. Sólo beneficios a cuenta gotas se derramaban del vaso de la riqueza del capitalismo financiero naciente. Aunque uno de los principales beneficios que se obtuvo no fue muy apreciado al principio: el aporte cultural y humano de la masa de trabajadores migrantes que llegaron, que hicieron de la ciudad una metrópoli cosmopolita.
Panamá se convirtió de nuevo en una ciudad escindida. Esta vez estaba dividida por una cerca de ciclón, y no por un muro, que separó a los habitantes de la Zona del Canal, que vivían la prosperidad que el imperialismo yanqui les podía garantizar, lejos del resto de los panameños que habitaban “este lado de la cerca”. Pero a su vez, dentro de la propia “zona” se aplicaba un “apartheid” que separaba a los “zonians” blancos, de los “coloreds”, no solo salarialmente (gold roll y silver roll), sino también en barrios segregados (Pedro Miguel, Paraíso).
Fueron los descendientes de ese coctel genético producido por los migrantes afroantillanos, mezclados con las “castas” heredadas del colonialismo español, a los que las clases oligárquicas no querían al inicio de la república, y querían expulsar como “razas indeseables” (Constitución Política de 1941), quienes que lucharían incansable y generacionalmente contra el sistema excluyente de la Zona y por la soberanía en todo el territorio, bajo el grito de “Una sola bandera, un solo territorio”, cuyo clímax fue la gesta Heroica del 9 de Enero de 1964 (Patricia Pizzurno).
Ese acontecimiento marcó la historia de la ciudad y del país en dos épocas, iniciando el proceso que llevaría a la desaparición de la Zona del Canal y la recuperación de la soberanía, por intermedio de los Tratados Torrijos Carter de 1977. El último día del siglo XX marcaría ese final.
El siglo XX cuajó la identidad de la ciudad junto con la identidad nacional en un proceso complejo de lucha contra la aniquilación política, económica y cultural a que nos quería someter el colonialismo norteamericano. Una ciudad construida por migrantes, tanto del interior como del exterior. Miles de campesinos pauperizados y sin tierra migraron de las provincias. Los trabajadores provenientes de otros países de la región, aunque en menor medida que durante la construcción canalera, no pararon de llegar.
Decenas de miles harían aquí su morada viviendo sus vicisitudes, sus momentos de prosperidad y los de crisis; sus fiestas y sus duelos; sus traumas políticos y los dramas sangrientos, como la invasión del 20 de Diciembre de 1989, con sus centenares y miles de muertos y heridos.
Panamá La Vieja fue una de las víctimas de la invasión, ya que en el entorno de su plaza mayor se hallaba enclavado un cuartel de las Fuerzas de Defensa, lo que dice mucho de la indiferencia de nuestros gobiernos hacia el patrimonio histórico; así que el área fue bombardeada y abaleada por los helicópteros norteamericanos, antes de dejar caer allí un grupo de paracaidistas. Así que podemos afirmar que nuestra ciudad fundacional ha recibido la agresión militar de los piratas ingleses y de los piratas norteamericanos.
Quinientos años después, la ciudad ha cambiado, pero sigue siendo la misma. La reconocemos por sus marcas de nacimiento, como la torre de Panamá La Vieja, la bahía, el casco antiguo; pero ella también ha cambiado, ya no hay almejas en su entorno, por ejemplo. Su fisonomía cambió bastante, especialmente en el lapso de esta última generación.
Una parte de ella son sus enormes y vistosas edificaciones plantadas a lo largo de la Cinta Costera y su “skyline”, que es lo que solo quieren ver algunos. Pero también son sus profundas arrugas en barrios populares que se extienden de este a oeste y hacia el norte, con sus calles sucias, sus ineficientes servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura, con sus escuelas y hospitales en mal estado.
La ciudad, en últimas, no son sus edificios y sus calles, sino sus habitantes. Algunos de ellos pillos de temer, políticos corruptos y comerciantes ávidos; pero la mayoría aplastante de ese pueblo panameño se caracteriza por ser trabajador, abnegado, solidario, amistoso y feliz, a pesar de los pesares.
Bibliografía
Araúz, Celestino; Pizzurno, Patricia. El Panamá Hispano (1501-1821). Tercera Edición. Diario La Prensa. Panamá, 1997.
Beluche, Olmedo. Historia agraria y luchas sociales en el campo panameño. Colección de Estudios Interdisciplinarios. CIFHU, Universidad de Panamá, 2017.
Castillero, Alfredo. Conquista, Evangelización y Resistencia. Instituto Nacional de Cultura. Colección Ricardo Miró. Premio Ensayo 1994. Panamá, 1995.
Castillero, Alfredo. Historia General de Panamá. Comité Nacional del centenario. Panamá, 2004
Castro H., Guillermo. El agua entre los mares. La historia ambiental en la gestión del desarrollo sostenible. Editorial Ciudad del Saber. Panamá, octubre de 2007.
Cooke, Richard y Sánchez Herrera, Luis Alberto. “El Panamá prehispánico”. En: Historia General de Panamá. Volumen I, Tomo I. Comité Nacional del centenario. Panamá, 2004
Oviedo, Gonzalo Fernández de. Sumario de la Natural historia de las Indias. Colección “Fabio Lozano y Lozano”. Santafé de Bogotá, 1995.http://www.worldcat.org/.../sumario-de-la.../oclc/465694670.
Pizzurno, Patricia. El miedo a la modernidad en Panamá 1904 – 1930. Editorial Cultural Portobelo. Biblioteca de Autores Panameños. Panamá, 2016
Sibaja, Luis Fernando. 2006. El cuarto viaje de Cristóbal Colón y los orígenes de la provincia de Costa Rica. EUNED. San José, Costa Rica.
Wallerstein, Inmanuel. El Moderno Sistema Mundial I. Editorial Siglo XXI. México. 2010.
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Teoría e Historia
Por Manuel Ferrer*
Resumen. En este trabajo se busca indagar sobre las causas del levantamiento, así como las posiciones de todas las partes que se vieron involucradas en el conflicto, de igual forma propone, a la luz de los aportes contemporáneos, un enfoque que profundice sobre los motivos del conflicto que abarcó toda la segunda parte del siglo decimonónico.
Palabras clave: Guerra de Castas, historiografía del siglo XIX y contemporánea, esclavitud, obvenciones.
Abstract
There is a great number of historical work that tries to explain the revolt of the Peninsular Mayans in the Caste War. In light of the recent literature, this paper will investigate the causes of the revolt, and the positions of the different parties. The aim is to provide an in depth investigation of the roots of the conflict and the motivations of the different actors.
Keywords: Caste War, XIX Century and contemporary historiography, slavery, obventions.
La copiosa historiografía sobre la Guerra de Castas en Yucatán ha proporcionado explicaciones muy variadas sobre las causas del alzamiento de los mayas que, sin embargo, rara vez han sido objeto de una reflexión sistemática que sopese los motivos aducidos por los historiadores, los políticos y los intelectuales yucatecos del siglo pasado, así como los móviles que esgrimieron los artífices de la revuelta. El autor de este trabajo, provisto de una buena dosis de audacia, quiere salir al encuentro de esos problemas para tratar de arrojar alguna luz sobre un asunto tan complejo. Con esa finalidad proyecta debatir acerca de la fiabilidad de las interpretaciones que han aportado los estudiosos, establecer el estado de la cuestión y revisar en profundidad la etiología del conflicto. Se intenta, además, acentuar el énfasis en el análisis de las razones proporcionadas por los contemporáneos sobre las causas del conflicto.
El oriente peninsular, cuna de la revuelta: la cuestión de la propiedad territorial
Una evidencia que constituye el punto de partida de cualquier reflexión que quiera llevarse a cabo, viene proporcionada por la constatación de que la violencia se desató en la parte oriental de la península de Yucatán que había sido apenas inquietada durante el dominio español y que se hallaba amenazada entonces por el avance de las plantaciones y la afluencia de inmigrantes.1 Parece, pues, evidente que la expansión de las haciendas y de las plantaciones a lo largo de la primera mitad del siglo XIX tuvo mucho que ver con el estallido del conflicto. En efecto, la propagación del cultivo de la caña de azúcar y del henequén en Yucatán, durante los años que siguieron a la separación de España, se tradujo en la ocupación de tierras que hasta entonces habían permanecido en poder de los pueblos mayas, y agudizó los problemas sociales y económicos que afectaban a la península desde mediados del siglo XVIII, cuando la nueva orientación política de los borbones y el sensible incremento demográfico se dieron la mano para alentar el desarrollo de haciendas ganaderas y de ranchos de cultivos comerciales.
Haciendas y ranchos —y más tarde, en algunas regiones, las plantaciones azucareras— se configuraron como poderosos polos de atracción de muchas familias que abandonaron sus pueblos para pedir tierras en arriendo a los hacendados y encontraron, así, el modo de eludir las obligaciones y tequios que pesaban sobre los habitantes de los pueblos. “Se inició así un largo periodo de transición selectiva por medio de la cual pasaron las tierras comunales a manos de particulares y se dio la transformación de los indígenas libres en sirvientes de las haciendas”,2 a la vez que se intensificaba un programa de desamortización que incluía también las cajas de comunidad y las haciendas de las cofradías.3
Nada tiene de sorprendente, pues, que la mayoría de los contemporáneos y de los historiadores coincida en señalar a la legislación yucateca sobre baldíos, y las consiguientes expropiaciones de tierras comunales en favor de las haciendas y de las nuevas plantaciones, como la causa principal de la sublevación que, iniciada en el oriente peninsular en 1847, iba a prolongarse durante más de medio siglo.4 Así, en junio de 1856, el diputado José María del Castillo prevenía a la representación nacional sobre el peligro de que estallara un nuevo conflicto de características similares al de Yucatán, y se preguntaba: “¿cuál es el origen de la guerra de castas que incesantemente nos amenaza, y que sería el oprobio y la ruina del país, si no es ese estado de mendicidad a que han llegado los pueblos de indígenas?”.5 Ésta es también la tesis que sostiene Howard F. Cline en su importantísimo estudio sobre los orígenes del conflicto, donde explica la guerra principalmente por la enajenación de los baldíos y la expansión de las haciendas azucareras que habían desencadenado un cataclismo, comparable en sus proporciones al desatado en la segunda década del siglo por Hidalgo y Morelos.6
Es indudable que no puede calificarse como indolora la presión que desde 1821 venía ejerciéndose sobre las tierras comunales de parte de criollos y mestizos, liberados de las cortapisas que hasta entonces había representado la legislación española sobre propiedad agraria.7 En este sentido, operaron de modo decisivo dos disposiciones legales: la primera, del 22 de enero de 1821 —ratificada el 24 de febrero de 1832—, que ordenó la enajenación de los terrenos de cofradías, y la segunda, del 3 de abril de 1841, que dispuso la enajenación de los terrenos baldíos.8 Y, sin embargo, como ha observado acertadamente Terry Rugeley, existen indicios suficientes para pensar que el asunto de la propiedad territorial ocupó un lugar secundario en la conciencia de los rebeldes, tal vez porque todavía no había escasez de tierras ni crisis de subsistencias y porque, cuando empezó la guerra, la mayoría de la tierra se hallaba en manos de milperos individuales.9
Fuera cual fuese el orden de prioridades, el problema de la tierra preocupaba a los insurrectos de 1847: por eso lo hallamos presente en el tercer artículo de los tratados de Tzucacab y por ello resulta casi superfluo ahondar más en la consideración de que el reajuste de la propiedad que se operó después de la independencia, alcanzó tal magnitud que justifica sobradamente que muchos estudiosos hayan afirmado que ese proceso marcó el comienzo de una nueva historia para los mayas de Yucatán, que alcanzaría su momento crítico en 1847, cuando estalló el conflicto.10
Las condiciones laborales de los jornaleros mayas: una esclavitud disfrazada
La necesidad de brazos para el cultivo de las nuevas tierras sometidas a explotación dio origen a abusos que, por repetidos, adquirieron el rango de hábitos. Tal debió ser la costumbre de forzar a los indígenas al servicio de los labradores, obligándolos a dejar sus pueblos, o de emplear como peones a los deudores. El ejecutivo estatal intervino para cortar esos atropellos por medio de una circular dirigida a los jefes políticos el 14 de mayo de 1853, en la que se les exhortaba a vigilar para impedir la prosecución de esas demasías y garantizar la libertad en las prestaciones laborales, en conformidad con el decreto del 12 de mayo de 1847.11 El 31 de diciembre de 1855 se reiteró la libertad de los ciudadanos para “prestar sus servicios a la persona que quiera[n] y por los precios que estipule[n] sin coacción alguna”;12 el 23 de marzo de 1863 se declaró vigente la ley del 30 de octubre de 1843 sobre los trabajos de los jornaleros del campo, que el decreto del 12 de mayo de 1847 había derogado;13 y el 18 de agosto de 1863 recuperó vigencia el decreto del 12 de mayo de 1847.14
Por lo que se refiere a Campeche, el gobernador Pablo García hubo de intervenir para cortar los abusos de la misma naturaleza. A ese designio respondieron la ley del 3 de enero de 1868, que prohibía obligar a los sirvientes de las haciendas a la realización de trabajos no remunerados, y la del 3 de noviembre del mismo año, que salvaguardaba mediante cláusulas contractuales las condiciones laborales de los sirvientes del campo, los jornaleros y los asalariados.15
Tan fuerte era el rechazo que sentían los dirigentes de la revuelta maya hacia la imposición de prestaciones laborales forzosas, que una circular fechada el 3 de septiembre de 1849 y firmada por Florentino Chan, Venancio Pec y otros jefes, señalaba como razones decisivas de su pérdida de confianza en Jacinto Pat el hecho de que hubiera establecido la pena de azotes y el servicio de semaneros, “haciéndonos aquello por lo cual nos alzamos contra los blancos”.16
La explotación a que los propietarios de las haciendas sometían a los indígenas inspiró, en los años setenta del siglo XX, una de las más sugerentes explicaciones sobre los orígenes del levantamiento armado de 1847: me refiero a la interpretación de Alicia Barabas y de Miguel Bartolomé, que recurrieron al choque entre la conciencia étnica colonizadora de los ladinos y la conciencia étnica de los indígenas de las comunidades del sur y sureste de Yucatán como factor clave para comprender las causas del conflicto.17 Sin embargo, un planteamiento de esa naturaleza incurre en el riesgo del reduccionismo, al sugerir un esquema bipolar que emplazaría a cada grupo étnico en un único frente, sin prestar atención al hecho indiscutible de que no existió una solidaridad étnica sin quiebras en ninguno de los dos bandos.
La protesta contra las obvenciones
Las obvenciones que se pagaban para el sustento de los sacerdotes, tradicionalmente reguladas por aranceles establecidos por la Corona española, suplían al diezmo de maíz, legumbres, chile y aves, de que estaban exentos los feligreses indígenas de ambos sexos, que tampoco pagaban los derechos de estola a que estaban obligados los demás grupos étnicos.
Esas obvenciones se convirtieron en objeto de controversia tras la expedición del decreto de las Cortes de Cádiz del 9 de noviembre de 1812 —publicado en Nueva España por Félix María Calleja el 28 de abril de 1813—, que abolía los repartimientos y prohibía los servicios personales de los indios,18 los cuales quedaban sujetos a los derechos parroquiales —de mayor cuantía— que satisfacían las demás clases. Los “sanjuanistas” de Mérida convirtieron la demanda del cese de esa erogación en uno de sus más importantes estandartes reivindicativos, persuadidos de que la correcta interpretación de aquel decreto de las Cortes exigía abolir las obvenciones.
Rotos los vínculos con España, la impopularidad de las obvenciones continuaba siendo tal que una de las más tempranas demandas que se hicieron llegar al primer congreso mexicano fue la solicitud que presentaron “varios Señores de Mérida” para que “se declare abolida la contribución general, que los llamados indios estan pagando a sus párrocos con el nombre de obvenciones”.19 Tras la independencia, se introdujeron algunos cambios en el cobro de las obvenciones, que alargaron su vigencia casi hasta la insurrección maya de 1847. El notable sacrificio que el pago de esos impuestos parroquiales exigía a las modestas economías de los indígenas de la península de Yucatán, explica que su eliminación se convirtiera en una de las banderas enarboladas por los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas, después de la formal abolición —en absoluto efectiva en la práctica— que representó la disposición del 17 de junio de 1843.20
La propuesta venía de tiempo atrás: cuando Santiago Imán, capitán de la milicia del estado de Yucatán, fracasó en su levantamiento de mayo de 1839 contra el centralismo, hubo de refugiarse en la selva y allí concibió la idea de implicar a los indios en su revuelta mediante la promesa de supresión de obvenciones, que se formalizó en el acta suscrita el 12 de febrero de 1840, después de la caída de Valladolid en manos de los federalistas.21
Ya en 1848, sometido Valladolid a un asedio que empezó el 18 de enero y que habría de concluir con la caída de la ciudad en manos de los mayas rebeldes, los sitiadores plantearon varias exigencias que debían ser satisfechas para que se levantara el cerco: entre ellas, la reducción de la contribución personal a un real mensual y la reducción de los derechos de estola de la clase indígena a diez reales los casamientos, y tres los bautismos.22 Mientras se había investido al gobernador Santiago Méndez de facultades extraordinarias, en uso de las cuales abolió la contribución religiosa para todos los habitantes de Yucatán y prometió el cese de la contribución personal cuando terminara la sublevación indígena.23
A fines de enero de 1848, José Eulogio Rosado se dirigía a Santiago Méndez desde Peto para informarle de las conversaciones que el coronel Cirilo Baqueiro había mantenido con algunos caudillos mayas. Invariablemente había recibido la respuesta de “que no desean otra cosa que la extinción de la contribución personal de indios y blancos: reducción del derecho de estola, y el castigo de las maldades, que dicen les ha causado Trujeque”.24 No obstante, Rosado estaba persuadido de que esa reclamación encubría otras intenciones: por eso, al notificar al gobernador las frecuentes deserciones que se producían entre los cívicos, lamentaba la ingenuidad de esas gentes, “creídos estos tontos que se dirige el plan de la indiada a sola la extinción de la contribución”. Se explicaba así lo ocurrido recientemente: “mandé a los indios ejemplares del decreto que extingue la obvención, y no hicieron caso”.25
La carta que, con la misma fecha —31 de enero de 1848— envió José Domingo Sosa a Santiago Méndez desde Tekax, coincidía en la misma apreciación: “Estoy convencido como lo están muchísimos, [de] que [la extinción total de contribuciones y la rebaja de los derechos de estola] son pretextos para que logren dividir a los blancos, acabar con ellos poco a poco, que no es otro el programa de ellos”. Ésa era la razón por la que recomendaba una intransigencia extrema: “Es preciso morir antes que cometer la debilidad de quitarles todas las contribuciones”.26
Todavía en 1848, cuando se buscaba afanosamente un camino que condujera a la pacificación en la península, fracasadas las primeras campañas militares de las tropas yucatecas, Jacinto Pat respondió el 24 de febrero desde Tihosuco a las ofertas de mediación de una comisión eclesiástica, presidida por el padre José Canuto Vela e integrada además por Manuel S. González, Manuel Ancona y Jorge Burgos, y otros clérigos.27 Pidió el cese de la contribución que se exigía a los indígenas de parte de las autoridades políticas;28 y, en un tono casi mercantil, regateó el montante de los derechos eclesiásticos: “asimismo te doy a saber, mi señor, que el derecho del bautismo sea el de tres reales, el de casamiento de diez reales, así del español como del indio, y la misa según y como estamos acostumbrados a dar su estipendio, lo mismo que el de la salve y del responso”.29
La segunda carta que recibió Vela de los caudillos de Sotuta, fechada sin firmas en Tekax el 18 de marzo de 1848, contenía una exposición de los motivos que habían llevado a los mayas a tomar las armas y concluía con casi las mismas reivindicaciones que había formulado Jacinto Pat: el cese de las contribuciones y fijación en tres reales y medio los derechos de bautismo.30
La negociación que arrancó de ahí condujo a un primer éxito, que no fue duradero a causa del posterior rechazo de otros jefes insurrectos, más radicales —menos ecuánimes—31 que Pat, que sólo había extendido sus consultas a los comandantes indígenas más allegados.32 No obstante, interesa ahora a nuestro propósito observar que aquellas dos condiciones estipuladas en la carta ocupaban lugar preferente en los tratados de Tzucacab, de abril de 1848, cuyos dos primeros puntos preveían la abolición de las contribuciones personales de los indígenas y la reducción de los derechos por bautismo y casamiento, que serían los mismos para todos.33
Al cabo de dos años, el decreto del 18 de enero de 1850 fijó una cuota como contribución religiosa que habían de pagar todos los habitantes varones de la península y la carta que enviaron a José Canuto Vela, el 7 de abril, José María Barrera y otros seis dirigentes rebeldes que incluía una declaración sobre las razones de su lucha, entre las que sobresalían las reivindicaciones relacionadas con las contribuciones y los derechos de estola, a las que se añadían otras sobre redención de deudas y libertad para sembrar las milpas:
[...] por eso peleamos. Que no sea pagada ninguna contribución, ya sea por el blanco, el negro o el indígena; diez pesos el bautizo para el blanco, para el negro y para el indígena; diez pesos el casamiento para el blanco, para el negro y para el indígena. En cuanto a las deudas, las antiguas ya no serán pagadas ni por el blanco, ni por el negro, ni por el indígena; y no se tendrá que comprar el monte, donde quiera el blanco, el negro o el indígena puede hacer su milpa, nadie se lo va a prohibir.34
En fin, como aseguraron a Manuel Antonio Sierra los jefes Andrés Arana, José María Cocom y otros dirigentes mayas en septiembre de 1851, “si el indígena está peleando, es porque está en contra de la contribución”.35
La legitimación religiosa de la revuelta
Quizá se explique, a partir de las premisas asentadas en los párrafos anteriores, la legitimación religiosa esgrimida por Cecilio Chi, Venancio Pec y José Atanasio Espada, en marzo de 1849, en apoyo de su rebeldía: “Jesucristo y su Divina Madre nos han alentado a hacer la guerra contra los blancos”.36
Victoria Reifler no duda en señalar esa vertiente como un elemento distintivo de la protesta maya, en función del cual puede ser adscrita a los movimientos de revitalización de que habló Anthony Wallace.37 La fuerza renovada que adquirió la revuelta maya cuando, desde el otoño de 1850, se la vinculó al culto de las cruces disipa cualquier duda sobre el papel que los planteamientos religiosos desempeñaron entre los rebeldes, aunque resulte difícil definir la naturaleza de ese resurgimiento de la religión, que tan duradero habría de mostrarse hasta el punto de que, bien entrado ya el siglo XX, las cruces de Quintana Roo y del sur de Yucatán siguieron constituyendo el objetivo preferente del fervoroso celo de muchos de sus habitantes, menos acostumbrados en cambio a la veneración de las imágenes de los santos, tan populares en otros ámbitos de la península.38
Las anteriores aserciones, que fundan la revuelta sobre un carácter sacralizado y, por ende, trascendente y no vinculado a situaciones pasajeras, se ven corroboradas por los mensajes transmitidos, en 1850, desde X-Balam Na (Casa del Jaguar) por Juan de la Cruz: “[...] sabed que no sólo surgió la guerra de los blancos y los indios; porque ha llegado el momento de una insurrección indígena contra los blancos [...]. Porque ha llegado el momento para el levantamiento de Yucatán contra los blancos [...]. Porque ha llegado la hora y el año para concluir con esta gran explotación de mis iguales”.39
La persuasión de que la protección divina garantizaba la victoria sobre los enemigos blancos impregna esa proclama de Juan de la Cruz, quien se expresaba también de esta manera: “porque mi Padre ya me ha dicho, oh vosotros mis hijos, que los blancos nunca ganaran, los enemigos. Verdaderamente esta gente de la Cruz ganará”.40
Antes de que llegara a difundirse esa devoción existen indicios de prácticas religiosas idolátricas en Yucatán, posteriores al desencadenamiento del conflicto maya: a principios de 1848, el capitán Fernando Castillo descubrió en el pueblo de Kancabdzonot “unas figuras de barro adornadas de flores y rodeadas de velas encendidas, a las cuales rendían adoración, cambiando de esta manera, según su modo de pensar, las imágenes de la iglesia a quienes adoraban como a ídolos, por sus ídolos de otros tiempos, que no podían abandonar”.41
Por otra parte, el relato de Serapio Baqueiro sobre las operaciones bélicas desarrolladas entre agosto y diciembre de 1848 contiene una indicación acerca de la peculiar disciplina de los mayas en su observancia del catolicismo. Uno de los jefes rebeldes se servía como capellán de un tal Macedonio Tut, originario del Petén, que había cursado estudios eclesiásticos en el seminario de San Ildefonso, aunque no llegó a recibir las sagradas órdenes, al parecer, por mala conducta. No obstante, Tut ejercía funciones propias del sacerdocio católico y oficiaba con “las vestiduras correspondientes [a] su mentido ministerio”.42
En efecto, el valor de los signos del culto católico se patentiza en el extenso testimonio de Manuel Antonio Sierra de Obella, que trató de cerca a los mayas sublevados durante los largos meses en que permaneció cautivo.43 Sus notas registran la devoción de los indios a la virgen María y el convencimiento de éstos de que Dios castigaría a los blancos y de que Nuestra Señora de Izamal se los entregaría, “por tantos crímenes que habían cometido contra la Iglesia y los Cristos de la tierra”.44 Por eso sobrecoge, por su carga simbólica, la descripción que escuchó Sierra de labios de Francisco Puc sobre el ingreso de los mayas en aquella ciudad, que encontraron abandonada: “entraron un momento, visitaron a la imagen de la Santísima Virgen, a quien pusieron unas monedas por ofrenda, la pusieron de frente al Oriente, e implorando su poderosa protección, se salieron de ella”.45
A principios de 1848, cuando los mayas rebeldes exigían la rendición de Sotuta a los soldados que defendían el pueblo, se desarrolló un diálogo que resulta muy clarificador: nos referimos al escueto parlamento que sostuvo con los indígenas uno de los dos sacerdotes que trataron sobre las condiciones en que debía hacerse efectiva la entrega de Sotuta. En esa conversación se reitera la importancia que poseían los símbolos religiosos: los asaltantes reclamaron las armas, la persona de Domingo Antonio Bacelis, “que nos ha engañado”, y “que nos den a la virgen de Tabi”, que había sido sustraída de su oratorio, enclavado en esta población, y conducida a la iglesia parroquial de Sotuta.46
El aprecio de esa imagen de que hacían gala los sitiadores de Sotuta se entiende mejor si se reflexiona sobre el especialísimo modo en que la devoción a los santos era cultivada por los mayas, que veían en esos intercesores algo más que un recurso para robustecer su fe y obtener gracias del cielo:
Los santos eran suyos —siempre nombrados con el pronominal “ca”, nuestro—; con el propósito y significado de un culto por entero local. También se conservaban imágenes domésticas por razones de piedad tanto como de prestigio social, y porque eran artículos valiosos (frecuentemente adornados y acompañados con nichos o pequeñas mesas) y podían ser vendidos o legados a los miembros de la familia.47
La manera de reaccionar de Jacinto Pat ante la muerte de su hijo Marcelo, herido de bala en acción de guerra, revela otra faceta de la peculiar sensibilidad religiosa de los caudillos mayas, a quienes encontramos casi siempre rodeados de sacerdotes prisioneros y obligados a celebrar los oficios divinos, persuadidos de que esa intercesión les reportaría la victoria. El velorio en honor de Marcelo Pat, expresión genuina del significado de la muerte entre la población maya, discurrió por los cauces consabidos.48 Se celebraron los funerales a los dos días, el 27 de noviembre de 1848, por la tarde, y fueron oficiados por dos clérigos cautivos. Uno de ellos, Manuel Mezo Vales, fue conminado en varias ocasiones por Jacinto Pat a que avivara su fervor para garantizar la salvación del joven: “Tata Padre, cántame bien a este muchacho, porque te asesino si no va su alma al cielo”.49
Los escritos del vicario Manuel Antonio Sierra refuerzan la hipótesis interpretativa según la cual la adscripción a la rebeldía fue favorecida por el debilitamiento de la disciplina religiosa católica en determinadas localidades, tal y como era regulada por los curas doctrineros, y por su suplantación por experimentos litúrgicos que suplían la falta de clérigos por elementos de las propias comunidades, que asumían las tareas de aquellos ministerios sacerdotales. Nos serviremos de un texto de Sierra que proporciona una prueba a contrario de lo que venimos diciendo: en efecto, al registrar la lealtad a las armas yucatecas de indígenas de Valladolid y de otras varias poblaciones del Oriente, Sierra añade la interesante observación de que éstos “fueron los que más inmediatamente recibieron la influencia benéfica de la religión”.50
Es decir, podemos pensar que un mayor grado de aculturación, indisociable de una más intensa catequización, comportaba una lealtad más segura a las autoridades del estado y un rechazo de las propuestas rebeldes radicales que encontrarían su expresión más estentórea pocos años después, en el culto a las cruces. Expresémoslo en sentido afirmativo con palabras del propio Manuel Antonio Sierra: “roto el único eslabón que une a los aborígenes con los blancos, que es la religión o más bien el aparato majestuoso de las sagradas ceremonias del culto católico, era consecuencia necesaria la sublevación”.51
No sorprende, pues, que, disminuido el prestigio de los ministros del culto católico (con significativas excepciones) y arraigado el odio más profundo hacia los ladinos responsables de tantas violencias, rebrotaran creencias antiguas metamorfoseadas mediante una adaptación peculiar de los misterios cristianos, lo que tuvo su expresión más poderosa en el desarrollo del culto a las cruces parlantes que, significativamente, aparecían revestidas con prendas indígenas, como el huipil y el fustán.52
De igual manera, desde la perspectiva de quienes reprimían la sublevación maya, se ponderó la importancia de la religión: así parece probarlo el recurso a las comisiones eclesiásticas que se esforzaron por obtener la deposición de las armas. Juan Miguel de Lozada, que tomó parte en la primera expedición militar que se dirigió contra Chan Santa Cruz, elogió la idea de enviar a los rebeldes una comisión eclesiástica —la que encabezó José Canuto Vela— como el medio más adecuado para lograr el sometimiento de los sublevados: fundaba sus esperanzas en que los indios, “educados en las santas y sencillas máximas del cristianismo” y movidos “por temor a Dios”, acabarían abandonando el camino de la violencia.53
En la misma línea interpretativa hay que emplazar la explicación que algunos elementos muy caracterizados de la sociedad yucateca aportaron sobre la causa de la revuelta, quienes la concibieron como un castigo divino por los ataques de los liberales a la religión tradicional. Así vio las cosas el obispo José María Guerra —atacado en la juventud por sus simpatías hacia los rutineros, y preconizado a la sede episcopal con oposición de los liberales y del gobierno de Yucatán—,54 que estableció una relación de causa y efecto entre la rebelión indígena y la profanación de la iglesia de Tixcacalcupul, el asesinato de su cura y el abandono de los deberes religiosos y de la doctrina cristiana por parte de muchos fieles, imbuidos de “las ideas exageradas de la época”.55
La Unión de Mérida del 1 de enero de 1848 invitó a emprender una cruzada en defensa de la religión católica, y prometió la condición de mártires a quienes murieran en la pelea.56 Crescencio Carrillo y Ancona interpretó el conflicto entre Estado e Iglesia como el motor de las discordias civiles de Yucatán y de la Guerra de Castas.57 Por su lado, Justo Sierra O’Reilly seguía pensando, en 1857, que la restauración de las misiones coadyuvaría a la pacificación.58
El mismo Manuel Antonio Sierra, que tomó parte activa en las pláticas con los mayas que sitiaban Valladolid en enero de 1848, se refirió a sus conversaciones con los indios que se habían apostado en la trinchera del camino de Chichimilá, los cuales le manifestaron su escándalo por las actuaciones de los blancos, que no practicaban la moral que les habían inculcado los sacerdotes y que eran responsables de los daños que estaban causando los rebeldes.59
La conciencia de una injusta sumisión
No eran ajenas a esas motivaciones religiosas de la sublevación maya algunas peculiaridades que fueron inteligentemente advertidas por el vicecónsul español en Mérida, al señalar que los indios tenían “a su favor el haber conservado puras sus costumbres y las tradiciones [...], que el país es suyo y fue arrebatado a sus mayores por la raza blanca que ellos pretenden ahora exterminar”.60 Tal vez por eso adquirió virulencia la oposición al pago de los impuestos civiles y religiosos que, no sólo gravitaban pesadamente sobre las asfixiadas economías domésticas, sino que agudizaban la conciencia de la sumisión a fuerzas extrañas. Precisamente la cohesión propiciada por esa serie de elementos comunes —defensa del territorio, idioma, ideología— permitió que aquellas primeras demandas de reducción de impuestos se vieran rebasadas por las de autonomía comunal y de tierra: una reivindicación que también plantearon los yaquis, en un ámbito geográfico muy alejado.61
En la busca de razones para la insurrección maya, Serapio Baqueiro concedió una importancia particular a la opresión de que eran objeto los indígenas por parte de la Iglesia y del Estado, y relegó a un segundo plano la política partidista de los dirigentes yucatecos.62 Por otro lado, Bonifacio Novelo y Florentino Chan reconocieron, explícitamente, en diciembre de 1847 que la contribución y los honorarios por los sacramentos habían provocado la lucha. Antes que ellos, Manuel Antonio Ay había declarado en el mes de julio que inició los preparativos de la revolución “con el objeto de reducir a un real mensual la contribución personal que pagaban los de su raza”.63
Cecilio Chi, cacique de Tepich, explicó a Manuel Antonio Sierra, con todo lujo de detalles, la aspiración de los mayas sublevados de “reclamar las exenciones que los indígenas gozaban antiguamente, y de que los habían privado con engaños”.64 Recordó a ese propósito que, cuando eran gobernados por caciques o gobernadores, nunca habían sido privados de lo suyo, y que la transmisión de las herencias nunca se había visto estorbada por argucias legales; mencionó también las injerencias del Estado en materia eclesiástica y la fuerte presión fiscal a que eran sometidos los mayas, que se veían imposibilitados para hacer frente a los subidos derechos que se les exigían.65
El trabajo forzoso, las extorsiones de los mismos gobernantes, el imperativo centralizador de las autoridades estatales contra la tendencia a la dispersión de los indígenas y la coerción ejercida de varias maneras y en muchos asuntos por el clero secular —insensible muchas veces ante las necesidades pastorales de los indígenas, disgustados por su absentismo, por su incompetencia y por su frecuente desconocimiento de la lengua maya— alentaron también aquel sentimiento de rebeldía y animaron a algunos campesinos mayas a emprender el camino de una insurrección radical,66 que se vio facilitado por la experiencia adquirida durante la guerra que López de Santa Anna llevó a Yucatán para obligar a los dirigentes políticos peninsulares a desistir de sus aspiraciones separatistas: el alistamiento de indígenas en las tropas yucatecas de Oriente, para pelear con los ejércitos mexicanos, colaboró en la toma de conciencia de su importancia como fuerza de combate de la que difícilmente podían prescindir quienes aspiraran al control de la península.
La postergación de las autoridades tradicionales mayas
Muy determinante debió de ser el temor de las élites mayas por las consecuencias de los cambios acelerados a que daban lugar la política liberal y la expansión de las haciendas, que amenazaron algunos de sus tradicionales privilegios y prerrogativas políticas, y empezaron a poner en peligro sus propiedades territoriales y su consideración social. Eso explica que Juan Francisco Molina Solís destacara las ambiciones personales de los cabecillas mayas, preocupados por asegurar su poder político, como una de las principales causas de la guerra.
De otra parte, los castigos que recayeron sobre los caciques de Chichimilá y de Tixpéhual, Manuel Antonio Ay y Alejandro Tzab; Francisco Uc, del barrio meridano de Santiago; Gregorio May, de Umán, y los caciques de Chicxulub, Conkal y Motul, después de sus implicaciones en el alzamiento de 1847, proporcionaron la prueba de que nadie con apellido indígena, incluso perteneciente a la clase privilegiada, podía escapar a los destinos de Ay, Tzab, Uc, etcétera, por muchos valedores que tuviera entre los blancos.67 Pedro Bracamonte sostiene a este propósito que la magnitud de la insurrección de 1847 se explica sólo por la alianza entre los principales de las numerosas repúblicas de Yucatán: un entendimiento posibilitado por la conformación social del mundo indígena yucateco, que había logrado subsistir después de tres siglos de dominio colonial.68
Nótese, en refrendo de esa explicación, que privilegia la importancia de las ofensas provocadas por los atentados a la dignidad de los caciques, lo que recoge un manuscrito de 1866 sobre los comienzos de la guerra de castas en Yucatán:
Trujeque ávido de vengarse de sus enemigos personales, especialmente de Jacinto Pat [...], comenzó a aprehender a todos aquellos indios que él suponía adictos a Pat, entre los cuales había muchos acomodados y que tenían ascendiente en los de su numerosa raza, y lo más malo de esta punible conducta fue que no se conformó sólo con ponerlos presos, sino que los azotaba cruel y bárbaramente todos los días; los despojaba de sus cosechas trasladando todo el maíz de sus milpas a Tihosuco y entregaba al saqueo sus miserables viviendas.69
El diálogo entre Manuel Antonio Sierra y Francisco Puc, comandante de la trinchera de Santa Anna y buen amigo del vicario, remite al conflicto entre los dirigentes políticos peninsulares y el clero yucateco, estrechamente vinculado con la sustitución de las autoridades tradicionales indígenas por los nuevos órganos de poder.70
Particularmente relevante es la exposición de quejas que Cecilio Chi presentó al vicario de Valladolid, cuando éste se hallaba retenido por los rebeldes. Chi contraponía los viejos tiempos idealizados, cuando los caciques de los pueblos administraban justicia y entendían en los pleitos domésticos, y los amargos trances por los que atravesaba Yucatán desde que el gobierno estatal había impuesto su propia jurisdicción y recabado para sí “lo que pagaban gustosos para el sostenimiento de su culto [...], dejando las iglesias sin las cosas necesarias para las solemnidades”.71
La connivencia de Belice con los sublevados
El sostén facilitado por los beliceños a los indígenas rebeldes adquirió tal importancia a los ojos de Joaquín Baranda que, según él, “los indios mayas no se hubieran atrevido á sublevarse, ni á iniciar y sostener una guerra de exterminio contra las otras razas que poblaban la península, si no hubiesen contado con el apoyo eficaz de los habitantes de la colonia de Belice”.72 No cabe duda de que, aunque los indígenas rebeldes se sirvieran también del armamento que les facilitaban los numerosos desertores de las tropas yucatecas,73 sin la continuidad en el suministro que les llegaba de Belice no hubieran sido capaces de prolongar su revuelta durante tanto tiempo.
El Tratado de Amistad, Navegación y Comercio entre Gran Bretaña y México, firmado en Londres el 26 de diciembre de 1826, reiteró la vigencia de los límites reconocidos en 1786. No obstante, la imperfecta delimitación de fronteras y el escaso respeto de los colonos a aquellas estipulaciones, aconsejaron al gobierno mexicano, en 1839, la oportunidad de nombrar un comisionado que verificase la exactitud de la línea fronteriza fijada en 1786 para los establecimientos británicos. Nada se hizo por entonces, y el comienzo de la guerra con los mayas sublevados proporcionó numerosas evidencias del desinterés de los habitantes de Belice por los tratados que regulaban sus relaciones con México. En 1849, el gobierno británico llegó a negar que México pudiera exigir a Gran Bretaña el cumplimiento de las obligaciones que había contraído con España en relación con el establecimiento de Honduras Británica.74
En efecto, la implicación de pobladores de Belice en negocios de tráfico de armas con los insurrectos dificultó a las autoridades mexicanas yugular los levantamientos promovidos por los mayas locales, por lo que se agravaron los problemas en la península de Yucatán, a causa de ese ininterrumpido suministro a los mayas por parte de los ingleses que los empleaban en el corte de madera.75 Si el afán de lucro constituía el móvil por el que los beliceños se implicaban en ese contrabando, el miedo a las incursiones de los rebeldes a través del río Hondo condicionaba el talante acomodaticio de la población de la colonia: los escasos efectivos militares del ejército británico en la región nunca hubieran podido ofrecer una resistencia eficaz a la superioridad militar de los mayas.
Ya en mayo de 1848, cuando los indios que ocupaban Bacalar se dirigieron al superintendente de Belice para solicitar que les permitiera comerciar con los habitantes de Honduras Británica, Charles St. Fancourt había respondido del modo más explícito: “la misma protección se dispensará a los indios de Yucatán, en las posesiones inglesas de Honduras, que disfrutan los súbditos de otras naciones. Gozarán de la entera protección de nuestras leyes, y se les exigirá que se conformen con ellas”.76
La situación resultaba intolerable en 1849, porque súbditos ingleses habían llegado incluso a abrir almacenes en Bacalar, donde los mayas sublevados adquirían pólvora, plomo y armas que intercambiaban con objetos que habían robado en sus depredaciones por los pueblos de los alrededores. Por eso, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzaga Cuevas, transmitió las quejas de su gobierno al representante de la Corona británica en México: una recriminación que se añadía a las formuladas con anterioridad y que se sustentaba en la convención de 1786 entre España e Inglaterra, y que México consideraba vigente, subrogado el papel de España por el de la República mexicana.77 La nota de Cuevas fue contestada por el encargado de negocios inglés en términos no muy satisfactorios para México: con respecto a los comerciantes beliceños establecidos en Bacalar, se limitaba a observar, con buena lógica diplomática, que “el infrascrito teme que el Gobierno de S.M. tenga alguna dificultad en cerrar esos establecimientos, pues parece claro, que en las facultades de las autoridades de Yucatán está el impedir que se hagan tales ventas, en una ciudad que está dentro de su territorio”.78
La imposibilidad en que se hallaba la República mexicana para dar solución al caos desatado en Yucatán, inclinó al gobierno a aceptar la mediación inglesa de 1849, que presuponía la cesión de tierras a los indios sublevados y el reconocimiento de su independencia. Tanto el Ejecutivo yucateco como la legislatura local reaccionaron con vivacidad ante esas condiciones, alertaron sobre el riesgo de que el territorio cedido a los mayas pasara a formar parte de la colonia de Belice, y aportaron como prueba de ese peligro una nota dirigida a Miguel Barbachano por los rebeldes Florentino Chan y Venancio Pec, que justificaban su rechazo del indulto que se les había ofrecido con el apoyo que habían empezado a recibir de los ingleses, “por lo cual les ha nacido de voluntad obedecer sus mandatos”. Posteriores contactos entre el superintendente de Belice, el coronel Fancourt, de quien había partido la iniciativa de un arreglo amistoso auspiciado por Inglaterra, y Venancio Pec, principal representante de los mayas que tomó parte en las conversaciones, confirmaron la voluntad de los rebeldes de que “el gobernador de Belice fuese igualmente gobernador de ellos”.79
Por entonces los mayas estaban convencidos de que se hallaba muy próximo el fin de la guerra, gracias precisamente a la separación de Yucatán. Ésa es la persuasión que trasladó Paulino Pech a Juan Pedro Pech en octubre de 1849: “ya llegó el papel de la Reina inglesa. Se va a dividir esta tierra de Yucatán y así es preciso que te esfuerces a alentar a tus capitanes para que hablen a sus soldados, a fin de que se robustezca la guerra con el enemigo; no por dos días que nos queden, dejen de poner su empeño”;80 y ésa es la certeza que abrigaban por entonces Venancio Pec y Florentino Chan.81 Del mismo tenor eran las declaraciones de los mayas aprehendidos en las estribaciones de Becanché a finales de año: “no se sometían las poblaciones rebeladas porque en la pascua debían venir los ingleses a dividirles su territorio”.82
No se arreglaron las cosas pese a la aparente buena voluntad de las autoridades británicas, y las factorías de río Hondo continuaron aprovisionando de pertrechos de guerra a los rebeldes, a cambio de los objetos que éstos obtenían en sus incursiones. Así lo comprobó el coronel Novelo, a fines de 1854, a través de algunos prisioneros aprehendidos por las partidas que, desde Pachmul, recorrían los alrededores.83
También los beliceños eran víctimas de extorsiones, como la que atemorizó en 1856 a los dueños de una compañía maderera: uno de los jefes mayas, Luciano Tzuc —probable sucesor de José María Tzuc en la jefatura de los pacíficos icaiché—,84 advirtió a los responsables de la empresa que quemaría sus aserraderos de caoba si no le pagaban cuatro dólares por cada árbol talado.85 Pasados unos cuantos años, en el verano de 1864 todavía encontramos a Luciano Tzuc al frente del cantón de Icaiché, pero subordinado a Pablo Encalada, cacique de Lochhá, a quien se consideraba comandante en jefe de los pacíficos. Tzuc organizó en el mes de junio varios ataques contra los habitantes de Belice, que le proporcionaron algunos prisioneros.86
Después de que Marcos Canul, jefe de los indios icaichés, dirigiera un ataque contra Orange Walk en 1872, se reactivaron los contactos entre Gran Bretaña y México —dificultados entonces por la interrupción de relaciones diplomáticas que había provocado el reconocimiento del gobierno de Maximiliano por Gran Bretaña—, por medio de los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, lord Derby y José María Lafragua. Ya durante la primera presidencia de Porfirio Díaz, Ignacio L. Vallarta respondió a las demandas británicas con una extensa nota, fechada el 23 de marzo de 1878, que contenía una minuciosa exposición de los conflictos de soberanía que se habían sucedido desde el siglo XVIII.
Reanudadas en 1884 las relaciones entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña, las condiciones para afrontar de un modo práctico la cuestión de Belice eran, sin duda alguna, mucho más favorables, y así lo prueban las conversaciones sostenidas en suelo beliceño por Teodosio Canto, vicegobernador de Yucatán, y representantes de Crescencio Poot.87 No obstante, todavía habrían de transcurrir cinco años hasta la resolución definitiva desde que, en septiembre de 1892, la legislatura de Yucatán dirigió una representación al presidente de la República, en demanda de una clarificación de los límites con Belice.88
El cese de la provisión de armamento de Belice a los rebeldes pareció orientarse hacia su resolución en 1893, con la firma de un tratado que cerraba el avance de los colonos ingleses y terminaba con el apoyo que éstos venían dispensando a los indios rebeldes:89 conviene advertir, sin embargo, que esta colaboración se había visto muy dificultada cuando en mayo de 1849 las tropas del ejército yucateco tomaron Bacalar, donde se efectuaba el aprovisionamiento de las armas que suministraban los beliceños desde la caída de la plaza en manos de los mayas en abril de 1848.90 Una consecuencia indirecta de los acuerdos entre Gran Bretaña y México, advertida por un articulista de El Monitor Republicano en diciembre de 1893, cuando parecía ceder la resistencia del Senado a la aceptación del tratado, era la necesidad de que se fortificaran los pueblos de la zona, en prevención de ataques de indios que quisieran surtirse en esas localidades de las armas que antes del tratado adquirían a los ingleses.91
Esa situación parecía tocar a su fin en noviembre de 1895, como se deduce del temor generalizado entonces entre los mayas por los preparativos de guerra del gobierno yucateco, a los que no podían ofrecer resistencia por haberse interrumpido el auxilio de la colonia inglesa.92 En 1896, la expedición por Su Majestad Británica de un decreto donde se prohibía la venta en Belice de todo tipo de pertrechos de guerra a los indios proporcionó los medios para acabar con las violencias armadas de los mayas de la región,93 que también habían visto reducirse su capacidad para levantar hombres en armas.94
Consideraciones finales
Un conflicto de tan larga duración como la Guerra de Castas necesariamente hubo de ser alimentado por motivaciones sucesivas, ajustadas en cada momento a las demandas de los cambiantes tiempos que corrían. Por eso cabe pensar, tal vez, en una mutación entre las prioridades que tuvieron presentes los dirigentes mayas que se alzaron en 1847, y las que se propusieron esos mismos caudillos o los que tomaron su relevo a partir de 1851 o 1855,95 cuya psicología se hallaba condicionada por nuevos estímulos. Cerrada la primera fase de la guerra —la blitzkrieg o guerra relámpago de que habla Howard F. Cline—, se abrió un periodo en que se redefinieron las características más importantes de la contienda, tal y como quedaría perfilada durante el siguiente medio siglo.96
No parece infundado suponer, pues, que los móviles que mantuvieron a los mayas en permanente situación de alarma durante el resto del siglo hayan podido modificarse en la medida en que el alzamiento de 1847 fue prolongándose en el tiempo. Los mismos avatares del conflicto bélico, condicionados por las crisis internas de Yucatán —el centralismo santannista, el separatismo de Campeche, el paréntesis imperial...— y por el cambio de actitud de las autoridades inglesas de Belice, constituyeron una invitación para que la postura de los mayas se tornara mucho más radical.97
La toma en consideración de la perspectiva diacrónica no se agota en la referencia a los años que ocupó la insurrección maya. Se requiere también su inserción en un marco interpretativo más amplio, determinado por el medio y largo plazos —las “causas seculares” de que habla Pedro Bracamonte—,98 que ha de privilegiar el estudio de las estructuras agrarias y de las circunstancias históricas que, tras la conquista, favorecieron el aislamiento de los mayas del oriente de la península de Yucatán, y acumularon problemas de gran envergadura sobre la sufrida península a lo largo del siglo XVIII.99
La atractiva aunque simplista hipótesis explicativa de Alicia Barabas y de Miguel Bartolomé, que ha sido recogida más arriba en el texto —la frontal contraposición entre la conciencia étnica de los ladinos y la de los mayas rebeldes— no da razón de la falta de acuerdo en las reivindicaciones de los dirigentes sublevados, ni del rechazo de unos a las negociaciones pacificadoras emprendidas por otros. Así lo captó el coronel José Eulogio Rosado, cuando aseguraba al gobernador Santiago Méndez el 31 de enero de 1848: “por lo expuesto se convencerá U. [de] que los indios están desbordados, y cada capitán obra independientemente. Todo es un barullo entre ellos y un caos de desorden”.100 Ese barullo que tanto inquietaba al coronel Rosado se justifica por la virtual independencia política y militar con que obraba cada una de las repúblicas indígenas de Yucatán y por el continuo reacomodo de las alianzas. Debemos a Pedro Bracamonte la explicitación de esta tesis y su respaldo en sólidas pruebas documentales.101
Las evidencias acumuladas permiten concluir, con toda certeza, que no se trató propiamente de una guerra de “castas”, aunque también quede fuera de duda que se trató de una revolución social, cuyo objetivo apuntaba de modo preferente a la supresión de las distinciones de casta.102 Como observó Leticia Reina, la terminología de guerra de “castas” —tan generalizada entre los contemporáneos de los conflictos designados con esa denominación— enmascara el contenido de la lucha, ya que los grupos indígenas no revestían aquella organización, ni puede considerarse como formada por castas la sociedad en que vivían inmersos. Además, estas rebeliones tampoco representaban la lucha entre clases estrictamente antagónicas, ya que el grupo indígena participaba en su conjunto con todos los sectores de clase y las diferencias sociales que tenían en el interior de la comunidad. Es decir, que participaban desde el cacique hasta el indígena sin tierra. Por lo tanto, los movimientos indígenas contra la sociedad dominante eran rebeliones que luchaban, fundamentalmente, por su autonomía comunal y que se expresaban como guerras entre dos sociedades distintas, pero siempre expresando claramente las contradicciones políticas.103
De modo semejante, Jean Meyer y Enrique Florescano han detectado la manipulación de esos términos, convertidos en espantajo y voz común para nombrar cualquier conflicto que tuviera a los indígenas como actores, independientemente del contenido de sus reivindicaciones y de que el movimiento en cuestión tuviera o no visos de una guerra étnica.104 Marie Lapointe concede el protagonismo de la jefatura de la insurrección a los caciques indígenas bilingües de los pueblos y a mestizos y mulatos.105 Y, por supuesto, también Lorena Careaga, que no discute la existencia de un enfrentamiento racial que se dio principalmente entre indígenas mayas y yucatecos blancos, ha negado que existiera homogeneidad en los grupos que participaron en la “guerra de castas” de Yucatán:106 una perspectiva de la que, según Allen Wells, carecieron los historiadores criollos del siglo decimonónico.107
Cabe, en fin, invocar, las observaciones de Manuel Antonio Sierra sobre la presencia de mestizos y de indios amulatados entre sus carceleros;108 la condición mestiza de algunos destacados dirigentes, como José María Barrera;109 los rasgos mulatos de Bonifacio Novelo,110 o las instrucciones que el gobierno de Yucatán transmitió a los comisionados eclesiásticos en febrero de 1850, para confirmar la presencia de vecinos blancos entre los mayas alzados: “los blancos ó vecinos que hallan tomado parte en la revolucion y ecsistan entre los indios sustraídos de la obediencia del gobierno tendrán las mismas garantias que se conceden á los indios”.111
Algunos de esos matices fueron percibidos en octubre de 1895 por un articulista de El Universal, quien, al reflexionar sobre la naturaleza de la guerra de los mayas que comenzó en 1847, descartó que pudiera hablarse propiamente de un enfrentamiento de castas o de razas: la pérdida de sus tierras y la opresión de los hacendados habían sido, más bien, las causas de la sublevación de los indígenas yucatecos.112 E incluso puede pensarse que lo que acaso en sus inicios no había sido más que una revolución política se tiñó de connotaciones étnicas cuando Manuel Antonio Ay fue sentenciado a muerte por el coronel José Eulogio Rosado, comandante de Valladolid, bajo la acusación de que “era uno de los cabecillas de la insurrección de la clase indígena en contra de las actuales instituciones”, a pesar de las evidencias que demostraban la implicación de ladinos en la revuelta. Victoria Reifler afirma, sin embozo, que “la ejecución de Manuel Antonio Ay simboliza el momento en que ocurrió este cambio o transformación” y que “la guerra de castas de Yucatán comenzó con la ejecución de Manuel Antonio Ay”.113
La perspectiva de análisis varía, en cambio, si nos atenemos a la versión —tal vez interesada— de los comandantes militares yucatecos, cuyas opiniones coinciden en la convicción de que se trataba de una lucha emprendida por una raza en busca del exterminio de la otra. Así, José Domingo Sosa decía a Santiago Méndez el 31 de enero de 1848 que las demandas indígenas en materia de contribuciones buscaban sólo sembrar la división entre los blancos para “acabar con ellos poco a poco, que no es otro el programa de ellos”.114 No había pasado un día desde que Sosa escribiera aquellas palabras, cuando recibió una carta de Felipe Rosado que concluía con el mismo juicio que aquél había expresado ante Méndez: “esté U. persuadido [de] que nuestra divisa únicamente será conservar el decoro del Gobierno, que los bárbaros quieren acabar con la raza blanca para establecer a su antojo el de ellos en Tihosuco, según me han informado varios vecinos que se han desertado de sus filas”.115
Pero, insistimos, no ha de concederse excesivo crédito a quienes, cegados tal vez por una ensangrentada cercanía, tendían tal vez a confundir la realidad con sus conjeturas no exentas de pasión.
** Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Este texto forma parte de un proyecto más amplio de investigación titulado “Quintana Roo en el tiempo”, que cuenta con financiación del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Dejo aquí constancia de mi agradecimiento por la ayuda recibida.
Este artículo fue publicado originalmente en Historias, Revista de la Dirección de Estudios Históricos, núm. 46, mayo-agosto de 2000. Agradecemos al autor y a la doctora Rebeca Monroy Nasr, la posibilidad de volver a publicarlo.
1 Victoria Reifler Bricker, El Cristo indígena, el rey nativo. El sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas, México, FCE, 1989, pp. 172-173, 175-176 y 186; Marie Lapointe, “Los orígenes de la guerra de castas de 1847 en Yucatán”, en Othón Baños Ramírez (comp.), Liberalismo, actores y política en Yucatán, Mérida, UADY, 1995, p. 150.
2 Pedro Bracamonte y Sosa, La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán 1750-1915, México, CIESAS / INI, 1994, p. 24. Véase también Pedro Bracamonte y Sosa, “La tenencia indígena de la tierra en Yucatán, siglos XVI-XIX”, Boletín del Archivo General Agrario, núm. 2, febrero-abril de 1998, México, pp. 11-16; Manuel Sierra Méndez vio en la pérdida de las propiedades comunales y en el paso de los indígenas a la condición de peones de las haciendas los “principales gérmenes de la Guerra de Castas”: Manuel Sierra Méndez, “Puntos para un proyecto de ley de reparto de terrenos a los indios que se sometan a la obediencia del Gobierno”, México, 30 de septiembre de 1895 (Archivo Porfirio Díaz, folios 15, 283-15, 295).
3 Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, pp. 61, 69, 85, 87 y 91; Nancy M. Farriss, “Propiedades territoriales en Yucatán en la época colonial”, en Lecturas de Historia Mexicana. Los pueblos de indios y las comunidades, México, Colmex, 1991, pp. 165, 168-169). Nancy M. Farriss ha mostrado la semejanza entre las cofradías y las cajas de comunidad indígenas de Yucatán, y ha precisado la peculiar naturaleza de las cofradías que, “al igual que las cajas, eran simplemente una forma de propiedad pública dedicada a los santos y cuyo objeto era, principal pero no exclusivamente, promover el bienestar público a través de ofrendas a los santos”: Farriss, “Propiedades territoriales...”, op cit., p. 137. Véase también Justo Sierra O'Reilly, Los indios de Yucatán. Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento indígena en la organización social del país, Mérida, s. e., 1954, pp. 73-77, y Marco Bellingeri, “Dal voto alle baionette: esperienze elettorali nello Yucatán costituzionale ed indipendente”, Quaderni Storici, núm. 69, 1988, pp. 768-769.
4 Moisés González Navarro, Raza y tierra. La guerra de castas y el henequén, México, Colmex, 1970, p. 191; Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, p. 19.
5 “Intervención del diputado José María del Castillo Velasco ante el Congreso Constituyente de 1856-1857, 16 de junio de 1856”, en Francisco Zarco, Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 y 1857. Estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la época, 2 vols., México, H. Cámara de Diputados, 1990 (edición facsimilar de la de México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, vol. I, p. 514.
6 Howard F. Cline, “Regionalism and Society in Yucatan, 1825-1847”, tesis doctoral, Harvard University, Cambridge, 1947; Lapointe, “Los orígenes...”, op. cit., pp. 128-129; Allen Wells, “Forgotten Chapters of Yucatan's Past: Ninettenth-Century Politics in Historiographical Perspective”, Mexican Studies-EstudiosMexicanos, vol. 12, núm. 2, Berkeley, verano de 1996, p. 196.
7 Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, p. 97; Pedro Bracamonte y Sosa, “La ruptura del pacto social colonial y el reforzamiento de la identidad indígena en Yucatán, 1789-1847”, en Antonio Escobar Ohmstede (coord.), Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX, México, CEMCA / CIESAS, 1993, p. 120.
8 González Navarro, op. cit., p. 65. A este decreto se remitía otro, expedido por Miguel Barbachano en agosto de 1842, que prometía premiar con terrenos baldíos a los yucatecos que colaboraran en la defensa del estado frente a la expedición que preparaba el gobierno provisional de México; véase Ramón Berzunza Pinto, Desde el fondo de los siglos. Exégesis histórica de la guerra de castas, México, Cultura, T. G., 1949, pp.127-129.
9 Terry Rugeley, “Los mayas yucatecos del siglo XIX”, en Leticia Reina (coord.), La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo XXI / CIESAS, 1997, p. 205.
10 Alicia M. Barabas, “Colonialismo y racismo en Yucatán: una aproximación histórica y contemporánea”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, nueva época, año XXV, núm. 97, México, julio-septiembre de 1979, pp. 116-117; Leticia Reina (coord.), Las luchas populares en México en el siglo XIX, México, CIESAS, 1983, pp. 65, 68.
11 Véase orden del 14 de mayo de 1853. Eligio Ancona, Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán: formada con autorización del gobierno, Mérida, Imprenta de El Eco del Comercio, 1882, t. I, p. 162; El Regenerador. Periódico Oficial, año I, núm. 41, Mérida, miércoles 18 de mayo de 1853.
12 Orden del 31 de diciembre de 1855, en Eligio Ancona, Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán: formada con autorización del gobierno, t. I, Mérida, Imprenta de El Eco del Comercio, 1882, t. I, p. 263.
13 Véase decreto del 23 de marzo de 1863 , en Eligio Ancona, Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán: formada con autorización del gobierno, Mérida, Imprenta de El Eco del Comercio, 1882, t. III, 1884, pp. 47-48.
14 Véase decreto del 18 de agosto de 1863, Eligio Ancona, Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán: formada con autorización del gobierno, Mérida, Imprenta de El Eco del Comercio, 1882, t. III, p. 75.
15 Carlos Justo Sierra, Breve historia de Campeche, México, Colmex / FCE, 1998, p. 147.
16 Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, 5 vols., Mérida, UADY, 1990, vol. III, p. 197.
17 Lapointe, “Los orígenes...”, op. cit., p. 130.
18 De acuerdo con la interpretación que se dio en Yucatán a la exención de todo servicio personal establecida por el decreto del 9 de noviembre de 1812, desaparecieron los fiscales de doctrina, que auxiliaban a los curas en la enseñanza religiosa y en la vigilancia de la moral pública; véase Crescencio Carrillo y Ancona, El obispado de Yucatán. Historia de su fundación y de sus obispos desde el siglo XVI hasta el XIX. Seguida de las constituciones sinodales de la diócesis y otros documentos relativos, 2 vols., Mérida, Imprenta y Litografía R. Caballero, 1892-1895, vol. II, pp. 964-965.
19 Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), 10 vols., México, IIJ-UNAM, 1980 (edición facsimilar), vol. II, segunda foliatura, p. 35 (15 de abril de 1822).
20 González Navarro, op. cit., p. 64; Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, pp. 73, 112; Bracamonte y Sosa, “La ruptura...”, op. cit., pp. 121-122.
21 Baqueiro, op. cit., vol. I, pp. 22-25, 28-30, 33; Joaquín Baranda, Recordaciones históricas, 2 vols., México, Conaculta, 1991, vol. l, pp. 326-330; John L. Stephens, Viaje a Yucatán 1841-1842, 2 vols., México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1937, vol. II, pp. 235-236; Nelson Reed, La guerra de castas de Yucatán, México, Era, 1971, p. 37; Berzunza Pinto, op. cit., pp. 125-127; González Navarro, op. cit., pp. 68-69; Reifler Bricker, op. cit., pp. 172-173, 176-177; Lorena Careaga Viliesid, Quintana Roo. Una historia compartida, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1990, p. 42; María Cecilia Zuleta Miranda, “El federalismo en Yucatán: política y militarización (1840-1846)”, Secuencia: Revista de Historia y Ciencias Sociales, nueva época, núm. 31, México, enero-abril de 1995, pp. 26-27; Enrique Florescano, Etnia, Estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México, México, Aguilar, 1997, p. 350. Lameiras recoge noticias sobre la existencia de armas en comunidades indígenas cercanas a Valladolid, que les habían sido suministradas cuando se levantó Imán; véase Brigitte B. de Lameiras, Indios de México y viajeros extranjeros, siglo XIX, México, SEP, 1973 [col. SepSetentas], p. 104. Bracamonte proporciona otros datos, complementarios, que confirman la resistencia de los indígenas de Yucatán al pago de las obvenciones durante la década anterior al estallido de la guerra de castas; véase Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, pp. 110-111.
22 Guerra de Castas en Yucatán. Su origen, sus consecuencias y su estado actual. 1866, edición, estudio, transcripción y notas de Melchor Campos García, Mérida, UADY, 1997, p. 44; Baqueiro, op. cit., vol. II, pp. 115-116, y Eligio Ancona, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, 4 vols., Barcelona, Imprenta de Jaime Jesús Roviralta, 1889, vol. IV, pp. 88, 102.
23 Baqueiro, op. cit., vol. II, pp. 141-142, y Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, p. 64.
24 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 54, p. 281.
25 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 54, pp. 283-284.
26 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 55, p. 286.
27 Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 411-412, y González Navarro, op. cit., pp. 81-82, 84, 92, 94-95, 307-309, 311-313. En un informe dirigido al ministro de Guerra y Marina en mayo de 1852, el general Díaz de la Vega ponderó los servicios prestados por José Canuto Vela, que incluso llegó a marchar “a la campaña [que, iniciada con la toma de Chichanhá, prosiguió con el avance sobre Lochhá y terminó con la llegada a Peto] sin tener obligación alguna, abandonando sus comodidades”: carta de Rómulo Díaz de la Vega al ministro de Guerra y Marina, Peto, 11 de mayo de 1852 (Archivo Histórico Militar de México, Secretaría de Defensa Nacional, exp. núm. 3 300, fojas 27 a 34). Véase también Crescencio Carrillo y Ancona, “Disertación sobre la historia de la lengua maya o yucateca”, en Los mayas de Yucatán, Mérida, Editorial Yucatense Club del Libro, 1950, pp. 167-169.
28 Bracamonte, sustentado en el estudio llevado a cabo por Leticia Reina (Las rebeliones campesinas en México [1819-1906], México, Siglo XXI, 1980, p. 373), ha mostrado el modo en que evolucionó la tributación que pagaban los indígenas a la Corona y a los encomenderos, hasta convertirse en una contribución personal de 12 reales anuales, que perduró hasta mediados del siglo XIX: Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, p. 110; Ancona, op. cit., 1889, vol. III, p. 305 y vol. IV, p. 359.
29 Citado en Nelson Reed, op. cit., p. 85. La carta aparece reproducida en su integridad en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 61, pp. 298-299, y Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, pp. 210-211. Véase Romana Falcón, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a mediados del siglo XIX, México, Colmex, 1996, p. 62.
30 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 61, pp. 301-302.
31 Carta a Jacinto Pat, Tekax, 6 de febrero de 1848, en Fidelio Quintal Martín, Correspondencia de la Guerra de Castas: epistolario documental, 1843-1866, Mérida, UADY, 1992, p. 16.
32 Carta de Jacinto Pat a Felipe Rosado, Tihosuco, 1 de abril de 1848, en Quintal Martín, op. cit., pp. 28-29.
33 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 66, p. 314; Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 415-418; González Navarro, op. cit., pp. 306-307; Reed, op. cit., p. 94; Careaga Viliesid, op. cit., 1990, p. 58, y Bracamonte y Sosa, op. cit., 1994, pp. 116-117, 214-217.
34 Carta de José María Barrera y otros a José Canuto Vela, Haas, 7 de abril de 1850, en Quintal Martín, op. cit., pp. 78-79.
35 Carta de Andrés Arana y otros a Manuel Antonio Sierra de Obella, Nohayín, 22 de septiembre de 1851, en Quintal Martín, op. cit., pp. 108-109.
36 Citado en Reifler Bricker, op. cit., pp. 184-185.
37 Ibidem, pp. 25, 171.
38 Robert Redfield, Yucatán: una cultura de transición, México, FCE, 1944, pp. 292-293; Reifler Bricker, op. cit., p. 223; Melchor Campos García, “El ‘culto del error’: la Cruz Parlante en el pensamiento yucateco”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. XVII, México, IIH-UNAM, 1996, p. 33.
39 Proclama de Juan de la Cruz (1850), en Reifler Bricker, op. cit., pp. 347-348, 351, 364. Aunque Victoria Reifler reconoce que la identidad de Juan de la Cruz sigue siendo un enigma, apunta la hipótesis de que el primero que se sirvió de este seudónimo fue Atanasio Puc, que ejercía las funciones de secretario de la cruz; véase Reifler Bricker, op. cit., pp. 209-212.
40 Proclama de Juan de la Cruz (1850), en Reifler Bricker, op. cit., p. 360.
41 Baqueiro, op. cit., vol. II, pp. 93, 212.
42 Ibidem, vol. III, p. 66.
43 Era hermano de Justo Sierra O’Reilly y padeció un largo cautiverio entre los mayas que empezó en marzo de 1848 y se prolongó hasta octubre de ese año, cuando consiguió escapar; véase El Fénix, 1 de noviembre de 1848.
44 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable Vicario de Valladolid D. Manuel Antonio Sierra”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 367.
45 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 370.
46 Ibidem, vol. II, p. 99, y Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 79-80.
47 Ibidem, vol. III, p. 93.
48 Idem.
49 Idem.
50 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable...”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 345.
51 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 367.
52 Matthew Restall, The Maya world: Yucatec culture and society, 1550-1850, Stanford, Stanford University Press, 1997, p. 165. Sobre las características de este fenómeno religioso remitimos al reciente estudio de Lorena Careaga Viliesid, Hierofanía combatiente. Lucha, simbolismo y religiosidad en la Guerra de Castas, México, UQRoo / Conacyt, 1998, pp. 109-172. Son también interesantes otros trabajos anteriores: Alicia M. Barabas, Profetismo, milenarismo y mesianismo en las insurrecciones mayas de Yucatán, México, INAH, 1974; Reifler Bricker, op. cit., pp. 202-227, y Campos García, “El ‘culto del error’...”, op. cit.
53 Citado en Melchor Campos García, “El ‘culto del error’...”, op. cit., p. 27.
54 Carrillo y Ancona, op. cit., 1892-1895, t. II, pp. 990-1008.
55 Citado en Baqueiro, op. cit., vol. II, pp. 85-86; Carrillo y Ancona, op. cit., 1892-1895, t. II, pp. 1036-1038, y Campos García, “El ‘culto del error’...” op. cit., p. 25. Véase Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, p. 51.
56 Campos García, “El ‘culto del error’...”, op. cit., p. 12.
57 Campos García, “La guerra de castas en la obra de Carrillo y Ancona (historia de una disputa por el control social del maya)”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. XIII, México, IIH-UNAM, 1990, pp. 183, 185.
58 Campos García, “El ‘culto del error’...”, op. cit., pp. 26, 28.
59 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable...”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 348.
60 Citado en Romana Falcón, op. cit., p. 71. Guarda analogías esta explicación con las reflexiones de Serapio Baqueiro acerca del “muro invencible” que se alzó entre los españoles y los hijos del país como consecuencia de la escasez de matrimonios entre los conquistadores y las indígenas; véase Baqueiro, op. cit., vol. II pp. 209-210. Véase también Guerra de castas en Yucatán. Su origen..., op. cit., p.15.
61 Leticia Reina, op. cit., 1980, p. 20, y Manuel Ferrer Muñoz y María Bono López, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, México, IIJ-UNAM, 1998, pp. 353-372.
62 En relación con la importancia que quepa atribuir a esos enfrentamientos civiles, remitimos a unas palabras de María Cecilia Zuleta, que aciertan al contemplar los efectos de la utilización del apoyo indígena en las luchas partidistas, desde una perspectiva que mira más allá del conocimiento adquirido por los mayas de su importancia como fuerza militar: “el aprendizaje de la guerra para los indígenas yucatecos significó mucho más que el simple hecho de empuñar las armas, como los historiadores de la época creyeron: tal vez, y muy probablemente, haya sido una experiencia de participación, un acercamiento a las prácticas de la política liberal, y una toma de conciencia repentina, a través de la inclusión forzosa en los mecanismos formales de una política de guerra desde su real exclusión”: Zuleta Miranda, “El federalismo en Yucatán...”, op. cit., p. 44.
63 Baqueiro, op. cit., vol. l, p. 227; véase también Asociación Cívica Yucatán, De la “Guerra de Castas”. Causa de Manuel Antonio Ay, el primer indio maya rebelde fusilado en Valladolid el 30 de julio de 1847, México, Asociación Cívica Yucatán, 1956, pp. 27, 30.
64 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable...”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 365.
65 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 365.
66 Guerra de castas en Yucatán. Su origen..., op. cit., p. 13; Baqueiro, op. cit., vol. II, pp. 210-214, y vol. IV, pp. 71-72, 74; Rugeley, “Los mayas yucatecos del siglo XIX”, op. cit., pp. 204-205, y Restall, pp. 159, 161-163.
67 Guerra de castas en Yucatán. Su origen..., op. cit., p. 28; Baqueiro, op. cit., vol. I, pp. 225-233 y vol. II, pp. 30-32, 213; Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 43, pp. 248-249; Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 402-408; Baranda, Recordaciones históricas, op. cit., vol. II, pp. 59-60; Albino Acereto Cortés, Historia política de Yucatán desde el descubrimiento hasta 1920, México (sobretiro del t. III de la Enciclopedia Yucatenense), 1947, p. 235; Rugeley, “Los mayas yucatecos del siglo XIX”, op. cit., pp. 210-212, y Reifler Bricker, op. cit., pp. 182, 193-194.
68[] Pedro Bracamonte y Sosa, “El discurso político de los caciques mayas yucatecos, 1720-1852”, en Othón Baños Ramírez (comp.), Liberalismo, actores y política en Yucatán, Mérida, UADY, 1995, p. 123.
69 Guerra de castas en Yucatán..., op. cit., p. 33.
70 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable...”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 349.
71 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 365.
72 Baranda, Recordaciones históricas, op. cit., vol. II, p. 114. Ésa es también la tesis de Grant T. Jones, véase Grant T. Jones, “La estructura política de los mayas de Chan Santa Cruz: el papel del respaldo inglés”, América Indígena, vol. XXXI, núm. 2, México, abril de 1971, p. 415.
73 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 56, pp. 288-289.
74 Condumex/Centro de Estudios de Historia de México, fondo LX-1; Correspondencia diplomática cambiada entre el Gobierno de la República y el de Su Majestad Británica con relación al territorio llamado Belice. 1872-1878, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1878, pp. 22-25; Baqueiro, op. cit., vol. III, pp. 138-140; Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 215-220, 226, y Baranda, Recordaciones históricas, op. cit., vol. II, pp. 120-121.
75 El Monitor Republicano, 10 de febrero de 1894, 10 y 12 de abril de 1894, 23 de mayo de 1894 y 21 de septiembre de 1895, en Teresa Rojas Rabiela (coord.), El indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX: catálogo de noticias, 3 vols., México, SEP / Cuadernos de la Casa Chata, 1987, vol. II, pp. 411, 415, 419, 447.
76 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 69, p. 321.
77 Ibidem, vol. III, documentos justificativos, núm. 92, pp. 317-318.
78 lbid., vol. III, documentos justificativos, núm. 93, pp. 319-321.
79 Ibidem, vol. III, pp. 224-230, vol. III, documentos justificativos, núm. 99, pp. 342-344; Guerra de castas en Yucatán..., op. cit., pp. 84-86; Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 268-272, y Jones, “La estructura política de los mayas de Chan Santa Cruz”, op. cit., pp. 424-425.
80 Carta de Paulino Pech a Juan Pedro Pech, 26 de octubre de 1849, citado en Careaga Viliesid, op. cit., 1998, p. 35.
81 Baqueiro, op. cit., vol. IV, p. 33 y vol. III, documentos justificativos, núm. 104, pp. 360-361.
82 Ibidem, vol. III, p. 238.
83 Ibidem, vol. IV, pp. 225-226, y Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 343-344.
84 Careaga Viliesid, op. cit., 1998, pp. 68-69. Don E. Dumond ha estudiado el origen de la denominación de “pacíficos del sur”, que se remonta a 1852-1853, cuando muchos de los mayas rebeldes de esas latitudes —cansados ya de la guerra— se adhirieron a un acuerdo de paz con las autoridades del gobierno de Yucatán, véase Don E. Dumond, “Breve historia de los pacíficos del sur”, en varios autores, Calakmul: volver al sur, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1997, pp. 33-49.
85 Paul Sullivan, Conversaciones inconclusas. Mayas y extranjeros entre dos guerras, México, Gedisa, 1991, p. 125.
86 La Nueva Época. Periódico del Gobierno de Yucatán, Mérida, viernes 1 de julio de 1864, t. I, núm. 90, y Mérida, lunes 8 de agosto de 1864, t. I, núm. 101.
87 Reifler Bricker, op. cit., p. 232.
88 Baranda, Recordaciones históricas, op. cit., vol. II, p. 127.
89 Néstor Rubio Alpuche, Belice, apuntes históricos, Mérida, s. e., 1894, p. 187, y Antonio Mediz Bolio, La desintegración del Yucatán auténtico. Proceso histórico de la reducción del territorio yucateco a sus límites actuales, Mérida, s. e., 1974, pp. 13, 52. El texto del tratado puede consultarse en Miguel Rebolledo, Quintana Roo y Belice, México, s. e., 1946, pp. 33-37.
90 Guerra de castas en Yucatán..., op. cit., pp. 76-77; Ancona, op. cit., 1889, vol. IV, pp. 220-230; Jones, “La estructura política de los mayas de Chan Santa Cruz”, op. cit., pp. 422-423, y Reina (coord.), op. cit., 1983, p. 64. Sobre el contrabando de armas desde Belice y la complicidad del gobierno británico, véase La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O'Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de nuestro viaje a los Estados Unidos. Informe sobre las causas y carácter de los frecuentes cambios políticos ocurridos en el estado de Yucatán, México, Conaculta, 1993, pp. 103-105, 121.
91 “El Monitor Republicano, 7 y 17 de diciembre de 1893”, en Rojas Rabiela (coord.), El indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX: catálogo de noticias, 3 vols., México, SEP / Cuadernos de la Casa Chata, 1987, vol. II, pp. 406-407.
92 “El Universal, 17 de noviembre de 1895 y 10 de diciembre de 1895”, en Rojas Rabiela (coord.), El indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX: catálogo de noticias, 3 vols., México, SEP / Cuadernos de la Casa Chata, 1987, vol. III, pp. 241, 244.
93 “El Monitor Republicano, 21 de noviembre de 1896”, en Rojas Rabiela (coord.), El indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX: catálogo de noticias, 3 vols., México, SEP / Cuadernos de la Casa Chata, 1987, vol. II, p. 492.
94 Rebolledo, op. cit., pp. 48-49.
95 Los dos años están relacionados con el general Rómulo Díaz de la Vega, que llegó a la península en 1851 como comandante general de Yucatán y la abandonó en 1855, cuando fue apartado de sus cargos de gobernador del estado y de comandante de las armas. Parece fuera de toda duda que la figura de Díaz de la Vega, que impulsó la victoriosa contraofensiva yucateca iniciada ya a fines de 1849, influyó notoriamente en la evolución de la lucha de los cruzo'ob, también en la medida en que logró segregar de la actividad bélica al grupo de los de Chichanhá.
96 Careaga Viliesid, op. cit., 1998, p. 13.
97 lbidem, p. 15.
98 Bracamonte y Sosa, “El discurso político...”, op. cit., p. 123.
99 Lapointe, “Los orígenes...”, op. cit., pp. 132-142, 149.
100 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 54, p. 282.
101 Bracamonte y Sosa, “El discurso político de los caciques mayas yucatecos”, op. cit., pp. 124-125.
102 Reifler Bricker, op. cit., p. 185.
103 Reina, op. cit., 1980, p. 248, y Reina (coord.), op. cit., 1983, p. 37. Maqueo Castellanos denigró la figura de los caciques que se hallaban en la cumbre de la jerarquía interna de las comunidades (véase E. Maqueo Castellanos, Algunos problemas nacionales, México, Eusebio Gómez de la Puente, Librero Editor, 1910, pp. 95-98). Van Young y Rugeley, por su parte, han resaltado la diferenciación interna en el seno de las comunidades indígenas (véase Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, México, Alianza Editorial, 1992, pp. 287-297, y Rugeley, “Los mayas yucatecos del siglo XIX”, op. cit., pp. 206- 210); Hernández Silva ha develado los peligros que se siguen del desconocimiento de los procesos y diferencias sociales en las sociedades indígenas (Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, “La lucha interna por el poder en las rebeliones yaquis del noroeste de México, 1824-1899'”, en Leticia Reina [coord.], La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo XXI / CIESAS, 1997, pp. 187-189), y Cynthia Radding ha mostrado cómo se acentuaron las distancias sociales en el seno de las comunidades como consecuencia de los repartos de las tierras de comunidad y de la sustitución de las autoridades tradicionales por los gobiernos municipales de nueva creación; véase Cynthia Radding, Entre el desierto y la sierra. Las naciones o’odham y tegüima de Sonora, 1530-1840, México, CIESAS / INI, 1995, pp. 115, 119-120, 126-127, 136.
104 Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), México, SEP, 1973 (col. SepSetentas), pp. 14 y 21, y Florescano, op. cit., pp. 406-409.
105 Lapointe, “Los orígenes...”, op. cit., p. 151.
106 Careaga Viliesid, op. cit., 1998, pp. 20-21.
107 Wells, “Forgotten Chapters of Yucatan’s Past”, op. cit., p. 220.
108 “Apuntes escritos por el antiguo y memorable...”, en Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 76, p. 359.
109 Reifler Bricker, op. cit., pp. 211-212.
110 Acereto Cortés, op. cit., p. 227.
111 “Instrucciones para que las comisiones eclesiásticas se sugeten en los convenios que puedan celebrar en nombre del Gobierno con los sublevados, siempre que se reduzcan á su obediencia, como únicas que puede concederles, Mérida, 4 de febrero de 1850” (Archivo General del Estado de Yucatán, Poder Ejecutivo, Gobernación, caja 76).
112 El Universal, 25 de octubre de 1895.
113 Reifler Bricker, op. cit., p. 189. Véase Careaga Viliesid, op. cit., 1998, nota 16, pp. 26-27.
114 Baqueiro, op. cit., vol. II, documentos justificativos, núm. 55, p. 286.
115 Ibidem, vol. II, documentos justificativos, núm. 59, p. 295.